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Por Avispa
El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) del Congreso Nacional Indígena (CNI), en un comunicado publicado el lunes (13), alerta que la disputa por el territorio indígena para la extracción neoliberal, impulsada por el gobierno federal mexicano y los gobiernos de los estados, “se está apoyando en la represión oficial y el terror profesional, perpetrado por policías, grupos delincuenciales y paramilitares que dejan a su paso un terreno fértil para la apropiación capitalista”.
El CIG ejemplifica la situación con dos territorios que fueron sometidos por el Estado mexicano y empresas extractivistas a estas estrategias: el municipio de Juan C. Bonilla, en la región nahua cholulteca de Puebla, con la represión selectiva; la región zoque al norte de Chiapas, con la complicidad con grupos armado.
El Concejo alerta sobre la implementación de la guerra paramilitar para llevar la violencia al norte del estado de Chiapas, en torno a tierras aledañas al volcán Chichón, en el municipio de Chapultenango, en medio de una creciente presión para la explotación minera, geotérmica y petrolera a la que las comunidades organizadas han hecho frente y logrado detener.
“En ese contexto se dio el cobarde ataque paramilitar sufrido por hermanas y hermanos del pueblo zoque, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, el pasado 21 de noviembre, a partir de las 10 horas; mediante una acción coordinada un grupo armado atacó la comunidad de Esquipulas Guayabal. Alrededor de 20 personas encapuchadas dispararon armas de grueso calibre a la comunidad, provocando el desalojo forzado y el desplazamiento de 35 familias a la cabecera municipal”, describe en su comunicado.
El gobierno mexicano, denuncian los pueblos, a través de sus instituciones agrarias, “propicia graves conflictos por la propiedad y posesión de la tierra, tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio zoque del volcán Chichón, al mismo tiempo que propician la privatización de la tierra colectiva mediante el programa Procede bajo nuevos nombres, que con mecanismos fraudulentos fomenta el despojo y el conflicto”.
Denuncian, aun, la represión y persecución en contra de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta-Popo, “quienes en defensa del agua en el estado de Puebla, agua que está siendo fuertemente ambicionada y disputada por los intereses industriales y particularmente extractivos por parte de la empresa Bonafont, resisten y se organizan de una manera ejemplar”.
Los pueblos exigen el desarme y desmantelamiento de los grupos armados que operan en el municipio de Chapultenango, Chiapas, y reiteran su “rechazo a los megaproyectos de muerte que el gobierno federal pretende imponer a costa de lo que sea, incluso la vida de nuestros pueblos”.
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Por Samantha Demby
El pasado 24 de noviembre, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que las 11 ministras y ministros del Pleno analizarán la controversia constitucional en contra del acuerdo presidencial, publicado en mayo 2020, que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
El acuerdo presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020, ordena a la Fuerza Armada permanente -que incluye al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea- “a participar con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial”. Esta participación no puede exceder los cinco años desde la entrada en vigor de las reformas que crearon la Guardia Nacional, el 26 de marzo de 2019.
El acuerdo especifica que las Fuerzas Armadas deben participar “de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria”. Sin embargo, en el informe, “Poder Militar: La Guardia Nacional y los Riesgos del Renovado Protagonismo Castrense”, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) señala que en realidad “el Acuerdo Presidencial no se ajustó ni a la Constitución ni a la sentencia interamericana”.
Sofia de Robina Castro, abogada del Centro Prodh, precisó que el acuerdo de 2020 “en ningún momento establece como este uso es excepcional, como es que está delimitado en una cierta temporalidad, en un cierto espacio geográfico, a que decisiones establece su despliegue y, sobre todo, como es que va a estar subordinado a los elementos civiles.”
En el conversatorio, “Retrocesos en el modelo de seguridad desde los estándares internacionales” puntualizó: “Por el contrario, es una labor de coordinación que cada vez más vemos que va quedando en manos de las Fuerzas Armadas. Y todo este contexto es lo que nos hace suponer que estamos ante un modelo que sigue profundizando la militarización.”
A la controversia se suma una serie de otras acciones y amparos presentados por instancias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil contra leyes y acciones que militarizan la seguridad pública en México. Este modelo de seguridad militarizada impulsado por la administración de Andrés Manuel López Obrador no sólo es ineficaz, sino que crea condiciones idóneas para la violación reiterada de los derechos humanos, señalan expertas y expertos en la materia.
En lo que sigue, hacemos un recorrido breve por las pasos que han consolidado la militarización como una herramienta clave de la 4T, con la mirada puesta en los recientes acontecimientos.
“Militarización sin precedente”
La militarización de la seguridad pública tiene una larga historia en México. Sin embargo, en el informe “Poder Militar” el Centro Prodh señala que durante el sexenio de AMLO la militarización ha alcanzado “una profundidad legal no vista antes. Los cambios jurídicos están siendo acompañados por una utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores distintas a sus funciones constitucionales ordinarias: se ha vuelto común en el sexenio la participación del Ejército en la construcción de obra pública y en otras funciones”.
Durante el conversatorio sobre los retrocesos en el actual modelo de seguridad, Castro destacó algunos de los principales actos que el mandatario ha tomado en este sentido. “Tenemos presencia de las Fuerzas Armadas [en diversos ámbitos], pero además una reforma constitucional de creación de la Guardia Nacional con elementos preponderantemente castrenses. Tenemos las posteriores leyes secundarias en donde de nueva cuenta se les da facultades a esta institución de la Guardia Nacional que confunde elementos de prevención y de investigación que no deberían de ser propias de una institución con esta características. Vemos cada vez más que las autoridades y los elementos que están al frente de cargos de altos mandos en la Guardia Nacional son castrenses”.
Como recuerda la abogada, la Guardia Nacional fue creada el 26 de marzo de 2019, cuando se publicó un decreto efectuando una serie de modificaciones constitucionales necesarias para extender las tareas reservadas para los cuerpos policiacos al nuevo cuerpo de seguridad. La Ley de la Guardia Nacional fue publicada en mayo del mismo año.
Aunque la Guardia Nacional está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, su entrenamiento, las plazas, el reclutamiento y las prestaciones, “algo así como el ADN de la institución”, según la investigadora de World Justice Project, Lilian Chapa Koloffon- han estado a cargo de la Sedena y la Secretaría de Marina.
En su informe publicado en junio de 2021, el Centro Prodh cita varios hechos que desmienten la supuesta carácter civil de la Guardia Nacional. Lo que es más, todos los coordinadores estatales de la Guardia Nacional en los 32 estados provienen de las Fuerzas Armadas. Por si fuera poco, para aprobar de jure lo que ya es una realidad de facto, en junio del presente año el presidente adelantó que en 2023 presentará una reforma para que la Guardia Nacional forme parte de la Sedena.
Aunque la Guardia Nacional fue creada por reformas constitucionales y leyes secundarias, cabe señalar que hay instrumentos administrativos que “están teniendo tanta trascendencia como si se tratase de actos legislativos”, según afirma el Centro Prodh. El acuerdo presidencial de mayo de 2020 es uno de ellos. Este acuerdo da facultades a la Fuerza Armada Permanente para realizar doce de las cuarenta y cuatro facultades conferidos a la Guardia Nacional por la ley que la conformó.
Por lo tanto, la Fuerza Armada Permanente puede garantizar, mantener y restablecer el orden así como prevenir la comisión de delitos en una muy amplia gama de lugares que incluye “las zonas fronterizas, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, los centros de supervisión y control migratorio, las carreteras federales, las vías férreas, los aeropuertos, el espacio aéreo y los medios de transporte que operen en las vías generales de comunicación, así como sus servicios auxiliares”, así como en los parques nacionales y otros lugares de carácter civil.
Las Fuerzas Armadas también están participando en tareas públicas civiles como la edificación de sucursales del Banco del Bienestar, la distribución y aplicación de vacunas contra el Covid-19 y la participación en programas sociales clave de la 4T como “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”.
El informe de Centro Prodh resume: “El Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación es hoy la pieza fundamental de una militarización sin precedente.”
Megaproyectos en el sur de México
¿Cuál es el propósito de esta militarización excepcional?
Ana Esther Ceceña, economista y coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, propone que los megaproyectos estrella de AMLO en el sureste mexicano jueguen un papel clave. En el informe, “Militarización del Sureste mexicano”, publicado en septiembre de 2021, señala que “la importancia económica, real o potencial, actual y futura de las megaobras proyectadas y, de alguna manera, ya en curso para esta región son una razón de gran peso para entender la creciente militarización, sobre todo por la resistencia organizada de los pueblos y comunidades.
Ceceña y sus colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rastrean la estrecha relación entre la imposición de megaproyectos y la militarización, en el marco de un enfoque regional de “seguridad interna” en el que los gobiernos nacionales ubican a los elementos desestabilizadores dentro de la población. Aunque en principio las políticas de seguridad interna dicen combatir el narcoterrorismo, funcionan sobre todo para proteger “los capitales y la propiedad privada de las grandes empresas frente a quienes resisten el saqueo desde los territorios afectados en nombre del desarrollo y el progreso”, según el informe.
Cabe señalar que López Obrador ha incrementado drásticamente la participación de las Fuerzas Armadas en la construcción y operación de megaproyectos de infraestructura, así como el presupuesto para esta participación. Este es el caso especialmente de los territorios del sureste, marcados por una alta proporción de población indígena y altamente afectados por el tráfico de personas y de drogas, como se documenta en “Militarización del Sureste mexicano”.
De hecho, el pasado 4 de noviembre AMLO anunció que el Tren Maya, los aeropuertos de Palenque y Chetumal y el nuevo aeropuerto de Tulum, así como el nuevo aeropuerto ‘Felipe Ángeles’ en la Base Aérea Militar de Santa Lucía en el Estado de México, serán administradas por una empresa manejada por la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente utilizó un discurso sobre la necesidad de blindar contra la futura privatización de estos bienes nacionales para justificar esta alarmante acumulación de poder en manos castrenses.
Bajó la misma lógica López Obrador firmó el pasado 22 de noviembre un acuerdo que declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, como el Tren Maya y el Corredor Transístmico.
El acuerdo instruye a las dependencias de la Administración Pública Federal a otorgar una autorización provisional de un año que permita al gobierno iniciar estos proyectos sin tener que esperar los dictámenes, permisos o licencias que generalmente se requieren.
Al calificar estos proyectos como integrales para la seguridad nacional, el acuerdo permite al gobierno reservarse la información sobre estos proyectos, restringiendo así el acceso a la información de la ciudadanía en general y de las comunidades afectadas en particular. De esta manera y al otorgar automáticamente la aprobación a los megaproyectos del gobierno, el acuerdo abre paso a la opacidad en la gestión de los proyectos públicos, establece un régimen de excepción en la regulación de los mismos y amenaza los derechos a la tierra y a la toma de decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios de los pueblos indígenas y agrarios, como señalan organizaciones de la sociedad civil en un comunicado publicado el mes pasado.
El doble discurso del interés público y la seguridad nacional que justifica este abuso de poder está inextricablemente ligado a la militarización sin precedentes del país por parte del presidente. Concluye Ceceña: “Constatamos con preocupación que no hay ningún intento por detener estas obras a pesar de la demostración de su naturaleza altamente depredadora, y que, para complicar aun más el mosaico de conflictividad, no serán posibles sin una amplia militarización de la zona, que ya está ocurriendo, pero que apunta a un establecimiento más permanente con la multiplicación de cuarteles y la fijación de tropas, y que pone en riesgo a la sociedad, las culturas, historias y riquezas de las ricas tierras del Sureste”.
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Entrevista en el programa ‘Etat d’Urgence’ de Le Média TV, medio independiente francés, a Maribel Cervantes, delegada del pueblo Popoluca/CNI, y Marcela Méndez, delegada de Yucatán/CNI, sobre la lucha de los pueblos indígenas en México y su papel en la ’Travesía por la vida – capítulo Europa’ (21.11.2021)
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A los pueblos de México y del mundo,
A los medios de comunicación:
Mega proyectos y represión a los pueblos de la región de Cholula, Puebla, y al pueblo Zoque de Chiapas.
La Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno, denunciamos que la disputa por el territorio indígena para la extracción neoliberal, despojo y privatización de la tierra, impulsada por el mal gobierno federal mexicano y los gobiernos de los estados, se está apoyando en la represión oficial y el terror profesional, perpetrado por policías, grupos delincuenciales y paramilitares que dejan a su paso un terreno fértil para la apropiación capitalista, sea con la represión selectiva, como en el municipio de Juan C. Bonilla, en la región nahua cholulteca de Puebla o con la complicidad con grupos armado, como en la región zoque al norte de Chiapas .
Alertamos de la implementación de la guerra paramilitar para llevar la violencia al norte del estado de Chiapas, en torno a tierras aledañas al volcán Chichón, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, en medio de una creciente presión para la explotación minera, geotérmica y petrolera a la que las comunidades organizadas han hecho frente y logrado detener.
En ese contexto se dio el cobarde ataque paramilitar sufrido por hermanas y hermanos del pueblo zoque, en el municipio de Chapultenango, Chiapas, el pasado 21 de noviembre, a partir de las 10:00 horas; mediante una acción coordinada un grupo armado atacó la comunidad de Esquipulas Guayabal. Alrededor de 20 personas encapuchadas dispararon armas de grueso calibre a la comunidad, provocando el desalojo forzado y el desplazamiento de 35 familias a la cabecera municipal.
Denunciamos que el gobierno neoliberal mexicano, a través de sus instituciones agrarias, propicia graves conflictos por la propiedad y posesión de la tierra, tolera la formación de grupos paramilitares que asedian el territorio zoque del volcán Chichón, al mismo tiempo que propician la privatización de la tierra colectiva mediante el programa PROCEDE bajo nuevos nombres, que con mecanismos fraudulentos fomenta el despojo y el conflicto.
Exigimos el desarme y desmantelamiento de los grupos armados que operan en el municipio de Chapultenango, Chiapas y reiteramos nuestro rechazo a los megaproyectos de muerte que el gobierno federal pretende imponer a costa de lo que sea, incluso la vida nuestros pueblos.
Denunciamos también la represión y persecución en contra de las y los compañeros de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta- Popo, quienes en defensa del agua en el estado de Puebla, agua que está siendo fuertemente ambicionada y disputada por los intereses industriales y particularmente extractivos por parte de la empresa Bonafont, resisten y se organizan de una manera ejemplar.
Condenamos la cobarde detención de los comunicadores Alejandro Torres Chocolatl y Michel Torres, de Radio Comunitaria Zacatepec, por parte de policías municipales al servicio del presidente municipal José Cinto Bernal, quien ordenó su detención, después de que un grupo de choque irrumpió en una asamblea en la que se discutía la reapertura de las oficinas del Registro Civil.
Saludamos la digna resistencia de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y del Izta- Popo, que desde el 22 de marzo bloquearon el acceso a dicha planta de la empresa Bonafont, que sobre explotaba los acuíferos de la región y el 8 de agosto la tomaron para convertirla en “La Casa de los Pueblos”.
Exigimos que cese el hostigamiento, represión y persecución por parte del mal gobierno neoliberal de Puebla, que junto al gobierno federal, pretende imponer a toda costa los proyectos capitalistas que devastan el medio ambiente, privatizan y contaminan la vida, para convertirla, de una forma corrupta e inmoral, en la mercancía de unos cuantos.
Atentamente
Diciembre de 2021
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Mas un México Sin Nosotros
Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena- Concejo Indígena de Gobierno
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Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
10 de diciembre de 2021
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
En este día 10 de diciembre, nuestro pensamiento y corazón se encuentran alegres, porque nuestra organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal cumple 29 años de caminar, trabajando en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la Madre Tierra y de la Vida por medio de la Lucha No Violenta.
En un día como hoy, pero en el año de 1992 nació nuestra organización, a causa de una violación a los derechos humanos de 5 compañeros nuestros de la comunidad Tzajalch’en en el municipio de Chenalhó, Chiapas, México.
En el año de 1992, 3 herman@s: Agustín, Catarina y María Hernández López, heredan de su padre recientemente fallecido, un terreno de más de 80 hectáreas en la comunidad de Tsajalch’en, municipio de Chenalhó en Los Altos de Chiapas. En un contexto en el cual la costumbre social no permitía la tenencia de tierra por parte de mujeres, Agustín buscó exigir la exclusividad de la propiedad e ignorar el derecho de sus hermanas a recibir la herencia. Tanto el hermano como las 2 hermanas, buscaron apoyos de caciques y de partidos políticos en el municipio de Chenalhó con la intensión de resolver esta disputa de tierras por la vía de las armas. Sin embargo, nuestros 5 compañeros de Tzajalch’en habían aconsejado a los 3 herman@s que resolvieran dicho conflicto agrario por la vía pacífica.
El 10 de diciembre de 1992, el bando de Agustín en una emboscada dispara contra 3 personas del bando de las hermanas Catarina y María, causando la muerte de una persona y las otras 2 resultaron heridas.
Tanto el juez como el presidente municipales de Chenalhó, no llegaron a investigar el crimen en el lugar de los hechos como debería de ser, y lo que hicieron fue culpar de este homicidio a nuestros 5 compañeros, porque además de que nuestros compañeros han buscado siempre el respeto, la paz y la justicia tanto en la comunidad como en el municipio, uno de estos 5 compañeros nuestros era catequista de la parroquia de Chenalhó y parte del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas que denunciaba las violaciones a los derechos humanos y el despojo de tierras de los pueblos de parte de los ricos y poderosos en complicidad con los malos gobernantes, es así que se le consideraba enemigo político de dicho municipio y del gobierno estatal.
Ante esta grave violación de derechos humanos de nuestros 5 compañeros, y después de que una comisión de la parroquia de Chenalhó llegara a investigar los hechos violentos en la comunidad de tzajalch’en en donde la conclusión fue que, nuestros 5 compañeros eran inocentes, pero fueron encarcelados injustamente. Fue así que la parroquia de Chenalhó, organizó una jornada de ayuno y oración y una peregrinación desde Yabteclum, sede de dicha parroquia hasta el CERESO 5 (Centro de Readaptación Social) en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Gracias a la presión de la sociedad civil nacional e internacional y del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. y Amnistía Internacional, logramos liberar a nuestros 5 compañeros.
Al ver que unidos y organizados podíamos luchar contra las injusticias y que con el ayuno y la oración y la verdad de nuestro lado, podemos vencer las injusticias y las mentiras.
Así fue cómo nació nuestra organización Las Abejas. Obviamente, antes no nos llamábamos Las Abejas, éramos parte del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Le pusimos “Las Abejas” el nombre de nuestra Organización, porque esos insectos trabajan unidas, no se dejan molestar y se defienden entre todas.
Han transcurrido 29 años del nacimiento de Las Abejas de Acteal, y los ricos y poderosos junto con los malos gobernantes en turno, siguen violando nuestros derechos fundamentales; siguen encarcelando a hombres y mujeres inocentes; nos siguen matando como en el año de 1997 masacraron a nuestras hermanas y hermanos y hermanitos; ahora el mal gobierno y su impunidad ha propiciado el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro que hasta la fecha este crimen sigue impune. El mal gobierno y sus paramilitares y el crimen organizado siguen causando desplazamientos forzados y muertes.
El mal gobierno en turno hace decretos a favor de los ricos para despojar las tierras y territorio de los pueblos, así como en el año de 1992, Carlos Salinas de Gortari modificó el artículo 27 Constitucional para entregar las tierras en manos de los ricos y poderosos, ahora Andrés Manuel López Obrador ha emitido un decreto para que sus megaproyectos como el mal llamado “Tren Maya”, el “Proyecto Integral Morelos” (PIM) entre otros, sean considerados de “seguridad nacional”; y si un pueblo, o defensor de derechos humanos y ambientalista se opone a tal despojo, es asesinado como fue el caso de nuestro hermano Samir Flores Soberanes de Amiltzingo, Morelos.
En conclusión, la justicia, la libertad, la paz y el respeto de nuestros derechos humanos y de nuestra vida, se siguen violentando flagrantemente.
Hace 29 años, los malos gobiernos priistas tanto local, estatal y federal quisieron meternos miedo, pero al contrario pudimos consolidar nuestra organización y madurar nuestra conciencia para construir nuestra autonomía como: la libre determinación y autogobierno.
Después de la masacre de Acteal, nuestra organización formó su propia autoridad, la Mesa Directiva de Las Abejas, comisariados y jueces; así también formó áreas de trabajo como: Coro de Acteal, educación, salud, comunicación, grupo de mujeres artesanas y de Caja de Ahorro. Actualmente, tenemos proyectos para mejorar nuestra economía y nutrición. Tenemos proyectos de conservación del agua y energía. Y todo esto gracias a compañeras y compañeros de colectivos y organizaciones que incondicionalmente apoyan y se solidarizan con nuestro caminar y organización.
Aunque los ricos y poderosos y el mal gobierno en turno quisieran acabar con nuestra lucha y organización, sepan que aquí seguiremos; aunque nos intimiden y nos maten, no podrán detenernos, porque nuestra lucha no solo depende de nosotros, sino, es con Dios Padre-Madre que desde el nacimiento de nuestra Organización nos tocó nuestro corazón para organizarnos y denunciar cualquier tipo de injusticia con su pueblo, que somos nosotros y nosotras y también quienes como nosotros quieren vivir libres, en paz con justicia y dignidad.
Antes de cerrar nuestra palabra, nos solidarizamos con las y los 53 migrantes fallecidos y heridos ayer 9 de diciembre del presente año en un accidente carretero en Chiapa de Corzo, Chiapas; denunciamos que este suceso es por la indiferencia y la falta de voluntad política migratoria y el respeto a los derechos de los migrantes de parte del Estado mexicano. Exigimos al gobierno mexicano investigue y castigue a los responsables y atienda a fondo el caso, y no solo tape las heridas y luego dejar en el olvido este caso, como ya es su uso y costumbre.
Nos solidarizamos también con las personas defensoras de derechos humanos del albergue para migrantes Casa Betania Santa Martha en Salto de Agua, Chiapas, de la agresión que recibieron de un grupo armado haciéndose pasar por “la Fiscalía”, condenamos este hecho violento y exigimos se investiguen y castiguen a los responsables.
Así mismo volvemos a sostener nuestro apoyo total a la misión por la paz y la justicia del Padre Marcelo con el pueblo oprimido y en lucha, pedimos a Dios Padre-Madre y a Nuestra Madre la Virgen de Guadalupe y a la Virgen de la Masacre de Acteal que lo acompañen siempre en su caminar en estos tiempos oscuros y difíciles.
Sobre la impunidad, volvemos a exigir justicia por el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, ya que a más de 5 meses de su cobarde asesinato no se ha investigado la causa y a los respectivos autores intelectuales de este aberrante crimen, ya estamos cansados de tanta impunidad y simulación.
Hermanas y hermanos, agradecemos por estar siempre atentas y atentos, les pedimos que sigamos caminando y luchando juntos. Y aprovechamos avisarles que para el próximo año celebraremos en grande los 30 años de lucha y organización de Las Abejas de Acteal, les pedimos estén pendientes de la respectiva convocatoria y actividades, porque no lo queremos celebrar solas y solos.
Gracias infinitamente hermanas y hermanos que no nos han dejado solos y solas en estos 29 años de caminar. Gracias siempre al Pueblo Creyente y a la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Gracias a los agentes de Pastoral y a la Parroquia de San Pedro Chenalhó. No alcanzamos a mencionar a todas y todos, pero sepan que los tenemos en nuestro corazón, así como ustedes nos tienen en el suyo.
Desde Acteal, Casa de la memoria y Esperanza, agradecemos infinitamente al Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra y también al Dios Padre-Madre que nos han dado protección, acompañamiento, fuerzas y sabiduría en nuestro caminar durante estos 29 años.
¡Vivan los 29 años de la lucha civil y pacífica de Las Abejas de Acteal!
¡Viva la Lucha No Violenta de Las Abejas de Acteal!
¡Justicia para Simón Pedro!
¡Paz para los pueblos de México y del Mundo!
Atentamente
La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
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La lucha por la autonomía de los pueblos indígenas es la bandera de Marichuy, quien viajó a Europa para participar en la Gira por la vida, el recorrido que realiza un grupo de integrantes del EZLN.
Daniel Melchor|11 diciembre, 2021
“Venimos a estos países ‘desarrollados’ para ver si el desarrollo es bueno”, dice entre risas María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, vocera del Congreso Nacional Indígena (CNI). El comentario provoca las carcajadas de un auditorio diverso que hasta entonces permanecía en silencio en el Ateneu del Raval, justo en el corazón de Barcelona.
Es la última semana de Marichuy y otros miembros del CNI en Europa que fueron invitados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la Gira por la vida. Vinieron a compartir su experiencia en la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas, pero también a conocer otras formas de organización social como los movimientos okupas en cuyos espacios han dormido los zapatistas y la vocera.
Las últimas actividades de Marichuy se planearon en Barcelona que los ha recibido con su rostro más frío y las lluvias más largas que ha habido en todo el año. “Les trajimos la lluvia”, dice cuando se entera que el clima es muy distinto en la capital catalana.
“Hemos visto cómo les afecta el desarrollo (a los países europeos). Nos llevaron a una mina que quieren reabrir y está saliendo el agua del río contaminada, ya sale color marrón”, cuenta en entrevista Marichuy que se refiere a una zona en Touro, en la comunidad autónoma de Galicia.
Desde que aterrizó en Viena hace dos meses, la vocera del CNI ha participado en un sinfín de discusiones y conferencias en Austria, Italia y España de las que ni siquiera lleva el recuento. A pesar de esto, juzga Marichuy, la gira no se compara con haber recorrido 28 estados de México en 2018 cuando inició el proceso de recolección de firmas para ser candidata a la presidencia.
Para estas fechas, Marichuy ya está curtida en los precios de las frutas y las verduras en distintas regiones. Con la misma reacción que tienen los europeos, se sorprende de que los precios en Barcelona sean mucho más baratos. En Viena pagó cuatro euros por un aguacate, mientras que aquí le costaron poco más de un euro.
Marichuy compró algunos aguacates mientras caminaba por el barrio de Sants, uno de los más auténticos de Barcelona, alejado de lo que los catalanes llaman guiris, es decir, turistas. Sants también es un ejemplo de trabajo colectivo y resistencia, pues hace algunas décadas la presión vecinal ocasionó que una fábrica textil abandonada, en vez de ser atiborrada de edificios, se convirtiera en uno de los parques más hermosos de la ciudad.
En este barrio, el Consejo de la Juventud de Barcelona (CJB) organizó una charla con Marichuy y Nisaguie Flores junto con otros activistas catalanes. Como en muchos otros espacios, dentro de La Lleialtat Santseca, que significa lealtad al propio barrio, se habla exclusivamente en catalán. Entonces, cuando el moderador las invitó a subir al escenario ellas no lo comprendieron, como el resto de la charla. “Pude entender algunas palabras que se parecen”, dice Marichuy. Por eso, cuando el CNI se reúne hablan en español, porque si dos idiomas de una misma familia lingüística –castellano y catalán– se tornan incomprensibles, habrá que imaginar la complejidad de convivir con las 12 distintas familias lingüísticas que existen en el país.
Aunque la situación de violencia y represión que existe en México es incomparable, Marichuy ha visto que algunas regiones en España padecen también el embate de las empresas o el castigo del gobierno cuando se manifiestan. Barcelona será la ciudad con la mejor red de bibliotecas públicas y parques de ensueño, pero también es el lugar donde los Mossos d’Esquadra han disparado proyectiles contra manifestantes, como sucedió el pasado mes de febrero en el que una mujer perdió un ojo en una marcha a favor de la libertad de expresión. Barcelona, como le han contado a Marichuy, también es el lugar donde las inmobiliarias buscan desalojar a los inquilinos y encarecer los departamentos.
Al final del evento, la gente se les acerca a saludarlas, esta vez les hablan en castellano. A Nisaguie le ofrecen una bebida típica –vermut– que le sabe raro, como a chile piquín. Se nota aturdida de tanta gente que la aborda, dice que no está acostumbrada. “Nisa, ¿te acuerdas de mí?” y ella responde apenada que no. Lo cierto es que a los foros donde se presentan llegan activistas, estudiantes, artistas entusiasmados por escucharlas, aunque no conozcan a detalle la diferencia entre CNI y el EZLN, o a pesar de que, por ejemplo, un periodista catalán anote en su libreta «naua» sin hache intermedia, cuando escucha el pueblo al que pertenece Marichuy en el sur de Jalisco.
A menudo las discusiones se extienden hasta dos horas y media como ocurrió el lunes 22 de noviembre en el Ateneu del Raval, un centro que se define como fábrica de tejido social comunitario. El discurso de Marichuy y Nisa es claro y sus enemigos concretos: se llaman Corredor Interoceánico, Tren Maya, Proyecto Integral Morelos, en suma, los megaproyectos. Nisa, que vive en Juchitán, explica que no se trata solo del despojo de su territorio y recursos naturales, sino que los proyectos acarrean problemas como el narcotráfico. Y no lo dice al aire, pues el mismo fiscal de Oaxaca, Arturo Peimbert, ha aceptado que el delito de narcomenudeo se ha duplicado en la zona del istmo de Tehuantepec desde 2019, cuando comenzaron las obras del Corredor Interoceánico.
Es aquí en Barcelona, a finales de la gira, donde integrantes del CNI y los zapatistas se enteran de lo que consideran un total desprecio a las comunidades. El pasado 22 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto para que las obras públicas federales sean consideradas de seguridad nacional y obliga a las dependencias a entregar los permisos provisionales en un plazo de cinco días.
“Está claro el mensaje. Se nota que les urge echar andar los megaproyectos. Oportunista, la forma en como sacaron esto. No les importa que haya resistencia, ni que haya leyes que protejan a las comunidades. No le importa si hay violación de convenios”, dice Marichuy, a quien las querellas entre partidos políticos la tienen sin cuidado, al igual que los rumores rumbo a las elecciones de 2024, sobre si será candidato Marcelo Ebrard o Claudia Sheinbaum, y, de hecho, nunca ha escuchado hablar de Claudio X. González, líder visible de la derecha. Para los pueblos indígenas, lo repiten siempre, todos son lo mismo.
A lo largo de la semana, durante las charlas, Marichuy saca una libreta de su morral y anota lo que le va pareciendo importante. Explica que en esa libreta registra lo que ha escuchado en distintas regiones y que después, al llegar a México, tendrá que compartirlo con los demás compañeros. Es notoria la experiencia que ha adquirido al comunicarse con la gente y, en ocasiones, arranca suspiros con una retórica infalible: “como dicen los compañeros zapatistas, sin prisa pero sin pausa”, o “no sé por qué hay tanto temor de los de arriba por preguntarle a los de abajo”. Sin embargo, en los momentos más inesperados, acaso para que la solemnidad no devore su discurso, Marichuy dice cosas como: “no pierdan el trabajo colectivo, como decimos nosotros: si nos equivocamos somos varios y las regañadas duelen menos”, y entonces el auditorio estalla en risas. De hecho, no hay una sola charla en la que la vocera no haga reír a los asistentes con sutilezas.
“Tampoco podemos quedarnos en la tristeza absoluta porque si no entonces nos trabamos. Tenemos que estar bien para seguir en lo que estamos y agarrar fuerzas”, dice la vocera en referencia a su sentido del humor.
Con facilidad, Marichuy contesta preguntas sobre cómo se organizan las comunidades indígenas y cómo combaten el machismo dentro de las mismas. Pero para otros que la escuchan, ella no solamente es una indígena en resistencia contra el despojo del territorio sino una especie de gurú a quien le hacen preguntas sobre la cosmogonía, una economista a la que cuestionan sobre la riqueza, una suerte de oráculo de quien esperan conocer el futuro.
Uno de los más entusiastas es Jonathan Eugenio, un actor mexicano que vive en Barcelona desde hace 15 años. Para espantar la nostalgia de su tierra, Jonathan sigue vistiendo poncho y botas vaqueras. Ya no quiso regresar a su natal Chihuahua porque ser homosexual le era complicado en lo que, recuerda, era una ciudad conservadora. Además, descubrió que el sistema público de salud catalán lo proveía de una medicina que necesita tomar de por vida. Es el único que le pregunta a la vocera por su trabajo como médica tradicional. “Cuando era adolescente fui parte de los cordones zapatistas. Quería conocer a Marichuy, solo la había visto por redes sociales en 2018. Me gusta que habla desde la serenidad que es propia de quienes han estado cerca del dolor de otros seres humanos”, dice Jonathan.
A Marichuy se le acercan italianos, franceses, chilenas, colombianas, danesas, catalanes, y con asombro descubre que el proyecto de recabar firmas para obtener la candidatura en 2018 cruzó los mares hasta sitios insospechados.
“No tenía idea, pero están al pendiente. Nos identifican bien. Las danesas dicen que estuvieron de cerca en la campaña. Se me acercó otro que dice que fue parte de un colectivo que levantaron firmas”, cuenta Marichuy. Y es que, en Barcelona, si eres mexicano, es probable que te pregunten por dos cosas: el narcotráfico y el zapatismo, como si el futuro del país vacilara entre esas dos opciones.
En el Raval, barrio de callejones estrechos y laberínticos, es común encontrarse con espacios comunitarios gestionados por migrantes. Desde hace décadas se han creado redes para combatir la exclusión. Fue con este tipo de colectivos que los zapatistas se reunieron. Conocieron el gimnasio de autodefensa feminista, el ecomuseo gitano, el sindicato de vendedores ambulantes, y la realidad de los migrantes africanos que han cruzado el mar en patera. Felipe Ibarra, coordinador del Ateneu del Raval, propuso que los zapatistas recorrieran esos espacios para luego, frente a esos colectivos, explicar la autonomía de los caracoles. Los zapatistas relataron su historia desde 1994, el funcionamiento de la Junta del Buen Gobierno y los siete principios bajo los cuales se rigen. Incluso se sinceraron: “No venimos a decir que todo es bueno, también cometemos errores”.
Felipe piensa que los zapatistas, Marichuy y los integrantes del CNI trajeron un respiro al barrio luego de los estragos de una pandemia. “Nos reencontramos con gente de Barcelona con las que habíamos colaborado y no nos habíamos visto. También conocimos a otros activistas de otros barrios. Pero sobre todo aprendimos que las luchas tanto en la selva de árboles como en la de cemento no son tan diferentes. Cuando se trabaja con la justicia social te puedes ir desanimando, pero ellos explican que la fórmula es la constancia”, dice Felipe.
Marichuy ha recibido varios regalos, pero el más especial se lo dieron durante su estancia en Santiago de Compostela. Una comunidad le obsequió una pluma de un pájaro. Se trata de un arrendajo, un ave que tiene la costumbre de enterrar, a lo largo de sus trayectos, pedazos de los frutos que recolecta. Con ese pequeño gesto, el pájaro contribuye a la expansión de los bosques.
“Eso me pareció muy simbólico”, dice Marichuy, mientras una lluvia insólita arrecia en el barrio de Sants.
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Por Ñani Pinto
n el año 2020, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) declara alerta roja por la situación de violencia vivida en los territorios autónomos. Es cuando empiezan a intensificarse los ataques paramilitares. Desde entonces el territorio liberado ha vivido un ambiente de constante agresión. Invasiones de tierras recuperadas, la quema de plantaciones, escuelas, casas y comedores, asaltos a las tiendas y cooperativas zapatistas, robo de cosecha, secuestros, constantes balaceras, hostigamientos, torturas, cercamiento de tierras y fuentes de agua.
La Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la vida y la Humanidad, caracol 10, denunció dos últimos hostigamientos el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, cuando hombres armados y con tractores entraron en su territorio, en un intento de tomar el potrero colectivo de la comunidad Nuevo San Gregorio.
“El racismo ha estado, la guerra contra los pueblos en Chiapas es una realidad, continuada desde 1994, pero ahora profundizada”, alerta el profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gilberto López y Rivas.
El EZLN en sus últimos comunicados y las organizaciones que son base de apoyo de la lucha zapatista han alertado y denunciado que Chiapas vive al borde una guerra civil. “Es evidente que estamos en un escenario muy similar al que precedió la masacre de Acteal”, puntualiza el investigador López y Rivas, que se refiere a la incursión paramilitar en la localidad de Acteal, en Los Altos de Chiapas, en 1997, donde fueron asesinados 45 indígenas tzotziles de la organización Las Abejas, como parte de una estrategia del gobierno para desarticular la base social de Acteal.
Además de la acción paramilitar, el propio gobierno federal ha intensificado el proceso de militarización en Chiapas, en un contexto de ocupación del territorio por megaproyectos. “Son aproximadamente 15 mil elementos del ejército en Chiapas y se está construyendo 12 nuevos cuarteles de la Guardia Nacional, además del arribo de los seis cárteles del narcotráfico aquí en Chiapas durante el año de pandemia. Todo eso en un contexto donde se busca imponer el Tren Maya, donde se despoja la tierra comunitaria y ejidal a partir del programa Sembrando Vida”, describe Diana Itzu, de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq.
Caracol de la realidad, territorio rebelde zapatistas, dic. 2013. Foto por Santiago Navarro F.
A pesar de las frecuentes alertas y denuncias, el escritor y activista Raúl Zibechi observa que “sectores importantes de la sociedad niegan que hay un conflicto destructivo en Chiapas, incluyendo sectores de los movimientos, de las izquierdas, de las personas comprometidas con las luchas”, enfatiza.
La contrainsurgencia cuenta “con el apoyo del Estado (…) y la neutralidad, o aplauso incluso, de sectores importantes, eso es lo que vemos en estos momentos en México”, evalúa Zibechi.
¿Por qué se dibujó este escenario?, ¿por qué se niega que hay una guerra en Chiapas?, lanza la pregunta el escritor y la contesta presentando tres razones principales.
La primera, argumenta, es que no es una guerra tradicional, en donde hay dos lados claramente visibles en el escenario. “Es una guerra capilar. Es una guerra en la cual no se apila los muertos, aunque sí haya muertos. Es una guerra de desgaste que no busca destruir de un solo golpe, busca desmoralizar la población, busca desorganizarla y destruir su base material de sobrevivencia. Es una guerra que busca atacar el corazón ético de los pueblos. Todo eso pasa aparentemente como elementos aislados. Por eso es una guerra tan difícil de ver”.
El segundo elemento que dificulta visibilizar la guerra es el ‘progresismo’ del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Zibechi identifica una semejanza entre los países donde ha habido gobiernos considerados progresistas, es decir, logran llevar adelante proyectos de desarrollo antiguos, bajo un discurso progresista. En Brasil, por ejemplo, los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff lograron llevar a cabo megaproyectos que los militares, en su dictadura (1964-1985), no lograron.
En México, “si es la cuarta transformación la que encabeza la ofensiva narcoparamilitar en los territorios, porque es la que encabeza, genera mucho menos resistencia. Yo digo que para llevar adelante una guerra de exterminio, las grandes obras de infraestructura y el modelo extractivo, lo ideal son los gobiernos progresistas. Por eso están”, analiza.
Además, explica, los gobiernos progresistas se arropan de las políticas sociales. “El capitalismo ha entendido que para llevar adelante las peores facetas de su política es mejor el progresismo, que no es nada progresista, es la política reaccionaria de siempre pero revestida de un discurso de ayuda a los pobres, incluso de soberanía nacional”.
El tercer elemento, propuesto por el escritor para comprender la invisibilización de la guerra vivida en Chiapas, es el propio EZLN, “porque es la fuerza político, militar, revolucionaria completamente distinta del resto de la izquierda, no quiere tomar el poder, no quieren usurpar la representación de los pueblos, los pueblos se están organizando por sí mismos, no hace la política y el discurso que resuena en las izquierdas de América Latina”.
La política de transformar el mundo a través de las autonomías, según Zibechi, es una política que la izquierda no termina de aceptar. “Acepta transformar el mundo a través del Estado, porque el Estado es el altar mayor en el imaginario político de las izquierdas. Todo que no sea el Estado se mira con desconfianza. El Estado y los tipos de organización estado-céntricas, como los partidos y sindicatos”.
La cultura política hegemónica en las izquierdas y en los movimientos populares, sostiene él, sigue siendo una cultura colonial y patriarcal. “Estamos todos atravesados por esta cultura, pero hay algunos que luchan por revertirla o modificarla o por desobedecerla”.
Para poder visibilizar la importancia del proceso zapatista, según Zibechi, hay que mirar a los pueblos. “Hay que ver la maravilla que están construyendo y lo que están resistiendo. Porque no es lo mismo resistir en un lugar donde las cosas más o menos están organizadas, donde hay una retaguarda, que resistir como hacen las comunidades de Aldama o de Moisés y Gandhi.”
Itzu, Zibechi y López y Rivas expusieron sus vivencias y análisis sobre la guerra en Chiapas en el Conversatorio virtual: Las Autonomías Zapatistas frente a la guerra, Chiapas, México, organizado por Grupo de Trabajo CLACSO Pueblos Indígenas, Autonomías y Derechos Colectivos.
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Por Sare Frabes
El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó, en una sesión pública en la tarde de este miércoles (8), presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del Acuerdo emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador por el que se declara como de seguridad nacional e interés público los proyectos y obras de infraestructura de su gobierno. El Acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre y ya está en vigencia.
Aunque el Acuerdo no es explícito en cuanto a la reserva de informaciones sobre las obras y proyectos de su gobierno, al decretarlos de seguridad nacional “realiza una reserva anticipada y generalizada de la información, vulnerando el derecho a saber de la sociedad”, enfatiza el INAI mediante comunicado.
De acuerdo con la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, la medida de AMLO “da lugar a que toda la información de las obras de infraestructura tenga el carácter de reservada, de manera general, previa y dogmática”.
Por su parte, al emitir su voto, el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, alertó sobre la amplitud de dicho Acuerdo. Alrededor de 250 entidades federales están obligadas a cumplirlo. Además “la expansión de la orden es impresionante, incluye hasta actividades de cultura y turismo”, subrayó.
El marco normativo general y federal en materia de acceso a la información pública prohíbe la clasificación previa de la información y ordena a los sujetos obligados a realizar un análisis caso por caso en la clasificación de la información.
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Posicionamiento para la defensa integral del territorio y sus espacios de vida
Ante la acción marrullera del ministerio de Ambiente, quien dentro de la delimitación que hizo del páramo de Guanacas, excluyó de dicha área toda la zona de Gabriel López y, en donde al verificar se encontraron grandes extensiones de cultivos de papa y otras actividades extractivistas como la minería las cuales ponen en riesgo la vida toda; los 11 pueblos indígenas que hacen parte del CRIC, y las autoridades del pueblo Misak filiales a la AISO, se dieron cita en el páramo de Las Guanacas, el 06 de diciembre, con el fin de mandatar la protección, conservación y cuidado de los espacios de vida para la armonía y equilibrio de nuestra Madre Tierra y todos sus seres vivos.
El lema de este importante encuentro fue la Unidad, un principio básico con el que nos tejemos los pueblos indígenas. La lucha no es contra nosotros mismos, sino contra quienes nos joden con leyes que nos despojan, para esclavizar la tierra. Nos juntamos para Liberar a nuestra Madre.
“Yo siempre he soñado con que se unan las organizaciones, se unan los pueblos, los movimientos y luchemos juntos” menciona una autoridad del pueblo Misak y agrega “importante que los campesinos se pararon duro, porque si no, no habíamos podido relacionarnos con ellos”.
Y así fue, en medio de las confusiones y malos entendidos generados por la desinformación frente al posicionamiento en el páramo, algunos campesinos, bloquearon la vía en el corregimiento de Gabriel López, esta acción permitió dialogar y dejar en claro que este posicionamiento político es un tema de protección colectiva, una acción que nos compete a todos los sectores y pueblos indígenas.
“Los campesinos manifiestan que es territorio de ellos, no estamos diciendo que es de nosotros. Estamos unidos defendiendo el territorio. Los páramos de todos” agrega un participante.
Nos une la defensa del páramo y la vida toda, nos une la música y los colores que representan la alegría de cada pueblo, con la que seguiremos luchando contra quienes nos despojan con leyes que van en contra de nuestra Madre Tierra y contra nuestros cuerpos.
“Unámonos como se unen las dos manos para trabajar, unámonos así todas las organizaciones y los pueblos para que el fruto sea el territorio, la educación, la salud y la buena justicia”.
Es por ello que en minga todos los pueblos hijos e hijas de este territorio, tenemos que seguir caminando por la libertad de la Tierra, mandato comunitario con el que iniciaron nuestros procesos de lucha y resistencia para vivir en armonía y equilibrio.
Recordemos un aparte del documento Libertad para la Madre Tierra del año 2005, en donde nos hace uno con la tierra y con la lucha.
“Mientras sigamos siendo indígenas, o sea, hijos de la tierra, que nuestra madre no es libre para la vida, que lo será cuando vuelva a ser suelo y hogar colectivo de los pueblos que la cuidan, la respetan y viven con ella y mientras no sea así, tampoco somos libres sus hijos. Todos los pueblos somos esclavos junto con los animales y los seres de la vida, mientras no consigamos que nuestra madre recupere su libertad”.
Es por ello que nuestro posicionamiento y nuestro caminar, seguirá orientado en el deber de defender la vida y rechazar rotundamente todo el plan de muerte con sus leyes de despojo venga de donde venga, ya que todos los territorios indígenas en su integralidad son sagrados.
Esta acción nos deja ver por encima de muchas cosas, la unidad de los pueblos, de aquí y de allá, del valle, paramo y montañas para unificar los territorios por la libertad de la madre Tierra, este posicionamiento es un logro de todo el movimiento indígena.
Por acá les dejamos el pronunciamiento con el que se mandato la protección, conservación y cuidado del territorio como espacio de vida.
Por: Tejido de Comunicación para la verdad y la vida.
