^{por Darío Aranda / Foto de portada: Subcoop.}

Estados Unidos explicitó su interés en el litio, los hidrocarburos y el agua de América Latina. La generala Laura Richardson reconoció la intervención de su país para incidir en el manejo de los “recursos naturales”. Equinor y Shell en el Mar Argentino, la israelí Mekorot para el manejo del agua, Barrick en San Juan y Syngenta en la Casa Rosada. Más extractivismo, la democracia desnaturalizada y un modelo que consolida la dependencia.

La titular del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, reconoció públicamente el interés de su país en el litio y el agua de América Latina. “Tiene mucho que ver con la seguridad nacional (de Estados Unidos) y tenemos que empezar nuestro juego”, advirtió. Una ratificación de la incidencia y decisión que tiene la potencia del norte sobre los “recursos naturales” y políticas de la región. La declaración, que décadas atrás hubiera escandalizado a países que se declaran independientes y soberanos, circuló de forma crítica entre asambleas socioambientales y activistas, pero pasó desapercibida por la clase dirigente de Argentina.

No es casual esa inacción. No hay grieta entre peronismo y la Unión Cívica Radical-Propuesta Republicana (UCR-PRO) referido al extractivismo, donde sobresalen actividades impulsadas por potencias (Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Rusia y Francia, entre otras) y sus corporaciones mineras, petroleras y transgénicas.

En las últimas décadas, todos los gobiernos de Argentina actuaron en total alineamiento con los deseos y necesidades de esas potencias y empresas. Y no hay muestras de que vaya a cambiar con el próxima presidente/a. Al contrario, esos gobernantes (tanto nacionales como provinciales) replican esas lógicas coloniales en los territorios donde hay agua, minerales, hidrocarburos, bosques, naturaleza.

Textuales militares del Comando Sur

El Comando Sur de Estados Unidos es uno de diez espacios militares del Departamento de Defensa de ese país distribuidos alrededor del mundo. El Comando Sur tiene “jurisdicción” e influencia directa sobre todos los países del América Latina (a excepción de México, que figura bajo el Comando Norte).

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La autoridad militar Laura Richardson fue explícita:

-“¿Por qué es importante esta región? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60 por ciento del litio del mundo está en el triángulo de litio: Argentina, Bolivia, Chile”.

-Señaló la existencia de “las reservas de petróleo más grandes” y la importancia del Amazonas como “pulmones del mundo”.

-Precisó también que los países bajo el monitoreo del Comando Sur tienen “el 31 por ciento del agua dulce del mundo”.

-“Estados Unidos tiene mucho por hacer (…) Tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego”.

Gobiernos alineados

El alineamiento del gobierno de Mauricio Macri con Estados Unidos fue total. Basta recordar el primer encuentro con Donald Trump y las reuniones con empresas extractivas: desde las petroleras Halliburton, Exxon Mobil y Chevron hasta las del agronegocio Monsanto y Cargill.

El kirchnerismo también cuenta con variados antecedentes de solidas alianzas con corporaciones extractivas. Los encuentros de Cristina Fernández de Kirchner con Monsanto, Barrick Gold y Chevron son solo botones de muestra.

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Respecto al Comando Sur y Richardson, la Vicepresidenta recibió a la militar estadounidense en su despacho del Congreso Nacional el 26 de abril de 2022. Lo difundió la propia Cristina Fernández desde su cuenta de Twitter. “Hoy recibimos a la generala de cuatro estrellas Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia. Nos acompañó el embajador de ese país en Argentina, Marc Stanley”, resumió la Vicepresidenta. E incluso difundió una foto, sonrientes, del encuentro.

La Embajada de Estados Unidos hizo lo propio, en la misma red social: “La general Laura Richardson, primera mujer jefa del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió con la vicepresidenta @CFKArgentina, y conversaron sobre el importante rol de las mujeres en el mantenimiento de la paz y la seguridad en la región”.

En la misma semana de los dichos de Richardson, el peronismo gobernante dio claras señales de alineamiento con Estados Unidos. El presidente Alberto Fernández recibió al Asesor Especial del Presidente Joe Biden “para las Américas”. La Embajada de Estados Unidos difundió el encuentro: “Christopher Dodd se reunió con el presidente Alberto Fernández para conversar sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral y regional”. En otro twitt amplió la misión del enviado estadounidense en Argentina: “El Asesor Especial Dodd habló en la Celac con nuestros socios latinoamericanos y caribeños sobre la promoción de la democracia, los Derechos Humanos y el estado de derecho en la región, y sobre cómo podemos ayudar a alimentar y dar energía al mundo”.

En la cumbre de Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) realizada en Buenos Aires el presidente Fernández volvió mostró coincidencia con los planteos de Estados Unidos: “El mundo está necesitando hoy energía y alimentos y América Latina y el Caribe puede ser proveedora de ambas cosas”. Mencionó el gas y el litio y redobló la apuesta: “Debemos unir esfuerzos para lograr esa integración energética”.

Por su parte, el ministro de Economía, Sergio Massa, también se reunió con el embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, y con Christopher Dodd. Massa afirmó: “Estados Unidos es un gran socio comercial de la Argentina y es clave que sigamos incentivando sus inversiones en sectores estratégicos como la minería de litio, hidrocarburos, economía del conocimiento, agroindustria y energías renovables”.

En todos los discursos sobresale el nuevo “espejo de color”: el litio, presente en los salares de Catamarca, Jujuy y Salta y publicitados engañosamente como parte de una “transición energética” mediante los autos eléctricos. Desde hace más de una décadas que los pueblos indígenas y asambleas socioambientales denuncian la contaminación y el saqueo que implica la minería de litio.

De colonialismo y gerentes

Que otro país explicite sus intereses (y sus intervenciones) en Argentina y la región no ameritó replicas de clase política local. Es un espejo de cómo actúan funcionarios, científicos, economistas y periodistas (entre otros): decidir y opinar sobre territorios donde no habitan ni (muchas veces) conocen, ignorando las decisiones y modos de vida de quienes sí viven en las tierras pretendidos por el extractivismo.

“Es insólito que hablen sobre los ‘recursos’ de lugares que no habitan, es la lógica que subyace a gobernantes, ministros y empresarios. Para las comunidades el extractivismo, el despojo y el desarraigo tiene múltiples caras. Imperialismo y colonialismo interno se alternan. Muchos de los territorios que anhelan los imperios ya fueron certificados como zonas de sacrificio por los gobiernos nacionales y provinciales”, resumió el periodista e investigador del grupo de Ecología Política del Sur, Leonardo Rossi.

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En tiempos de sequía y crisis climática, se naturaliza que el ministro del Interior, Wado de Pedro, reciba en Casa Rosada a una empresa israelí (Mekorot) que intenta administrar el agua de cinco provincias (Río Negro, Catamarca, Mendoza, San Juan y La Rioja), se aplaude que el gerente general de Syngenta sea Jefe de Asesores del Presidente, se silencia el accionar contaminante de Barrick Gold en San Juan y se celebra que el Poder Judicial habilite la exploración petrolera en el Mar de Argentina, en beneficio de las empresas YPF, Equinor (de Noruega) y Shell (de Países Bajos).

En un año de elección presidencial, el abuelo diaguita Marcos Pastrana lo resume con precisión quirúrgica: “La democracia está desnaturalizada en su esencia. Hay una crisis muy grande de representatividad. Los representantes supuestamente del pueblo son solo representantes corporativos de partidos políticos y de multinacionales. No son gobernantes ni son ni funcionarios: son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes”.

^{En portada: El futuro ineludible de la minería. Extracción de ilmenita en Chiapas. Foto: Santiago Navarro F.}

La mayor parte de la actividad minera en México se ubica en zonas áridas y semiáridas, en los estados de Sonora, Zacatecas, Durango, Colima y Guerrero, los mismos que tienen el mayor volumen de agua concesionado.

El dato fue divulgado durante la presentación del Sistema de Información Geográfica, denominada Agua y Minería, herramienta desarrollada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Existen dos maneras de la industria minera para acceder al agua en territorio mexicano, explicó el director general del IMTA, Adrián Pedrozo Acuña. La primera es por la concesión de título de aguas nacionales, inscrito en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo la clasificación “uso industrial”.

Basado en este registro, en 2020, el volumen concesionado a la industria minera fue de 462.45 millones de m³ al año, donde más de 80% de las extracciones de agua se destina a la producción de cobre, oro y hierro.

El 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad y el 18.96% de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados.

Sin embargo, existe una segunda manera de la industria minera para acceder al agua. Es el uso de agua asociado directamente al título de la concesión minera, también llamada de uso libre o agua de laboreo. “La industria minera, específicamente la industria minera a cielo abierto, tiene la posibilidad de usar el agua que está libre, que se alumbra en los grandes pozos que se genera en el mismo territorio” de actividad minera, explica Acuña.

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Resulta que no existe un control, por parte del gobierno mexicano, del uso del agua por la vía de la concesión minera. “El Estado mexicano no sabe cuánta agua de laboreo es utilizada por la industria minera”, admite el director del IMTA.

El Instituto hizo una estimación del volumen del agua utilizada en 2020 por medio de las concesiones mineras. La aproximación revela que el uso fue casi tres veces más que el agua utilizada por medio de las concesiones de títulos de aguas nacionales: 1,131.58 millones de m³   por año. “Eso nos indica el tamaño del problema”, dijo el Acuña.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, admitió que la minería a cielo abierto requiere de grandes volúmenes de agua, lo que genera impactos negativos irreparables para las comunidades aledañas y sus ecosistemas. “En las últimas décadas la sobreexplotación de los yacimientos mineros ha contaminado ríos y mantos freáticos y se ha utilizado irracional y irresponsablemente del agua superficial y subterránea”, dijo.

Más agua

Acuña explicó que, en la actualidad, se requiere cada vez de mayores cantidades de agua para separar los minerales del suelo.

“Es cada vez más complicado encontrar minerales en el suelo. Se requiere de muchísima agua, lo que genera muchos más residuos, de manera que las presas de jales (presas formadas por residuos tóxicos del proceso de extracción de minerales) son mas grandes”, explica.

Para tener una idea, en el año 1900, por una tonelada de suelo removido se lograban 20 gramos de oro, y se generaban 999 mil 980 gramos de jales. Hoy, de una tonelada de suelo removido es posible sacar cinco gramos de oro, y se generan 999 mil 995 gramos de jales.

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El aumento del volumen de agua y de residuos “genera diferentes crisis”. “Por un lado, la necesidad de tener más agua para los procesos de concentración de minerales y, por otro, (son necesarios) más procesos de tratamiento para que los lixiviados y toda aquella agua residual no contaminen los cuerpos de agua que tenemos”, dijo Acuña.

Para 2050, las dos autoridades ambientales, Albores y Acuña, admiten que los riesgos hídricos asociados a la minería serán inmensos y ocasionarán mayor escasez, contaminación y conflictividad.

^{En portada: Mariano Abarca al micrófono durante las protestas en la embajada de Canadá ubicada en la Ciudad de México durante 2009.}

La Corte Suprema de Canadá cerró la puerta a cualquier investigación sobre el papel de la embajada de dicho país en México en el asesinato de Mariano Abarca, defensor del medio ambiente en Chiapas.

Abarca, líder comunitario de Chicomuselo, fue asesinado en 2009 debido a su activismo contra los impactos sociales y ambientales de las operaciones mineras de la canadiense BlackFire Exploration, empresa que explotó concesiones de titanio en la región de la Sierra Madre.

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La reciente decisión de la Corte responde a una queja presentada por la familia de Abarca sobre el rol de la diplomacia canadiense. En el año 2018, y bajo la ley de denunciantes de Canadá, los familiares del activista chiapaneco argumentaron que el apoyo incondicional de la Embajada de Canadá a Blackfire Exploration puso a Mariano Abarca en mayor riesgo durante las semanas y meses previos a su asesinato.

“Ignorando más de 1,000 páginas de pruebas que documentaban las acciones de la Embajada en apoyo a la empresa, el Comisionado de Integridad para la Administración Pública de Canadá -cuya responsabilidad es examinar denuncias y garantizar la confianza en el sector público- se negó a abrir una investigación”, difundió este lunes (23) la organización Mining Watch.

La resolución de la Corte contradice la revisión del juez federal de Canadá, Keith Boswell, quien en 2019 admitió que Abarca “quizás no hubiera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”.

No obstante, pese a los recursos presentados ante el Comisionado no consiguieron la apertura de una investigación y el 12 de enero la Corte Suprema rechazó el recurso de apelación presentado por la familia Abarca.

“Hemos agotado todas las vías para llegar a la verdad en Canadá”, informó José Luis Abarca, hijo de Mariano, quien señaló que ahora acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir justicia.

“Mi padre fue asesinado hace 13 años y, hasta el día de hoy, no estamos más cerca de comprender el papel que los funcionarios canadienses pudieron haber desempeñado en poner en peligro su vida. Mientras no se investiguen las acciones de estos funcionarios canadienses, las embajadas de Canadá en todo el mundo seguirán prestando un importante apoyo diplomático a empresas mineras canadienses, probablemente poniendo en peligro las vidas de otros defensores de derechos humanos y del medio ambiente. Es hora de que recurramos a organismos internacionales para que Canadá rinda cuentas”, sostuvo el hijo del defensor asesinado.

Diplomacia económica

La cronología elaborada por el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP por sus siglas en inglés), sobre el asesinato de Mariano Abarca, enfatiza que el crimen ocurrió apenas siete semanas después de que diplomáticos canadienses se reunieron con funcionarios del gobierno chiapaneco para promover las actividades de la minera BlackFire Exploration.

Ahora,con la resolución de la Corte Suprema se ha puesto un fin a la posibilidad de investigación, administrativa y judicial, sobre las irregularidades en que incurrieron funcionarios canadienses en el asesinato del defensor del medioambiente, apunta el asesor jurídico de la familia, Nicholas Pope.

“La integridad de los procedimientos de revisión ética de Canadá en sus actividades internacionales es un asunto que preocupa enormemente a los canadienses. Es lamentable que la Corte haya cerrado esta puerta”, compartió el abogado.

Por su parte, Shin Imai, también integrante de JCAP, sostuvo que este caso cobra relevancia debido a que habría puesto a prueba al sistema de denunciantes de Canadá, “con importantes implicaciones para la democracia, la transparencia y el problemático apoyo diplomático de Canadá a las empresas canadienses en el extranjero”.

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Según Mining Watch, en 2022, el valor de los activos mineros canadienses en el extranjero ascendía a 188,000 millones de dólares, “activos de propiedad de empresas que reciben un importante apoyo financiero y diplomático del gobierno canadiense”, recalca la organización.

Ante ello, otra integrante de JCAP, la profesora Charis Kamphuis, afirma que la diplomacia económica puede tener repercusiones negativas sobre los derechos humanos y estar en contradicción con las obligaciones internacionales de Canadá.

“Los funcionarios canadienses ofrecen un sólido apoyo político para promover los intereses mineros canadienses en el extranjero y a menudo no respetan las propias políticas canadienses de protección de defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente amenazados”. Una muestra de ello, acorde a la profesora, es el caso de Mariano Abarca, pues “los tribunales canadienses no quisieron tomarse en serio esta cuestión y exigir una investigación de las acciones de los funcionarios canadienses”.

Otros Mundos Chiapas y la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), quienes trabajaron con Abarca antes de su asesinato, afirman que la negativa de la Corte Suprema de Canadá a escuchar esta apelación es “decepcionante”.

Según Gustavo Castro, “reafirma nuestra percepción de hasta qué punto las autoridades canadienses están capturadas por los intereses de sus empresas mineras. Este caso trata del asesinato de Mariano Abarca en México, pero también de los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente que protegen su tierra y su agua de los daños causados por las explotaciones mineras canadienses en América Latina y en todas partes”.

El acaparamiento de tierras en territorios indígenas de Brasil está relacionado con el lucro de una empresa francesa de supermercados. Así lo expone una demanda realizada, desde el 3 de marzo de 2021, por una coalición formada por organizaciones brasileñas y colombianas de defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.

Acompañadas de ONGs internacionales, las organizaciones latinoamericanas denunciaron a la cadena de supermercados Casino/Pão de Açúcar ante los tribunales franceses por violación de su deber de vigilancia en su cadena de suministro.

En la demanda se acusa a Grupo Casino/Pão de Açúcar por no haber tomado las medidas necesarias para excluir de su cadena de suministro, tanto en Brasil y Colombia, la carne de vacuno procedente de la deforestación ilegal y de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas.

Ahora, en vísperas de la audiencia que se celebrará con el Grupo Casino/Pão de Açúcar, relacionada con la deforestación en la Amazonía brasileña, la asociación Jupau, que representa al pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau, ubicado en el estado de Rondonia, Brasil, confirmó oficialmente su interés en unirse a la coalición internacional que ha presentado la demanda en Francia contra la cadena de supermercados.

Según un informe del Centro de Análisis de Crímenes Climáticos (CCCA), la ganadería es la principal causa de deforestación en el territorio del pueblo indígena Uru-Eu-Wau-Wau. Más de 25 mil 482 cabezas de ganado se encuentran allí ilegalmente y se ha deforestado 13mil 411 hectáreas de terreno para producción de pasto, lo que representa una superficie mayor que la ciudad de París.

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El informe indica que, de acuerdo a registros oficiales de transporte de animales, se han identificado tres granjas establecidas ilegalmente en el territorio del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau y conectadas a la cadena de suministro de un matadero de la empresa brasileña JBS, proveedora de las tiendas del grupo Casino en Brasil.

Ante estas evidencias, el pueblo Uru-Eu-Wau-Wau exige, a través de la demanda, la reparación de los daños medioambientales y las violaciones de los derechos humanos causados por la deforestación ilegal y la actividad ganadera.

Bitaté Uru-Eu-Wau-Wau, representante del pueblo Uru-Eu-Wau-Wau, espera “que el caso del Casino sirva de ejemplo a otras empresas y que contribuya a reducir la deforestación en la Amazonia, así como a garantizar los derechos de los pueblos indígenas”.

Colombia

Acorde a denuncias de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA, por sus siglas en inglés), la deforestación ligada a la cadena de suministro de la empresa Casino también se repite en la Amazonía colombiana a través de su filial de supermercados Éxito.

A través del cruce de datos de vacunación, de transporte del ganado y con entrevistas directas a proveedores, EIA demuestra que parte del ganado comercializado por la filial colombiana de Casino proviene de fincas instaladas “en terrenos deforestados ilegalmente de parques nacionales donde operan además grupos armados”.

“Un proveedor indirecto de Casino ejerce, por ejemplo, la posesión de alrededor de 800 hectáreas dentro del parque natural de Chiribiquete, de las cuales 400 hectáreas fueron deforestadas y convertidas en pastos”, indica el documento que fue presentado ante los tribunales franceses para sostener la demanda contra Casino.

A partir de 2017, las leyes francesas obligan a las empresas, con sede en el país europeo y que emplean a miles de personas en el mundo, a prevenir las violaciones de derechos humanos y a no dañar el medio ambiente. Con base en esta legislación fue que varias ONG francesas iniciaron siete causas contra transnacionales por violar directamente o a través de proveedores indirectos, los derechos ambientales o sociales.

Las demandas no se limitan a la actividad agroindustrial del grupo Casino. En la mira están también la empresa de electricidad EDF por la imposición de un proyecto eólico en México; el gigante de distribución de agua potable Suez en Chile; y la petrolera TotalEnergies con un megaproyecto de extracción de crudo en Uganda.

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Pese a las acciones judiciales, aún no se han dictado sentencias.