Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Protesta de familiares y habitantes de Santa Marta para demandar la libertad de los defensores detenidos en enero del 2023. Foto: Marvin Recinos}

Este lunes (11), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas al norte de El Salvador, y miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de dicha población, se posicionaron para reclamar un alto a la criminalización de cinco líderes comunitarios y defensores ambientales, sobre quienes, a pesar de obtener su libertad el mes pasado, aún se mantiene abierto un proceso penal en su contra, acusados de un asesinato ocurrido hace 30 años durante el conflicto armado interno en El Salvador.

Al cumplirse 22 meses de su arresto, la ADES sostiene que la “ilegal detención” de los cinco defensores fue una represalia contra la denuncia de la comunidad sobre la posible reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. Desde el año 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería en su territorio y en esta lucha, los pobladores de Cabañas tomaron un papel preponderante al defender sus tierras ante la amenaza de la extracción de oro y plata.

Tras su detención el 11 de enero el 2023, los cinco ambientalistas permanecieron recluidos durante nueve meses, hasta que en septiembre de ese año les fue concedido el arresto domiciliario. Fue hasta octubre pasado cuando se realizaron las audiencias y, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que contaba con “contundentes evidencias” sobre su culpabilidad, el día 18 de ese mes un Tribunal de Sentencia decretó el sobreseimiento del caso, retirando los cargos contra los acusados.

Sin embargo, el 29 de octubre, la FGR presentó una apelación ante las autoridades penales el distrito de Cojutepeque. “Como hemos denunciado, los intereses extrajudiciales que conspiraron para montar la acusación falsa contra los ambientalistas se empeñan en revertir el fallo absolutorio o, al menos, dilatar la libertad definitiva”, señala la ADES en su posicionamiento de este lunes (11), mediante el cual exige la ratificación de la libertad para los defensores.

“Han sido 22 meses de persecución contra el activismo ambiental y de criminalización de la resistencia comunitaria contra los proyectos extractivistas que amenazan al agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida”, argumentan los miembros de la organización y habitantes de Santa Marta.

¿Libertad?

A pesar de que en septiembre del 2023 la justicia salvadoreña les concedió el arresto domiciliario a los cinco defensores, esta medida les mantuvo la prohibición de trabajar y restringía su movimiento al perímetro de sus viviendas, lo cual acarreó graves afectaciones en su economía y en algunos casos, debido a su avanzada edad, con impactos negativos en su salud.

Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez García son líderes ambientalistas quienes toda su vida se han dedicado a la agricultura y, ahora, se encuentran preocupados ante la falta de alimentos derivado de su restricción para cultivar la tierra.

Por su parte Saúl Rivas y Antonio Pacheco son integrantes de la ADES Santa Marta. Rivas se desempeña como asesor legal y Pacheco funge como director ejecutivo cuyos trabajos, de más de 30 años, son reconocidos en la zona, razón por la cual han obtenido apoyo de su comunidad frente a las afectaciones de la criminalización. 

Los cinco defensores aseguran que la única razón de su criminalización responde a su lucha contra la minería, una amenaza que, coinciden, jamás permitirán acontecer en sus territorios. Cabe resaltar que meses después de su detención, representantes de dos empresas consultoras visitaron la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a sus autoridades para reactivar la industria minera en la región norte del país.

Además, la Policía Nacional Civil detuvo, en mayo del 2023 al hijo de la ambientalista Vidalina Morales con el pretexto del régimen de excepción que se vive en El Salvador desde marzo del 2022. Fue sólo por la presión internacional que las autoridades liberaron a Manuel Gámez Morales, miembro del movimiento antiminero en Cabañas.

Ante la persecución y la reciente apelación de su libertad, decenas de colectivos, organizaciones y personalidades del país centroamericano y a nivel internacional se han sumado a la solidaridad con la comunidad de Santa Marta y su resistencia antiminera, posicionandose vigilantes de la resolución que emitirán las autoridades con respecto a la apelación de la sentencia.

“Como han señalado Santa Marta y ADES, el recurso presentado carece de argumentación seria y se refiere en forma irrespetuosa a la actuación de las honorables juezas de sentencia, lo cual -además- constituye un comportamiento misógino de los personeros de la Fiscalía que amerita ser denunciado como una acto de violencia contra la mujer”, acusaron los habitantes de Cabañas en documento difundido el pasado 4 de noviembre.

En su respuesta al recurso de apelación, la población de Santa Marta exige a las autoridades penales que sea rechazada pues “una decisión distinta sería un enorme escándalo jurídico que tendría serias implicaciones en el país y sería un gran desprestigio de la justicia salvadoreña ante los ojos del mundo”, alertan.

Además, se dirigieron a la FGR al acusarla de “malgastar” tiempo y recursos durante casi dos años en una “acusación sin pruebas” contra los líderes comunitarios, por lo cual exigen investigar “los verdaderos delitos de la guerra y no se empeñe en instrumentalizar la justicia restaurativa y transicional para arremeter contra defensores del agua, el medioambiente y la vida del país”, sostuvieron.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Campesinos de los estados de Sergipe y Bahía, localizados en el noreste de Brasil, denuncian contaminación genética de semillas criollas de maíz, frijol y cacahuate por transgénicos en distintos territorios de los dos estados. 

El Movimiento Campesino Popular (MCP), en cooperación con instituciones científicas del país, como el Instituto Federal de Sergipe (IFS), ha trabajado en la región hace una década para promover sistemas sustentables de producción de alimentos, basado en la agrobiodiversidad. 

Las familias producen semillas criollas, principalmente de maíz, frijol y cacahuate, para consumo propio, pero también las comercializan. De acuerdo con el MCP, en total, ya fueron comercializadas 110 toneladas de semillas criollas. Además de semillas, han comercializado harina de maíz y frijoles criollos, sobretodo en el periodo de la pandemia.

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El movimiento denuncia que todo este trabajo de recuperación y reproducción de las semillas criollas está amenazado por el avance de los transgénicos y la uniformización de variedades cultivadas alrededor de sus territorios. “Se ha provocado contaminación genética de las semillas criollas, colocando en riesgo nuestro patrimonio genético, responsable por toda la diversidad de variedades agrícolas, fundamentales para afrontar los cambios climáticos y garantizar la producción diversificada de alimentos”, sostiene el MCP en un informe.

Desde 2018, los campesinos, junto con el Instituto Federal de Sergipe, han realizado pruebas para verificar si sus cultivos están siendo contaminados por especies transgénicas. “Esta rutina permitió verificar que las contaminaciones han alcanzado índices cada vez mayores. En la cosecha de 2023, llegamos a un porcentaje alarmante. El 68% de las 40 muestras (9 variedades de maíz) están contaminadas por transgénicos. Nos provoca mucha preocupación en relación al futuro de la producción de las variedades criollas”, señalan los campesinos. 

Las muestras analizadas fueron colectadas directamente en las plantaciones, en los stocks individuales y también en los bancos de semillas comunitarios. Las pruebas también incluyeron la producción en comunidades indígenas y quilombolas de la región.

La contaminación ha ocurrido a pesar de que las familias han implementado técnicas que buscan proteger las semillas. “Se ha implementado estrategias de prevención a la contaminación, como la utilización de instrumentos para detener el viento, la siembra en periodos distintos, realización de limpieza de los equipos de siembra, cosecha y procesamiento de las semillas, entre otras”, afirman. 

Las estrategias no “han sido suficientes para contener los procesos de contaminación genética que avanzan cada día sobre nuestros territorios; por eso sostenemos que las contaminaciones imponen a los campesinos prejuicios productivos, económicos, culturales, ambientales y alimentarios”. 

Protección

En el estado de Sergipe se aprobó en 2016 una ley que instituye el concepto de semillas criollas y el incentivo a la conservación de la diversidad de cultivos en el estado. La ley define: “Considerase área de protección de la agrobiodiversidad las áreas/terrenos/regiones/territorios donde hay producción de semillas locales, tradicionales o criollas, quedando prohibido el cultivo de cualquier material genético (semillas transgénicas e híbridas) que amenace las características fenotípicas y genotípicas de las semillas locales, tradicionales o criollas”.

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Sin embargo, todavía no existe una reglamentación para que la ley pueda ser realmente implementada.El MCP hace una serie de exigencias al gobierno brasileño. Entre ellas que revise y aplique los protocolos normativos de distanciamiento entre la siembra del maíz transgénico y del maíz criollo y que imponga a los sembradores de transgénicos la obligación de implementar medidas de seguridad. Además, que establezca medidas de protección como áreas de uso de conservación de la agrobiodiversidad, áreas libres de transgénicos y áreas libres de agrotóxicos.

Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

^{En portada: Comunidades indígenas de Xapuri, en la Amazonía brasileña, han denunciado esquemas de despojo de tierras impulsados por entes financieros internacionales. Foto: GRAIN.}

El Banco Mundial anunció durante su Conferencia sobre la Tierra, realizada entre el 13 y 17 de mayo, en Washington, Estados Unidos, que aumentará de 5,000 millones de dólares a 10,000 millones de dólares, en el transcurso de los próximos cinco años, sus inversiones en gestión y en estrategias para garantizar la tenencia de la tierra en todo el mundo. 

Acorde al discurso oficial de representantes del órgano financiero, el objetivo del banco es ayudar a los países en desarrollo a lograr la seguridad de la tenencia de la tierra para todos los hombres y todas las mujeres.

Más específicamente, las discusiones en la conferencia giraron alrededor de la necesidad de garantizar la tenencia de la tierra en todo el mundo para viabilizar los proyectos que visan a mitigar el cambio climático y promover la “transición energética”.  

“Estamos trabajando en 28 países el tema de la tierra, y queremos duplicar esta cifra”, dice Juergen Voegele, vicepresidente del Banco Mundial. El órgano ha invertido 38,600 millones de dólares, durante el 2023, en iniciativas relacionadas con el clima en los “países en desarrollo”, de manera que es la principal entidad de financiamiento internacional en temas relacionados a la “transición energética”, dentro de los lineamientos del Acuerdo de París.

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Durante la conferencia, en medio a discursos impregnados de un tono filantrópico que predicaban la necesidad de proteger las tierras indígenas, el pragmatismo del mercado saltaba a los ojos. “Hasta hoy no hemos encontrado suficiente tierra para las inversiones en energía renovable que se necesita. Y no es simplemente que tenemos que lograr que las zonas rurales aborden el tema naturaleza, sino que necesitamos de lugar para inversión”, dice el ex director de medio ambiente del Banco Mundial Andrew Steer, hoy presidente de la organización Bezos Earth Fund, que ha financiado proyectos de conservación ejecutados por organizaciones conservacionistas internacionales como WWF y Conservation International.

No necesitan solamente de tierras. Necesitan que las tierras estén tituladas, ¿por qué? 

Las discusiones durante la conferencia trataron de responder. En resumen, lo que se menciona es que la mala gobernanza de las tierras, leyes pocos claras y la tenencia insegura de la tierra limitan la seguridad de la inversión y el acceso a financiamientos de proyectos climáticos. Las inversiones del Banco Mundial, por ejemplo, exigen que las tierras estén tituladas.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, en el mundo solamente el 30% de la población tiene un título de propiedad debidamente registrado de sus tierras. 

“Vimos que los registros de la tierra incompletos y desactualizados causan dilaciones y obstáculos al desarrollo de la infraestructura con la consiguiente consecuencia social que es el desplazamiento”, dijo. Con los recursos destinados a la titulación de la tierra por el Banco Mundial, “esperamos que se contribuya a la infraestructura necesaria que nos permita alcanzar los objetivos climáticos a nivel mundial”, sostiene el vicepresidente de infraestructura del Banco Mundial, Guangzhe Chen.

En el ámbito de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la máxima reunión de los órganos de negociación internacional de cambio climático, la necesidad de la reglamentación de las tierras también está presente. Tanto es así que los países acordaron destinar, en la COP 26, en Glasgow, 1,700 millones de dólares en tenencia de la tierra, recordó Andrew Mitchell, Ministro de Estado del Reino Unido, uno de los propulsores de la conferencia. 

Reglamentar para acaparar

Si para el Banco Mundial las acciones para garantizar la tenencia de la tierra han significado la seguridad de los negocios de grandes inversionistas, para organizaciones de productoras y productores de alimentos a pequeña escala, pueblos indígenas, trabajadoras y trabajadores, comunidades de base han significado el acaparamiento de tierras, en medio del desplazamiento de millones de personas en los países del Sur Global. 

La denuncia fue hecha por 94 organizaciones de todo el mundo pocos días antes de iniciar la conferencia. El banco ha promovido “la financiarización de la tierra, los bosques y la pesca, transformando los derechos tradicionales y consuetudinarios sobre la tierra en títulos privados listos para el mercado”, señalan las organizaciones en una declaración.

Exigen que el Banco Mundial se quede fuera de las tierras de las comunidades. “El Banco Mundial no sólo invierte directamente en proyectos de tierras, sino que también tiene un largo historial promocionando una gestión de los recursos naturales basada en una estrategia de mercado (…) al tiempo que facilita la privatización de los recursos naturales y su concentración en manos de élites y corporaciones con intereses propios”, sostienen.

La política de “reforma agraria asistida por el mercado” del Banco, con su modelo de “comprador dispuesto-vendedor dispuesto” que se impulsó en varios países en desarrollo, “aumentó la desigualdad de la tierra y la pobreza y creó las condiciones para la concentración de la tierra en lugar de su redistribución”.

Más recientemente, el órgano se ha convertido en un promotor de los mercados de carbono y otras medidas de mitigación del cambio climático con un enfoque de mercado. Es un actor importante en la creación de mercados mundiales del carbono a través de numerosos fideicomisos de carbono y mecanismos de financiación. 

“Estas medidas pretenden utilizar los territorios de las poblaciones como sumideros de carbono para los grandes contaminadores, permitiendo al mismo tiempo nuevas emisiones de gases de efecto invernadero y la destrucción de los ecosistemas”, afirman.

Las organizaciones hacen un llamado a los Estados para que garanticen que el Banco Mundial se abstenga de influir en las políticas mundiales, regionales y nacionales relativas a la tenencia, la tierra y los territorios, así como al cambio climático y la protección de la biodiversidad.

Además, que reorienten su financiación del Banco Mundial relacionada con la tierra y el cambio climático hacia las “soluciones verdaderas aplicadas por las personas y las comunidades en sus territorios”.