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San Cristóbal de las casas Chiapas 10 de septiembre del 2023
C. Derechos Humanos
C. Compas Solidarios
C. Sexta
C. Medidas Libres
C. Diócesis De San Cristóbal
C, Pueblos Creyentes
Nosotros presos tseltales de San Juan Cancuc C. Agustín Pérez Domínguez, Agustín Pérez Velasco, Juan Velasco Aguilar, Martín Pérez Domínguez hacemos saber que estamos presos injustamente por un delito que no cometimos ya que llevamos 16 meses de presos queremos pedir justicia y la libertad inmediata y queremos pedir apoyo y solidaridad para que mas personas conozcan nuestro caso que sea llevado injustamente por la juez de enjuiciamiento la lic . Maria Guadalupe Flores Rocha que no toma en cuenta las pruebas que presenta nuestro abogado y que nos tiene recluido, queremos y solicitamos nuestros hermanos creyentes que recen por nuestra pronta liberación inmediata
Agradecemos mucho la atención que presta en esta carta
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—ESTADOS UNIDOS: STOP COP CITY Alto a la Ciudad Policía en Atlanta.
En estos días fueron criminalizados los activistas que resisten en la lucha contra la Ciudad Policía, enfrenten cargos bajo la ley RICO hecha para mafiosos, pero ahora ocupada contra quienes protegen el bosque donde pretenden construir Cop City. Fuente: Democracynow y Stop COp City Press Community
—ESTADOS UNIDOS: LUGARES INDIGNOS PARA ANCIANOS: LAS PRISIONES
Una nota del Centrodemedioslibres y Amigos de Mumia
Una nota de Mumia Abu Jamal, que nos sigue demostrando que en el norte más que un sueño está una pesadilla americana. La situación de las personas adultas en el país que tiene más presos y donde su situación carcelaria es igual a la esclavitud.
—ECUADOR: Tejemedios Amazonicos. El internet que soñamos.
Por Noticias de abajo. En Puyo, Ecuador, Organizado por la CONFENIAE, se realizó el “Tejemedios amazónico” se realizaron talleres, charlas, mapeos y mesas de análisis sobre los sistemas de comunicación comunitaria que se están organizando en sus comunidades y para pensar-soñar en las posibilidades que estas tienen.
—ARGENTINA: Yéssica Bonnefoi: presa por mujer y por mapuche.
Por Redes por la Libertad de Yessica Bonnefoi y Canal Abierto.
La joven mapuche fue detenida por el litigio de tierras de la lof Lafken Winkul Mapu, por el que sus hermanas estuvieron presas ocho meses y fueron liberadas tras el acuerdo con el gobierno nacional. Denuncian el ensañamiento racista y patriarcal de la justicia. Actualmente en huelga de hambre.
—VERACRUZ: Corrupción mantiene encarcelados a dos cafetaleros de Veracruz; otro de los acusados por AMSA murió hace 19 años
Por: educaoaxaca
Una transnacional ECOM Trading también de nombre AMSA, están reprimiendo a las comunidades cafetaleras que se organizan para la defensa de sus derechos, mantienen a dos personas en prisión a otras en prisión domiciliaria, amenazan con más detenciones, todas promovidas por la empresa en complicidad de una policía al servicio del gran capital. El gobierno de la 4t se hace el sordo.
—OAXACA: Denuncian vigilancia ilegal y hostigamiento contra mujeres autodefensas de Eloxochitlán. Sobrevuelos de drones sobre las casas de mujeres organizadas.
Corrupción y caciquismo político en México, en Oaxaca la represión a la lucha por la autonomía de un pueblo es promovida y sostenida por la encargada de la dependencia Estatal de la Mujer, Elisa Zepeda, “La cacique”.
y la nota de la columna Los de abajo de Gloria Muñoz- Justicia para los presos mazatecos publicado en la jornada.
—CHIAPAS: Fabricación de culpables contra defensores de pueblos originarios en Chiapas. Por: NotiFrayba sobre el patrón de criminalización contra personas defensoras en Chiapas, acusados de delitos que no cometieron; detenidos arbitrariamente
—PODCAST INVITADO Homenaje a Victor jara EL TEMA DE FONDO. Producido por Noticias de abajo.
Música: Que viva la resistencia, música del paro nacional ecuatorianos en 2021. Y puras mujeres con Esther Zapatista.
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En portada: Durante conferencia de prensa, representantes de comunidades mayas celebraron la resolución que les restituye sus tierras y derechos agrarios. Foto: Theani Vianey
Este lunes (11), la comunidad maya de Celestún, en Yucatán, informó sobre la resolución de una controversia agraria, la cual ordena la restitución de tierras a 72 ejidatarios despojados ilegalmente de sus derechos agrarios por el Grupo Porcícola Mexicano SA de CV (Kekén), el mayor productor de carne de cerdo en México.
Mediante conferencia de prensa, contextualizaron que esta victoria está relacionada al despojo de 3,513 hectáreas de tierras de uso común en Celestún. Explicaron que el Comisariado Ejidal, asesorado por el licenciado Rafael Acosta Solís, firmó el 28 de abril de 2019 un convenio confidencial con Kekén cuya consecuencia sería el despojo de sus tierras de uso común y sus derechos agrarios.
Los ejidatarios denunciaron que el acuerdo les obligaba a mantener estricta confidencialidad respecto de cualquier información que les proporcionara la empresa. También que la empresa intentó legalizar el convenio mediante el Tribunal Unitario Agrario, “pero el 21 de noviembre de 2019 dicho Tribunal ‘resolvió improcedente calificar de legal y aprobar el convenio aludido, esencialmente porque con su suscripción dicho núcleo agrario [Celestún] pareciera que pierde la superficie de 3,513 hectáreas’”, contextualizan mediante comunicado.
Los habitantes de Celestún acusaron que, durante 2019 y mediante engaños, Rafael Acosta les convenció para aceptar un pago de 12 mil pesos por ejidatario, consecuencia de una supuesta victoria de la comunidad maya en un juicio contra Kekén, debido a que desde 2012 exigen el retiro de la megagranja porcícola que está ubicada en las proximidades. Los ejidatarios sostienen que, a cambio de la firma del convenio, Rafael Acosta recibió, de parte de la empresa, un pago de casi un millón y medio de pesos.
A cambio, les solicitaron la firma de documentos en blanco. “Luego usaron nuestras firmas para quitarnos nuestros derechos ejidales, afirmando falsamente que habíamos renunciado. Afortunadamente, la sentencia concluye que se nos engañó para firmar esos papeles y nunca dimos nuestro consentimiento para que se nos despojaran nuestros derechos, y ordena que se nos devuelva la condición de ejidatarios”, afirma Héctor Arsenio del Ángel Ávila, representante común de los ejidatarios de Celestún.
Durante conferencia de prensa, representantes de comunidades mayas celebraron la resolución que les restituye sus tierras y derechos agrarios. Foto: Theani Vianey
Según Ávila, la sentencia actual demuestra la nulidad de los escritos impugnados por los ejidatarios, pues el despojo de sus derechos ejidales atenta contra diversos artículos de la Ley Agraria, el Código Civil Federal y otras normativas.
“La sentencia también refleja la complicidad del notario Raúl Pino Navarrete, titular de la Notaría 76 de Yucatán, que fue también demandado por los ejidatarios en este juicio, y que protocolizó las renuncias de derechos declaradas como nulas por el Magistrado Dr. José Lenin Rivera Uribe”, divulgaron los ejidatarios.
Por su parte, Saúl Rodríguez Gutiérrez, ejidatario de Celestún, aseguró que nunca estuvieron de acuerdo con la entrega de tierras a Kekén, ni con la participación de Solís como asesor legal del ejido. “Con esta sentencia, salen a la luz los actos ilegales cometidos por este abogado y por comisariados ejidales corruptos. Kekén nos está despojando de nuestras tierras de uso común y afecta nuestra salud con la contaminación del agua provocada por su megagranja. Esta sentencia nos alegra y anima a continuar con más acciones legales para la defensa de nuestro territorio, hasta lograr el cierre de la megagranja y la recuperación de nuestras tierras de uso común.”
Comunidades frente al despojo
En la rueda de prensa también participaron representantes de las comunidades mayas de Kinchil, quienes señalaron afectaciones por contaminación y despojo de tierras realizado por la empresa Kekén. Matilde Edilberta Dzib Dzul, del Colectivo Cantukún e integrante del Consejo Maya del Poniente, enfatizó el procedimiento fraudulento mediante el cual la empresa cometió el despojo.
“Se otorgaron las tierras a prestanombres de Kekén que ni siquiera viven en la comunidad, en lugar de a las familias campesinas y apicultoras que siempre las hemos trabajado y conservado”, sostiene Dzib Dzul, habitante de Kinchil.
Ella también enumeró las graves afectaciones ambientales en la comunidad maya. Entre varias, la contaminación del manto acuífero derivada de las excretas de los cerdos, así como del amoniaco de los orines que afectan la salud de todos los habitantes.
“Vemos cada vez más cólicos, cáncer y otras enfermedades. El gobierno solo piensa en las ganancias de sus aliados en Kekén y otras empresas, y le da igual el precio que pagamos las comunidades mayas, al quedarnos sin tierras, sin selva, sin nuestra producción y modos de vida, y con toda la contaminación y los efectos a la salud”, sostiene.
Dzib Dzul resaltó las consecuencias negativas a la producción de miel, actividad a la cual se dedican los habitantes de la región. “En mi familia somos apicultores, y la empresa Kekén ha deforestado y afectado a nuestra actividad, la cantidad de miel se ha reducido y hemos perdido certificaciones orgánicas por el impacto de la granja. ¿Será posible que esto los gobiernos no lo vean? Debemos defender nuestra tierra y nuestras actividades y formas de vida como pueblo maya”.
Federico de Jesús May Cuitún, productor de chile orgánico de Kinchil, aseguró que su comunidad también sufre las mismas amenazas que Celestún. “La noticia de Celestún es una fuente de esperanza para nosotros, nos motiva para seguir luchando por la defensa de nuestras tierras. Además de la megagranja de lechones de Kekén, en nuestro territorio hay también una granja de engorda de cerdos que añade más contaminación a los mantos freáticos. Es increíble que se autorice esto en una zona con un acuífero tan vulnerable. Nuestra agua se llena no solo de estiércol, sino también de antibióticos y productos químicos tóxicos”, aseveró.
Otra de las amenazas, refiere Cuitún, está relacionada a los tratos que los comisariados ejidales realizan a espaldas de la comunidad maya, donde también existen intereses de la industria inmobiliaria para despojarles de 5 mil hectáreas de tierras.
“Están usando a otra comunidad para robarnos nuestras tierras como prestanombres para que caiga en manos de inmobiliarias y proyectos contaminantes. Hemos escuchado que Rodrigo Vega y Armando Ceballos están vendiendo estos proyectos a inversionistas, como si la tierra fuera de ellos. Estamos en riesgo de perder gran parte de nuestro territorio y la gran riqueza natural que tenemos por culpa de la ambición desmedida de políticos y comisarios ejidales, a quienes los especuladores sobornan para apropiarse de nuestras tierras”, denuncia el habitante de Kinchil.
En el anuncio de la victoria de los ejidatarios de Celestún también participaron miembros de la comunidad maya de Ixil, quienes alertaron por el intento de despojarles de sus tierras colectivas.
De acuerdo al testimonio de Ansunción Chi Tejero, el pasado 17 de agosto, más de 300 elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado cerraron los accesos a las tierras de cultivo de la comunidad. “Actuaron con completa impunidad, nunca mostraron documentos, solo un volante de la Fiscalía. Entraron como bandidos, de noche y sin avisar al pueblo, sin orden judicial, solamente porque Chikri Abimerhi solicitó a la Fiscalía que cerrasen el acceso a nuestras tierras”.
Según Tejero, este operativo tenía el objetivo de infundir miedo en la población maya, “pero toda la comunidad está decidida a defender estas tierras. Yo soy uno de los afectados, nuestros sembrados están cerrados por alambre de espinos, tenemos que brincarlos con nuestras herramientas y no podemos entrar con nuestras motos y camionetas. Pero no vamos a abandonar nuestras tierras, pues eso es lo que buscan estos ladrones con la complicidad del Gobierno del Estado y de la Fiscalía General del Estado”.
Alejandra Kantún, miembro de un grupo de mujeres que mantiene un vivero en Ixil, señaló que desde aquel día se les ha impedido el acceso al mismo. En contraste, “funcionarios de la Fiscalía y de la Policía Estatal dejan entrar todo el rato a camionetas sin placas y vehículos con materiales de construcción”, denuncia.
Por ello, los miembros de Ixil convocaron a la población para participar en la marcha del próximo sábado 16 de septiembre a las 4 de la tarde en Ixil. También a la marcha estatal que tendrá lugar el 30 de septiembre en Mérida con el objetivo de “detener el despojo y defender nuestro territorio y naturaleza”.
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Cuando la justicia sigue simulando que tiene independencia y atiende los principios de derechos, no es más que la continuidad de la expansión del poder caciquil, que a toda costa pretende mantener acallada la voz de quienes se organizan.
Recientemente nos notificaron de otro hecho que se suma a esas simulaciones jurídicas y que reafirma la intromisión política de la actual directora de la Secretaria de la Mujer en Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas, que desde el uso y abuso de su cargo público, pretende retroceder el camino trazado de los presos y perseguidos de Eloxochitlán de Flores Magón.
El amparo promovido en agosto de 2022 por mi defensa, Los Otros Abogadoz, en el que se demostraba una vez más las reiteradas contradicciones y fabricación de pruebas dentro del expediente 02/2015 fue resuelto sin entrar al fondo de lo que se plantea.
Atendiendo a la simulación de la justicia, los magistrados decidieron regresar el proceso jurídico a la etapa de presentación de pruebas con la supuesta finalidad de realizar careos entre mi persona y los seis testigos aleccionados, marionetas de Elisa Zepeda y su padre Manuel Zepeda Cortes.
Esto conlleva a una regresión de por lo menos siete años del trayecto jurídico de mi proceso y a la insistencia de la privación de mi libertad.
No es menor recordar que una de esas marionetas reconoció que en 2014 no hizo su declaración ante el Ministerio Público porque se la llevaron a firmar; otra marioneta se amparó para no testificar en los interrogatorios; para lograr que Manuel Zepeda y su hermano se presentaran, se tuvo que recurrir a que se realizaran en la misma fecha en la que acudían al Juzgado de Huautla a firmar por otra causa penal en la que estaban siendo procesados; y finalmente Elisa Zepeda y las otras dos marionetas demoraron por más de un año para presentarse.
Con estos antecedentes, sumados al poder que actualmente ostenta Elisa Zepeda, es imposible hablar de un juicio justo en igualdad de condiciones, cuando por casi nueve años, desde el conflicto sociopolítico en Eloxochitlán de Flores Magón, la persecución, los encarcelamientos, la represión y la intromisión de poderes ha escalado.
Ante el escenario indolente de la fabricación de dos delitos que no cometí, la pretensión de mantener la persecución y devolverme a la prisión, les llamo nuevamente a fortalecer la solidaridad que han mostrado por la exigencia de una firme libertad de todos los presos y perseguidos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.
Encendamos nuestra furia hasta que todas y todos seamos libres !
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El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha logrado profundizar el proceso de militarización en México de manera inédita, de modo que la actual concentración de tareas civiles en las fuerzas castrenses no podrá ser desmontada fácilmente.
Este es al análisis realizado por parte de la investigación llevada a cabo por la organización no gubernamental Washington Office on Latin America (WOLA), con base en datos públicos del gobierno y en solicitudes de acceso a información pública. Los resultados fueron presentados este mes de septiembre en el informeTrasnformación Militarizada: Derechos Humanos y Controles democráticos en un contexto de creciente militarización en México.
El gobierno de López Obrador logró, según el informe, lo que sus antecesores no lograron: aprobar leyes y normativas que garantizan la institucionalización de la militarización. En 2017, el entonces presidente Enrique Peña Nieto logró que se aprobara la Ley de Seguridad Interior, pero fue invalidada en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 2018, por pretender normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas civiles.
Po su parte, López Obrador logró una reforma constitucional en marzo de 2019 que, entre otros puntos, se les brindó a los militares la facultad de realizar tareas policiales hasta 2024, si es que el presidente lo considera conveniente.
En 2020, el mandatario mexicano publicó un nuevo Acuerdo Presidencial mediante el cual ordenó la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Hasta ahora la SCJN ha validado la procedencia de este Acuerdo citando el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019. Ya para el año 2022, se decide que la disposición de las fuerzas armadas en tareas policiales se extiende hasta 2028 mediante otra reforma constitucional. Es decir, que quien suceda a López Obrador en el poder, tendrá la posibilidad de hacer uso de las fuerzas armadas en el ámbito civil y administrativo.
Como consecuencia, a través de la reforma constitucional de marzo de 2019 y la posterior aprobación de la Ley de la Guardia Nacional, en mayo del mismo, se creó la Guardia Nacional (GN) como nueva fuerza de seguridad federal, en sustitución de la ahora extinta Policía Federal entrenada y equipada por los Estados Unidos.
Aunque el artículo 21 de la Constitución dispone que la GN sea “una institución policial de carácter civil”, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en los hechos se trata de una fuerza cuya formación, estructura de mando, despliegue territorial mediante cuarteles e identidad institucional son fundamentalmente militares.
De acuerdo con la investigación, existen documentos oficiales que revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumió la coordinación operativa de la GN a partir de octubre de 2020.
Para formalizar y profundizar la identidad de la GN como una fuerza armada, López Obrador logró una reforma a la Ley de la Guardia Nacional en septiembre de 2022 para otorgar el control operativo y administrativo de la GN a la Sedena. Cabe mencionar que dicha reforma figura entre los cambios previstos por esta institución en un esquema más amplio de reestructuración interna dado a conocer en 2021.
Para abril de este año 2023, la SCJN invalidó la reforma a la GN por contradecir el texto de la Constitución, al considerar a la GN como una fuerza civil. No obstante, la SCJN otorgó un plazo hasta enero de 2024 para el cumplimiento de su resolución. De cumplirse lo ordenado por la SCJN en ese plazo, presumiblemente la GN seguiría bajo la coordinación de facto de la Sedena.
Militares reconocen “logros” del presidente
El informe menciona el recuento de este proceso que hace el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, que ilustra cómo las propuestas de las fuerzas armadas encontraron eco en la presente administración federal:
“[En sexenios anteriores] nunca nos dieron lo que siempre, tanto mi general Galván como mi general Cienfuegos, pidieron. En esta administración se dio de una manera fácil porque el señor presidente entendió perfectamente cuál era la necesidad que teníamos para no exponernos y para obviamente tener la facultad legal de actuar. Además, se logró con algo muy sencillo, no con una ley sino con un artículo transitorio que nos da respaldo legal. Con uno, dos o tres renglones, que es lo que abarca ese transitorio, se logró lo que en tantos años no pudimos. […]”.
Despliegues
El despliegue de fuerzas militares y militarizadas se mantiene en niveles históricos, señala el informe. El Primer Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, presentado por las fuerzas armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en mayo de 2023, reporta un despliegue de 79 mil 399 “efectivos de la Fuerza Armada Permanente repartidos en el territorio nacional en tareas de seguridad pública”, de los que 59 mil 217 corresponden al Ejército y 20 mil 182 a la Marina.
Si se suma el despliegue de las fuerzas federales en otras tareas, de acuerdo al informe mensual de seguridad del gobierno federal, de junio de 2023, en el periodo que va del 30 de mayo al 12 de junio de 2023, estaban desplegados 109 mil 281 integrantes de la GN y 145 mil 995 integrantes de las fuerzas armadas, dando un total de 255 mil 276 elementos adscritos a Sedena.
La militarización de las tareas policiales también ocurre a través del nombramiento de mandos militares en las instituciones de seguridad estatales y locales, sostiene el informe. López Obrador ha recomendado públicamente a los gobernadores y gobernadoras consultar con la Sedena y la Semar antes de nombrar a las personas titulares de las secretarÌas de seguridad pública estatales, “para que se tenga personas honestas, íntegras, honestas, repito, incorruptibles”.
En megaproyectos
El gobierno federal también ha asignado una creciente lista de otras tareas civiles a las fuerzas armadas, mediante una serie de acciones y reformas tanto administrativas como legislativas.
Estas tareas incluyen la construcción de megaproyectos o la administración de empresas a cargo de estos, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, aeropuertos, con planes para que pronto empiece a operar una aerolínea militar. Las instituciones militares también controlan puertos y aduanas.
El estudio alerta que al tiempo que crecen sus facultades y su poder, las fuerzas armadas no cuentan con controles civiles eficaces sobre su actuación. Además, México sigue experimentando niveles históricos de violencia, y la gran mayoría de delitos quedan impunes.
over Photo: Mining tailings from the company Minera Cuzcatlán in San José del Progreso. Photo: Santiago Navarro F
Indigenous Zapotec communities surrounding the gold and silver mining project of Minera Cuzcatlán, a subsidiary of the Canadian corporation, Fortuna Silver Mines, in San José del Progreso, Oaxaca, have condemned intensifying harassment from the mining company. The communities of Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes and el Vergel denounced that they are being pressured to accept the expansion of the mining project, which has been in operation since 2011. The communities form part of the organization, Frente No a la Mineria.
Through a communique, the ejido authorities explained that the harassment is being carried out in coordination with the agrarian ombudsman in Miahuatlán. According to the law, agrarian ombudsman must “promote the defense of rights and guarantee the well-being of Indigenous people’s lands.”
One of the strategies of the agrarian institution is to prevent the communities from naming authorities who are against the project. “It benefits them that agrarian communities do not have accredited authorities. Without accreditation there isnt any validity in our appointments,” the agrarian commissioner of the ejido Monte del Toro explained to Avispa Midia, who for security reasons omits his name.
Furthermore, the agrarian ombudsman has purposely generated erroneous documentation in order to delay accreditation processes with the National Agrarian Registry. “When we sent the documents to the Agrarian Registry, they sent them back to us because of the errors. In the case of San Martín de los Cansecos, they delayed the accreditation process of their commissioner for two years,” added the agrarian commissioner.
In Monte del Toro, officials from the agrarian ombudsman are acting to divide the ejido, explained the authority. He admits that there is an agrarian dispute in the community dating back decades where one of the localities wants to separate from the ejido Monte del Toro, which is not accepted by the authorities of the agrarian community.
However, the question has worsened within the context of mining expansion. “The people of this locality have received resources from Cuzcatlán. The company wants to be able to enter the territory. The agrarian ombudsman insists on trying to convince the authorities to make the division,” explained the commissioner.
The agrarian ombudsman has taken other actions considered by the commissioner to be “strategies to divide the community.” For example, the institution has filed documents of ejido members seeking to change the titles of their lands without permission from the agrarian community. “They are stepping over the ejido authorities, which is not correct. We have autonomy over our lands, guaranteed by agrarian law.”
In a communique from the organization, the ejido Monte del Toro sustained that “we will not permit any division. Our grandfathers and grandmothers struggled for the ejido, for which we value the collective spirit of the land, and the care and protection of our territory.”
The company seeks a legal basis to enter the territories, they explained in a communique.
As the exploitation is underground, “we do not know where exactly they are digging, if its beneath Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, or San Martín de los Cansecos,” explains the agrarian authority of Monte del Toro.
In 2021, Avispa Midia asked the company where they were advancing with the exploration, but the question was ignored.
According to data solicited by Avispa Midia from the Ministry of Economy, Minera Cuzcatlán has 15 active mining concessions registered in Oaxaca as of 2023. Together, these concessions total approximately 36,000 hectares. One of the concessions, located in the Lote Reducción Unificación Cuzcatlán 4, was updated during this government on May 16 of 2022. It is the company’s largest concession making up more than 10,000 hectares including territories of Magdalena Ocotlán, San Lucas Ocotlán, and San Pedro Taviche.
What “they want is to enter the communities to make air vents to be able to continue working beneath the earth. They want the agrarian communities to authorize their entry. Once the ejido authorizes it, they will buy the land and be able to work,” explains the ejido commissioner.
From San José
The ex-ejido lands commissioner of San Martin de los Cansecos, who also decided to omit his identity for security reasons, explains that the agrarian ombudsman operates on many occasions from San José del Progreso, the location of the mining project, when they should be at the ejido offices. “We know that all the current municipal infrastructure and projects in San José are related to the mining company,” he sustains.
Since 2009, San José del Progreso has not had agrarian representation, like the ejido lands commission, as a result of conflicts generated with the arrival of the mining company. “The agrarian ombudsman, far from resolving the agrarian conflict in San José, promotes visits of other commissioners to the community where the mining project is located,” he told Avispa Midia, the ex-ejido lands commissioner.
The head of the Miahuatlán agrarian ombudsman, Amauri Fernández Alvarado, in an interview with Avispa Midia, said that it was up to them to provide services of agrarian counsel, “to all agrarian communities in the district of Ejutla and part of the district of Ocotlán, communities around the mine,” he said.
Regarding the denunciations from ejido authorities against the agrarian ombudsman, Alvarado denied all of them. “I do not have anything to do with mining. I don’t work in mining. We do not have contact, none whatsoever, with the people from the mining company. …I am not blocking any community…nor we do we go to the agrarian community saying that they accept or not contracts or jobs with the mining company. My work is to provide counsel that must be correct.”
SEMARNAT’s Deceptions
In December of 2021, the Canadian mining company, Fortuna Silver Mines, from their offices in Canada, announced in a communique that the Secretariat of Environment and Natural Resources (SEMARNAT) had “authorized a 12-year extension to the environmental impact authorization” of the mine in San José.
The Secretariat of Environment and Natural Resources had denied the extension request in July of 2021. The environmental impact assessment presented by the company sought the legalization of the expansion of the mining operations, something which had already been carried out without permission from the environmental secretariat.
“Fortuna appealed…SEMARNAT reevaluated the request and granted the extension…,” the company announced in its press release.
However, Fortuna Silver Mines, from Canada, sustained by means of another communique, published on February 4, 2022, that it had received a notice from SEMARNAT in which the environmental secretariat said that it had committed a typo in the expansion of the mining term in San José. That is to say, the extension would be 2 years and not 12 as stated in the resolution document.
At that time, Avispa Midia obtained the SEMARNAT document (SGPA/DGIRA/DG-06101-21), signed by the General Director of Risk and Impact of the Secretariat (DGIRA), directed to the legal representative of Cuzcatlán, Rocío Martínez Lozano, dated December 14, 2021. This document proves that the agency authorized the extension of the mining company’s work for 12 more years.
Minera Cuzcatlán “considers that the notice was erroneously issued by the local office (of Oaxaca) of SEMARNAT,” said the company in its communique.
Minera Cuzcatlán “is working with the authorities to resolve this matter. Likewise, Minera Cuzcatlán has begun a judicial process in federal court to challenge and revoke the typo,” the communique states.
Avispa Midia solicited an interview with SEMARNAT to clarify the issue. The Secretariat ignored the request.
During all this time, the information had remained contradictory. “We were latent. While the company publicly informed that it was 12 more years, SEMARNAT kept telling us that the mining company was leaving, that it would only have two more years in operation,” said the ejido commissioner of Monte del Toro.
The doubt was resolved approximately three months ago. “We went to the offices of SEMARNAT in Mexico City and they told us that it was 12 years. They told us that yes it had been a typo in the permit, but nonetheless the permit was already granted, they had already given it to them,” said the commissioner. “What we want the company and government to know is that we will continue struggling until the end to defend our lands,” added the ejido authority.
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Saludos compañeros, compañeras, compañeroas, compañeres, acompañanos en nuestro próxima encuentro en Albuquerque, Nuevo México el 23 y 24 de septiembre.
Luchas por la Vida en la Tormenta Global reúne a comunidades, organizaciones y colectivos en la lucha por la vida para construir redes de autonomía en todo el continente. La tormenta global nos recuerda las conexiones íntimas que tienen las personas que luchan en todo el mundo y en el hemisferio, de los caracoles en Chiapas, a las comunidades que forman parte del Congreso Nacional Indígena, a los colectivos rebeldes en los Estados Unidos. La destrucción del planeta y la deshumanización de las personas en este continente nos exige construir puentes y redes de autonomía que no estén mediados por estructuras de gobierno y estados nacionales coloniales, capitalistas y heteropatriarcales. La larga lucha tiene más de 500 años de conocimiento y sabiduría. Las comunidades en lucha en todo el hemisferio han resistido, imaginado y practicado activamente otras formas de vivir, relacionarse y existir. En este encuentro, invitamos a todes aquelles que luchan y que buscan aprender sobre las condiciones locales y globales con el fin de fortalecer las redes de resistencia en todo México y Estados Unidos. Te invitamos a Albuquerque, Nuevo México, los días 23 y 24 de septiembre para conocer historias locales y construir redes de resistencia comunitarias. En este encuentro, centramos tres puntos de compromiso: La Tormenta Global, Resistiendo Proyectos de Muerte y Construyendo Alternativas, Luchando con les Zapatistas y el Congreso Nacional Indígena.
Para registrarse para organizar un taller, platica, presentación o círculo de discusión, haga clic en el este enlace.
Presentando nuestra nueva revista: Grietas
Grietas: Una Revista de Pensamiento y Horizontes Zapatistas [Inglés] es nuestra oferta de respeto, solidaridad y encuentro a quienes emprenden caminos de autonomía y alejamiento de la hidra capitalista, cada une desde su propia geografía, con su propio calendario, a su manera.
Esta obra es un esfuerzo de todes les voluntaries con la esperanza de que lleguemos a conocerles a ustedes y sus caminos, y como una invitación para todas las luchas desde abajo y a la izquierda para que se comprometan con nosotros y entre nosotros.
En nuestro primer número, “Autonomía desde abajo y hacia la izquierda en los EE. UU.” [Inglés], abordamos el tema de la autonomía en los Estados Unidos desde una variedad de perspectivas, cada una de las cuales reflexiona sobre las luchas pasadas y actuales por la liberación y ofrece vislumbres de posibles futuros autónomos. inspirado en el zapatismo y los siete principios de mandar obedeciendo.
También compartimos informes de proyectos en los que hemos acompañado a los, las, y loas Zapatistas y al CNI-CIG, así como información sobre la praxis Zapatista, incluida la educación, los derechos de las mujeres y su viaje a través de la Europa rebelde en la segunda mitad de 2021.
Traducimos regularmente los comunicados del Congreso Nacional Indígena en México del español al inglés, que pueden encontrar en nuestra página de traducción.
También organizamos encuentros en persona y en línea para conocer más a los demás y compartir análisis y puntos de vista de nuestras diversas geografías y calendarios sobre cómo podemos vincular las luchas de manera efectiva. Visite nuestra página de encuentros para obtener más información.
CLASES DE ESPAÑOL Y TSOTSIL EN EL CARACOL OVENTIC
Estudia español o tsotsil (lengua maya de los Altos de Chiapas) en el Centro de Lenguas de la Escuela Autónoma Rebelde Zapatista en Caracol II, Oventic, que está a una hora de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
El Centro de Lenguas está aceptando solicitudes para un nuevo ciclo de clases entre mayo 8 y finales de agosto, 2023.
El Centro de Lenguas es más que un lugar para estudiar español o tsotsil, es un acercamiento a lo que es la autonomía zapatista. Las clases se ofrecen en un contexto de la realidad de los pueblos indígenas en resistencia.
Ver detalles en los gráficos de abajo y en la página web del Centro de Lenguas.
Tu contribución para las clases y actividades ayuda a apoyar a los jóvenes zapatistas que viven y estudian en Oventic.
Al ser Sexta Grietas del Norte una organización basada en Estados Unidos, solo acreditamos participantes que residan en Estados Unidos y Canada. Otros, favor de revisar la lista de organizaciones acreditadoras en la pagina del Centro: https://www.serazln-altos.org/celmraz_en.html
Por favor, ten en cuenta que debemos recibir tu solicitud 2-3 semanas antes de la fecha en que quieras empezar el curso.
El centro de lenguas requiere una carta de recomendación en pdf de un colectivo u organización actual o reciente con la que hayas trabajado hablando de tu carácter y calificaciones para este programa.
Quienes Somos
Sexta Grietas del Norte es una red de organizaciones, individuos, colectivos, formaciones que trabajan por la construcción de la autonomía en los Otros Estados Unidos. Nos movemos colectivamente en resistencia y rebelión para construir la autoorganización colectiva y la lucha anticapitalista contra las estructuras jerárquicas del poder estatal y la civilización capitalista de la muerte.
Nuestro nombre “Sexta” hace referencia a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona de los, las, y loas zapatistas de 2006, que convoca a todes les que queremos crear un mundo muy diferente, un mondo donde quepan muchos mundos.
Grietas se refiere a todas nuestras pequeñas pero poderosas resistencias contra las estructuras, los muros del mundo dominante. Nuestras múltiples y persistentes grietas derriban los muros que nos dividen, buscan conquistarnos y controlarnos.
Estamos comprometidos con la lucha por la defensa y la formación de una vida digna, que incluye resistir a las jerarquías raciales y patriarcales opresivas y actuar al margen del sistema establecido de partidos políticos.
Nos organizamos para construir un frente amplio de luchas autonómicas y comunitarias en la geografía llamada Estados Unidos, cada uno en sus propias geografías, con sus propios calendarios, a sus propias maneras.
Nuestra red se formó en respuesta a la campaña del EZLN “Los muros del capital, las grietas de la izquierda”. En esa reunión prometimos llevar café zapatista al norte del muro para ayudar a familiares migrantes y refugiados. De ahí nació nuestra organización colectiva y la necesidad de crear una red más concreta de lucha y acompañamiento con los compas del EZLN y el CNI-CIG.
Nuestros objetivos son apoyarnos mutuamente en nuestras luchas y solidarizarnos con nuestros compas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno y de la Sexta en México y en todas partes.
Nos unimos a todos los pueblos que luchan por crear y preservar formas de vida dignas y sustentables, en especial a los Pueblos Indígenas que luchan por preservar su vida, historia, identidad, sus territorios ancestrales, formas de ser y cosmovisiones, y por proteger a la Madre Tierra.
Todes somos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y estamos de acuerdo con los siete principios organizativos de mandar obedeciendo que ofrecen el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) de México a todes nosotres:
Obedecer y no mandar
Representar y no suplantar
Servir y no servirse
Convencer y no vencer
Bajar y no subir
Proponer y no imponer
Construir y no destruir
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En el marco de los acuerdos alcanzados en la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida, realizada en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, CDMX, los pueblos, barrios, organizaciones, redes, colectivos y comunidades que la integramos declaramos:
Que la guerra que enfrentamos en todo el territorio nacional, es dirigida y ejecutada por Andrés Manuel López Obrador, “Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas” y titular del Ejecutivo Federal, el objetivo, garantizar y salvaguardar los intereses del gran capital, los intereses de los dueños del poder y del dinero, y la impunidad con la que opera el narco Estado mexicano; el usos de las armas son para imponer el despojo del agua a través de las instituciones nacionales, estatales o municipales; la manipulación, el miedo, la división, privatización, mercantilización, municipalización y remunicipalización, las concesiones que privilegian a empresas privadas e industria, la cooptación de comités comunitarios del agua, y los planes y programas de reordenamiento territorial, son la justificación para despojarnos del vital líquido.
El Estado en complicidad e impunidad con las transnacionales, es el principal actor que impulsa el despojo del agua e instrumenta la guerra en contra de nuestros Pueblos, esta guerra que vivimos contra la vida en todos los territorios, que se manifiesta con cientos de miles de pres@s polític@s y militarización, persecución y asesinato a defensor@s del territorio, desaparecid@s, feminicidios, transfeminicidios y multiplicidad de crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ+.
Es por esta situación, que los pueblos, barrios, organizaciones, redes, colectivos y comunidades reunidas en la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida Anunciamos: El inicio de la “Campaña Nacional contra la Guerra y por la Vida” que, a través de denuncias, foros, encuentros, talleres, movilizaciones, etc. Harán eco a la exigencia de Alto a la guerra contra los pueblos zapatistas, los pueblos originarios y alto al despojo, explotación, desprecio y reprensión; es decir, las 4 ruedas del capitalismo sobre las que camina esta Cuarta Transformación y que se vive, se padece, en todo el territorio nacional.
Como primera actividad, invitamos a participar en la ACCIÓN DISLOCADA CONTRA CONAGUA (mítin-rueda de prensa-evento cultural) el lunes 25 de septiembre a partir de las 10:00 am frente a las oficinas de CONAGUA (Insurgente Sur, 2416).
Invitamos también a colectivos, organizaciones, redes, pueblos e individu@s a sumarse a esta campaña registrando sus actividades en el correo: asamblenacionalporelagua@gmail.com
Porque para los pueblos originarios el agua no será guerra sino unión por la vida.
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En portada: Ejidatarios y pobladores de Ixil resisten un operativo policiaco que pretendía asegurar un predio de 324 hectáreas en la comunidad maya.
El pasado 2 y 3 de septiembre, en Mérida, Yucatán, al menos 31 empresas de bienes raíces realizaron la llamada “Expo Inmobiliaria 2023”, donde ofertaron casas, terrenos y departamentos. En este magno evento fue ofrecida esta entidad como “el estado más seguro” del país, aunque el indígena maya Neftalí Quijano Moguel, no opina lo mismo, Quijano es ejidatario de Ixil, un lugar que los mercaderes de la tierra pretenden arrebatar y vender al mejor postor.
Él fue brutalmente golpeado el 17 de agosto por la Policía Estatal quien, supuestamente, llevaba una orden para asegurar un predio de 324 hectáreas, que presumiblemente pertenece a los empresarios Chikri Abimerhi Bodib, Gerardo José Millet Palomeque y Gerardo José Millet Menéndez, los mismos que se codean en este sector, acusados en varias ocasiones de traficar con las tierras a razón de la esperada oleada expansiva de capitales que traerá el Tren Maya a la región.
Tras la orden de la fiscalía, se arremetió con lujo de violencia hacia la comunidad de Ixil. “A mí me mandaron al hospital por varios días solamente por intentar alimentar a mis animales cuando cerraron los accesos a nuestros predios”, explica el ejidatario de esta comunidad que se encuentra a solo 20 kilómetros al nororiente de Mérida.
Los empresarios han promovido la venta de sus inmuebles como una gran oportunidad, resaltando que Mérida supera a Florencia y a Québec como la mejor ciudad del mundo. Sin duda alguna, el indígena asegura, “el Gobierno del Estado, y eventos como la Expo Inmobiliaria que termina hoy (3 de septiembre), engañan al público con la imagen falsa que venden del Estado de Yucatán. La imagen real es violencia racista contra nuestros pueblos, pobreza y despojo para campesinos, destrucción de la naturaleza y una corrupción impresionante en el gobierno estatal y municipal”.
Tras la fuerte represión que sufrió Quijano y su comunidad por defender sus tierras comunales, se desató una inconformidad generalizada y es así que se comenzó a endurecer un proceso organizativo. Incluso, este 4 de septiembre interpusieron una demanda de amparo contra la orden ejecutada por parte de la fiscalía ante el Juez de distrito del Décimo Cuarto Circuito en turno. Dicho recurso legal es firmado por decenas de ciudadanas y ciudadanos de Ixil.
Esta comunidad está logrando adherir una gran cantidad de expresiones de solidaridad a su causa. Tan es así que, este 30 de septiembre, accionarán en lo que se espera, será una gran movilización en “contra el despojo y por la defensa del territorio en Mérida”. La protesta arrancará a las 4pm, comenzando en la Subsecretaría de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado, destacaron en un boletín de prensa.
Desde hace años, pobladores de Ixil se han organizado para defender su territorio ancestral frente a la especulación inmobiliaria. En la foto una reunión, efectuada en marzo del 2021, donde se abordó el problema por las tierras. Crédito: El Cronista Yucatán
Inicialmente se había propuesto hacerla el 16 de septiembre, “pero hemos decidido cambiar la fecha al sábado 30 de septiembre. Invitamos a más comunidades mayas a sumarse, también a organizaciones sociales, ambientalistas, de mujeres, estudiantes y sindicales, a artistas, y a toda la ciudadanía consciente”, puntualizó Federico de Jesús May Cuitún, productor de chile habanero orgánico de la comunidad de Kinchil.
Por si fuera poco, junto a esta actividad, las comunidades llaman al boicot. “Hacemos un llamamiento a no comprar lotes en fraccionamientos en áreas rurales de Yucatán. La mayoría de estos desarrollos inmobiliarios han obtenido tierras de forma ilegal y no tienen permisos ambientales. Invertir su dinero ahí́ es comprarse problemas”, ha afirmado Mercedes Cocom Noriega, ejidataria de Ixil, refiriéndose a los predios que se han ofertado en la Expo, donde se ha ensalzado a Yucatán como “joya gastronómica de México”.
Los indígenas mayas denuncian puntualmente a las inmobiliarias que han realizado despojo de tierras en distintas regiones de Yucatán, entre ellas: Ciudad Maderas, Chikri Abimerhi, familia Millet, Armando Ceballos Chávez y Rodrigo Vega Espinosa. Son los mismos que llevaron a cabo la “Expo Inmobiliaria 2023”.
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Este domingo (3) se dio a conocer que el Poder Judicial mexicano ordenó al Ejército no destruir los documentos relacionados con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, acontecida en septiembre del 2014.
Esta orden deriva de un juicio de amparo, interpuesto el pasado 15 de agosto, en el cual los padres y las madres de los normalistas han demandado a la cadena de mando de inteligencia militar por incumplir con lo establecido por el Decreto Presidencial firmado el 4 de diciembre de 2018, violando con ello el derecho de las familias y de toda la sociedad a la verdad.
En el decreto, se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa. Sin embargo, como comprobó el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), divulgado el 27 de julio, el Ejército ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia. En estos, los expertos infieren que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Es debido a este ocultamiento, en desacato de las instrucciones conferidas por el decreto de la Presidencia de la República, que los padres y las madres señalan la responsabilidad del Secretario de la Defensa Nacional; del Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; del Titular de la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional; y del Director del Centro Militar de Inteligencia, entre otras dependencias.
Mediante comunicado, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) difundió que, con esta acción legal, las familias consiguieron que el Poder Judicial “ordene preservar la información para que no sea alterada, destruida, depurada o eliminada. Esto con la expectativa de que, al resolverse el fondo, el Poder Judicial ordene la entrega de la información faltante empleando todas las facultades que le confiere la ley a los juzgados de amparo para hacer valer sus determinaciones”.
Fue el pasado viernes (1) cuando el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito notificó la resolución a las familias. Dicho Tribunal consideró que “la sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales” y ordenó a las autoridades militares abstenerse de “destruir, depurar, eliminar, esconder, u ocultar la información” que los padres y las madres identificaron en su demanda.
En el comunicado, enfatizan que, a casi nueve años de las desapariciones, el caso Ayotzinapa permanece irresuelto. “El último informe del GIEI y la decisión de los expertos de concluir su labor mostraron con contundencia que los obstáculos subsisten, señaladamente en las instituciones castrenses que no han querido entregar los documentos generados por las áreas de inteligencia, desobedeciendo así lo que expresamente les ordenó su Comandante Supremo en el Decreto de 4 de diciembre de 2018”.
El Centro Prodh aseveró que los padres y las madres continúan a la espera de que el Presidente de la República les reciba para dialogar sobre el incumplimiento del compromiso de esclarecer plenamente el caso. Así mismo, informó que los familiares de los estudiantes desaparecidos “seguirán acudiendo a las instancias legales nacionales e internacionales disponibles para hacer valer sus derechos, incluso judicializando el contenido de los informes del GIEI como lo han hecho con esta acción, y mediante el acompañamiento de las organizaciones que han caminado a su lado a lo largo de casi una década”.
