La sentencia a penas de entre 15 y 35 años de cárcel, por apología al terrorismo y afiliación a organización terrorista, contra 43 integrantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), intervenidos en el operativo Perseo, marca un precedente de persecución por ideas en el Perú.
El caso, abierto en 2014, fue el primero en involucrar bajo estas acusaciones a un conjunto de activistas, entre ellos exmilitantes de Sendero Luminoso, desde el fin de la guerra interna (1980-2000).
En la resolución judicial, dictada el 28 de octubre, se sindica al Movadef de actuar por órdenes de Sendero Luminoso, cuyos remanentes operan como narcotraficantes en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), zona de emergencia. El Sendero Luminoso no existe como organización política desde 1992. Los remanentes no obedecieron la disolución de la organización y se dedican al narcotráfico, desideologizados.
Asimismo, se señala a Movadef de haber sido financiados, según “testigos protegidos”, con dinero proveniente del tráfico de drogas para “mantener la ideología senderista activa en la vida política del país y la legitimación de su legado violento”.
El Poder Judicial ordenó la disolución del Movadef, que intentó inscribirse como partido político en 2011. El programa de la organización, cuyos miembros incluyen exintegrantes de Sendero Luminoso que cumplieron condenas y no plantean la lucha armada, es la liberación de todos los presos políticos encarcelados durante el período de la guerra interna.
Una nueva Constitución hace parte de las propuestas del Movadef
Condena ideológica
Las defensas legales de los sentenciados subrayan que el Estado incurre en discriminación ideológica por razones políticas, contra la cual hay sentencias internacionales vinculantes, violando derechos protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso será llevado a instancias supranacionales.
La redada masiva ejecutada por la Dirección Contra el Terrrorismo (Dircote), en abril de 2014, apuntó a sostener la existencia de organizaciones terroristas, pese a que el Movadef no reivindica la lucha armada y no ha participado de ningún acto de violencia, con el fin de sentar precedentes de apología al terrorismo contra organizaciones sociales que sostienen ideas disonantes para los poderes políticos.
Los montajes de la Dircote se sucedieron en el año 2020, con el operativo Olimpo, en el que se detuvo a unas 90 personas, tras la semana de protestas contra el golpe de Estado institucional de las facciones conservadoras del Congreso.
En 2023, activistas del Frente de Defensa de Ayacucho fueron encarcelados como respuesta al levantamiento en esta y otras regiones andinas ante el golpe de Estado de la ultraderecha culminado con la destitución del presidente Pedro Castillo.
El fin del juicio contra el Movadef coincidió con las recientes semanas de protestas contra el régimen de Dina Boluarte por la ola de extorsiones en Lima. El Ejecutivo respondió a la crisis de seguridad con la propuesta de una ley de terrorismo urbano que agrava la criminalización de manifestaciones sociales, al tipificar la interrupción de vías como extorsión, y con el anuncio de la detención de un cabecilla de Sendero Luminoso que resultó en un error.
A dos años de la toma de la presidencia, la dictadura de Boluarte lleva a una nueva fase el terruqueo, la estigmatización por ideología usada como discurso por la alianza política, oligárquica y armada que allanó la caída de Castillo.
Sendero Luminoso fue una de las organizaciones terroristas que declararon la lucha armada al Estado en 1980, con el objetivo de capturar el poder para instalar un gobierno de ideario marxista-leninista-maoísta. Perpetraron masacres contra poblaciones campesinas e indígenas. La actividad subversiva senderista culminó en 1992, con la captura de su líder, Abimael Guzmán.
En portada: Manifestación frente al Congreso de El Salvador para exigir la prohibición de la minería metálica. Marzo, 2017. Foto: Marvin Recinos.
Una docena de organizaciones salvadoreñas se posicionaron el pasado martes (3) contra las intenciones del presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, de reactivar la industria minera impedida mediante la aprobación de Ley de Prohibición de la Minería Metálica, ocurrida el 29 de marzo de 2017, tras una larga lucha social de 12 años.
Aglutinados en la Mesa Nacional Frente a la Minería, las organizaciones compartieron argumentos para desmontar el discurso del presidente quien, mediante sus redes sociales, aseguró que reactivar dicha industria de manera “sostenible” repercutirá en la creación de miles de empleos y el desarrollo del país.
“Ni responsable, ni verde, la minería metálica es más inviable que nunca”, argumentaron las organizaciones salvadoreñas mediante comunicado difundido en una rueda de prensa. Para los movimientos ambientalistas y sociales del país centroamericano, los principales daños de la minería son la escasez y contaminación del agua derivadas del proceso de lixiviación del oro, para el cual se utilizan grandes cantidades del líquido mezclado con cianuro y otros químicos tóxicos que generan drenajes ácidos, tal como ocurrió en el río San Sebastián, ubicado en Santa Rosa Lima, departamento de La Unión.
Vidalina Morales, líder ambientalista, aseveró que es en la región norte de El Salvador (los departamentos de Santa Ana, Cabañas, Chalatenango, Morazán y La Unión) donde se encuentran los principales yacimientos de oro, pero que esa misma zona es un área frágil en relación al agua, pues es donde nacen y fluyen los ríos tributarios del Río Lempa, arteria principal que drena dos terceras partes del país centroamericano y del cual depende el abastecimiento del agua potable.
Un ejemplo de la afectación al ambiente es que, aún en su fase de exploración, la empresa minera de capital canadiense-australiana Pacific Rim/Oceana Gold secó fuentes de agua. Incluso, esta empresa declaraba en su estudio de factibilidad que utilizaría casi un millón de litros de agua diarios para la extracción de oro.
“Estudios de organismos internacionales han revelado que el 87.7% del territorio está bajo riesgo y en él vive el 95.4% de la población. De acuerdo a la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), El Salvador es el segundo país más deteriorado ambientalmente y más deforestado del continente, solo después de Haití”, detalló la lideresa sobre la situación crítica del medio ambiente salvadoreño.
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica durante la conferencia de prensa del pasado 3 de diciembre.
Según los datos recopilados por la Mesa, en El Salvador exiten menos de 1,700 metros cúbicos de agua disponibles por persona al año, lo cual significa que es una región con elevado estrés hídrico. “Implementar la minería metálica en el país sería el toque de gracia para nuestro medio ambiente”, detalla el documento.
Morales también enfatizó que son las mujeres que representan el 52.8% de la población salvadoreña, el sector de la población que se verá mayormente afectado por la industria minera. “Al afectar el bien hídrico y la biodiversidad se impacta principalmente a las mujeres que asumen el trabajo del cuidado y administración del agua en sus hogares”, aseveró.
Con estos argumentos, las organizaciones sociales sostienen que la minería metálica sigue siendo inviable en El Salvador, “pues las razones de fondo siguen vigentes y el estado del ambiente en el país se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad”, subrayan en su pronuniciamiento.
Cabañas, lucha histórica
Alfredo Leiva es originario de Santa Marta, en el departamento de Cabañas, una comunidad desplazada durante el conflicto armado de los ochentas, y cuya población retornó en 1987 para recuperar sus tierras.
En el año 1993, ante el abandono estatal, los habitantes de Santa Marta fundaron la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) una organización enfocada en resolver las necesidades más básicas de la comunidad. Así, a través de la autogestión y la cooperación solidaria sus habitantes han emprendido programas de educación, salud, vivienda, agua potable, entre otras.
En este contexto, la ADES de Santa Marta ha destacado por ser una de las organizaciones más visibles contra la extracción minera que se desarrolló desde finales de los años noventa en la región y cuya lucha social alcanzó el consenso entre otros sectores de la población que derivó en la promulgación de la ley para prohibir la minería en 2017.
En entrevista con Avispa Mídia, Leiva comparte que existen razones de peso para oponerse a la industria extractiva. Además de la destrucción ambiental que haría insostenible la vida en el país centroamericano, rememora la persecución que derivó de la lucha social y cuya mayor expresión de violencia ocurrió en el año 2009 con los asesinatos de Marcelo Rivera, Dora Sorto, Ramiro Rivera y Juan Francisco Durán, ambientalistas opositores a los proyectos mineros de la empresa canadiense Pacific Rim.
Además, en 2022 se creó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, organismo que cuenta con la facultad de tramitar las concesiones -previo a la aprobación de la Asamblea Legislativa, bajo control total del partido de Bukele, Nuevas Ideas- para la explotación de recursos mineros en El Salvador.
“En esa misma lógica, en 2023, para el presupuesto de ese año se le asignaron más de 4 millones de dólares a esta dirección para que analice y pueda proponer la reformulación de la ley que prohíbe la minería”, detalla Leiva.
A las acciones gubernamentales, el integrante de la ADES señala que se suman los trabajos de consultores peruanos, vinculados a la empresa de capital estadounidense Titan Resources -trasnacional minera con presencia en Honduras y Perú-, quienes visitaron comunidades de los municipios de San Isidro, Sensutepeque, Guacotecti e Ilobasco para ofrecer pequeños proyectos de cultivos de hortalizas, captación de agua de lluvias, entre otros, los cuales despertaron la sospecha de los habitantes sobre las intenciones tras las dádivas.
Leiva refiere que la vinculación de la empresa norteamericana se conoció debido a una investigación periodística, pero con el pretexto de la permanencia del régimen de excepción existe “un cierre total del acceso a la información”, por lo cual se desconoce si hay más empresas interesadas en la reactivación de la minería, o si existen trámites para concesiones y explotación en curso.
Solidaridad con los perseguidos de Santa Marta, El Salvador.
Más importante para Leiva, en medio de estas acciones, es que se dio la persecución y criminalización de cinco integrantes de la ADES, cuyo caso legal aún mantiene en vilo su libertad.
Minería, con o sin ley
Para el integrante de la ADES Santa Marta, la reactivación de la minería puede suceder con o sin la necesidad de la derogación de la ley que la prohíbe. Esto, detalla, se debe a que existen otras normativas que lo permitirían. Por ejemplo, menciona las facultades dentro de la Ley de Zonas Económicas Especiales que, acorde a Leiva, “considera que si un territorio es apto para el desarrollo económico, entonces lo declaran zona económica especial y en ese espacio de territorio no inciden las leyes nacionales”.
También menciona la Ley Especial de Extinción de Dominio pues, según su análisis, “no importa si las personas dueñas de la tierra no quieren vender, a través de esa ley, pueden expropiar y pueden desarrollar estos proyectos”.
Según la Mesa Nacional Frente a la Minería también existen amenazas en torno a la prevalencia jurídica de tratados internacionales, como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, el cual permite que corporaciones mineras, amparadas en tratados bilaterales o regionales, puedan reactivar las actividades de exploración y explotación minera metálica en el territorio salvadoreño.
“Lo último sería una acción más política: derogar la ley (de prohibición de minería), pero con ley o sin ley hay probabilidades de que se desarrolle esa actividad”, alerta Leiva.
Ante las intenciones de reactivación minera, las organizaciones exigen al presidente Nayib Bukele “a no ceder a las presiones e intereses de las empresas mineras que buscan explotar oro, no para beneficio de los sectores empobrecidos de El Salvador sino para proteger los intereses de los países ricos”, sostienen. De lo contrario, aseguran que la contaminación “podría ser el detonador final para convertir al país en un lugar imposible de recuperar ecológicamente y de habitar”.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México 12 de diciembre 2024 Boletín No. 26 La Corte IDH condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez Base de Apoyo del EZLN
Sentencia histórica de la Corte IDH, declara al Estado mexicano responsable de la desaparición forzada de Antonio González Méndez.
¡Verdad, justicia y memoria para Antonio González Méndez y todas las víctimas del terrorismo de Estado!.
En una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Antonio González Méndez (en adelante Antonio González), y por la política de contrainsurgencia que derivó en violaciones graves a los derechos humanos, así como la acción deliberada de no investigar la desaparición ocurrida el 18 de enero de 1999. Esta grave violación a los derechos humanos se enmarca en el contexto del Conflicto Armado Interno aún irresuelto, en el que el Estado mexicano implementó el Plan de Campaña Chiapas 94, una política de contrainsurgencia dirigida a desarticular al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y a la población civil simpatizante.
El Gobierno mexicano organizó, entrenó, financió, armó y asistió a grupos paramilitares como parte de este plan sistemático en contra de personas militantes, adherentes o simpatizantes al EZLN, en su mayoría hombres y mujeres campesinas de pueblos mayas. En el marco de esta estrategia, el Ejército mexicano y sus grupos paramilitares cometieron graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, tortura, muchas de carácter sexual contra mujeres. Uno de los grupos paramilitares más notorios de la época que operó en el Norte del estado de Chiapas fue el grupo “Desarrollo Paz y Justicia”, cuyos integrantes participaron en la desaparición forzada de Antonio González Méndez el 18 de enero de 1999 en la comunidad El Calvario, del municipio de Sabanilla.
Antonio González Méndez, militante de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) y responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, se convirtió en un objetivo del Ejército mexicano y sus grupos paramilitares debido a su activismo y liderazgo en la comunidad. La sentencia marca un momento crucial en el largo camino de casi 26 años recorrido por la familia de Antonio en la búsqueda por la justicia, verdad y reparación integral. En ella, la Corte IDH ordena al Estado mexicano emprender una búsqueda efectiva y localizar inmediatamente a Antonio González. Además, obliga a que adopte medidas de reparación integral para su familia. Asimismo, deberá emprender investigaciones para identificar a los perpetradores de la desaparición forzada.
Es un día histórico, sin precedentes en México, resultado de la determinación y valentía de la familia de Antonio, en particular de su pareja e hijas: Zonia, Elma y Magdalena. Frente a este crimen de Estado, ellas emprendieron una incansable lucha por la verdad y la justicia, al igual que muchas otras mujeres que hoy en día enfrentan el pesar de la desaparición forzada. Su persistencia, junto con el acompañamiento de este Centro de Derechos Humanos, logró llevar su exigencia de justicia hasta las altas instancias internacionales.
Si bien la sentencia de hoy es un avance significativo, no constituye el punto final del proceso de justicia iniciado por la familia de Antonio. Es imprescindible que el Estado mexicano, y en particular sus fuerzas armadas, cumplan a cabalidad la sentencia de la Corte IDH, comenzando por esclarecer la suerte y el paradero de Antonio, para que realmente se empiece con una acción de justicia completa y abra puertas a una justicia transicional en el contexto de contrainsurgencia en Chiapas.
Detrás del caso de Antonio González Méndez, están miles de víctimas del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas, quienes aún esperan justicia por las graves violaciones a sus derechos humanos cometidas por el Estado mexicano. No podemos olvidar a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, ni a las demás víctimas del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia en la Zona Norte de Chiapas, quienes sufrieron y sobrevivieron a la brutalidad de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano.
Aunque el Estado mexicano ha reconocido su responsabilidad en otros hechos, esto no ha contado con el respaldo pleno y público de los titulares de los poderes del Estado mexicano. Esta sentencia obliga al Estado mexicano a reconocer públicamente su responsabilidad y emprender investigaciones exhaustivas para esclarecer estas violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno que se presentaron desde los años 90 en Chiapas.
La decisión de hoy abre una grieta en el muro de complicidad e impunidad construido por perpetradores, actores políticos, militares y paramilitares, quienes, gobierno tras gobierno, han sostenido pactos para encubrir sus crímenes de Estado. La lucha de Antonio, junto con la valentía de Zonia, Elma y Magdalena es una luz y una esperanza para todas las víctimas y sobrevivientes de esa barbarie, inspirando la búsqueda por la verdad y memoria, haciendo énfasis en acciones de justicia que lleven a una reparación integral y en consecuencia a una justicia completa, cabal, al Lekil Chapanel.
A la 4a Asamblea de Pueblos Originarios en defensa del Agua y la Vida
Compañeras y compañeros
Desde los pueblos, comunidades, organizaciones y personas que conformamos la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida (ANAVI) les enviamos un saludo a quienes se reúnen hoy en esta asamblea, a sus pueblos, comunidades y familias.
Por donde corre el agua que baja del volcán Popocatepetl junto con la que nace de manantiales y ameyales hemos visto cómo crece una lucha digna en defensa de la vida. Vimos cómo esa lucha que liberó el agua que tenían secuestrada Bonafont y Danone se entreteje con aquella que trata de evitar que el basurero de PRO-FAJ la siga envenenando y con aquellas que ya no están dispuestas a que esa agua se siga usando como mercancía y como privilegio de los centros comerciales y fraccionamientos de lujo que han invadido tierras agrícolas y territorios que son fundamentales para la salud de nuestros ecosistemas y nuestra vida comunitaria.
Vimos también cómo ha caminado esta asamblea desde las tierras que resisten a la depredación urbana en Cholula y Coronango, luego hacia esas tierras donde por el saqueo y el engaño apenas logra sobrevivir ese hermano mayor que es el Ahuehuete de Acuexcomac, y ahora aquí en Nealtican, sobre los pies de Don Goyo donde esperamos que su rugido se una a nuestro grito de resistencia que dice: ¡Ya basta de saqueo!
La resistencia es un camino difícil, peligroso, lleno de negociaciones mentirosas y palabras engañosas de los malos gobiernos y de quienes trabajan para ellos. Los engaños y simulaciones siempre se nos ponen como obstáculo, pero sabemos que la sabiduría de los pueblos siempre puede pasar por encima de eso.
Nosotras, nosotros, nosotroas en la ANAVI creemos que nuestro camino para resistir debe siempre llevar nuestro paso, el de la autonomía y la rebeldía, y nuestra mirada, esa mirada que ponemos sobre el horizonte de ese otro mundo que queremos, uno más digno para todo aquello que vive en este planeta. En ese camino que hacemos con cada paso de nuestra lucha y que hemos aprendido a caminar con personas y pueblos que luchan y que son nuestros referentes como los que forman parte del Congreso Nacional Indígena o como nuestras hermanas, hermanos y hermanoas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS A CLAUDIA SHEIBAUN PRESIDENTA DE MEXICO A ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA GOBERNADOR DE MICHOACAN AL CONSEJO SUPREMO INDIGENA DE MICHOACAN AL CONGRESO DEL ESTADO
Quienes suscribimos, autoridades comunales, civiles y tradicionales de la comunidad originaria de Santa Fe de la Laguna, manifestamos que nuestra comunidad no ha sido consultada respecto a la iniciativa de reforma que recientemente ha presentado el gobernado. Asimismo, desconocemos un comunicado firmado por la coordinación comunal el día de ayer 3 de diciembre en donde se hacen pasar como autoridades de nuestra comunidad, ya que nuestra asamblea general, máxima autoridad de nuestra comunidad, no ha sido consultada.
Por lo anterior, aclaramos lo siguiente:
1. La coordinación comunal es únicamente un grupo administrativo y no tiene el carácter de autoridades, por lo tanto, carece de legitimidad para aceptar o respaldar propuestas que puedan afectar los intereses de nuestra comunidad.
2. Nuestra comunidad, en ejercicio de su derecho a la autonomía y libre determinación, exige que cualquier propuesta que nos afecte sea previamente sometida a consulta en nuestra asamblea general, conforme a nuestros usos y costumbres.
3.. Solicitamos al congreso del estado que antes de aprobar cualquier iniciativa, consulte a todas las comunidades originarias de acuerdo a las normativas vigentes y con apego a los derechos humanos, solicitamos una verdadera consulta que sea libre, previa, informada,de buena fe, culturalmente adecuada, vinculatoria, con miras a un consentimiento o a un no consentimiento. De no ser así, cualquier reforma será ilegal, no aplicable e ilegítima dentro de nuestros territorios indigenas
Sustento Jurídico:
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM):
Artículo 2: XIV. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes de las entidades federativas, de los Municipios y, cuando proceda, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
En portada: Elementos militares resguardan la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas. Foto: Jeny Pascacio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que será el actual gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, quien asumirá el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) cuando concluya sus funciones en la entidad federativa, a principios de diciembre.
Las organizaciones alegan que no hubo transparencia en la elección, pues no se convocó a una consulta o diálogo. El anuncio fue realizado sólo una semana después de la llegada de Sheinbaum a la silla presidencial.
Para Enrique Vidal del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), primero se debió reconocer que en los últimos seis años el INM se ha mantenido como una de las instituciones más corruptas e impunes del gobernador Andrés Manuel López Obrador.
“Las personas siguen refiriéndose al INM como el cártel de migración por las formas con las que opera, por toda la extorsión, la corrupción y el soborno que sigue imperando día a día en los controles migratorios, en los permisos, en los trámites y dentro de las distintas instalaciones y campamentos o puestos de control”, explicó.
Para quienes acompañan y defienden los derechos humanos, las personas migrantes siguen teniendo una percepción muy negativa del INM y se mantiene en los primeros lugares de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“En la nueva administración vemos una continuidad, un discurso de derechos humanos pero que realmente no está fortalecido con mecanismos reales de protección de violaciones graves de derechos humanos, y tampoco se están anunciando cambios de fondo en cuanto al acceso a la justicia”, dijo Vidal.
En portada: Autoridades comunales, de las 24 encargaturas de Ostula, compartieron lo que recuerdan de aquel 29 de junio de 2009 cuando recuperaron las tierras comunales y fundaron Xayakalan. Foto: Regina López
En los próximos días, un tribunal con sede en Morelia, Michoacán, resolverá una demanda de amparo presentada por la comunidad nahua de Santa María Ostula, quien exige que se garantice judicialmente sus tierras frente a la invasión de personas que afirman ser pequeños propietarios. Como explica el abogado de la comunidad, Carlos González, el territorio en disputa, en el municipio de Aquila, se extiende por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales colindantes con el Océano Pacífico.
Este es un momento decisivo para la resolución del conflicto. “En el marco del Estado nacional, del Estado mexicano, es la última instancia”, argumenta el abogado González. En caso de que emitan una resolución desfavorable a la comunidad indígena, se apelará ante los tribunales internacionales. “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos está enterado de la problemática de Ostula”, señala el abogado.
González define el conflicto social y agrario que se ha generado en Santa María Ostula, en los últimos 15 años, como uno de los más agudos de México. Ha dejado el saldo de al menos 40 comuneros asesinados y otras seis personas desaparecidas. Este contexto se agudizó a partir de que los comuneros iniciaron la recuperación de sus tierras en 2009, sobre todo, del lugar sagrado que nombraron como Xayakalan. “Actualmente resistimos el feroz acoso del Cartel Jalisco Nueva Generación”, dice un comunicado firmado por los integrantes de esta comunidad.
En todos los casos de asesinatos fueron abiertas carpetas de investigación. “Pero no existen resultados”, informa el defensor legal de la comunidad.
A las personas y organizaciones firmantes de la Declaración por la Vida
A las personas de buen corazón en México y el mundo
Arriba, el odio y la avaricia guían las decisiones de los señores de la guerra y del dinero. Nos amenazan con deportaciones masivas, genocidios, violencia feminicida y la devastación de la naturaleza. Imponen en nuestro horizonte la posibilidad de una guerra mundial con armas de destrucción masiva.
En México, esos mismos señores de la guerra con sus operadores políticos, llevan la situación al desastre: 117 mil personas desaparecidas, 13 feminicidios diarios, 6 mil fosas clandestinas, 261 personas defensoras del territorio asesinadas y 93 desaparecidas, e incontables proyectos de muerte como el mal llamado Tren Maya y el corredor Transístmico.
Hay quienes atraviesan día a día las caras más crueles de esta Tormenta, se ha derramado ya mucha sangre, se han arrebatado muchas vidas, desde México hasta Palestina.
En estas condiciones, madres y familias salen a buscar a sus seres queridos. Junto con organizaciones y colectivas exigen justicia y resisten a lo largo del tiempo y frente a los malos gobiernos de LA POLÍTICA DEL DESAPARECER. Sabemos que, entre las mentiras y eternas promesas, mantener la esperanza no es fácil. Pero ustedes han demostrado que el ejercicio de memoria no es resignación, es lucha contra el olvido, es desnormalizar algo que se ha normalizado.
En medio de la destrucción, los pueblos defienden la vida y el territorio. Como desde esta ciudad, la Toma del INPI nos enseña cómo Samir se ha vuelto semilla. Desde el sureste, el EZLN también nos llama a “buscar a las buscadoras”… y hacerles saber que “No están sol@s. Su dolor es nuestro dolor. Nuestra es también su digna rabia”.
La sociedad mexicana, pensamos, está llamada a cambiar la mirada, a ver el desastre y actuar frente a él, a recuperar la dignidad en todas las geografías, y organizarnos por la vida. Resistamos la inercia de la normalización de la guerra guiad@s por las madres buscadoras y los pueblos originarios.
El Resonancias del Caracol por Nuestr@s Desaparecid@s. Memorial musical. Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas fue posible por el trabajo de muchas personas que pensamos es urgente actuar. Con dicho evento volvimos a confirmar lo que las y los compañeros zapatistas nos han dicho por mucho tiempo: en la organización de abajo y a la izquierda está la vida. Por ello queremos decir gracias.
A las madres y familias buscadoras: ustedes representan la dignidad en este país tan lastimado, y la multiplican por todas las geografías que recorren buscando a sus seres queridos. Les decimos gracias por responder a nuestra convocatoria y darse cita en Plaza Tlaxcoaque. Gracias por regalarnos, en medio de tanto dolor, una sonrisa, un baile, un abrazo y su alegre rebeldía.
A los pueblos zapatistas y pueblos del Congreso Nacional Indígena, gracias por alumbrarnos con su saber y resistencia. Ustedes son la luz que alumbra el andar en estos momentos de oscuridad para la humanidad.
A tod@s l@s artistas que se sumaron a este memorial musical: gracias porque con su arte hicieron de este abrazo colectivo un gesto más amoroso, más solidario.
A l@s compas de la Red de Apoyo Iztapalapa Sexta, de la Brigada Marabunta, de Cooperativa desde el nido del Colibrí y de Bamboo Salud Integral Cooperativa: gracias por su trabajo comprometido, su paso firme, su presencia organizada, sus manos sanadoras. Con ustedes, todo.
A la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, gracias por acompañar la iniciativa desde el primer día, por hacerla suya y convertirnos en un gran nosotr@s. Solo en común naceremos mundos nuevos.
Gracias a todas las personas que hicieron posible le mercadita, haciendo de la autogestión una ruta a seguir. Gracias a las compas de la Kocina Komunitaria (KOKO) de la comunidad de Xochitlanezi, por mantener las barrigas llenas y los corazones contentos. Gracias al Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana por toda la solidaridad.
Gracias a quienes guiaron y participaron del momento espiritual, enseñándonos otra interpretación de la comunión. Gracias a quienes asistieron, a quienes apoyaron económicamente, quienes pegaron un cartel o repartieron volantes, a quienes se sumaron a los equipos de apoyo. Todo ayudó. Gracias por hacer posible el Resonancias del Caracol por Nuestr@s Desaparecid@s. Memorial Musical. Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas.
Porque l@s desaparecid@s nos faltan a tod@s
Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas.
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México. 22 de noviembre de 2024
Al Congreso Nacional Indígena Al Consejo Indígena de Gobierno A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos A las y los Defensores de los Derechos Humanos A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas A los Medios Libres y Alternativos A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
“Y aun después de muerto, por su fe sigue clamando” (He 11,4).
Hermanas y Hermanos:
A un mes de que se cumplan 27 años de que se regara aquí la sangre de nuestras 45 hermanos y hermanas inocentes, más los 4 bebitos que aún no nacían, y también a un mes de haber sembrado a nuestro querido jTotik Marcelo en su tierra natal, luego de que le arrebataran la vida los señores de la muerte, seguimos firmes en la exigencia de justicia para todas ellas y ellos. Sabemos que ahora que ya están juntos, se engrandecerán sus corazones y le hablarán a nuestra Mamá-Papá Dios para que renueve nuestras fuerzas de luchar por la paz.
Pues todas ellas, todos ellos, junto con nuestro hermano y compañero Simón Pedro, jamás dejaron de decir la verdad, hasta las últimas consecuencias. Nos mostraron que se puede vivir de otra manera, con amor a los pobres de este mundo, y con ese amor y no por el interés personal, es como se puede cambiar la historia, librarnos de la injusticia, de la crueldad, de los engaños y las mentiras de los poderosos, es como se puede traer la paz.
Por eso hoy estamos de nuevo juntas y juntos para animarnos con el ejemplo de Padre Marcelo y nuestros Mártires de Acteal y seguir siendo su voz, en medio de esta realidad oscura, en donde ellos son fuente de luz para guiar nuestro caminar.
Hoy que la violencia sigue incontrolable a nuestro rededor, cada vez más cerca y en más rincones de nuestro estado y de nuestro país. Hoy que el pacto entre criminales gobierna nuestros estados, hoy que las armas siguen llegando a nuestras comunidades, creando terror y obligando a muchas hermanas y hermanos a desplazarse para buscar un refugio seguro. Hoy que muchos de nuestros compañeros y compañeras no pueden salir a trabajar por miedo a los enfrentamientos armados. Hoy que el paso de muchos caminos está bloqueado por algún grupo armado y nuestros hermanos no pueden salir ni para abastecerse ni para organizarse.
Hoy que el nuevo gobierno federal sigue inundando nuestros pueblos con la presencia de militares, pero no garantiza nuestra seguridad, sobre todo de quienes defendemos la tierra y la vida, que somos impunemente asesinados o desaparecidos.
Hoy que millones de hermanos migrantes centroamericanos que son víctimas del crimen organizado en México, aliados muchas veces con las autoridades migratorias, sufren los peores tratos y violaciones inhumanas en su intento por llegar a los Estados Unidos.
Hoy que las amenazas de deportación masiva y de intensificación de la violencia contra nuestros hermanos que han arriesgado y soportado todo para ir a buscar mejores salarios a los Estados Unidos, se juntan a los riesgos de una verdadera guerra nuclear que puede terminar con la vida humana por la necedad y la ambición de los países más ricos.
Hoy que el gobierno saliente de Estados Unidos vuelve a impedir que las Naciones Unidas apruebe una resolución para parar el genocidio de nuestras hermanos y hermanas en Palestina.
Hoy seguimos clamando: ¡YA BASTA!, también junto con nuestras hermanas y hermanos zapatistas que hicieron retumbar este reclamo y están cumpliendo 41 años de organizarse para buscar justicia, democracia y libertad, retomando el estandarte de Emiliano Zapata y otras mujeres y hombres que dieron su vida para defender su tierra y a sus pueblos durante la Revolución Mexicana, iniciada hace 114 años.
Hoy le recordamos a todas las autoridades responsables de dar inmediatamente con los que decidieron, planearon y ejecutaron el cruel asesinato de nuestro jTotik Marcelo Pérez, transformándolo en nuestro Santo Mártir por la Paz, que no vamos a permitir que empleen las tácticas que acostumbran para retardar y entorpecer los procesos penales y lograr que los autores intelectuales y materiales queden impunes, tal como nos hicieron para dificultar que se sentenciara al asesino material de nuestro compañero defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López, y como han logrado que hasta ahora permanezca impune la Masacre de Acteal. Sepan que, junto con los esfuerzos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, nuestra organización estará al pendiente del proceso y no desfalleceremos en lograr que se haga justicia.
