Comunicado del MODEVITE
12 años caminando con un solo corazón por la defensa de la vida y el territorio

San Juan Cancuc, Chiapas, 25 de noviembre de 2025

A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los Pueblos Indígenas en resistencia por la vida y la Madre Tierra
A las organizaciones y centros de derechos humanos
A las autoridades municipales, estatales y federales
Al pueblo de México y del mundo:
 
Nosotras y nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, pueblos y comunidades tseltales, tsotsiles y mestizos que caminamos juntos en el Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (MODEVITE), nos hemos reunido hoy en San Juan Cancuc, tierra de memoria y dignidad, para celebrar 12 años de lucha, organización y resistencia frente a los proyectos de despojo y muerte que amenazan nuestra existencia como pueblos originarios.

Este aniversario lo celebramos con el corazón puesto en nuestra historia larga: somos herederos de la rebeldía de Juan López, quien hace más de tres siglos se levantó contra la colonización. Al orar en la cueva de este defensor tseltal, afirmamos que su lucha sigue viva. La invasión no ha terminado: continúa bajo nuevas formas de colonialismo extractivista, militarización y megaproyectos que buscan arrebatarnos el territorio, romper el tejido comunitario e imponer un modelo de “desarrollo” que destruye la vida.

Desde 2013 hemos levantado la voz contra la mal llamada “Carretera de las Culturas”, un proyecto que no respeta nuestros territorios, ni nuestra espiritualidad, ni nuestras formas de vida. Esta autopista, anunciada por los gobiernos como progreso, se inscribe en la misma lógica del Plan Puebla Panamá, después llamado Plan Mesoamericano, cuyo verdadero objetivo ha sido abrir paso a la acumulación económica del gran capital en detrimento del lekil kuxlejal —el buen vivir— de nuestros pueblos.

Reafirmamos nuestro rechazo total a este megaproyecto, que pretende dividir nuestras comunidades, destruir montañas ríos y manantiales, facilitar el avance del crimen organizado y profundizar la venta de la tierra, el alcoholismo, la drogadicción y la migración forzada de nuestras juventudes.

Al mismo tiempo denunciamos:

• Las amenazas, hostigamientos y divisiones promovidas por autoridades municipales, estatales y federales para debilitar nuestra organización comunitaria.
• La criminalización y violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos y del territorio.
• El uso de programas oficiales y consultas manipuladas para legitimar el despojo.
• La concesión de pozos petroleros en Benemérito, que destruye ecosistemas y pone en riesgo la salud y la vida de las comunidades ribereñas.
• El avance del narcopoder y los grupos armados, que generan miedo, desplazamiento y control territorial.
• Las desigualdades y violencias que viven las mujeres indígenas, que hoy recordamos especialmente en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Por otra parte: celebramos con alegría la liberación de los compañeros de San Juan Cancuc, encarcelados injustamente. Pero afirmamos con claridad: la justicia no se agota con su libertad; exigimos reparación, garantías y el fin de la criminalización a los pueblos originarios.

Exigimos también:

• Que sean liberados Pedro Cortez López y Diego Mendoza Cruz, compañeros tzeltales, sentenciados injustamente a 110 años de prisión.
• Que el Estado mexicano respete nuestro derecho a la libre determinación, la autonomía y nuestros sistemas normativos propios.
• Que se cancele definitivamente el proyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque.
• Que se detengan los megaproyectos extractivistas en todo el territorio maya, zoque y chol.
• Que en los espacios internacionales como la COP 30, se escuchen las voces de los pueblos originarios y se reconozca nuestro papel fundamental en la defensa de la Madre Tierra.

En estos doce años hemos aprendido que la fuerza de los pueblos está en el arraigo a la tierra, en la memoria, en la espiritualidad y en la organización comunitaria. Somos pueblos que caminan con un solo corazón, que cuidan el agua, el maíz, las montañas y la vida que sostiene a todas y todos.

Hoy honramos la memoria del Jtatic Marcelo Pérez, su espíritu sigue acompañando y fortaleciendo nuestra lucha. Él nos enseñó que no hay que tener miedo cuando se camina con dignidad, con la palabra verdadera y con el compromiso por la paz y la justicia.

Llamamos a los pueblos de Chiapas, de México y del mundo a seguir tejiendo resistencias, a caminar juntos por la vida y a defender la casa común frente al modelo que descarta la vida de los pueblos por los intereses de los poderosos.

A 12 años de levantar nuestra voz, afirmamos con claridad
¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!
¡No a los proyectos de muerte!
¡Sí a la vida, sí al territorio, sí a la autonomía!
¡Viva la resistencia de los pueblos originarios!
¡Viva la memoria de Juan López!
¡Viva el Jtatic Marcelo!
¡Viva el MODEVITE!

Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio
San Juan Cancuc, Chiapas 25 de noviembre de 2025

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El pasado 5 de septiembre del 2023, con absurdo uso de la fuerza, el gobierno de la Ciudad de México reprimió a quienes, de manera solidaria, se hicieron presentes en la alcaldía de Xochimilco en apoyo a la compañera Hortensia Telésforo, criminalizada por participar en la recuperación de la biblioteca comunitaria de San Gregorio Atlapulco, hoy convertida en Tlamachtiloyan (Casa del pueblo). Un grupo de choque con palos, armas punzocortantes y de fuego, agredieron indiscriminadamente a quienes asistieron a la manifestación, 5 compañeras y compañeros fueron desaparecidos por horas y posteriormente presentados en el Ministerio Público para fabricarles delitos, más tarde la represión se agravó en las instalaciones de la fiscalía de Tlalpan donde fueron golpeados brutalmente más de una veintena de personas.

Esta violencia es la verdadera cara de este gobierno.

Desde entonces no han cesado las amenazas y el asedio a nuestras y nuestros compañeros, ensañándose particularmente con nuestro hermano Max Emiliano Negrete, quien ha demostrado ser congruente con sus principios en defensa de su pueblo y por ello ha sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones a través de perfiles falsos en redes sociales.

Si fueron capaces de repetir uno de los momentos más lamentables de la historia de México: el halconazo, sabemos que son capaces de cualquier cosa, el uso de grupos de choque por parte de la Alcaldía de Xochimilco es una práctica criminal recurrente que debe parar.

Ante las reiteradas y cobardes amenazas a en contra de Max Emiliano Negrete, integrante de la Asamblea General Permanente del pueblo de San Gregorio Atlapulco, comunicador comunitario y defensor del agua, la vida y la autonomía, como Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio hacemos directamente responsables a los tres niveles de gobierno, particularmente al gobierno de la Ciudad de México de cualquier altercado a la integridad de nuestro compañero.

Son ya responsables de mantenerlo en un estado de alerta por las amenazas.

Como Asamblea respaldamos su labor en defensa de la vida y la autonomía y hacemos saber a los malos gobiernos que:

MAX EMILIANO NEGRETE NO ESTÁ SOLO

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

EL AGUA ES EL COMÚN DE LOS PUEBLOS

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

Foto de portada: Cuartoscuro

Fuente: Los Muros

Conversamos con Aline Lima

Nos vamos a ir hasta el Brasil para encontrarnos con Aline Lima, coordinadora general del Instituto de Políticas Alternativas para el CONOSUR, educadora popular, feminista, interseccional, psicóloga y especialista en gestión de proyectos sociales. Vamos a conversar con ella de lo sucedido el pasado 28 de octubre, donde nos sacudió una noticia en el mundo con el asesinato de más de un centenar de personas en una jornada donde la policía de Río de Janeiro actuó, según los señalamientos oficiales, en una lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico en el entorno de varias poblaciones y favelas, como se suele denominar allá.

Para comprender qué ha ocurrido ese 28 de octubre, pero qué está ocurriendo en un contexto más general de esta conversación que estamos dando sobre las violencias, estas violencias excesivas desde el Estado como mecanismos de control en el escenario contemporáneo y en el ejercicio del poder desde las derechas en el continente, porque la gobernación de Río de Janeiro tiene un gobernador del Estado de Río de Janeiro cercano, próximo partidario de Jair Bolsonaro, el anterior presidente del Brasil justamente,

Aline nos comparte: El 28 de octubre de 2025, en el estado de Río de Janeiro en Brasil, se llevó a cabo una operación policial masiva que se llamó Operación Contención, en los complejos de Peña y Alemán, que son dos grandes complejos de favelas en Río de Janeiro, al norte de la ciudad. Participaron más o menos 2.500 agentes de las policías civil y militar. Además de blindados, helicópteros y drones, la acción fue presentada por las autoridades como un operativo a combatir la facción criminal Comando Vermelho.

Según diversos informes, el número de muertos, que es estremecedor, está entre 120 y 130 personas, pero algunos movimientos sociales, sobre todo que acompañan las favelas, han dicho que ese número es mucho mayor. Hay cuerpos que no fueron encontrados todavía. Entonces, el operativo causó un caos generalizado, interrupción de los servicios de salud, suspensión de las clases, paralización de transporte y pánico entre los habitantes de las comunidades, sobre todo de las favelas, y también de  toda población.

Voy a hablar un poco del contexto histórico y estructural de ese episodio. Para comprender lo ocurrido, es muy necesario situarnos dentro de la historia de la policía en las favelas de Río de Janeiro y la lógica de la guerra contra el tráfico de drogas, el narcotráfico. Río de Janeiro ya ha vivido otros episodios similares, como la masacre de Jacarezinho en 2021 donde hubo 30 muertos. Toda la historia de Río de Janeiro, la historia reciente, es marcada por grandes episodios similares de masacre policial en las comunidades negras, faveladas y periféricas y marginalizadas de la ciudad. Esas operaciones suelen funcionar como un mecanismo de control social sobre territorios pobres y mayoritariamente negros como dije, bajo el discurso de combate al crimen. Lo hecho el 28 de octubre fue cualificado como la operación policial más letal de la historia reciente de Estado y de país, fue la operación con más letalidad de la historia reciente de país. Entonces, organismos de derechos humanos y de salud pública denunciaron que no se trató de una acción de seguridad, sino de una tragedia humana que responde a las fallas estructurales de Estado en materia de políticas públicas y respeto a la vida. Lo que expresa este episodio, el hecho no puede entenderse solo como una acción policial, sino como un síntoma de un modelo de desarrollo, un modelo de Estado y de sociedad.

En Río de Janeiro, sobre todo en todo Brasil, nosotros vivimos una especie de síntoma de tristeza colectiva que va desde naturalización de la violencia estatal, el uso masivo y letal de la fuerza se vuelve como normal en zonas pobres, legitimando el discurso de la seguridad. El racismo estructural también, porque las favelas atacadas son territorios de población negra y empobrecida. El operativo refuerza una política racionalizada de control y de muerte.

Pudimos observar también la crisis de la democracia y del Estado de Derecho. La narrativa oficial de éxito frente a la falta de transparencia o investigación real, muestra un quiebre del control institucional por parte del Estado, en fin, la desigualdad social como un trasfondo.

La violencia se concentra donde el Estado falta en garantizar derechos, educación, salud y empleo. O sea, para conclusión de este primer punto, la operación del 28 de octubre no fue solamente un enfrentamiento con el narcotráfico, sino una manifestación extrema de cómo el Estado brasileño ejerce poder sobre la vida y la muerte en los territorios marginalizados. Revela una continuidad histórica de militarización, de racismo estructural y exclusión social.

Planteo una pregunta de fondo, ¿a quién pertenece realmente el derecho a la vida y a la ciudadanía en Brasil?……..Ponemos aquí la conversa completa junto a Aline para que sigas escuchando esta intervención fundamental en estos tiempos…..

Por Rocío Heredia | Avispa Midia
^{Portada: Celebración del octavo aniversario de autogobierno y control territorial de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán}

La Comunidad Indígena Autónoma Tepehuana-Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo ataque en el que personas armadas violentaron, robaron e intentaron desalojar a comuneros que trabajaban la tierra. Se trata de un hecho ocurrido cinco días antes de su 12°aniversario como territorio autónomo, celebrado el pasado 9 de noviembre.

Bajo la advertencia de “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños”, comuneros de Azqueltán fueron víctimas de un nuevo ataque por parte de sujetos auto-identificados como “pequeños propietarios”, informaron a través de un comunicado. Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre cuando personas armadas que viajaban en una camioneta Ram color gris, amenazaron de muerte, robaron e intentaron desalojar a comuneros que se encontraban trabajando en dos predios comunales distintos: El Sabino Quemado y Cuenca del Mosco.

Integrantes de esta comunidad responsabilizan -por presuntamente ordenar estos actos ilegales- a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco. Así mismo exigen al Gobierno de ese estado y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de sus terrenos comunales.

Azqueltán se encuentra en alerta permanente, emitiendo un llamando de solidaridad a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, colectivos y pueblos originarios a resonar su voz para demostrar que sus integrantes no están solos.

Ataques pasados

En septiembre del 2018, en Azqueltán fue realizada una segunda misión de observación en la que se determinó una falta de definición agraria, que da lugar a la incertidumbre jurídica que por años ha aquejado a los pobladores indígenas. Se identificó también un ambiente de impunidad al no haberse investigado -hasta ese entonces-, las agresiones e intentos de homicidio señalados en las carpetas 46/2018, 329/2017 y 484/2018.

DEFENDER LA VIDA, A LOS PUEBLOS Y A QUIENES LOS DEFIENDEN.

Como investigadorxs comprometidxs con el pensamiento crítico, la defensa de los pueblos y la documentación rigurosa de los procesos emancipatorios contemporáneos compartimos esta reflexión sobre los comunicados emitidos por el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en los primeros días de noviembre de 2025.

Punto 1. Violencia sistemática y continuidad de la guerra contra los pueblos. 

El comunicado conjunto del CNI y el EZLN denuncia el ataque armado del 31 de octubre del año en curso contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria–Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Este hecho, perpetrado por el grupo criminal Los Ardillos, se enmarca en una estrategia prolongada de violencia narco-paramilitar y despojo territorial que afecta a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero. El texto responsabiliza a los tres niveles de gobierno por su complicidad e impunidad, aludiendo a la continuidad de la guerra contra los pueblos originarios, ahora bajo el discurso de la Cuarta Transformación. Durante la última década, 66 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados y 23 están desaparecidos, evidenciando una ofensiva sistemática que busca destruir la autonomía indígena y castigar la organización comunitaria que defiende la vida.

Punto 2. Criminalización de defensores y deslegitimación institucional. 

El segundo comunicado, difundido por el periódico Desinformémonos y respaldado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas y Todos’ (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denuncia las declaraciones de la diputada Judith Vanegas Tapia (del partido de Morena) contra el abogado y defensor del territorio Carlos González García, asesor jurídico del CNI, a quien calificó como ‘enemigo histórico’. El Frayba señala que tales expresiones, pronunciadas desde un espacio institucional, constituyen una forma de criminalización discursiva que pone en riesgo la integridad de quienes sostienen la defensa colectiva de los pueblos. El comunicado reivindica la trayectoria de González como jurista comprometido con la libre determinación y la justicia comunitaria, y exige el cese inmediato de los discursos de hostigamiento y deslegitimación hacia los defensores.

Ambos comunicados revelan un mismo patrón estructural: la violencia física y paramilitar contra comunidades organizadas, la estigmatización institucional y mediática de sus defensores, y el despojo territorial como parte de una reorganización neoliberal del espacio. Frente a ello, los pueblos y las organizaciones reafirman su compromiso ético con la vida y la autonomía, sosteniendo que la dignidad y la palabra no serán silenciadas.

Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias reconocemos en estas luchas la continuidad del horizonte emancipador latinoamericano que busca reconstituir lo común frente a la violencia del capital y la destrucción de los territorios.

Expresamos nuestro enérgico rechazo a las amenazas, difamaciones y actos de criminalización cometidos contra el abogado y defensor de los pueblos Carlos González García, integrante fundador del Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

Carlos González García ha acompañado procesos agrarios, autonómicos y jurídicos en Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Oaxaca y Chiapas; ha defendido el agua, la tierra, la educación comunitaria y la organización autónoma. Su ejercicio del derecho no responde al poder, sino al mandar obedeciendo, caminando junto a los pueblos que deciden por la autonomía y la vida.

Nos solidarizamos con Carlos González García y con todos los pueblos que defienden sus territorios frente al capital extractivista y las políticas que, bajo discursos progresistas, y humanistas profundizan el despojo y la militarización.

Exigimos:

• Garantías de seguridad y libertad plena para Carlos González García.
• Cese inmediato de la criminalización a defensoras y defensores de derechos colectivos.
• Respeto irrestricto a la autonomía de los pueblos originarios y a sus decisiones sobre sus territorios.
• Que las instituciones del Estado investiguen y sancionen las declaraciones amenazantes de la diputada Judith Vanegas Tapia.

La historia latinoamericana nos recuerda que la defensa del territorio es defensa de la vida. En Brasil, en Palestina, en Sudán o en México, el necrocapitalismo se expresa con distintas máscaras: masacres, despojos, hostigamientos. Pero en todas partes los pueblos resisten.

Reafirmamos que el derecho a la vida y al territorio no se mendiga: se ejerce y se defiende.

¡Todo nuestro respaldo y solidaridad con Carlos González García!

¡Alto a la persecución contra quienes defienden la tierra y la vida!

¡Contra el necrocapitalismo y la criminalización, los pueblos siguen caminando la dignidad!

Planeta tierra
10 de noviembre de 2025
Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias

Al pueblo de México,
A los pueblos originarios y comunidades en defensa de la vida y el territorio
Al Congreso Nacional Indigena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las organizaciones, colectivos y medios libres.

Desde la Sierra Mazateca a través del Movimiento de Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC) expresamos nuestro respaldo, respeto y solidaridad con el licenciado Carlos González García, ante las amenazas y señalamientos públicos realizados por la diputada Judith Vanegas Tapia el pasado 30 de octubre de 2025, durante una mesa de trabajo del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México.

En dicho espacio, la diputada Vanegas utilizó su posición pública para criminalizar, difamar y amenazar al abogado Carlos González, tergiversando su papel como defensor del territorio y acusándolo de “levantar a los pueblos” en oposición al gobierno.

Estas declaraciones, cargadas de odio y desprecio hacia los pueblos originarios, ponen en riesgo la seguridad, la vida y la integridad de nuestro compañero, así como la de quienes luchan por sus derechos colectivos.

El licenciado Carlos González García es abogado especialista en derecho agrario y miembro y fundador del Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI–CIG).

A lo largo de más de tres décadas, ha acompañado procesos de defensa territorial, agraria y autonómica en diversas regiones del país, desde una práctica del derecho militante, caminando junto a los pueblos, no por encima de ellos.

Su labor ha sido clave en la defensa jurídica y política frente a los abusos del poder, acompañando a comunidades de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Oaxaca, Chiapas y otros territorios donde los malos gobiernos, sin distinción de partido, han intentado imponer megaproyectos, despojos e intervenciones autoritarias.

Desde su compromiso ético con los pueblos, el compañero Carlos González ha sostenido que el derecho debe ponerse al servicio de la vida, y ha actuado siempre respetando las formas propias de organización, los tiempos, las decisiones y los procesos de cada comunidad.

Ha acompañado la resistencia de pueblos en defensa del agua, la tierra, la educación comunitaria y la autonomía. Entre ellos, los procesos legales de los pueblos de Milpa Alta contra la perforación ilegal de pozos, la construcción de obras impuestas y la imposición del Programa General de Ordenamiento Territorial de la CDMX, así como múltiples acciones en defensa de los bienes comunales, ejidales y colectivos en distintas regiones del país.

Además, su trayectoria está profundamente ligada al movimiento indígena y campesino  nacional, y ha sido solidaria con los esfuerzos de construcción autonómica del Ejército  Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y del Congreso Nacional Indígena, del cual forma  parte desde su fundación. Por ello, los ataques en su contra no son solo personales: son ataques contra las luchas colectivas que defienden la autonomía, la tierra y la vida.

Denunciamos que las declaraciones de la diputada Judith Vanegas Tapia, integrante de  la llamada Cuarta Transformación, reproducen la vieja práctica del Estado mexicano de  criminalizar a quienes acompañan las luchas por la autodeterminación, mientras se protege  a los verdaderos responsables del despojo.

El odio, la mentira y la persecución política no pueden ser parte del discurso de una supuesta transformación.

Desde MAPOC hacemos responsable a la diputada Judith Vanegas Tapia y a las autoridades  de todos los niveles de cualquier agresión, daño o acto de hostigamiento que sufra el compañero Carlos González García, así como las comunidades y pueblos que él acompaña.

Reafirmamos que defender el territorio no es delito, y que los pueblos no necesitan ser “levantados” por nadie: se levantan por sí mismos, con dignidad, con historia y con conciencia  de que la vida no se mendiga, se defiende.

¡Todo nuestro RESPALDO Y SOLIDARIDAD al compañero Carlos González García!
¡Alto a la persecución a las y los defensores de la tierra y la vida!
¡Basta de criminalizar las luchas autonómicas!
¡El derecho al territorio y a la vida se defiende, no se persigue!

Movimiento de Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC) Sierra
Mazateca, Oaxaca.
4 de noviembre de 2025

STATEMENT FROM THE COLECTIVO ARMADILLO SUOMI
FINLAND / July 26, 2025
REGARDING THE RAID ON THE HOME OF THE DIRECTOR OF THE
FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS
HUMAN RIGHTS CENTER

From the Armadillo Suomi Collective, we express our deep concern, unconditional solidarity, and strong condemnation of the raid on the home of the director of the Fray Bartolomé de las Casas Human Rights Center (Frayba), in the state of Chiapas, Mexico.

This act represents a serious violation of human rights and yet another form of harassment and intimidation against those who defend life, justice, and the dignity of the people. We denounce that this aggression is not an isolated incident, but rather part of a continuing campaign of hostility aimed at members of Frayba, a human rights organization with over three decades of committed work in defense of the rights of Indigenous peoples and communities in resistance.

We strongly condemn this violent act and express our full solidarity with Dora Robledo, director of Frayba. We say it loud and clear:

You are not alone!

We call on the Mexican State to:

Immediately guarantee the safety, integrity, and freedom of Dora Robledo and all members of the Frayba Human Rights Center.

Avoid any cover-up or omission that could obstruct justice in the investigation of the raid on her home.

Fulfill its duty to protect the legitimate and essential work of human rights defenders, rather than criminalize them.

From our own geographies, struggles, and resistances, we reiterate:

Frayba is not alone!
We are watching!
Defending rights is not a crime!
COLECTIVO ARMADILLO SUOMI

Estimadas Señoras y Señores,

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de los cinco defensores tzeltales criminalizados Manuel Santiz Cruz, Agustín, Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco, arbitrariamente detenidos en 2022 y desde entonces presos en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciado (CERSS) n° 5, a la luz de la reciente publicación de la opinión emitida el 4 de abril de 2025 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias acerca de su caso.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU realizó una visita a México y al Estado de Chiapas en septiembre de 2023, y tras recibir información sobre el caso de diferentes fuentes, transmitió sus alegatos al Gobierno de México el 22 de julio de 2024. La respuesta del Gobierno fue recibida el 18 de octubre de 2024. El 4 de abril de 2025 el Grupo de Trabajo emitió una opinión en la que se destacan una serie de deliberaciones referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas contra los cinco detenidos en el marco tanto de su arresto como de su proceso judicial:

• La detención de los cinco se realizó sin una orden de aprehensión y sin que los detenidos fueran informados de los cargos que se les imputan. Tampoco fueron llevados ante un juez una vez fueron arrestados. La orden de aprehensión fue emitida a posteriori, pero antes de que la Fiscalía la solicitara, lo que evidenciaría la parcialidad del Juez en el desarrollo del proceso penal.

• No existían razones para la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, revelando la aplicación arbitraria de un mecanismo que debe ser la excepción y no la norma.

• Manuel Sántiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron sometidos a desaparición forzada durante las 24 horas que siguieron a su detención.

• Los detenidos no tuvieron acceso a un intérprete español–tzeltal ni en el momento de su detención ni en su proceso judicial hasta la reposición de las audiencias.

• Las pruebas presentadas por la Fiscalía en los dos juicios muestran incongruencias como la falta de datos sobre la ubicación de la víctima durante un período clave, la omisión del protocolo de primer respondiente, deficiencias en la determinación de la causa de la muerte, contradicciones entre la necropsia y los dictámenes periciales, ausencia de identificación formal del fallecido, peritos sin cédula profesional y conclusiones médicas que no se corresponden con el contenido del dictamen. A su vez, las lesiones descritas no coinciden entre los distintos informes ni con el cadáver.

Además, el Grupo de Trabajo reconoce a los cinco sentenciados como defensores de derechos humanos, y considera que su criminalización se debe precisamente a su labor de defensa de la tierra y el territorio y al hecho de pertenecer a la etnia tzeltal, discriminación que se extiende incluso a su falta de dominio del español.

En consecuencia, solicita que:

Como reportamos recientemente, los miembros de CNI del Ejido Tila y sus anexos, así como de los municipios vecinos de Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua en el norte de Chiapas, han estado sufriendo hostigamientos, amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias, además de calumnias y difamación, por parte de los diferentes niveles de gobierno. Todo esto, con la participación activa de un grupo criminal denominado “Karma”, que itene vínculos tanto con ayuntamiento que durante años estuvo asentado ilegalmente en tierras ejidales, como con el grupo paramilitar Paz y Justicia que aterrorizó a la población en la segunda mitad de la década de 1990, como parte de la estrategia contrainsurgente del Estado para destruir al EZLN.

Como denunciamos en junio de 2024, tanto el Estado como los medios de comunicación han hecho caso omiso de la historia de lucha por la tierra y territorio, así como el despojo y la violencia criminales orquestradas desde hace décadas por el mismo Estado contra el pueblo chol de Tila.

En un comunicado publicado por el Congreso Nacional Indígena, el pueblo chol de Tila hace un recorrido histórico de dicha lucha, y exige el cumplimiento de las resoluciones legales a favor de los ejidatarios y el cese inmediato a la represión y criminalización.

A seguir, un resumen de la lucha histórica del Ejido Tila:

Antecedentes Históricos (1900–1936)

• 1900: El pueblo chol sufre su primer despojo de tierras por la finca Pensilvania Company Plantation, propiedad del finquero Maximiliano Rodemberg.
• 1910–1918: Con la Revolución Mexicana, los choles comienzan a organizarse políticamente y recuperan tierras. La gripe española de 1918 provoca la muerte de sus líderes.
• 1922–1934: El gobierno federal otorga resoluciones presidenciales, reconociendo el ejido de Tila con una superficie total de 5,405 hectáreas (2,938 hectáreas de terrenos nacionales y 2,466 de la finca Pensilvania).
• 1936: Se realiza el reparto oficial a 836 ejidatarios, con reconocimiento legal conforme al artículo 27 constitucional.

Intentos de Despojo y Conflictos con el Municipio (1943–1980)

• Desde 1943, el ayuntamiento municipal de Tila comienza a registrar casas y solares, invadiendo terrenos ejidales.
• En 1966, el gobierno local intenta crear un “fundo legal” de 130 hectáreas dentro del ejido. Esto se formaliza con el Decreto Expropiatorio N.º 72 (1980).
• Ejidatarios impugnan el decreto, lo consideran una expropiación fraudulenta.

Conflictos Agrarios y Represión (1980–2000)

• En 1981, los caciques locales y autoridades estatales retoman el poder mediante violencia y conflictos armados, despojando más tierras.
• Represión constante: Arrestos arbitrarios, destrucción del patrimonio ejidal, instalación de mercados sin permiso y apropiación de espacios ejidales.
• Entre 1990 y 2000, líderes ejidales, activistas y comunidades enfrentan hostigamiento, detenciones y amenazas.

Paramilitarismo y Manipulación Institucional (1994–2015)

• El grupo Paz y Justicia y otros grupos paramilitares son usados para controlar el territorio y reprimir a los ejidatarios.
• Autoridades locales manipulan elecciones de comisariados y falsifican documentos para legitimar su control sobre el ejido.
• Se intentan imponer proyectos sin el consentimiento de la asamblea (subestaciones, auditorios, mercados, etc.).

Resistencia Legal y Sentencias de Amparo (2008–2018)

• En 2008, se presenta el amparo 259, y en 2018, la Suprema Corte determina que:
  • Nunca existió legalmente un fundo legal en Tila.
  • Las 130 hectáreas son parte del ejido y pertenecen a los 836 ejidatarios.
  • El Decreto 72 de 1980 fue inconstitucional y se declara insubsistente en 2019 por el gobernador Rutilio Escandón.

Corrupción, Falsificación y Violencia (2018–2023)

• Autoridades estatales y federales en complicidad con el grupo paramilitar “Karma” y líderes corruptos intentan desconocer las resoluciones judiciales.
• Se falsifican firmas y se nombra ilegalmente a comisariados como Miguel Vázquez Gutiérrez.
• Bloqueos, enfrentamientos armados y asesinatos ocurren, especialmente en 2020 (3 muertos), con impunidad total para los responsables.

Persecución Reciente y Violaciones a Derechos (2021–2023)

• Continúa la persecución armada contra líderes y habitantes del ejido.
• Se identifican agresores armados relacionados con el grupo “Karma”.
• El 13–14 de julio de 2023, se documenta el ingreso del gobierno estatal con el grupo armado, violando múltiples artículos constitucionales y de la Ley Agraria.
• Se denuncian órdenes de aprehensión fabricadas contra inocentes y nula acción contra los agresores.

Demandas del Ejido

• Cumplimiento íntegro del amparo ganado en 2018.
• Cancelación del decreto expropiatorio y todo acto derivado del “fundo legal”.
• Respeto a la autonomía del pueblo chol, reconocido por la Constitución (art. 2 y 39), convenios internacionales (OIT 169), y por la Suprema Corte.
• Cese inmediato a la represión y criminalización de ejidatarios.

En un comunicado, el Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que los miembros de CNI del Ejido Tila y sus anexos, así como de los municipios vecinos de Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua en el norte de Chiapas, han estado sufriendo hostigamientos, amenazas, agresiones y detenciones arbitrarias, además de calumnias y difamación, por parte de los diferentes niveles de gobierno, en complicidad con la organizción criminal Karma que opera en la región.

Como hemos reportado desde hace años, el conflicto de Tila se deriva de la lucha por la defensa de la tierra y el territorio ante el despojo territorial por parte del ayuntamiento, vinculado a los grupos paramilitares que tanta muerte ocasionaron sobre todo en la década de 1990, y ahora con el crimen organizado. El CNI denuncia que la violencia actual ha sido producto de las acciones tanto del gobierno federal como del estatal y local, que buscan desarticular la resistencia para garantizar el control político y territorial.

Ahora, denuncian la criminalización de los miembros del CNI, con carpetas de investigación falsas, órdenes de aprehensión sin delitos, y detenciones arbitrarias, cateos de viviendas y robo de pertenencias por parte de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal.

Al mismo tiempo, denuncian el uso de las redes sociales para calumniar y criminalizar a los miembros del CNI y provocar conflictos y violencia entre los habitantes. En particular, denuncian las páginas de Facebook “La voz bilingüe del pueblo”, “Vecinos Tila Chiapas”, “Petalcingo sin censura” y “Denuncias anónimas”, exigiendo que se investiguen y sancionen a los administradores de dichas páginas.

A continuación, el comunicaddo del CNI Tila.