The express and rural residents of the city’s new Juan Grijalva told us about how the situation now in your region

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Conferencia de prensa de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh), la red de alerta temprana y organizaciones solidarias. En este informe se aborda graves violaciones a los derechos económicos sociales y culturales (e irregularidades en posteriores programas de apoyo a damnificados) que se dan a partir de dicho desastre fruto del seguimiento e investigación de lo sucedido desde las inundaciones del 2007 a la fecha (2011).

Presentación – Alma (Limeddh):(Descarga aquí)  

Aurelio Morales (Limeddh – difusión):(Descarga aquí)  

Abigail Escalante (Limeddh – abogada) – Irregularidades en el proceso de los presos de Tecpatán y Frontera Comalapa:(Descarga aquí)  

Aurelio Morales – comentarios sobre el caso de los detenidos:(Descarga aquí)  

Aurelio Morales – Ciudades Rurales “Sustentables”:(Descarga aquí)  

Miguel Angel García (Maderas del Pueblo) – Ciudades Rurales:(Descarga aquí)  

Victorino González (testimonio de la comunidad de Rómulo Calzada, conocida como Herradura):(Descarga aquí)  

Testimonios de familiares de los detenidos):
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Comentarios de la abogada Abigail Escalante:
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Nuevo Juan de Grijalva is the dearest project of the Chiapas Government and promoted as the first sustainable rural city of the world and the solution to poverty. However, since it was inaugurated its residents have denounced that there are no jobs, the “sustainable” projects don’t work, electricity rates are exorbitant, the clinic doesn’t work, and, in general, they live a desperate situation. The city was built after a supposedly natural accident that destroyed homes and lands when the Grijalva river burst its bank. The Chiapas government committed to compensate the people for the damages to their lands and homes, but it never did. Now a large work is underway by the Federal Electric Commission, which will affect large extensions of land. Once again, the government committed to idemnify the residents for the destruction of their lands, but it never did. Without other alternatives, the residents of Nuevo Juan de Grijalva organized a demonstration. Instead of complying with its promises, the government’s answer was the illegal detention of of the demonstrators, with an outburst of arbitrariness and injustice typical of the authoritarian and arrogant ways of the governor Juan Sabines Guerrero. After a long struggle and the intervention of human rights organizations and even the United Nations, the prisoners were freed. In a visit with the Free Media Network of Chiapas, we spoke with some of them, who shared with us their experience.

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On March 17, 2011, during a peaceful demonstration in the ejido Juan del Grijalva Ostauacán municipality were detained arbitrarily and deceitfully Mr. Marcelo Díaz Castellanos, Ceferino Hernández Castro, Fidencio Altuna Cabos, José Francisco López and Teodoro Sánchez Díaz Morales, by members of the state police …(Descarga aquí)  

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Mirada Sur: Detenidos en Juan de Grijalva por exigir que el gobierno cumpla promesas
Escrito por Heriberto Velasco / Mirada Sur
Miércoles, 01 de Junio de 2011 00:00

San Cristóbal de Las Casas, Chis. 2 de Junio. Habitantes de la llamada primera “ciudad rural sustentable” Juan de Grijalva, denunciaron el hostigamiento del gobierno de Juan Sabines surgido a raíz de que decidieran manifestarse para exigir el cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron, luego de la destrucción de su pueblo en noviembre de 2007 por un deslizamiento de tierra.

En un documento distribuido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, las familias afectadas denunciaron que el gobierno federal ya depositó el pago de sus tierras que resultaron afectadas, pero el gobierno de Chiapas se ha negado a darles el recurso, argumentando que para hacerles efectiva la indemnización es necesario cambiar el tipo de posesión de la tierra, cuestión que ya tramitaron, pero que ni así les han pagado.

Aseguraron que a raíz del desastre, el gobierno estatal, así como el gobierno federal, aportaron recursos y apoyos a los damnificados, “todo esto sólo en los momentos en que surgió el desastre” y crearon la primera “ciudad rural sustentable” del mundo, conocida como nuevo Juan de Grijalva, “hasta ese entonces se creía que esto cambiaría la forma de vida de los afectados y sería el primer paso, en esto no se equivocaron y así fue, pero no para el bienestar de esta comunidad”, afirman y agregan que realmente la ciudad rural es “todo un fracaso”.

Relatan que luego del deslizamiento, sus casas y parcelas quedaron totalmente destruidas y que a raíz de que CONAGUA y CFE comenzaron a trabajar para recuperar el cauce del río, también se vieron afectados los demás terrenos de la comunidad, pero acordaron con el gobierno del estado que todo les sería pagado y solamente había que cambiar del régimen ejidal al de propiedad privada para hacer efectiva la liquidación.

Sin embargo, a más de tres años no han recibido el pago, por lo que decidieron contratar los servicios de dos abogados para llevar los trámites necesarios, “por medio de ellos nos enteramos que la federación depositó al gobierno del estado el pago de la cota 93.5 a la 100. Inclusive teníamos un documento firmado por Laura Gurza, directora de protección civil federal, donde se corrobora esta información”, indican los afectados, al agregar que también el secretario de gobierno de Chiapas, Noé Castañón,  reconoció que el dinero ya fue depositado.

Por lo anterior decidieron realizar una manifestación en sus parcelas, pero al momento en  que la realizaban se presentaron al lugar más de 300 policías estatales diciéndoles que ya no protestaran, y que los llevarían al sitio indicado para hacer sus trámites, pero en su lugar, varios de ellos fueron detenidos y encarcelados.

En su denuncia, detallan cómo fueron detenidos sus compañeros y comentan que con motivo de esta manifestación “el gobierno del estado de Chiapas volcó sus ojos al ejido nuevamente, pero no con el propósito que se pretendía; y como al gobierno no le conviene un escándalo de esta magnitud, tomó represalias contra los manifestantes”.

Así que el pasado 17 de marzo, estando parte de la población reunida, se presentó un grupo aproximado de 200 a 300 policías, entre ellos p olicías ministeriales, conocidos también como policías judiciales, “llegaron hasta el lugar de la manifestación, siendo esta una manifestación pacífica, aclarando que la misma se realizó en una de las parcelas del ejido y que por obvias razones el dueño de esta parcela también es uno de los ejidatarios, y de una manera arbitraria los levantaron,  todo esto bajo el engaño, diciéndoles que no siguieran con esa manifestación con el argumento de que los iban a llevar a negociar el pago de las tierras”, detallaron.

Agregan que el arresto de estas personas se ejecutó bajo las órdenes del Fiscal de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas del municipio de Pichucalco, Chiapas, José Luis Gómez Santaella, así como del Ministerio Público de Ostuacán, Edgar Benjamín Estrada Cervantes, “quien al parecer está actuando no sólo basado en el cumplimiento de su ejercicio como M.P., sino que creemos que actúa bajo su propio criterio y que lo está haciendo por interés propio y para lograr un beneficio personal”, refieren.

Detallaron que en seguida, los policías les solicitaron sus credenciales respectivas pero sólo a unos cuantos los apartaban del grupo. En total fueron 5 personas las que se llevaron y a éstos no precisamente los agarraron allí, sino en otros lugares distintos al lugar de la manifestación, sin saber si participaban o no en dicha protesta, “así pues los privan de su libertad y los acusan de delitos que no han cometido, ya que la compañía MÉXICO reconoció que la manifestación no era en perjuicio de ellos, sino que era una forma para llamar la atención del gobierno del estado y CFE, todo para que éstos realizaran los pagos correspondientes que hasta el día de hoy no se han concretado”.

Los detenidos fueron llevados a Tuxtla Gutiérrez, confirmaron los afectados, y luego fueron arraigados en la famosa “Quinta Pitiquitos”. Pero no solamente ellos fueron detenidos, sino otros tres de sus compañeros que bajo engaños los llevaron a declarar a Ostuacán, y hasta ahora no han sido liberados.

Por todo lo sucedido, mencionan que a la fecha “la primera ciudad rural sustentable del mundo cambió de nombre, ahora es la primera ciudad rural asustada del mundo y esto es porque se vive y se percibe, el miedo, la falta de protección, la impotencia y sobre todo inseguridad, pero esta última no por parte de los que llamamos comúnmente delincuentes, sino de aquellos que se supone tienen que protegernos de éstos (las autoridades), esto es porque hasta donde se sabe existe una orden de aprehensión para todos aquellos que participaron en la manifestación, la cual serviría para la defensa de nuestros derechos”.

Dan a conocer que la ciudad rural está casi desértica, a excepción de algunas mujeres, adolescentes y niños que aún se encuentran allí, ya que los jefes de familia están huyendo debido a que tienen el temor que de un momento a otro los detengan.

“El problema actual para estas familias es la desintegración, la falta de recursos para el sustento de las mismas, el miedo constante, sobre todo el hecho de saber que difícilmente se puede hacer algo para detener y acabar con esta situación, ya que no se tiene el apoyo de nadie, sobre todo porque no se cuenta con el apoyo del gobernador, no sabemos hasta dónde ha sido de su conocimiento esta situación, pero lo que sí nos consta es que su gobierno no es el adecuado para resolver este tipo de asuntos, ya que esta lucha es contra ellos precisamente y todo porque no quieren soltar los recursos que les corresponden a los afectados en ese lugar y porque no quieren que nada ni nadie obstruya el paso para que así lleven a cabo su propósito que es la terminación de las obras en ese lugar”, argumentaron.

Agregan que han intentado llegar a un acuerdo con las autoridades correspondientes, “sin embargo, se nos ha negado todo acceso. Incluso hemos llegado hasta decir que no queremos ninguna indemnización, ningún pago por los desastres naturales, que el dinero destinado al pago de las tierras, de las casas, quede en sus manos, porque al fin de cuentas ha sido la manzana de la discordia, el motivo del enojo de las autoridades, aunque también nos parece justo ya que por propio derecho ese dinero nos corresponde, ya que el gobierno del estado de Chiapas, el cual está en manos de Juan Sabines en conjunto con CFE y no sabemos hasta dónde con el gobierno federal se ha lucrado con nuestras tierras y todo esto desde el momento del deslizamiento del cerro que se encontraba cerca del poblado y que por obvias razones benefició al estado de Tabasco en los tiempos en que este estaba padeciendo un diluvio, por eso muchos de nosotros nos atrevemos a creer que todo esto ha sido sólo mera estrategia del gobierno para así lograr sus propios fines”.

Por lo anterior exigen “que liberen a los presos de nuevo Juan de Grijalva, queremos que se respeten nuestros derechos; este es un caso que ha tocado los límites de la ley del más fuerte, y vemos con impotencia cómo nos aplasta, sin poder siquiera tocar la agujeta de sus zapatos. Así también exigimos que pare ya el hostigamiento y la represión por parte del gobierno del estado de Chiapas, así las personas del nuevo Juan de Grijalva, por todas aquellas que sin tener necesidad andan huyendo y por todos los familiares, entre ellos mujeres, adolescentes y niños”.

Finalmente puntualizan que no claudicarán en sus exigencias “no importa qué tan largo sea el camino que nos toque recorrer, estamos dispuestos a emprenderlo por tal razón solicitamos todo el apoyo posible. Pedimos la intervención de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para la solución de nuestro problema, estamos seguros que esta comisión podrá darle solución a nuestro caso; les aclaramos que no somos delincuentes, hemos trabajado en nuestras tierras por años para sobrevivir, somos personas humildes, que no debemos nada a nadie, somos gente de campo que trabaja y lucha; estamos acorralados por el gobierno del estado, no se olviden de nosotros, ni se olviden de las personas nuestras que están en la cárcel, hoy pedimos por ellos”, concluyen diciendo los afectados quienes piden omitir sus nombres por razones de seguridad.

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2 de Junio de 2011

• Arrestan a ocho pobladores y a su abogado por manifestarse

• Piden al gobierno cumplir con compromisos de la “ciudad sustentable”

HERMANN BELLINGHAUSEN

Un grupo de familias de la comunidad Juan de Grijalva, Chiapas, mujeres en su mayoría, habitantes de la denominada “primera ciudad rural sustentable del mundo”, ejido Nuevo Juan de Grijalva, municipio de Ostuacán, denunciaron persecución y hostigamiento policiaco por manifestarse pacíficamente para demandar al gobierno el cumplimiento de sus compromisos, muy publicitados meses atrás. Ocho miembros de la comunidad y su abogado se encuentran presos desde el pasado 13 de abril.

“Hoy en día la famosa ciudad rural no tiene nada de sustentable, como afirma el gobernador Juan Sabines Guerrero, lo cierto es que ha sido todo un fracaso”. Al demandar la liberación de sus familiares y la intervención la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estas familias campesinas describen un panorama elocuente:

“La ciudad rural está casi ‘desértica’, a excepción de algunas mujeres, adolescentes y niños, ya que los varones se encuentran huyendo por temor a que los detengan. El problema actual para estas familias es la desintegración, la falta de recursos, el miedo constante, el hecho de saber que difícilmente se puede hacer algo para detener esta situación, ya que no se tiene el apoyo de nadie, sobre todo porque no se cuenta con el del gobernador.

“Hacemos saber nuestra desesperación, nuestra impotencia, nuestra indignación. La comunidad entera está en espera de sucesos mayores, el arresto de muchas personas más, entre ellas mujeres y jóvenes menores de edad. La zona sur de la ciudad rural se encuentra sola, la mayoría de las personas han tenido que refugiarse en lugares seguros, por miedo al acoso y la persecución”.

Arresto, bajo engaño

En el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pichucalco se encuentran encarcelados el abogado Juan Narváez y los campesinos y pobladores Teodoro Sánchez Mórales, Marcelo Díaz Castellanos, Héctor Díaz Castellanos, Ceferino Hernández Castro, Fidencio Altunar Cobos, José Francisco López Díaz, Pascasio López Álvarez y Andrés Díaz Bouchot. “Sólo por realizar una manifestación para que el gobierno y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los tomaran en cuenta para negociar y les pagaran por las afectaciones que se realizaron en sus tierras, lo que se le conoce como el ‘caído Juan de Grijalva’”. Hoy se les acusa de “asociación delictuosa y motín”.

Esto deriva de una “manifestación pacífica en una de las parcelas del ejido”, el 17 de marzo pasado: “Estando parte de la comunidad reunida”, relatan, irrumpieron 200 o 300 policías “entre ellos ministeriales”. Los agentes, “de una manera arbitraria los levantaron bajo engaño, con el argumento de que los iban a llevar a negociar el pago de las tierras, así como la cantidad a la que ascendían los avalúos”. En realidad se trató de un arresto por órdenes, denuncian las familias, del fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Estado del municipio de Pichucalco, José Luis Gómez Santaella, y del Ministerio Público de Ostuacán, Esgar Benjamín Estrada Cervantes.

Recuerdan el origen de su flamante poblado, luego de un terrible desastre, el deslizamiento de un cerro. Era noviembre de 2007, “en un lugar actualmente conocido como el ‘Tapón’, a orillas del río Grijalva”, en los límites con Tabasco.

El desastre “no sólo provocó la obstrucción del río sino también la destrucción de nuestro poblado, perdiendo la vida muchos de nuestros familiares”, y todas las casas. Hoy dicen que su “luto es al parecer interminable”.

A raíz de los hechos, “los gobiernos federal y estatal aportaron recursos y apoyos a estos damnificados”, aunque “sólo en los momentos del desastre”.

Así se crea “la primera ciudad rural sustentable del mundo”, Nuevo Juan del Grijalva. “Se creía que cambiaría la forma de vida de aquellos afectados; en esto no se equivocaron, así fue, pero no para el bienestar de esta comunidad”.

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Jueves, 2 de junio de 2011
La Jornada de Oriente – Puebla – Economía
MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA

La Ciudad Rural Sustentable de Nuevo Juan de Grijalva, considerada el modelo nacional a seguir en ese tipo de asentamientos humanos instrumentados por el gobierno federal, continúa por la senda de los fracasos: ahora sus habitantes han denunciado hostigamiento y represión de las autoridades que se han negado a entregarles las indemnizaciones a las que tienen derecho por el desastre ocurrido en su comunidad hace cuatro años.

La misiva escrita el 27 de mayo pasado y rubricada por el Grupo de Familias afectadas del Ejido Juan del Grijalva –ubicada en Ostuacán, Chiapas– puede ser leída de manera íntegra en varios blogs de organizaciones civiles, y cobra especial importancia para Puebla, en vista del proyecto de Ciudad Rural que el gobierno del panista Rafael Moreno Valle Rosas quiere ejecutar en San Miguel Tenextatiloyan.

Los habitantes de la Ciudad Rural Sustentable de Nuevo Juan de Grijalva denuncian la detención de nueve personas que están encerradas en la cárcel de Pichucalco, Chiapas, por exigir la indemnización a la que tienen derecho y señalan en una parte nodal de la carta:

“¿Dónde queda la ciudad rural sustentable modelo que prometieron al mundo? ¿Dónde quedó ese proyecto de vida que el gobierno profesaba?, ¿dónde quedó el proyecto internacional de las ciudades rurales sustentables?  Ciudad Rural Sustentable sólo es parte de un eufemismo político, son términos ligados a la fuerza, porque semánticamente es un error hacer que tales vocablos se tomen de las manos, es mentira que la gente de Juan del Grijalva ahora vive mejor, ahora estamos peor, ahora nos persiguen para encarcelarnos, ahora nos hemos quedados solos, solos, y cargando al gobierno sobre nuestras espaldas”.

Y añaden: “muchos, quienes no son afectados, podrán decir muchas cosas e incluso hablar bien del gobierno, pero cómo no, si estos les tapan las bocas bajo falsos engaños, prometiéndoles tantas cosas las cuales nosotros hemos comprobado que son mentiras. He aquí nosotros y sólo nosotros los que sufrimos, podemos decir realmente la situación que vive Juan del Grijalva y nadie más, ya que los otros que no son afectados, obviamente no les interesa. Además, ciertamente no tienen por qué denunciar nada, no son los que están padeciendo esta situación.  Sin embargo, quienes viven en la ciudad rural no nos dejarán mentir, aquí no hay fuente de trabajo, por tanto no hay nada de sustentable por ningún lado, no hay ni siquiera un solo árbol que nos permita cubrirnos de los rayos del sol, no tenemos ni siquiera un hogar digno donde vivir, las casas que nos dieron como hogares no son más que ladrillos hechos de lodo que traen consigo infecciones en la piel, porque de estos nacen muchas clases de insectos rastreros”.

En otra parte, los agraviados señalan: “en fin, podríamos enumerar todas las carencias que sufre esta ciudad pero no acabaríamos con la redacción, al paso que vamos, llegará el momento en que no haya un solo habitante en la a hora ya famosa ciudad rural que era lo que quería precisamente el gobierno.

“La impotencia que sentimos es inexorable, nos hemos quedado al frente del grupo; solo mujeres, quienes rogamos ser escuchadas, queremos llegar hasta donde nuestras fuerzas nos lo permitan queremos dejar de ver pasar judiciales por nuestras calles, intimidando a las personas afectadas y por supuesto queremos de vuelta a los nuestros”.

El pasado 27 de abril, durante la presentación del proyecto de Ciudad Rural en San Miguel Tenextatiloyan, el edil Víctor Manuel Iglesias reveló que viajó a San Cristóbal y a Tuxtla Gutiérrez para conocer las ciudades rurales de esa entidad donde hoy hay quejas de los campesinos. No obstante, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Myriam Arabián Couttolenc ha asegurado que el modelo chiapaneco no será reproducido en Puebla.