En portada: Autoridades comunales, de las 24 encargaturas de Ostula, compartieron lo que recuerdan de aquel 29 de junio de 2009 cuando recuperaron las tierras comunales y fundaron Xayakalan. Foto: Regina López
En los próximos días, un tribunal con sede en Morelia, Michoacán, resolverá una demanda de amparo presentada por la comunidad nahua de Santa María Ostula, quien exige que se garantice judicialmente sus tierras frente a la invasión de personas que afirman ser pequeños propietarios. Como explica el abogado de la comunidad, Carlos González, el territorio en disputa, en el municipio de Aquila, se extiende por una franja de más de mil hectáreas de tierras comunales colindantes con el Océano Pacífico.
Este es un momento decisivo para la resolución del conflicto. “En el marco del Estado nacional, del Estado mexicano, es la última instancia”, argumenta el abogado González. En caso de que emitan una resolución desfavorable a la comunidad indígena, se apelará ante los tribunales internacionales. “El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos está enterado de la problemática de Ostula”, señala el abogado.
González define el conflicto social y agrario que se ha generado en Santa María Ostula, en los últimos 15 años, como uno de los más agudos de México. Ha dejado el saldo de al menos 40 comuneros asesinados y otras seis personas desaparecidas. Este contexto se agudizó a partir de que los comuneros iniciaron la recuperación de sus tierras en 2009, sobre todo, del lugar sagrado que nombraron como Xayakalan. “Actualmente resistimos el feroz acoso del Cartel Jalisco Nueva Generación”, dice un comunicado firmado por los integrantes de esta comunidad.
En todos los casos de asesinatos fueron abiertas carpetas de investigación. “Pero no existen resultados”, informa el defensor legal de la comunidad.
A las personas y organizaciones firmantes de la Declaración por la Vida
A las personas de buen corazón en México y el mundo
Arriba, el odio y la avaricia guían las decisiones de los señores de la guerra y del dinero. Nos amenazan con deportaciones masivas, genocidios, violencia feminicida y la devastación de la naturaleza. Imponen en nuestro horizonte la posibilidad de una guerra mundial con armas de destrucción masiva.
En México, esos mismos señores de la guerra con sus operadores políticos, llevan la situación al desastre: 117 mil personas desaparecidas, 13 feminicidios diarios, 6 mil fosas clandestinas, 261 personas defensoras del territorio asesinadas y 93 desaparecidas, e incontables proyectos de muerte como el mal llamado Tren Maya y el corredor Transístmico.
Hay quienes atraviesan día a día las caras más crueles de esta Tormenta, se ha derramado ya mucha sangre, se han arrebatado muchas vidas, desde México hasta Palestina.
En estas condiciones, madres y familias salen a buscar a sus seres queridos. Junto con organizaciones y colectivas exigen justicia y resisten a lo largo del tiempo y frente a los malos gobiernos de LA POLÍTICA DEL DESAPARECER. Sabemos que, entre las mentiras y eternas promesas, mantener la esperanza no es fácil. Pero ustedes han demostrado que el ejercicio de memoria no es resignación, es lucha contra el olvido, es desnormalizar algo que se ha normalizado.
En medio de la destrucción, los pueblos defienden la vida y el territorio. Como desde esta ciudad, la Toma del INPI nos enseña cómo Samir se ha vuelto semilla. Desde el sureste, el EZLN también nos llama a “buscar a las buscadoras”… y hacerles saber que “No están sol@s. Su dolor es nuestro dolor. Nuestra es también su digna rabia”.
La sociedad mexicana, pensamos, está llamada a cambiar la mirada, a ver el desastre y actuar frente a él, a recuperar la dignidad en todas las geografías, y organizarnos por la vida. Resistamos la inercia de la normalización de la guerra guiad@s por las madres buscadoras y los pueblos originarios.
El Resonancias del Caracol por Nuestr@s Desaparecid@s. Memorial musical. Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas fue posible por el trabajo de muchas personas que pensamos es urgente actuar. Con dicho evento volvimos a confirmar lo que las y los compañeros zapatistas nos han dicho por mucho tiempo: en la organización de abajo y a la izquierda está la vida. Por ello queremos decir gracias.
A las madres y familias buscadoras: ustedes representan la dignidad en este país tan lastimado, y la multiplican por todas las geografías que recorren buscando a sus seres queridos. Les decimos gracias por responder a nuestra convocatoria y darse cita en Plaza Tlaxcoaque. Gracias por regalarnos, en medio de tanto dolor, una sonrisa, un baile, un abrazo y su alegre rebeldía.
A los pueblos zapatistas y pueblos del Congreso Nacional Indígena, gracias por alumbrarnos con su saber y resistencia. Ustedes son la luz que alumbra el andar en estos momentos de oscuridad para la humanidad.
A tod@s l@s artistas que se sumaron a este memorial musical: gracias porque con su arte hicieron de este abrazo colectivo un gesto más amoroso, más solidario.
A l@s compas de la Red de Apoyo Iztapalapa Sexta, de la Brigada Marabunta, de Cooperativa desde el nido del Colibrí y de Bamboo Salud Integral Cooperativa: gracias por su trabajo comprometido, su paso firme, su presencia organizada, sus manos sanadoras. Con ustedes, todo.
A la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México, gracias por acompañar la iniciativa desde el primer día, por hacerla suya y convertirnos en un gran nosotr@s. Solo en común naceremos mundos nuevos.
Gracias a todas las personas que hicieron posible le mercadita, haciendo de la autogestión una ruta a seguir. Gracias a las compas de la Kocina Komunitaria (KOKO) de la comunidad de Xochitlanezi, por mantener las barrigas llenas y los corazones contentos. Gracias al Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana por toda la solidaridad.
Gracias a quienes guiaron y participaron del momento espiritual, enseñándonos otra interpretación de la comunión. Gracias a quienes asistieron, a quienes apoyaron económicamente, quienes pegaron un cartel o repartieron volantes, a quienes se sumaron a los equipos de apoyo. Todo ayudó. Gracias por hacer posible el Resonancias del Caracol por Nuestr@s Desaparecid@s. Memorial Musical. Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas.
Porque l@s desaparecid@s nos faltan a tod@s
Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas.
En portada: Campesinos del Copinh se manifiestan frente a la Corte Suprema de Justicia en el contexto del juicio contra Roberto David Castillo. Foto:Gustavo Amador.
Más de ocho años después del asesinato de la líderesa lenca Berta Cáceres, este lunes (25) la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó las sentencias contra siete de las ocho personas condenadas tras juicios realizados entre 2018 y 2022, como autores materiales en el homicidio acontecido el 3 de marzo del año 2016.
Esta decisión responde a los recursos de casación, presentados por los acusados, quienes pretendían invalidar sus sentencias condenatorias. Así se ratifica las sentencias contra Douglas Geovanny Bustillo, ex militar y jefe de seguridad de la empresa Desarrollos Energeticos S.A. (DESA, propiedad de la familia Atala Zablah); Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Javier Hernández Rodríguez, militar; Elvin Rápalo Orellana, Óscar Torres Velásquez y Edilson Atilio Duarte, quienes recibieron condena desde el 2 de diciembre del 2019.
Mientras tanto, y pese a ratificar la condena de Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia, la decisión judicial modificó agravantes en la sentencia, lo que, argumenta el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), implica una reducción de su condena, la cual en el año 2022 le asignó 22 años y seis meses de prisión.
Berta Cáceres fungía como coordinadora del Copinh en el momento de su asesinato.
Castillo, quien presidió el consejo de Administración de la empresa DESA, también tiene pendiente el cumplimiento de otra condena, recibida apenas el pasado 15 de noviembre, en la cual fue sentenciado a otros cinco años de prisión por la causa Fraude sobre el Gualcarque, un caso donde fue encontrado culpable por cometer fraude, a título de cómplice y por el uso de documento falso a título de autor.
Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México. 22 de noviembre de 2024
Al Congreso Nacional Indígena Al Consejo Indígena de Gobierno A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos A las y los Defensores de los Derechos Humanos A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas A los Medios Libres y Alternativos A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional A la Sociedad Civil, Nacional e Internacional
“Y aun después de muerto, por su fe sigue clamando” (He 11,4).
Hermanas y Hermanos:
A un mes de que se cumplan 27 años de que se regara aquí la sangre de nuestras 45 hermanos y hermanas inocentes, más los 4 bebitos que aún no nacían, y también a un mes de haber sembrado a nuestro querido jTotik Marcelo en su tierra natal, luego de que le arrebataran la vida los señores de la muerte, seguimos firmes en la exigencia de justicia para todas ellas y ellos. Sabemos que ahora que ya están juntos, se engrandecerán sus corazones y le hablarán a nuestra Mamá-Papá Dios para que renueve nuestras fuerzas de luchar por la paz.
Pues todas ellas, todos ellos, junto con nuestro hermano y compañero Simón Pedro, jamás dejaron de decir la verdad, hasta las últimas consecuencias. Nos mostraron que se puede vivir de otra manera, con amor a los pobres de este mundo, y con ese amor y no por el interés personal, es como se puede cambiar la historia, librarnos de la injusticia, de la crueldad, de los engaños y las mentiras de los poderosos, es como se puede traer la paz.
Por eso hoy estamos de nuevo juntas y juntos para animarnos con el ejemplo de Padre Marcelo y nuestros Mártires de Acteal y seguir siendo su voz, en medio de esta realidad oscura, en donde ellos son fuente de luz para guiar nuestro caminar.
Hoy que la violencia sigue incontrolable a nuestro rededor, cada vez más cerca y en más rincones de nuestro estado y de nuestro país. Hoy que el pacto entre criminales gobierna nuestros estados, hoy que las armas siguen llegando a nuestras comunidades, creando terror y obligando a muchas hermanas y hermanos a desplazarse para buscar un refugio seguro. Hoy que muchos de nuestros compañeros y compañeras no pueden salir a trabajar por miedo a los enfrentamientos armados. Hoy que el paso de muchos caminos está bloqueado por algún grupo armado y nuestros hermanos no pueden salir ni para abastecerse ni para organizarse.
Hoy que el nuevo gobierno federal sigue inundando nuestros pueblos con la presencia de militares, pero no garantiza nuestra seguridad, sobre todo de quienes defendemos la tierra y la vida, que somos impunemente asesinados o desaparecidos.
Hoy que millones de hermanos migrantes centroamericanos que son víctimas del crimen organizado en México, aliados muchas veces con las autoridades migratorias, sufren los peores tratos y violaciones inhumanas en su intento por llegar a los Estados Unidos.
Hoy que las amenazas de deportación masiva y de intensificación de la violencia contra nuestros hermanos que han arriesgado y soportado todo para ir a buscar mejores salarios a los Estados Unidos, se juntan a los riesgos de una verdadera guerra nuclear que puede terminar con la vida humana por la necedad y la ambición de los países más ricos.
Hoy que el gobierno saliente de Estados Unidos vuelve a impedir que las Naciones Unidas apruebe una resolución para parar el genocidio de nuestras hermanos y hermanas en Palestina.
Hoy seguimos clamando: ¡YA BASTA!, también junto con nuestras hermanas y hermanos zapatistas que hicieron retumbar este reclamo y están cumpliendo 41 años de organizarse para buscar justicia, democracia y libertad, retomando el estandarte de Emiliano Zapata y otras mujeres y hombres que dieron su vida para defender su tierra y a sus pueblos durante la Revolución Mexicana, iniciada hace 114 años.
Hoy le recordamos a todas las autoridades responsables de dar inmediatamente con los que decidieron, planearon y ejecutaron el cruel asesinato de nuestro jTotik Marcelo Pérez, transformándolo en nuestro Santo Mártir por la Paz, que no vamos a permitir que empleen las tácticas que acostumbran para retardar y entorpecer los procesos penales y lograr que los autores intelectuales y materiales queden impunes, tal como nos hicieron para dificultar que se sentenciara al asesino material de nuestro compañero defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López, y como han logrado que hasta ahora permanezca impune la Masacre de Acteal. Sepan que, junto con los esfuerzos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, nuestra organización estará al pendiente del proceso y no desfalleceremos en lograr que se haga justicia.
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional Al Congreso Nacional Indígena Al Concejo Indígena de Gobierno A la Sexta Mundial A quienes suscribieron Una Declaración por la Vida A las Redes de Resistencia y Rebeldía A los organismos de derechos humanos Al Pueblo de México Al movimiento social de Guerrero A los medios libres y autónomos
19 de noviembre.
Hermanos y hermanas de México y del mundo, queremos compartir nuestra palabra sobre la situación que estamos viendo y viviendo en el estado de Guerrero y en México: con todo el aparato del Estado, con 4 canales de televisión públicos en los que se transmiten las mañaneras, periódicos, noticieros de radio y televisión, por internet y prensa, el actual gobierno de la 4T encabezado por Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, repiten hasta el cansancio discursos de lo que su gobierno hace -o dice que hace-, para restablecer la paz en el país; mediante el discurso, crean una realidad inexistente y pretenden engañar a la población de que el mal es ajeno al aparato Estatal y que éste proviene de algunos individuos que generan toda la violencia en el país. Con una narrativa telenovelesca, hablan en las mañaneras de articulación entre los estados, de inteligencia de seguridad, de detenciones de personas trascendentales en distintas estructuras delincuenciales.
Pero lo que vemos y vivimos a diario en el estado de Guerrero, es totalmente contrario a ese discurso: balaceras y asesinatos de inocentes, decapitaciones de presidentes municipales, secuestros en grupo que incluyen a mujeres, niños y niñas, incineración de cuerpos, que según el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, es por “confrontaciones entre grupos locales”; derivado de esta aseveración nos preguntamos ¿a qué grupo delincuencia local pertenecía el presidente municipal de Chilpancingo Alejandro Arcos Catalán para que lo decapitaran? ¿y las mujeres y niños secuestrados en Mochitlán, a cuál?
También observamos y vivimos desplazamientos territoriales, cobros de piso, control de los recursos económicos de los municipios por grupos delincuenciales, el control de las cámaras de video vigilancia en el municipio de Chilapa por los ardillos, el tráfico de estupefacientes por todas las carreteras del estado con la complacencia de las policías municipales, estatales y autoridades estatales; acoso, hostigamiento, intimidaciones y robos al gremio periodístico de Guerrero; comidas y diálogos cordiales entre presidentes y presidentas municipales con generadores de violencia -como les llaman hoy en día en las mañaneras-, por ejemplo la comida de Norma Otilia Montaño (ex-presidenta municipal de Chilpancingo) con Celso Ortega, líder de los ardillos; observamos también encarcelamientos de chivos expiatorios e investigaciones a modo para evitar la detención de los mandos de los grupos delincuenciales, a los autores intelectuales; en estos casos, la complicidad y participación directa de autoridades municipales, estatales y federales, es evidente, junto a las corporaciones de “seguridad”, incluida la Guardia Nacional, SEDENA y Marina cuyo número llega ya a 12 mil 675 miembros de la SEDENA, Guardia Nacional y Marina entre Tecpan, Quechultenango, Acapulco y demás municipios del estado según Ricardo Trevilla Trejo, el mismo titular de la SEDENA cuyo análisis de la realidad le indica que el problema de Guerrero está en las “confrontaciones entre grupos locales”.
El simplismo de su aseveración debería ser evidencia suficiente para entender que: 1. Las capacidades cognitivas de quienes dirigen a las corporaciones de seguridad del Estado son inexistentes. 2. Que la delincuencia organizada en su rostro mas visible es la que dispara, asesina, secuestra, trafica, etc., pero que la otra cara de la delincuencia viste de traje y se encuentra en cada institución del Estado y en cada corporación de “seguridad”. A nosotras y nosotros como pueblos indígenas que hemos vivido de cerca la violencia de los grupos delincuenciales y el silencio del Estado nos queda claro que la delincuencia son todos ellos y ellas.
A LOS PUEBLOS DE MÉXICO Y DEL MUNDO, A LA DOCTORA CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, AL MTRO. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EN MICHOACÁN. AL INGENIERO JOSÉ MARÍA VALENCIA GUILLÉN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EN AQUILA, MICHOACÁN. A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, A LOS ORGANISMOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS.
En este día en que se conmemora un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana, gesta heróica en la que los pueblos originarios derramamos nuestra sangre teniendo como bandera central la defensa y recuperación de nuestras tierras comunales, ANUNCIAMOS que el pasado quince de noviembre de este año nos fue notificada, por conducto del Juzgado Sexto de Distrito con sede en Uruapan, Michoacán, una histórica sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en el amparo en revisión número 357/2023, A TRAVÉS DE LA CUAL SE DEJA INSUBSISTENTE LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL QUE DOTÓ DE TIERRAS EJIDALES AL POBLADO LA PLACITA, MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACÁN, EL 20 DE JUNIO DE 1967, porque “afectó terrenos comunales pertenecientes” a nuestra comunidad y por lo tanto se dictó en violación de nuestros derechos fundamentales.
Sin duda alguna, SE TRATA DE UNA SENTENCIA HISTÓRICA PARA NUESTRA COMUNIDAD Y TAMBIÉN PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE ESTE PAÍS, PORQUE A LO LARGO DEL SIGLO VEINTE UNA DE LAS POLÍTICAS COLONIALES MÁS USADAS POR LOS GOBIERNOS EN TURNO PARA DESPOJAR DE SUS TERRITORIOS A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS FUE LA ILEGAL CREACIÓN E IMPOSICIÓN DE EJIDOS EN SUS ANTIGUOS TERRITORIOS COMUNALES, LO QUE PROVOCÓ SU PULVERIZACIÓN Y DESTRUCCIÓN. En dicho sentido saludamos la trascendental determinación del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito que pone en cuestión este largo proceso de despojo y marca un parteaguas en la inercia colonial y racista que ha mantenido hasta el día de hoy a nuestros pueblos con derechos de segunda y sumidos en la pobreza.
La sentencia dictada por el Poder Judicial es definitiva, razón por la que exigimos a la Presidenta de la República y a los gobiernos federal y del estado:
En portada: Protesta de familiares y habitantes de Santa Marta para demandar la libertad de los defensores detenidos en enero del 2023. Foto: Marvin Recinos
Este lunes (11), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas al norte de El Salvador, y miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) de dicha población, se posicionaron para reclamar un alto a la criminalización de cinco líderes comunitarios y defensores ambientales, sobre quienes, a pesar de obtener su libertad el mes pasado, aún se mantiene abierto un proceso penal en su contra, acusados de un asesinato ocurrido hace 30 años durante el conflicto armado interno en El Salvador.
Al cumplirse 22 meses de su arresto, la ADES sostiene que la “ilegal detención” de los cinco defensores fue una represalia contra la denuncia de la comunidad sobre la posible reactivación de la minería metálica en el país centroamericano. Desde el año 2017, El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en prohibir la minería en su territorio y en esta lucha, los pobladores de Cabañas tomaron un papel preponderante al defender sus tierras ante la amenaza de la extracción de oro y plata.
Foto: ADES Santa Marta.
Tras su detención el 11 de enero el 2023, los cinco ambientalistas permanecieron recluidos durante nueve meses, hasta que en septiembre de ese año les fue concedido el arresto domiciliario. Fue hasta octubre pasado cuando se realizaron las audiencias y, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que contaba con “contundentes evidencias” sobre su culpabilidad, el día 18 de ese mes un Tribunal de Sentencia decretó el sobreseimiento del caso, retirando los cargos contra los acusados.
Sin embargo, el 29 de octubre, la FGR presentó una apelación ante las autoridades penales el distrito de Cojutepeque. “Como hemos denunciado, los intereses extrajudiciales que conspiraron para montar la acusación falsa contra los ambientalistas se empeñan en revertir el fallo absolutorio o, al menos, dilatar la libertad definitiva”, señala la ADES en su posicionamiento de este lunes (11), mediante el cual exige la ratificación de la libertad para los defensores.
“Han sido 22 meses de persecución contra el activismo ambiental y de criminalización de la resistencia comunitaria contra los proyectos extractivistas que amenazan al agua, los ecosistemas y la continuidad de la vida”, argumentan los miembros de la organización y habitantes de Santa Marta.
¿Libertad?
A pesar de que en septiembre del 2023 la justicia salvadoreña les concedió el arresto domiciliario a los cinco defensores, esta medida les mantuvo la prohibición de trabajar y restringía su movimiento al perímetro de sus viviendas, lo cual acarreó graves afectaciones en su economía y en algunos casos, debido a su avanzada edad, con impactos negativos en su salud.
Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez García son líderes ambientalistas quienes toda su vida se han dedicado a la agricultura y, ahora, se encuentran preocupados ante la falta de alimentos derivado de su restricción para cultivar la tierra.
Por su parte Saúl Rivas y Antonio Pacheco son integrantes de la ADES Santa Marta. Rivas se desempeña como asesor legal y Pacheco funge como director ejecutivo cuyos trabajos, de más de 30 años, son reconocidos en la zona, razón por la cual han obtenido apoyo de su comunidad frente a las afectaciones de la criminalización.
Los cinco defensores aseguran que la única razón de su criminalización responde a su lucha contra la minería, una amenaza que, coinciden, jamás permitirán acontecer en sus territorios. Cabe resaltar que meses después de su detención, representantes de dos empresas consultoras visitaron la comunidad de Santa Marta para intentar convencer a sus autoridades para reactivar la industria minera en la región norte del país.
Además, la Policía Nacional Civil detuvo, en mayo del 2023 al hijo de la ambientalista Vidalina Morales con el pretexto del régimen de excepción que se vive en El Salvador desde marzo del 2022. Fue sólo por la presión internacional que las autoridades liberaron a Manuel Gámez Morales, miembro del movimiento antiminero en Cabañas.
Los defensores de Santa Marta aguardan la resolución de la apelación presentada por la FGR.
Ante la persecución y la reciente apelación de su libertad, decenas de colectivos, organizaciones y personalidades del país centroamericano y a nivel internacional se han sumado a la solidaridad con la comunidad de Santa Marta y su resistencia antiminera, posicionandose vigilantes de la resolución que emitirán las autoridades con respecto a la apelación de la sentencia.
“Como han señalado Santa Marta y ADES, el recurso presentado carece de argumentación seria y se refiere en forma irrespetuosa a la actuación de las honorables juezas de sentencia, lo cual -además- constituye un comportamiento misógino de los personeros de la Fiscalía que amerita ser denunciado como una acto de violencia contra la mujer”, acusaron los habitantes de Cabañas en documento difundido el pasado 4 de noviembre.
En su respuesta al recurso de apelación, la población de Santa Marta exige a las autoridades penales que sea rechazada pues “una decisión distinta sería un enorme escándalo jurídico que tendría serias implicaciones en el país y sería un gran desprestigio de la justicia salvadoreña ante los ojos del mundo”, alertan.
Además, se dirigieron a la FGR al acusarla de “malgastar” tiempo y recursos durante casi dos años en una “acusación sin pruebas” contra los líderes comunitarios, por lo cual exigen investigar “los verdaderos delitos de la guerra y no se empeñe en instrumentalizar la justicia restaurativa y transicional para arremeter contra defensores del agua, el medioambiente y la vida del país”, sostuvieron.
En portada: En el campamento de migrantes en la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérre, algunos jóvenes como Cristian de 21 años, sobreviven haciendo cortes de cabello modernos masculinos por 50 pesos. Foto: Jeny Pascacio.
Cientos de personas migrantes salen en caravanas desde el sur de México rumbo a la frontera norte, ante la incertidumbre que provoca la victoria de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.
Para Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana con sede en Tapachula, es importante no confundir el objetivo de las caravanas, pues las personas que caminan kilómetros durante meses no se movilizan por un tema político, sino por una necesidad humana.
Las personas migrantes decidieron que las caravanas salieran de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, simultáneamente, el 5 de noviembre durante las elecciones presidenciales en el vecino país con un objetivo mediático, incluso por seguridad.
Los extranjeros contenidos en ambas ciudades de Chiapas se organizaron en un grupo de Whatsapp. En esto, se han infiltrado personas que de forma individual los amenazan para desistir de caminar rumbo al norte de México.
Pero la migración continuará y seguirán saliendo en pequeños grupos, puntualizó Villagrán. Este 7 de noviembre otro pequeño grupo partió de la plaza central de la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, para alcanzar en Arriaga a las caravanas que salieron dos días antes. Juntos tomarán la carretera federal hacia Oaxaca.
“Las personas migrantes creen que van a cerrar la frontera (norte) y Trump lo confirmó en sus declaraciones tras el triunfo. Tienen miedo, están aterrorizados porque no es posible tanta lucha para que quite el CBP ONE (la aplicación digital Customs and Border Protection)”, dijo para Avispa Mídia el defensor de los derechos humanos.
Consideró que con Trump será más compleja una oportunidad de diálogo con los países que aportan más a la migración, entre ellos México, Venezuela, Haití y países de Centroamérica.
En las calles venden chicha, empanadas o arepas para ganar dinero.
México seguirá participando con la contención migratoria como lo ha señalado la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria reconoció que hubo una reducción de un 70% de la migración que llega a la frontera norte del país.
Con estos fines, el gobierno federal ha planteado promover a Tapachula como una ciudad donde las personas migrantes pueden vivir y trabajar, “pero ni Tapachula ni Tuxtla tienen la infraestructura para alojar a los miles de migrantes”, dijo.
Sin importar las condiciones, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) se dedican a trasladar a Tuxtla y Tapachula a las personas migrantes que cruzan el río Suchiate, frontera entre Guatemala y México. No pueden salir de Chiapas en transporte público o caminando porque son detenidas, incluso hay tramos donde personal de la Fiscalía General de la República (FGR) también realiza labores de “control migratorio”.
Las autoridades no les brinda información clara sobre el proceso que deben seguir y en la mayoría de los casos son detenidas por días en las estaciones migratorias, de las citadas ciudades, sin alimento y atención médica, incluso si son menores de edad los que requieren de estos derechos.
“Van a sellar Chiapas con pretexto de la seguridad y de la presencia de cárteles, pero en realidad están militarizando y la política del terror ya está impuesta”, precisó el defensor.
Las personas migrantes acampan en al menos cinco puntos de la capital de Chiapas.
Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han solicitado, durante años, reuniones para presentar sus propuestas para solucionar el tema migratorio con base en los derechos humanos, pero hasta ahora no han sido escuchadas por ningún gobierno.
Chiapas, la cárcel migratoria
Emmy con 28 años, tres hijos y gran desesperación salió de su país Venezuela. Logró reunir un poco de dinero, puso lo necesario en tres mochilas y dejó el país gobernado por Nicolás Maduro.
Para llegar a México le tomó dos meses y, al igual que la mayoría de migrantes que caminan por varios países, opina que la travesía es extremadamente peligrosa en puntos como la selva del Darién, entre Colombia y Panamá, y las fronteras entre países donde son víctimas de delitos por grupos delincuenciales.
“Estoy recién llegada a México pero ha sido duro, fuerte. Nosotros llegamos a Tapachula y de ahí salimos en la caravana del 5 de noviembre, pero me tuve que entregar a migración porque los niños no aguantaron”, sostuvo para Avispa Mídia.
Caminaron un día con el grupo de migrantes y al siguiente los agentes del INM trasladaron a Emmy y sus hijos a Tuxtla Gutiérrez. Llegaron a las 3 de la tarde con hambre y sed, pero con la seguridad de no querer avanzar más.
“Ha sido muy difícil, hemos pasado muchas cosas en la calle que ni siquiera te puedo contar porque me da miedo. Ya no quiero seguir porque si lo intentamos nos van a regresar o nos pueden deportar y por eso estamos considerando quedarnos aquí en Tuxtla”, dijo.
Emmy y una de sus hijas hacen trenzas para obtener ingresos. Por toda la cabellera de una persona cobran 50 pesos y en trenzas menos elaboradas 30 pesos, pero espera pronto poder conseguir un trabajo estable.
“Es muy complicado porque la gente desconfía de darnos trabajo, los arriendos son demasiado caros y la discriminación ni hablar. Por unos días estaremos durmiendo en la calle, por ahora no veo como opción regresar a Venezuela, al menos con este gobierno yo no regreso, pero para el norte con Trump también se pone difícil”.
En Tuxtla Gutiérrez, las personas migrantes acampan en las estaciones de autobuses, en algunos parques y la mayor población se encuentra asentada en los alrededores de las oficinas de Regulación Migratoria del INM, espacio que también funciona como centro de detención.
En uno de los parques se aloja Nurkari de 23 años con sus dos hijos. Ella también salió de Venezuela por la misma razón que Emmy y admite que la travesía hasta México está llena de terror y violencia.
“Maternar es duro. A mí me intentaron quitar a los niños en Guatemala, antes de cruzar el Suchiate nos secuestraron y me dijeron que si no daba dinero se iban a quedar con los niños”, dijo a Avispa Mídia. Pero Nurkari se aferró a sus hijos y logró que la liberaran.
Esta no es la primera vez que la joven madre venezolana intenta llegar a Estados Unidos, hace unos meses también se unió a una caravana pero fue detenida con sus hijos en Oaxaca y devuelta a Tuxtla.
Para Nurkari las caravanas ya no son opción, no solo por la caminata, también por el hostigamiento de agentes del INM. Por ahora sobrevive con la venta de empanadas al estilo Venezuela.
Su compatriota Jessica, tiene 30 años y tres pequeños, coincidió en que “el viaje ya ha sido muy duro para los niños, por la comida, por la dormida y pasar por todos los países y la selva. Yo espero la cita de migración, tengo cuatro meses aquí, he intentado subir dos veces (al norte del país) y las dos veces me devolvieron.
Jessica cuestiona la abierta corrupción que hay en INM, pues se han percatado de que hay personas que logran pagar una cuota para acelerar el trámite, “a nosotros nos han pedido 100 o 200 dólares por hacer un registro” y así poder avanzar.
Las entrevistadas aseguran que a los campamentos se acercan personas o vehículo extraños, por eso, cerca del anochecer, implementan seguridad entre ellos para poder proteger a las infancias.
Contención al servicio de EEUU
Enrique Vidal, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), sostuvo para Avispa Mídiaque, con la victoria de Donald Trump, “nos estaríamos acercando no solamente a un escenario como el de hace 8 años, cuando ocurrió su primera victoria, si no a una expresión mucho más radical en la permisividad de expresiones racistas, xenófobas, eugenésicas, de altísima discrimanación”.
Coincidió con Villagrán en que para el gobierno mexicano será más difícil la gestión de la política migratoria. Vidal explicó que por un lado México social y culturalmente pertenece a latinoamerica, pero a nivel político y económico “pertenecemos al bloque de norteamérica por el Tratado de Libre Comercio y por toda la integración que existe en materia migratoria”.
Es decir, México tienen un historial de 30 años de servir como la frontera sur de Estados Unidos, “una sesión de soberanía que es pública en términos geopolíticos”.
Viejo Velasco, rostro de la violencia permanente en contra de los pueblos que defienden el territorio en Chiapas
A 18 años de esta brutal masacre seguimos exigiendo verdad y justicia.
Con preocupación observamos la repetición de violencias sistemáticas en contra de pueblos y personas defensoras
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), como lo ha hecho durante dieciocho años, expresa su más enérgica condena ante la impunidad que persiste sobre la masacre de Viejo Velasco, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, ocurrida el 13 de noviembre del 2006, donde fueron ejecutadas, 6 personas, 2 más desaparecidas y 36 fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, cometiéndose crímenes de lesa humanidad donde el Estado mexicano es responsable.
Hace 18 años, aproximadamente a las 6:00 horas, cerca de 40 personas vestidas de civil, provenientes de Nueva Palestina, ubicada en el mismo municipio, entraron a la comunidad Viejo Velasco, acompañadas por un grupo de 300 integrantes de la entonces Policía Sectorial, agrediendo a la comunidad, con un saldo de 6 personas ejecutadas extrajudicialmente y 2 más desaparecidas de manera forzada; además de 36 personas desplazadas de manera forzada.
Esta masacre constituye un crimen de Estado. Como hemos denunciado ampliamente, su comisión se enmarca en un proceso más amplio de despojo de los diversos pueblos originarios de la Selva, para liberar el territorio en favor de los intereses del capital. Durante décadas los gobiernos en turno presionaron a la población hasta el desplazamiento de comunidades enteras; muchas de estas fueron a través de acciones de terror, hostigamiento, y empoderando a grupos locales para el ejercicio de la violencia en contra de los pueblos en resistencia.
Pese a que desde el 2006, a nivel Federal y Estatal, han transitado gobiernos diversos, todos ellos han mantenido un pacto de impunidad en favor de sus predecesores, lo que demuestra que los intereses económicos y políticos detrás de la masacre de Viejo Velasco prevalecen, al igual que el racismo y la discriminación hacia los pueblos originarios de Chiapas.
La falta de búsqueda, verdad y reparación integral tienen un impacto constante en la dignidad y la salud física y emocional de las víctimas y sus familiares. Petrona Núñez González joven sobreviviente de tortura durante los hechos falleció en 2010 a consecuencia de la inatención a los impactos plasmados en su cuerpo y mente.
La masacre de Viejo Velasco no es un hecho aislado, sino parte de una historia de represión, despojo y violencias sistemáticas contra los pueblos originarios que defienden su territorio, su libre determinación y su derecho a vivir en paz. Mientras el Estado mantenga en la impunidad, e incluso sea participe de estas agresiones, estaremos condenados a ver crecer una larga lista de infames crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos. Existe también una continuidad de la violencia, que se manifiesta en desplazamiento forzado, desapariciones, asesinatos y amenazas.
En las últimas semanas, observamos con preocupación las amenazas en contra del Poblado Zapatista 6 de Octubre, localizado en las inmediaciones de la Selva Lacandona, que fueron denunciadas por la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); donde las Bases de Apoyo se encuentran viviendo un riesgo inminente de agresión y desplazamiento forzado, así como amenazas de violaciones sexuales hacia las mujeres zapatistas.
Estas acciones han sido perpetradas desde la comunidad Nueva Palestina, en medio de un marco similar de antecedentes y motivaciones de la masacre de Viejo Velasco, el control del territorio, pero ahora se le suma el actor de la delincuencia organizada.
Cada nueva masacre en Chiapas, así como el asesinato de personas defensoras es una permanente muestra de la indiferencia estatal hacia el sufrimiento y riesgo al que miles de personas se encuentran sometidas.
Exigimos al Estado mexicano investigue pronta y exhaustivamente la masacre de Viejo Velasco, reconozca públicamente la verdad; lleve ante la justicia a todos los responsables, incluyendo a los autores intelectuales de este crimen; investigue el paradero de Antonio Peñate López y Mariano Pérez Guzmán quienes permanecen desaparecidos; y repare integralmente a todas las víctimas de este oscuro episodio de la historia chiapaneca que significa la violencia política contrainsurgente. Reafirmamos nuestro compromiso con las familias de Viejo Velasco y con el Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xi´nich, quienes han mantenido la llama de la exigencia de justicia, a que el Estado mexicano ponga fin a esta cadena de impunidad y a la repetición de masacres que laceran la dignidad de los pueblos originarios y campesinos de Chiapas y de México.
En portada: Mujeres Otomís realizan rueda de prensa en las inmediaciones de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’. Foto: Diego García
En el marco de la Jornada de Lucha contra la Guerra a los Pueblos Zapatistas, y en el contexto de las celebraciones para honrar a los muertos en México, este viernes (1), la Comunidad Otomí residente en la Ciudad de México realizó una conferencia de prensa para denunciar la guerra de exterminio y la contrainsurgencia, que, argumentan, junto con el crimen organizado se impone en contra de los pueblos originarios y comunidades indígenas zapatistas.
Un grupo de mujeres Otomís, quienes desde hace cuatro años habitan la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, emitió el mensaje principal: honrar a quienes ofrendaron su vida para defender los territorios, como aquellas y aquellos integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes murieron en los combates durante el levantamiento en Chiapas de 1994.
Recordaron al Subcomandante Pedro, fundador del EZLN y quien murió durante la toma de la cabecera municipal de Margaritas, en la región selva chiapaneca; también, a la comandanta Ramona, integrante del Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) y responsable, con muchas otras comunidades, de la Ley Revolucionaria de las Mujeres.
Fotos: Diego García
Las mujeres Otomís enfatizaron que la guerra contra los pueblos continúa y lo evidenciaron con el número de asesinatos que, desde la fundación del Congreso Nacional Indígena (CNI), en 1996, y hasta octubre del año 2023, registra 128 “asesinados por defender el agua, la tierra, el territorio y la vida, por oponerse a los mal llamados megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el PIM que le costó la vida a nuestro hermano Samir Flores Soberanes”.
Destacaron que, en varios casos, se dieron otras agresiones previas, tales como tortura y desaparición forzada. Sobre todo, estas agresiones se registraron en los estados de Chiapas, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Chihuahua, Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero y CDMX.
Sólo en Chiapas se ha denunciado el mayor número de asesinatos, alcanzando el 45% del total. Le siguen Guerrero, con el 20%, Michoacán con el 14% y Oaxaca con el 12%. El resto se divide entre los seis estados restantes y, subrayaron, que aún no se contemplan los asesinatos registrados durante lo que va de este 2024. “No basta la militarización en los territorios. Hoy denunciamos la complicidad e impunidad con la que opera el crimen organizado en contra de los pueblos indígenas”, sostuvo una joven Otomí durante la rueda de prensa.
Las mujeres condenaron que en Chiapas, y especialmente en territorio zapatista se está llevando a cabo una estrategia de guerra en contra de sus procesos de organización y autonomía, por lo que exigieron a Claudia Sheinbaum y a Rutilio Escandón, responsables respectivamente, de las autoridades a nivel federal y estatal, para que detengan la escala represiva contra las comunidades autónomas en Chiapas.
“Seguimos exigiendo alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, no más amenazas y ataques a los compañeros y compañeras de la comunidad ‘6 de octubre’ parte del caracol de Jerusalém, quienes han sido amenazados de desalojarlos de las tierras que ocupan y trabajan por pobladores de la comunidad de Palestina”, demandaron las mujeres Otomís.
La continuidad de la guerra en México
Carlos González, integrante de la coordinación del CNI tomó el micrófono para aseverar que México es un país sumido en una guerra, en la cual, durante el sexenio de AMLO, los homicidios rebasaron los 200 mil casos.
Aún más grave, a esta cifra queda pendiente la incorporación de los desaparecimientos forzados, los cuales alcanzan a 51 mil seres humanos en territorio mexicano. “Este gobierno que ha iniciado, lleva en el mes de octubre, mas de 2,000 asesinados y más de 500 desaparecidos y desaparecidas”, compartió González sobre la permanencia de esta tendencia violenta en el país.
Además, criticó que la estrategia “para combatir este infierno, fue y sigue siendo la de crecer la guerra”, pues explicó que al poner a los militares al cargo de las estrategias de seguridad, sólo se ha continuado el “fallido esquema”, inaugurado por el gobierno de Calderón y profundizado por AMLO.
“Lo que nos siguen prometiendo es guerra. Esta guerra la han vivido nuestros pueblos y comunidades durante siglos, pero se ha profundizado en los últimos años y décadas con las cruentas políticas neoliberales que tienen como uno de sus propósitos centrales el despojo de las tierras y territorios de las comunidades indígenas”, sostuvo el miembro del CNI, al referirse a la reproducción actual de las políticas neoliberales en los gobiernos del partido Morena.
Y para dar un ejemplo, citó lo ocurrido tras la reciente aprobación de la reforma constitucional en materia indígena. Publicada durante el último día del mandato de AMLO, el pasado 30 de septiembre, pero, argumenta González, dicha ley “ignoró por completo toda la parte de derechos territoriales”.
“Las significativas reformas que se produjeron en 1992 y en años subsecuentes para trastocar la propiedad ejidal y comunal para permitir la privatización de las aguas, de la tierra, de los bienes colectivos de la nación, siguen básicamente intocadas. Siguen generando sus terribles consecuencias para este país y particularmente para los pueblos originarios”, destacó el también abogado.
Fotos: Otomí rebelde
Al referirse a la ofrenda que la comunidad Otomí preparó, junto con manos de personas solidarias de la ciudad y de otros pueblos, Carlos González resaltó que es un testimonio de la cruenta guerra que se vive en desde el norte, en Chihuahua, Jalisco, Sinaloa y hasta el sur del país en Guerrero y Chiapas.
“Pero también testimonia la celebración en medio de la muerte, la celebración de la vida. La tenaz resistencia de esta comunidad, en esta ciudad de México brilla, y mucho, porque es casi única y creo que eso debemos guardarlo en nuestros corazones, tomarlo como ejemplo y hacernos solidarios de esta importante lucha, de las luchas de los pueblos originarios de este país”, reflexionó el abogado.
Por último, las mujeres Otomís anunciaron la convocatoria para quienes se quieran sumar a una reunión de coordinación para preparar actividades a celebrarse durante los días 10 al 17 de novimebre, fecha en que se cumplirán 41 años de la fundación del EZLN. La cita es el próximo lunes 4 de noviembre a las 17hrs en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas ‘Samir Flores Soberanes’.
