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Pueblos Indígenas
Derrame petrolero afecta vida de comunidades indígenas en Chiapas y Tabasco
Fuente: Avispa Midia
Por Sare Frabes
Pueblos zoques de Chiapas denunciaron que desde el pasado 26 de julio se presentó un derrame de petróleo, el cual está contaminando gravemente a los ríos Mezcalapa y Carrizal y afecta el suministro de agua para más de 600 mil personas de la región.
“La mancha de aceite crudo se dispersó por arroyos, ríos y pastizales principalmente en la ranchería El Platanar, municipio de Pichucalco, ubicada entre los límites de Chiapas y Tabasco, sobre la Cuenca Grijalva”, señalan organizaciones defensoras de la vida y del territorio zoque.
A su vez, identificaron como responsables de la contaminación a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como a la negligencia de los gobiernos de Chiapas y Tabasco por no realizar una revisión exhaustiva de los ductos de transportación de hidrocarburos.
Territorios de sacrificio
Mediante comunicado, el colectivo Defensoras de Nasakobajk, Concejo Zoque en Defensa de la vida y el territorio, así como el Centro de Lengua y Cultura Zoque y comunidades zoques residentes en Jalisco y Boston, reclamaron el hecho de que, pese a que desde hace meses se realizó el reporte de fuga en el municipio de Reforma, Chiapas, la petrolera mexicana no actuó para evitar el derrame.
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“Ésta negligencia es una evidencia de las formas de operación del Estado Mexicano, en particular desde su empresa Petróleos Mexicanos, quien desde hace 5 décadas ha convertido a nuestras tierras en verdaderos territorios de sacrificios como ocurre en el ejido Nuevo Volcán Chichonal, municipio de Juárez, pozo Catedral en Ostuacán y la laguna El Limón de Reforma, Chiapas, que son pasivos ambientales generados por el gobierno”, detallaron las organizaciones.
En el documento difundido este lunes (1), también exigen revisar los derechos de vía de los ductos, “pues muchas de ellas, se encuentran sobre viviendas, escuelas y torres de alta tensión de comunidades campesinas que además padecen los efectos de la lluvia ácida”.
Desastre
Según la versión de las autoridades municipales de Pichucalco, el desastre ambiental sucedió tras la perforación clandestina de los ductos que transportan los hidrocarburos, por lo que se decidió parar el bombeo de agua hacia los pueblos y comunidades de la zona, afectando con ello el suministro para 600 mil personas. En contraste, Octavio Romero Oropeza, director de PEMEX afirmó que aún están investigando las causas del derrame.
Por su parte, autoridades del municipio de Huimanguillo, Tabasco, informaron que pese a que desde el mismo 26 de julio se reportó el derrame, los especialistas de PEMEX arribaron al lugar un día después. A pesar de que, en un comunicado, el gobierno de Pichucalco informó que la fuga ya está controlada, los restos del hidrocarburo siguen filtrándose por la corriente del agua.
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De acuerdo a un reporte de Pie de Página publicado este martes (2), aún se puede observar el líquido negro por varios kilómetros en las aguas de la subcuenca del río Mezcalapa, entre los municipios de Pichucalco, Chiapas y Huimanguillo, Tabasco.
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Cabe destacar que según la ASEA, desde 2016 y hasta mayo del 2022 registró 5,777 accidentes en el sector de hidrocarburos. El reportaje Pemex: el infierno que la petrolera ha provocado afirma que, del total de estos incidentes, en 3,836 está involucrada PEMEX y sus filiales PEMEX Exploración y Producción (PEP), Perforación, Logística, Refinación y Transformación Industrial (TI). Además, testimonios de Veracruz, Hidalgo, Puebla y Tabasco demuestran graves afectaciones al medioambiente derivado de la extracción y distribución de hidrocarburos.
Para las organizaciones zoques, “ésta catástrofe es provocada por el sistema capitalista que, domina el mundo hoy en día. En este sistema, los dueños de las grandes corporaciones mundiales, en alianza con los gobiernos y todos sus aparatos de control y de represión, quieren obtener ganancias multimillonarias y acumular poder. Por eso, saquean nuestros territorios, destruyen la naturaleza, la vida del ecosistema y explotan nuestra fuerza de trabajo. Convocamos a los pueblos a fortalecer la organización comunitaria porque solamente como colectivos podremos defender a la madre tierra”.
(Español) Ejido Tila: Defensa de la madre tierra, desde el corazón del pueblo indígena Chol
Fuente: Avispa Midia
Con información de Pozol colectivo
La mañana del pasado sábado (30), habitantes del ejido Tila, norte de Chiapas, marcharon por las principales calles de la comunidad para conmemorar el 88 aniversario del reconocimiento de sus tierras ejidales, lo cual sucedió a través de la resolución presidencial emitida el año 1934.
Las y los indígenas Choles, aprovecharon para denunciar “la corrupción de los tres niveles de gobierno y del sistema agrario”. Por ser indígenas “no somos tomados en cuenta, sólo en las contiendas políticas”, puntualizaron durante un mitin en la plaza central de Tila.
Los también integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), evidenciaron que Eduardo Gutiérrez Martínez fue reconocido como comisariado por el Registro Agrario Nacional (RAN), en el periodo 2015-2018, falsificando firmas para obtener personalidad jurídica. Otro de los comisariados que posteriormente no han sido reconocido por el ejido es Miguel Vázquez Gutiérrez, denuncian los indígenas Choles. Ambos comisariados desconocidos por el ejido son respaldados por los tres niveles de gobierno y dependencias agrarias, recalcan los descendientes del pueblo Maya.
Los indígenas del norte de Chiapas, exigen se respete la resolución presidencial que ampara y protege las 5,405 hectáreas. Por defender la herencia de sus antepasados “hemos recibido amenazas, represión, hostigamiento, calumnias y difamaciones”, expresan los ejidatarios en resistencia.
Lucha histórica
Las tierras del ejido fueron reconocidas a los ch’oles por resolución presidencial en 1934. En 1966 se intentó modificar el plano para entregar 130 hectáreas a la presidencia municipal, pero los ch’oles obtuvieron el amparo 890/77, que ganaron en definitiva en el año de 1994.
En 1982, el Congreso estatal decretó la expropiación de las 130 hectáreas que ambicionaba el ayuntamiento. Un nuevo amparo de los ejidatarios, el 259/1982, comenzó a tramitarse. Dicho amparo, ganado en 2008 por el ejido, ordenó la restitución de las 130 hectáreas de tierras ancestrales; sin embargo, bajo el falso argumento de imposibilidad para la ejecución de la sentencia, el ayuntamiento municipal la incumplió, motivo por el cual las y los ejidatarios de Tila promovieron el incidente de inejecución de sentencia 1302/2010 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
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Desde diciembre del año 2015, los indígenas choles por acuerdo de la asamblea, retiraron a la presidencia municipal del ejido y a los partidos políticos, tomando en sus manos las gestiones de limpieza, seguridad, justicia entre otros rubros.
De acuerdo al posicionamiento de las y los ejidatarios, el actual gobierno de Rutilio Escandón no ha dado las garantías judiciales, al no dar cumplimiento a la ejecución de sentencia ordenada por la SCJN, que condena la restitución de las tierras expropiadas al ejido para un denominado fundo legal. Esta condena, aunque fue emitida desde el 12 de septiembre del 2018, sigue sin ejecutarse, lo que ha provocado el incremento de la violencia en la región contra los ejidatarios, asegura el académico y comunicador José Adriano Anaya.
Como lo indica el periodista Luis Hernández, “La controversia agraria en Tila no es sólo asunto de tierras; es, también, una disputa para enfrentar el poder del cacicazgo, frenar la privatización de la tierra, reconstituir el pueblo chol, construir la autonomía y resistir la política de contrainsurgencia”.