COMUNICADO: Con respecto a los actos de violencia perpetrados por funcionarios y grupos de choque y de interés de la Alcaldía Milpa Alta en la Asamblea del Pueblo Originario de Villa Milpa Alta

La tarde del 11 de marzo del presente año se llevó a cabo la Asamblea del Pueblo Originario de Villa Milpa Alta en la explanada de la alcaldía, con el objetivo de conformar un Comité de Vigilancia y Seguimiento para el Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

Es importante recordar que, derivado del juicio de amparo 1069/2025, radicado ante el Juzgado Tercero en Materia Administrativa, se ordenó a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI) salvaguardar los derechos colectivos del pueblo originario de Villa Milpa Alta. Como resultado de este proceso jurídico, el 16 de diciembre de 2025 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el reconocimiento de Villa Milpa Alta como Pueblo Originario.

En este contexto y en ejercicio de nuestros derechos colectivos, la Asamblea del pasado 25 de febrero de 2026 acordó convocar a una nueva asamblea en la explanada principal del pueblo con la finalidad de conformar un Comité de Seguimiento y Vigilancia del Presupuesto Participativo 2026 y 2027 emanado desde la asamblea, mecanismo que busca garantizar la transparencia, el correcto uso de los recursos públicos y la participación directa de la comunidad en las decisiones que afectan a nuestro territorio.

Una vez instalada la asamblea del 11 de marzo del presente año, se incorporaron al lugar personal de la Alcaldía Milpa Alta, así como integrantes de la COPACO. Con el ánimo de privilegiar el diálogo y la participación colectiva, a los integrantes de la COPACO se les extendió la invitación a formar parte de la mesa del presídium, con la intención de integrarlos al proceso que la comunidad se encontraba desarrollando.

Sin embargo, durante el desarrollo de la asamblea se suscitaron actos de violencia, agresiones y desorden, que atentaron contra el carácter pacífico y comunitario de este espacio de participación.

Por ello, denunciamos ante la comunidad que señalamos de manera directa a Oscar Cadena López (servidor público y COPACO), María Luisa Sánchez Cruz (servidora pública y COPACO), Jezabel Rentería (servidora pública y COPACO), Francisca Azalia Granados Rojas (COPACO), Blanca Margarita Salgado Romero (COPACO) e Iván Arrieta, así como a otras personas vinculadas a la Alcaldía Milpa Alta y a grupos de choque que cargaban armas de fuego y armas blancas identificados y señalados por los asistentes de la asamblea, estos grupos de choque propiciaron actos de violencia física, verbal y psicológica, insultando, amedrentando e incluso amenazando de muerte a integrantes del consejo, en contra de la asamblea, y la comunidad.

Asimismo, denunciamos que durante estos hechos se ejerció violencia de género, agresiones físicas contra personas adultas mayores originarias del pueblo de Villa Milpa Alta, así como el robo de parte del equipo electrónico que se encontraba en operación para el desarrollo de la asamblea, atentando contra el derecho de la comunidad a organizarse y participar libremente en sus procesos colectivos. Por lo anterior, hacemos responsable al alcalde José Octavio Rivero Villaseñor, a su estructura de gobierno y a sus grupos de choque identificados, por los actos de violencia perpetrados el 11 de marzo de 2026 y ante cualquier atentado o represalia que se realice contra cualquier integrante del consejo o miembro de la comunidad.

Reiteramos que LA ASAMBLEA ES LA MÁXIMA AUTORIDAD de decisión comunitaria, y que los procesos que emanan de ella buscan fortalecer la organización social, la transparencia en el uso de los recursos públicos y el bienestar colectivo de nuestra comunidad.

Hacemos un llamado a todas y todos los habitantes de Villa Milpa Alta a informarse, participar y defender los procesos comunitarios, a no permitir que la Alcaldía Milpa Alta irrumpa en los procesos que son propios de la comunidad, recordando que la organización del pueblo es fundamental para garantizar el respeto a nuestros derechos colectivos, nuestra historia y nuestro territorio.

Villa Milpa Alta es Pueblo Originario, y su voz se expresa a través de la asamblea.

La autonomía y la libre determinación es un derecho que no debe violentar la Alcaldía.

Consejo Comunal Indígena Nahua de Villa Milpa Alta

Malacachtepec Momoxco, Pueblo originario de Villa Milpa Alta a 12 de marzo de 2026

Comunicado del CIPOG-EZ, pueblos, autoridades comunitarias, ejidales y comunales de Guerrero por el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA EUROPA INSUMISA
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN – SEXTA
A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES

04 de marzo de 2026

Como pueblos y autoridades denunciamos la violencia que sigue creciendo en nuestro estado de Guerrero. Condenamos el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco, y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero.

Los dos ciudadanos fueron atacados a balazos a las 19:00 horas el día 03 de marzo de 2026, cuando hombres armados del grupo criminal «Los Ardillos» rafaguearon la camioneta en la que viajaban, después del puente Omitlán, cerca de Tierra Colorada, en el municipio de Juan R. Escudero, sobre la vía que comunica con Tecoanapa y Ayutla de Los Libres.

Responsabilizamos directamente al grupo criminal «Los Ardillos» por estos asesinatos. Señalamos directamente a Daniel Rosas Martínez, quien se autonombra coordinador de comisarios de la zona rural de Acapulco, Tecoanapa y Tierra Colorada, pero quién actúa como operador de «Los Ardillos» en la región, obligando a comunidades a participar en narco-bloqueos en la Autopista del Sol y manteniendo el control en la región a través del terror.

Además, denunciamos la complicidad directa de autoridades locales con “Los Ardillos”, como el director de la policía de Juan R. Escudero, César Ramírez, al igual que el presidente municipal, Óscar Sánchez Luna.

La expansión territorial de «Los Ardillos», así como su control de municipios y carreteras, ocurre con el permiso y la complicidad del Estado. Frente a los ojos de la Guardia Nacional y el Ejercito Mexicano, los criminales se mueven libremente, instalan retenes, bloquean carreteras y asesinan y desaparecen personas a plena luz del día, con total impunidad. En lugar de desarticular a «Los Ardillos», funcionarios del gobierno federal y estatal se sientan con ellos públicamente para negociar y ceden a sus demandas de criminalizar a quienes defendemos la vida.

«Los Ardillos» son responsables del asesinato de 70 integrantes del CIPOG-EZ, la desaparición de 25 más, así como el asesinato de los 13 policías comunitarios de El Cortijo, todos crimenes que siguen impunes. Además, han asesinado, torturado y desaparecido menores de edad, campesinos, comerciantes, ganaderos, transportistas, políticos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres. En los últimos días, también han lanzado ataques violentos con drones contra las comunidades de El Charco, Tlayolapa y Ochoapa, donde los pueblos se organizan para defender su territorio frente a la violencia narco-paramilitar. Esta ola de violencia no es nueva; forma parte de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de Guerrero, y que se ha intensificado en los últimos 25 años.

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por permitir la expansión de esta organización criminal. El Estado mexicano ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos, mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados. El Estado sigue haciendo caso omiso, desprecia y discrimina a nuestros pueblos indígenas, violando nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra forma de vida comunitaria mientras protege a los criminales que nos matan.

Exigimos justicia para todas las víctimas y la desarticulación de las organizaciones criminales que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación que sancione a los responsables de estos crimenes. Convocamos al pueblo en general a una movilización urgente para defender a la vida, nuestros pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria.

Llamamos también a las redes nacionales e internacionales, pueblos organizados, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos a mantenerse al pendiente de la situación.

Hacemos responsable al Estado mexicano de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos y de cualquier agresión, atentado o persecución contra nuestras comunidades, asambleas y sistemas de seguridad comunitaria, así como contra los integrantes y promotores del CIPOG-EZ, quienes luchamos por la vida.

¡NO NOS RENDIMOS, NO NOS VENDEMOS Y NO CLAUDICAMOS!
¡VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN Y RESISTEN!

Atte.
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES
DE 85 COMUNIDADES DE AYUTLA 
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES DE LA MONTAÑA ALTA, MONTAÑA BAJA Y COSTA CHICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONSEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

On December 8, 2024, a new government for Chiapas took office and announced the implementation of a “new” security strategy in response to the violence stemming from territorial and social disputes among organized crime groups. With a major communication campaign and under the narrative of a “recovered peace,” it has promoted in 2025 a partial decrease in some crime indicators and has deployed various security operations. From the Border Region Working Group, we ask ourselves whether the security strategy implemented by the government of the state of Chiapas seeks peace or pacification. Rather than achieving peace, pacification seeks to impose social control through the use of force. In the Sierra–Border Region of Chiapas, along the border with Guatemala, this strategy has not succeeded in curbing the violence crisis. On the contrary, throughout this year the situation is different: an increase in cases of families in forced displacement — both internal and toward the neighboring country — and in forced disappearances. These acts of violence, along with ongoing territorial disputes and the active presence of armed groups, reveal a far more complex panorama than that portrayed in official statements.

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Presented on Saturday, November 29 to the community of Eloxochitlán in Spanish and Enna (the Mazatec language). The report is the result of the Observation Mission carried out in July of this year by an interdisciplinary group.

It concludes that the community is the victim of crimes against humanity which, being systematic and prolonged for a decade, constitute a case of ethnocide aimed at destroying the forms of organization and life of this Mazatec community. The ethnocide of the community of Eloxochitlán seeks to undermine community resistance to extractivist activities that have caused the ecocide of the Xangá Ndá Ge River and the destruction of the community’s right to self-determination:

– In this regard, arbitrary detentions, prolonged pre-trial imprisonment, political criminalization, forced displacement and ethnocide, as well as gender-based violence, were detected.

– Regarding the plundering of the Xangá Ndá Ge River, hydrological alterations, contaminating agents, and desiccation were identified, in addition to damage to flora and fauna.

This compilation of documentation seeks to be taken to international bodies, as it argues that there are no legal conditions in place to guarantee the protection of the community’s rights. Acts of aggression, political persecution and criminalization have resulted in 50 direct victims and at least 500 indirect ones.

The documentation collected identifies governors, agency heads, and magistrates as responsible actors, who—with the backing and complicity of the State—have contributed to the denial of justice, persecution, and fabrication of case files.

Likewise, it states that the Huautla Court bears the greatest responsibility by allowing omissions and practices that favor local strongmen, as it has rejected acts of torture substantiated under the Istanbul Protocol, obstructed legal processes, criminalized community authorities, carried out arbitrary detentions, and manipulated testimonies.

Through a timeline of events, the report describes the process of aggression the Mazatec community has endured, including military intervention, intimidation, torture, dispossession, home raids, threats, and abuses of authority. Many of these forms of violence predate 2014, as multiple formal complaints had been filed since 2011, none of which advanced due to omissions by the Huautla court.

In recent weeks, Oaxaca governor Salomón Jara has labeled Eloxochitlán a “red zone,” attempting to portray it as a violent community—a smear strategy taking advantage of his authority and media reach to support the strongman Manuel Cepeda in the municipal elections of November 23, where he received the second-highest number of votes.

The presentation also served as a space for community reflection, where a message was directed at those who continue to push the narrative of “a conflict between two families,” a simplification of the severe attacks carried out in complicity with the three levels of government. They responded that Eloxochitlán is made up of many families with different surnames, a small town where it is common to share last names.

Many women, as shown in the Radio Zapote broadcast that day, stated their last names. Those who spoke were mothers, wives, and sisters of former political prisoners and persecuted individuals since 2014, who had to leave their homes to dedicate themselves to the struggle for their relatives’ freedom—working the land those relatives once worked to feed their children, sleeping on the streets during sit-ins such as the one maintained for over two years outside the Supreme Court of Justice in Mexico City, while waiting for the justices to take up the case.

The report concludes that, given the incompetence of the Mexican justice system in guaranteeing minimum conditions of safety, justice, and respect for the human rights of the persecuted community of Eloxochitlán, the case must be brought before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), and calls for precautionary measures for all persons at risk, as well as specific protective measures for indirect victims.

The preparation of this report marks an important precedent in the forms of resistance against State injustices and violations toward Indigenous peoples. The Mazatec women comrades are an example of how to confront impunity and criminalization; their struggle for freedom has been arduous and is not yet over.

As they have done in recent years, the Mazatec women for freedom again extend their invitation to the “Internationalist Faena to End Criminalization,” which will take place from December 3 to 4, 2025, in Mexico City in front of the Supreme Court of Justice of the Nation, and on December 3, 4, and 5 outside UN Women at Calzada General Mariano Escobedo 526, Anzures neighborhood, Miguel Hidalgo.

COMUNICADO EN LA CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

A LAS MUJERES DE NUESTRA DIOCESIS
A LAS MUJERES DE CHIAPAS
A LAS MUJERES DE NUESTRO PAIS
A LAS MUJERES DEL MUNDO
A LA SOCIEDAD EN GENERAL

Hoy 25 de noviembre con esperanza y fuerza en nuestros corazones tomamos y recorremos estas calles de la ciudad de San Cristóbal de las Casas para decir BASTA DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, las mujeres queremos y deseamos vivir una vida sin ningún tipo de violencia.

Saludamos la decisión y esfuerzo de las mujeres congregadas en el Área de Pastoral Diocesana de Mujeres. (CODIMUJ) por convocarnos a esta peregrinación para dar a conocer la situación de violencia que seguimos viviendo hoy, especialmente en las comunidades de la frontera sur, sabemos que no son las únicas, ya que este cáncer del crimen organizado se ha ido extendiendo por todo el territorio chiapaneco y más allá.

Como mujeres buscamos que nuestra participación y aporte sea reconocido y valorado en la construcción de nuevas relaciones en la vida eclesial, social y política de nuestro país.

Hermanas y hermanos, queremos decirles de los dolores que, como mujeres que somos, nos ha traído esta situación de ingobernabilidad que vivimos por quienes buscan el control de nuestros territorios, de nuestras vidas y nos siembran miedo y terror; Esos dolores son: vivimos en la inseguridad, el tener que movilizarnos con temor para atender la salud de nuestras familias; un dolor mayor es la muerte, la violencia intrafamiliar y la pobreza ocasionada por el vicio del alcohol, porque en nuestras comunidades es más fácil abrir una cantina que una escuela o una clínica. La violencia obstétrica que se da hacia nuestros cuerpos de mujeres. El dolor de que por el hecho de ser mujeres la justicia se nos niegue cuando denunciamos que hemos sido violentadas.

Pero también, como cristianas, creyentes del Dios Madre y Padre, nos duele la violencia que se da hacia nosotras dentro de nuestras instituciones religiosas.

Queremos también decirles a las madres, esposas, hermanas, hijas que buscan a sus padres, esposos, hermanos, compañeros, hijas e hijos; que nos solidarizamos con su dolor, con su coraje y exigimos a las autoridades que hagan su trabajo, que busquen a los miles de personas desaparecidas a lo largo y ancho de nuestro país, que se acabe la impunidad que reina en Chiapas, en México.

Manifestamos nuestra confianza y esperanza en el Dios de la Vida que nos acompaña y fortalece y que desde nuestro trabajo como mujeres buscamos transformar esta situación de muerte siendo constructoras y tejedoras de la Vida y la Paz para vivir con dignidad y en armonía entre nosotras, nosotros y con toda la creación. Esa Madre Tierra que está al igual que nosotras siendo explotada y empobrecida.

Reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando por la unidad de nuestros pueblos, por la unidad de las mujeres, no dejemos que nos adormezcan la conciencia, no dejemos que nos compren los partidos políticos con regalías mientras nos arrebatan nuestros bienes comunales, controlan nuestros territorios y cuerpos y destruyen la Madre Tierra.

Las animamos Mujeres, a continuar en resistencia activa, cuidando la Madre Tierra, en armonía con el cuidado de la Vida Comunitaria como un valor de nuestras abuelas y abuelos, cuidándonos como pueblos. Como mujeres, sigamos ejerciendo nuestros derechos trabajando por construir relaciones sanas en igualdad y equidad en nuestras familias, en nuestras iglesias y en nuestra sociedad.

¡Caminemos hermanas, compañeras, con esperanza y fuerza en el corazón!
¡Frente a la violencia, nuestra resistencia!
¡HASTA QUE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, LA JUSTICIA Y LA PAZ SE HAGAN
COSTUMBRE!

¡Alto a la violencia!
¡Alto al alcoholismo!
¡Alto al racismo!
¡Alto a la discriminación!

San Cristóbal de las Casas a 25 de noviembre de 2025

Fuente: Los Muros

Conversamos con Aline Lima

Nos vamos a ir hasta el Brasil para encontrarnos con Aline Lima, coordinadora general del Instituto de Políticas Alternativas para el CONOSUR, educadora popular, feminista, interseccional, psicóloga y especialista en gestión de proyectos sociales. Vamos a conversar con ella de lo sucedido el pasado 28 de octubre, donde nos sacudió una noticia en el mundo con el asesinato de más de un centenar de personas en una jornada donde la policía de Río de Janeiro actuó, según los señalamientos oficiales, en una lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico en el entorno de varias poblaciones y favelas, como se suele denominar allá.

Para comprender qué ha ocurrido ese 28 de octubre, pero qué está ocurriendo en un contexto más general de esta conversación que estamos dando sobre las violencias, estas violencias excesivas desde el Estado como mecanismos de control en el escenario contemporáneo y en el ejercicio del poder desde las derechas en el continente, porque la gobernación de Río de Janeiro tiene un gobernador del Estado de Río de Janeiro cercano, próximo partidario de Jair Bolsonaro, el anterior presidente del Brasil justamente,

Aline nos comparte: El 28 de octubre de 2025, en el estado de Río de Janeiro en Brasil, se llevó a cabo una operación policial masiva que se llamó Operación Contención, en los complejos de Peña y Alemán, que son dos grandes complejos de favelas en Río de Janeiro, al norte de la ciudad. Participaron más o menos 2.500 agentes de las policías civil y militar. Además de blindados, helicópteros y drones, la acción fue presentada por las autoridades como un operativo a combatir la facción criminal Comando Vermelho.

Según diversos informes, el número de muertos, que es estremecedor, está entre 120 y 130 personas, pero algunos movimientos sociales, sobre todo que acompañan las favelas, han dicho que ese número es mucho mayor. Hay cuerpos que no fueron encontrados todavía. Entonces, el operativo causó un caos generalizado, interrupción de los servicios de salud, suspensión de las clases, paralización de transporte y pánico entre los habitantes de las comunidades, sobre todo de las favelas, y también de  toda población.

Voy a hablar un poco del contexto histórico y estructural de ese episodio. Para comprender lo ocurrido, es muy necesario situarnos dentro de la historia de la policía en las favelas de Río de Janeiro y la lógica de la guerra contra el tráfico de drogas, el narcotráfico. Río de Janeiro ya ha vivido otros episodios similares, como la masacre de Jacarezinho en 2021 donde hubo 30 muertos. Toda la historia de Río de Janeiro, la historia reciente, es marcada por grandes episodios similares de masacre policial en las comunidades negras, faveladas y periféricas y marginalizadas de la ciudad. Esas operaciones suelen funcionar como un mecanismo de control social sobre territorios pobres y mayoritariamente negros como dije, bajo el discurso de combate al crimen. Lo hecho el 28 de octubre fue cualificado como la operación policial más letal de la historia reciente de Estado y de país, fue la operación con más letalidad de la historia reciente de país. Entonces, organismos de derechos humanos y de salud pública denunciaron que no se trató de una acción de seguridad, sino de una tragedia humana que responde a las fallas estructurales de Estado en materia de políticas públicas y respeto a la vida. Lo que expresa este episodio, el hecho no puede entenderse solo como una acción policial, sino como un síntoma de un modelo de desarrollo, un modelo de Estado y de sociedad.

En Río de Janeiro, sobre todo en todo Brasil, nosotros vivimos una especie de síntoma de tristeza colectiva que va desde naturalización de la violencia estatal, el uso masivo y letal de la fuerza se vuelve como normal en zonas pobres, legitimando el discurso de la seguridad. El racismo estructural también, porque las favelas atacadas son territorios de población negra y empobrecida. El operativo refuerza una política racionalizada de control y de muerte.

Pudimos observar también la crisis de la democracia y del Estado de Derecho. La narrativa oficial de éxito frente a la falta de transparencia o investigación real, muestra un quiebre del control institucional por parte del Estado, en fin, la desigualdad social como un trasfondo.

La violencia se concentra donde el Estado falta en garantizar derechos, educación, salud y empleo. O sea, para conclusión de este primer punto, la operación del 28 de octubre no fue solamente un enfrentamiento con el narcotráfico, sino una manifestación extrema de cómo el Estado brasileño ejerce poder sobre la vida y la muerte en los territorios marginalizados. Revela una continuidad histórica de militarización, de racismo estructural y exclusión social.

Planteo una pregunta de fondo, ¿a quién pertenece realmente el derecho a la vida y a la ciudadanía en Brasil?……..Ponemos aquí la conversa completa junto a Aline para que sigas escuchando esta intervención fundamental en estos tiempos…..

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Este podcast comparte información sobre las violencias contra las mujeres en México

[podcast]https://radiozapatista.org/wp-content/uploads/2025/11/Podcast-Violencia-contra-las-mujeres-en-Mexico.mp3[/podcast]

Delegación internacional urge a México a garantizar derechos humanos y fortalecer el diálogo con sociedad civil

Boletín de prensa
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas – 6 de noviembre de 2025

La delegación internacional conformada por europarlamentarias, organizaciones solidarias de Europa, la Agencia Catalana de Cooperación, el Fons Català de Cooperació, el Consejo de la Abogacía de Cataluña, la Federación Interamericana de la Abogacía, la Asociación Libre de Mujeres Abogadas, el Colegio de Abogados de Bolonia (Italia) y las asociaciones Mujeres Pa’lante y La Garriga Sociedad Civil de Cataluña concluyó este día su viaje de cooperación e intercambio en México.

La visita se desarrolló del 29 de octubre al 6 de noviembre, con actividades en el Estado de México, Ciudad de México, Tapachula, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

Durante el recorrido, la delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales —entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR)— con el objetivo de conocer las acciones implementadas a favor de los derechos humanos, especialmente en lo relativo a personas migrantes y refugiadas, niñez y juventudes, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Asimismo, se realizaron encuentros con organizaciones de la sociedad civil, colectivos y personas defensoras, para conocer de primera mano el contexto actual de derechos humanos en México y los riesgos que enfrentan quienes defienden la vida, el territorio, la justicia y la libertad de expresión. Las organizaciones compartieron propuestas para revertir la persistente violencia que aqueja a diversas regiones del país.

“Estas acciones de cooperación, solidaridad y respaldo político son fundamentales para las organizaciones locales, así como el diálogo sostenido con las instancias de gobierno”, expresó Fr. Raúl Vera, presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

La delegación manifestó su profunda preocupación por la persistente violencia contra personas defensoras y periodistas, así como por la creciente violencia en Chiapas, que ha afectado gravemente a comunidades y pueblos indígenas. Desde 2023 a la fecha han sido documentados al menos 47 asesinatos a personas defensoras de derechos humanos y 14 periodistas en posible relación con su labor, de acuerdo con información de organizaciones que integran el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. De esas, 16 tenían medidas de protección vigentes al momento de los hechos. 

También expresaron su inquietud ante la fabricación de culpables en el sistema de administración de justicia, como es el caso de Yonny Ronay, joven chiapaneco condenado bajo graves faltas al debido proceso y actos de tortura; por la criminalización de personas defensoras, como la abogada amuzga Kenia Hernández, quien permanece privada de la libertad desde hace cinco años por ejercer su labor en defensa de los derechos de las mujeres, los pueblos originarios; y por los cinco defensores tseltales de San Juan Cancuc, presos por defender su territorio frente a megaproyectos y la militarización. En México, al menos 103,991 personas se encuentran detenidas en centros penitenciarios a nivel federal y estatal sin sentencia[1]. 

De igual forma, externaron su preocupación por la política migratoria y asilo, así como por la militarización impuesta para el control de fronteras, que ha derivado en graves afectaciones a los derechos de las personas en movilidad e incrementado los riesgos para quienes las acompañan y defienden. En 2024, México recibió cerca de 80.000 nuevas solicitudes de asilo, según un informe de ACNUR. 

“Seguiremos cooperando por sociedades más justas e igualitarias, donde la solidaridad sea el principal lazo que nos una”, señaló Diana Riba i Giner, europarlamentaria.

Las europarlamentarias y organizaciones subrayaron que las acciones de pacificación implementadas en Chiapas no han generado los resultados esperados, e hicieron un llamado urgente a una revisión integral de dichas estrategias para garantizar condiciones reales de seguridad, justicia y bienestar para la población.

La delegación destacó la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional en el marco del respeto y protección de los derechos humanos, e hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para realizar esfuerzos conjuntos que incluyan la participación activa de la sociedad civil.

“Las mujeres defensoras enfrentan violencias diferenciadas que reflejan el contexto racista y patriarcal en el que desarrollan su labor. Es urgente garantizar su protección  integral, en especial la de las madres buscadoras y de las defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas migrantes”, subrayó Diana Damián, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos.

La delegación reconoció la valiosa labor de las personas defensoras y organizaciones que, pese al contexto adverso, continúan generando espacios de diálogo y construcción de paz, elaborando diagnósticos, propuestas técnicas y estrategias para transformar las realidades que afectan a comunidades y grupos en situación de riesgo.

Contactos de prensa: 

Sandra Suaste Avila- Coordinación de comunicación de la Red TDT comunicacion@redtdt.org.mx  +525641601331

Espacioosc@gmail.com – +52 444 434 07 97

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Por la seguridad de Cherán y las comunidades en resistencia

Exigimos al gobierno federal y estatal garantías reales para la seguridad de Cherán y las comunidades en resistencia, respeto absoluto al derecho al autogobierno y a la autodeterminación, y justicia para quienes han sido agredidos.

La mañana del 2 de julio del presente año (2025), un comando armado entró a la comunidad de Cherán K’eri. Incursionó por el cerro, para evitar los retenes comunales, asesinando a un comunero y otro resultó herido. A partir de los hechos violentos en abril de 2011 (narco-tala de madera, asaltos, secuestros, cobros de piso y demás acciones criminales) la comunidad se organizó para resguardar la vida y el territorio. Desde 2011 lograron su reconocimiento para nombrar a sus autoridades por sus sistemas normativos, la organización del poder municipal representada por el Concejo Comunal de Gobierno Mayor y su propio cuerpo de seguridad comunal (rondas).

En estos últimos quince años la violencia se ha incrementado en Michoacán y en todo México; en la región a la que pertenece Cherán, la disputa es por el control de sus territorios y los bienes naturales que pertenecen a las comunidades indígenas de Michoacán. Cerca de 350 mil hectáreas son propiedad social de mazahuas, hñahñu y p’urhépechas, 200 mil hectáreas se encuentran en manos de aguacateros y 20 mil están destinadas a la producción de frutos rojos.

México ocupa el primer lugar mundial de exportación de estos frutos y Michoacán es líder a nivel nacional. Esta agroindustria extractiva concentra tierra y agua, a través de ventas, rentas, muchas de ellas forzadas, pozos legales, tomas clandestinas y ollas de agua ilegales. Su expansión en la superficie ha sido a través de distintas prácticas como incendios, tala, cambios de uso de suelo, instalación de huertas, pero también el desplazamiento de la población por medio de pedagogías y prácticas de terror, apoyados por grupos armados de las economías ilegales.

Estos procesos de despojo no pueden explicarse sin la participación de un Estado en connivencia con estas economías criminales. Existen más de 33 cuarteles de la Guardia Nacional, más los destacamentos de la Guardia civil (estatal), del ejército y la marina, además de todos los dispositivos de inteligencia distribuidos a lo largo y ancho del territorio estatal, los cuales no actúan frente a la presencia de estos grupos armados que actúan con total impunidad. Muestra todo ello, una vez más, de los límites de la política de Seguridad Nacional que los diferentes gobiernos en turno proponen.

El ataque de hoy, 2 de julio de 2025, a Cherán no es un hecho aislado, forma parte de una escalada de violencia contra los pueblos originarios de la Meseta P’urhépecha y de otras regiones de Michoacán, en un contexto donde el crimen organizado, intereses extractivos y actores políticos se entrelazan para atentar contra las autonomías territoriales que han sido conquistadas con dignidad, lucha y memoria.

Cherán es un ejemplo de autogobierno indígena, organización comunitaria y defensa de los bienes comunes, que ha resistido el saqueo forestal, la violencia política y el despojo territorial. Defender a Cherán es defender el derecho de los pueblos a vivir en paz, a decidir su forma de vida y a cuidar su territorio.

Frente al silencio, la omisión y la complicidad del Estado, alzamos la voz y hacemos
un llamado urgente:

• A las organizaciones sociales, colectivas, pueblos hermanos y ciudadanía en general, a solidarizarse activamente con Cherán.
• A difundir este y otros comunicados, rompiendo el cerco de indiferencia que permite que la violencia avance.
• A defender los logros de las autonomías indígenas, que hoy más que nunca están bajo ataque.

Exigimos al gobierno federal y estatal garantías reales para la seguridad de Cherán y las comunidades en resistencia, respeto absoluto al derecho al autogobierno y a la autodeterminación, y justicia para quienes han sido agredidos.

Exigimos un Plan de Justicia para el pueblo P’urhépecha que incluya la seguridad.

No es una mera coincidencia la violencia contra los pueblos de Cherán. Cherán y lxs K´eris viven y vivirán desafiando el mundo del Estado, del Capitalismo-Extractivista y del Despojo.

Manifestamos nuestra solidaridad con la comunidad de Cherán K’eri y con todas las comunidades que luchan en la defensa de sus tierras, territorios, bienes naturales y la vida de sus miembros.

Desde nuestros espacios universitarios, territoriales y organizativos, nos sumamos a la defensa de la vida y de los territorios.

La lucha es por la vida, por territorios con paz y justicia.
¡Ni un paso atrás en la defensa de la autonomía!
¡Por la vida, la dignidad y la memoria de los pueblos originarios!
¡Cherán vive, la lucha sigue. Cherán no está solo!

Planeta Tierra, 2 de julio de 2025
Grupos de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas invita a la presentación de su informe “Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal”.

19 de marzo de 2025, 17:30
Oficinas del Frayba
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

En vivo en la plataforma del Frayba: frayba.org