En la época prehispánica, las comunidades Mayas se unieron para crear lo que se conoce como la Triple Alianza, conformada por Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá, esto con el objetivo de consolidar la fuerza del gran pueblo Maya. Hoy estas históricas ciudades se vuelven a unir en la defensa de su territorio, del cual intentan despojar y desplazar a las comunidades que por siglos lo han habitado.

Telchaquillo, Mayapán, juicio agrario y criminalización

La zona arqueológica Mayapán es la tercera más grande de la península y se encuentra en territorio de la comunidad Maya de Telchaquillo. Después de meses de negociaciones fallidas e intentos de manipulación del proceso, en noviembre de 2024 la comunidad demandó (carpeta 1747/2024) al INAH ante el tribunal agrario. A pesar del proceso legal en curso, en febrero de 2025 el INAH comenzó obras de remodelación dentro y fuera del sitio, en un intento de reocupación sin consentimiento de la comunidad. Los ejidatarios les informaron pacíficamente a los trabajadores sobre el juicio en curso, por lo que detuvieron las obras. Es en este contexto el INAH presentó una demanda penal (carpeta FED/TUC/MER/0000130/2025) en contra de los defensores mayas Gladis Uc y Álvaro Mena por la supuesta obstrucción de obra pública.

En diciembre de 2025, el Tribunal Agrario No. 34 otorgó a la comunidad medidas cautelares que prohíben al INAH ejecutar el convenio de ocupación previa. La comunidad continúa firme con su lucha, solicita al INAH e instituciones relacionadas, que traten a la comunidad con respeto, sin el racismo que los ha caracterizado en este proceso, y desde un enfoque de derechos indígenas. Telchaquillo se mantiene firme en las peticiones que presentaron por escrito al instituto: retroactivos por los más de 40 años de ocupación de Mayapán sin consentimiento, un acuerdo de coadministración del sitio entre la comunidad y el INAH, y que todos los planteamientos sean presentados por escrito.

La comunidad Maya de Telchaquillo en Yucatán, denuncia públicamente la criminalización por la defensa de su territorio, en contra de Gladis Uc Flores, miembro del Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo, y Álvaro Mena Fuentes, asesor de la comunidad. Aunque son dos personas las directamente criminalizadas por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la comunidad sostiene que esta agresión es contra todos.

Pisté de Chichén Itzá, amenazas de desplazamiento

Chichen Itza, el sitio arqueológico más famoso y visitado de la península, se encuentra en la comunidad maya de Pisté en Yucatán. Desde que el sitio pasó a manos privadas y después al estado, la comunidad de Pisté ha quedado al margen de todos los planes sobre el sitio arqueológico. Hace 22 años habitantes mayas de Pisté logran negociar y tener acceso al sitio arqueológico para vender artesanías. Se les acreditó como vendedores desde hace 15 años. Actualmente son casi 700 titulares con dos trabajadores cada uno, haciendo un total de más de 2 mil beneficiarios directos. A pesar de los múltiples intentos de crearles mala fama, más que vendedores son también ejidatarios, pobladores, jefas y jefes de familia que han construido un sustento para sus familias y han contribuido con su comunidad a partir de su trabajo honesto.

Recientemente, el gobierno federal pretende mover a todos los vendedores al CATVI, un espacio nada atractivo para el turismo, el cual será obligado a caminar por un kilómetro bajo el sol peninsular, antes de llegar siquiera a ver las pirámides. La comunidad sabe que moverse a este lugar es aceptar el destino al fracaso. No fueron consultados para construir el elefante blanco que será el CATVI, es por esto que unidos artesanos, sus trabajadores, guías, restauranteros, comunidades vecinas, pobladores en general piden primero, mantenerse vendiendo dentro del sitio y segundo, mantener la entrada original al sitio. La comunidad no pide que les regalen nada, lo único que le piden a las instituciones del estado, es que les permitan trabajar con dignidad, como lo han hecho durante todos estos años.

Demandas

Ante estas situaciones las comunidades de Pisté y Telchaquillo reconocen los mismos patrones de acción, además de los mismos actores involucrados. El INAH, de la mano de Diego Prieto, el principal operador de estos hechos, quién a pesar de ya no pertenecer al INAH sigue operando para hacer posible los planes del estado. Así mismo, en ambos casos, los recursos con los que operan provienen directamente del plan del tren maya.

Es necesaria la revisión de la Ley de Monumentos que es inconstitucional y viola los derechos de las comunidades indígenas al territorio, el derecho a la cultura y al acceso a sus sitios sagrados. Que se modifique y se armonice reconociendo a las comunidades indígenas como sujetos de derechos.

Pedimos el cumplimiento de las demandas de ambas comunidades, Pisté rechaza la expulsión de los artesanos Mayas de Chichén Itzá y piden mantener la entrada de Pisté abierta. Telchaquillo pide la coadministracion de Mayapán, el pago de retroactivos por el uso del sitio y la no criminalización de su lucha.

Solicitamos a otras comunidades y movimientos indígenas del país a que se solidaricen con nuestra lucha adhiriéndose a este texto y soliciten al INAH el desistimiento de la demanda penal contra nuestrxs compañerxs.

Comité de Lucha Indígena de Telchaquillo
Artesanos-Comerciantes Le Maayao’ob Bejla’e
Autoridades Ejidales Telchaquillo 2025-2028
Comunidad de Pisté
Comunidad de Telchaquillo
Colectivo Comunidades por la Autonomía

Adhesiones de organizaciones:

(Continuar leyendo…)

Ante el avance de las autonomías, vuelven a resurgir las difamaciones y las amenazas de muerte en contra del portavoz del CSIM

A los Organismos Defensores de los Derechos Humanos
A los Pueblos y Comunidades Originarias
Al Pueblo de México y de Michoacán
A los Medios de Comunicación
Al Estado Mexicano

Comunidades originarias y afromexicanas de Michoacán,
a 19 de febrero de 2026.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, consejo libre y autónomo, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, conformado por autoridades tradicionales de 80 comunidades de los Pueblos P’urhépecha, Otomí o Hñahñú, Matlazinca o Pirinda, Nahuatl y Afromexicanos, manifestamos conjuntamente lo siguiente:

Desde el inicio del presente año, se ha difundido en redes sociales una campaña sistemática de calumnias, injurias y difamaciones en contra del Consejo Supremo Indígena, y en particular, de nuestro vocero, el historiador Pavel Ulíánov Guzmán, esta es una operación financiada que tiene como objetivo el quitar legitimidad a los pueblos que luchan por su libre autodeterminación, autogobierno y autonomía, de la cual categóricamente hacemos responsables a Ayuntamientos y sus operadores políticos quienes ven amenazados sus intereses particulares o de partido.

De igual forma, han vuelto las amenazas de muerte en contra de nuestro portavoz Pavel Ulíánov, quien desde el año 2016 fue amenazado con ser desaparecido si no cesaba de apoyar a los autogobiernos indígenas, posteriormente, en el 2023 reiteradamente fue amedrentado por apoyar los procesos de autonomía, por lo que fue integrado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de la República y subsiguientemente en mayo del 2025 nuevamente fue intimidado por luchar al lado de los pueblos, hoy otra vez sufre de nuevos ataques en su contra, incluyendo amenazas de muerte y hostigamientos con el objetivo de hacerlo desistir de la defensa de los pueblos y comunidades originarias.

En este contexto, recordamos que entre los años de 1974 y 1976, la familia Guzmán Cruz, de la que forma parte nuestro vocero Pavel Guzmán, fue víctima de desaparición forzada de 5 de sus integrantes por agentes del Estado mexicano en la denominada “guerra sucia” en contra de opositores políticos y actualmente el caso se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos #CIDH. Por lo anteriormente exigimos:

1.- Tomar de inmediato medidas apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de Pavel Ulianov Guzmán, de su familia y de quienes conformamos el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

2.- Llevar a cabo una investigación completa, exhaustiva e imparcial sobre los ataques al honor e imagen, así como por las amenazas que ha recibido el compañero Pavel Uliánov con el fin de identificar a los responsables y llevarlos ante un tribunal competente.

Finalmente, manifestamos que Pavel Guzmán Macario, es un p’urhépecha, un guerrero, un defensor del territorio y un compañero de las resistencias indígenas que no se encuentra solo, nos declaramos listos para emprender las movilizaciones y luchas necesarias para su defensa así como de las comunidades que resisten con dignidad y esperanza.

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM

En Français ici.

We, the undersigned members of the Alliance des Gens et des Bassins (Alliance of People and Basins), formed in July 2024 at Village de l’Eau in Melle, France, express our full support for our comrade Carlos Beas Torres, defender of indigenous peoples’ rights, and the team of the Union of Indigenous Communities of the Northern Zone of the Isthmus of Tehuantepec (UCIZONI) in the face of the harassment, intimidation, and threats they have suffered in recent days.

We denounce these ultra-violent practices used against the defenders of life represented by this organization, which brings together more than 65 indigenous peoples from the states of Oaxaca, Veracruz, and Chiapas in Mexico.

They are fighting to preserve their commons against the mega-project of the Tehuantepec Isthmus Interoceanic Corridor, which aims to transform the isthmus into an interoceanic transit route with high-speed railways, industrial parks, pipelines, and expanded ports, driven by the Mexican federal government with the complicity of the United States and Canada, as well as French multinationals such as Alstom, GE, EDF, and others. Some of these companies share their capital with the various states.

Faced with this geopolitical situation, the states must take responsibility and do everything in their power to put an end to these attacks so that opponents are not murdered again, as was the case in this region in 2025!

In this regard, we would like to point out that the European Union has political and legal tools at its disposal, in particular the human rights clause in the free trade agreement between the European Union and Mexico, which must be fully implemented. We call for this clause to be activated and effectively implemented so that the human rights of indigenous peoples and their territories are respected.

We expect governments to give prompt consideration to our request to ensure the protection of Carlos Beas Torres and the UCIZONI team, and to help provide real guarantees for the defense of the rights of indigenous peoples and the territory on the Isthmus of Tehuantepec.

We are sharing with you once again the speech given by Carlos Beas Torres at Village de l’Eau in July 2024, which remains as powerful and relevant as ever:

In France and Mexico, we march together!
SUPPORT CARLOS BEAS TORRES!

Cover photo: Peace Brigades International Canada

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 3, 2025

Bulletin No. 10

Osmán Iván: victim of torture, arbitrary detention, and institutional racism

• 15 years of injustice—freedom cannot wait.

Osmán Iván Rubio Bonilla, a Honduran citizen unjustly accused in three case files by the Chiapas State Attorney General’s Office (FGE) and a survivor of torture, was acquitted of homicide on November 4, 2025, after 14 years and 6 months of tireless resistance. However, he remains deprived of his liberty at the State Center for Social Reintegration No. 7 (CERSS) in Tapachula. The Fray Bartolomé de Las Casas Human Rights Center (Frayba) and the World Organisation Against Torture (OMCT) call on the Judicial Branch of Chiapas to reverse the systematic violations of his human rights and order his immediate release.

Osmán Iván was detained on May 2, 2011, in Huixtla, Chiapas, during an operation carried out by the Municipal Police, the State Preventive Police (PEP), and the State Border Police (PEF), without an arrest warrant and under circumstances that constitute arbitrary detention and torture.

According to his testimony, during the arrest he was blindfolded, bound, beaten, asphyxiated with water, subjected to electric shocks, sensory deprivation, and physical and psychological abuse, until he was forced to incriminate himself in various crimes. These assaults were documented by the State Human Rights Commission (CEDH), which recorded injuries consistent with torture and issued Recommendation 013/2020-R in 2020, rejected by the FGE and the Secretariat of Security and Citizen Protection (SSyPC).

The three criminal proceedings against him stem from statements obtained under coercion:

1. Attempted Illegal Deprivation of Liberty and Organized Crime (criminal case 177/2023): has remained in the evidentiary stage for over 13 years, without the Criminal Court of the Tapachula Judicial District issuing a ruling.
2. Aggravated Homicide (criminal case 423/2023): a sentence was issued in 2023 based on ministerial confessions and testimonies that did not identify him; overturned in 2024 to investigate the reported torture. On November 4, 2025, he was finally acquitted.
3. Carrying a firearm without a license: a federal case in which he was acquitted in 2014.

Frayba’s documentation reveals systematic irregularities: fabrication of evidence, contradictions in police reports, manipulated expert examinations, and prosecutorial actions that ignored early reports of torture. The CEDH confirmed that the arrest did not occur at the location of the alleged kidnapping and that there was no direct identification by the complainant, ruling out the flagrancy invoked by authorities.

After nearly 15 years in prison, Osmán Iván faces a process marked by violations of due process, racism, lack of consular assistance, absence of effective investigation, and unjustified delays that keep him in prolonged pretrial detention, contrary to international standards. In the face of impunity sustained by the Mexican State, Frayba and OMCT filed a complaint in August 2024 before the UN Human Rights Committee, registered in April 2025 under number 4740/2025, still pending resolution.

Frayba and OMCT urgently call on state and federal authorities to ensure a thorough and impartial investigation into the reported torture. In addition, we demand guarantees for access to justice and reparation for the violations committed against Osmán Iván Rubio Bonilla, beginning with his unconditional release.

The case of Osmán Iván Rubio Bonilla is a symbol of institutional violence and racism that permeates the justice system in Mexico. His freedom is not a concession—it is a right taken from him through torture and arbitrariness. Every day he remains imprisoned prolongs injustice and impunity.

We demand his immediate and unconditional release. The dignity of Osmán Iván, and of all survivors of torture and arbitrary detention, cannot be kept waiting any longer.

Twelve hours passed (11 a.m.) since the containment carried out by the riot police under Mexico City Head of Government Clara Brugada, who prevented the arrival of the “Internationalist Faena for the End of Criminalization,” convened by the Mazatec Women for Freedom. This day of protest and outreach had been called in front of the Supreme Court of Justice of the Nation (SCJN). This is the first Internationalist Faena held in Mexico City to demand justice in response to the 200 fabricated arrest warrants issued earlier this year against more than 56 members of Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. It was not until 9 a.m. that Pino Suárez Street was cleared by the riot police, thanks to the pressure exerted by organized communities in Mexico City, activists, and independent media who mobilized in response to the repression.

The riot police units—now called Special Task Groupings—that participated in this repressive operation were: Centauros, Marcopolos, Faunos, and Ateneas. Throughout the containment, they continued issuing threats and harassment against activists and journalists, while also hiding the identifying name tags they are required to wear on their vests to avoid being reported for their repeated violations of operational protocol.

The program of the Internationalist Faena continues in front of the SCJN entrance. The public is invited to attend today’s activities starting at 4:00 p.m., and tomorrow, December 4, starting at 12:00 p.m.; forums, graphic presentations, documentary screenings, musical performances, and more will take place. The full program can be found on the social media pages of Mazatec Women for Freedom and the Eloxochitlán de Flores Magón political prisoners.

Comunicado del MODEVITE
12 años caminando con un solo corazón por la defensa de la vida y el territorio

San Juan Cancuc, Chiapas, 25 de noviembre de 2025

A los medios de comunicación nacionales e internacionales
A los Pueblos Indígenas en resistencia por la vida y la Madre Tierra
A las organizaciones y centros de derechos humanos
A las autoridades municipales, estatales y federales
Al pueblo de México y del mundo:
 
Nosotras y nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, pueblos y comunidades tseltales, tsotsiles y mestizos que caminamos juntos en el Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (MODEVITE), nos hemos reunido hoy en San Juan Cancuc, tierra de memoria y dignidad, para celebrar 12 años de lucha, organización y resistencia frente a los proyectos de despojo y muerte que amenazan nuestra existencia como pueblos originarios.

Este aniversario lo celebramos con el corazón puesto en nuestra historia larga: somos herederos de la rebeldía de Juan López, quien hace más de tres siglos se levantó contra la colonización. Al orar en la cueva de este defensor tseltal, afirmamos que su lucha sigue viva. La invasión no ha terminado: continúa bajo nuevas formas de colonialismo extractivista, militarización y megaproyectos que buscan arrebatarnos el territorio, romper el tejido comunitario e imponer un modelo de “desarrollo” que destruye la vida.

Desde 2013 hemos levantado la voz contra la mal llamada “Carretera de las Culturas”, un proyecto que no respeta nuestros territorios, ni nuestra espiritualidad, ni nuestras formas de vida. Esta autopista, anunciada por los gobiernos como progreso, se inscribe en la misma lógica del Plan Puebla Panamá, después llamado Plan Mesoamericano, cuyo verdadero objetivo ha sido abrir paso a la acumulación económica del gran capital en detrimento del lekil kuxlejal —el buen vivir— de nuestros pueblos.

Reafirmamos nuestro rechazo total a este megaproyecto, que pretende dividir nuestras comunidades, destruir montañas ríos y manantiales, facilitar el avance del crimen organizado y profundizar la venta de la tierra, el alcoholismo, la drogadicción y la migración forzada de nuestras juventudes.

Al mismo tiempo denunciamos:

• Las amenazas, hostigamientos y divisiones promovidas por autoridades municipales, estatales y federales para debilitar nuestra organización comunitaria.
• La criminalización y violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos y del territorio.
• El uso de programas oficiales y consultas manipuladas para legitimar el despojo.
• La concesión de pozos petroleros en Benemérito, que destruye ecosistemas y pone en riesgo la salud y la vida de las comunidades ribereñas.
• El avance del narcopoder y los grupos armados, que generan miedo, desplazamiento y control territorial.
• Las desigualdades y violencias que viven las mujeres indígenas, que hoy recordamos especialmente en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Por otra parte: celebramos con alegría la liberación de los compañeros de San Juan Cancuc, encarcelados injustamente. Pero afirmamos con claridad: la justicia no se agota con su libertad; exigimos reparación, garantías y el fin de la criminalización a los pueblos originarios.

Exigimos también:

• Que sean liberados Pedro Cortez López y Diego Mendoza Cruz, compañeros tzeltales, sentenciados injustamente a 110 años de prisión.
• Que el Estado mexicano respete nuestro derecho a la libre determinación, la autonomía y nuestros sistemas normativos propios.
• Que se cancele definitivamente el proyecto de la autopista San Cristóbal–Palenque.
• Que se detengan los megaproyectos extractivistas en todo el territorio maya, zoque y chol.
• Que en los espacios internacionales como la COP 30, se escuchen las voces de los pueblos originarios y se reconozca nuestro papel fundamental en la defensa de la Madre Tierra.

En estos doce años hemos aprendido que la fuerza de los pueblos está en el arraigo a la tierra, en la memoria, en la espiritualidad y en la organización comunitaria. Somos pueblos que caminan con un solo corazón, que cuidan el agua, el maíz, las montañas y la vida que sostiene a todas y todos.

Hoy honramos la memoria del Jtatic Marcelo Pérez, su espíritu sigue acompañando y fortaleciendo nuestra lucha. Él nos enseñó que no hay que tener miedo cuando se camina con dignidad, con la palabra verdadera y con el compromiso por la paz y la justicia.

Llamamos a los pueblos de Chiapas, de México y del mundo a seguir tejiendo resistencias, a caminar juntos por la vida y a defender la casa común frente al modelo que descarta la vida de los pueblos por los intereses de los poderosos.

A 12 años de levantar nuestra voz, afirmamos con claridad
¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!
¡No a los proyectos de muerte!
¡Sí a la vida, sí al territorio, sí a la autonomía!
¡Viva la resistencia de los pueblos originarios!
¡Viva la memoria de Juan López!
¡Viva el Jtatic Marcelo!
¡Viva el MODEVITE!

Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio
San Juan Cancuc, Chiapas 25 de noviembre de 2025

Descarga el Comunicado en PDF(189.44 KB)

El pasado 5 de septiembre del 2023, con absurdo uso de la fuerza, el gobierno de la Ciudad de México reprimió a quienes, de manera solidaria, se hicieron presentes en la alcaldía de Xochimilco en apoyo a la compañera Hortensia Telésforo, criminalizada por participar en la recuperación de la biblioteca comunitaria de San Gregorio Atlapulco, hoy convertida en Tlamachtiloyan (Casa del pueblo). Un grupo de choque con palos, armas punzocortantes y de fuego, agredieron indiscriminadamente a quienes asistieron a la manifestación, 5 compañeras y compañeros fueron desaparecidos por horas y posteriormente presentados en el Ministerio Público para fabricarles delitos, más tarde la represión se agravó en las instalaciones de la fiscalía de Tlalpan donde fueron golpeados brutalmente más de una veintena de personas.

Esta violencia es la verdadera cara de este gobierno.

Desde entonces no han cesado las amenazas y el asedio a nuestras y nuestros compañeros, ensañándose particularmente con nuestro hermano Max Emiliano Negrete, quien ha demostrado ser congruente con sus principios en defensa de su pueblo y por ello ha sido amenazado de muerte en reiteradas ocasiones a través de perfiles falsos en redes sociales.

Si fueron capaces de repetir uno de los momentos más lamentables de la historia de México: el halconazo, sabemos que son capaces de cualquier cosa, el uso de grupos de choque por parte de la Alcaldía de Xochimilco es una práctica criminal recurrente que debe parar.

Ante las reiteradas y cobardes amenazas a en contra de Max Emiliano Negrete, integrante de la Asamblea General Permanente del pueblo de San Gregorio Atlapulco, comunicador comunitario y defensor del agua, la vida y la autonomía, como Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio hacemos directamente responsables a los tres niveles de gobierno, particularmente al gobierno de la Ciudad de México de cualquier altercado a la integridad de nuestro compañero.

Son ya responsables de mantenerlo en un estado de alerta por las amenazas.

Como Asamblea respaldamos su labor en defensa de la vida y la autonomía y hacemos saber a los malos gobiernos que:

MAX EMILIANO NEGRETE NO ESTÁ SOLO

ATENTAMENTE

TIERRA, AGUA Y LIBERTAD

HASTA QUE LA DIGNIDAD SE HAGA COSTUMBRE

EL AGUA ES EL COMÚN DE LOS PUEBLOS

ASAMBLEA NACIONAL POR EL AGUA, LA VIDA Y EL TERRITORIO

Foto de portada: Cuartoscuro

Fuente: Los Muros

Conversamos con Aline Lima

Nos vamos a ir hasta el Brasil para encontrarnos con Aline Lima, coordinadora general del Instituto de Políticas Alternativas para el CONOSUR, educadora popular, feminista, interseccional, psicóloga y especialista en gestión de proyectos sociales. Vamos a conversar con ella de lo sucedido el pasado 28 de octubre, donde nos sacudió una noticia en el mundo con el asesinato de más de un centenar de personas en una jornada donde la policía de Río de Janeiro actuó, según los señalamientos oficiales, en una lucha contra las bandas criminales vinculadas al narcotráfico en el entorno de varias poblaciones y favelas, como se suele denominar allá.

Para comprender qué ha ocurrido ese 28 de octubre, pero qué está ocurriendo en un contexto más general de esta conversación que estamos dando sobre las violencias, estas violencias excesivas desde el Estado como mecanismos de control en el escenario contemporáneo y en el ejercicio del poder desde las derechas en el continente, porque la gobernación de Río de Janeiro tiene un gobernador del Estado de Río de Janeiro cercano, próximo partidario de Jair Bolsonaro, el anterior presidente del Brasil justamente,

Aline nos comparte: El 28 de octubre de 2025, en el estado de Río de Janeiro en Brasil, se llevó a cabo una operación policial masiva que se llamó Operación Contención, en los complejos de Peña y Alemán, que son dos grandes complejos de favelas en Río de Janeiro, al norte de la ciudad. Participaron más o menos 2.500 agentes de las policías civil y militar. Además de blindados, helicópteros y drones, la acción fue presentada por las autoridades como un operativo a combatir la facción criminal Comando Vermelho.

Según diversos informes, el número de muertos, que es estremecedor, está entre 120 y 130 personas, pero algunos movimientos sociales, sobre todo que acompañan las favelas, han dicho que ese número es mucho mayor. Hay cuerpos que no fueron encontrados todavía. Entonces, el operativo causó un caos generalizado, interrupción de los servicios de salud, suspensión de las clases, paralización de transporte y pánico entre los habitantes de las comunidades, sobre todo de las favelas, y también de  toda población.

Voy a hablar un poco del contexto histórico y estructural de ese episodio. Para comprender lo ocurrido, es muy necesario situarnos dentro de la historia de la policía en las favelas de Río de Janeiro y la lógica de la guerra contra el tráfico de drogas, el narcotráfico. Río de Janeiro ya ha vivido otros episodios similares, como la masacre de Jacarezinho en 2021 donde hubo 30 muertos. Toda la historia de Río de Janeiro, la historia reciente, es marcada por grandes episodios similares de masacre policial en las comunidades negras, faveladas y periféricas y marginalizadas de la ciudad. Esas operaciones suelen funcionar como un mecanismo de control social sobre territorios pobres y mayoritariamente negros como dije, bajo el discurso de combate al crimen. Lo hecho el 28 de octubre fue cualificado como la operación policial más letal de la historia reciente de Estado y de país, fue la operación con más letalidad de la historia reciente de país. Entonces, organismos de derechos humanos y de salud pública denunciaron que no se trató de una acción de seguridad, sino de una tragedia humana que responde a las fallas estructurales de Estado en materia de políticas públicas y respeto a la vida. Lo que expresa este episodio, el hecho no puede entenderse solo como una acción policial, sino como un síntoma de un modelo de desarrollo, un modelo de Estado y de sociedad.

En Río de Janeiro, sobre todo en todo Brasil, nosotros vivimos una especie de síntoma de tristeza colectiva que va desde naturalización de la violencia estatal, el uso masivo y letal de la fuerza se vuelve como normal en zonas pobres, legitimando el discurso de la seguridad. El racismo estructural también, porque las favelas atacadas son territorios de población negra y empobrecida. El operativo refuerza una política racionalizada de control y de muerte.

Pudimos observar también la crisis de la democracia y del Estado de Derecho. La narrativa oficial de éxito frente a la falta de transparencia o investigación real, muestra un quiebre del control institucional por parte del Estado, en fin, la desigualdad social como un trasfondo.

La violencia se concentra donde el Estado falta en garantizar derechos, educación, salud y empleo. O sea, para conclusión de este primer punto, la operación del 28 de octubre no fue solamente un enfrentamiento con el narcotráfico, sino una manifestación extrema de cómo el Estado brasileño ejerce poder sobre la vida y la muerte en los territorios marginalizados. Revela una continuidad histórica de militarización, de racismo estructural y exclusión social.

Planteo una pregunta de fondo, ¿a quién pertenece realmente el derecho a la vida y a la ciudadanía en Brasil?……..Ponemos aquí la conversa completa junto a Aline para que sigas escuchando esta intervención fundamental en estos tiempos…..

[podcast]http://losmuros.org/wp-content/uploads/Hueco-en-el-Muro-2025-Noviembre-2-Martes-11-Nota-destacada-Entrevista-Aline-Lima-Violencias-Rio-de-Janeiro.mp3[/podcast]

Por Rocío Heredia | Avispa Midia
^{Portada: Celebración del octavo aniversario de autogobierno y control territorial de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán}

La Comunidad Indígena Autónoma Tepehuana-Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo ataque en el que personas armadas violentaron, robaron e intentaron desalojar a comuneros que trabajaban la tierra. Se trata de un hecho ocurrido cinco días antes de su 12°aniversario como territorio autónomo, celebrado el pasado 9 de noviembre.

Bajo la advertencia de “los pequeños propietarios ya demostraron ser los dueños”, comuneros de Azqueltán fueron víctimas de un nuevo ataque por parte de sujetos auto-identificados como “pequeños propietarios”, informaron a través de un comunicado. Los hechos ocurrieron el 4 de noviembre cuando personas armadas que viajaban en una camioneta Ram color gris, amenazaron de muerte, robaron e intentaron desalojar a comuneros que se encontraban trabajando en dos predios comunales distintos: El Sabino Quemado y Cuenca del Mosco.

Integrantes de esta comunidad responsabilizan -por presuntamente ordenar estos actos ilegales- a la agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía Regional del Distrito XI, con sede en Villa Guerrero, Jalisco. Así mismo exigen al Gobierno de ese estado y a la Fiscalía Estatal que cesen de inmediato el hostigamiento, la represión y el despojo de sus terrenos comunales.

Azqueltán se encuentra en alerta permanente, emitiendo un llamando de solidaridad a medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos, colectivos y pueblos originarios a resonar su voz para demostrar que sus integrantes no están solos.

Ataques pasados

En septiembre del 2018, en Azqueltán fue realizada una segunda misión de observación en la que se determinó una falta de definición agraria, que da lugar a la incertidumbre jurídica que por años ha aquejado a los pobladores indígenas. Se identificó también un ambiente de impunidad al no haberse investigado -hasta ese entonces-, las agresiones e intentos de homicidio señalados en las carpetas 46/2018, 329/2017 y 484/2018.

(Continuar leyendo…)

DEFENDER LA VIDA, A LOS PUEBLOS Y A QUIENES LOS DEFIENDEN.

Como investigadorxs comprometidxs con el pensamiento crítico, la defensa de los pueblos y la documentación rigurosa de los procesos emancipatorios contemporáneos compartimos esta reflexión sobre los comunicados emitidos por el Congreso Nacional Indígena (CNI), el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en los primeros días de noviembre de 2025.

Punto 1. Violencia sistemática y continuidad de la guerra contra los pueblos. 

El comunicado conjunto del CNI y el EZLN denuncia el ataque armado del 31 de octubre del año en curso contra integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria–Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF). Este hecho, perpetrado por el grupo criminal Los Ardillos, se enmarca en una estrategia prolongada de violencia narco-paramilitar y despojo territorial que afecta a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero. El texto responsabiliza a los tres niveles de gobierno por su complicidad e impunidad, aludiendo a la continuidad de la guerra contra los pueblos originarios, ahora bajo el discurso de la Cuarta Transformación. Durante la última década, 66 integrantes del CIPOG-EZ han sido asesinados y 23 están desaparecidos, evidenciando una ofensiva sistemática que busca destruir la autonomía indígena y castigar la organización comunitaria que defiende la vida.

Punto 2. Criminalización de defensores y deslegitimación institucional. 

El segundo comunicado, difundido por el periódico Desinformémonos y respaldado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos ‘Todos los Derechos para Todas y Todos’ (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), denuncia las declaraciones de la diputada Judith Vanegas Tapia (del partido de Morena) contra el abogado y defensor del territorio Carlos González García, asesor jurídico del CNI, a quien calificó como ‘enemigo histórico’. El Frayba señala que tales expresiones, pronunciadas desde un espacio institucional, constituyen una forma de criminalización discursiva que pone en riesgo la integridad de quienes sostienen la defensa colectiva de los pueblos. El comunicado reivindica la trayectoria de González como jurista comprometido con la libre determinación y la justicia comunitaria, y exige el cese inmediato de los discursos de hostigamiento y deslegitimación hacia los defensores.

Ambos comunicados revelan un mismo patrón estructural: la violencia física y paramilitar contra comunidades organizadas, la estigmatización institucional y mediática de sus defensores, y el despojo territorial como parte de una reorganización neoliberal del espacio. Frente a ello, los pueblos y las organizaciones reafirman su compromiso ético con la vida y la autonomía, sosteniendo que la dignidad y la palabra no serán silenciadas.

Desde el Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias reconocemos en estas luchas la continuidad del horizonte emancipador latinoamericano que busca reconstituir lo común frente a la violencia del capital y la destrucción de los territorios.

Expresamos nuestro enérgico rechazo a las amenazas, difamaciones y actos de criminalización cometidos contra el abogado y defensor de los pueblos Carlos González García, integrante fundador del Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG).

Carlos González García ha acompañado procesos agrarios, autonómicos y jurídicos en Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, Oaxaca y Chiapas; ha defendido el agua, la tierra, la educación comunitaria y la organización autónoma. Su ejercicio del derecho no responde al poder, sino al mandar obedeciendo, caminando junto a los pueblos que deciden por la autonomía y la vida.

Nos solidarizamos con Carlos González García y con todos los pueblos que defienden sus territorios frente al capital extractivista y las políticas que, bajo discursos progresistas, y humanistas profundizan el despojo y la militarización.

Exigimos:

• Garantías de seguridad y libertad plena para Carlos González García.
• Cese inmediato de la criminalización a defensoras y defensores de derechos colectivos.
• Respeto irrestricto a la autonomía de los pueblos originarios y a sus decisiones sobre sus territorios.
• Que las instituciones del Estado investiguen y sancionen las declaraciones amenazantes de la diputada Judith Vanegas Tapia.

La historia latinoamericana nos recuerda que la defensa del territorio es defensa de la vida. En Brasil, en Palestina, en Sudán o en México, el necrocapitalismo se expresa con distintas máscaras: masacres, despojos, hostigamientos. Pero en todas partes los pueblos resisten.

Reafirmamos que el derecho a la vida y al territorio no se mendiga: se ejerce y se defiende.

¡Todo nuestro respaldo y solidaridad con Carlos González García!

¡Alto a la persecución contra quienes defienden la tierra y la vida!

¡Contra el necrocapitalismo y la criminalización, los pueblos siguen caminando la dignidad!

Planeta tierra
10 de noviembre de 2025
Grupo de Trabajo CLACSO Cuerpos, territorios, resistencias