^{En portada: Familias desplazadas de Santa Martha, municipio de Chenalhó, se manifiestan contra la impunidad de los ataques armados en la región.}

En los últimos días de octubre, familias desplazadas violentamente de Santa Martha, municipio de Chenalhó, en Chiapas, se manifestaron en San Cristóbal de las Casas para exigir la desarticulación de grupos armados, la aparición con vida de personas desaparecidas y el retorno seguro a su lugar de origen.

Los indígenas tzotziles tuvieron que abandonar un centenar de viviendas debido a que el pasado 29 de septiembre un grupo armado de Chenalhó atacó su comunidad, tras lo cual reportaron 244 personas desplazadas de todas las edades, niños, mujeres y ancianos.

Durante la marcha difundieron que, tras el ataque, el cual duró más de cuatro días, contabilizaron 15 personas desaparecidas, así como el asesinato de siete adultos y tres menores de edad. Las familias recorrieron el centro de San Cristóbal para exigir castigo a los asesinos, el cese de la impunidad y justicia ante la situación de violencia en la región de los Altos de Chiapas.

Los indígenas desplazados se encuentran refugiados en la comunidad de Polhó, en el mismo municipio de Chenalhó donde desde principios de octubre han recibido ayuda humanitaria, la cual no es suficiente, sobre todo por la situación de vulnerabilidad de los niños.

De acuerdo con datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, entre los años 2010 y 2021 se registró el desplazamiento forzado de 14 mil 476 personas en al menos 15 municipios del estado de Chiapas.

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Entre las organizaciones que realizan el registro se encuentra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) para quien el conflicto en Chenalhó existe por el inadecuado deslinde territorial, por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria en la década de 1970, entre los pobladores del municipio de Aldama y la comunidad de Santa Martha en Chenalhó. A esto se suma la omisión para resolver dicha situación por parte del Estado, lo que ha permitido la continuación del conflicto entre las comunidades indígenas.

En Chenalhó existe presencia paramilitar debido a las operaciones de contrainsurgencia después del levantamiento armado en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y destaca el número de familias desplazadas del municipio vecino de Chalchihuitán, donde debido a la violencia se ha reportado el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

Crisis

En comunicado difundido en octubre, el CDH Frayba señala la responsabilidad del Estado mexicano por la omisión ante los ataques y el mantenimiento de la impunidad frente a la actuación de grupos armados en los Altos de Chiapas. Según el Frayba, estos “amenazan, asesinan y desplazan a los habitantes, lo cual constituye una violación continua y múltiple de los derechos humanos, entre los que se destacan el acceso a un nivel de vida adecuado, a la libertad de circulación, libertad de residencia, a la vivienda, salud, educación, empleo, y a una vida en familia”.

La organización de derechos humanos destaca que en diversas zonas de Chiapas se vive una crisis de violencia, debido a que “actores civiles utilizan el recurso armado como mecanismo de control político, territorial y económico”.

Desde el año 2011, el CDH Frayba ha documentado 40 conflictos donde destaca la operación de grupos armados, de los cuales 33 casos registraron el uso de armas de alto calibre. La mitad de estos eventos se desarrollaron en los Altos de Chiapas, en los municipios de Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Oxchuc.

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Según Frayba, los actores que participan en los ataques son diversos, “desde sucesores de dinastías de líderes paramilitares que dan continuidad a la lógica contrainsurgente, una conjugación con grupos armados vinculados al crimen organizado y delincuencia común, así como organizaciones sociales corporativistas afines al Estado; hay que sumar la militarización de la seguridad pública en los territorios a través de la presencia de la Guardia Nacional”.

Para la organización son varias las causas de esta crisis de violencia. Entre ellas destaca que la descomposición social actual es producto de conflictos políticos-militares irresueltos, de la ausencia de mecanismos institucionales efectivos para la solución de conflictos sociales, además de la existencia de un mercado ilícito de armas, la impunidad histórica y el fomento directo de estas dinámicas de la violencia por parte de autoridades tanto locales como estatales.

“La violencia en estos territorios es sumamente dramática, ya que ha tocado las estructuras comunitarias provocando fracturas profundas y permanentes, esto a causa de los mecanismos del terror que van creciendo, por lo que es urgente desactivar las violencias y reconstruir el tejido social con la participación de la población que resiste estas acciones criminales”, enfatiza la organización.

^{En portada: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca.}

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

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Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

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Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.

^{En portada: Refinería de petróleo, propiedad de Exxon Mobil, es la segunda más grande de Estados Unidos ubicada en Baton Rouge, Luisiana.}

Poco antes del inicio de la COP27, reunión anual para las negociaciones climáticas promovida por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), organizaciones ambientalistas advierten que las iniciativas mundiales para alcanzar las “cero emisiones netas” tienen profundos y preocupantes vínculos con los mayores contaminantes a nivel global.

El documento “Un conflicto más allá de la credibilidad” analiza tres de las más destacadas iniciativas de “cero emisiones netas” que han revelado normas o publicaciones. Es el caso del Consejo de Integridad para el Mercado Voluntario del Carbono (Consejo de Integridad), el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre los Compromisos de Emisiones Cero de las Entidades No Estatales (HLEG) y la campaña Race to Zero (Carrera a Cero en español) impulsada por las Naciones Unidas.

El caso del Consejo de Integridad, quien se describe a sí mismo como “un órgano de gobierno independiente para el mercado voluntario de carbono”, tiene como objetivo el garantizar que dicho mercado aplique normas de referencia globales definitivas “basándose en la mejor ciencia y experiencia disponible, de modo que los créditos de carbono de alta calidad movilicen eficazmente la financiación hacia la mitigación urgente y el desarrollo resiliente al clima”.

No obstante, el Consejo está integrado por ejecutivos con historiales de escasa supervisión reguladora e incluso, con vínculos a las mayores corporaciones de combustibles fósiles como ExxonMobil, Petrobras, China National Offshore Oil Corporation, Institute of International Finance, Blackrock, Standard Chartered Bank, BP, BNP Paribas, Cargill, Chevron, Drax, Shell y Total.

Entre sus integrantes destaca Annette L. Nazareth, presidenta del Consejo, quien además trabaja como consejera principal de un bufete de abogados que asesora a grandes empresas contaminantes como ExxonMobil, Petrobras, la China National Offshore Oil Corporation y el proveedor de servicios petrolíferos Baker Hughes. De acuerdo al análisis, en su anterior etapa en la Comisión de Valores de Estados Unidos fue acusada de estar “demasiado asociada a la débil supervisión federal que contribuyó al colapso bancario”.

Sonja Gibbs, miembro del consejo de administración del Consejo es responsable de finanzas sostenibles del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), entre cuyos miembros se encuentran 33 de los 50 principales financiadores de combustibles fósiles del mundo. Solo en los últimos tres años (2019-2021), estas 33 instituciones han dirigido más de 2 mil millones de dólares hacia los combustibles fósiles, lo que supone más del 86% de la financiación de combustibles fósiles del mundo.

El análisis de las organizaciones ambientales subraya la preocupante credibilidad de los tres representantes del mercado que asesoran al Consejo: David Antonioli, director general de Verra, un organismo de certificación de compensaciones de carbono cuya metodología fue criticada por los expertos en 2021 por estar “basada en un sistema defectuoso” y tener un “importante problema de credibilidad”. Además, señalan también a Jeff Swartz, director de clima de British Petroleum y a Chris Leeds quien trabaja para la financiera de combustibles fósiles Standard Chartered.

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“Los tres representantes del mercado del Consejo de Integridad sugieren el preocupante escenario de que los principales financiadores de combustibles fósiles y las empresas de petróleo y gas pueden aumentar la financiación y la expansión de los combustibles fósiles mientras certifican y compensan sus emisiones de gases de efecto invernadero para mejorar su imagen pública, en lugar de reducir realmente las emisiones en origen”, denuncia el informe.

En cuanto al grupo de expertos del HLEG, el análisis destaca la participación de Catherine McKenna, ex ministra de Medio Ambiente canadiense quien apoyó la operación del multimillonario oleoducto Trans Mountain y autorizó el vertido de 8 mil millones de litros de aguas residuales. Helena Viñes Fiestas, quien durante su mandato en sostenibilidad de BNP Paribas Investment Partners, entre los años de 2016 y 2020, se convirtió en el mayor financiador de combustibles fósiles en la Unión Europea.

Captura

Para las organizaciones es particularmente preocupante que la campaña Carrera a Cero, convocada por las Naciones Unida, la cual integra entre sus miembros a bancos que invirtieron más de 500,000 millones de dólares en combustibles fósiles solo en 2021 y presionaron con éxito a la iniciativa para debilitar los criterios para la eliminación de proyectos de extracción de carbón.

“Este análisis solo araña la superficie de lo profundamente conflictivas que son estas iniciativas de ‘cero emisiones’”, dijo Sara Shaw, coordinadora del programa internacional de justicia climática y energía de FOEI. Acorde a Shaw, los promotores de este discurso obstruyen otras políticas de combate al cambio climático, al mismo tiempo que intentan ganar credibilidad en su imagen ecologista.

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Por su parte, Rachel Rose Jackson, directora de investigación y política climática de Corporate Accountability, señaló que la manera en que se coloca a las industrias contaminantes y sus financiadores para dirigir y dar forma a las estrategias de “cero emisiones” es un claro lavado de cara de la industria.

Según las agrupaciones, evidenciar estos vínculos cobra relevancia frente al inicio de la COP27, a realizarse en Egipto, donde esperan que las corporaciones lancen “su próxima ofensiva de relaciones públicas” para promover las “cero emisiones”. Ante esto, miles de organizaciones de todo el mundo abogan por un marco de rendición de cuentas para la CMNUCC. En un caso, más de 425 organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamado para frenar el acceso de los grandes contaminadores, a través de estas iniciativas y de otras, a las conversaciones anuales sobre el clima. “Durante tres décadas, los mayores contaminadores del mundo han tratado la CMNUCC como una feria comercial. Patrocinadores corporativos para las conversaciones políticas. Cientos de grupos de presión de la industria trabajando en los pasillos. Un sinfín de anuncios para iniciativas corporativas no vinculantes e ineficaces. Ya es suficiente, la captura corporativa de este espacio debe terminar y los grandes contaminadores no pueden tener más voz en la CMNUCC”, compartió Coraina de la Plaza, del GFC.

William Bradley Roland, mejor​ conocido como Brad Will, fue un periodista independiente, camarógrafo, documentalista y militante anarquista. Formó parte de la plataforma Indymedia en Nueva York, Bolivia y Brasil. Él viajó hacia el estado de Oaxaca a principios de octubre del año 2006. Su objetivo era documentar una de las principales revueltas con las que se inauguraba el nuevo milenio en Latinoamérica. Aunque este sería el último viaje de Brad.

Habían pasado casi cinco meses desde que inció el estallido de la revuelta popular en el estado de Oaxaca cuando Brad llegó con su cámara recién adquirida. Este escenario comenzó con una orden de desalojo, emitida por el entonces gobernador de esta entidad, Ulises Ruiz Ortiz, hacia profesores de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CENTE), quienes se mantenían en huelga en la plaza central y las principales calles de la turística ciudad de Oaxaca. Tras una fuerte represión hacia los profesores, cientos de vecinos y organizaciones sociales salieron a las calles a respaldar a los docentes, hasta que la revuelta se generalizó y la sociedad salió a las calles, pero para exigir la destitución del gobernador.

Es en medio de esta situación en la que Brad llegó a la ciudad y -después de acompañar a una parte de La Otra Campaña del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que recorría el país- comenzó a explorar, en una motocicleta que había rentado con su chofer, los diversos puntos en los que se había extendido la edificación de barricadas. Estas barreras fueron creadas como un acto de defensa contra grupos de choque que portaban armas exclusivas del ejército, así como de policías vestidos de civil que disparaban hacia hombres, mujeres, niños y ancianos que se habían sumado a esta llamada “insurrección popular”.

Con más de 20 días en Oaxaca, al periodista estadounidense ya lo comenzaban a identificar como el “güero” y, entonces, la población le daba acceso a cada rincón de Oaxaca en donde hubiese un control para circular, principalmente, en las noches. Esta ciudad estaba completamente paralizada y pocos eran los automóviles que podían circular intentando esquivar palos, piedras, llantas y otros obstáculos esparcidos por las calles. Brad llegó a contabilizar hasta 3 mil barricadas levantadas en los cuatro puntos cardinales, no solo de la ciudad, sino de las colonias populares y de las comunidades con más cercanía a la ciudad.

El último día de Brad

El 27 de octubre, las personas que se mantenían en las barricadas tenían por objetivo la paralización completa de la ciudad, por lo menos, por 24 horas. Así amaneció la barricada conocida como “Calicanto”, en el municipio conurbado de Santa Lucia del Camino. Junto a los palos, llantas y otros objetos, atravesaron camiones de mercancía, los cuales fueron interceptados mientras circulaban por las calles.

Cuentan los vecinos que eran las primeras horas de la mañana cuando, de una camioneta cerrada, descendieron autoridades del municipio de Santa Lucia y, sin palabra alguna, “comenzaron a disparar contra los manifestantes y entonces todos corrimos y buscamos refugio”, dice una vecina que se presenta como Soledad Martínez.

La señora Martínez, comenta que unos minutos después todos los manifestantes se reorganizaron, pero también las autoridades junto con policías municipales. “Ahí volvimos a avanzar con cohetones y piedras, entonces corrieron. Ya cuando llegamos cerca de la camioneta algunos compañeros le prendieron fuego y empezó una tronadera. Eran las balas que había dentro de la camioneta”, agrega Martínez.

A 14 años de estos acontecimientos, ahora se sabe que quien dio la orden de utilizar estas armas fue el sobrino del presidente municipal de Santa Lucia en ese momento, Manuel Martínez Feria.

Ese día Brad llegó a este lugar y en las primeras imágenes que registra se aprecia que la camioneta de estas personas ya estaba casi calcinada, a lo lejos se pueden observar a personas disparando contra los manifestantes. “Brad se iba cubriendo con las llantas de los camiones mientras estaba grabando”, comparte Javier Santis.

La trifulca duró horas, hasta que las personas armadas se fueron replegando hacia la presidencia municipal. “De pronto se escucha que el compa dice me dieron, me dieron”, comparte Javier.

Varios manifestantes lo cargaron y comenzaron la búsqueda de un doctor y de un carro. En el camino uno de sus colegas guardó la cámara que se le iba cayendo de las manos, una vecina recogió uno de sus zapatos que, varios meses después, le fue entregado a la madre de Brad.

Minutos después lo subieron a un vehículo Volkswagen que llevaba varios días sin circular y con poca gasolina. Desesperadamente iban intentando esquivar las barricadas, las piedras, los palos. Mientras intentaban hablarle a Brad para que no se durmiera. De pronto el carro se apaga, la gasolina se había acabado.

Las personas que decidieron ayudar al periodista se desesperaron y pidieron ayuda al chofer de una camioneta que pasaba por donde se quedaron varados, que, tras varios minutos de explicación, “decidió llevarlo, pero ya no pudo llegar”, cuanta Jazmín López.

Justicia

Momentos después de este asesinato, en la terminal de autobuses ADO fueron interceptados algunos de los participantes armados del municipio, pero fueron liberados tiempo después.

Ese 27 de octubre, el gobierno que aún presidia Ruiz Ortiz desplegó, a través de la policía y de diversos grupos de civiles armados conocidos como el “escuadrón de la muerte”, operativos para intentar retomar el control de la ciudad.

Con la muerte de Brad, se justificó ante los medios de comunicación, principalmente la prensa internacional, la intervención de la policía militar, que ese momento era la Policía Federal Preventiva (PFP), que arremetió indiscriminadamente contra los manifestantes para retomar el control de la ciudad.

Según la denominada Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH) reveló que el saldo de este conflicto fue de 26 asesinatos, entre ellos, el periodista Brad Will.

Las instancias de gobierno encargadas de impartir justicia a nivel estatal y federal inculparon y llevaron presos a personas inocentes y con líneas de investigación sin fundamentos. Mientras que, los policías que aparecen disparando directo hacía dónde se encontraba Brad, así como de otros manifestantes que también fueron asesinados durante estas protestas, no fueron inculpados de ninguna responsabilidad.

Pero esto no es novedad. La sociedad Oaxaqueña sabe bien que estas instancias no funcionan porque son juez y parte. El asesinato de Brad aún no se ha saldado, por el contrario, se ha sumado a un sin fin de activistas y periodistas asesinados en México que han quedado en la impunidad.

Brad, una luz

Después de que fue asesinado el periodista independiente, su fotografía figuraba, junto a la de los otros caídos en esta “insurrección popular” en un altar con ofrendas, con el fin de festejar y recordar a los seres queridos durante el día de los muertos. Esa ofrenda simbólica estuvo en una de las úlimas barricadas que quedaban, la de 5 señores, la cual protegía Radio Universidad. La PFP ya casi había recuperado la mayor parte de la ciudad, pero, en torno a esa ofrenda, cientos de personas se reunieron de todas partes y salieron a defenderla, reduciendo con ello el potencial de la policía.

Desde entonces, en varios altares, de muchas familias oaxaqueñas, sigue figurando la imagen de Brad Will. Pero, también, su referencia camina con varios jóvenes que ejercen el periodismo independiente. Detrás de varias cámaras, grabadoras y bolígrafos está la figura de Brad Will. Por ello, en memoria, desde Avispa Midia, a la 2ª generación de la escuela de comunicadores y comunicadoras independientes para jóvenxs indígenas y de barrio a realizarse en 2021, se la ha bautizado con el nombre de “2ª generación Brad Will”.