PUELMAPU ARGENTINA: Cobertura Especial sobre los incendios y la represión al pueblo Mapuche en El Bolsón. Detenciones, allanamientos, y criminalización de los pueblos que luchan por la vida, el territorio y la esperanza. Fuente: FM Quimunche, FM Alas en Bolsón y la Red enfoques.
OAXACA Y GUERRERO: Platicando con el Observatorio Memoria y Libertad sobre las y los presos políticos en la región mexicana. La injusta prisión de dos profesores indígenas de San José Independencia en Oaxaca y el caso de Kenia Hernández, mujer indígena presa de la 4T por protestar junto a su comunidad en el Estado de Guerrero. Fuentes: Observatorio Memoria y Libertad | Presos políticos de San Jose Independencia | Libertad para Kenia
PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL EZLN EN APOYO A QUIENES RESISTEN EN EL ISTMO.
A los pueblos indígenas de México y del mundo A las organizaciones en resistencia A la sociedad civil nacional e internacional
Hermanas y hermanos:
Desde el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN condenamos la emboscada ocurrida en la zona limítrofe entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán, Oaxaca, en la que fueron asesinados tres compañeros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
Denunciamos que esta violencia no es un hecho aislado, sino parte de la guerra de exterminio que los malos gobiernos, los caciques y los intereses capitalistas imponen contra nuestros pueblos. Buscan despojarnos de nuestras tierras con terror, persecución y muerte, al servicio de intereses oscuros.
Exigimos justicia para nuestros hermanos caídos, el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas y la garantía de seguridad para la población de El Platanillo. Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal por su omisión y complicidad en esta escalada de violencia.
Todo aquel que no baja la cabeza y se convierte en siervo de la 4T es perseguido, desplazado, encarcelado y asesinado. Son lo mismo y son los mismos. Frente a sus golpes: ¡resistencia y rebeldía! en defensa de la madre tierra y sus guardianes.
Nos solidarizamos con UCIZONI y con todas las comunidades indígenas que, a pesar de la represión, siguen en pie de lucha, defendiendo la vida y la dignidad.
¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas! ¡No al despojo, no a la represión! ¡Justicia para las víctimas de Santo Domingo Petapa!
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Las familias de personas desaparecidas en Chiapas que integran el colectivo Madres en Resistencia dieron el plazo de un mes a Jesús Jubilian Sarmiento Santos, fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, para que inicie las investigaciones de los casos de desaparecidos, de lo contrario exigirán su renuncia.
Las madres, hermanas e hijas de personas desaparecidas se reunieronel 23 de enero con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para el diálogo, que lograron tras un mes de hacer manifestaciones, entre ellas, una huelga de hambre de una semana.
Entre otros temas, cuestionaron al gobernador la permanencia de Jubilian Sarmiento y de Néstor Fabián Mejía Sarmiento en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el último es el policía de investigación a cargo de los casos del colectivo Madres en Resistencia.
“Él [el gobernador] puso cara de asombro. Le dijo a sus asistentes, apúntame los dos nombres, el de Jubilian y de su primo [Néstor]”, sostiene Isabel Torres, madre de Cassandra Arias e integrante del colectivo.
“El gobernador dijo que si Jorge Luis Llaven Abarca [fiscal general]dejó ahí a Jubilian, es por algo. El gobernador nos pidió que le diéramos una oportunidad”, pero la respuesta contundente del colectivo fue, “no queremos a Jubilian”.
Este viernes 7 de febrero 2025, la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la sentencia a 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez Orellana, uno de los autores del asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016.
Rodríguez se desempeñó como gerente ambiental y social de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la cual buscó imponer el proyecto Agua Zarca, que consistía en una hidroeléctrica en el río Gualcarque, afluente sagrado de la población lenca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el cual coordinaba Cáceres, mantuvo una férrea oposición al proyecto y detuvo su construcción.
En un comunicado tras la difusión de la sentencia, el Copinh sostuvo que Rodríguez es parte de una estructura criminal que aterrorizó a la comunidad lenca de Río Blanco, desde el año 2013, con la intención de imponer la hidroeléctrica Agua Zarca en beneficio económico de la familia Atala Zablah, la mayor promotora de DESA a través de la empresa “Inversiones Las Jacarandas”.
Tras la confirmación de esta sentencia, en total han sido condenadas ocho personas por su participación en el homicidio de Cáceres. Seis de ellas como autores materiales, así como Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia y, ahora, contra Rodríguez Orellana como autor por inducción, es decir, aquél que no comete el delito, pero quien induce o instiga para que sea cometido.
“Su rol, disfrazado de gerente ambiental y social, era el de infiltrar, enemistar y agredir a la comunidad lenca y de vigilar e identificar los liderazgos como objetivo de ataque de la empresa criminal de los Atala”, enfatiza el Copinh, organización que exige sean investigados diversos miembros de la familia Atala involucrados con la promoción del proyecto Agua Zarca.
Al cumplirse cinco meses de la represión ocurrida el 5 de septiembre del 2024, durante la cual manifestantes fueron agredidos por grupos de choque y policías en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, este miércoles (5), personas heridas aquel día se presentaron a una audiencia para exigir el desistimiento de la acción penal que, acusan, realizan funcionarios locales para criminalizar la protesta social.
Activistas, estudiantes, periodistas e integrantes de la comunidad Otomí – quienes fueron atacados en dos distintos momentos durante una jornada violenta de casi 12 horas – se presentaron en la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan donde se les informó el cierre de las indagatorias en un plazo de, máximo, dos semanas. Esto se debe a que, un día antes, funcionarios de Xochimilco, quienes señalaban a los detenidos por los delitos de resistencia de particulares, motín y lesiones, se presentaron para desistir de las acusaciones penales.
“No hay pruebas suficientes para poder seguir con el proceso”, anunció la joven Otomí Anselma Margarito, quien también fue objeto de agresiones durante el 5 de septiembre pasado, cuando en una jornada en solidaridad con la activista xochimilca Hortensia Flores –también criminalizada-, un grupo de choque atacó violentamente a los manifestantes, mientras los policías se negaron a intervenir y sólo actuaron, posteriomente, para detener a las y los agredidos.
Pronunciamiento Conjunto. Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
30 de enero de 2025
Pronunciamiento Conjunto
Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López
La situación en Chiapas es compleja y preocupante. El gobierno ha implementado acciones para combatir la criminalidad, que han generado violaciones graves de los derechos humanos como la detención del defensor Mario Gómez López, que se da en medio de un esquema de seguridad enfocado en la creación de un cuerpo policía militarizado, detenciones masivas, cateos y despliegues llamativos de fuerza, junto con un discurso de paz, cero impunidad y una sociedad civil profundamente impactada por la violencia y control que emana de grupos de la delincuencia organizada.
Mario Gómez López (en adelante Mario) es un maya tsotsil, defensor de derechos humanos que fue privado de su libertad el 24 de enero del 2025, por policías municipales de San Cristóbal de Las Casas. Forma parte de la comunidad Santa Cruz, del ejido Cuxtitali El Pinar, también es pareja de Pascuala López López, (en adelante Pascuala) defensora de derechos humanos. Su detención se dio mientras se dirigía a su trabajo como albañil alrededor de las 8.00 am.; fue puesto a disposición en la policía ministerial dos horas después, y trasladado inmediatamente al Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14 (CERSS No. 14) el Amate, del municipio de Cintalapa, acusado de Atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, daños y los que resulten; delitos que son eminentemente políticos. En esta detención se han generado violaciones al debido proceso, obstruyendo el derecho a la comunicacion con sus abogados y su pareja, Pascuala.
El trasfondo de esta detención es la lucha por la exigencia de justicia impulsada tanto por Pascuala como por Mario frente a la ejecución su hijo Mateo Gómez López, ocurrida la noche del 3 de febrero de 2021, hecho que cuenta con la carpeta de investigación número 0440-078-1001-2021. Este asesinato se da tras un proceso de intimidación, hostigamiento, y la oposición de parte de Mateo de ser reclutado por un grupo delincuencial que opera en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. La lucha, además de la criminalización actual, les ha valido también para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgara la Medida Cautelar No. 892-22 desde el 26 de enero de 2023, que ordena implementar medidas de protección para la defensora Pascuala López y su familia.[1] El caso es un ejemplo de cómo la población civil queda en medio de la violencia generada por la disputa de los territorios de parte de grupos delincuenciales, la que acarrea amenazas constantes, hostigamientos, acoso, intimidación, hasta violencia física y psicológica.
Pascuala también es beneficiaria de las medidas de protección Caso 210-2023 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), debido a diversas violencias que emanan desde grupos criminales locales, hasta estructurales vinculadas a la administración y procuración de justicia, quienes lejos de acatarse a los protocolos de actuación con perspectiva de género y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, han empleado contra Pascuala una violencia misógina heteropatriarcal y racista.
La defensa de los derechos humanos impulsada por la madre y el padre de Mateo, Mario y Pascuala respectivamente, tiene como característica central la exigencia de que las autoridades del estado de Chiapas investiguen, den con el paradero y castigue al autor o autores materiales del hecho, a quienes también se les ha señalado de manera directa.
En distintos momentos Pascuala ha sufrido agresiones físicas, como el intento de feminicidio ocurrido el pasado 8 de abril del 2022, cuando aproximadamente 20 personas rodearon su casa, fue sacada a golpes, pateada, asfixiada y agredida con armas de fuego; todo esto a manos del mismo grupo delincuencial que le arrebató la vida a su hijo, como represalia por su exigencia de justicia y señalar a los responsables. Las propias autoridades chiapanecas le han cerrado las puertas a la justicia, negándole información e intimidándola; También, ha sido difamada y señalada en redes sociales con adjetivos racistas, misóginos y discriminatorios.
Insistimos que la detención de Mario, responde a una represalia directa por los señalamientos a los grupos criminales responsables del asesinato a su hijo; también pone en alto riesgo la vida e integridad personal tanto de Pascuala como del propio Mario a quien se le acusa de ser una de las personas que llevó a cabo la quemas de casas el 17 de abril de 2023 en la comunidad Santa Cruz, sin embargo, se omite, que dentro de las viviendas afectadas está también la de Mario y Pascuala, hechos que no han desembocado en la identificación de quienes cometieron el delito, así como tampoco en investigaciones que profundicen en los hechos.[2]
Todo este marco de violencia ha sido notificado a los gobiernos estatal y federal, por la alta vulnerabilidad hacia Pascuala, Mario y su familia, también se dio parte a la CEDAW y CIDH con la finalidad de reforzar y garantizar sus medidas cautelares.
Por todo lo anterior, manifestamos nuestra preocupación por la criminalización a la defensa de los derechos humanos, y exigimos la liberación inmediata de Mario Gómez López, garantizando el respeto irrestricto a sus garantías judiciales y en general del debido proceso.
Atentamente
Colectivos y Organizaciones
Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los Derechos para todas, todos y todes.
Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C.
Vendaval, cooperativa panadera y algo más
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Jornadas contra la criminalización y por la libertad
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
Grupo de Solidaridad con Chiapas, Innsbruck Austria
Espacio de Mujeres y la Sexta Jovel
Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa
Abya Yala, RRR.
Groupes CafeZ, Liege Belgica
Casa Nicaragua
Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas, todos y todes
Servicios y Asesorías para la Paz – SERAPAZ-
IMDEC
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
Consorcio Oaxaca
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Colectivo de DDHH Tejiendo Dignidad, Memoria y Justicia
Colectivo Kuu
SweFOR México
Raíces en resistencia
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq
Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic
Nodo de Derechos Humanos
Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán
Rizoma
Red Morelense de apoyo al CIG/CNI
Movimiento de discapacitados y tercera edad de la 4T. MODISTE4T
Colectivo tierra y libertad
Mexicanos Unidos
Instituto Cultural Autónomo “Rubén Jaramillo Ménez”, México
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Criticas – COTRIC
Tlapaltik B’e Cooperativa
Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG
Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía
(RAIS) Red de Apoyo Iztapala Sexta
Colectivo de Profesorxs en la Sexta
Comunidad de Tlanezi Calli en Resistencia
Comunidad de Xochitlanezi
Colectivo Gavilanas
Colectivo de Trabajo Cafetos
Colectivo Cuaderno Común
Asociación de Exploración Científica y Recreativa Brújula Roja
Colectivo la Otra Justicia
Colectivo Panadero la Grieta
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
En portada: Familias campesinas de la Cooperativa Tranvío fueron desplazadas violentamente por grupos criminales vinculados a la agroindustria.
Desde el pasado lunes (27) arrecia la violencia contra el movimiento campesino del Bajo Aguán, al norte de Honduras, departamento de Colón. Hombres equipados con armas de grueso calibre, vinculados al grupo criminal “Los Cachos”, han emprendido una serie de ataques contra las recuperaciones de tierras que mantienen las cooperativas de Tranvío, Camarones y El Chile, ubicadas en la comunidad Quebrada de Arena, a escasos kilómetros de la ciudad de Tocoa.
A pesar de la presencia de elementos de fuerzas de seguridad hondureños, el movimiento campesino sostiene que éstos no accionan para frenar los intentos de desalojos violentos por parte de los criminales. “Hemos denunciado el riesgo que corren ante la secretaria de Seguridad, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la secretaria de Derechos Humanos de forma constante, sin embargo, no hay respuesta contundente”, denunciaron este lunes (27) a través de comunicado de la Plataforma Agraria del Aguán.
Campesinos heridos durante el ataque del grupo armado “Los Cachos”.
Tras el ataque armado del lunes (27), que duró al menos 12 horas y dejó un saldo de 150 familias desplazadas de la Cooperativa Tranvío, además de heridos, la mañana de este miércoles (29) se reporta un nuevo ataque. Ésta vez contra familias campesinas de la Cooperativa El Chile. Acorde al periodista Jared Olson, durante la agresión de esta mañana se registra, al menos, un herido.Registro de los ataques contra campesinos de la Cooperativa El Chile durante la mañana del miércoles 29 de enero, 2025.
La cooperativa El Chile, colindante con las cooperativas Tranvío y Camarones, alberga a 246 familias campesinas, quienes desde hace dos años recuperaron 486 hectáreas de tierra de manos de la Corporación Dinant, empresa productora de palma aceitera, para dar espacio a la siembra de alimentos. La Plataforma y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) denuncian que los grupos criminales que atacan al movimiento campesino actúan al servicio de la agroindustrial Dinant.
Acorde a la Plataforma, durante el ataque del lunes (27), campesinos socios de la Cooperativa Tranvío observaron a un vehículo perteneciente a Dinant transportando a hombres armados cerca de las tierras de la Cooperativa Camarones. Cabe destacar que el grupo “Los Cachos” es el mismo señalado por haber desalojado violentamente a familias campesinas de la Cooperativa Camarones el pasado 24 de diciembre del 2024. “Desde este momento el grupo armado mantiene control de la cooperativa”, señala la Plataforma mediante comunicado tras los ataques.
Por lo menos desde hace dos años, la Plataforma Agraria y COPA han denunciado que la corporación Dinant contrató al grupo criminal “Los Cachos” para atacar a líderes campesinos y miembros de las cooperativas. Ahora, incluso señalan la participación de ex miembros de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano por su colusión con la empresa agroindustrial para perseguir a los líderes campesinos.
Al cierre de esta edición, medios locales informan que, mientras las autoridades policiales se encuentran en la comunidad de Quebrada de Arena, continúan los ataques contra la Cooperativa El Chile donde se registra la quema de casas de campesinos.
Advertencias, ignoradas
Testimonios de la Plataforma Agraria aseguran que, desde la noche del domingo (26), denunciaron a la Policía Nacional que el ataque a las cooperativas campesinas era inminente. Esto, debido a que observaron la movilización de personas mediante transportes acuáticos a través del río Aguán, además de percatarse del tránsito de vehículos sin placas y hombres armados frente a la casa del líder del grupo “Los Cachos”, Juan Carlos Lizama, en la comunidad de Quebrada de Arena.
Acorde a reportes de Redacción Regional, desde las 6 de la mañana del lunes (27), periodistas del medio atestiguaron disparos de ráfagas con armas de alto calibre, además de denuncias de heridos. A las 10 horas, se avistó otro grupo armado el cual, utilizando machetes y piedras, protagonizó otro ataque contra los campesinos. Por la tarde continuaron las agresiones lo que impidió que campesinos, civiles, policías y periodistas pudieran evacuar la zona debido a que se registraron bloqueos en las rutas de salida realizados por los grupos criminales.Campesinos de la Cooperativa Tranvía registraron los ataques armados del pasado lunes 27 de enero.
“Los sicarios lograron posicionarse en las instalaciones de una pollera propiedad de la Cooperativa Tranvio, de donde han aterrorizada a la comunidad con constantes ráfagas de disparos, mientras otro grupo armado tomó la carretera y así impidió el paso para evitar la libre locomoción”, confirmó la Plataforma Agraria sobre la permanencia del asedio, sin que los elementos de seguridad protegieran a más de 123 familias; 453 personas, entre ellas niños y niñas.
Familias campesinas de la Cooperativa Tranvío fueron desplazadas violentamente por grupos criminales vinculados a la agroindustria.
Además, se reportó el secuestro, durante tres horas, del campesino Cristian Baire y el ataque con arma de fuego contra Janier García, ambos socios de la Cooperativa Tranvío. “Cristian Baire fue liberado de una casa en la aldea Quebrada de Arena por la policía aproximadamente a las 10 de la mañana, pero sufrió torturas y una herida de bala en el pie, posteriormente fue hospitalizado, hasta el momento se encuentra fuera de peligro”, informó el movimiento campesino mediante redes sociales.
El martes (28), el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP) que acompaña la lucha legal del movimiento campesino condenó el uso de la violencia “por parte de grupos armados paralelos, que operan bajo la fachada de grupos ganaderos, y en particular al grupo armado ‘Los Cachos’ que opera en la zona con total impunidad”.
El BJP aseveró que estas acciones “benefician directamente a la Corporación Dinant y sus aliados empresariales. Las acciones incluyen el uso ilegal de armas de alto calibre para crear un ambiente de terror y desalojar ilegal y extrajudicialmente a familias campesinas”, declararon mediante posicionamiento público.
También señalaron que resulta inaceptable que, a más de un mes del desplazamiento violento de la Cooperativa Camarones, el Estado de Honduras aún no ha brindado garantías básicas de seguridad a las familias campesinas que viven en completa vulnerabilidad y bajo ataque.
“Condenamos que la difamación y el uso de la violencia forman parte de una campaña más global para dividir y crear conflictos en las comunidades con el fin de despojar tierras y sumar beneficios económicos para la familia Facussé, tanto para sus empresas agroindustriales como para sus intereses mineros. No pasa desapercibido que estas mismas estrategias se han utilizado contra las cooperativas campesinas de Gregorio Chávez, Santa Rosa del Aguan, Panamá y en la comunidad La Ceibita, respectivamente”, acusaron.
Solidaridad
Desde los primeros reportes de ataques armados, diversas organizaciones hondureñas e internacionales se han posicionado para condenar la violencia contra las cooperativas agrarias y elevar la denuncia a nivel nacioanl e internacional sobre los intentos de desalojo de las tierras campesinas del Aguán.
“Este ataque es solo un reflejo de la constante criminalización y persecución que sufren las comunidades del Bajo Aguán, quienes luchan por defender sus derechos territoriales y la tierra”, aseguró la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos mediante pronunciamiento público.
Por su parte, la Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 35 ONG Internacionales con presencia y trabajo en Honduras, aseveró que, durante una gira internacional de solidaridad con el Aguán, realizada la semana del 20 al 24 de enero de 2025, fueron alertadas sobre la gravedad del riesgo que los líderes de La Plataforma Agraria y de las Cooperativas Campesinas sufren como amenazas a muerte, ataques a sus familias, y la prohibición de circular en la zona de Quebrada de Arena.
Frente a esta situación, recordaron al Estado de Honduras el cumplimiento del convenio, firmado en febrero de 2022, entre el movimiento campesino y el gobierno, el cual incluye como uno de sus compromisos la conformación de la Comisión Tripartita bajo la coordinación del Instituto Nacional Agrario (INA), en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria. “En este sentido, reiteramos nuestra solicitud de acción directa y coordinada de dicha instancia para garantizar una respuesta integral y efectiva que permita abordar las causas del conflicto y prevenir nuevos actos de violencia en la región”, señalaron las organizaciones internacionales.
En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) manifiestó preocupación por los recientes hechos violentos contra el movimiento campesino en el Bajo Aguán e hizo un llamado al gobierno de Honduras para “abordar las causas estructurales que subyacen a la histórica conflictividad en la zona, mediante la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán”.
“Las cooperativas han sido víctimas de al menos dos muertes violentas por arma de fuego, desplazamiento forzado de al menos 150 familias, así como múltiples actos de intimidación y amenazas. La información recibida por la Oficina releva que los presuntos responsables de estos hechos serían estructuras del crimen organizado, que estarían generando una fuerte escalada de violencia en la zona, lo que representa un riesgo inminente para la vida de las comunidades campesinas”, alertó.
DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS COMUNICADO DEL PUEBLO CREYENTE
Año jubilar jTatic Samuel: “Caminante en el corazón de los Pueblos”
“…Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los acontecimientos que afectan a los ciudadanos”. (La alegría del Evangelio #183)
A TODO EL PUEBLO CREYENTE
A LAS Y LOS CREYENTES DE LAS DIFERENTES DIÓCESIS A LA SOCIEDAD CIVIL
A LAS PERSONAS DE OTROS CREDOS RELIGIOSOS
A LOS HOMBRES Y MUJERES DE BUENA VOLUNTAD
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES E INTERNACIONALES
En este Año Jubilar “jTatic Samuel caminante en el corazón de los pueblos. Memoria y horizontes”, agradecemos a papá-mamá dios, a nuestra diócesis, parroquias, zonas y comunidades, que hemos podido trabajar retomando los 100 años del nacimiento de jTatic Samuel, los 50 años del Congreso Indígena de 1974, los 10 años del Congreso de la Madre Tierra y el Congreso Jubilar Diocesano de 2024.
JTatic Samuel acompañó al pueblo, aprendió de él y se adaptó a sus costumbres, además fue conociendo las diferentes necesidades de cada comunidad. El pueblo a través de la reflexión de la Palabra de Dios se dio cuenta de lo que más necesitaban en sus comunidades: educación, caminos, clínicas, el precio justo de la canasta básica, etc.
Se retomaron la Memoria histórica y los caminos que construyen la vida para ver el horizonte de los pueblos. Se utilizaron muchas herramientas y se formaron diferentes áreas para ir atendiendo las diferentes necesidades. También sembró semillas de buena palabra.
En el Congreso de 1974 se reflexionó sobre tierra, educación, comercio, salud e igualdad en la justicia. Se pusieron las líneas de acción para cada zona y parroquias.
Por todo este caminar y la exigencia de justicia, empieza la persecución al jTatic Samuel y a los servidores y servidoras de la diócesis de San Cristóbal Las Casas.
En la actualidad desde hace tiempo venimos denunciando que las autoridades de los tres niveles de gobierno tanto municipal, estatal y federal desempeñen correctamente sus labores ante tanta inseguridad en que se vive. Que caminen en las comunidades, como lo hicieron durante sus campañas electorales, para que conozcan verdaderamente las necesidades que se viven y las atiendan oportuna y eficazmente.
Que los gobernantes, que fueron elegidos por una parte del pueblo, cumplan su papel de garantizar sus derechos y no para oprimir con sus leyes autoritarias, ni como cómplices del mal y no hagan oídos sordos ante la violencia que trae sufrimiento a los pueblos.
Recordamos que la situación de inseguridad y violencia que viven varios municipios de Chiapas no es un conflicto social, sino que es provocada por diferentes grupos del crimen organizado que se disputan el territorio por intereses de máxima ganancia y que tienen secuestrado a nuestros pueblos, además les obligan a ponerse como barrera humana, exponiéndolos a la muerte o a ser criminalizados por las autoridades. También han controlado el mercado de los productos de los campesinos por algunas personas que los mismos grupos del crimen organizado han puesto. Encareciendo los productos y por ende mermando el bolsillo de las personas más pobres. Además de crear confrontaciones al interior de las comunidades.
Que el derecho a una vida digna se cumpla con justicia y libertad ante tanta marginación, injusticias e impunidad que acontece en nuestro Estado de Chiapas. Dar una verdadera atención al pueblo que sufre y no se haga simulación mediática de estar resolviendo los problemas.
Hacemos las siguientes demandas para que haya justicia, paz, tranquilidad en las comunidades y esclarecimiento de los hechos de violencia:
Urge el reconocimiento público por parte del estado de las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia criminal. Así como su atención integral, que incluye la garantía de un retorno seguro y permanente, libre de violencias.
Urge el desarme de los grupos criminales que provocan el desplazamiento forzado.
Urge que el gobierno ponga un alto al crimen organizado.
Que el asesinato del Padre Marcelo no se quede impune y que se agilice la investigación para encontrar a los verdaderos culpables materiales e intelectuales.
¡Alto a la venta de drogas, alcohol y proliferación de cantinas!
¡Alto al reclutamiento de las y los jóvenes por parte de grupos criminales!
¡Alto a la violencia del crimen organizado!
¡Alto a los asesinatos!
¡Alto a la explotación sexual de las personas, mexicanas y extranjeras!
¡Alto a los crímenes que destruyen la vida de nuestros pueblos originarios!
¡Alto a la violencia de grupos caciquiles!
Como Pueblo Creyente seguiremos nuestros compromisos y tareas:
Denunciando las injusticias y violaciones de derechos humanos
Seguiremos recordando a nuestros Mártires y nuestras Mártires, que entregaron su vida por la causa de la justicia, la verdad y el bien, desde hace varios años y en el presente, nunca les vamos a olvidar.
Como pueblo de Dios estamos diciendo la verdad de lo que vivimos, no estamos exagerando.
Continuaremos trabajando con los acuerdos del Congreso Diocesano 2024: Involucrarnos en la realidad actuando desde el Evangelio.
Fortalecer el sentido comunitario para la unidad.
El acompañamiento a las nuevas generaciones, niños-niñas, adolescentes y jóvenes. En la construcción de la paz.
En los acuerdos parroquiales.
Hacemos un llamado a la solidaridad a otras personas de diferentes credos, colectivos, organizaciones y personas de buena voluntad a sumarse a la construcción de la paz en nuestro estado de Chiapas, en México y en el mundo, porque Dios nos creó libres y para ser felices en esta tierra tan hermosa que habitamos.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; a 25 de enero de 2025 AÑO JUBILAR JTATITC SAMUEL: “Caminante en el corazón de los Pueblos”. PUEBLO CREYENTE DE LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
¡VIVA EL PUEBLO CREYENTE!
¡VIVA LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS!
¡VIVA LA PROVINCIA DE CHIAPAS!
¡VIVAN LOS OTROS CREDOS RELIGIOSOSOS!
¡VIVAN LAS MUJERES Y LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD!
Las comunidades campesinas de los andes de Lima se organizan ante la aprobación de minería aurífera en el nevado Llongote, donde nace el río Yauyos-Cañete.
Esta cuenca recorre dos provincias agrícolas de la capital del Perú, Cañete (a 100 kilómetros al sur de Lima metropolitana) y Yauyos (a 220 kilómetros al suroeste de Lima metropolitana).
Yauyos se localiza en la sierra limeña, en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. En sus alturas se encuentra la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas, apreciada por la belleza de sus lagunas. Las poblaciones temen que este ecosistema sea contaminado.
En Catahuasi, distrito de la provincia Yauyos, este domingo 19 de enero representantes de algunas de las 60 comunidades campesinas provinciales discutieron la creación de un frente de defensa que se posicione contra la explotación de oro en el nevado Llongote, ubicado a 13 kilómetros del centro de Yauyos.Nobel Rodríguez Parra, presidente de la comunidad campesina Huangáscar, durante asamblea de comunidades el 19 de enero, en Catahuasi
Las autoridades comunales coinciden en proteger la cabecera de cuenca y la vida de sus valles, donde se cultivan variedades de frutas que se distribuyen en la capital. La ganadería ovina y de camélidos -en las pampas más altas- es la otra actividad económica vital en la provincia. En su parte baja, el caudal riega el territorio de Cañete, provincia de alta producción de frutas para la agroexportación.
“Hemos decidido activar nuestras rondas campesinas, no dejaremos que pase la minería, que ingresen a nuestras tierras, no vamos a dejar que se posesionen. Sabemos que las empresas mineras van a atacar, intentarán dividirnos, comprarnos, atacarnos, estamos preparados para defender el agua con nuestra vida”, expresó el presidente de la comunidad campesina Huangáscar, Nobel Rodríguez Parra.
Comunidades campesinas en abandono
Un mensaje repetido por los comuneros es el olvido por parte del gobierno central, la falta de infraestructura y servicios básicos en comparación con otras provincias de Lima y localidades del país.
En Yauyos hay más de 60 comunidades campesinas en cuyos orígenes convergen culturas ancestrales andinas, como la kauki, aimara y quechua.
“¿Cómo en una cabecera de cuenca se va a permitir una concesión minera? Las comunidades campesinas de Yauyos, como las de toda Lima, se encuentran abandonadas. Para solucionar los problemas ambientales debemos empezar por solucionar la situación de las comunidades”, señala el economista Juan Romero, dirigente de la provincia de la sierra limeña.
El nevado de Llongote se ubica en el área de la comunidad Santo Domingo. En la Ley de Comunidades Campesinas se establece como prioridad que el Estado reconozca un área de extensión a las poblaciones campesinas ancestrales. Sin embargo, en Yauyos no están registradas formalmente sus tierras comunitarias ni sus juntas directivas.
A su vez, el concejo de cuenca del río Yauyos-Cañete no está en funcionamiento, advierten desde las comunidades yauyinas. De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, las operaciones mineras que autoriza la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben contar con el visto bueno de estos organismos, conformados por instituciones, grupos técnicos y la sociedad civil.
“Las comunidades campesinas son las llamadas a prevalecer la identidad ancestral que tienen los pueblos milenarios”, añade Romero. En comunidades de Yauyos aún se conservan dos lenguas originarias que se resisten a desaparecer: el jaqaru, hablado por menos de 500 personas; y el kauki, hablado por alrededor de 150 personas, según la Base de Datos de Pueblos Originarios del Ministerio de Cultura.
Extractivismo en la provincia
El 25% del territorio de Yauyos había sido concesionado a mineras hasta el año 2016, de acuerdo a un reporte de Cooperacción.
En la asamblea de las comunidades campesinas, el relato recurrente en torno al avance de la minería apunta a la corrupción de autoridades de las instituciones públicas; al convencimiento de poblaciones campesinas a cambio de favores, como obras e infraestructura; y al soborno de comuneros en forma de bienes y dinero.
Cuando representantes del proyecto Gloria, en diciembre pasado, intentaron convencer a la población de que apruebe la licencia social para la exploración de oro en las montañas, se realizó la primera protesta contra la actividad minera, autorizada en 2020 por el Gobierno Regional de Lima.
La Dirección Regional de Energía y Minas, mediante la resolución 53-2020, otorgó a la empresa nacional Los Chunchos S.A.C. la concesión de más de 130 hectáreas en las alturas de la cadena montañosa. Todavía no está autorizada la fase de exploración y tampoco se ha realizado aún la licencia ambiental.
La compañía, considerada de fondos pequeños y medianos, ya cuenta con otras dos operaciones mineras en 1890 hectáreas de la provincia, para las que el Ministerio de Energía autorizó en 2011 actividades de explotación subterránea. Se teme que una posible extracción de oro en el nevado atraiga a grandes capitales mineros y se derive en un desastre ambiental.
La posición de algunos comuneros ante la gran minería es favorable “si es responsable”. Para el caso del nevado Llongote, es unánime la postura de no aprobar la licencia social, que no es una figura legal, pero resulta determinante para la ejecución de proyectos mineros. En la práctica funciona como el permiso de las comunidades, garantiza que no habrá conflictos sociales.
Al respecto, autoridades municipales respaldan a las comunidades campesinas de su jurisdicción. La Municipalidad de Viñac, donde el Gobierno Regional de Lima ha concesionado 900 hectáreas para la extracción de minerales, se manifestó en contra del proyecto Gloria y pidió a la población no otorgar la licencia social.
A los yauyinos les genera más desconfianza que la concesión se haya aprobado en los primeros meses de la pandemia por coronavirus y la celeridad en la construcción de una carretera en la zona. Actualmente, la empresa ya trasladó maquinaria pesada a la zona
En este encuentro se acordó debatir la conformación de frentes de defensa zonales en una próxima reunión, debido a falta de representatividad. Las distancias entre los pueblos yauyinos complican la organización provincial.
“Lo importante aquí es que este frente de defensa sea conformado por las personas adecuadas, tienen que ser autoridades comunales comprometidas con la defensa de sus pueblos, que no se dejen comprar por las mineras”, resalta Antonio Lázaro, presidente del Comité de Gestión de la Carretera Qhapac Ñan, integrado por dirigentes de las regiones Lima, Junín y Huancavelica.
En portada: Pobladores Ayuuk de Mogoñe Viejo durante su participación en las acciones de protesta durante el campamento “Tierra y Libertad”, el cual fue desalojado violentamente en abril del 2023.
En días recientes, pueblos Ayuuk y Zapotecos del norte del istmo oaxaqueño se declararon en resistencia frente a los abusos y afectaciones provocadas por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en sus territorios. Pese a que en un inicio el gobierno federal les informó que los trabajos se limitarían a la modernización en las vías férreas, en los años recientes la instalación del megaproyecto ha provocado afectaciones severas debido a las obras de la Estación Mogoñe, que necesita adecuaciones para el tránsito de trenes de carga, que atraviesan su territorio.
Las y los ejidatarios Ayuuk de Mogoñe Viejo, en el municipio de San Juan Guichicovi, se han movilizado constantemente desde 2023. En febrero de ese año, los ejidatarios instalaron el campamento “Tierra y Libertad” como respuesta a lo que consideraron la imposición de las obras del CIIT. Durante 62 días, tiempo que se mantuvo el campamento, recibieron el apoyo de otras comunidades indígenas y activistas.
A pesar de acuerdos iniciales que limitaban el impacto del megaproyecto en los cercados y parcelas colindantes, las comunidades argumentan que ha ocasionado daños significativos y ha promovido desplazamiento forzado de familias zapotecas en Rincón Viejo, en el municipio vecino de Santa María Petapa.
Pobladores Ayuuk de Mogoñe Viejo durante su participación en las acciones de protesta durante el campamento “Tierra y Libertad”, el cual fue desalojado violentamente en abril del 2023.
Mediante asamblea realizada en enero del 2025, ejidatarios de Mogoñe Viejo decidieron reactivar las acciones de resistencia en el campamento dentro de su territorio, en las colindancias de las vías del tren, en el mismo lugar donde estaba el campamento “tierra y libertad”. Esto acontece al mismo tiempo que arrecia la criminalización contra habitantes del mismo ejido, así como de Rincón Viejo y contra defensores de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
Juana Ramírez, integrante de esta organización, expresa para Avispa Mídia que desde el año 2019, en el momento en que se realizaron las consultas para la construcción del CIIT, que califica como “simulación”, los pobladores han exigido diálogo con funcionarios y dependencias que participan de las obras, quienes se han negado a atender sus exigencias. Al contrario, como lo señala Ramírez, en el caso de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar, quien coordina las obras), han realizado permanentemente acciones de intimidación y amenazas contra la población indígena.
Persecución
Ramírez informa que las acciones de protesta actualmente están enfocadas en mantener actividades pacíficas en el campamento. Ella asevera que la criminalización se intensificó tras el desalojo violento, por elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y marinos, del campamento “Tierra y Libertad”, el 28 de abril de 2023, momento en que arreciaron acusaciones penales contra los indígenas que participaban de la resistencia al CIIT.
El abogado José Cayetano, también integrante de Ucizoni, detalla a Avispa Mídia que actualmente existen procesos penales contra 24 personas, a quienes, entre otros cargos, se les acusa por violación a la ley de vías generales de comunicación y delitos de invasión al derecho de vía relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Entre los demandantes se encuentra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT).
La ampliación del derecho de vía exigida por las autoridades amenaza viviendas y parcelas de familias en la región.
Acorde a Ramírez, fue en mayo del 2023 cuando se enteraron de la existencia de procesos penales contra, en ese momento, 16 personas. “La primera carpeta de investigación se deriva de la detención de los seis compañeros que fueron detenidos en el desalojo del campamento. La segunda carpeta se genera por el acompañamiento que brindamos a la manifestación pacífica que se mantenía en el campamento”, relata.
Ramírez señala que en el análisis de la defensa legal de la población Ayuuk se han percatado que existen irregularidades. “Dos de los procesos penales están compuestos por las mismas declaraciones. Es un copia y pega”, acusa la también litigante, además de enfatizar que en las acusaciones se señala que los manifestantes obstruían las vías del tren, “cuando nunca fue así”.
Está previsto que este miércoles (22) se realice la audiencia inicial contra ocho personas de la comunidad de Rincón Viejo dentro de la causa penal OAX/000574/2024. En ella, se formularán los cargos contra los acusados y se determinará cómo deberá continuar el proceso. Para ambos abogados de Ucizoni, la única salida viable es el desistimiento de las acciones legales y un diálogo abierto con las comunidades afectadas.
Mientras que el cuerpo presenta impactos de bala, aún se desconoce el móvil del asesinato que ocurre en el contexto de incremento de amenazas y la persecución judicial contra pobladores que resisten al CIIT.
Abusos, ignorados por la CNDH
Ucizoni ha promovido tres quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el CIIT. Sin embargo, estas quejas han sido desestimadas. “Nunca nos informaron sobre los avances de las investigaciones”, acusa Ramírez. Además, denuncia que personal de la CNDH intimidó a los habitantes de Mogoñe Viejo para que no presentaran más quejas.
La abogada Juana Ramírez relata que promovieron una primera queja por los abusos contra los pobladores de Mogoñe Viejo, a quienes durante una asamblea el 6 de mayo del 2022, con la representación de los responsables por las obras, se les informó que los trabajos se limitarían a cambios de durmientes, balastros y nivelación de terreno, sin afectar sus predios, situación que con el avance de las obras no se cumplió.
Ucizoni también promovió una queja por las afectaciones contra pobladores de Rincón Viejo y destaca la denuncia por las intimidaciones, durante una asamblea en enero del 2023, por parte de Mariano Avendaño Ulloa, representante del FITyel capitán Jorge Mario Bremont Zamorano. Fue en esa reunión donde, tras intimidaciones, los pobladores de Mogoñe Viejo fueron forzados a firmar un documento en el cual permitían los trabajos en las vías férreas correspondientes al tramo 2.3, de Paso Real Sarabia a Estación Mogoñe.
Trabajos para la ampliación del derecho de vía del tramo 2.3 de la Línea Z del CIIT.
En este documento, anexado en la queja dirigida a la CNDH, se constata que el derecho de vía se amplía hasta 35 metros por cada lado, es decir, 70 metros en total. Aún más grave es que los funcionarios añadieron una advertencia para cualquiera que se manifestara ante este hecho. “Por ningún motivo serán interrumpidos los trabajos por los colindantes. Persona que interrumpa los trabajos será denunciada ante el Ministerio Público Federal”, se lee en el acta de la asamblea.
A su vez, integrantes de Ucizoni levantaron una queja más por amenazas del crimen organizado y la criminalización de parte de las autoridades contra los defensores. Ante el cuestionamiento sobre la respuesta de parte de la CNDH, Ramírez asevera que no existió ninguna. “Les dieron carpetazo a las quejas. Nunca tuvimos información. Es evidente que hay también cierta discriminación hacia nuestra gente. Después que metimos las quejas, en mayo de 2024, personal de la CNDH asistió a Mogoñé Viejo. Asistieron a esta visita diciéndoles de que ya no presentarán más quejas, intimidándoles de que no estaban en su derecho de quejarse”, denuncia la litigante.
Para Juana Ramírez la situación es grave pues tanto defensores como pueblos indígenas son criminalizados por las acciones de protesta ante un megaproyecto que causa afectaciones ambientales y sociales. “Incluso, el gobierno federal nos acusa de invasores, cuando sabemos de por medio, que nuestros abuelos, abuelas que han habitado por mucho tiempo todo ese tramo, pues es una herencia que nos dejaron”, sostiene y, además, subraya que la exigencia actual es el desistimiento de la acción penal contra la población.
Mercancías, por encima de derechos humanos
La Línea Z del CIIT, una de las tres vías férreas que conforman el megaproyecto, conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, en el océano Atlántico y Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico y está operativa desde diciembre del 2023.
Acorde a un reporte del director general del CIIT, vicealmirante Juan Carlos Vera Minjares, en el periodo de un año, la Línea Z habría movilizado más de 231 mil toneladas de carga y más de 65 mil pasajeros. Ya desde junio de 2024, el gobierno federal, destacó que entre la carga transportada se encuentran materiales para la construcción como arcilla, cemento y arena, así como maíz.
Ese mismo mes, el FIT anunció con bombo y platillo el éxito de la primera operación de carga desde Salina Cruz, Oaxaca hasta Chinameca, Veracruz, un centro logístico de la agroindustria el cual recibió 13,500 toneladas de maíz blanco, procedentes de Sinaloa, para la empresa Grupo Maseca. Posteriormente, en agosto de 2024, se formalizó un acuerdo comercial con Grupo Minsa para el traslado de granos de maíz hacia su planta de harina en Jáltipan, Veracruz.
Ya en el último tramo del sexenio de López Obrador, el entonces secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, enfatizó que pese a que ya operan algunos tramos del CIIT aún proyectaban mantener obras complementarias, las cuales preveía concluir en el año 2025. Sobre todo, éstas se encaminan a concretar la estrategia prioritaria descrita en el programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 que busca fortalecer la infraestructura productiva en materia de transporte, logística, energía, hidrocarburos y telecomunicaciones.
Carlos Beas enfatiza que, pese a que la confrontación de los pueblos se da con el gobierno mexicano, éste no es el principal beneficiado, pues emprendimientos proyectados para el Corredor como gasoductos, generación de hidrógeno, desalinizadoras, productoras de energía fotovoltáica y eólica, entre muchos otros responden a intereses del gran capital trasnacional.
Beas detalla que las afectaciones por las obras del CIIT también son palpables en la zona sur del istmo, en lugares como Salina Cruz donde la población pescadora ya está siendo afectada por la instalación de un enorme rompeolas que modificó la actividad de la cual dependen las familias de la región. Por ello, lamenta que la imposición de un megaproyecto que se centra en la modernización de la infraestructura deja de lado las prioridades de la población local, además de incrementar la violencia, inseguridad y daños ambientales. “Es un proyecto transnacional que está siendo autorizado en México por el gobierno mexicano sin haberse realizado una manifestación de impacto ambiental seria”, denuncia.
Elementos de la Semar realizan acciones de intimidación y amenazas contra los pobladores inconformes con el CIIT.
El integrante de Ucizoni remarca que, previo a la fase actual, las poblaciones identifican la militarización del megaproyecto cuando, a finales del año 2023, se asigna a la Semar como coordinadora de las obras. “Entonces tenemos diferentes casos de criminalización en el Istmo: en Mixtequilla, donde hubo oposición hacia un parque industrial por los manejos de los recursos y los impactos que iba a tener, pues fueron encarceladas 9 personas. También el caso de los vecinos zapotecas de Puente Madera del municipio de San Blas Atempa”, destaca algunos de los conflictos sociales derivadas del CIIT.
A mediados del 2024, el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que las tareas de seguridad están respaldadas por una Brigada de Infantería de Marina con 2 mil 512 elementos desplegados en cuatro batallones que cubren 21 unidades destacamentadas. Sólo en la Línea Z del ferrocarril se han desplegado al menos 1,800 militares y elementos de la Guardia Nacional para su resguardo.
