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Los ejidatarios y sus familias tseltales de los ejidos San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, Chiapas, históricamente han sido defensores de su tierra y territorio contra la militarización y los megaproyectos; la incursión militar y establecimiento de bases y cuarteles militares en territorios indígenas a partir del levantamiento armado en 1994 trajo consigo un despojo territorial. Como ofensiva por parte del Estado mexicano para desarticular el movimiento y la organización sociocomunitaria del pueblo tseltal de Bachajón, municipio de Chilón, enfrentó los efectos negativos de la presencia militar en su territorio como la prostitución, el consumo de drogas, aumento del alcoholismo y la división comunitaria que se acentuó con el tiempo. Con base en su experiencia en la defensa de su territorio así como de su cultura comenzó de nueva cuenta una lucha en contra de nuevas formas de invasión y militarización territorial, como lo es la construcción del Cuartel General de la Guardia Nacional en la comunidad de Juculton, lo cual se hizo en contravención a los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la consulta y a lo no militarización de su territorio.
De acuerdo a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, la implementación de cualquier tipo de proyecto ya sea por parte del Estado o de particulares, tiene como obligación el efectuar una consulta con la finalidad de que los pueblos den su consentimiento de manera libre e informada. La forma organizativa de los pueblos originarios, tiene como base a su autoridad máxima la Asamblea, misma que está prevista por las leyes mexicanas. Sin embargo, autoridades de los tres niveles de gobierno omitieron su responsabilidad puesto que no generaron los mecanismos necesarios para la realización de una consulta, libre previa e informada y con ello, recoger el consentimiento del pueblo tseltal de Chilón sobre la construcción de una de las bases de la Guardia Nacional previstas en la actual administración en el estado de Chiapas.
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CERSS No 10
Comitán Chiapas México
Comunicado de los presos indígenas en lucha
Organización Vineketik en Resistencia adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Acanalador del EZLN
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
A la sociedad civil nacional e internacional
A la Sexta nacional e internacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A los medios de comunicación
Al Pueblo Creyente
Al pueblo de México y del mundo
En esta Gira de nuestrxs hermanxs hacia Europa para llevar y compartir las semillas. Semillas de resistencia y por la vida, para sembrar paz, amor y dignidad de nuestros pueblos. Para compartir nuestro mundo con otros mundos del mismo lenguaje e historia mutuas de resistencia y digna rebeldía, donde las palabras son de esperanza y luz, para alumbrar los caminos para un solo caminar, que llevan nuestros corazones es decir nuestros pensamientos y sentimientos.
Y desde este rinconcito les decimos que no están solxs ni van solxs que los vamos acompañando.
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Por Ángel Huerta
El pasado miércoles, 12 de mayo, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan), en Guerrero, realizó una conferencia de prensa para informar los resultados de la Misión de Observación que documentó la situación de violencia en la región de la Montaña, una de las siete regiones que conforman el estado de Guerrero, al sur de México.
La misión escuchó testimonios de casos graves de violencia por parte de familias de personas desaparecidas, casos de violencia de género, de agresiones a personas defensoras y periodistas. Abel Barrera, director de CDHM Tlachinollan, señaló que “es de extrema indenfensión la situación en que se encuentran, sobre todo, compañeras, niñas, jóvenes, adultas, mujeres de la montaña de Guerrero (…), en un marco de complicidad y violencia, de inacciones de las autoridades”, señaló Barrera.
En mayo del 2020, International Crisis Group, organización independiente que trabaja para prevenir guerras, publicó su informe “La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México”, donde expone que “desde el 2014 hasta el 2018, hubo en Guerrero 544 desapariciones forzadas, es decir, desapariciones que involucraron la participación de funcionarios estatales u oficiales de seguridad, más que en cualquier otro lugar del país”.
En el documento señala que las organizaciones criminales asesinaron a cinco activistas de derechos humanos y ambientales tan solo en el 2019. Los periodistas también están en la mira. Desde el 2000, 24 han sido asesinados en Guerrero, el quinto número más alto en todo el país. La más reciente víctima fue Víctor Fernando Álvarez, “un periodista de Acapulco quien fue descabezado en abril del 2020 después de que recibiera amenazas de un grupo criminal local.”
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Guerrero, México, 08 de Mayo del 2021
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN.
Al Congreso Nacional Indígena CNI.
Al Concejo Indígena de Gobierno CIG.
A los Pueblos de Guerrero.
A los Pueblos de México y el Mundo.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las Redes de Resistencia y Rebeldía.
A las Mujeres que Luchan.
A los medios de comunicación honestos, libres y autónomos.
Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras: queremos dirigirles a todas y todos ustedes que lamentamos con muchas tristezas los hechos ocurridos en la comunidad del Coco Municipio de Aldama, Chiapas en donde perdió la vida nuestro hermano Pedro Lunez Pérez en mano de los grupos paramilitares y sus cómplices la Guardia Nacional. Asesinaron cobardemente a un compañero que en vida puso sus esfuerzos y su práctica en la lucha por la liberación ante la esclavitud acarreada por el capitalismo violento y patriarcal.
En la historia del pasado y presente, nosotros los pueblos originarios que resistimos a morir y que apostamos por un mundo mejor en defensa de la madre tierra y territorio, hemos sidos los más golpeados, perseguidos y masacrados por el mal gobierno, pero también, sabemos que algún día vamos a alcanzar la libertad, la justicia y la democracia, con lo cual vamos a humanizar este mundo con el ejemplo.
Este suceso es la prueba que el mal gobierno y sus altos allegados políticos son asesinos y protegen a los autores intelectuales del asesinato del compañero Pedro Lunez Pérez. Este suceso causa dolor y rabia, puesto que nos han arrebatado a un compañero muy valioso que defendió a su pueblo.
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Grupo paramilitar priva de la vida a Pedro Pérez Lunez en patrullaje de la Guardia Nacional
• El Estado mexicano incumple medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de la población de Aldama.
• Los gobiernos federal y estatal sometidos por la violencia paramilitar en el territorio Chiapaneco.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) recibió información por parte de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama, refiriendo que el día de hoy, hacia las 14:00 horas, el C. Pedro Lunez Pérez de 24 años de edad perdió la vida. Este hecho lamentable e irreparable ocurrió en la comunidad de Coco municipio de Aldama, mientras Pedro Lunez estaba dentro de su casa. Este hecho es resultado de los constantes disparos de armas de fuego por parte del grupo paramilitar que se ubica en el territorio de Santa Martha, municipio de Chenalhó y que goza de total impunidad.
Desde ayer, las detonaciones de armas de fuego provenientes del territorio de Santa Martha, municipio de Chenalhó, son dirigidas hacia los habitantes del municipio de Aldama, Chiapas. La Comisión Permanente de los 115 comuneros y desplazados de Aldama, de nueva cuenta reportó que el día de hoy, aproximadamente las 14:00 horas habría iniciado de nueva cuenta las agresiones armadas. El lamentable deceso ocurrió mientras la Guardia Nacional y policías estatales se encontraban cerca de la comunidad de Coco.
Al cierre de esta acción urgente, los ataques armados del grupo paramilitar de Santa Martha continúan. Aproximadamente las 16:29 horas, los disparos de armas de fuego salen del punto El Puente, Santa Martha Chenalhó, en dirección hacia la comunidad de Juxton, municipio de Aldama. A las 17:44 horas los disparos de altos calibres provienen desde en los puntos de ataque de Tijera Caridad, Puente, Kante, Panteón, Chuchte de Santa Martha Chenalhó.
«Como Pueblo Creyente les invitamos a Unirse a las Jornadas de Oración del 16 al 30 de mayo, para pedir por que encontremos caminos de diálogo y reconciliación que nos lleven a la paz con justicia y dignidad.»
Lee la palabra aquí: Pueblo Creyente, llamado a la Paz
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Por Sare Frabes
Organizaciones de derechos humanos en Colombia han denunciado este martes (4) que “el Estado colombiano declaró guerra armada en contra de las manifestaciones pacíficas” que ocurren en todo país, con epicentro en Cali, desde el 28 de abril. La organización Temblores registró hasta hoy al menos 31 manifestantes muertos, 216 personas víctimas de violencia física, 814 detenciones arbitrarias, 21 víctimas de agresiones oculares y 10 casos de violencia sexual.
“A la gente que está protestando le está tirando a matar. A la gente que está llorando su muerto le está tirando a matar. A la gente que está auxiliando a los heridos le está tirando a matar. A la gente de derechos humanos le está tirando a matar. Al pueblo de Cali le están tirando a matar”, sostuvo un defensor de derechos humanos, durante rueda de prensa en la mañana de este martes (4), para denunciar la brutal represión a los manifestantes de Cali en la noche de ayer (3).
“Necesitamos denunciar públicamente que ayer en Cali hubo un despliegue de la policía que utilizó armas de fuego y disparó indiscriminadamente contra cientos de manifestantes y además contra los equipos de derechos humanos y de salud. Es necesario rechazar la respuesta militar a la protesta social”, sostuvo uno de los representantes de las organizaciones de derechos humanos.
Linda Criollo
Según ellos, hasta el momento de la conferencia de prensa se desconocía las cifras de heridos, detenidos y muertos después del ataque de la policía en la noche de ayer. “No pudimos hacer nuestro trabajo, tuvimos que protegernos en las casas de vecinos. No hay garantía para el trabajo de derechos humanos en estos momentos.”
Los defensores relataron que eran más de 30 efectivos de la policía disparando directamente contra las personas. “Exigimos que el Estado en sus distintos niveles asuman la responsabilidad de la masacre que se está perpetrando en Cali.”
Las organizaciones reportaron que hubo ataques a los periodistas que intentaban registrar la operación militar. “La casa donde les estaba dando resguardo también fue impactada”.
Las ambulancias también han sido blanco de la fuerza policial. “Están tiroteando a las ambulancias. No les están dejando ingresar a recorrer los heridos. Están sacando a los heridos de los hospitales y no sabemos para dónde están llevando estas personas lesionadas”.
Además, informan las organizaciones, que se está organizando grupos de personas civiles para actuar con arma de fuego en contra de los manifestantes. “Hemos visto grupos de personas en camionetas saliendo a atacar a los manifestantes. Y todo eso con la complicidad de las fuerzas del estado”.
El gobierno “en lugar de estar dando solución a los problemas estructurales, su reacción es la represión, la muerte y la criminalización”, sostienen las organizaciones.
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Por: Medios Libres Cali
El presidente de Colombia, Iván Duque, en un mensaje en vivo el domingo, 2 de mayo, pidió que el Congreso retire el proyecto de reforma tributaria, que pretendía aumentar los impuestos a quienes menos ingresos tienen, y que desató protestas en todo el país, desde el 28 de abril.
Sin embargo, las protestas continúan, especialmente en Cali, el epicentro de las movilizaciones, porque el hundido proyecto de ley no es sino la medida más visible dentro de un ‘paquetazo’, que incluye la privatización de la salud.
Desde el principio de la pandemia en Colombia a los más pobres se les presentó la cruel dicotomía entre quedarse en casa para cuidarse del virus o salir a trabajar. A las pocas semanas de iniciada la pandemia las casas de los barrios se llenaron de trapos rojos en sus ventanas, significaba que había hambre en esos hogares y eran por miles. Un año después de las primeras cuarentenas, el gobierno propuso una reforma tributaria, que golpearía a las clases bajas y medias. Ante este panorama no se dudó ni un instante en salir a las calles, en un momento terrible de crisis sanitaria por el covid-19. Ya no hay dicotomía, hay rabia y frustración.
No hubo líderes que convocaran, sólo existía una fecha propuesta por las centrales obreras y fue suficiente para que las familias, los amigos, vecinos, el barrio y el pedazo, se autoconvocaran por redes sociales, hasta ser ríos de comunidades caminando hacia los puntos de resistencia, hacia las entradas de la ciudad, forma eficiente de hacer real un paro, nadie entra ni sale.
Así fue el primer día, 28 de abril, jornadas de gritos, arengas, cantos y baile en la calle. Las personas regresaban caminando ya de noche a sus casas, cansadas pero con una sonrisa cómplice de haber logrado el objetivo. Los días siguientes se multiplicaron los puntos de bloqueo y aumentó el número las asistencias de la comunidad, el ejemplo de la lucha educa y vence el miedo a la represión.
El gobierno también tiene experiencia, una experiencia criminal y paramilitar, comienza a detener, asesinar, desaparecer y violar a jóvenes, que en los días de paro hacen curso acelerado de resistencia y lucha callejera. El 30 de abril, luego de tres días de paro, el terror estatal es la respuesta al pueblo en las calles, ya el terror lo usó el gobierno como forma de paralizar a las comunidades en otros momentos. El 1 de mayo se desborda la asistencia y muchas ciudades se suman al paro, el pueblo se ha empoderado.
En este contexto de protesta social generalizada en más de 500 ciudades del país, focalizada en los principales centros urbanos del Suroccidente colombiano, y más de 50 ciudades del mundo, la respuesta represora del Estado no se hizo esperar. Teniendo en cuenta las medidas restrictivas que aún se mantienen en algunas ciudades del país, se estableció un toque de queda que iniciaría el 28 de abril a las 8:00pm. como medida para frenar la continuidad de las jornadas de movilización que se planteaban desde la ciudadanía. Sin embargo, desde las 10:00am esta medida ya había sido modificada por el nivel de descontento que se vivía en las calles. Aludiendo al cuidado y al llamado a no generar aglomeraciones se comenzó a presionar insistentemente a las personas con el toque de queda.
Estas medidas de restricción fueron la excusa perfecta por parte de las autoridades policiales para generar redadas masivas de detenciones ilegales amparados en los decretos de las autoridades municipales, incurriendo además en graves acciones de abuso de autoridad y cometiendo graves violaciones a los derechos humanos (asesinato, exceso de la fuerza, amenazas, procedimientos irregulares en las detenciones, destrucción de los bienes de las manifestantes, ataques directos a la integridad de las personas, abuso sexual, entre otros).
Según información de la organización Temblores, a su plataforma de denuncia de abuso policial “GRITA”, se han reportado hasta las 11:00 pm del 1 de mayo: 940 denuncias de violencia policial, 92 víctimas de violencia física por parte de la policía, 21 víctimas de asesinato de la policía, 4 víctimas de violencia sexual y 12 víctimas de disparos a los ojos.
Cali: La Capital de la Resistencia
La ciudad de Cali se ha volcado a la protesta organizada en el ejercicio espontáneo que permite el encuentro, los puntos han sido tomados con bella creatividad, el alimento siempre al centro con ollas comunitarias diversas y deliciosas, primeras y varias líneas de cuidado y contención de jóvenes en resistencia. Se rebautizaron muchas zonas de la ciudad: La Loma de la Cruz ahora es la Loma de la Dignidad, el Paso del Comercio ahora es el Paso del Aguante, el Puente de los Mil Días es ahora el Puente de las Mil Luchas y la Portada al Mar es la Portada a la Libertad.
Sin embargo, la represión ha sido el pan de cada día, haciendo eco a la frase de “siempre recordaré cuando con rabia tiré una piedra y el gobierno represor respondió con metralla”, se han vivido días intensos de resistencia en, por lo menos, 7 puntos de bloqueo permanente a lo largo y ancho de la ciudad. El pueblo caleño atendió con contundencia y de manera masiva desde el primer día de movilizaciones. En la mayoría de los puntos, ante la provocación de la fuerza pública se dieron confrontaciones entre las manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Sin embargo, la alcaldía de Jorge Iván Ospina le encomendó la tarea de asistir a las movilizaciones también al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional.
Presentamos aquí un reporte consolidado de Derechos Humanos por día que algunas organizaciones defensoras han visibilizado:
#28A 28 de abril, 2021
8 heridos de gravedad y otros 50 leves por impactos de gases lacrimógenos y aturdidoras lanzadas por el ESMAD
Un miembro de la policía dispara por la espalda al menor de 17 años Marcelo Agredo Inchimad, en el barrio Mariano Ramos de Cali. Llega al Clínica Valle del Lili con muerte cerebral y posteriormente fallece.
Es asesinado el menor de 13 años Jaison García, ingresa sin signos vitales al Hospital Carlos Holmes Trujillo del barrio República Israel.
6 personas fueron conducidas a estaciones de policía y dejados en libertad con aplicación de Comparendo por toque de queda, decretado por el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina.
En numerosos videos de denuncia ciudadana se evidencia el uso indebido de armas no letales y el uso directo de armas de fuego en contra de las manifestantes.
#29A 29 de abril, 2021
Es asesinado por agentes de la policía el joven de 23 años Miguel Ángel Pinto, en el punto de concentración denominado “Puerto Resistencia”.
106 manifestantes son detenidos y trasladados a estaciones de policía, se reportan por lo menos 31 denuncias de desaparición. En las estaciones fueron golpeados, torturados y despojados de sus pertenencias y materiales audiovisuales.
Es agredido un manifestante en un ojo por un impacto de un gas lacrimógeno en la calle 5ta.
Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
#30A 30 de abril, 2021
En medio de las protestas son asesinados Edwin Villa Escobar (comerciante), Einer Alexander Lasso Chará (hombre pensionado) en el barrio el Diamante. Jovita Osorio en el Paso del Comercio (docente de primera infancia) y otras tres personas sin identificar del sector del barrio El Poblado, al oriente de la ciudad de Cali. Los hechos se encuentras registrados en video.
En el barrio Julio Rincón, cerca al punto de concentración de Calipso, es impactada con arma de fuego en su pierna izquierda Angely Vivas Restrepo. Mientras que en el barrio Las Américas resultan heridas dos mujeres y un hombre. Esto sin contar otras 105 personas afectadas por distintos métodos de agresión usados por miembros de la fuerza pública.
Son detenidos dos integrantes de la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuente identificados como Daniela Caicedo y José Cuello. Los hechos se dieron en el punto de concentración de Sameco. Allí les hurtan los objetos que los identifican como parte de la organización.
94 personas conducidas a estaciones de policía en diferentes puntos de concentración de la ciudad. Muchos de ellos y ellas fueron golpeadas y torturadas al interior de dichas estaciones por miembros de la fuerza pública.
Se denuncia la desaparición de: José Miguel Oband, Diego Alejandro Bolaños y Jhon Haner Muñoz Bolaños.
#1M 1 de mayo, 2021
Sobre la jornada del día de ayer no hay un reporte de derechos humanos consolidado aún. Pese a la masiva asistencia de manifestantes que cubrían gran parte de los puntos de concentración del centro de la ciudad. Se reportaron ataques indiscriminados a los puntos de concentración de Paso del Aguante, Calipso, y Puerto Resistencia. La fuerza pública aprovechó la llegada de la noche para atacar los puntos más vulnerables de la jornada del 1 de mayo, se reportaron por toda la ciudad denuncias de civiles armados disparando en los barrios colidantes a los puntos de concentración. En la noche del 1 de mayo es declarado el estado de “Asistencia Militar”. Esta vez para legalizar la militarización de las ciudades donde se mantiene la movilización y la resistencia civil en contra de su Reforma Tributaria.
Política de guerra para la protesta social
Encontrar en fuentes oficiales, como las de la presidencia de la república y el Ministerio de Defensa, información sobre los gastos militares ha sido todo un reto, ya que parece que quisiera ocultarse la verdad sobre los gastos gubernamentales en material de guerra. Es porque Colombia gasta actualmente un valor cercano a 40 billones de pesos colombianos en el Ministerio de Defensa (10.300 millones de dólares).
Históricamente el presupuesto de la nación para este rubro siempre ha sido alto, ya que desde hace varias décadas continúa y se acentúa el conflicto interno, que pese a algunos esfuerzos para lograr diálogos de paz, al día de hoy se ha diversificado, territorializado y agudizado en muchas partes del país. El porcentaje equivalente del presupuesto de defensa frente al total en el gasto público en Colombia ronda el 11%, un porcentaje bastante alto para un país con una economía debilitada. Con este valor se ubica el país en el puesto 25 en el ranking mundial del porcentaje del gasto público en defensa, lejos de otros países como Francia que gasta el 3.3% España 2.9% o Brasil con 3.86%.
Al interior de la institución de la policía nacional, esta inscrito el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) fuerza creada en 1999 para contener las movilizaciones que se realizaran en el país. Era una fuerza especial transitoria que sin embargo lleva más de 20 años y durante los diferentes gobiernos de turno se ha ido fortaleciendo y que al día de hoy cuenta con 3.876 integrantes y un presupuesto anual de 490.000 millones de pesos (131 millones de dólares). A lo largo de su accionar ha asesinado por lo menos una veintena de personas civiles, en ejercicios de abuso de autoridad y policial, que ellos han llamado “excesos de la fuerza”.
Actualmente debido a un gobierno completamente ajeno al pueblo, y previendo el fuerte descontento popular por las medidas que se han tomado históricamente, el gobierno Uribe-Duque ha fortalecido las fuerzas de represión, destinando millonarias sumas para esta causa. Desde tiempo atrás el gobierno se ha preparado para una respuesta represiva a un inminente estallido social, ya que en marzo del año 2020 se compraron 5 tanquetas (vehículos blindados) por un valor de 8.000 millones de pesos (2,1 millones de dólares), para fortalecer esta fuerza de represión, así como la compra por valor de 9.515 millones de pesos (2.5 millones de dólares), en municiones y diferentes armamentos para el ESMAD, en medio de una fuerte crisis social y económica ocasionada por la pandemia del covid-19. Para el 2021 se ha incrementado el presupuesto en casi 1000 millones de pesos. El gobierno evidentemente perpetúa la represión y le da a la protesta social un tratamiento de guerra.
Sin embargo, ni el ESMAD ni la policía han logrado reprimir y contener el estallido social que se ha declarado en Paro Nacional, por eso el presidente de la república Iván Duque, en diversos medios el día 1 de mayo de 2021, tomó la decisión de instalar en las ciudades que lo requieran “Asistencia Militar”, una medida que está reglamentada en el código nacional de policía, en la cual se establece el uso de las fuerzas militares en el control del orden y la asistencia de situaciones de desastre. La presencia de dichas fuerzas en las calles incurre en una reducción de derechos como se establece en un estado de sitio. Hay que tener en cuenta que en la practica la presencia militar en las calles genera mayores posibilidades de accionar bélico en las manifestaciones, ya que el estado trata la situación desde una perspectiva militar que históricamente tienen un fuerte accionar violento e impune contra la población civil.
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• El Estado mexicano debe garantizar la seguridad, prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia en las comunidades.
El 23 de abril de 2021, en su resolución 35/2021,¹ la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medida cautelar a favor de 12 comunidades indígenas tsotsiles del municipio de Aldama, Chiapas, México, obligando al Estado mexicano que adopte las medidas de seguridad necesarias y culturalmente pertinentes, para proteger la vida e integridad personal de las personas, garantizar su seguridad al interior de sus comunidades, y durante sus desplazamientos, con miras a prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia armada en su contra por parte de terceros.
La medida cautelar protege a las comunidades Coco, Tabac, Xuxchen, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxton, Tselejpotobtic, Yeton, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera municipal de Aldama. La CIDH realizó un amplio estudio de la información proporcionada tanto de los peticionarios como del propio Estado mexicano, observando que “si bien se han implementado diversas medidas de protección a favor de los habitantes de la zona, las mismas no han permitido mitigar la situación de riesgo”. Hasta el día de hoy “los habitantes de las comunidades identificadas no puedan realizar con tranquilidad sus actividades propias del día a día, tales como sembrar maíz, frijol, o cosechar café”.
En los últimos tres días, los disparos han provenido de los puntos de ataque El Colado Fracción Aktik 2, Telemax, Telesecundaria Santa Martha, Ontik y Tokoy hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Yeton y Coco. Según el reporte de los Representantes de la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Magdalena Aldama, el 1 de mayo de 2021, aproximadamente las 15:09 horas, los disparos de alto calibre salieron del punto de ataque Telemax Santa Martha, Chenalhó, hacia un vehículo que transitaba de la comunidad de Tabac a San Pedro Cotzilnam, en que viajaban niñas, niños y mujeres mientras regresaban de su trabajo.
El día de hoy aproximadamente las 02:19, se reportó nuevos disparos de armas de fuego hacia vehículos y personas que transitan por el camino de Tabac a San Pedro Cotzilnam, dichos disparos provienen del punto de ataque Telemax en Santa Martha, Chenalhó.
Estos ataques se mantienen debido a que el Estado mexicano no ha desarmado y desarticulado el grupo agresor, no ha realizado una investigación eficaz para identificarlos ni mucho menos la relación con funcionarios públicos o la delincuencia organizada. Además de la falta de identificación, delimitación y demarcación efectiva de los territorios creando un clima de incertidumbre permanente para los habitantes.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) reitera su preocupación por el riesgo que existe en las 12 comunidades del municipio de Aldama, debido a que los ataques con disparos de armas de fuego continúan y hasta el momento el Estado mexicano no ha dado señales para concertar las medidas a adoptarse como lo marca la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas.
El Frayba celebra la decisión de la CIDH y exhorta al Estado mexicano el cumplimiento inmediato de las medidas para garantizar los derechos humanos de las personas, así como investigar, desarmar, desarticular y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos cometidas a las 12 comunidades del municipio de Aldama, Chiapas.
¹ CIDH. Resolución No. 35/21, MC 284-18 – Familias indígenas tsotsiles de doce comunidades del Municipio de Aldama, Chiapas, México. Disponible: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/mc/2021/res_35-21_mc_284-18_mx_es.pdf
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
3 de mayo de 2021
Boletín No. 6
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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
1 de mayo de 2021.
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos.
Al Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.
A las y los defensores de los derechos humanos
A los medios libres y alternativos
A los medios de comunicación nacional e internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
Ayer en el marco del -Día del Niño- fallece nuestra hermanita María del Carmen Jiménez Ramírez, desplazada con sus papás en Acteal desde hace un año con ocho meses, pero la enfermedad y la muerte llegaron más pronto que el retorno.
Nuestra hermanita María del Carmen, nació desplazada en Acteal hace seis meses, en donde su corta vida, la vivió difícil. Vivir hacinados en un cuartito de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, la leña húmeda, el humo tupido que se penetra directamente en los pulmones de las mujeres y las niñas y niños, y más la preocupación y la incertidumbre de su mamá de no saber cuándo puede retornar a su casa, hizo que ella se enfermara.
La pequeña niña María del Carmen, se había enfermado hace unas semanas, pero últimamente se había puesto bien, de repente se puso malita, en la misma noche del día 28 de abril cuando iban a retornar al barrio “Río Jordán”, las mujeres y entre ellas su mamá no podían conciliar su dolor y el llanto cuando supieron que el retorno se había abortado, después de que habían puesto toda su esperanza y alegría que por fin podían regresar a recuperar sus casas y su historia, y toda esa angustia de la mamá de la bebé la ingirió a través de la leche que comía.
La noche de antier, nuestra hermanita María del Carmen no pudo dormir de llanto, no sabíamos que es lo que tenía, cuando sus papás la llevaron al hospital en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 30 de abril del presente año, la carretera en malas condiciones, la distancia entre Acteal y el hospital, la indiferencia del tráfico vehicular y la desesperación hicieron que se complicara su situación y, así, nada ni nadie la pudo salvar.
