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Fuente: Avispa Midia

En portada: Campamento de migrantes en la Plaza Giordano Bruno, alcaldía Cuauhtémoc.

Organizaciones en la Ciudad de México denuncian que albergues para personas migrantes de la sociedad civil se ven desbordados hasta en un 800% de su capacidad. “Están en condiciones de hacinamiento y se sostienen gracias al trabajo en red que se realiza y a la solidaridad recibida”, sostienen las agrupaciones y albergues para migrantes en un documento divulgado el miércoles, 17 de mayo.

La Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) y los albergues de la Ciudad de México que firman el documento se declaran en emergencia.

Desde octubre del 2022, las organizaciones han documentado el aumento de la afluencia de miles de personas en situación de movilidad, sobre todo de mujeres y familias con niñas, niños y adolescentes.

El aumento está vinculado, segundo las organizaciones, a los acuerdos migratorios entre los gobiernos de México y Estados Unidos, y que se hizo visible por grupos de personas con necesidades de protección internacional que se mantuvieron cerca de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la alcaldía Cuauhtémoc. Además, implicó una sobresaturación de los albergues de sociedad civil en la CDMX que desbordó sus capacidades de atención.

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Ejido Tila, Chiapas; México a 18 de mayo de 2023.

A las organizaciones nacionales e internacionales.
A la lucha de México y el mundo.
Al congreso nacional indígena.
Al consejo indígena de gobierno.
A los derechos humanos no gubernamental nacional e internacional.
A los pueblos originarios de México en la defensa de tierra y territorio.

Compañeros y compañeras hermanos y hermanas reciban un cordial saludo a todos y a todas en la defensa de madre tierra y territorio.

Les comunicamos que vamos a salir en una marcha pacífica todos los ejidatarios y ejidatarias hijos y nietos de los 836 capacitados, que conformamos la asamblea general al mismo tiempo un año más del aniversario que cumple 91 años de la entrega provisional de las 5405 hectáreas de 19 de mayo de 1932. De la forma siguiente 2938 hectáreas de terrenos nacionales, 2466 hectáreas que los abuelos sufrieron del despojo en el año de 1900 por el representante de la compañía Pensilvania, gracias a la revolución mexicana de 1910 se logró recuperar los terrenos que hoy tenemos en nuestra posesión. Llevamos 80 años de despojo mediante títulos de propiedad que extendió el ayuntamiento Municipal, comenzando en el año de 1943. Que fue una violación del artículo: 74 de la ley agraria en vigor.

Y el Departamento agrario y colonización en el año de 1965 elaboró un plano regulador para modificar el plano original de 2 de junio de 1961. Le ordenó al h. cuerpo consultivo agrario en sesión de 30 de septiembre de 1966 para insertar la nota y el punto de acuerdo que el caserío del poblado de Tila no forma parte del ejido, considerándose como fundo legal, violando el articulo 14 y 16 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Por falta de conocimientos de documentos que guarda el ejido nadie denunció.

El ayuntamiento municipal vio que no tenía legalización su administración solicitó la demarcación de las 130 hectáreas, fue comisionado un ingeniero experto agrario con fecha 9 de marzo de 1966. Sin tomar en cuenta la asamblea general de ejidatarios así pasó 11 años. Se presentó un amparo 890/1977 por el informe negativo del ayuntamiento municipal se dio sobreseído y con estos elementos se presentó la autoridad municipal ante la cuarta legislatura del estado de Chiapas; para solicitar el decreto número 72 de 29 de julio de 1980. Para modificar la resolución presidencial de 30 de julio de 1934. El gobierno del estado de Chiapas lo publicó en el Diario Oficial del estado de Chiapas; el 17 de diciembre de 1980. Queriendo modificar el Diario Oficial de la Federación del ejido con fecha 16 de octubre de 1934.

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Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

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Fuente: Avispa Midia

Por Renata Bessi

_{En portada: Tajo a cielo abierto de la minera anglo canadiense Newmont-Goldcorp en Zacatecas. Foto: Adolfo Vladimir}

El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó, el 8 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas a la Ley Minera, de Aguas Nacionales, de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, aprobadas el 28 de abril por el Pleno del Senado de la República.

Mientras los cambios fueron celebrados por muchos activistas ambientales y organizaciones, el abogado agrario que integra el equipo jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, clasificó las reformas como hechas “a la mitad”.

“No hay lugar a las medias. Se ocupa una política profunda y comprometida. Es necesario comprometernos de manera seria y decidida. Porque realmente está en riesgo la humanidad y la vida en este planeta”, declaró durante el Encuentro Internacional El Sur Resiste, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (Cideci), en Chiapas.

Uno de los cambios “a la mitad” es la reducción de la duración de las concesiones mineras, pasa de 100 a 80 años. El texto original de la reforma, enviado por el Ejecutivo para aprobación del Congreso de la Nación, previa la reducción para 30 años.

“El presidente mandó al Congreso una iniciativa que, hay que decirlo, contenía elementos importantes para restringir la actividad minera y para poner límites a las empresas mineras”, admite el abogado.

Sin embargo, el proyecto llegó a la Cámara de Diputados y se detuvo. “Empezaron las negociaciones con la Cámara Minera. Vinieron los cabilderos del gobierno de Canadá. Y se cambia la iniciativa”, sostiene.

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{Foto por Jeny Pascacio}

Desplazamiento forzado masivo e intermitente, desapariciones forzadas, despojo de tierras, asesinatos, tortura, espionaje y criminalización de la protesta social, son solo algunas de las graves violaciones a los derechos humanos que se registran en distintas localidades de Chiapas.

Así lo evidencia un informe elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba) titulado Chiapas un desastre. Entre la violencia criminal y la complicidad del Estado.

El documento, que abarca un análisis de situaciones registradas entre 2020 y 2022, destaca el incremento de la violencia debido a la existencia de grupos que utilizan las armas para el control social, político, económico y territorial en distintas geografías del Estado al sureste mexicano.

A la operación de grupos criminales y paramilitares, como continuidad de una estrategia contrainsurgente, se suma la impunidad fomentada por actores estatales, la remilitarización de los territorios y un comprobado espionaje realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Chiapas.

En este contexto, la organización de derechos humanos externa su preocupación sobre el papel del Ejército mexicano como principal perpetrador de crímenes de lesa humanidad, así como por integrar actualmente “un suprapoder con la posibilidad de controlar todas las esferas de la vida y dejando abiertas las puertas para el ejercicio de un gobierno neodesarrollista y autoritario”.

Acorde al CDH Frayba, este escenario acontece a la par de la promoción de una política económica gubernamental que impulsa la actual administración, mediante la cual se busca que el Estado mexicano promueva la reconfiguración de los territorios a través de megaproyectos para la explotación de recursos naturales.

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A los pueblos de México y del mundo,
A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,
A la Sexta Nacional e Internacional,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Denunciamos con rabia que desde las 16:00 horas de hoy viernes 12 de mayo de 2023, miembros de la comunidad de San Lucas Atoyaquillo, ubicada en el municipio de Santiago Itayutla, Oaxaca, México; están siendo agredidos con armas de fuego de grueso calibre por policias municipales y grupos armados del municipio de Santa Cruz Zenzontepec.

El problema deriva de un conflicto de límites entre el municipio de Santa Cruz Zenzontepec y el ejido de San Lucas Atoyaquillo, mismo que hasta la fecha no ha sido resuelto. Por ello, este día, los integrantes del ejido de San Lucas Atoyaquillo realizaron trabajos técnicos en la idea de resolver dicho conflicto, acompañados por el ingeniero y compañero Cristian Chávez González, quien además es miembro de la comisión de coordinación y seguimiento del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos que estando realizando dichos trabajos de forma pacífica, dio inicio la violenta agresión antes referida.

Ante el ataque armado iniciado desde las 16:00 horas, la comunidad se replegó en la localidad de Corral de Piedra dentro de los bienes ejidales de San Lucas Atoyaquillo, sin embargo, los grupos armados cercaron el pueblo y desde ahí disparan permanentemente a la población. Se teme que los grupos armados avancen hacia el pueblo.

También denunciamos que siendo las 21:00 horas del 12 de mayo se registra la desaparición de Erineo Sánchez Ruíz e Isaak Juárez y de igual forma se constata que un policía municipal de Santiago Itayutla resultó herido.

Exigimos un alto a la agresión armada en contra de los miembros de la comunidad de San Lucas Atoyaquillo y del mismo modo exigimos la inmediata intervención de los gobiernos federal y del estado para frenar esta agresión o futuras acciones violentas en la región y para desarticular los intereses caciquiles que puedan estar detrás de estos violentos acontecimientos.

Atentamente
México, 12 de mayo de 2023.
Por la Reconstitución Integral de Nuestros Pueblos
Nunca Más Un México Sin Nosotros
COMISIÓN DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA / CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

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Este día, que celebramos el Día de las Madres, no es de celebración para muchas familias, ya que miles de madres buscan a sus hijos e hijas.

Ellas están marchando en la Ciudad de México, se están concentrando en varias plazas del país, están visibilizando la problemática que vivimos en este país, y por eso estamos aquí, con ellas, en esta plaza central en San Cristóbal de las Casas, para exigir justicia y hacer visible la desaparición de personas en Chiapas.

Esta problemática atraviesa a todo nuestro territorio mexicano, y aunque la cifra oficial es de 112,203 personas que han sido desaparecidas, a nivel nacional, y de 1,314, en Chiapas, sabemos que la cifra es lamentablemente más alta cada día.

La violencia sociopolítica es la realidad que tenemos todas y todos los que vivimos y transitamos en este país. Chiapas no es la excepción, las zonas de los Altos, Norte, Frontera, Costa, Selva, y prácticamente toda nuestra entidad, se han vuelto un campo de batalla, un campo en disputa, con violencia, armas, muertos, familias desplazadas, feminicidios, secuestros; y la desaparición de personas va cada día en aumento. Aunque las autoridades del estado de Chiapas quieran maquillar y disfrazar esta realidad y hacernos creer que vivimos en uno de los estados más seguros y que tenemos a un gobierno con autoridades eficaces y eficientes cercanas a las personas.

La realidad es que las niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y jóvenes, personas en contextos de movilidad humana nacionales e internacionales, desaparecen día a día, y la principal demanda de las Madres sigue siendo: ¡Regrésenos a nuestras hijas e hijos!, ¿dónde están?, ¡queremos a nuestras hijas e hijos en casa!, ¡este día no es de fiesta, sino de lucha y de protesta!

Las Madres que buscan a sus hijos e hijas, y las organizaciones que les acompañamos, seguiremos gritándole al Estado que su omisión e indolencia lo hace responsable de esta tragedia que se vive en las familias, ya que hemos comprobado, día con día, que las instancias del Gobierno Federal y Estatal, las Fiscalías, la Comisión Nacional y Estatal de Búsqueda, realizan acciones de simulación y son las madres quienes verdaderamente realizan las acciones de investigación y de búsqueda, poniendo en riesgo su seguridad, su integridad y su vida.

Es por ello que desde el Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas, acompañamos esta concentración en la plaza pública en San Cristóbal de las Casas, mencionando que un día como hoy es un símbolo de lucha, de resistencia, de búsqueda, pero también es un símbolo de mucho amor, de madre a madre que exige justicia, para que ninguna otra madre viva este dolor. Esta concentración es por la vida, por la esperanza, por el amor, por el regreso, por la verdad y la justicia. No están solas, compañeras, las acompañamos desde cada rincón que habitamos.

Grupo de Trabajo Contra la Desaparición en Chiapas

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas Melel Xojobal
Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ)
Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes (VM-APM)

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en PDF (101.72 KB)

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Hace unos dias se cumplieron 13 años del cobarde asesinato de nuestra querida compañera Bety Cariño, fundadora de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajamos Unidos (CACTUS); y de Jyri Jaakkola, observador internacional proveniente de Finlandia. El 27 de abril de 2010. Bety y Jyri fueron emboscados en la caravana pacifica de ayuda humanitaria que se dirigia al Municipio Autónomo Triqui de San Juan Copala llevando medicinas y alimento para la comunidad indigena sitiada por paramilitares apoyados por el gobierno.

Bety era una mujer muy comprometida con los pueblos en resistencia y siempre luchó por los derechos de las mujeres indigenas. la soberania alimentaria, la defensa del agua, contra el modelo extractivo con sus proyectos de muerte que se imponen en las comunidades, y por defender el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Es grande la indignación que genera el grado de impunidad con que operan los grupos paramilitares que apoyan a las empresas en complicidad con los gobiemos que pretenden despojar de los territorios a las comunidades indigenas, lo que nos muestra la realidad que enfrentan las y los defensores del territorio en todo el país.

Desde REMA, expresamos muestra rabia y preocupación por la impunidad que sigue prevaleciendo. la falta de voluntad política para esclarecer los ataques, y la clara protección a los perpetradores del crimen y apostar por el olvido. Lo que nunca pasará.

Enviamos un fuerte abrazo a las familias de Bety y Jyri y exigimos al gobiemo federal y estatal de Oaxaca que dejen de ser omisos y simular la aplicación de la justicia, encerrando y luego liberando a los paramilitares responsables del ataque. ¡Ya Basta! Exigimos la detención y castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos que arrebataron la vida a Bety y Jyri.

¡DEMANDAMOS JUSTICIA PARA BETY CARIÑO Y JYRI JAAKKOLA!

¡NI PERDÓN NI OLVIDO!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

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