Durante el pasado fin de semana, pueblos, colectivos y organizaciones se reunieron en Santa Maria Zacatepec, Puebla, para denunciar y construir en conjunto propuestas para continuar la lucha en contra del despojo, represión, explotación, contaminación y exterminio del agua y la vida.

Según lxs participantes, el objetivo de la denominada “Primera Asamblea por el Agua y la Vida ¡Ya no más saqueo ni contaminación!” fue señalar los procesos de despojo y contaminación del agua en el país, que se materializan en los territorios mediante proyectos de minería; operación de plantas embotelladoras y cerveceras; imposición de corredores industriales, agroindustria y megaproyectos como el tren maya y el proyecto integral morelos, entre otros.

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Al final del evento, lxs defensores del agua provenientes de 15 estados del país anunciaron “el Nacimiento de la Asamblea Nacional por el agua y la vida, que es un proceso permanente y colectivo que tiene el objetivo de rescatar al agua para los pueblos, para la vida”. La Asamblea tiene como función llevar a la práctica y fortalecer la ley de los pueblos, “que es una forma de ser y de hacer, una forma de ver el mundo con respeto y amor”, señalan las organizaciones y pueblos mediante comunicado.

“El agua no es mercancía, no es propiedad que se pueda acumular y hacer negocio con ella. En cambio para este sistema capitalista el agua no es para el consumo de los pueblos sino para la industria y como guardianas y guardianes del agua que somos tenemos la responsabilidad de cambiar eso”, subrayaron.

Por ello, lxs integrantes de la Asamblea difundieron una serie de acciones para “impedir que continúe el saqueo, la explotación y las violencias que atentan contra la vida”. Entre ellas anunciaron su presencia el próximo 18 de septiembre en Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, “para acompañar y reafirmar la decisión de los pueblos de sacar a la minera que pretendía devastar su territorio”.

También invitaron al acompañamiento de la Comunidad Otomí Residente de la CDMX en el segundo aniversario, el 12 de octubre de 2022, de la creación de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes. Además, señalaron que se sumarán a las acciones en repudio al crimen de Estado por la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero.

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Por último, convocaron a la participación de la segunda Asamblea por el Agua y la Vida a realizarse los días 18 y 19 de febrero del 2023, en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro.

Autodeterminación

Lxs participantes de la Asamblea luchan contra proyectos y políticas públicas que permiten la privatización mediante estrategias que van desde el cambio de uso de suelo hasta la asignación a empresas trasnacionales de los sistemas operadores de agua. “Nos reunimos porque sabemos que el agua está en manos de las empresas, los gobiernos, las instituciones, caciques y narcotráfico y la poca agua que tenemos la están contaminando”, enfatizaron en comunicado al final del evento.

Así mismo, la Asamblea argumentó que han intentado defender la vida mediante la vía legal, pero han obtenido engaños como respuesta, lo que se traduce en el despojo y contaminación del agua en sus comunidades. “Porque padecemos la contrainsurgencia, la división de los pueblos a través de programas sociales como Sembrando vida que roba los tiempos de los campesinos e impide la organización, porque vivimos en carne propia la criminalización y despliegue de las fuerzas armadas para atacar al pueblo que defiende la vida y no para los verdaderos criminales que nos imponen la muerte con sus industrias”, denunciaron.

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Entre los temas que se dialogaron durante los dos días de trabajo se encuentran la multidimensionalidad del despojo del agua y su contaminación; la conexión espiritual y ritual de los pueblos indígenas con el agua y el legado colonial de las leyes que vuelven el agua una propiedad. También contaron con actividades artísticas musicales y danza.

Otro eje de reflexión y análisis fue la espiritualidad, autodeterminación y gestión comunitaria del agua para realizar acciones concretas que promueven la autonomía de los pueblos, “poniendo al centro la vida (..) Y en este camino que nos enseña nuestra hermana agua, hay una gran diversidad de formas para defenderla, así como diversos somos los territorios, con nuestros comités de agua, sistemas propios de gestión comunitaria, amparos, denuncias, acciones directas, asambleas, y nuevas propuestas que en conjunto desarrollemos”, detallaron en el documento.

En la Asamblea participaron personas de Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, Chihuahua, Ciudad de México, Tlaxcala, Jalisco, Quintana Roo, Querétaro, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán; así como también originarias del Estado Español, República Checa, Estados Unidos y Alemania.

La tarde de este miércoles (24), elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Héctor Llaitul Carrillanca, vocero político de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización mapuche fundada en 1997, la cual durante su trayectoria ha recuperado miles de hectáreas de tierras usurpadas por empresas forestales y agrícolas en la región de la Araucanía, sur de Chile.

Según la versión oficial, la detención deriva de una denuncia de 2020 la cual vincula a Carrillanca a tres delitos: hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad, este último se relacionaría a disparos contra Carabineros, delito que estaría asociado a la querella por Ley de Seguridad del Estado.

Mediante comunicado, la CAM enfatizó que la detención de su vocero es la materialización de la persecución contra el proyecto político de la organización mapuche que mantiene en jaque la presencia de la industria forestal en la región.

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“La detención de nuestro vocero y dirigente histórico Hector Llaitul, busca amedrentar el proyecto político – estratégico que llevan adelante familias, comunidades y weichafe (guerrero en mapudungún) dignamente. Quienes, masivamente, hemos vuelto a ocupar territorios que hasta ahora estaban bajo control de la industria forestal y el latifundio”, subraya el documento mediante el cual se deslindan “tajantemente” de las mafias de madera y narcotráfico que operan en el sur de Chile.

Para la CAM, la detención de Carrillanca confirma la continuidad del gobierno actual en colocar “su administración al servicio de las oligarquías y conglomerados económicos que tienen sus intereses puestos en nuestro territorio ancestral mapuche”, por lo cual hacen un llamado a las comunidades mapuches en resistencia para continuar los procesos de recuperación de tierras.

Específicamente, la CAM convocó “a continuar con la resistencia y sabotajes en contra, principalmente, de la industria forestal, hidroeléctrica, minera y salmonera. A no dejarse amedrentar por este gobierno que se ha puesto de rodillas ante el empresariado y que, a través de su plan buen vivir, busca cooptar y dividir a nuestra gente”.

Cabe recordar que, en respuesta a los procesos de recuperación de tierras, en mayo pasado, la Cámara de Diputados chilena aprobó un proyecto de resolución que solicita al Gobierno declarar a la CAM, los Órganos de resistencia territorial (ORT) y a la Weichán Auka Mapu (Lucha del Territorio Rebelde, en mapudungún) como “asociaciones ilícitas de carácter terrorista”.

Forestales

La postura de la CAM es que la extracción de madera de las forestales por parte de las comunidades mapuches organizadas no puede concebirse como robo, ya que es recuperación y reapropiación de recursos que están en su territorio ancestral.

“Es la industria forestal la que ha provocado un verdadero ecocidio, y ha aumentado de forma descomunal las arcas de los grupos económicos más poderosos de este país. Ecocidio, que se sitúa en un contexto histórico de usurpación al pueblo Mapuche y que ha provocado, en la actualidad, la ocupación de nuestras tierras ancestrales por la actividad extractivista, el latifundio y otras expresiones del gran capital”, señala otro documento difundido el pasado 14 de agosto por la Comisión Política de la CAM.

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La postura de la organización mapuche fue una respuesta a las declaraciones de distintos funcionarios, tales como la de la Ministra del Interior chilena, Izkia Siches, quien ha señalado que la CAM no representa al pueblo Mapuche y ha lanzado duras criticas tanto a su vocero como a la organización.

Para la CAM, es de gran relevancia la reapropiación de recursos y la recuperación productiva, por lo cual niegan que esto pueda concebirse como robo de madera dentro de su territorio ancestral pues son acciones que se realizan acompañadas de otro tipo de actividades productivas como las siembras, construcción de rukas, bodegas, invernaderos o habilitación de espacios ceremoniales.

“La reapropiación de recursos siempre está acompañada de un despliegue cultural con nuestras ceremonias tradicionales mapuche, las que habían sido cercenadas durante un siglo por el modelo económico chileno. Reapropiación que siempre es comunitaria, poniendo en el centro las necesidades programáticas de nuestra lucha como pueblo y como organización. Y es sobre la base del desarrollo de un tipo de economía para la autonomía, es una autonomía de autogestión”, respondió la CAM al gobierno chileno.

Esta respuesta a las acusaciones del Estado chileno aconteció después de que, a principios de agosto, los Órganos de Resistencia Territorial de la CAM anunciaron el inicio del control territorial efectivo de dos predios usurpados por la forestal Mininco en Carahue, en el marco de la expulsión de empresas forestales del Wallmapu. Una semana antes, la CAM había tomado otros siete fundos en las cercanías de la ciudad de Angol, capital de la provincia de Malleco.

“Son las recuperaciones territoriales la columna vertebral de nuestra estrategia, ya que en ellas podemos vivir con dignidad, sembrar, tener animales, hacer trawün, palin, nguillatün (encuentros y ceremonias en mapudungun) y fortalecer nuestro proyecto político sin afectar en lo más mínimo, y en esto somos enfáticos, al pueblo chileno empobrecido”, señaló la CAM.

Protestas

La mañana de este jueves (25), indígenas mapuches se manifestaron en las afueras del Tribunal de Garantía en Temuco, donde se realizó la audiencia en contra de Hector Llaitul. Ahí, Juana Calfunao, lonco (autoridad en mapudungún) de la comunidad indígena mapuche Juan Paillalef en la Araucanía, enfatizó que “desde el Biobio al sur, quiero recordarles al Estado chileno y a los tribunales de justicia del Biobio, el sur es territorio de la nación mapuche y cualquier árbol que esté aquí es nuestro”.

Calfunao también hablo sobre la defensa de Llaitul, quien “ha sembrado trigo, ha dado alimento a mujeres y niños que el gobierno no se preocupa. Eso debería estar preocupado el gobierno de venir aquí a ver la situación en que desposeídos están nuestros hijos, nuestros niños y cómo estamos las mujeres y como sigue la judicialización y criminalización y no seguir haciendo montaje en contra de nuestra gente, en contra de nuestro waichafe, en contra de nuestras personas que están defendiendo el derecho a existir una vida mas justa, mas solidaria y más humana”.

Héctor Llaitul Carrillanca permanecerá 30 días en prisión preventiva, durante los cuales se desarrollará la investigación penal.

Miguel Peralta Betanzos, ex preso político originario de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, quien en 2019 consiguió su libertad después de cuatro años de prisión política debido a su labor de denuncia de los abusos de poder por grupos caciquiles en la Sierra Mazateca, enfrenta una nueva orden de aprehensión.

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Esta vez, la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, al sur de México, le impuso una sentencia condenatoria de 50 años acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio.

Así lo informó el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos, el cual mediante comunicado señala que dichos cargos han sido fabricados desde diciembre de 2014 para perseguir políticamente a “Miguel y las personas indígenas que defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional”.

Caciquismo

Peralta Betanzos fue detenido por primera vez, sin orden de aprehensión, en abril de 2015 en la Ciudad de México y recluido acusado por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio contra Elisa Zepeda Lagunas, ex diputada estatal por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Elisa es hija de Manuel Zepeda Cortés ex priísta quien consiguió ocupar la presidencia municipal de Eloxochitlán a partir de 2010. Tres años después, tras una serie de abusos de poder por parte del alcalde, la Asamblea Comunitaria de Eloxochitlán decidió participar en el proceso para la elección de los nuevos cargos en la presidencia municipal, lo que fue respondido por el edil con ilegalidad y represión.

En diciembre de 2014, en medio de un acto de renovación de alcalde municipal se desataron hechos violentos donde murió el hermano de Elisa Zepeda Lagunas. Desde entonces, Miguel Peralta Betanzos, junto a otros 34 miembros de la Asamblea Comunitaria fueron acusados por el homicidio de Manuel Zepeda.

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Pese a que Peralta Betanzos obtuvo su libertad en octubre de 2019, el Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos alerta que, tras la reactivación de las órdenes de aprehensión en un juicio plagado de irregularidades, se encuentra la colusión de la ex diputada Elisa Zepeda Lagunas.

“¿Bajo qué elementos jurídicos, teniendo más de 24 resoluciones judiciales, incluyendo resoluciones de ese mismo tribunal, en favor de las 35 personas señaladas en el expediente, por uno u otro delito, sea Miguel el único al que le revoquen su libertad, le reafirmen los dos delitos que le han fabricado y le condenen a prisión con una pena de medio siglo?”, cuestiona el comunicado, en el cual se hace énfasis en que no existe una sola prueba judicial consistente en el expediente, “pero sí la prueba política de un castigo ejemplar ante la defensa comunitaria y la autodeterminación”.

Actualmente siete miembros de la comunidad mazateca de Eloxochitlán aún permanecen en prisión acusados por los mismos delitos, pese a la exigencia de mujeres mazatecas quienes mantienen un campamento en la Ciudad de México de casi un año y tres meses para demandar su libertad inmediata.

Persecución

A su salida de prisión, Miguel Peralta Betanzos continuó realizando denuncias sobre la fabricación de delitos y el encarcelamiento injusto de los siete presos políticos de Eloxochitlán, además de otros miembros de la Asamblea Comunitaria quienes también cuentan con ordenes de aprehensión.

De acuerdo al comunicado, estas acciones son la causa de que Peralta Betanzos continúe siendo objeto de criminalización por más de 10 años de parte del grupo caciquil, quienes “han logrado la ruptura del tejido comunitario, la desintegración de familias, el desplazamiento forzado, la persecución con órdenes de aprehensión y el encarcelamiento por la fabricación de delitos”.

El Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos señala que desde el momento en que Betanzos obtuvo su libertad, han existido señalamientos contra su persona por parte del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y por Elisa Zepeda Lagunas lo cual muestra “la intromisión en el aparato judicial, desde su posición de poder”.

Además, el 29 de octubre de 2019, 42 diputados y diputadas de MORENA y del Partido del Trabajo del Congreso Federal, firmaron un punto de acuerdo para validar la versión pública de la ex diputada, “sin fundamentos jurídicos conforme al expediente y cuestionan descaradamente una resolución judicial sin conocimiento de la Causa Penal 02/2015, ya que lo señalan de hechos que no constan en ninguno de los tomos”.

“Ante el contexto de impunidad y criminalización que se vive en Oaxaca y en el país en general, responsabilizamos a Elisa Zepeda Lagunas, a su padre Manuel Zepeda Cortés y a su grupo caciquil-partidista, de la persecución política y actos de hostigamiento y represión que se han desatado en contra de Miguel con esta nueva sentencia”, señala el comunicado.