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(Español) Perú: Crisis hídrica, extractivismos e inseguridad alimentaria
Fuente: Avispa Midia
Por Javier Bedía Prado
Foto de portada: Red de Comunicación Regional
En riesgo de acceso a alimentos se encuentra la mitad de la población peruana, situación profundizada por la crisis hídrica a causa del fenómeno El Niño. La sequía ha ocasionado pérdidas de miles de hectáreas de cultivos este año y afectado las reservas del líquido, por lo que en septiembre el gobierno declaró en estado de emergencia 544 distritos, pertenecientes a 14 regiones.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), el 50% de habitantes del Perú vive en condiciones de inseguridad alimentaria, uno de los índices más altos de América Latina. En 2022, el país registró la mayor cifra de Suramérica, con 16,6 millones de personas que carecían de alimentos nutritivos.
En este contexto, en los últimos meses el precio de algunos productos de primera necesidad se incrementó en niveles no registrados en las últimas dos décadas, debido a fuertes precipitaciones e inundaciones en zonas costeras. El valor del limón llegó a subir hasta en 500%. La variabilidad del clima se percibe en escenarios laborales: hay 8,5 millones de personas en peligro elevado de no poder cumplir sus actividades económicas por el déficit hídrico, advierte la Sociedad de Comercio Exterior del Perú.
El retraso de las lluvias en los Andes y el Altiplano, que se esperaban en septiembre, causó estragos. En Puno, la región más golpeada por la sequía, se perdieron cerca de 17 mil hectáreas de cultivos. Según la Encuesta Nacional de Siembras, no se cosecharon 9 mil hectáreas de quinua, lo que representa la cuarta parte de la producción esperada. De papa, un alimento básico en gran parte del país, se estropearon 5 mil de las 60 mil hectáreas trabajadas. La crianza de alpaca para textiles y la ganadería son otros de los sectores perjudicados por la sequía en el sur andino.
“El período 2022-2023 fue crítico, no hubo lluvias a tiempo, la producción agrícola fue afectada, se había anunciado esta situación, son cíclicas. Ahora ya llegaron las lluvias, serán de corto tiempo, de acuerdo a nuestras observaciones, y la tercera siembra, a finales de noviembre, será mejor. En las comunidades hay técnicas de acumulación de agua que al Estado no le importan como políticas públicas, creen que la tecnología occidental lo resuelve todo. El Ministerio Agricultura debería considerar nuestras observaciones y técnicas. Hay cuencas para almacenamiento para tiempos de sequías”, declaró para Avispa Mídia el vocero del Consejo de Autoridades Originarias, Mallkus, Jilacatas y Mama Tallas de Puno, Rubén Apaza Añamuro.
Un efecto notorio del cambio climático en el Altiplano es la disminución del nivel de agua del emblemático lago Titicaca, que este año descenderá hasta 80 centímetros como consecuencia de temperaturas altas durante el día, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Entre las implicancias sociales, especialistas observan un posible éxodo migratorio de la población puneña.
Agua para extractivismos y contaminación de cabeceras
El uso del agua en el Perú lo acapara la agroindustria. La Autoridad Nacional del Agua precisa que este sector emplea el 87,7% del líquido, mientras que a la población se destina el 9,9%. La minería utiliza el 1,5%, sin embargo su impacto se amplifica al dañar las cabeceras de las cuencas. El 38% de proyectos extractivistas en el Perú se localiza en territorios indígenas y campesinos, y el 56% en áreas sobre los 3 mil metros de altura, donde nacen los ríos.
“La agroindustria se centra en la costa norte, en los Andes principalmente son las mineras las que concentran el agua. Atentan contra las cuencas. Al Estado no le interesa si contaminan el pasto para producción ganadera. Los ríos se ven amarillentos, por los residuos de óxidos, y esto se transmite a los pastos, luego a los lácteos, por lo tanto afecta a todo el país. Hay que evitar especialmente la contaminación en las cabeceras de cuencas, nosotros como comunidades ponemos énfasis en esto”, añadió Apaza, autoridad originaria de la provincia puneña Huancané.
Al respecto, en septiembre, el relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo, subrayó que la destrucción de acuíferos, humedales y bosques húmedos se debe principalmente a la minería. El informe alerta que las consecuencias son devastadoras: el 31% de la población del Perú (más de 10 millones de personas, de las cuales el 84% son menores de edad), enfrentan riesgos cotidianos de contaminación por metales pesados y otros tóxicos.
Como alternativa de conservación, la Sociedad Peruana de Alpacas Registradas propone la creación de un organismo autónomo de protección de los bofedales andinos y altiplánicos. “Queremos resaltar de que de estos bofedales nacen los pequeños ríos que al final originan los grandes ríos que desembocan en el lago Titicaca”, señala un representante de la organización. Puno, Cusco y Arequipa albergan más del 50% de bofedales del Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña.
Entre la ausencia de lluvias y las perforaciones de pozos para minería, se vienen secando estos tipos de humedales altoandinos, lo que se suma a la sequía en períodos cada vez más frecuentes y al descenso de las reservas.
“Hay experiencias para evitar que se produzcan ecocidios, hay países que han sido arrasados, al sistema de producción no les interesa las personas, los seres vivos, nosotros actuamos desde la madre naturaleza para asegurar nuestras actividades. Confrontamos abiertamente el modelo extractivista neoliberal que considera los recursos naturales como instrumentos de uso para enriquecerse, nosotros consideramos que la naturaleza, la madre Tierra tiene vida. Las élites promueven semillas transgénicas, no piensan en la convivencia, como autoridades originarias, nosotros, los pueblos indígenas y campesinos, estamos haciendo que las formas de vida y producción estén en armonía”, acotó Apaza.
En semanas recientes la situación ha obligado a racionar la distribución del agua a la población, en más de la mitad de las 25 regiones, entre ellas Lima. El 10% de peruanos carece de agua potable y se ve obligado a pagar un mayor precio. La cuarta parte de los 25 departamentos recibe el servicio menos de doce horas al día.
En este panorama de escasez hídrica y crisis climática, hay voces desde el Ejecutivo y el Congreso que sugieren la privatización del agua en Lima. Para la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, hay que “analizar si lo mejor es la reestructuración o la privatización”.
Cuando la gestión privada del recurso fracasó en la única región donde se aplicó, Tumbes, que presenta el indicador más bajo de acceso, con apenas siete horas diarias, el abastecimiento de agua en la capital, Lima, la segunda ciudad más grande del mundo asentada en un desierto, así como en el resto del Perú, entra a un debate abierto por representantes de grupos de poder aliados al régimen de Dina Boluarte.
(Español) Silenciamiento de la solidaridad con Palestina provoca boicot contra empresas
Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
Mientras que Israel endurece el bombardeo hacia la Franja de Gaza asegurando que ha realizado al menos 320 ataques a objetivos militares del grupo armado Hamás, los medios y periodistas locales aseguran que la mayoría de los ataques han sido dirigidos hacia casas-habitación, escuelas, hospitales y centros civiles.
Los ataques de Israel han dejado al menos 5 mil muertos y, de ellos, se contabilizan 2 mil niños y niñas, según los medios palestinos. Solo en las últimas 24 horas se han reportado más de medio millar de personas muertas. Suman también 21 periodistas perecidos mientras cubrían los hechos según datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).
La solidaridad hacia el pueblo palestino va en aumento. Estallan cientos de protestas en diversas partes del mundo exigiendo que se detenga el bombardeo israelí.
Desde los Estados Unidos, donde su gobierno ha respaldado políticamente y con armas a Israel, diversas colectividades han convocado a realizar múltiples acciones organizadas para exigir un alto al fuego hacia Gaza. Hacen un llamado a boicotear a empresas que apoyan a Israel como Amazon, Google, entre otros, además de medios de comunicación masivos.
Desde Washington D.C., la organización La Mayoría Creciente (The Rising Majority) ha exigido que el presidente Joe Biden y el Congreso de EEUU pidan un alto al fuego inmediato en Gaza.
“Somos personas de conciencia, que nos unimos por encima de credos, razas y generaciones, para decirle al presidente Biden y al Congreso que tienen que tomar una decisión: defender el valor de la vida humana y reducir la violencia o seguir apoyando la masacre del pueblo palestino por parte del gobierno israelí”, ha expresado la organización.
De la misma forma, La Red Media Justice ha emitido una declaración en solidaridad con la resistencia palestina y ha denunciado la complicidad de las grandes empresas tecnológicas con lo que llaman “el apartheid israelí”.
Denuncian los cortes de internet, la desinformación, la tecnología de vigilancia utilizada por Amazon y la policía desplegada en Gaza y el silenciamiento de la disidencia. “Estamos viendo en tiempo real los peligros de un entorno mediático y tecnológico que funciona con impunidad en nombre del interés del colonialismo”, puntualiza la Red.
Esta organización va más allá al señalar a las corporaciones de los medios de comunicación que vinculan a todo el pueblo Palestino con los actos realizados por Hamás, creando una narrativa que desinforma.
“Existe un largo historial de medios de comunicación que han fallado a comunidades históricamente marginadas, comunidades de color y a sus historias de resistencia. Las narrativas raciales del colonialismo justifican la violencia infligida a los palestinos. Sabemos que los medios de comunicación y la tecnología son así. Los grandes medios de comunicación representan al poder, eligen quién puede contar sus historias y quién puede representar sus intereses”, asevera la La Red Media Justice.
Así mismo, otras colectividades relacionadas con el uso de diversas tecnologías, como La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), el Centro de Derechos Constitucionales y diversas organizaciones de la sociedad Civil exigen a las empresas tecnológicas, sobre todo a las de redes sociales, que respeten los derechos básicos de la información.
La APC cita al Centro Árabe para el Avance de los Medios Sociales, quién documentó en días pasados que al menos 19 mil tuits, de un total de 23 mil mensajes en hebreo de la plataforma “X”, incluía, entre otras cosas, “incitación al odio y racismo contra los palestinos. Por otra parte, diferentes plataformas de medios sociales están inundadas de desinformación, lo que contribuye a etiquetar, deshumanizar y estereotipar a los palestinos”, dice APC.
La Red Media Justice ha registrado que, Amazon Web Services (AWS) y Google, firmaron desde 2021 un contrato de 1.200 millones de dólares con el gobierno de Israel para un proyecto emblemático llamado “Proyecto Nimbus”, con el fin de proporcionar un “ecosistema” de servicios en la nube para el gobierno israelí.
Los dos gigantes tecnológicos ganaron, en el año 2021, los concursos públicos para construir y proporcionar a Israel sus centros de datos y servicios regionales basados en la nube. Este proyecto permitirá a los órganos de gobierno israelíes transferir sus datos alojados la nube proporcionados por Google y AWS en Irlanda, Holanda y Fráncfort. Este proyecto esta pensado a gran escala, dirigida conjuntamente por la Administración de Contratación Pública de la División del Contable General y la Agencia Digital Nacional, junto con la Dirección Nacional Cibernética de Israel, el Departamento de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y el Departamento de Gobernanza y Asuntos Sociales de la Oficina del Primer Ministro.
Para los activistas de la Red Media Justice, Nimbus está diseñado para ampliar las capacidades de inteligencia artificial de Israel, “incluidas las utilizadas para vigilar a los activistas palestinos, vigilar la frontera de Gaza, obligar a los palestinos a abandonar sus tierras y operar el sistema de seguridad Cúpula de Hierro de Israel”.
Tras la firma de este convenio surgió en EEUU el movimiento #NoTechForApartheid, quienes han logrado recabar más 40 mil firmas de ciudadanos estadounidenses, a través del cual exige a Google y Amazon que “dejen de tratar con el régimen de apartheid israelí y se retiren del proyecto Nimbus”, señalan los integrantes de esta campaña.
“Por eso nos solidarizamos con nuestros compañeros de Mpower Change y Jewish Voices for Peace en la campaña #NoTechforApartheid, que ha organizado a cientos de estudiantes, trabajadores tecnológicos y activistas para que las empresas tecnológicas rindan cuentas por suministrar tecnología para la guerra y la violencia de Estado”, puntualiza la Red.
Esta Red ha trabajado en el informe Open for Business del Departamento de Seguridad Nacional, que pone de relieve la inversión de las grandes empresas tecnológicas en la potenciación de la policía local. “Utilizan el reconocimiento facial, las cámaras corporales y otras formas de vigilancia tecnológica”, denuncia el colectivo.
En las multitudinarias protestas se han sumado las voces de miles de personas desde Francia, Chile, Filipinas, Egipto, Sarajevo, Herzegovina, Uruguay, Irlanda a Escocia, del Reino Unido, Alemania, Italia, España, Francia a Polonia, de Rumanía a Bosnia, de Dinamarca a Bélgica, Australia, Canadá, EEUU y México, donde se han movilizado miles de personas que exigen un alto a los ataques contra Palestina.
Los activistas advierten que hay personas que están siendo intimidadas en línea para reducir el apoyo público a Palestina, incluso, usando el llamado “doxxing” que es una forma de acoso en línea que consiste en exponer públicamente el nombre real, la dirección, el trabajo y otras informaciones personales.
“La solidaridad pro-palestina está siendo activamente silenciada a través de algoritmos de redes sociales, la manipulación de los medios de comunicación, la magnificación de la retórica racista y el doxxing activo de individuos y organizaciones que se atreven a hablar”, arremete La Red Media Justice
La Red apela al derecho a la información y a la libertad de expresión como algo fundamental y básico para la dignidad de todas las personas.