Las delegaciones de Israel y de la resistencia palestina, representada por emisarios político-diplomáticos de Hamás y la Yihad Islámica, llegaron a acuerdos, ayer, 8 de octubre, en el balneario egipcio de Sharm el-Sheij, a orillas del mar Rojo, para implementar la primera fase del plan de 20 puntos propuesto la semana anterior por Donald Trump.
Si se cumplen las condiciones necesarias sobre el terreno (en la Franja de Gaza), el acuerdo permitiría la devolución de algunos rehenes israelíes y el intercambio de prisioneros palestinos. La firma del acuerdo tendrá lugar este jueves en Egipto.
La información, divulgada por Al Mayadeen citando fuentes palestinas, fue confirmada poco después por la corresponsal en la Casa Blanca de News Nation, Kellie Meyer. A su vez, luego de que el secretario de Estado, Marco Rubio, le entregara un papel durante una mesa redonda este miércoles, el presidente Trump hizo una declaración sorpresa: “Acabo de recibir una nota del secretario de Estado, diciendo que estamos muy cerca de un acuerdo en Oriente Medio y que me van a necesitar muy pronto”.
Luego, con su peculiar estilo comunicacional, publicó un mensaje en su cuenta de Truth Social: “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡Benditos los constructores de la paz!”
Tras el anuncio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reiteró su esperanza de que los rehenes regresaran a sus hogares. “Con la ayuda de Dios los traeremos a todos a casa”, expresó en X.
Por su parte, Hamás instó “al presidente Trump, a los países garantes del acuerdo y a varias partes árabes, islámicas e internacionales” a obligar a Israel a implementar plenamente el acuerdo. El movimiento subrayó que “los sacrificios de nuestro pueblo no serán en vano” y que “no abandonaremos los derechos nacionales de nuestro pueblo hasta que se logren la libertad, la independencia y la autodeterminación”.
Majed al Ansari, portavoz de la Cancillería catarí, confirmó el logro: “Los mediadores anunciaron que esta noche se llegó a un acuerdo sobre todos los términos y mecanismos para la implementación de la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza, lo que conllevará el fin de la guerra, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos, y la entrada de ayuda humanitaria. Los detalles se anunciarán más adelante”.
La primera fase de las conversaciones iniciadas el lunes 6 se centró en un alto el fuego y un intercambio de prisioneros palestinos por rehenes israelíes. A puerta cerrada y bajo estrictas medidas de seguridad, los negociadores hablaron a través de mediadores, solo unas semanas después de que el régimen sionista de Benjamín Netanyahu intentara asesinar a los principales delegados de Hamás mediante un bombardeo en Doha, Catar.
Tras reunirse con funcionarios de inteligencia egipcios para que garantizaran su seguridad, el principal negociador del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (Hamás), Khalil al-Hayya, quien sobrevivió al ataque israelí del mes pasado en Doha, participó en las conversaciones. El martes, al-Hayya había pedido “garantías” para que Israel no reanude la agresión, tras el eventual inicio de un acuerdo de paz.
En una entrevista con el canal egipcio Al Qahera TV, el líder político de HAMAS recordó que el régimen israelí no ha cumplido los acuerdos anteriores. Entre ellos, citó la ruptura unilateral del pacto firmado en enero de este año entre las partes, que permitió la liberación de un grupo de retenidos israelíes bajo custodia de la resistencia palestina. Al-Hayya remarcó entonces que Hamás estaba plenamente dispuesto a detener las acciones armadas de forma definitiva, pero dijo que Israel seguía asesinando y aniquilando e incumpliendo los compromisos adquiridos con los mediadores.
Según una fuente palestina citada por la agencia francesa AFP, el intercambio inicial de rehenes israelíes por prisioneros palestinos requerirá varios días, dependiendo de las condiciones sobre el terreno relacionadas con la retirada de las fuerzas de ocupación, el cese de los bombardeos y la suspensión de todo tipo de operaciones aéreas.
La mediación egipcia dijo el miércoles que las discusiones iniciales giraron en torno a las listas de prisioneros palestinos que serán liberados en virtud del acuerdo de intercambio. Entre los nombres mencionados por Hamas figuraban Marwan Barghouti (quien está condenado a cinco cadenas perpetuas en Israel), Ahmed Saadat, Hassan Salama y Abbas al-Sayed.
Según Hispantv, de acuerdo con el llamado “plan de paz” de Trump, Israel liberaría a más de mil 900 presos palestinos, incluidos 250 con sentencias de cadena perpetua, a cambio de los 48 cautivos israelíes, vivos y fallecidos, en un plazo de 72 horas tras el inicio del cese al fuego.
La resistencia palestina no acepta aspectos del plan neocolonial
Ante la campaña de intoxicación desinformativa de los medios hegemónicos occidentales, cabe consignar que Hamás, la Yihad Islámica y otros grupos de la resistencia palestina no han aceptado el plan neocolonial de Estados Unidos e Israel, que, en un intento por reeditar el modelo aplicado por Washington en Afganistán durante casi dos décadas, incluye al británico Tony Blair como gobernador adjunto. Asimismo, afirmaron que no entregarán las armas hasta que se establezca un Estado palestino.
Por su parte, cabe recordar que un día después de negociar el plan de “paz” con Trump en la Casa Blanca, Netanyahu afirmó que las fuerzas israelíes permanecerían en la mayor parte de Gaza. Dijo: “Recuperaremos a todos nuestros rehenes, vivos y en buen estado, mientras el ejército israelí permanecerá en la mayor parte de la Franja de Gaza”.
Pero ese no es el único punto de fricción. Netanyahu también afirmó que nunca permitirá la creación de un Estado palestino, aunque el documento de Trump incluye un apartado sobre “una vía creíble hacia la autodeterminación palestina y la creación de un Estado” si el acuerdo se cumple plenamente.
Según Netanyahu, eso “no está escrito en el acuerdo”, y afirmó que Israel “se opondría firmemente” a tal medida. Insistió en que Trump comparte esa opinión.
Respaldada por su equipo de gobierno, la postura de Netanyahu es inaceptable para los palestinos. Como expresó el líder de la Yihad Islámica Palestina, Ziad al-Najala, “Israel está tratando de imponer, a través de Estados Unidos, lo que no pudo lograr mediante la guerra”.
La táctica de Netanyahu es conocida: públicamente acepta acuerdos para presionar a Hamás e intentar obtener ventajas, mientras que en privado rechaza sus términos más fundamentales.
Buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, y adicto a la mentira y la perfidia, primer ministro israelí tiene un largo historial de respaldar negociaciones y propuestas de alto al fuego y, al mismo tiempo, emitir declaraciones contradictorias para frustrar cualquier avance.
Familiares de cautivos israelíes, grupos humanitarios e incluso algunos funcionarios del régimen sionista han acusado a Netanyahu de prolongar la guerra por beneficios políticos personales. Aunque esa táctica va más allá de Netanyahu: quien conozca al régimen de Israel sabe que no se le puede confiar. Su historia está marcada por mentiras flagrantes, acuerdos rotos y tácticas manipuladoras para beneficio propio.
La propuesta de 20 puntos de Trump no aborda las causas profundas del prolongado conflicto árabe-israelí: la ocupación territorial propia de un colonialismo de asentamiento y el régimen de apartheid necropolítico que explota y oprime al pueblo palestino.
El acuerdo preliminar, que inicialmente el jefe de la Casa Blanca planteó como un ultimátum a Hamás, so pena de enviar a los insurgentes al “infierno” en caso de no aceptarlo, esboza un orden político que equivale a una administración colonial de Gaza, con un gobierno local subordinado a un llamado “Consejo de la Paz” presidido por el propio Trump e integrado por figuras pro-guerra y controvertidas, como el citado ex primer ministro británico Tony Blair.
El consejo supervisaría la reconstrucción de Gaza, la planificación económica e incluso su transición política durante cinco años, hasta que se considere que una Autoridad Palestina reformada (sic) esté “lista” para asumir el control.
Impulsado en gran medida por el deseo de Trump de convertir Gaza en una especie de “maravilla” al estilo Dubái, el plan se asemeja a un protectorado del siglo XXI: una zona despojada de soberanía y reconstruida de acuerdo con las prioridades de potencias hegemónicas extranjeras y megamillonarios inversores privados.
Según el proyecto, la reconstrucción de Gaza estaría impulsada por lo que se denomina el Plan de Desarrollo Económico de Trump, inspirado en las relucientes ciudades modernistas del Golfo Pérsico. Una zona económica especial ofrecería aranceles preferenciales e incentivos a la inversión, mientras que un panel de expertos diseñaría un modelo de “gobernanza moderna y eficiente” destinado a atraer capital.
Aunque el plan asegura que “nadie será forzado a abandonar Gaza”, la visión públicamente reiterada de Trump para Gaza se basa en el desplazamiento forzado de su población originaria. Cuantos más palestinos sean removidos por la fuerza de sus tierras, más barato será implementar el proyecto. The Washington Post estimó que se ahorrarían 23 mil dólares por cada palestino que se traslade al exterior. Esto equivale a medio millón de dólares en ahorros por cada uno por ciento de la población de Gaza que se reubique.
Lavrov, sobre Gaza: el plan de Trump es ‘lo mejor que hay sobre la mesa’
En ese sentido, este miércoles, tras describir la crisis humanitaria en la Franja de Gaza como catastrófica, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, dijo que mientras se escuchan “ideas exóticas” como la reubicación de los residentes palestinos en el exterior o la creación de un balneario recreativo en el enclave, los países árabes “se manifestaron categóricamente en contra de eso”.
Mencionó, en particular, a Egipto y Jordania, los vecinos más cercanos de Palestina, en donde, dijo, “nuestros colegas estadounidenses querían reubicar a la mayoría de los residentes gazatíes”. “Ante ese rechazo, (los israelíes) se pusieron a buscar destinos para la reubicación en otras partes del mundo: Se mencionaba Somalilandia, Indonesia, Sudán del Sur, pero me parece que ahora todos entendieron que esto sería una catástrofe no sólo para los palestinos, en el sentido humanitario, sino una catástrofe para la autoridad de la ONU, que proclamó el Estado palestino junto al Estado de Israel ya en 1947”.
Lavrov señaló que, asumiendo toda la complejidad que supone la tarea de poner fin a las hostilidades, en opinión del gobierno de Rusia, el plan propuesto por el presidente Donald Trump, es, a su vez, “un paso positivo”.
“Teniendo en cuenta la necesidad de detener el derramamiento de sangre, salvar las vidas de las personas, reconstruir la Franja de Gaza y la ciudad de Gaza o lo que queda de ello, Trump propuso sus 20 puntos en los que figura la palabra ‘Estado’, aunque todo está formulado en términos bastante generales”, indicó el canciller ruso.
“Sin embargo, somos realistas. Entendemos que esto es probablemente lo mejor que hay sobre la mesa. Al menos lo mejor desde el punto de vista de ser aceptable para los árabes y no ser rechazado por Israel”, reconoció el jefe de la diplomacia moscovita, quien concluyó que “lo más importante, por supuesto, es que sea aceptable para los palestinos”.
“Sin duda, es muy importante cesar todas las acciones militares, y el hecho de que Hamás haga hincapié en las garantías de no repetición de los ataques y de no reanudación de las operaciones militares en la Franja de Gaza -y sobre todo en la ciudad de Gaza- refleja que sacan conclusiones de la experiencia previa a la situación actual”, expresó Lavrov.
“Les deseamos éxito. Si podemos ayudarlos en algo, por supuesto que lo haremos. El presidente Putin dijo muy claramente en el foro de Valdái que obviamente quisiéramos ayudar a crear el Estado palestino, pero hay que empezar con algo”.
¿Se acerca el colapso de Netanyahu?
Al cierre de esta edición de Mate Amargo, medios israelíes señalaron que el ejército de ocupación habían completado la mayor parte de los preparativos para recibir a los rehenes en poder de Hamás, tanto vivos como muertos, en el campamento de Reim, en el sur del país. Los trabajos habían incluido la organización de las instalaciones, del equipo personal, la infraestructura de higiene, la actualización de las órdenes y procedimientos y la preparación de los trabajadores para el proceso de recepción.
Por otra parte, un despacho de Hispantv dio cuenta, ayer, que líderes de la oposición de Israel coordinan esfuerzos para destituir al primer ministro Netanyahu en una próxima sesión parlamentaria. Según el medio árabe, los seis principales líderes del autodenominado “bloque del cambio”, anunciaron haber alcanzado un acuerdo para derribar el gabinete de Benjamín Netanyahu, a quien consideran el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Gaza.
A su vez, el sitio hebreo Ynet detalló que la cita analizó la coordinación de pasos para desalojar al gobierno en la próxima sesión parlamentaria del invierno. En el encuentro estuvieron presentes figuras clave como Yair Lapid, Avigdor Lieberman, Benny Gantz y Naftali Bennett. Los seis líderes acordaron consolidar sus relaciones y apoyar el plan del presidente Donald Trump, y coordinar acciones concretas orientadas a la caída del Ejecutivo actual.
En este sentido, el jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, confirmó que la reunión buscaba armonizar los esfuerzos para lograr el derribamiento del gabinete de Netanyahu.
Líderes de la oposición israelí han advertido reiteradamente que las políticas de Netanyahu en Gaza y su gestión de los recursos financieros están acelerando una crisis política sin precedentes. Figuras como Yair Lapid y Benny Gantz han señalado que la combinación del manejo bélico y las dificultades económicas podría precipitar el colapso del actual gobierno, en medio de lo que califican como “una horrible crisis de seguridad, política y económica” que afecta al régimen.
En la imagen, Khalil al-Hayya, líder de Hamás y jefe de la delegación negociadora palestina, revisa los mapas que detallan la retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza con Mohammed al-Hindi, subjefe de la Jihad Isámica y Jamir Mezher de las PFLP durante las pláticas de paz con Israel. Foto de prensa de Hamás.
(*) Carlos Fazio, escritor, periodista y académico uruguayo residente en México. Doctor Honoris Causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autor de diversos libros y publicaciones.
Fuente: Avispa Midia Por Santiago Navarro F En portada: Ejercicios en el Curso Combinado de Orientación en la Selva entre Estados Unidos y Panamá en territorio panameño, en la Base Cristóbal Colón.
Mientras se avivan los vientos de intervencionismo de los Estados Unidos (EEUU) frente a México y Venezuela, solo durante el mes de agosto, el Comando Sur realiza al menos tres ejercicios militares en diversos países de Latinoamérica. Estas acciones buscan afianzar su estrategia con la cual afirman van a contrarrestar lo que denominan como Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT, por sus siglas en inglés) o Redes Ilícitas Transregionales y Transnacionales (T3Ns, por sus siglas en inglés).
Desde el pasado 7 de agosto, la administración de Donald Trump, endureció su postura frente al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, equiparándolo como presunto líder del llamado “Cártel de los Soles”. Ante ello, el Departamento de Estado de EEUU, bajo el liderazgo del secretario Marco Rubio, anunció una oferta de recompensa de hasta 50 millones de dólares a quien brinde información que conduzca al arresto del mandatario de Venezuela.
La oferta de recompensa, autorizada por el secretario en virtud del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP, en inglés), se dio justo dos semanas atrás cuando el Departamento del Tesoro había designado al “Cártel de los Soles” como “Terroristas Globales Especialmente Designados” (SDGT), un estatus que permite congelar los activos del grupo en jurisdicción estadounidense y criminaliza cualquier transacción con él.
Es así que la situación ha escalado a una crisis tensa entre Estados Unidos y Venezuela, ya que Trump ordenó el despliegue de tropas militares estadounidenses hacia el Caribe, en las proximidades de las costas venezolanas.
Según información confirmada por funcionarios de Defensa, el despliegue ordenado por el presidente Donald Trump incluye: el Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG), compuesto por los buques de desembarco anfibio USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio. También 4 mil infantes de Marina de la 22.ª Unidad Expedicionaria.
Hace unos días la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés), Kristin Noem, viajó a Guatemala para firmar un memorandum de entendimiento con el gobierno de Guatemala, que acuerda el lanzamiento del Programa Conjunto de Seguridad, el cual permitirá interceptar a personas vinculadas a las denominadas redes transforterizas del crimen organizado o con vínculos terroristas, en puertos y aeropuertos de este país.
A pesar de que Noem sostuvo que el acuerdo fue en torno a que Guatemala sería considerado el “tercer país seguro”, contrario a ello, el Ministerio de Gobernación del país centroamericano, Francisco Jiménez, negó que se hay asumido dicho compromiso. Mientras que el documento puntualiza que el objetivo es establecer el Programa de Seguridad Conjunta (JSP, por sus siglas en inglés), mediante el cual se pretende ampliar la participación bilateral en cuestiones de control de seguridad fronteriza.
Los agentes de los Estados Unidos (EEUU) tendrán la posibilidad de participar presencialmente y actuar directamente en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en ciudad de Guatemala. Así mismo, se espera que los oficiales que participen en este programa, incluyendo los guatemaltecos, trabajen bajo la dirección y coordinación del jefe de Misión de los Estados Unidos en la República de Guatemala, y bajo la supervisión operativa de la división del Programa de Asesoría de Inmigración (IAP, por sus siglas eninglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y en coordinación con la Dirección General de la Policia Nacional Civil guatemalteca.
Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.
Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.
Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.
En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).
La Alianza Pueblo Unido por la Vida llama a una huelga general.
El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.
Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.
Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.
“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.
Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.
¿Acuerdo o intervención?
El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.
“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.
Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre EEUU y Panamá.
A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.
La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.
Reactivación minera
A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.
Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.
Vista general de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, en el país centroamericano.
El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.
“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.
Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.
Un reciente informe presentado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos revela el impactante flujo ilegal de armas de fuego, sobre todo, hacia México. Entre 2017 y 2021, la ATF rastreó más de 129 mil armas en más de 70 países; el 74% de ellas fueron internadas a territorio mexicano.
En el año 2023 la administración del presidente estadounidense Joe Biden llegó a un acuerdo con México para combatir el tráfico de armas de fuego a través de la cooperación bilateral. Tras este compromiso se aprobó la asignación de recursos para la llamada “Operación Southbound”, mediante la cual se implementó el uso del software denominado eTrace, que permite rastrear información relacionada con todo tipo de delitos cometidos en los Estados Unidos con armas de fuego, pero también en diversos países con quienes han implementado este trabajo conjunto.
A través del sistema eTrace, la ATF ha podido rastrear armas recuperadas en delitos y de la misma forma ha localizado a los compradores. Es así como México se destacó como el país con el mayor volumen de armas de fuego recuperadas, representando el 74% de los rastreos internacionales, con un total de 33 mil 088 armas proveniente de los Estados Unidos. De ellas, solo el 2% se comercializaron de forma legal.
El fiscal general de la ATF, Merrick B. Garland, declaró que “el uso ampliado del rastreo de armas de fuego y de la Red Nacional Integrada de Información Balística de la ATF ha proporcionado más pistas de investigación que nunca sobre delitos violentos con armas de fuego, ha mejorado la inteligencia estratégica sobre bandas violentas y ha mejorado la detención y el procesamiento de delincuentes violentos”.
De acuerdo con el informe de esta institución, el 43% de las armas rastreadas provienen del estado de Texas, sumando un total de 14 mil 216 de ellas. De ahí le sigue Arizona, California, Nuevo México y Florida. Estos cinco estados en su conjunto representaron el 79% del total de las armas recuperadas en México. El tráfico de armas desde estos estados hacia México está vinculado principalmente a los cárteles y grupos delictivos que operan en la región.
Lo que llama la atención es que, según el informe, la mayoría de las armas recuperadas fueron robadas o perdidas en incidentes relacionados con el Instituto FFL (Licencias Federales de Armas de Fuego) de Estados Unidos.
Tipos de Armas
De acuerdo con el documento de la ATF, las armas más comunes que fueron rastreadas fueron las cortas, representando el 61% del total. Como segundo lugar están las armas largas, ocupando el 26% de los rifles rastreados. En el resto figuran revolver y escopetas.
La ATF solo logró rastrear el 27% de las armas recuperadas hasta su comprador en EEUU. Esta instancia señala que entre las barreras para rastrear a sus compradores está la fabricación de armas fuera de territorio estadounidense, la falta de registros y las exportaciones a distribuidores extranjeros.
Doble mercado
De acuerdo con los datos abiertos del gobierno de México, Estados Unidos es su principal proveedor de armas y equipamiento militar. Solo en 2023 las compras que hizo el gobierno mexicano con el país vecino llegaron a la cantidad 35.5 millones de dólares. Así la industria armamentista estadounidense se beneficia de las ventas legales e ilegales.
Aunque la venta ilegal de armas beneficia principalmente a los grupos del crimen organizado en México, también las empresas armamentistas de EEUU se benefician, pero no se menciona en los informes. “Esto ha dado lugar a la proliferación de esquemas de tráfico ilegal de armas de fuego con sede en Estados Unidos perpetrados por comerciantes ilícitos de armas de fuego, individuos y otros grupos criminales que capitalizan la demanda siempre presente”, dijo el agente especial adjunto de la ATF, Robert Topper.
A unos días de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, organizaciones de la sociedad civil tanto de México como de Estados Unidos coinciden en la preocupación por la implementación de políticas centradas en seguridad, contención y militarización, que obstaculizan y violan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.
Desde la campaña presidencial, Trump amenazó con cerrar sus fronteras, incrementar la detención de personas en situación migratoria irregular, aumentar exponencialmente las deportaciones, reducir las vías de migración regular, permisos de residencia y programas de estatus temporal en Estados Unidos.
A la par de la llegada de 2025, las diferentes organizaciones de EEUU comenzaron a documentar operativos del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en lugares con comunidad migrante, previo a la toma de posesión de Trump el próximo 20 de enero.
Rapid Response Network of Kern ha prevenido a la población migrante sobre las acciones de la patrulla fronteriza, la importancia de la documentación, el reporte de los arrestos y da información del derecho de cada migrante a mantener silencio y no permitir que se le esculque su propiedad o vehículo.
La organización Uspark Valley está otorgando de forma gratuita la ‘tarjeta roja’, un recurso que ayuda a la persona a entender los derechos. Además, documenta las protestas que realiza la comunidad migrante a partir de las redadas del ICE en Bakersfield.
Del lado mexicano, encargados de albergues en Sonora y Baja California dijeron a Avispa Mídia que se percibe una tensa calma en la frontera y no ven la coordinación que las dependencias gubernamentales en México dicen tener para atender de forma real e integral a la población deportada.
“México tiene la responsabilidad de buscar estrategias para hacer el menor de los daños no solo a los migrantes, sino a economía del país y tiene la responsabilidad de poner reglas y acuerdos del número de personas que aceptará en las deportaciones, se realicen o no”, considera Irineo Mujica Arzate de Pueblos sin frontera.
Sólo de ascendencia mexicana, unas 5.1 millones de personas viven en situación irregular en los Estados Unidos, y el número incrementa si se consideran a la población de América Central y del Sur que también están en riesgo.
Aún con este escenario, el gobierno de México no ha contactado a los albergues activos de los seis estados de la frontera, que por años han sobrevivido y experimentado las crisis migratorias, para coordinar la atención en caso de deportaciones.
Mujica observa que, hasta ahora, las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, han sido como cortinas de humo, porque como gobierno nunca ha atendido a la población migrante. “La cuarta transformación ni siquiera colabora con los albergues activos”.
“Se prevé un desastre humanitario”, insiste Mujica que también prevé una crisis en la economía. “Lo hemos visto en las caravanas o en la situación masiva de los haitianos. Nunca el Estado ha ayudado en una crisis y la cuarta transformación siempre busca la forma de tapar o de callar. El gobierno de Morena nunca se ha preocupado de que Chiapas sea la cárcel de Estados Unidos y es el mejor ejemplo de que el Estado mexicano jamás responde a las necesidades, ¿por qué sería diferente en la frontera norte? México no tiene un plan”, sostiene.
Mujica considera que la presidenta está más preocupada en que no se reconozca como terroristas a los cárteles mexicanos que por el impacto que tendrán las deportaciones masivas.
“México tiene una responsabilidad muy grande, no debería permitir que otro país le haga tanto daño, debería condicionar la ayuda y coordinarse con la sociedad civil”, enfatiza Mujica.
Preocupación internacional
El 14 de enero, cerca de 300 figuras de la sociedad civil y defensoras de los derechos humanos dirigieron una carta a la presidenta de México para expresar la preocupación ante las medidas que obstaculizan los derechos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional.
El texto hace hincapié en que se generaría un escenario sumamente perjudicial tanto para las personas en movilidad humana en México como para aquellas de ascendencia mexicana que residen en Estados Unidos, si no se implementan acciones concretas en el corto y mediano plazo.
Plantean que, ante un escenario de deportación y detención masiva, aumento en operativo y eliminación de programas de regularización, es necesario fortalecer y expandir la protección consular a población de ascendencia mexicana en Estados Unidos, especialmente en programas de representación jurídica. Aunado a ello, diseñar e implementar una política binacional de retorno seguro y digno.
En cuanto al posible aumento de la separación familiar, señalan la importancia de garantizar el cumplimiento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, especialmente en lo relacionado con el derecho a la unidad familiar de la niñez y adolescencia migrante.
En la pasada administración de Trump, más de 5,000 niñas, niños y adolescentes fueron separados de sus familias, y más de 1,400 aún no se han reunificado. Por ello, las organizaciones advirtieron sobre los acuerdos bilaterales que violen el derecho internacional de las personas refugiadas y los derechos humanos.
Pidieron a México que evite colaborar con la nueva administración de Estados Unidos en la implementación de expulsiones expeditas hacia zonas fronterizas, pues bajo el llamado Título 42, en tres años se registraron más de 2 millones de expulsiones, el 90% hacia México sin el debido proceso.
Ahora bien, la posible cancelación de CBP One, aplicación móvil que procesa citas para presentarse en los ocho puertos autorizados para la entrada hacia Estados Unidos, consideran sería un retroceso, pues cada mes, alrededor de 45,000 personas utilizan esta aplicación para ingresar, y una eliminación repentina las dejaría sin acceso a la protección que necesitan.
Para los defensores es indispensable que se emita documentación migratoria según el artículo 52 de la Ley de Migración en México. De acuerdo a cifras oficiales, desde diciembre de 2022, el Instituto Nacional de Migración (INM) dejó de entregar de forma consistente la Forma Migratoria Múltiple a personas en tránsito y que, desde octubre de 2023, ha negado la documentación a solicitantes de asilo y refugiadas, a pesar de ser su derecho.
A la par, es urgente implementar una política de persecución y sanción de delitos cometidos por particulares, crimen organizado o servidores públicos contra la población migrante que hasta ahora no tiene acceso a la justicia.
De manera reciente, Sheinbaum ha señalado que el gobierno de México está preparado para las deportaciones masivas y que se coordina con las secretarías de Estado y con los gobernadores de las fronteras para que los mexicanos deportados tengan una buena recepción.
Ha dicho que si es necesario los trasladarán hasta sus entidades y les proporcionarán programas sociales, bolsas de trabajo y teléfonos para que puedan comunicarse con sus familias.
Estados Unidos deportó a más de 270,000 a 192 países en el periodo de octubre de 2023 a septiembre de 2024, en el gobierno de Joe Biden. De acuerdo al último informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), se trata de la cifra más alta de deportaciones desde 2014, cuando se portaron a 315,943 personas.
Por otro lado, en el sur de México, desde octubre de 2024, al menos diez éxodos, integrados principalmente por originarios de Venezuela, han partido de Tapachula, Chiapas, para intentar entregarse a las autoridades estadounidenses en los próximos días.
Para la sociedad civil y los propios migrantes, Chiapas es considerado una cárcel de Estados Unidos, pues la entidad al sur de México es el Estado con mayor número de personas contenidas, es decir, obligadas a esperar una respuesta de la CBP One.
El pasado 27 de noviembre la revista digital Rolling Stone publicó un reportaje controversial que llamó la atención de diversos analistas en México y Estados Unidos, relacionada con una posible intervención militar estadounidense a territorio mexicano para contrarrestar a los cárteles de las drogas. La revista de espectáculos que, aunque no cita la fuente, señala que un destacado miembro del presidente electo, Donald Trump, cuestiona “¿hasta qué punto deberíamos invadir México?”.
De acuerdo con Rolling Stone, el equipo de transición de Trump está discutiendo abiertamente la viabilidad de atacar a los cárteles mediante operaciones militares, incluso, otra vía que debaten, es lo que llaman una “invasión suave” de México donde grupos de élite podrían ingresar al territorio mexicano de forma encubierta, cuyo objetivo, afirma la revista es “asesinar a los líderes de los cárteles”.
Esta descabellada idea, promesa de campaña de Trump, no está fuera de la realidad, ya que la doctrina militar de los Estados Unidos viene implementando diversas estrategias para ingresar, intervenir e invadir diversos países. Desde el año 2017, en el primer mandato de Trump, a través del Comando Sur, dirigido en ese momento por el Almirante Kurt Walter Tidd, se actualizaron diversas incitativas militares a nivel Latinoamérica, para ser ejecutadas hasta el año 2027, llamada Estrategia del Teatro 2017-2027.
El Comando Sur (USSOUTHCOM, por sus siglas en inglés) es uno de los 11 comandos militares unificados pertenecientes a Estados Unidos, con influencia en Centro y Sudamérica, incluyendo el Caribe.
Santiago de Chile, los aires del gobierno de Daniel Boric, quien asumió el poder en 2022, parecen de conciliación. Este jueves (29), la general Laura Richarson del Comando Sur y el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos (EEUU), Charles Q. Brown, se reunieron con líderes de defensa del cono sur para discutir desafíos de seguridad y la cooperación en el marco de la Conferencia de Defensa Sudamericana 2024 (SOUTHDEC 24). Además, también posaron para la foto junto a Maya Fernández Allende, la nieta del ex presidente Salvador Allende, quien fue derrocado mediante un golpe de Estado en complicidad con el país norteamericano.
Este evento, donde se congregaron líderes de defensa de 10 naciones, fue realizado entre 27 y 29 de agosto en Chile, patrocinado por el Comando Sur (SOUTHCOM), centrado, principalmente, en cómo “las nuevas tecnologías pueden fortalecer la defensa y la soberanía hemisférica en un contexto de crecientes desafíos globales”, anunciaron los mandos de las fuerzas armadas de EEUU.
El Comando Sur es uno de los seis comandos unificados de EEUU, responsable de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, América Central y América del Sur.
Esta fue la primera visita de Brown en Chile y la cuarta de Richardson. En esta ocasión se reunieron con la Ministra de Defensa chilena, Maya Fernández Allende, la nieta del ex presidente Salvador Allende, el mismo que fue derrocado por las Fuerzas Armadas lideradas por Augusto Pinochet, quien recibió apoyo de Estados Unidos.
Desde antes del golpe, EEUU ya venía interviniendo en la vida política del país al saber que Allende sería ganador en las elecciones presidenciales, con tácticas propagandísticas y campañas de acción política, incluso, “la CIA [Agencia Central de Inteligencia] se centró en provocar un golpe militar”, puntualiza el Informe sobre las actividades de la Task Force chilena de la CIA, del 15 de septiembre a 3 de noviembre de 1970, un documento desclasificado.
Es así que, según el memorándum preparado por la CIA, en Washington, el 18 de noviembre de 1970, se da la orden para que “la CIA tratara de impedir el ascenso del marxista Salvador Allende” el 15 de septiembre de 1970.
En la actualidad es bien conocida la participación de EEUU en el golpe militar de Chile, a través del llamado «Proyecto FUBELT», “nombre clave de las operaciones encubiertas para promover un golpe militar y socavar el gobierno de Allende”, rezan los documentos desclasificados.
El gobierno del general Augusto Pinochet, quien dirigió el golpe, duró al menos 17 años con un saldo de más de 3 mil personas desaparecidas o asesinadas y más de 38 mil presos políticos, a quienes emplearon técnicas de tortura.
Hoy, ese contexto histórico parece que se ha esfumado. Desde el año 2023 un grupo de congresistas estadounidenses presentó una resolución en la que se disculpa por su participación en en el golpe de Estado y pidió que más documentos fueran desclasificados. Esto se dio en la víspera de la participación de Boric en la 78ª edición de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, en septiembre de 2023.
“Amistad”
Es así que con el evento SOUTHDEC 24, ambos gobiernos mandan el mensaje de conciliación y amistad. Por otro lado, la comandante del Southcom, Richardson, destacó el impacto negativo de los “gobiernos autoritarios” y las organizaciones criminales transnacionales en la región, haciendo referencia a Venezuela. “Los gobiernos autoritarios y comunistas están socavando la democracia y alimentando la inestabilidad”, por ello llamó a fortalecer la cooperación en defensa.
Además, la general Richardson arremetió contra el gobierno de Nicolás Maduro resaltando que “la democracia y sus valores fundamentales permanecen bajo ataque globalmente, y no tenemos que mirar más allá de Venezuela, donde Nicolás Maduro sigue socavando la voluntad democrática del pueblo venezolano”.
Richardson hizo énfasis en la necesidad de implementar lo que ella denomina como una Imagen Operativa Espacial Común y el Conocimiento del Dominio Mejorado, iniciativas diseñadas para mejorar la sincronización y la capacidad de respuesta en el entorno espacial integrado a la inteligencia artificial. Ampliando el teatro de operaciones hacia el espacio, como un nuevo dominio de poder, con implicaciones profundas para la dinámica global.
En el SOUTHDEC 2024 también fueron temas de discusión el cambio climático, el tráfico de drogas y la migración irregular, considerados como “amenazas para la seguridad”. La conferencia subrayó la importancia de una respuesta conjunta para “fortalecer la resiliencia económica y la estabilidad democrática en América del Sur”.
Además de Chile, hubo la participación de delegaciones de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam. También participaron como observadores representantes de Canadá, Francia y el Reino Unido.
También participó las guardias nacionales de Connecticut, Florida, Georgia, Kentucky, Nueva York, Carolina del Sur y Texas. Así como la Junta Interamericana de Defensa, el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en materia de Seguridad (WHINSEC), el Centro William J. Perry y el Colegio Interamericano de Defensa y el Mando Espacial de los Estados Unidos.
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En un acto de solidaridad con el pueblo palestino y en protesta contra lo que califican como complicidad institucional con Israel, manifestantes se congregaron este jueves (25) por la mañana en el campus de la Universidad Emory en Atlanta. El césped de este campus se pintó de colores de las centenas de tiendas de campaña y pancartas.
La protesta tuvo como blanco principal el Centro de Formación de Seguridad Pública de Atlanta, por la construcción de una enorme instalación conocida como Cop City, uno de los mayores centros de entrenamiento policial militarizado del país que tiene proyectado más de 90 millones de dólares de inversión. De acuerdo con la propuesta de este proyecto, el 43% de la formación en Cop City será para agentes de fuera de Atlanta, incluida la formación militar con agentes de las Fuerzas de Defensa Israelíes.
Los estudiantes de Atlanta exigen el cese a este financiamiento ya que consideran que es un apoyo a lo que llaman como “apartheid israelí”.
Tras haber estallado la protesta estudiantil en este campus, la policía antidisturbios intervino utilizando pistolas taser y gas lacrimógeno para disolver el campamento. Los manifestantes acusan a las autoridades de la Universidad de Emory de ser cómplices de la represión a estudiantes y empleados que se han manifestado en apoyo de pueblo palestino, además remarcaron que esta institución también apoya el genocidio en Palestina.
Los estudiantes comenzaron a circular en redes sociales las imágenes de la brutal represión implementada en la Universidad de Emory. Una de ellas muestra la acción violenta de la policía hacia un estudiante indefenso y totalmente inmovilizado, mientras que los agentes de seguridad realizan descargas eléctricas por medio de una pistola taser.
Momentos después de esta represión en Emory, en distintas universidades de los Estados Unidos activaron nuevas protestas en solidaridad con los detenidos y en solidaridad con Palestina. También se realizaron numerosas detenciones en varios campus universitarios sumando, hasta el cierre de este reportaje, 93 personas detenidas de la Universidad del Sur de California y 34 en la Universidad de Texas en Austin.
La organización civil Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ha condenado la respuesta policial, afirmando que no solo está “reprimiendo las protestas pacificas”, sino que, también, “a la prensa”.
A pesar de esta represión policiaca, las protestas continúan sumándose en distintas ciudades con más campamentos, como los estudiantes de la Universidad de California en Los Ángeles, quienes también montaron lo que llaman un “Campamento de Solidaridad con Gaza”.
Esta ola de protestas se origina en la Universidad de Columbia en Nueva York, quienes comenzaron con las primeras acciones a mediados de abril, instalando el 1er campamento en contra del genocidio en Palestina.
Más de 100 estudiantes de Columbia fueron detenidos y suspendidos de la institución, exigían que se cortara relaciones con compañías vinculadas a Israel, en consonancia con la iniciativa que habían lanzado, denominada ‘Boicot, Desinversiones y Sanciones’ (BDS), que busca presionar económicamente a Israel para que se retire de los territorios palestinos.
Las acciones siguen en pie en universidades como Texas, Brown, Princeton, Ohio State, Las Vegas, North Carolina Chapel Hill, Yale, donde incluso hubo una huelga de hambre de ocho días.
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El pasado mes de marzo, la general del Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom, por sus siglas en inglés), Laura J. Richardson, declaró ante el 118º Congreso Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de este país que, entre sus diversas preocupaciones, figura el aumento de las inversiones de China en la región latinoamericana. Por ello, buscan endurecer su estrategia para tener mayor presencia, por ejemplo, en los ejercicios militares conjuntos.
No es para menos ya que, según Richardson, el aumento del comercio de la República Popular China (RPC) en América Latina y el Caribe ha tenido una expansión inédita. En 2002, experimentó un crecimiento exponencial pasando de 18 millones de dólares a 450 mil millones. Además, las proyecciones de la comandante es que alcancen “los 700 mil millones en 2035”.
Desde que China lanzó, en 2013, la Iniciativa Cinturón y Ruta (BRI) ha expandido rápidamente su conectividad global a través de un flujo comercial de importaciones y exportaciones, así como su red de telecomunicaciones y tecnología.
Según el alto mando del Southcom, este aumento del mercado asiático en su área de influencia, considerado en términos militares como teatro de operaciones, representa una oportunidad para China ya que, le permite “expandir su influencia económica y política en la región, lo que ha llevado a Estados Unidos a reafirmar su compromiso de ser el socio más confiable en términos de defensa y de seguridad” en los países de América Latina y el Caribe.
De acuerdo con las declaraciones de Richardson, las preocupantes inversiones de China incluyen infraestructura estratégica, como puertos en aguas profundas, instalaciones cibernéticas e instalaciones espaciales. Por ejemplo, “en Panamá, las empresas de China siguen licitando proyectos relacionados con el Canal de Panamá, un punto de estrangulamiento estratégico mundial”, señala la militar.
Otro ejemplo, en Argentina, dice Richardson, “otra empresa estatal de China está tratando de obtener los derechos para construir instalaciones marítimas de doble uso, que apoyarían el mantenimiento y la proyección de poder en las proximidades del Estrecho de Magallanes, el Pasaje de Drake y la Antártida”.
Por tanto, en aras de fortalecer relaciones con los países socios, en días pasados Richardson viajó a Buenos Aires, “para fomentar el diálogo y la cooperación con el nuevo gobierno y los líderes de defensa del país”, anunció el pasado 3 de abril la embajada estadounidense establecida en Argentina.
La delegación del Comando Sur a este país sudamericano sostuvo que “la agenda de Richardson en Buenos Aires incluye reuniones con el ministro de Defensa, Luis Petri, y el General de Brigada Xavier Isaac, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, entre otros líderes del gobierno argentino. Estas conversaciones abordarán el refuerzo de la colaboración militar de larga data entre nuestras naciones, destinada a reforzar la seguridad regional y promover intereses compartidos.”
Al final del viaje, Richardson entregó un avión de transporte Hércules C-130H a la Fuerza Aérea Argentina, valuado en aproximadamente 30 millones de dólares como parte de una donación de asistencia de seguridad financiada por Estados Unidos.
Los fondos de defensa de Estados Unidos para la cooperación en seguridad con Argentina superan los 625 millones de dólares este año fiscal, centrados en áreas clave como el desarrollo de capacidades y la ciberdefensa.
Antes de este viaje, la comandante del Comando Sur, junto a una delegación estadounidense encabezada por el Asesor Presidencial Especial para las Américas Christopher Dodd, visitó Ecuador del 22 al 25 de enero. Durante la visita, detalló la embajada, “se llevaron a cabo reuniones con el presidente Daniel Noboa y otros altos líderes ecuatorianos, centrándose en fortalecer la cooperación y la asistencia estadounidenses para combatir organizaciones delictivas transnacionales”.
Además, Richardson se reunió con representantes del sistema judicial, así como con representantes de la sociedad civil. Este fue el segundo viaje del Comando Sur a este país. Tiempo después, el 5 de abril se violó la soberanía de México, cuando militares ecuatorianos tomaron por asalto sus embajadas en este país. Más de una decena de mandatarios expresaron su solidaridad con el gobierno mexicano. EEUU se mantuvo en silencio.
El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, expresó que, “el asalto a nuestra embajada, eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la corte de justicia internacional ¡A México se le respeta!”
EEUU financia a Ecuador con los fondos destinados a la cooperación en materia de seguridad proporcionados por el Congreso estadounidense, una inversión considerada fundamental para suministrar equipos y capacidades militares “Ejemplos clave de ello son los contratos adjudicados a Ecuador y Perú para la adquisición de aviones de patrulla marítima King Air. Estas aeronaves mejorarán significativamente la capacidad de Conocimiento del Dominio Marítimo”, puntualizó Richardson previo al asalto a la embajada mexicana.
Relaciones frágiles
A pesar de que EEUU endurece su estrategia para retomar y fortalecer sus alianzas en el continente americano, de los 31 países que comprenden el área de influencia del Comando Sur, 22 de ellos ya son ahora signatarios de la iniciativa BRI de China. “La República Popular China ha superado a Estados Unidos como primer socio comercial de Sudamérica y es el segundo socio comercial de Centroamérica”, detalló Richardson ante el Comité de Servicios Armados.
Desde que EEUU lanzó su Estrategia de Seguridad Nacional 2022, ha enfatizado la importancia de ampliar alianzas para contrarrestar la creciente presencia de China. Para ello, ha adoptado una estrategia de “disuasión integrada”, que significa aprovechar todos los instrumentos del poder nacional que van desde el uso de la diplomacia, intercambio de información, ejercicios militares y proyectos económicos. “Hacerlo de forma concertada con los aliados, los socios, las organizaciones no gubernamentales, el mundo académico y el sector privado; es lo que yo llamo democracia en equipo”, enfatiza el alto mando del Comando Sur.
Uno de los principales desafíos de esta estrategia es intentar contener las inversiones de China en infraestructura, ya que “estas inversiones, aunque presentadas como pacíficas, en realidad sirven como puntos de acceso para el Ejército Popular de Liberación [ de China] y puntos de estrangulamiento naval estratégicos” para EEUU, según Richardson.
Otra de las preocupaciones del Comando Sur es el avance de China en el espacio digital y le preocupa especialmente la instalación de redes de telecomunicaciones 5G de empresas como Huawei, porque, según las fuerzas armadas de EEUU, “podrían contener puertas traseras que permitan el acceso del gobierno chino a información sensible y la capacidad de atacar redes de comunicaciones y servicios públicos”.
Para contrarrestar estas amenazas, Estados Unidos ha intensificado su estrategia de cooperación en materia de seguridad con países de la región, proporcionando capacitación, equipamiento y ejercicios conjuntos. “Los Programas de Desarrollo de Capacidades de los países socios son la principal palanca para el compromiso de los aliados y proporcionan oportunidades significativas para fortalecer las asociaciones y desarrollar las capacidades militares”, ha puntualizado Richardson.
La comandante del Comando Sur detalló que solo en este año 2024, tienen planificado más de mil actividades con sus aliados regionales. “Agradecemos el apoyo del Congreso a este programa y seguiremos maximizando todos los recursos para desarrollar la capacidad de nuestros socios voluntarios”.
Entre estas actividades militares figura la participación de más de 13 mil 500 militares de 36 naciones en diversos ejercicios conjuntos.
