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En portada: Un campesino limpia el suelo para evitar que el fuego llegue a su parcela en la Amazonía brasileña.
Ambientalistas, organizaciones de derechos humanos y pueblos indígenas del estado del Pará, en la Amazonía brasileña, en la región del río Tapajós, han denunciado los impactos sociales, ambientales y de derechos humanos provocados por la empresa multinacional de Estados Unidos Cargill, una de las líderes mundiales en la exportación de commodities agrícolas.
La empresa es responsable por la construcción de infraestructura, como puertos, para dinamizar la exportación de granos, como la soya, en expansión en las regiones norte y centro de Brasil para el mercado exterior, principalmente Europa y Estados Unidos.
Cargill llegó a la región hace 20 años. Primero en el municipio de Santarém, después expandió su actuación en otra parte del río, en el municipio de Itaituba, distrito de Miritituba, donde construyó una estación de transbordo de cargas. La empresa opera entre 650 y 700 embarcaciones en el mundo, según declaró el presidente de la empresa en Brasil para la Revista Forbes.
De acuerdo con el estudioSin Licencia para Destrucción: Cargill y Violación de Derechos en el Tapajós, realizado por Tierra de Derechos Brasil, la empresa debe ser responsabilizada por el avance de la producción de monocultivos de granos en la región. “La cuenta es muy simple: si existe un puerto – o un complejo de puertos en el caso de Miritituba – para fluir la producción hacia el mercado exterior con bajo costo, eso significa que poseer haciendas de monocultivo en la región resulta en alta rentabilidad”.
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UCIZONI INFORMA
28 de abril de 2023.
15.00 horas. Después del violento desalojo sufrido por campesinos y campesinas mixes de Mogoñe Viejo afectados por las obras de modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec a manos de decenas de elementos de la Secretaria de Marina, de la Policía estatal y de la Guardia Nacional,y donde fueron detenidas 4 ejidatarias y 2 ejidatarios informamos que las detenidas no aparecen y se presume que fueron trasladadas a la capital del estado de Oaxaca.
También comunicamos que se establecio desde las 12.40 horas un bloqueo carretero a la altura del puente Malatengo, mismo que ha sufrido intimidaciones por parte de la Secretaria de la Marina; también se reinstalo el Campamento TierrayLibertad. Organizaciones internacionales de derechos humanos y decenas de organizaciones nacionales estan manifestando su indignación por el ataque sufrido esta mañana contra ejidatarios y ejidatarias mixes de Mogoñe Viejo y exigen la inmediata liberaciónde las detenidas.
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La noche del 25 de abril, la Caravana El Sur Resiste arribó a Puente Madera, Oaxaca. Ahí se encuentra la comunidad que resiste la construcción de un monstruoso Parque Industrial, parte del proyecto Tren Interoceánico, también conocido como Corredor Interoceánico.
El recibimiento de la comunidad fue en pie de lucha. Una larga fila de personas cargando antorchas recibió a la caravana en la intersección de la carretera en la cual han mantenido plantones y bloqueos por semanas para exigir ser escuchados.
La Caravana se unió a los miembros de la comunidad, y así comenzó la marcha escoltada por motociclistas y moto taxis, que acompañaban los gritos de ¡Puente Madera No Se Vende! ¡El Istmo No Se Vende!, con el ruido de los claxons y los cuetes retumbando alrededor.
El Pitayal
En el segundo día de la Caravana el Sur Resiste, miércoles 26 de abril, visitó el Pitayal, un área llena de mezquites, coyotes, conejos, venados y otras especies vegetales y animales. Todo este ecosistema está en peligro de ser convertido en el Parque Industrial, uno de los 7 parques impulsadospor el Gobierno Federal.
Ahí, miembros de la comunidad de Puente Madera explicaron lo que está en riesgo de llegar a construirse. Todos coinciden en un punto sumamente importante: el Pitayal representa más que un espacio físico y la biodiversidad que lo habita; su existencia es también base de la existencia de la comunidad de Puente Madera, tal como lo explica una mujer de la comunidad:
“Del Pitayal vivimos, comemos, de ahí comemos porque cortamos leña que usamos para cocinar pero que también vendemos, ahí hay conejo y venado. Si nos quitan el Pitayal es como si nos quitaran nuestro banco para vivir.”
Éste es un aspecto que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido ignorar sobre los Pueblos Originarios que habitan el territorio denominado México, junto con los demás gobiernos neoliberales que le han precedido. El territorio representa más que un ente físico y recursos que pueden obtener de éste; los Pueblos Originarios, como el pueblo zapoteco de Puente Madera, han desarrollado su modo de existir en completa conexión con su ambiente natural.
Si se destruye el territorio en el cual una comunidad habita, no sólo se destruye su entorno físico, se atenta con la forma de vida de todo un Pueblo; su comida, sus formas de producir recursos económicos, su cultura, tradición, y forma de vivir el día a día.
El área que está en riesgo comprende más de 360 hectáreas; de acuerdo con la comunidad, el Gobierno de la 4T ha querido imponer el proyecto por medio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas por medio de personas acarreadas en las consultas, firmas falsificadas y amenazas en contra de la comunidad.
“Nosotros la Asamblea del Istmo decimos que el Gobierno actual es el peor de todos. Este gobierno no nos ha dado la mínima oportunidad de decirle al gobierno por qué estamos en resistencia, en cambio nos están persiguiendo.”
Durante la visita al Pitayal, miembros de la comunidad de Puente Madera plantaron dos tipos distintos de arboles, símbolos de la esperanza que representa este particular territorio. A la par, tres mujeres realizaron una ofrenda; en su lengua -el zapoteco- agradecen a la madre tierra por sostener la vida, piden fuerza para continuar la lucha.
El Pitayal se siente árido y seco; sin embargo, la comunidad tiene un plan ya en marcha para reforestar este territorio y continuar su existencia en armonía, como lo han hecho generación tras generación.
Resistencias en el Istmo de Oaxaca
Después de volver del Pitayal, nos unimos al primer panel del foro “Rebeldías y Resistencias en el Istmo Oaxaqueño”, en el cual representantes de distintas comunidades de la región Istmeña explican las problemáticas que acechan la estabilidad social, económica y ambiental de sus territorios.
El foro inició con un homenaje a Marcelino Nolasco Martínez, defensor del territorio en la región del Istmo y coordinador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, fallecido en enero de 2021 por Covid-19.
A seguir, los audios del foro Rebeldías y Resistencias en el Istmo Oaxaqueño, dividido en tres paneles.
Panel 1: Rebeldías y Resistencias del Istmo
Panel 2 – Luchas y resistencias oaxaqueñas
Panel 3 – Autonomías y alternativas en el Istmo oaxaqueño
Es importante mencionar que sería difícil para cada comunidad explicar la complejidad de las problemáticas que enfrentan y sus formas de resistencia. Sin embargo, sí es posible dar un panorama general de la región, y, conforme a lo expuesto por cada panelista, no sería equivocado enfatizar que una de las mayores amenazas para los Pueblos y comunidades dentro de esta región es la imposición de proyectos de índole neoliberal, como el Parque Industrial en el Pitayal, que pone en riesgo su existencia; además de crear otro tipo de violencias que se desencadenan tras la ruptura del tejido social por la destrucción ambiental, por ende cultural, resultado de un proyecto impuesto.
Entre estos efectos se podría mencionar el desplazamiento forzado del territorio propio, el incremento de la presencia de grupos criminales del narcotráfico y trata de personas, el incremento de la violencia en contra de mujeres y niñas, entre otros.
A continuación, se expondrá un breve resumen de las problemáticas señaladas por cada comunidad presente.
ASAMBLEA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO (APIIDTT)
La Asamblea mencionó la problemática de la imposición de parques eólicos en toda la región del Istmo, los cuales no han generado bienestar para las familias que fueron convencidas de rentar sus tierras en la forma legal del usufructo, a cambio de contratos sumamente desventajosos. Los parques eólicos, de acuerdo con la APIIDT, también provocan la muerte de especies polinizadoras como los murciélagos, contribuyen a la sequía de la tierra y contaminan los mantos friáticos.
“Vinieron al territorio, engañaron a la gente con contratos de usufructo por 30 años para rentar su tierra. Mucha gente sí rentó, pero muchos luchamos por medios legales, por la acción directa, por medio de incidencia, y pudimos detener dos proyectos. Y a pesar de que hay 15 parques eólicos en Juchitán, ni un watt hemos recibido de estas empresas, nosotros no recibimos nada de ellos. Estos proyectos no son para nosotros.”
Ixtepec
La comunidad de Ixtepec, expuso parte de su experiencia por más de 10 años de resistencia contra un proyecto minero, el cual no pudo ser implementado por la resistencia del pueblo, en su mayoría, organizado por mujeres. Sin embargo, la comunidad de Ixtepec menciona que la misma situación que vivieron hace 10 años cuando el proyecto de la minera llegó a su comunidad, lo viven ahora con el proyecto del Tren Interoceánico/Transístmico.
“Éramos un pequeño grupo de mujeres muy, muy jóvenes y estábamos preocupadas de todo lo que estaba pasando. Fuimos recabando datos hasta que vimos que los líderes locales sí tenían esa información, habían dado luz verde a la explotación minera. Organizamos una campaña para evidenciar esto porque sabíamos que lo que estaba en juego era la vida, y logramos detenerlo.
Nos vemos ahora acechados por el Corredor Interoceánico, en Ixtepec vuelve a suceder lo que pasó hace 10 años, la gente desconoce lo que está pasando en el territorio, desconoce lo que es un parque industrial, desconoce cómo ese tren va a llegar a quitarnos lo mucho o poco que tenemos.”
La Ventosa
La comunidad de La Ventosa también expuso su resistencia desde 2016 frente a las mineras canadienses, y cómo lograron ganar la confianza de los comuneros y de otras comunidades y de esta forma detener el proyecto mediante la organización comunitaria.
“El proyecto tenía 30 años vigentes de concesiones, detener el proyecto nos ha costado difamación, amenazas cansancios, pero seguimos diciendo no a la mina, no a los parques eólicos. Nosotros también decimos no a las consultas, porque son amañadas y nos quitan nuestro derecho a la autodeterminación.”
Ixhuatán
La comunidad de Ixhuatán explicó cómo en el Oriente del Istmo hay 16 mil hectáreas concesionadas desde el sexenio de Peña Nieto, y aunque el gobierno de López Obrador ha negado la concesión, se sabe del proyecto de generar zonas de producción y zonas de inversión en toda la zona del Istmo.
“El Istmo siempre ha estado ahí en la mirada de la explotación, desde los 2000 con el Plan Puebla Panamá con Vicente Fox, las Zonas Económicas Especiales con Peña Nieto, y con AMLO zonas económicas especiales, el canal interoceánico. Diferente nombre, pero misma visión de explotación.
Hay otra concesión minera, igual del sexenio de Peña Nieto en la frontera con los Chimalapas, esta en el río Ostuta, el río más importante de toda la zona del Istmo, ahí hay un mar de plata y cobre y han hecho de todo para explotar estos minerales. Sin embargo, ha sido la defensa y la organización de los bienes comunales y ejidales y la organización del pueblo que ha detenido hasta las obras.
Tenemos también el proyecto Sembrando Vida, que ha impulsado a que la gente deje de trabajar la tierra, ahora todos siembran mango y maguey, pero ahora solo se siembra eso; puro mango y la tierra ya no se trabaja.”
Criminalización de la comunidad de Puente Madera
Entre los impactos que ha tenido la comunidad de Puente de Manera es la persecución que han sufrido por interponerse al Parque Industrial, actualmente hay 17 órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la Asamblea, y el compañero David Hernández Salazar fue encarcelado por 8 horas ya que se logró comprobar la irregularidad del proceso y la fabricación de delitos en su contra; sin embargo, el hostigamiento sigue, así como el proceso judicial.
Por lo tanto, la Asamblea del Istmo hace responsable a los tres niveles de gobierno, incluyendo a Antonino Morales Toledo, Secretario de Administración del estado de Oaxaca; al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cualquier ataque de cualquier tipo en contra de cualquier miembro de la comunidad, integrantes de la Asamblea o del frente de organizaciones oaxaqueñas.
Nos sumamos a este llamado, exigimos respeto a la vida y resistencia de la comunidad de Puente Madera y toda la región del Istmo de Oaxaca; de la misma forma exigimos la cancelación de los proyectos de muerte en esta región que representan una amenaza para la vida y para la existencia de las comunidades que han habitado estos territorios por siglos protegiendo a la madre tierra.
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El 27 de abril del 2010 fueron asesinados Bety Cariño y Jyri Jaakkola, por brindar su solidaridad al Municipio Autónomo de San Juan Copala en la región triqui se Oaxaca, desde entonces la búsqueda de la justicia por el amor a Bety y Jyri no se detuvo, las miles de expresiones de indignación, de exigir castigo no se detienen, sin embargo la impunidad es el sello constante por las instituciones del estado mexicano después de 13 años; recordar a Bety y Jyri como un ejemplo vivo y comprometido con el amor al projim@ sigue siendo necesario. Abrazar la lucha por un mundo humano y fraterno es urgente, ellos son el ejemplo del compromiso y del llamado donde la vida está en peligro, son las semillas que florecen, por eso convocamos a seguir mantenido viva su memoria.
Te invitamos a participar en el rescate de la memoria histórica de Beti Cariño y Jyri Jaakkola, activistas y defensores de derechos humanos asesinados en la Caravana Humanitaria que buscaba llevar apoyo a la comunidad triqui de San Juan Copala en 2010.
Convocamos a artistas diversxs y solidarixs que aporten a la memoria gráfica bajo las siguientes bases:
1. Preferiblemente aporte a la memoria histórica de ambos activistas.
2. Técnicas: gráfica, pintura, acuarela, multimedia, cartel, poesía, otros.
3. Se reciben los trabajos a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 30 de julio de 2023.
4. Se seleccionarán 20 trabajos los cuales recibirán un apoyo económico de 3000 pesos cada uno. El jurado seleccionador está integrado por familiares y artistas de reconocido prestigio.
5. Todos los trabajos serán expuestos en la Ciudad de Oaxaca. La obra seleccionada participará en otras sedes por definir (CDMX y Europa). Al término de la primera exposición serán devueltos los originales no seleccionados.
6. Así mismo las obras seleccionadas serán parte de la campaña internacional por la defensa del caso en la búsqueda de justicia de ambas familias
Mayores informes:
Semillasqueflorecen@proton.me
Convocan: familiares, amig@s y representación jurídica de Bety y Jyri en México y Finlandia
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En una audiencia judicial realizada ayer, 26 de abril, el defensor del agua y comunicador popular de Radio Zacatepec, Miguel López Vega, quedó definitivamente libre de las acusaciones de las cuales ya que había sido absuelto en 2020.
El indígena náhuatl es defensor del río Metlapanapa. El río es amenazado por la contaminación de descarga de aguas residuales del parque industrial de la Ciudad Textil Huejotzingo.
Las autoridades judiciales resolvieron “que no existe el delito de obstrucción de obra pública”, mientras que para el delito de ataque a las vías generales de comunicación se impuso a López Vega la medida de firmar mensualmente durante seis meses en la “Casa de Injusticia”, explicó el abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Morelos, Puebla, Tlaxcala, Juan Carlos Flores.
Luego del anuncio, López Vega anunció, “vamos a seguir luchando por los demás hermanos que están perseguidos, que están en la cárcel”.
Histórico de acusación
La causa penal, la “criminalización”, como define el abogado, deriva de los hechos acontecidos el 30 de octubre del 2019, cuando la Guardia Nacional y la Policía Estatal quisieron reprimir a la comunidad de Santa María de Zacatepec, que ha hecho oposición al parque industrial, compuesto por más de 12 empresas, principalmente de los sectores automotriz y textil.
Quienes acusaban a López Vega, cuenta Flores Solís, seran trabajadores de las empresas y un trabajador de la Comisión Estatal del Agua, personas que “tienen un interés” en el proceso.
López Vega fue detenido en enero de 2020, y puesto en libertad condicionada tras una audiencia en la Casa de Justicia de Cholula, Puebla, realizada el 29 de enero de 2020, en la cual se decidió retirar dos de los tres cargos en su contra por “falta de elementos suficientes”.
Todavía quedaba un tercer cargo. La defensa de López Vega solicitó la suspensión condicional del proceso en los años 2021 y 2022. “Hicimos las solicitudes en cuatro ocasiones. Nos llegaron a decir, los encargados de la Unidad de Medidas Cautelares, que aunque lo solicitáramos cien veces, cien veces los iban a negar porque era un orden de arriba. Al denunciar eso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y públicamente, ante una rueda de prensa, se generó una mayor molestia por parte de las autoridades de la Comisión Estatal del Agua”, recuerda.
En una “situación totalmente atípica”, en enero de 2021, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento presentó un recurso de apelación, bajo el argumento de que no había sido informada de la audiencia del 29 de enero de 2020, en la cual se liberó el indígena de dos de los tres cargos. La apelación resultó en la decisión del 16 de marzo de 2023 del Tribunal Superior de Justicia de Puebla de revocar la decisión del 29 de enero de 2020 y citar a una nueva audiencia para el 29 de marzo de 2023.
“Insisto que es un absurdo que la Comisión Estatal del Agua dijera que no sabía que Miguel había salido libre. También reitero que, en esta situación atípica, hubo una audiencia el 10 de septiembre del 2022 donde estaba la Comisión Estatal del Agua. Ahí mismo se mencionó” la situación, explica el abogado.
Las acusaciones fueron retomadas. En una audiencia judicial realizada el 29 de marzo de 2023, la Comisión Estatal del Agua de Puebla concedió el “perdón” por dos de los tres cargos que levantó en 2020 contra Miguel López Vega. Sin embargo, días después, el Ministerio Público había determinado que dicho ´perdón´ no era procedente, lo que llevó a nueva audiencia judicial, el 26 de abril de 2023, en la cual se determinó la libertad definitiva de López Vega.
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Tras casi una década de batallas legales, la comunidad nahua de Tecoltemi, ubicada en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, logró la cancelación de dos concesiones que permitían a la empresa canadiense Almaden Minerals explotar una mina del municipio.
De acuerdo con Fundar y la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, el 12 de abril un juzgado determinó —acatando una sentencia de la corte— que “no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su reglamento”.
El pasado 9 de febrero en cumplimiento a la sentencia, la Secretaría de Economía declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerro Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su Reglamento.
El juzgado “llega a la conclusión de que, en el caso, fue cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo”, reconociendo que, “(…) la autoridad responsable –Secretaría de Economía – consideró que no era factible expedir los títulos solicitados; entonces, se torna innecesario que realizara el procedimiento de consulta a la comunidad indígena (…)”.
“Con este acuerdo cierra la batalla legal que Tecoltemi mantuvo durante 8 años en defensa de sus derechos y su territorio. La lucha de Tecoltemi derivó en la cancelación de las concesiones mineras impugnadas como consecuencia del reconocimiento de la violación a los derechos de los pueblos indígenas, dejando antecedentes de relevancia para otros pueblos y comunidades que viven la imposición del modelo extractivo minero en sus territorios”, sostuvo la comunidad en un comunicado.
Además, recordaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales junto con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas también concluyeron a través de diversas evaluaciones que la minera ocasionó en la zona graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos.
“Exigimos a Minera Gorrión retirarse de forma inmediata del municipio de Ixtacamaxtitlán y abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad dentro del territorio, y solicitamos a la Secretaría de Medio Ambiente, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a las instancias correspondientes, vigilar y sancionar cualquier actividad ilegal por parte de Minera Gorrión en el municipio de Ixtacamaxtitlán”.
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En portada: Una jornada de protesta bajo la consigna “Con Nuestro Pan No”, realizada en rechazo al lanzamiento de la primera variedad de trigo transgénico del mundo, hecho en Argentina.
La población de Argentina es la primera en comer pan con trigo transgénico. Así lo confirmó la empresa Bioceres-Indear al informar que 25 molinos ya mezclan el cereal con el trigo convencional. El transgénico, que va junto al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, fue denunciado por más de mil científicos, por productores (tanto agroecológicos como del agronegocio) y por organizaciones socioambientales. Los estudios que señalarían la supuesta “inocuidad” del transgénico son confidenciales y fueron realizados por la propia empresa que lo vende. “Es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública”, denunció en una carta pública el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
La noticia se conoció mediante un anuncio de Bioceres-Indear a inicios de marzo. Y es de una trascendencia mundial: por primera vez un trigo modificado genéticamente (llamado “HB4”) llega a los alimentos de consumo masivo (pan, pizzas, empanadas, fideos y todos los usos de la harina). Y, más grave, la población no tiene posibilidad de identificar si está comiendo un producto con transgénicos o no: en Argentina no existe un etiquetado de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).
Desde el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA-UNR) resaltaron que no hay pruebas científicas independientes y publicadas en revistas académicas que demuestren la inocuidad del trigo HB4 en la ingesta en humanos. Recuerda que, en Argentina, los transgénicos se aprueban en base a “estudios” de las propias empresas y que esos informes son secretos.
El InSSA, que ha confirmado con una publicación científica la incidencia de cáncer en pueblos fumigados, remarca otro factor del trigo transgénico: “Va acompañado con el herbicida glufosinato de amonio, cuya toxicidad sobre el ambiente y la salud ya ha sido demostrada en numerosos trabajos científicos, así como también se ha evidenciado que no se degrada y que incluso es posible detectarlo hasta en ultraprocesados”.
Los investigadores instan a los “decisores de políticas públicas” que atiendan a las evidencias científicas que dan cuenta de los peligros de ese cultivo. “Consideramos urgente que las autoridades prohíban la comercialización e incorporación del trigo Hb4 en las harinas para producción de productos comestibles y/o sucedáneos de la alimentación humana”, remarcan.
En 2020, en una carta abierta, más de mil científicos del Conicet y de 30 universidades públicas de Argentina rechazaron el avance del trigo transgénico: “Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria”. Aportaron decenas de estudios que dan cuenta de los peligros del nuevo transgénico. Nada de eso fue tenido en cuenta por las autoridades estatales.
Bioceres-Indear es la compañía impulsora del trigo transgénico. Se presenta como una “empresa nacional”, con accionistas como el denominado “rey de la soja” Gustavo Grobocopatel y el multimillonario Hugo Sigman, pero desde 2021 cotiza en la Bolsa de Nueva York. Para el transgénico también fue vital el aporte del Estado, mediante recursos y políticas activas del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral. Su referenta es la científica Raquel Chan, socia de Bioceres y negadora de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del agronegocio.
Mauricio Macri estuvo a punto de aprobar el trigo durante su gestión, pero frenó la decisión por la advertencia de productores del agronegocio, del Centro de Exportadores de Cereales y la Federación de Acopiadores, ante la posibilidad de perder mercado de exportación (principalmente Brasil). Los consumidores no quieren transgénicos en sus platos. La aprobación final fue en mayo de 2022, cuando Julián Domínguez (entonces ministro de Agricultura) dio luz verde al pedido de Bioceres-Indear (la firma administrativa corrió por cuenta de Luis Gustavo Contigiani).
“La responsabilidad del Gobierno es total. Desde la autorización sin pruebas de inocuidad, sin contemplar los efectos negativos en el campo y también con sus políticas científicas, con Raquel Chan como emblema, al servicio del sector más concentrado del agronegocio”, denunció Agustín Suárez, de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT). Y remarcó la gravedad de este trigo: “No solo se contaminará al trigo convencional sino que este transgénico, y sus agrotóxicos, irán directo a nuestros cuerpos, al de nuestros hijos. Las consecuencias serán muy graves y se verán en el mediano y largo plazo. Es criminal”.
Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, que desde hace dos décadas denuncia los impactos del agronegocio en la salud y el ambiente, precisaron que el herbicida glufosinato de amonio es “mucho más tóxico que el glifosato y está comprobado sus efectos teratogénicos, neurotóxicos y genotóxicos”.
La Multisectorial, que forma parte de la campaña “Con nuestro pan no” (que reúne a decenas de organizaciones de todo el país) alertó el efecto en los productores: “No es posible la coexistencia de trigo transgénico y no transgénico debido al proceso de ‘contaminación genética’ que ocurre durante la polinización y cuyos residuos de agrotóxicos quedarán en la harina obtenida. En sociedades empobrecidas y culturalmente trigo-harina dependientes, es un claro peligro de salud pública”. Y advierte que el mecanismo por el cual se autorizó el transgénico viola la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, entre otras normas de protección de la salud y el ambiente. Exigen el cese de la siembra del transgénico, el freno a la mezcla con el trigo tradicional y recuerdan: “La salud no se negocia”.
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La semana pasada, el 18 de abril, los gobernadores del sur-sureste mexicano se reunieron, por séptima vez, desde 2021, con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, para “impulsar el desarrollo sostenible” de la región.
Durante el encuentro, que ocurrió en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y História Natural (Semahn) de esta entidad, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, dio a conocer los avances de la mega iniciativa de “conservación y desarrollo sostenible” llevada a cabo en los siete Estados, con el apoyo de la embajada de los Estados Unidos, The Nature Conservancy (TNC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
De acuerdo con la secretaria, la iniciativa buscará la conectividad en corredores ecológicos y bioculturales, restauración y regeneración de ecosistemas degradados ante el cambio climático y sistemas productivos sostenibles compatibles con la conservación.
Los gobernadores y las secretarías de Medio Ambiente, Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán han conformado la iniciativa.
Durante el evento, el grupo de titulares y equipos técnicos de las siete secretarías trabajaron, bajo la asesoría de TNC y PNUD, en el diseño de las bases de operación del mecanismo a través de la definición de temas y regiones prioritarias.
El embajador Salazar, reconoció la disposición de los gobernadores para trabajar coordinados en busca de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos atrayendo proyectos e inversión que permite mayor empleo y bienestar social. “Hay muchas oportunidades en el Sur-Sureste” afirmó
Las regiones prioritarias establecidas para el año de 2023 son Selva Maya – Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán); Corredor Chimalapas – Selva Zoque (Chiapas, Oaxaca y Veracruz); y la Región Serrana Chiapas-Tabasco de Huitiupán-Tacotalpa (Tabasco – Chiapas).
Recientemente se lanzó la convocatoria “Mecanismo de Cooperación para la Conservación y Desarrollo Sustentable de los Paisajes del Sur-Sureste de México 2023”, con la cual entra en operación el primer ciclo de financiamiento de la iniciativa, con la aportación de 1 millón de dólares por parte de la USAID. Esta es la primera convocatoria pública para la selección de hasta cinco iniciativas de conservación que recibirán una aportación de capital semilla.
El mecanismo está enmarcado en el proyecto Comunidades Prósperas y Sostenibles, impulsado por la USAID y liderado por la TNC, para “el desarrollo sustentable de los paisajes del sur-sureste de México cuyo propósito es impulsar la inversión estratégica de recursos financieros para la incubación, la movilización de capital semilla y la atracción de inversión privada que aceleren iniciativas emblemáticas impulsadas por los gobiernos estatales del sureste para la conservación y el desarrollo sostenible de la región”, según la convocatoria.
El mecanismo de cooperación surge como uno de los acuerdos plasmados en la Carta de Intención firmada entre los gobiernos estatales de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán con USAID y TNC en el marco del Tercer Encuentro de Gobernadores, realizado en febrero de 2022 en Quintana Roo. Dicha Carta de Intención busca coordinar esfuerzos para promover la conservación y el desarrollo sostenible del Sureste de México.
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca son los estados que poseen el segundo macizo forestal más grande del continente, al contar con una extensión de 332 mil 099.81 km2, equivalente al 17% del territorio nacional, con una población de 25 millones 248 mil 399 habitantes, lo que equivale al 20% de la población nacional, de acuerdo con el (INEGI, 2020), donde el 60% de las etnias presentes del país están representadas en esta región.
Es una zona rica en especies de vertebrados, plantas vasculares y artrópodos y tiene más de 535 especies de mamíferos, más de 1 mil especies de aves y animales marítimos. Allí están presentes los 10 tipos de vegetación de México, alberga 14 regiones hidrológicas que integran una importante red hidrográfica.
Otros proyectos
Las empresas de la American Chamber of Commerce de México (AmCham) han participado desde el primer encuentro en 2021. A través de distintos proyectos invertirán mas de 600 millones de pesos en la región. De acuerdo con comunicado emitido por la embajada de los Estados Unidos, más de 200 comunidades indígenas “se verán beneficiadas”. Además, más de 35 mil micro, pequeñas y medianas empresas y 26 universidades e institutos “también se beneficiarán”.
El director general del Consejo Mexicano del Negocio (CMN), Rolando Vega Sáenz, sostuvo que este espacio permite generar alianzas entre los Gobiernos Estatales y la Embajada de EUA, con el objetivo de realizar proyectos que fomenten el desarrollo de las empresas y generar condiciones propicias para que México y sus regiones sean atractivos a la inversión.
Entre las empresas internacionales presentes estuvieron Organon, Visa, Meta, Amazon y Google. La próxima reunión ocurrirá en Cancún, la fecha no fue anunciada.
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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
20 de abril de 2023
César y José Luis mayas tseltales enfrentan un proceso penal por defender su territorio en contra de la militarización
El próximo 24 de abril de 2023 se llevará a cabo la audiencia de juicio oral en la que podría condenarles por defender su territorio ante la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.
El poder judicial del estado de Chiapas tiene una oportunidad de proteger a los defensores comunitarios César y José Luis y con ello los derechos de los pueblos indígenas.
El 15 de octubre de 2020 durante las acciones de manifestación pacifica ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el territorio comunitario de San Sebastián Bachajón, César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández mayas tseltales del pueblo de Chilón y defensores de derechos humanos, fueron reprimidos por policías estatales, así como torturados e incomunicados; 11 personas más resultaron heridas. Desde entonces ambos defensores se encuentran vinculados a proceso por el delito de motín y en libertad bajo proceso, lo cual les impide salir y realizar actividades más allá del municipio de Ocosingo. El próximo 24 de abril de 2023 podría ser un fecha definitoria de su situacion jurídica ya que el Juzgado de Oralidad en Ocosingo tendrá lugar la audiencia de juicio oral donde se podrían condenar o declarar su libertad.
Ante las irregularidades documentadas por parte de la defensa de José Luis y Cesar, entre ellas una deficiente integración de la carpeta de investigación, la incorporación de pruebas obtenidas de manera ilícita y construcción de informes policiales a modo por parte de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, así como diversos retrasos en el proceso por parte Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo, esperamos que en la audiencia de juicio oral a realizarse el día 24 de abril de 2023 puedan poner fin al proceso injusto al que se les ha sometido. Es importante señalar que como parte del proceso de resistencia pacifica del pueblo indígena tseltal de Chilón se inició en noviembre de 2020 un juicio de amparo en el Juzgado Cuarto de Distrito de Tuxtla Gutiérrez con numero 717/2020 el cual igualmente sigue pendiente de resolverse.
Las organizaciones firmantes vemos con preocupación las respuesta del estado ante el ejercicio del derecho a la protesta, ya que cabe resaltar que este hecho de criminalización no es aislado en Chiapas, y que el patrón suele ser la vinculación a proceso por parte de autoridades judiciales sin tomar en cuenta que se trate de una medida desproporcional que busca criminalizar acciones de protesta social. En conferencia de prensa el CDH Fray Bartolomé, el Pueblo Originario de Chilón, el Pueblo Creyente Zona Chab, Familias Unidas Contra la Tortura y Defensa de los Derechos Humanos y el Centro Prodh, hicieron un llamado al Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo en su resolución tiene una oportunidad de demostrar que los pueblos indígenas pueden confiar en el sistema de justicia para el respeto de sus derechos y absolver a los defensores comunitarios José Luis y César.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Casas
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
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En portada: Santiago Contoricón Antúnez (centro), de la comunidad asháninka Puerto Ocopa, fue asesinado el pasado 8 de abril.
El asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez a manos del narcotráfico, el sábado 8 de abril, se suma a una lista de decenas de defensores de territorios desprotegidos por los gobiernos en el Perú. En las últimas semanas, el dirigente reportó al Ministerio del Interior y a representantes del Ejecutivo las amenazas que recibía del crimen organizado en la provincia Satipo (región Junín).
En 2022, el país andino fue el séptimo más peligroso de América Latina para los guardianes de la tierra, la región del mundo de mayor letalidad para estos. Entre 2012 y 2021, según un informe de Global Witness, se registraron los asesinatos de 51 protectores del ambiente y líderes indígenas. Al menos seis crímenes se cometieron en Junín, en la zona de selva central peruana. Ocho defensores peruanos fueron victimados el año pasado, la mayoría en localidades amazónicas.
El crimen contra Contoricón se vincula a su participación junto a integrantes de comunidades asháninkas en incautaciones de cocaína, en ejercicio de la autodefensa de sus territorios ancestrales. Las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo se enfrentan al avance de los cultivos de hoja de coca para la producción de drogas y a la tala ilegal. La política de militarizar un área de emergencia, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dentro de la cual se ejecutó el atentado, no da resultados.
Por el contrario, entre 2018 y 2021 las plantaciones cocaleras en territorios de pueblos indígenas crecieron en 93%, de 8,000 a más de 15,000 hectáreas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd) indica que de 2020 a 2021 los cultivos ilícitos en el Perú aumentaron en 23%, de 61,000 a 80,000 hectáreas.
En la provincia de Satipo, a la que Contoricón representó como consejero regional, se localizan las mayores expansiones de sembríos de coca en los últimos años, con participación de remanentes de Sendero Luminoso como guardia armada de narcotraficantes.
A unos metros de la casa del líder indígena, en la comunidad nativa Puerto Ocopa, opera una base de la Marina de Guerra. El exalcade del distrito Río Tambo, donde aún no hay comisaría, fue victimado en su vivienda por un sicario de un disparo en la cabeza, en presencia de su familia. Contoricón fue un histórico dirigente que en sus 56 años de vida defendió a su etnia de la violencia de Sendero Luminoso y el Estado, más tarde la del extractivismo neoliberal y las mafias expandidas, en los años de una pacificación que no se afianzó en la selva peruana.
El Perú como narcoestado
La Central Asháninka del Río Tambo señala a la Policía y las Fuerzas Armadas de permitir la circulación de embarcaciones con cocaína e insumos para su elaboración, por lo que exigen al Ejecutivo que retire a los militares de la base de Puerto Ocopa. Los comités de autodefensa ordenaron la salida de todas las personas foráneas de la zona y mantienen bloqueado el tránsito fluvial. En otras provincias de la selva hay carreteras interceptadas en apoyo a la protesta asháninka.
“En su momento hemos dado confianza para contar con una base militar o policial para prevenir, pero más nos generan problemas, desautorizando a las comunidades nativas para desarrollar sus propias acciones de seguridad dentro de su territorio. Lo que queremos es que se entienda cuál es la realidad de los ríos Tambo y Ene, donde no hay presencia del Estado”, señaló, por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec).
La condición del Perú como narcoestado se acentúa con la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por los sectores políticos conservadores y de ultraderecha financiados por el narcotráfico. Se consolida con la presencia de una fiscal de la Nación que asumió la persecución judicial al expresidente Pedro Castillo e impide las investigaciones a su hermana jueza por cobros de sobornos a traficantes.
Una muestra de la narcopolítica peruana es la reciente megaoperación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la organización, Joaquín Ramírez, actual alcalde de la provincia Cajamarca, de alta producción de cocaína y opiáceos. Al excongresista, investigado por la DEA desde 2012, le incautaron más de 200 inmuebles, 90 vehículos y siete avionetas. Su principal negocio legal, una universidad privada de funcionamiento irregular, tiene los favores del régimen. La fiscal de la Nación acredita dos títulos de posgrado de esta casa de estudios, sin registros de las tesis que los avalen. Así funciona un Estado neoliberal capturado por mafias.
Para abordar el crimen organizado en la selva central, este año el Ejecutivo creó una mesa multisectorial en la que días antes del asesinato dirigentes indígenas recordaron su vulnerabilidad a altos representantes del Gobierno de facto, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hasta el momento, ningún funcionario se reunió con las autoridades indígenas y de la región. Es la ausencia de Estado que reclaman los pueblos originarios con una nueva medida de fuerza indefinida. Los defensores de la tierra están en pie de lucha en la selva. En frente, un régimen armado-empresarial dispuesto a extremar la explotación de la Amazonía y sus habitantes.
