Descarga el audio aquí.

IRAN: El imperio ataca de nuevo, Israel y Estados Unidos bombardeab nuevamente Iran, asesinan al ALI KHAMENEI y masacran una escuela primaria de niñas. Iran responde contra bases militares gringas en la región. 
Fuente: https://www.instagram.com/p/DVVPi-EiMeQ
https://kaosenlared.net/de-gaza-a-iran-los-ninos-ninas-y-las-escuelas-son-los-objetivos-de-israel/

HONDURAS: Berta Cáceres: 10 años de luz, rebeldía y justicia. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas comparten ceremonias, actividades y comunicados conmemorando la siembra de Berta. (AUDIO)
Fuente: https://www.facebook.com/share/v/1AhW1zVCde
https://copinh.org/2026/03/comunicado-3-26-berta-caceres-10-anos-de-luz-rebeldia-y-justicia/

KURDISTAN SYRIO: El asedio a Kobane continua hasta el día 36, Turquia bloquea los intentos de normalizar las relaciones Kurdo-Syrias, Yihadistas y mercenarios aprovechan el vacio para cometer secuestros, robo y asesinatos.
Fuente: https://espanol.anf-news.com/rojava-norte-de-siria/fragil-equilibrio-en-la-linea-damasco-rojava-58058
https://espanol.anf-news.com/rojava-norte-de-siria/el-asedio-a-kobane-continua-en-su-36-dia-entre-secuestros-ejecuciones-y-saqueos-58076

DESDE EL OMBLIGO DEL MOUNSTRO 

MEXICO: Convocatorias zapatistas para este 2026 ResignARTE u OrganizARTE
Fuente: https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2026/03/01/convocatoria-a-las-jornadas-de-pensamiento-critico-arte-resistencia-y-rebeldia-resignarte-u-organizarte-2026/

CHIAPAS: “La supercarretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque se impone a través de hostigamiento, amenazas y manipulaciones”: Modevite. (AUDIO)
Fuente:

MICHOACHAN: Ante el avance de las autonomías, vuelven a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte en contra del portavoz del Consejo Supremo Indigena de Michoacan, Pavel Guzmán Macario.  
Fuente: https://www.facebook.com/share/p/1FvCFVHF8S

XOCHIMILCO: La Comision de Derechos Humanos de la CDMX emitió una recomendación sobre la violencia desatada el 05 de setpiembre de 2024, a pesar de las pruebas y testimonios dicha recomendación fallo en exigir justicia y cierre a los prosesos penales. (AUDIO)
Fuente: Hijos de la Tierra y Noticias de Abajo

SINALOA, MAZATLÁN: La crisis de desaparición forzada ha empujado a la sociedad civil a buscar de forma autoorganizada a sus desaparecidos, bajo la indolencia del gobierno el narco sigue asesinando a quienes buscan a sus familiares bajo ese contexto asesinaron  a la madre buscadora Rubí Patricia Gómez Tagle.
Fuente: https://articulo19.org/asesinan-a-la-madre-buscadora-rubi-patricia-gomez-tagle-en-sinaloa/
Grupo de buscadoras: Corazones unidos por una misma causa A.C.

TecnoAcrata: Caja de herramientas de radiodifusión, que el encierro no nos aisle.
https://radioslibres.net/que-el-encierro-no-nos-aisle/

Comunicado del CIPOG-EZ, pueblos, autoridades comunitarias, ejidales y comunales de Guerrero por el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
AL CONGRESO NACIONAL INDIGENA
AL CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO
A LAS REDES DE RESISTENCIA Y REBELDÍA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LA EUROPA INSUMISA
A LA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN – SEXTA
A LOS ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES E INDEPENDIENTES

04 de marzo de 2026

Como pueblos y autoridades denunciamos la violencia que sigue creciendo en nuestro estado de Guerrero. Condenamos el asesinato del Ing. Tomás Augusto Lozano Analco, y de Francisco Bonilla, ciudadanos de la Casa de los Pueblos del municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero.

Los dos ciudadanos fueron atacados a balazos a las 19:00 horas el día 03 de marzo de 2026, cuando hombres armados del grupo criminal «Los Ardillos» rafaguearon la camioneta en la que viajaban, después del puente Omitlán, cerca de Tierra Colorada, en el municipio de Juan R. Escudero, sobre la vía que comunica con Tecoanapa y Ayutla de Los Libres.

Responsabilizamos directamente al grupo criminal «Los Ardillos» por estos asesinatos. Señalamos directamente a Daniel Rosas Martínez, quien se autonombra coordinador de comisarios de la zona rural de Acapulco, Tecoanapa y Tierra Colorada, pero quién actúa como operador de «Los Ardillos» en la región, obligando a comunidades a participar en narco-bloqueos en la Autopista del Sol y manteniendo el control en la región a través del terror.

Además, denunciamos la complicidad directa de autoridades locales con “Los Ardillos”, como el director de la policía de Juan R. Escudero, César Ramírez, al igual que el presidente municipal, Óscar Sánchez Luna.

La expansión territorial de «Los Ardillos», así como su control de municipios y carreteras, ocurre con el permiso y la complicidad del Estado. Frente a los ojos de la Guardia Nacional y el Ejercito Mexicano, los criminales se mueven libremente, instalan retenes, bloquean carreteras y asesinan y desaparecen personas a plena luz del día, con total impunidad. En lugar de desarticular a «Los Ardillos», funcionarios del gobierno federal y estatal se sientan con ellos públicamente para negociar y ceden a sus demandas de criminalizar a quienes defendemos la vida.

«Los Ardillos» son responsables del asesinato de 70 integrantes del CIPOG-EZ, la desaparición de 25 más, así como el asesinato de los 13 policías comunitarios de El Cortijo, todos crimenes que siguen impunes. Además, han asesinado, torturado y desaparecido menores de edad, campesinos, comerciantes, ganaderos, transportistas, políticos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres. En los últimos días, también han lanzado ataques violentos con drones contra las comunidades de El Charco, Tlayolapa y Ochoapa, donde los pueblos se organizan para defender su territorio frente a la violencia narco-paramilitar. Esta ola de violencia no es nueva; forma parte de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de Guerrero, y que se ha intensificado en los últimos 25 años.

Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno por permitir la expansión de esta organización criminal. El Estado mexicano ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos, mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados. El Estado sigue haciendo caso omiso, desprecia y discrimina a nuestros pueblos indígenas, violando nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra forma de vida comunitaria mientras protege a los criminales que nos matan.

Exigimos justicia para todas las víctimas y la desarticulación de las organizaciones criminales que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación que sancione a los responsables de estos crimenes. Convocamos al pueblo en general a una movilización urgente para defender a la vida, nuestros pueblos y territorios y nuestro sistema de seguridad comunitaria.

Llamamos también a las redes nacionales e internacionales, pueblos organizados, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos a mantenerse al pendiente de la situación.

Hacemos responsable al Estado mexicano de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos y de cualquier agresión, atentado o persecución contra nuestras comunidades, asambleas y sistemas de seguridad comunitaria, así como contra los integrantes y promotores del CIPOG-EZ, quienes luchamos por la vida.

¡NO NOS RENDIMOS, NO NOS VENDEMOS Y NO CLAUDICAMOS!
¡VIVAN LOS PUEBLOS QUE LUCHAN Y RESISTEN!

Atte.
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES
DE 85 COMUNIDADES DE AYUTLA 
PUEBLOS Y AUTORIDADES COMUNITARIAS, EJIDALES Y COMUNALES DE LA MONTAÑA ALTA, MONTAÑA BAJA Y COSTA CHICA DEL ESTADO DE GUERRERO
CONSEJO INDIGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

EXIGIMOS LA LIBERTAD DEL COMPAÑERO FRANCISCO MORENO HERNANDEZ Y SE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LA FAMILIA MORENO HERNANDEZ, MIEMBROS DEL CNI

A los pueblos de México y el mundo
A los organismo y colectivos defensores de derechos humanos
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A l@s frimantes de Una Declaración por la Vida, en los cinco continentes.
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
A los medios libres e independientes
A quienes caminan la palabra de la vida

14 de febrero de 2026

Previo al desalojo de la familia Moreno Hernández en el ejido de Jotolá, Mpo. Chilón el pasado 12 de febrero de este año, fue detenido a las 8 am el compañero Francisco Moreno Hernández, quien con su familia es miembro del Congreso Nacional Indígena en Chiapas, acusado injustamente del delito de despojo agravado de las tierras que ancestralmente posee su familia.

En el año de 1994 como resultado del levantamiento del EZLN, se recuperaron las tierras que estaban en manos del hacendado que mantenía por generaciones como esclavos a la familia Moreno y miembros de la comunidad, siendo liberadas las tierras para quien las trabaja. Posteriormente se constituyó el ejido de Jotola, donde el padre de Francisco, Manuel Moreno Pérez fue reconocido como ejidatario y desde entonces, él y su familia han trabajado de manera pacífica, continua y pública una superficie aproximada de 5 hectáreas.

Sin embargo cuando llegaron los señores Juan Cruz Méndez, Medardo Carmelino Cruz Méndez, Rogelio Cruz Méndez y Guadalupe Cruz Méndez (Los Cruces) procedentes del Ejido de Montelibano, municipio de Oconcingo, de donde fueron expulsados por presuntos delitos como homicidios, secuestros, intentos de homicidio y presuntos vínculos con la delincuencia organizada, comenzaron a tomar el control del ejido provocando la intranquilidad, conflictos sociales y hechos violentos en la comunidad, siendo Juan Cruz Méndez dirigente regional de la organización paramiliar ORCAO, quienes desde entonces han agredido a la familia Moreno Hernández que han resistido bajo los principios zapatistas en esta zona, formando parte del CNI.

Es entonces que sin mostrar orden de desalojo, alrededor de las 11 horaas del 12 de febrero, aproximadamente 30 policías de la Guardia Estatal, personal encapuchado del INPI y del Tribunal Agrario acompañados de más de 50 ejidatarios comandados por “Los Cruces” de la ORCAO, se juntaron para sacar a los 30 miembros de la familia Moreno Hernández, comenzando a golpear y robar los celulares de quien grababa, asfixiando al hijo de Francisco hasta dejarlo inconsciente y ser esposado por los judiciales, aun cuando no tenía orden de aprehensión. Deteniendo a su mamá y esposa de Francisco, Maria de Jesus Sánchez Gómez, mientras sus niños pequeños con capacidades especiales gritaban de miedo e impotencia. Después de ser detenida María de Jesus fue golpeada, sobajada y asfixiada con la rodilla por la policía de la Fiscalía Indígena de Yajalón, para después amenazarla con que la iban a desaparecer, al decirle, “tu eres la que se pone mas pendeja”.

Los integrantes de la ORCAO bajo el resguardo y protección de la Guardia Estatal, un activo de la Guardia Nacional encapuchado y vestido de civil de nombre José Moreno Sánchez (hijo del actual comisariado ejidal de Jotola), y un exmilitar cesado por su mal comportamiento, comenzaron a destrozar con marros las 5 casas de las 8 familias Moreno Hernández, sacando y quemando sus pertenencias, tirando los techos de lamina y matando a los animales que, con mucho esfuerzo han criado por años la familia, así como su cosecha de maíz, café, plantas y robando dinero que tenían ahorrado. Quedándo los niños inocentes con daños psicológicos irreparables, sin casa y sin derechos. Agradeciendo Juan Cruz en redes sociales al Gobernador que por fin se llevó acabo lo que tanto esperaban.

En la audiencia inicial fue liberada bajo la medida cautelar de firma periodica la compañera María de Jesus al argumentar la defensora de oficio que dependen de ella dos niños con capacidades especiales, sin embargo el compañero Francisco Moreno Hernández quedó detenido hasta que se defina la audiencia de vinculación a proceso el próximo martes 17 de febrero a las 9 am, al argumentar la Fiscalía que el es el líder del despojo montado por “Los Cruces”. Encontrándose con orden de aprehensión 8 miembros más de la familia Moreno Hernández, quienes han perdido todas sus pertenencias y se encuentran resguardados por temor a ser detenidos.

La resistencia, trabajo y dignidad que por años ha caminado la familia Moreno Hernández, quienes levantaron sus casas, animales y trabajo del campo sin ayuda del gobierno y en común, es atacada por el cacicazgo e impunidad de quienes, con el patrocinio del mal gobierno, pretenden acabar con la lucha de los compañeros del Congreso Nacional Indigena.

EXIGIMOS:

• LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DE FRANCISCO MORENO HERNANDEZ
• CANCELACIÓN DE LAS ORDENES DE APREHENSIÓN
• CESE DE LAS AGRESIONES A LA FAMILIA MORENO HERNANDEZ
• SE RESPETE Y RESTITUYA DE SU TIERRA Y VIVIENDA A LA FAMILIA MORENO HERNANDEZ
• CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA ORCAO Y POLICIA DE LA GUARDIA ESTATAL DE CHIAPAS

¡POR LA RECONSTITUICION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS!
CONGRESO NACIONAL INDIGENA 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 12, 2025

Press Release No. 11

Antonio González Méndez Case before the IACHR: One Year After the Historic Ruling
Neither the investigations nor the search efforts have been diligent or effective

The enforcement of the ruling has not been properly prioritized by the Mexican State.

On December 12, 2024, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) notified its ruling condemning the Mexican State for the forced disappearance of Antonio González Méndez, an EZLN Support Base, who was disappeared on January 18, 1999, in the municipality of Sabanilla, Chiapas, by members of the paramilitary group “Organization for Development, Peace, and Justice” in the context of the counterinsurgency violence triggered by the implementation of the Chiapas Campaign Plan 94.

The ruling reaffirmed that forced disappearances committed within the context of the Internal Armed Conflict, which began on January 1, 1994, are not subject to statute of limitations and obliges the Mexican State to be held accountable. This represents a historic precedent for other victims of severe human rights violations.

As the 27th anniversary of his disappearance approaches, the Mexican State continues with mere administrative procedures, superficial efforts aimed at conducting an unfruitful investigation. Both the search and the investigations have not been diligent or effective in locating Antonio González Méndez. What the State Prosecutor’s Office considers the hypothesis of his disappearance at the hands of a paramilitary group reveals a case that remains unresolved. The IACHR ruling, which takes this hypothesis as a fact and holds the Mexican State responsible for supporting paramilitary groups in the region, continues to be disregarded, raising doubts about the seriousness of the State’s commitment. It is essential to fully clarify what happened and to identify, prosecute, and, if applicable, sanction all intellectual and material authors of this crime against humanity.

The obligation of the Mexican government must not be reduced to symbolic actions or mere paperwork; the investigation should include clear lines of action to identify those responsible, both material and intellectual, and prosecute them in accordance with human rights standards.

The persistent impunity and partial non-compliance with the IACHR ruling highlight the enormous challenges in translating an international ruling into real and tangible changes. The central issue remains the location of Antonio González Méndez and the carrying out of a professional, scientific, and independent investigation that guarantees justice and truth. This case not only reflects the pending debt to his family but also starkly exposes the structural crisis of human rights, justice, and impunity that Mexico is facing.

The Mexican State is obligated to implement the structural reforms ordered by the IACHR: a national and up-to-date registry of missing persons, effective prevention programs, specialized training to investigate state crimes, and public policies that recognize the collective rights of indigenous peoples through a comprehensive human rights approach. It is not just about complying with a ruling, but about transforming institutions so that these violations are never repeated.

At Frayba, alongside the family of Antonio González Méndez, we will continue to insist that justice be fully served. We will persist in the search for the truth and the demand for justice, because only in this way can we honor Antonio’s memory and pave the way for a Mexico where impunity is the exception, not the rule. This struggle is also the struggle for all the disappeared persons and for the dignity of the peoples who demand truth, justice, and non-repetition.

On December 8, 2024, a new government for Chiapas took office and announced the implementation of a “new” security strategy in response to the violence stemming from territorial and social disputes among organized crime groups. With a major communication campaign and under the narrative of a “recovered peace,” it has promoted in 2025 a partial decrease in some crime indicators and has deployed various security operations. From the Border Region Working Group, we ask ourselves whether the security strategy implemented by the government of the state of Chiapas seeks peace or pacification. Rather than achieving peace, pacification seeks to impose social control through the use of force. In the Sierra–Border Region of Chiapas, along the border with Guatemala, this strategy has not succeeded in curbing the violence crisis. On the contrary, throughout this year the situation is different: an increase in cases of families in forced displacement — both internal and toward the neighboring country — and in forced disappearances. These acts of violence, along with ongoing territorial disputes and the active presence of armed groups, reveal a far more complex panorama than that portrayed in official statements.

Descarga aquí

WE CONDEMN THE CRIMINAL TERROR AGAINST THE PEOPLES AND COMMUNITIES OF THE COAST–SIERRA OF MICHOACÁN; WE DEMAND TRUE PEACE AND JUSTICE, NOT EMPTY WORDS

TO THE PEOPLES OF MEXICO AND THE WORLD,
TO THE NATIONAL AND INTERNATIONAL MEDIA,
TO HUMAN RIGHTS DEFENSE ORGANIZATIONS.

In light of the terrorist attack carried out by organized crime at midday on December 6 against the headquarters of the Community Police of the municipality of Coahuayana, the community of Santa María Ostula firmly condemns this brutal crime, whose purpose is to generate terror among the population and to undermine the community security system established by the peoples of Coahuayana.

So far, 5 people have been confirmed dead and around twenty injured. None of them—nor anyone—deserves to be a victim of criminal groups such as the Jalisco New Generation Cartel, which for five years has been attacking our communities in an attempt to displace our populations, as has happened in so many parts of this suffering country, and to seize our territories.

We want to make clear that we will remain united and organized to fully guarantee the safety of the inhabitants of our communities and of the general population, as well as to demand that all levels of government effectively commit themselves to combating crime.

In these very difficult moments, we extend our solidarity and full support to the Community Police of Coahuayana, headed by Commander Héctor Navarrete.

We recognize the enormous work and effort that this community security body has carried out since 2013 to put an end to delinquency and to the criminal groups that have ravaged the Coast–Sierra for more than a decade.

We also offer a fraternal and supportive embrace to the inhabitants of Coahuayana in the face of these painful events.

We demand that the state and federal governments genuinely work to dismantle the CJNG and any other criminal organization, since their purely demagogic speeches—proclaiming the rights of Indigenous peoples while criminals massacre and murder us with total impunity—lay bare the lack of will, if not outright collusion, of government institutions with criminal cartels.

Recently, the federal government announced the Michoacán Plan for Peace and Justice, with a budget of more than 50 billion pesos; but neither with this plan nor with previous ones are peace and justice being built.

On the contrary, with the Michoacán Plan, the federal armed forces have occupied the territories of our peoples and, specifically, the Mexican Navy and the National Guard have intentionally impeded the free functioning of our community police forces and communal guards, seriously undermining our self-defense capacities, with consequences as tragic as those of this December 6.

The solution is not to militarize the region, the state, or the country, nor to criminalize our community police; the solution is to dismantle these criminal organizations from their foundations and in all the places where they operate, as well as the terrifying complicity of institutions and corrupt officials with organized crime. The solution lies in RESPECT BY GOVERNMENTS FOR THE SECURITY STRUCTURES THAT ARISE FROM OUR MUNICIPALITIES AND COMMUNITIES, SUCH AS COMMUNITY POLICE FORCES AND COMMUNAL GUARDS. The solution lies in respecting the self-determination and rights of communities; the solution lies in building projects of life, not of death.

In line with the above, WE DEMAND OF THE FEDERAL GOVERNMENT AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF MICHOACÁN:

1. THE PUNISHMENT OF THE MATERIAL AND INTELLECTUAL PERPETRATORS OF THE TERRORIST ACT OF DECEMBER 6 IN COAHUAYANA.
2. REAL AND LASTING ACTIONS FOR THE DISMANTLING OF THE CJNG AND ALL CRIMINAL CARTELS.
3. AN END TO THE COMPLICITY BETWEEN CRIMINALS AND GOVERNMENTS.
4. EFFECTIVE RESPECT—NOT ONLY IN SPEECHES—FOR THE RIGHTS OF OUR PEOPLES AND COMMUNITIES.
5. THE FULL GRANTING OF GUARANTEES FOR THE FUNCTIONING OF OUR COMMUNITY POLICE AND COMMUNAL GUARDS.

Never again a Mexico without us!

Nahua community of Santa María Ostula

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 3, 2025

Bulletin No. 10

Osmán Iván: victim of torture, arbitrary detention, and institutional racism

• 15 years of injustice—freedom cannot wait.

Osmán Iván Rubio Bonilla, a Honduran citizen unjustly accused in three case files by the Chiapas State Attorney General’s Office (FGE) and a survivor of torture, was acquitted of homicide on November 4, 2025, after 14 years and 6 months of tireless resistance. However, he remains deprived of his liberty at the State Center for Social Reintegration No. 7 (CERSS) in Tapachula. The Fray Bartolomé de Las Casas Human Rights Center (Frayba) and the World Organisation Against Torture (OMCT) call on the Judicial Branch of Chiapas to reverse the systematic violations of his human rights and order his immediate release.

Osmán Iván was detained on May 2, 2011, in Huixtla, Chiapas, during an operation carried out by the Municipal Police, the State Preventive Police (PEP), and the State Border Police (PEF), without an arrest warrant and under circumstances that constitute arbitrary detention and torture.

According to his testimony, during the arrest he was blindfolded, bound, beaten, asphyxiated with water, subjected to electric shocks, sensory deprivation, and physical and psychological abuse, until he was forced to incriminate himself in various crimes. These assaults were documented by the State Human Rights Commission (CEDH), which recorded injuries consistent with torture and issued Recommendation 013/2020-R in 2020, rejected by the FGE and the Secretariat of Security and Citizen Protection (SSyPC).

The three criminal proceedings against him stem from statements obtained under coercion:

1. Attempted Illegal Deprivation of Liberty and Organized Crime (criminal case 177/2023): has remained in the evidentiary stage for over 13 years, without the Criminal Court of the Tapachula Judicial District issuing a ruling.
2. Aggravated Homicide (criminal case 423/2023): a sentence was issued in 2023 based on ministerial confessions and testimonies that did not identify him; overturned in 2024 to investigate the reported torture. On November 4, 2025, he was finally acquitted.
3. Carrying a firearm without a license: a federal case in which he was acquitted in 2014.

Frayba’s documentation reveals systematic irregularities: fabrication of evidence, contradictions in police reports, manipulated expert examinations, and prosecutorial actions that ignored early reports of torture. The CEDH confirmed that the arrest did not occur at the location of the alleged kidnapping and that there was no direct identification by the complainant, ruling out the flagrancy invoked by authorities.

After nearly 15 years in prison, Osmán Iván faces a process marked by violations of due process, racism, lack of consular assistance, absence of effective investigation, and unjustified delays that keep him in prolonged pretrial detention, contrary to international standards. In the face of impunity sustained by the Mexican State, Frayba and OMCT filed a complaint in August 2024 before the UN Human Rights Committee, registered in April 2025 under number 4740/2025, still pending resolution.

Frayba and OMCT urgently call on state and federal authorities to ensure a thorough and impartial investigation into the reported torture. In addition, we demand guarantees for access to justice and reparation for the violations committed against Osmán Iván Rubio Bonilla, beginning with his unconditional release.

The case of Osmán Iván Rubio Bonilla is a symbol of institutional violence and racism that permeates the justice system in Mexico. His freedom is not a concession—it is a right taken from him through torture and arbitrariness. Every day he remains imprisoned prolongs injustice and impunity.

We demand his immediate and unconditional release. The dignity of Osmán Iván, and of all survivors of torture and arbitrary detention, cannot be kept waiting any longer.

Presented on Saturday, November 29 to the community of Eloxochitlán in Spanish and Enna (the Mazatec language). The report is the result of the Observation Mission carried out in July of this year by an interdisciplinary group.

It concludes that the community is the victim of crimes against humanity which, being systematic and prolonged for a decade, constitute a case of ethnocide aimed at destroying the forms of organization and life of this Mazatec community. The ethnocide of the community of Eloxochitlán seeks to undermine community resistance to extractivist activities that have caused the ecocide of the Xangá Ndá Ge River and the destruction of the community’s right to self-determination:

– In this regard, arbitrary detentions, prolonged pre-trial imprisonment, political criminalization, forced displacement and ethnocide, as well as gender-based violence, were detected.

– Regarding the plundering of the Xangá Ndá Ge River, hydrological alterations, contaminating agents, and desiccation were identified, in addition to damage to flora and fauna.

This compilation of documentation seeks to be taken to international bodies, as it argues that there are no legal conditions in place to guarantee the protection of the community’s rights. Acts of aggression, political persecution and criminalization have resulted in 50 direct victims and at least 500 indirect ones.

The documentation collected identifies governors, agency heads, and magistrates as responsible actors, who—with the backing and complicity of the State—have contributed to the denial of justice, persecution, and fabrication of case files.

Likewise, it states that the Huautla Court bears the greatest responsibility by allowing omissions and practices that favor local strongmen, as it has rejected acts of torture substantiated under the Istanbul Protocol, obstructed legal processes, criminalized community authorities, carried out arbitrary detentions, and manipulated testimonies.

Through a timeline of events, the report describes the process of aggression the Mazatec community has endured, including military intervention, intimidation, torture, dispossession, home raids, threats, and abuses of authority. Many of these forms of violence predate 2014, as multiple formal complaints had been filed since 2011, none of which advanced due to omissions by the Huautla court.

In recent weeks, Oaxaca governor Salomón Jara has labeled Eloxochitlán a “red zone,” attempting to portray it as a violent community—a smear strategy taking advantage of his authority and media reach to support the strongman Manuel Cepeda in the municipal elections of November 23, where he received the second-highest number of votes.

The presentation also served as a space for community reflection, where a message was directed at those who continue to push the narrative of “a conflict between two families,” a simplification of the severe attacks carried out in complicity with the three levels of government. They responded that Eloxochitlán is made up of many families with different surnames, a small town where it is common to share last names.

Many women, as shown in the Radio Zapote broadcast that day, stated their last names. Those who spoke were mothers, wives, and sisters of former political prisoners and persecuted individuals since 2014, who had to leave their homes to dedicate themselves to the struggle for their relatives’ freedom—working the land those relatives once worked to feed their children, sleeping on the streets during sit-ins such as the one maintained for over two years outside the Supreme Court of Justice in Mexico City, while waiting for the justices to take up the case.

The report concludes that, given the incompetence of the Mexican justice system in guaranteeing minimum conditions of safety, justice, and respect for the human rights of the persecuted community of Eloxochitlán, the case must be brought before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), and calls for precautionary measures for all persons at risk, as well as specific protective measures for indirect victims.

The preparation of this report marks an important precedent in the forms of resistance against State injustices and violations toward Indigenous peoples. The Mazatec women comrades are an example of how to confront impunity and criminalization; their struggle for freedom has been arduous and is not yet over.

As they have done in recent years, the Mazatec women for freedom again extend their invitation to the “Internationalist Faena to End Criminalization,” which will take place from December 3 to 4, 2025, in Mexico City in front of the Supreme Court of Justice of the Nation, and on December 3, 4, and 5 outside UN Women at Calzada General Mariano Escobedo 526, Anzures neighborhood, Miguel Hidalgo.

Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

November 26, 2025

We denounce with indignation, rage, and deep concern the murder of our comrade Marcos Aguilar Rojas, agrarian representative of the community of San Lorenzo de Azqueltán, as well as the gunshot wounds inflicted on his brother Gabriel Aguilar Rojas, delegate of the National Indigenous Congress.

The attack was carried out on November 26, 2025, by the assailants Esteban Aguilar Herrera, Manuel Aguilar Herrera, José Aguilar Herrera, Victor Hugo Pérez, Favio Flores Sánchez, and Abraham Pérez, all of whom are linked to the local caciques–or political bosses–and small landowners of the municipality of Villa Guerrero, Jalisco. They fled in a gray car toward either Villa Guerrero or Mezquitic.

The cowardly attack occurred on the communal land of El Caracol, a territory that the Azqueltán community has collectively defended against previous attempts at dispossession by these same individuals, who have acted under the protection of the systematic impunity granted to them by the Jalisco State Judiciary and Prosecutor’s Office. These institutions have repeatedly protected those who violate, threaten, and attack the Indigenous community, deepening the violence through their omission, silence, and complicity.

We hold the federal government responsible for denying agrarian recognition to the Indigenous community of Azqueltán; the government of the state of Jalisco for the impunity it guarantees to the criminals who have historically attacked the community; and we hold directly responsible the murderers Manuel and Esteban Aguilar Herrera and Victor Hugo Pérez, whose acts form part of a permanent strategy of dispossession and aggression against native peoples.

Today, as the National Indigenous Congress, we declare loud and clear: the violence against Azqueltán is not an isolated incident, but part of a national pattern in which power—whether governmental, economic, or criminal—attacks Indigenous communities when they defend their territory and their lives. We will not accept that the murder of our comrade goes unpunished, nor will we allow the dignity of Azqueltán to be trampled upon by the interests of local bosses, corporations, governments, or organized crime.

We demand full justice, immediate punishment for those materially and intellectually responsible, and a real guarantee of security for the community of San Lorenzo de Azqueltán.

From the rage and pain that we make our own, we embrace the community and its family.

Never again a Mexico without us!

National Indigenous Congress