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(Español) En México, reforma a la Ley Minera hecha a medias
Fuente: Avispa Midia
Por Renata Bessi
En portada: Tajo a cielo abierto de la minera anglo canadiense Newmont-Goldcorp en Zacatecas. Foto: Adolfo Vladimir
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó, el 8 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas a la Ley Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, aprobadas el 28 de abril por el Pleno del Senado de la República.
Mientras los cambios fueron celebrados por muchos activistas ambientales y organizaciones, el abogado agrario que integra el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, clasificó las reformas como hechas “a la mitad”.
“No hay lugar a las medias. Se ocupa una política profunda y comprometida. Es necesario comprometernos de manera seria y decidida. Porque realmente está en riesgo la humanidad y la vida en este planeta”, declaró durante el Encuentro Internacional El Sur Resiste, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), en Chiapas.
Uno de los cambios “a la mitad” es la reducción de la duración de las concesiones mineras, pasa de 100 a 80 años. El texto original de la reforma, enviado por el Ejecutivo para aprobación del Congreso de la Nación, previa la reducción para 30 años.
“El presidente mandó al Congreso una iniciativa que, hay que decirlo, contenía elementos importantes para restringir la actividad minera y para poner límites a las empresas mineras”, admite el abogado.
Sin embargo, el proyecto llegó a la Cámara de Diputados y se detuvo. “Empezaron las negociaciones con la Cámara Minera. Vinieron los cabilderos del gobierno de Canadá. Y se cambia la iniciativa”, sostiene.
Chiapas, denuncian contrainsurgencia, desplazamiento y complicidad del Estado
Fuente: Avispa Midia
Por Ñaní Pinto
Foto por Jeny Pascacio
Desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones forzadas, despojo de tierras, asesinatos, tortura, espionaje y criminalización de la protesta social, son solo algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que se registran en distintas localidades de Chiapas.
Así lo evidencia un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) titulado Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado.
El documento, que abarca un análisis de situaciones registradas entre 2020 y 2022, destaca el incremento de la violencia debido a la existencia de grupos que utilizan las armas para el control social, político, económico y territorial en distintas geografías del Estado al sureste mexicano.
A la operación de grupos criminales y paramilitares, como continuidad de una estrategia contrainsurgente, se suma la impunidad fomentada por actores estatales, la remilitarización de los territorios y un comprobado espionaje realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Chiapas.
En este contexto, la organización de derechos humanos externa su preocupación sobre el papel del Ejército mexicano como principal perpetrador de crímenes de lesa humanidad, así como por integrar actualmente “un suprapoder con la posibilidad de controlar todas las esferas de la vida y dejando abiertas las puertas para el ejercicio de un gobierno neodesarrollista y autoritario”.
Acorde al CDH Frayba, este escenario acontece a la par de la promoción de una política económica gubernamental que impulsa la actual administración, mediante la cual se busca que el Estado mexicano promueva la reconfiguración de los territorios a través de megaproyectos para la explotación de recursos naturales.
