Segunda llamada¿A dónde y con quién navegamos?
solidaridad
La urgencia del mapa de Ayotzinapa
Fuente: adondevanlosdesaparecidos.org
Por Carlos Martín Beristáin
Al cumplirse 10 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quien fuera integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) hace un recuento de los hechos, los obstáculos y los pendientes de la investigación, subraya la responsabilidad del Estado y reconoce la lucha sin tregua de las familias para obtener verdad y justicia. Texto especial para A dónde van los desaparecidos
Hay un mapa que nació de esta tragedia. El que recorrimos en los lugares donde todo pasó, en esas calles de Iguala que se convirtieron en una trampa humana para detener, para llevárselos y desaparecer a los normalistas de Ayotzinapa. Cuando llegamos a los lugares donde todo eso sucedió, parecía un milagro que algunos hubieran sobrevivido a los disparos de la cacería de la policía. Hay sitios en los que tomas conciencia no de lo que sucedió, sino de lo vivido. También llegamos al basurero de Cocula, donde la historia que escuchamos no cuadraba con la geografía ni con las declaraciones forzadas con el tormento. Todo aquello se tumbó con investigaciones independientes del GIEI y del Equipo Argentino de Antropología Forense, a contrapelo de instituciones empeñadas en mantener una verdad insostenible.
Durante estos años hemos acompañado y escrito los avances y revelaciones de una investigación plagada de obstáculos durante el primer año, donde investigar lo que pasó era tratar de escudriñar entre versiones, mentiras y medias verdades para avanzar un poco más en la revelación de los hechos. Cómo detrás del caso estaba el tráfico de heroína desde Iguala a EEUU y el estigma contrainsurgente de los normalistas como factor facilitador de una violencia contra los que no importan. Escribir los informes del GIEI, acompañar a los familiares y representantes, no ha sido fácil y ha dolido darse cuenta de tanta crueldad e infamia. También ha llevado esa tarea cuidadosa de medir las palabras y los hallazgos. Frente a quienes trataron de tergiversar tantas veces nuestro trabajo, les dijimos siempre: no ataquen al mensajero, discutan los informes. Siempre trataron de ponernos a favor o en contra de alguien, pero nosotros estamos a favor de la verdad que revelan los hechos.
Diez años, y en medio muchos pasos y promesas de esclarecer la verdad y sus responsables. En los últimos años se avanzó en el esclarecimiento, a pesar de que hubo que reiniciar la investigación casi desde cero porque todo el proceso fue anulado por las torturas a que fueron sometidos muchos detenidos y que pervierten no solo a quien las practica, sino también la verdad de lo sucedido, porque con la tortura ya no sabes qué es verdad y mentira. La PGR hizo mal una buena parte de las consignaciones, en las que les señalamos que había que corregir muchos errores, pero se prefirió negarlo de nuevo. De aquellas acciones, estos lodos.
En el nuevo rumbo con un nuevo gobierno se dieron pasos importantes adelante, nos convocó la invitación a un nuevo aire de esperanza. Se creó una fiscalía especial independiente y una comisión de la verdad con carácter extrajudicial. Acompañamos a las instituciones para quebrar los pactos de silencio, que fue la primera puerta para contar con nuevas informaciones, contrastarlas, también evitar nuevos intentos de manipulación.
Algunos testigos protegidos empezaron a hablar y romper esos pactos con los que se teje tantas veces la impunidad. Un testigo de Huitzuco señaló que al día siguiente de los hechos se oyó un cuchicheo en la comandancia de policía: Aquí ningún cabrón se raja, nadie va a hablar.
El pegamento de los pactos de silencio es no solo la complicidad sino el miedo, a veces por ti, por tu familia. Y no solo afectan a los perpetradores directos y sus cómplices, muchos de los cuales siguen ocultando lo que hicieron. Como me dijo un alto cargo de la PGR en 2016 cuando le cuestioné por las mentiras que ellos habían ayudado a cimentar en la llamada “verdad histórica”: Don Carlos, ellos son implacables.
Otros testigos de los hechos que vieron o supieron partes de la historia se acercaron porque tuvieron confianza, que es la energía que permitió avanzar. Conforme la investigación fue dando pasos adelante, nuevas cosas fueron reveladas. Todo ello lo hemos publicado en seis informes, cuyo contenido no ha podido ser cuestionado, a pesar de que ha habido tanta gente que sigue intentando manipular la historia para no mirarse en el espejo. No solo participaron policías de dos municipios, sino de cinco. La policía estatal, que dijo que se había ido a proteger una cárcel y encerrarse en el cuartel, estuvo en la escena de los hechos. Lo mismo que la policía federal y ministerial. Cada quien cumplió una parte de la acción que llevó finalmente a la desaparición. Por supuesto, responsable de la desaparición es toda la estructura de Guerreros Unidos, en connivencia con fuerzas de seguridad del Estado que atacaron, detuvieron y les entregaron a los muchachos. Las autoridades de Guerrero dijeron que llegaron tarde, pero estuvieron al tanto desde el inicio y algunos de los responsables estaban bajo su mando. El ejército en Iguala dijo que salió cuando supo lo que ocurría, supuestamente cuando casi todo había pasado, aunque la desaparición siguió sucediendo hasta la madrugada, cuando ya todo el mundo estaba allí. El análisis de la telefonía de muchos miembros de policías y militares del 27 batallón es una prueba de que mintieron en reiteradas ocasiones, de eso que Hannah Arendt dice en su libro Verdad y política: “Lo que define a la verdad factual es que su opuesto no es el error, la ilusión ni la opinión (los cuales no tienen relación con la veracidad personal), sino la falsedad deliberada o la mentira”. Cuando preguntamos a un jefe del narco detenido en la cárcel cómo fue posible la desaparición de 43 estudiantes y el ataque durante cinco horas en medio de la ciudad de Iguala con tantas fuerzas de seguridad y dos batallones del ejército, nos dijo: Nosotros teníamos el poder.
Ayotzinapa es un mapa para entender la crisis humanitaria y de violencia que vive el país. El problema estructural en México pasa por la frontera con EEUU, donde las drogas suben hacia el norte y las armas bajan y financian la guerra en el sur. Pero como señaló la Comisión de la Verdad de Colombia, de la que formé parte, en su informe final —un país que ha sufrido como nadie el impacto del narcotráfico y de la guerra contra el narcotráfico—, el narco no solo es una industria o una serie de grupos armados criminales, para funcionar penetra en la estructura del Estado. Es más, no empieza a funcionar si no tiene unas bases de control político y territorial, y es parte de la propia economía. Ayotzinapa muestra, pues, un problema estructural, que necesita mirarse de frente, en la concepción de esta guerra que se hace para controlar el territorio y, sobre todo, contra la gente. Mirar para otro lado, dejar de hablar o acusar al mensajero esperando que el tiempo resuelva las cosas, o aumentar la militarización, no es ninguna alternativa, sino más de lo mismo, para un país que tiene una fuerte energía colectiva transformadora y gente que la sostiene.
Pero no es este el mapa que nos ha guiado. Hay otro tiempo en este caso, y en el de los miles y miles de familias de personas desaparecidas. Es el tiempo suspendido en el que viven los familiares, el dolor de la ausencia que pesa como el primer día, la lucha por levantarse una y otra vez mientras el tiempo pasa, los otros hijos e hijas y familiares que preguntan, la urgencia que quema por saber, la necesidad de que les miren a los ojos y que tantas veces escuchamos en nuestras reuniones con las familias y el Estado: Pónganse en nuestro lugar, piensen que uno de los desaparecidos es un hijo suyo. Esa empatía ha convocado a la gente en las calles desde hace 10 años. También la rabia de la dignidad de los nadie en sus manifestaciones pacíficas, que reivindicó el escritor y amigo Eduardo Galeano, quien en sus últimos días de su inmensa vida, cuando ya se le escapaba entre las manos, fue a una manifestación por Ayotzinapa en Montevideo. Las demandas de verdad y justicia de las familias son parte del impulso de los procesos democráticos, como nos enseñaron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el GAM (Grupo de Apoyo Mutuo) de Guatemala, Pro-Búsqueda en El Salvador, ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) y las organizaciones de familiares de desaparecidos de Colombia. También lo son las organizaciones de familiares de todo México. Los familiares han sido considerados tantas veces como parte del enemigo, y son en cambio el diamante de la conciencia colectiva.
La investigación del caso Ayotzinapa avanzó grandes pasos, la comisión de la verdad gubernamental reconoció que se trató de un crimen de Estado, pero cuando llegó la judicialización encontró de nuevo obstáculos que dijeron: hasta aquí. Ninguna razón asiste a estos obstáculos, ninguna aguanta un debate serio. Diez años, y también oportunidades perdidas y acciones descarriladas. Siempre planteamos que no hay que tenerle miedo a la verdad. Hoy estamos en un aniversario que es un día de dolor para las familias, el peso de la ausencia de los que no están y a la vez el tiempo de la movilización, de estar de nuevo juntos, en un asombro maravillado que nos hace mejores, de este sentimiento compartido y la esperanza de algo mejor. Un nuevo punto de partida. La nueva presidenta electa de México dijo a los familiares, en su primera reunión, que el caso no estaba cerrado: hablemos de metodología. La metodología es un buen punto de partida, porque de eso ha ido esta investigación. No hay atajos para la búsqueda del destino y paradero de los normalistas sin tener en cuenta la verdad. El gobierno de México está haciendo un gran esfuerzo por encontrar restos óseos que puedan corresponder a los estudiantes, pero esa búsqueda no puede separarse de la verdad que proporcionen testigos protegidos, que pueda comprobarse, y de la investigación con toda la documentación existente y a la que aún se necesita tener acceso como reclaman los padres y madres.
Hay momentos reveladores que no son los de los perpetradores y sus secuaces. Son el otro mapa, el que hemos vivido con los papás y mamás de Ayotzinapa, que han acompañado los representantes legales de organizaciones de derechos humanos y funcionarios comprometidos con la verdad. Del desafío que nos plantearon en la primera reunión, en el salón de la escuela de Ayotzinapa, en las sillas que tenían que estar ocupadas por sus hijos desaparecidos, cada una con su nombre: Ustedes son los únicos en que confiamos, dígannos la verdad, y por favor no se vendan. Ese es un tatuaje invisible en nuestra piel, con él seguimos siempre en la vida. Y creo que no es solo nuestro, es el de tanta gente en México que se ha movilizado o ha mantenido esa distancia de versiones oficiales, a veces en silencio, esa insumisión de los de abajo. Los familiares de Ayotzinapa son parte de ese pueblo condolido, que busca la verdad y requiere justicia.
El mapa de Ayotzinapa son esos lugares emocionales que hemos recorrido con ellos y ellas, gracias a ellas y ellos, y algunos de los que compartimos también con otras víctimas, familiares de los otros normalistas y personas asesinadas, con el equipo de fútbol de Los Avispones, heridos y sobrevivientes. Nos han dolido y nos han conmocionado, y han puesto la luz en el camino cuando todas las puertas estaban cerradas, son los lugares que nos han unido en medio de las dificultades e insultos, y los intentos de quebrar el proceso colectivo de los familiares —un viejo recurso en la historia de México—. Los familiares nos han convocado una y otra vez, y han sido en toda esta lucha la fuente de sentido. Hay una suspensión de la conciencia que hace el horror posible, como ha escrito el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, pero este aniversario es un momento para juntar esos pedazos que nos duelen y para sentir el compromiso ético que moviliza a las familias y la sociedad. México se juega aquí muchas cosas, y de la acción que en esto tomemos todos y todas dependerá su destino. Los familiares mantienen una conciencia clara y una reivindicación con todo su sentido, y no van a dejar de movilizarse y de tener razón en sus demandas de diálogo y documentación. La historia de las transiciones y cambios políticos en el mundo muestra que la desaparición forzada es un delito permanente y un dolor insoportable, pero también una fuerza persistente que impide el olvido. Mi segunda mamá, Fabiola Lalinde, cuyo hijo Luis Fernando fue desaparecido por el ejército en Colombia, y que fue detenida y acusada de narcoterrorista para tratar de desprestigiarla, llamó a su lucha por la verdad y por su hijo Operación Cirirí. El cirirí es un pequeño pájaro chillón, que sigue al gavilán que se lleva sus polluelos hasta que lo obliga a soltarlos. Traer a sus hijos hasta hoy es el trabajo de la memoria y la lucha por los desaparecidos, les damos las gracias por la confianza y porque así, quienes trataron de ser silenciados, nos hablan del camino para su búsqueda y de lo que hoy México sigue necesitando. Los familiares de Ayotzinapa son parte de esa Operación Cirirí de la persistencia de la dignidad. De nuestra parte, este es el mensaje para los familiares: estamos con ustedes.
Texto especial para A dónde van los desaparecidos
*Foto de portada: El médico y psicólogo vasco Carlos Martín Beristain, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, en la presentación del sexto informe en julio de 2023. (Emiliano Molina/ObturadorMX)
http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).
Es médico y psicólogo vasco con amplia experiencia en atención psicosocial de víctimas en el mundo y como asesor de varias comisiones de la verdad en diversos países. Coordinó el informe Recuperación de la Memoria Histórica – REMHI, de Guatemala, forma parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el Caso Ayotzinapa y actualmente es Comisionado de la Paz en Colombia.
Mercados de carbono: contaminadores y desmontadores se pintan de verde
Fuente: Avispa Midia
En portada: La expansión de la frontera agropecuaria en el Gran Chaco argentino ha convertido esta región en uno de los focos más graves de la deforestación en Latinoamérica. Los bosques de este territorio ubicado al norte del país desaparecen a gran velocidad, empujados por los cultivos de soya y la producción de carne. Foto: Martin Katz.
Por Lucía Guadagno / Agencia Tierra Viva
“Descarbonización”, “carbono neutralidad” o “net zero” (cero neto) son palabras que aparecen cada vez más en los discursos políticos y en las publicidades de las empresas: se ofrecen desde cervezas hasta explotaciones petroleras “carbono neutrales”. El gobierno de Neuquén, por ejemplo, presentó en julio pasado el programa Vaca Muerta Net Zero, en alianza con el sector petrolero para lograr “la neutralidad de carbono” en las operaciones de la formación Vaca Muerta. El agronegocio, por su parte, lanzó en 2019 el Programa Argentino de Carbono Neutro. Y, en 2022, las empresas forestales y fábricas de celulosa iniciaron la Mesa del Carbono Forestal (ahora Mesa Argentina del Carbono).
En todo los casos, lo que estos sectores promueven son mercados para compensar la contaminación que provoca su actividad. Contaminación generada a través de la emisión de gases de efecto invernadero, desmontes o degradación de los suelos. A estos mercados se los conoce como mercados de carbono y lo que permiten, tanto al sector privado como a los gobiernos, es comprar y vender créditos que equivalen a una tonelada de dióxido de carbono, uno de los principales gases responsables de la crisis climática. Las empresas identifican en ellos una doble oportunidad: ganar dinero y publicitarse como sostenibles y amigables con el ambiente.
Al invertir en un proyecto que absorba, capture o remueva carbono (ya sea un monocultivo forestal, la conservación de un bosque o prácticas de agricultura regenerativa) o en proyectos que mitiguen emisiones (como reutilizar residuos como fuente de energía) las empresas buscan compensar el daño que producen al liberar gases contaminantes. De esta manera, no es que reducen la contaminación sino que la compensan. Por eso hablan de cero neto: argumentan que la contaminación que suman por un lado la restan por el otro.
Si bien no son nuevos, estos mercados cobraron impulso a partir de 2015, con el Acuerdo de París celebrado en la 21º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ante la sociedad, se presentan como una solución viable a la crisis climática. Sin embargo, en los territorios donde se realizan tanto las actividades contaminantes como las de compensación, comunidades locales denuncian lo contrario: desde falta de información y participación hasta impactos negativos de los proyectos de créditos de carbono.
A nivel internacional, medios de comunicación europeos como The Guardian, Die Zeit y Follow the Money expusieron casos de fraude por parte de las empresas certificadoras de los créditos de carbono, al señalar que en una gran proporción se trata de créditos fantasma que no representan reducciones reales de carbono. En paralelo, organizaciones socioambientales cuestionan directamente la idea de compensación. Afirman que no sólo no es efectiva sino que agrava la crisis climática al distraer y retardar la toma de medidas eficaces.
Petroleras “carbono neutrales”
Vaca Muerta es uno de los yacimientos de petróleo y gas no convencionales más grandes del mundo, ubicado en las provincias de Nequén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. La extracción —que en la última década se concentró sobre todo en Neuquén— se realiza mediante el fracking o fractura hidráulica: se introducen grandes volúmenes de agua, arena y químicos para destruir las rocas profundas que contienen los hidrocarburos y sacarlos a la superficie.
Uno de los impactos de esta actividad son los sismos. En Sauzal Bonito, un pueblo de unas 200 familias, en 2021 llegaron a sufrir hasta 40 temblores en tres días. Se rompen los vidrios de las casas, se rajan las paredes y hay desmoronamientos. Al norte del pueblo, del otro lado del río Neuquén, se encuentra el yacimiento Fortín de Piedra, de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint. Según un informe del Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), entre 2015 y 2023 hubo al menos 428 sismos en Vaca Muerta.
Además de los sismos, las comunidades que viven cerca de los pozos de fracking tienen que soportar derrames de petróleo, la proliferación de basureros con residuos contaminantes y los gases que emanan las torres de venteo.
Sobre este escenario y en un contexto de crisis climática global —generada en gran medida por la quema de combustibles fósiles—, las empresas petroleras invierten en proyectos que las muestran como “sostenibles”.
Tecpetrol, por ejemplo, anunció su proyecto por el cual utiliza el gas de venteo, que es un residuo de la actividad, para “criptominería”. Es decir, con ese gas generan energía para alimentar computadoras que realizan “minería” de criptomonedas. Al proyecto lo presentan como de “mitigación digital de venteo”. Esto le permitió aumentar la producción de gas que de otro modo se hubiera visto restringida, ya que las empresas tienen límites de cantidad de gas que pueden ventear o quemar por la contaminación que esto produce.
Vista Energy, la empresa del exdirector de YPF Miguel Galuccio, es otra de las petroleras que busca mostrarse como sostenible. “Aspiramos a ser una empresa de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) en 2026”, afirma en su sitio web. Uno de sus proyectos es el de certificar créditos de carbono en base a monocultivos de pinos que ya existen en la provincia. Para ello, en febrero pasado, la petrolera anunció la firma de un convenio con el gobierno de Neuquén. Este fue uno de los proyectos destacados por el gobernador Rolando Figueroa al anunciar el programa Vaca Muerta Net Zero, en julio pasado.
Mientras tanto, las comunidades afectadas ven que estos anuncios están muy lejos de reducir los impactos reales de la actividad en los territorios. “Los planes de descarbonización que se han presentado en Neuquén responden a los intereses de las empresas. Los gobiernos adoptan totalmente el discurso empresarial y promueven soluciones que benefician solamente a las empresas”, sostuvo Lefxaru Nawel, abogado e integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (Odhpi). “Es una discusión que está muy en boga pero falta información y participación.”
Nawel explicó que en la zona viven 15 comunidades mapuche que no tienen agua, gas ni luz, mientras se usan millones de litros de agua tanto en los pozos de fracking como en las hidroeléctricas para dar energía a las petroleras. “Si la solución a los venteos va a ser minar criptomonedas para que Tecpetrol siga ganando plata y la energía siga monopolizada por las petroleras mientras la gente alrededor padece todos los impactos, no tiene luz, no tiene agua, no tiene gas, y ellos encuentran la salida para su negocio, y encima se pintan la cara de verde, sin dudas no es una buena salida”, afirmó.
También cuestionan la utilización de monocultivos de pinos como forma de compensar las emisiones de carbono. “Por las comunidades que viven en la cordillera sabemos que esas plantaciones no son beneficiosas porque son monocultivos y es pino exótico”, señaló.
Compensación con la selva misionera
Otra de las petroleras que anunció inversiones en mercados de carbono es la suiza Mercuria. En 2017, esta multinacional se asoció a Andes Energía PCL, del Grupo Vila y Manzano, para crear Phoenix Global Resources, dedicada a la explotación de gas y petróleo en Vaca Muerta.
Mercuria firmó un acuerdo con el gobierno de Misiones “de Cooperación y Compraventa de Créditos de Carbono”, que fue aprobado por la Provincia en enero de 2022. Se prevé que los créditos se generen a partir de proyectos de conservación de bosques conocidos como REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación). Los proyectos pueden ser presentados por privados y, para poder comercializar los créditos, tienen que estar verificados por empresas certificadoras internacionales.
Hay distintos tipos de proyectos REDD. El que se aplica en Misiones se llama REDD Jurisdiccional y Anidado (JNR) y tiene antecedentes en otros países, como Brasil. Allí, si bien muchas comunidades locales han recibido fondos a través de estos programas, en los últimos años se registraron numerosas abusos, engaños y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. Esto llevó a que, en agosto pasado, el Ministerio Público Federal de ese país recomiende la “suspensión de todas las actividades de crédito de carbono/REDD+ en territorios de la Amazonía”. Entre los argumentos señala la falta de consulta y los riesgos que implica para las comunidades la firma de contratos poco transparentes y a largo plazo, que ponen en riesgo la forma de vida y el patrimonio de los pueblos indígenas.
Uno de los casos es el del estado brasileño de Acre, que lleva más de una década de implementar REDD. A partir de 2010, el Gobierno decretó la medida de “cero fuego” y la “bolsa verde”, un pago trimestral como compensación a las comunidades por no permitirles limpiar el terreno para cultivar alimentos. “Esto es un perjuicio irrecuperable porque tanto las mujeres indígenas como las pertenecientes a poblaciones tradicionales que siempre trabajaron en la plantación. Con esta prohibición, a partir de 2010 dejaron de producir”, relató Dercy Teles de Carvalho, ex presidenta del Sindicato de Trabajadores Rurales de Xapuri. “Hoy las personas dependen de comprar comida, arroz refinado que viene de otro Estado, de Mato Grosso. La ‘bolsa verde’ es una limosna”, señaló en una entrevista publicada por el Movimiento Mundial por los Bosques.
Monocultivos en Corrientes
Otro de los proyectos de la petrolera de Galuccio es la plantación de monocultivos de pinos y otras especies en Corrientes, en el establecimiento Rolón Cué, a unos 40 kilómetros de Gobernador Virasoro. A este negocio lo lleva adelante a través de Aike, una empresa subsidiaria de Vista Energy, creada para desarrollar los proyectos de compensación y venta de créditos de carbono.
De acuerdo al proyecto presentado ante Verra, una de las certificadoras internacionales de créditos de carbono, la inversión contempla la plantación inicial de 2.331 hectáreas: 60 por ciento con pinos y 40 por ciento con mezcla de pinos y especies nativas. El proyecto todavía no está aprobado. En caso de que Verra lo apruebe, la petrolera estará en condiciones de comercializar los créditos que se generen a partir del cálculo de dióxido de carbono que capture el monocultivo.
Corrientes es la provincia con mayor superficie de plantaciones forestales del país. Si bien esta actividad se publicita como productiva y generadora de empleos, las comunidades que viven cerca o directamente rodeadas por las plantaciones relatan un panorama diferente: precarización laboral, falta de tierras para el cultivo y cría de animales, contaminación del ambiente por el uso de agrotóxicos y aumento de riesgos de incendios. Guardianes del Y’verá, una organización socioambiental correntina que acompaña la lucha de las poblaciones locales, advirtió que el proyecto de compensación de Vista Energy no parece estar alineado a ningún plan real de conservación que pueda traer beneficios al ambiente y las comunidades.
“El proyecto es una declaración de intenciones con vocabulario de conservación pero sin registrar verdaderos objetivos de conservación”, sostuvo Emilio Spataro, miembro de la organización. “No tiene coherencia con ningún plan, programa o proyecto para la conservación de la biodiversidad ni propone criterios ni indicadores públicos para que la sociedad civil pueda hacer seguimiento.”
Para Guardianes del Y’verá, el proyecto reafirma el modelo forestal en una región donde estos monocultivos se han expandido sin analizar su impacto como resultado de la gran conversión de tierras de pastizales, humedales y bosques en plantaciones forestales. A ello, agregan: “No son proyectos en los que se pueda determinar o confiar con la información que proveen si realmente están secuestrando carbono o están generando un daño tal en el suelo que en realidad están liberando carbono”. Por último, Spataro sostuvo: “En definitiva es greenwashing (lavado verde) e ingreso de dinero extra para ellos, nada más”.
Unitán en Chaco
Una de las primeras empresas del país en anunciar la certificación de créditos de carbono es la fábrica de taninos Unitán, que opera hace más de 100 años en el Chaco y Formosa. Lo hizo a través de un proyecto de plantación de 2.348 hectáreas de monocultivo forestal en cinco propiedades en esas dos provincias. Según se describe en el proyecto, el 63 por ciento es eucalipto y 37 por ciento es quebracho colorado. Por estas acciones, la empresa afirma en su sitio web tener un impacto “climáticamente positivo”.
Desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, la industria del tanino ha sido una de las principales responsables de la destrucción de bosques enteros de quebracho colorado y otras especies en el Gran Chaco, región que abarca diez provincias argentinas, entre ellas Chaco, Formosa, Santiago del Estero y norte de Santa Fe. Aún hoy, varias de estas empresas tienen denuncias por desmontes. En mayo pasado, el colectivo Somos Monte Chaco denunció la influencia de Unitán y otras empresas del agronegocio en la reciente modificación del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN). Esta ley provincial, sancionada en la madrugada del 30 de abril, habilita el desmonte de miles de hectáreas.
Ante la certificadora Verra, Unitán presentó su proyecto como de “forestación y reforestación de pastizales”. En la descripción, explica que se trata de la forestación de una zona de pastizales y tierras agrícolas abandonadas “con el objetivo de producir, como producto prioritario, madera en rollo para la industria del tanino y secundariamente, leña”. Y agrega: “El proyecto se ubica en una región donde las plantaciones forestales comerciales no son comunes, o incluso inexistentes. La forestación con esta especie evitará el uso de madera de bosques nativos en el futuro”.
La empresa obtuvo la certificación en enero de 2023, lo que le permite comercializar los créditos. A esos ingresos económicos hay que agregar que, desde 1998, los monocultivos forestales están subsidiados en la Argentina a través de la Ley Nacional 25.080. Gracias a esta norma, las forestadoras reciben apoyos económicos no reintegrables y ventajas impositivas, como exención de impuestos y estabilidad fiscal de entre 30 y 50 años. De acuerdo al registro oficial publicado por la Secretaría de Agricultura de la Nación, entre 2018 y 2021 Unitán recibió al menos diez autorizaciones de apoyos económicos no reintegrables por plantaciones realizadas. La última que figura es de fines de 2020, por 3,4 millones de pesos.
El lobby
Una de las instituciones promotoras del avance de los mercados de carbono en el país es la Asociación Forestal Argentina (AFOA), que en mayo de 2022 anunció la creación de la Mesa del Carbono Forestal.
AFOA está integrada por las principales empresas productoras de madera, celulosa y papel, taninos y otros derivados de las plantaciones forestales. Entre ellas se encuentra la multinacional chilena Arauco (ex Alto Paraná, que opera principalmente en Misiones), Celulosa Argentina (del Grupo Tapibecuá, cuyo principal accionista es el empresario José Urtubey), Papel Misionero (propiedad de Arcor), el grupo español Iberpapel, Puerto Laharrague (de la familia de Nicolás Laharrague, ex funcionario de Desarrollo Foresto-Industrial durante el gobierno de Mauricio Macri), el Establecimiento Las Marías, la Compañía Tierras Sud Argentino (de la italiana Benetton) y Unitán.
A la mesa se sumaron las petroleras YPF y Vista Energy, la Sociedad Rural Argentina, las bolsas de comercio de granos a través de su Programa Argentino de Carbono Neutro, estudios de abogados y empresas consultoras que desarrollan proyectos para los mercados de carbono. Estas últimas, creadas al calor de las oportunidades de negocio que ofrece la crisis climática, tienen nombres como GMF Natured Based Solutions (Soluciones Basadas en la Naturaleza), GreenSur, Fotosíntesis SAS o Allcot. Con esta nueva conformación, la mesa pasó a llamarse Mesa Argentina del Carbono, en julio pasado.
En un documento titulado “Aportes para el desarrollo de los mercados de carbono en la Argentina”, la Mesa advierte que para que el país pueda aprovechar “una oportunidad única para posicionarse en el mundo a través de los mercados de carbono” se necesitan una serie de medidas que le den certidumbre a los inversionistas. Entre ellas, piden un marco normativo que dé seguridad jurídica en relación a la propiedad del carbono y de los créditos de reducción de emisiones, y que se establezcan criterios para la comercialización.
En cuanto a la intervención del Estado, si bien por un lado exigen que sea mínima (sólo a través de un registro centralizado de proyectos y sin cobrar impuestos a la actividad) al mismo tiempo piden que se implementen incentivos económicos a través de “la generación de un Fondo o algún instrumento de subsidio al diseño, certificación o implementación de los proyectos”.
Durante el gobierno de Alberto Fernández, el Estado nacional avanzó en la elaboración de una Estrategia nacional para el uso de mercados de carbono. Allí se establecen los objetivos y lineamientos para una estructura legal y administrativa.
Ya en el gobierno de Javier Milei, los mercados de carbono fueron incluidos en la primera versión de la Ley Ómnibus, que no prosperó en el Congreso Nacional. Sin embargo, tal como estaba formulada, la propuesta del gobierno nacional no conformaba a la Mesa Argentina del Carbono, que en un comunicado sostuvo: “Tal como está hoy la ley sólo se enfoca en sectores y actividades ‘emisoras’ pero no prevé la posibilidad de compensar con créditos de carbono provenientes de proyectos ‘externos’ a las actividades obligadas a reducir, como por ejemplo, de proyectos de carbono forestal o del agro”.
Mercados regulados y voluntarios
En el mundo hay dos principales mercados de carbono: el mercado regulado y el mercado voluntario. El mercado regulado es de cumplimiento obligatorio y fue establecido en 1997 por el Protocolo de Kioto. Allí, los países desarrollados acordaron poner un límite a sus emisiones de gases de efecto invernadero. Pero al mismo tiempo acordaron que estas emisiones, en lugar de reducirse podrían compensarse. Y que esta compensación no necesariamente tendría que ser dentro de sus fronteras.
Los mercados voluntarios, en tanto, funcionan por fuera de los mercados oficiales y permiten a las empresas u otras entidades comprar créditos de carbono para compensar voluntariamente sus emisiones. No están regulados por los gobiernos y operan sin un tope de emisiones.
En su Glosario sobre mercados de carbono, FARN explica que, en la actualidad, la Argentina no cuenta con un sistema de comercio de emisiones (en donde se establece un tope global de emisiones y se comercializan derechos de emisión), pero ha registrado varios proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL, vinculados al Protocolo de Kioto). “Aún no está claro cómo nuestro país participará de los nuevos mercados internacionales de carbono del Acuerdo de París, una vez que estos comiencen a funcionar”, señalan. “Por otra parte, cada vez más empresas e incluso algunas provincias de la Argentina participan en el mercado voluntario, tanto registrando proyectos para poder emitir créditos de carbono como adquiriendo unidades para compensar sus emisiones.”
Para que estos mercados funcionen es necesario aceptar al menos dos ideas. Una es la de compensación, es decir, que la contaminación que se produce en un lugar puede ser compensada en otro, incluso en otro país o continente.
La otra idea es la de adicionalidad. Esto es: que el proyecto que genera los créditos de carbono aporta una captura o absorción de carbono adicional en el planeta, que no existiría de no ser por ese proyecto. Si la selva misionera o las yungas en el Noroeste siempre estuvieron ahí, incluso antes de que las petroleras existieran, ¿cómo es que ahora se demuestra que, además de absorber el carbono que absorbieron siempre, capturan el extra emitido por estas empresas? Porque se afirma que de no existir el proyecto, la selva se tumbaría para dar paso a la soja o cualquier otra actividad más rentable. O que las prácticas de las comunidades indígenas —como usar madera para cocinar o construir casas, o limpiar parte de terreno para cultivo— no son sostenibles, entonces el proyecto propone modificarlas.
La misma lógica se aplica en otro tipo de proyectos. En los casos de agricultura regenerativa o sostenible, por ejemplo, se afirma que sin esa iniciativa, en esas tierras se seguiría con las prácticas de agronegocio convencionales, que degradan los suelos.
Rechazo de organizaciones internacionales
En los días previos a la 28º Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima, realizada en Dubai en diciembre de 2023, un grupo de organizaciones internacionales lanzó un llamado a “Detener los de mercados de carbono“.
“Durante los últimos 20 años, la compensación de carbono ha sido una barrera para acciones reales contra el cambio climático, ha dado origen a violaciones a los derechos humanos y de los pueblos originarios y ha provocado daños graves a las comunidades más expuestas a los impactos de las industrias extractivas y a los efectos de la crisis climática”, sostiene la declaración, firmada por Amigos de la Tierra Internacional, GRAIN, Indigenous Environmental Network y The Oakland Institute, entre otras. “Las nuevas fronteras para la compensación de carbono se basan en una carrera por convertir suelos agrícolas así como áreas marinas y costeras en áreas de ‘remoción’, las que, según las empresas, van a capturar carbono y crear nuevos créditos de carbono. Pero ninguna de estas tecnologías ha probado poder almacenar carbono de manera permanente”, advirtieron.
