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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los pueblos indígenas de México y del mundo

En el marco de los 15 años del asesinato de Bety Cariño y Jyri Jaakkola:

Hoy se cumplen 15 años de impunidad. Quince años desde el asesinato de Bety y Jyri. Y, fieles a la costumbre —y a la necedad necesaria de mantener viva la memoria— volvemos a esta fecha con la misma dignidad herida, pero inquebrantable.

En esta era digital, nuestros compañeros han sido convertidos en un código QR, un mensaje de WhatsApp, una aplicación, una canción, un video que recorre el mundo, una foto desgastada, una exposición gráfica. Pero no son solo eso: son una voz que resiste en el tiempo, en la memoria de quienes nos negamos a olvidar.

En estos 15 años hemos transitado el abecedario entero —de la A a la Z— recorriendo cada rincón donde nos fue posible estar, pidiendo justicia. A veces hallamos un espacio cálido, un rostro amable que supo escuchar lo que debía ser Justicia; pero la mayoría de las veces solo encontramos la eterna burocracia, la mentira, la indiferencia. Las banquetas fueron nuestro lugar de diálogo, nuestras aulas, nuestras plazas públicas: en huelgas de hambre, en marchas, en bloqueos, en esperas interminables ante funcionarios públicos y “autoridades” de cualquier nivel. De ellos nunca esperamos nada. Y el tiempo solo nos ha confirmado que la justicia institucional en México es un fracaso.

Han pasado 5475 días, casi nada, para decir —con palabras firmes y heridas abiertas— que el sistema judicial, en el que aún millones de mexicanos depositan su esperanza, está diseñado para perpetuar el ciclo de la eterna impunidad. ¿Qué nos dirán en otros 5475 días? Tal vez, si acaso, algo resuelva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hoy sabemos que si no hubiéramos vivido esta injusticia, tal vez seguiríamos creyendo en el cambio posible, en la escucha, en la reparación. Pero no: esa justicia no ha llegado y no llegará de quienes ocupan el poder. Gobiernos van y vienen, pero las prácticas siguen siendo las mismas: censurar, amordazar, criminalizar la palabra de quienes luchan y exigen justicia.

Y mientras tanto, la guerra contra los pueblos indígenas no se detiene: se agudiza, se profundiza. Denunciamos el ataque constante contra los territorios autónomos, contra quienes defienden la vida frente a los megaproyectos de muerte. Hoy, en particular, exigimos el alto inmediato a la guerra contra las comunidades zapatistas en Chiapas, contra la comunidad de Ostula en Michoacán, y contra todas las resistencias indígenas del Istmo y todo México.

Arde la rabia al ver cómo los que alzan la voz son asesinados o desaparecidos: Marco Antonio Suastegui , María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez, Alin Isaday Salas Isidro, Samir Flores Soberanes, Sergio Rivera Hernández… y tantos, tantos nombres más.

¿Qué puede cosechar un país que siembra violencia, sangre e impunidad?

A 15 años, con memoria viva, con la dignidad intacta y con la rebeldía que no se rinde, seguimos exigiendo:

¡Justicia para Bety y Jyri!
¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas!
¡Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas y contra Ostula!
¡Justicia para todos los luchadores y luchadoras sociales!
Justicia para los asesinatos!
¡Presentación con vida de los desparecidos!
¡Libertad a los presos políticos!
¡Ni olvido ni perdón!

Tras ocho días hospitalizado, el histórico dirigente del CECOP falleció debido a las heridas provocadas en un atentado en Acapulco. Organizaciones exigen una investigación exhaustiva y castigo a los responsables.

Por Mario Marlo / @Mariomarlo

Ciudad de México, 25 de abril de 2025.- Después de luchar durante ocho días por su vida en un hospital privado, este viernes se confirmó el fallecimiento de Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder histórico del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP), quien fue atacado a balazos el pasado 18 de abril mientras salía de la playa Icacos en Acapulco, Guerrero.

El asesinato de Suástegui no es un hecho aislado. De acuerdo con diversas organizaciones sociales, se enmarca en una estrategia sistemática de represión y hostigamiento contra quienes defienden la tierra, el agua y los derechos colectivos en México.

El líder campesino fue atacado por un hombre armado que le disparó en múltiples ocasiones, dejándolo gravemente herido. Aunque su familia logró trasladarlo de inmediato a un hospital, las heridas fueron letales. El atentado ocurrió en un contexto de creciente violencia en Acapulco, donde las organizaciones criminales han fortalecido su control frente a la pasividad —y en algunos casos la complicidad— de las autoridades locales y federales.

Una vida de lucha y represión

Desde que asumió la defensa del territorio comunal de Cacahuatepec frente al megaproyecto hidroeléctrico La Parota, Marco Antonio Suástegui enfrentó criminalización, amenazas de muerte, encarcelamientos arbitrarios y la desaparición forzada de su hermano Vicente Iván Suástegui en 2021. A pesar de contar con medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las organizaciones denuncian que estas fueron insuficientes e ineficaces.

Según el comunicado firmado por colectivos como Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), entre otros, Suástegui seguía siendo acosado de forma constante. “Hombres armados llegaban a la playa buscándolo o le pedían que se fuera de ahí”, denunciaron.

Pese a las constantes alertas sobre el peligro que enfrentaba, el Estado mexicano no implementó mecanismos efectivos para salvaguardar su integridad, lo que hoy culmina en una tragedia que pudo haberse evitado.

Las organizaciones firmantes adviertieron que el asesinato de Suástegui es parte de un patrón de violencia que afecta particularmente a quienes se oponen a megaproyectos, defienden los territorios y denuncian la colusión del crimen organizado con las autoridades locales.

Denunciaron también que el grupo criminal presuntamente responsable de la desaparición de Vicente Iván Suástegui es el mismo que habría perpetrado el ataque contra Marco Antonio. A pesar de que existen mapas oficiales que identifican las zonas de operación de estas células delictivas, no se ha actuado para detenerlas ni para proteger a las víctimas.

Ante este nuevo crimen, las organizaciones sociales exigen una investigación pronta, imparcial y profunda que sancione a los responsables materiales e intelectuales. También demandan medidas de protección reales para la familia Suástegui y para todas las personas defensoras del territorio en Guerrero.

“No se trata de un caso más de violencia: es un mensaje de terror para quienes se atreven a defender sus derechos y su territorio. Urge que el Estado mexicano actúe antes de que más voces sean silenciadas”, alertaron en su pronunciamiento.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Foto de archivo por Regina López}

El Comité contra las Desapariciones de la Organización de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) anunció, la semana pasada, la apertura del procedimiento del Artículo 34 de la Convención Internacional sobre Desapariciones contra México. Este procedimiento, el más extremo con que cuenta el Comité, se activa ante un posible contexto generalizado o sistemático de desaparición en un país.

El CED solicitará al Estado mexicano, en un primer momento, información sobre la situación de las desapariciones en el país. La solicitud llegará en las próximas semanas, informó el presidente del Comité, Olivier Frouville. De acuerdo con el Artículo 34, dependiendo de la gravedad de la situación, podría llevar al Comité a presentar, con carácter urgente, el caso ante la Asamblea General de la ONU, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas.

Durante el anuncio de la apertura del procedimiento, Frouville sostuvo que el CED recibió informaciones que contienen elementos fundamentales que indican que la desaparición forzada se “lleva de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México”.

Tras el anuncio, organizaciones de derechos humanos y de familias buscadoras instaron al Estado mexicano a colaborar activamente con el órgano, enviando información fidedigna y abriéndose al escrutinio internacional.

Además, demandaron que la revisión de la Ley General en materia de Desapariciones en curso debe analizarse a la luz de este proceso, recuperando la voz de los colectivos y las propias recomendaciones del Comité, para que los cambios a la ley no se queden cortos ante la magnitud de la crisis.

No es sorpresa

La determinación del Comité no es una sorpresa. Desde hace años, rememora el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el CED ha llamado la atención sobre la crisis de desapariciones que vive México. Lo hizo por primera vez en 2015, cuando concluyó que las desapariciones eran generalizadas. “La información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado parte, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”, dice el informe del Comité. 

También alentó al Estado mexicano a “que, en el proceso de elaboración de esa información, fomente y facilite la participación de la sociedad civil, en particular de las organizaciones de familiares de víctimas”. 

Después reiteró la situación en sus Observaciones de Seguimiento en 2019.  Una de las recomendaciones fue que el Estado mexicano estableciera “a la mayor brevedad un mecanismo para garantizar la comunicación de las recomendaciones del Comité a las autoridades federales, estatales y municipales a cargo de la búsqueda y de la investigación”.

Representantes del Comité visitaron México en noviembre de 2021, se reunieron con víctimas, organizaciones y autoridades en 13 estados. Enabril de 2022emitió un informe en el que reconoció que las desapariciones en México continuaban siendo generalizadas en gran parte del territorio del paísyemitió una serie de recomendaciones en el que instó al Estado a tomar una serie de acciones para crear una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las Desapariciones. 

Además, enfatiza la impunidad que predomina en el país. “La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”.

En septiembre de 2023, el CED evaluó los pasos dados por México desde su visita al país destacando que no se ha avanzado para concretar una Política Nacional sostenida y puso énfasis en la falta de rendición de cuentas. 

Reacciones

Días después del anuncio del presidente del CED, el gobierno mexicano y la Cámara de Senadores reaccionaron a las medidas del Comité y a las declaraciones de su presidente.

Por un lado, la Secretaría de Gobernación emitió una tarjeta informativa en la cual rechaza las declaraciones de Frouville “entorno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado (…) El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado. México está comprometido con el respeto irrestricto de los derechos humanos y con la atención de las causas de la violencia”.

Sostiene que el Estado Mexicano analizará “dicha solicitud una vez que sea recibida, para compartir las acciones y programas que se implementan a nivel nacional para atender y combatir el fenómeno de las desapariciones en México”.

Por otro lado, el Senado aprobó un pronunciamiento en el cual manifiesta “su absoluto desacuerdo con el comportamiento sesgado, del presidente del CED, Olivier Frouville, quien [hizo] aseveraciones irresponsables y temerarias sobre lo que sucede en nuestro país en materia de supuestas desapariciones forzadas. (…) Ha alentado la falsa e injusta especulación de que hay desapariciones forzadas en México y, peor aún, que esta conducta se da de forma sistemática”.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que presentarán un recurso legal contra la conducta del funcionario de la ONU. “Anunciamos que recurriremos a las más altas instancias de Naciones Unidas para exigir las sanciones correspondientes al funcionario”.  

El Centro Prodh rechazó el “inédito pronunciamiento de la fracción mayoritaria en el Senado sobre las desapariciones, en el que se pide a la ONU que sancione a su presidente. (…) En vez de disputar el diagnóstico y cuestionar al régimen internacional de Derechos Humanos, debería trabajarse en revertir la grave crisis de desapariciones. Lo votado en el Senado no augura un buen trabajo en la revisión de la reforma a la Ley General en la materia”. 

Madres buscadoras exigieron sensibilidad en el temay acciones concretas para atender la crisis de desaparición, en lugar de cuestionar organismos internacionales.

El jueves (10), el CED emitió una declaración reaccionando al pronunciamiento del Senado. “El Comité desea destacar que, de conformidad con la Convención, su decisión de activar el procedimiento del artículo 34 se adoptó por consenso sobre la base de denuncias recibidas en virtud de esta disposición, pero también teniendo debidamente en cuenta los informes, la información adicional, las respuestas presentadas de manera constructiva por el Estado parte desde el 2014 en el marco de las peticiones de acción urgente, las comunicaciones individuales y el informe adoptado por el Comité tras su visita a México”.

Sierra Mazateca a 6 de abril de 2025

Al pueblo de la sierra Mazateca

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

Al Congreso Nacional Indígena (CNI)

A los medios libres e independientes

A los organismos de derechos humanos

Desde las profundidades de la Sierra Mazateca, a través del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC), expresamos nuestra más firme solidaridad y apoyo a el compañero David Peralta Betanzos, foto periodista mazateco comprometido con la lucha social y ambiental de los  pueblos originarios.

Condenamos enérgicamente el atentado que sufrió el pasado 3 de abril 2025 en contra su vida mientras documentaba los daños al medio ambiente en Eloxochitlán de Flores Magón,  derivados de las actividades extractivistas de piedra y arena del cacique local Manuel Zepeda.

El día mencionado, mientras David se dirigía a su hogar, el señor Manuel Zepeda intentó atropellarlo en dos ocasiones. David logró escapar, pero fue perseguido por Marco Antonio Ortiz Gallardo, trabajador de Zepeda, quien lo alcanzó en motocicleta y con violencia le despojó de su cámara  fotográfica. Este acto no solo representa una agresión física, sino un claro intento de silenciar el trabajo periodístico y defender la verdad.

David Peralta, indígena mazateco, ha dedicado su labor foto periodística a documentar no solo la rica  cultura de su comunidad, sino también las injusticias que afectan a su pueblo. Ha sido un testigo visual  de las tragedias ambientales que ocurren en la región mazateca, como los incendios forestales que  devastaron gran parte de la región el año pasado. A través de su lente, David ha mostrado al mundo  las luchas y desafíos que enfrentan las comunidades indígenas, convirtiéndose en un referente para  los jóvenes mazatecos que desean acercarse al arte de la fotografía como una herramienta de  narración y denuncia.

A raíz de este ataque, David se ha visto obligado a desplazarse de su comunidad debido al largo  historial de violencia que Manuel Zepeda y su familia han ejercido contra defensoras y defensores  comunitarios. El gobierno de Oaxaca, a pesar de tener conocimiento de esta situación, sigue  protegiendo a Zepeda y su familia, quienes han continuado con su persecución de aquellos que se oponen a sus actividades ilegales. Elisa Zepeda Lagunas, hija de Manuel Zepeda, fue designada diputada plurinominal por el gobernador Salomón Jara en la actual legislatura, y previamente fue
Secretaria de la Mujer en el mismo gobierno.

Además, es importante destacar que Manuel Zepeda ha acusado a David de estar en su propiedad privada, cuando en realidad David se encontraba realizando su trabajo periodístico en un espacio público, como es su derecho. Esta acusación forma parte de un patrón de criminalización de su labor como fotoperiodista, un ataque directo a la libertad de expresión y a la función fundamental del periodismo independiente.

Exigimos que se garantice la seguridad de David Peralta y de todos aquellos que ejercen el periodismo
en contextos de vulnerabilidad. La labor documental es crucial para las comunidades, pues permite visibilizar las injusticias, defender los derechos humanos y proteger el medio ambiente. Para que este trabajo pueda llevarse a cabo, es indispensable que se ofrezcan condiciones de seguridad y libertad
para los y las periodistas.

Exigimos justicia para David Peralta, el fin de la persecución en su contra, y que se investigue y sancione con el debido proceso a los responsables de este ataque. La impunidad no debe prevalecer, y la justicia debe ser garantizada para todos los periodistas, especialmente para aquellos que documentan la verdad en situaciones de riesgo.

¡Exigimos justicia para David Peralta Betanzos y la protección de su labor!

¡Las familias de Eloxochitlán merecen vivir en paz!

¡No a la criminalización de la labor periodística!

Atentamente,
Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{Foto de portada: Cristian Leyva}

El Ejido de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, al sur de México, retomó la posesión de sus tierras el 1 de abril de 2025. En este territorio se explotó oro y otros minerales desde el año 2007, primero por la empresa Leagold Mining y por último con  Equinox Gold. Horas después de que la empresa anunció en un comunicado la “suspensión indefinida” de sus operaciones en su mina Los Filos, los comunitarios retomaron sus tierras de uso común. 

La canadiense Equinox Gold, que cotiza en las bolsas de Toronto y Nueva York, asegura que la continuidad de Los Filos dependía de acuerdos con tres comunidades locales: Mezcala, Xochipala y Carrizalillo, siendo que esta última se rehuso a firmar los convenios. La canadiense argumenta en su comunicado que, “la «Compañía» ha suspendido indefinidamente las operaciones en su Mina Los Filos en Guerrero, México, tras la expiración de su acuerdo de acceso a la tierra con la comunidad de Carrizalillo el 31 de marzo de 2025”.

En una misiva que han lanzado los comuneros de Carrizalillo argumentan que la empresa omitió en su comunicado que mantenía una postura ventajosa, “absurda y usurera”.

Los comunitarios afirman que la empresa aún tiene pendiente los acuerdos de remediación, y por tanto, “tendrá que negociar su grotesca suspensión indefinida y tendrá que atender lo que la ley le plantea en el plan de cierre y post cierre de minas, si es que no quiere entrar en controversias legales, perder su concesión y le sean confiscados los bienes que hoy están dentro de nuestro territorio”, anuncian los integrantes del municipio de Eduardo Neri, Cariizalillo.

La comunidad advierte que existe la posibilidad de que la empresa apele a que tiene todo en orden, no obstante, denuncian que Equinox Gold “tampoco dirá nada de su bomba de tiempo, llamada pasivo ambiental, que no tiene una sola acción de cierre integral como dice la ley o como lo citan de forma imperceptible en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA)”.

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Integrantes del Modevite anunciaron la presentación de amparos contra las “consultas” recientes del gobierno estatal para autorizar la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal.}

Por la violación reiterada a los derechos humanos, trece municipios mayas presentaron dos amparos contra los lineamientos para llevar a cabo consultas públicas y para exigir la información sobre los impactos ambientales, culturales y sociales relacionadas con la construcción de la autopista Palenque – San Cristóbal de Las Casas. 

El 17 de febrero de 2025, Eduardo Ramírez, gobernador de Chiapas, publicó en el Periódico Oficial del Estado los lineamientos sobre la consulta pública que no contemplan la forma efectiva en la que las comunidades indígenas van a participar para garantizar su derecho a la libre determinación. 

Al día siguiente, se emite la convocatoria para preguntar sobre la construcción del primer tramo carretero de este proyecto Palenque-Ocosingo y el 23 de marzo colocaron tres casillas en las cabeceras municipales de Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Chilón y Ocosingo. 

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Como resultado, este 31 de marzo interpusieron los dos amparos: el primero, reclama la inconstitucionalidad de los lineamientos, por la razón fundamental de la doble dimensión en la discriminación hacia pueblos y comunidades indígenas. 

En otras palabras, los lineamientos no fueron consultados a los pueblos y comunidades antes de elaborarse y de ser publicados. En su contenido, tampoco establece de manera específica el proceso de participación y su aplicación es homogénea. 

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{En portada: Colectivos y representantes de las víctimas, entregaron en Palacio Nacional una serie de testimonios de sobrevivientes y familiares de los fallecidos, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a otros funcionarios. Foto: Luis Castillo.}

Representantes de sobrevivientes y núcleos familiares de víctimas fallecidas el 27 de marzo de 2023, durante el incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, presentaron una demanda ante del Instituto Nacional de Migración (INM) por Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

A dos años del siniestro que terminó con la vida de 40 personas migrantes y dejó con graves secuelas a 27, las organizaciones que acompañan a 17 víctimas presentaron el citado recurso fundamentado en el artículo 109 de la Constitución Política mexicana. 

De acuerdo al párrafo último del artículo 109, el Estado debe reparar los daños que cause a particulares debido a acciones administrativas irregulares y pagar una indemnización según lo que establezcan las leyes.

“Estamos acudiendo a cada uno de los conductos legales para hacer visibles los derechos de las víctimas, para que hechos como el de Ciudad Juárez jamás se repitan. Que le salga costoso al Estado no cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, esa es la finalidad”, explicó Marcos Zavala, abogado e integrante de Fundación para la Justicia.

La Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), representantes de las víctimas, esperan la respuesta a la demanda y, en caso de que no sea favorable, acudirán al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se localiza en la Ciudad de México.  

Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio

^{Fotos por Jeny Pascasio}

Madres buscadoras y organizaciones de la sociedad civil urgen atención a las niñas, niños y adolescentes (NNA), víctimas directas y secundarias de la violencia criminal en diferentes territorios de Chiapas, donde los cárteles actúan con la participación de agentes del Estado.

Oscar González Balleza, responsable de Incidencia en Melel Xojobal A.C., advierte en entrevista con Avispa Mídia que las estadísticas comparadas en un periodo de cuatro años, a la fecha, muestran un incremento significativo en violencias sistemáticas contra NNA.

De acuerdo al registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en un rango de edad de cero a 20 años, siete personas fueron desaparecidas en 2021; 16 en 2022; 59 en 2023; y 130 en 2024. Los municipios chiapanecos con más reportes pertenecen a las regiones del Soconusco, Metropolitana, Meseta Comiteca, Sierra Mariscal, Los Llanos y Selva.

La Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (Redias), durante los primeros 45 días de 2025, contabilizó un total de 90 fichas de búsqueda, de las cuales el 40% corresponden a infantes y adolescentes, es decir, en ese periodo desaparecieron 37, casi uno por día.

José Encinos, del área de Defensoría de Melel Xojobal, hizo hincapié que los datos oficiales muestran la urgencia de justicia y paz, aunque no reflejan la realidad, visto que, resulta complejo demostrar los estragos de estas violencias en términos cuantitativos. 

Fuente: El SurAcapulco
Por Tryno Maldonado

Existe una fecha que en México las autoridades ignoran. El 24 de marzo la ONU conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad. Se antoja como un recordatorio incómodo para gobiernos que prefieren el olvido a la justicia. En México, ese día pasa entre discursos vacíos y cifras maquilladas, mientras fosas clandestinas como el rancho Izaquirre en Teuchitlán, Jalisco, siguen brotando y se convierten en símbolos de un Estado que sistemáticamente desaparece, extermina y emplea similar de cantidad de recursos y de poder para borrar las evidencias. Las madres buscadoras que recorren esos terrenos con picos y palas saben que, a diferencia de los gobiernos que usan la palabra para mentir, la verdad no es algo abstracto: se materializa diariamente en los huesos calcinados, en los zapatos abandonados, en las mochilas vacías con logotipos y leyendas partidistas, en las prendas rotas, en los dientes humanos que algún fiscal “perdió” en el expediente. Pero, si no bastara, hoy, incluso, el dolor de los casi 200 colectivos de madres buscadoras es criminalizado por el movimiento partidista que prometió dar verdad y justicia a la crisis de desapariciones.

El rancho Izaquirre, descubierto en 2021 gracias a la insistencia de colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco, funciona como un espejo de la impunidad de los gobiernos mexicanos. Según lo reportó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las fiscalías estatales llegaron antes que los peritos independientes, alterando el terreno donde después se encontrarían restos humanos calcinados y mezclados con cal. “Llegamos a ver huellas de maquinaria pesada y áreas que parecían recién removidas”, declaró Ana Karen López, integrante del colectivo Hasta Encontrarles.

La respuesta institucional ha seguido un guión conocido: primero la negación, luego la minimización. El 23 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emitió un pronunciamiento en el que denunciaba cómo la Fiscalía de Jalisco ha retrasado por meses la entrega de resultados periciales. Paralelamente, las madres buscadoras enfrentan campañas de desprestigio desde instancias federales: desde acusaciones de “profanación” hasta señalamientos de que “obstaculizan” las investigaciones oficiales o que, llanamente, ellas mismas realizaron un montaje y una campaña para desprestigiar al gobierno de Claudia Sheinbaum.

El rancho Izaguirre como campo de exterminio, sin embargo, no es una excepción: es el modelo. Entre 2006 y 2024, de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, más de 140 mil desaparecidos evidencian que el horror es sistémico. Nos hemos cansado de llamarlos “los desaparecidos de Calderón” , “los desaparecidos de Peña” y “los desaparecidos de AMLO” (7 mil más si contamos los casos de desapariciones que van en el sexenio de Sheinbaum), pero son los desaparecidos de un necro-Estado mexicano podrido hasta la médula. Hoy, como hace diez años, ha vuelto el viejo reclamo en todo el país: Fue el Estado. Es el Estado. Las fosas son eso: el síntoma más aterrador de una necro-política de Estado.

Las fiscalías cómplices son una pieza capital de este entramado. Las autoridades limpiaron el rancho Izaguirre en dias pasados antes de permitir de vuelta el acceso a familias, “Entramos a ver un museo, no un campo de exterminio”, denunciaron las madres buscadoras al atestiguar la profunda manipulación del lugar. “lo pintaron, lo barrieron, lo arreglaron todo. Es un circo, una burla para nuestro dolor”. La mentira institucional perdura. El gobierno de Sheinbaum, como el de Peña NIeto, como el de AMLO, como el de Calderón, primero negó, luego minimizó. Como con Ayotzinapa, como con los 72 de San Fernando. El guión es el mismo hasta la ignominia: “no pasó. Bueno, pasó, pero no fue tanto. Es decir, sí fue, pero ya estamos investigando”.

No “llegaron todas”, como afirma la presidenta Claudia Sheinbaum: las madres buscadoras se siguen enfrentando por propia mano al monstruo institucional que ahora ella encabeza. Este patrón no es exclusivo de Jalisco. Jacobo Dayán, experto en derechos humanos, ha señalado que “el Estado mexicano gasta más recursos en limpiar su imagen que en limpiar las fosas”. La afirmación cobra fuerza al revisar casos como Ayotzinapa, donde Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, ha sido acusado por organizaciones como Centro Prodh y Serapaz de boicotear las pesquisas internacionales. Esa misma estrategia se replica en Teuchitlán por el mismo fiscal: dilación, opacidad y criminalización de quienes buscan.

Aunque esa actitud de indolencia y estrategia de gobierno no es para sorprenderse. El silencio sobre la crisis de desapariciones de parte de Sheinbaum siempre ha sido ensordecedor. Un análisis de las 100 propuestas para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación (disponibles en la plataforma digital de Sheinbaum) revela que el tema de desaparecidos no apareció nunca, ni como subtema en seguridad ni en su horizonte de derechos humanos, Esta omisión resulta particularmente grave. Y ya ante el estallido del tema, trata de parchar con propuestas viejas, insuficientes, y sin escuchar, de nuevo, a las víctimas.

Sin verdad no puede existir democracia. Y los casi 200 colectivos de víctimas -cifra de la ONU en 2023- son humillados e ignorados una y otra vez por la 4T en su búsqueda por verdad. Las madres buscadoras en su dignidad lo saben: la justicia no vendrá de arriba. Por eso cavan sin descanso aún a riesgo de sus propias vidas. Por eso, en pleno 2025, el rancho Izaguirre se ha convertido en el primer gran monumento de los gobiernos de las Cuarta Transformación: un monumento olímpico a su total impunidad, aquiescencia y complicidad

Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes

^{Acción en ciudad de México por el luto nacional por los campos de exterminio hallados en Teuchitlan, Jalisco. Foto por Regina López}

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, México, denunció el domingo (23), por medio de un comunicado, que están siendo víctima de una campaña de difamación y desprestigio sin precedentes tras dar a conocer crematorios clandestinos. “Después de descubrir los hornos de Teuchitlán, hemos sido objeto de una serie de ataques cibernéticos y de manipulación de la información”, sostienen.

Un operativo de búsqueda encabezado por este colectivo, el pasado 5 de marzo de 2025, encontró cientos de restos humanos calcinados, además de prendas de ropas, zapatos y pertenencias de personas, en el estado de Jalisco.

De acuerdo con los activistas buscadores, se han creado audios, videos, imágenes, capturas falsas de WhatsApp utilizando inteligencia artificial para editar voces e imágenes de algunos miembros del colectivo. “Estos materiales falsos buscan manipular la opinión pública y dañar nuestra reputación”.