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FRENTE AL DESPRECIO DEL ESTADO, A LA COMPLICIDAD SHEINBAUM-EVELYN-SALGADO-MERCEDES-CARVALLO-CHINO, LLAMAMOS A LA SOLIDARIDAD Y ANUNCIAMOS LA VISITA DE UNA MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN, A LAS COMUNIDADES DESPLAZADAS DE LA MONTAÑA BAJA DE GUERRERO.

Al Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata

A las Redes de Rebeldía y Resistencia

A la Europa Insumisa

A los Organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales.

A los medios de comunicación.

Al pueblo de México

Al pueblo de Guerrero.

A quienes en el gobierno federal y en el gobierno estatal de Guerrero, les quede un poco de sensibilidad, humanidad y sentido común.

18 de mayo de 2026.

Tras 6 días de ataques, a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, Tula, Xicotlán, Acahuehuetán y Alcozacán, que forman parte del CIPOG-EZ y del Congreso Nacional Indígena, iniciados el 6 de mayo de 2026, tras la presión internacional y nacional de colectivos, organizaciones, académicos y centros de derechos humanos, el gobierno mexicano tuvo que rehacer su narrativa de “no pasa nada”, “son solo 76 desplazados”, “son 96 desplazados”, “son 200 desplazados”, transitando hacia el reconocimiento de un conflicto menor, pero acomodado como un conflicto entre grupos delincuenciales.

El gobierno mexicano asistió a la zona atacada después de que permitieron el desplazamiento de más de 2000 personas de sus comunidades, que fueron atacadas con armas de alto poder y drones; es obvio que esos ataques ocurrieron, por que lo permitieron las corporaciones de seguridad y que los municipios, principalmente el de Chilapa encabezado por mercedes Carballo Chino, no dio aviso sobre la situación, encubrieron a los atacantes. Destacamos la lamentable actuación del Subsecretario de desarrollo político y social Francisco Rodríguez Cisneros, que todo el tiempo minimizó los ataques, dialogó con los atacantes y no contuvo ni mucho menos enfrentó a los agresores, argumentó que fue retenido el 11 de mayo en el Crucero del Jagüey y no llegó a las comunidades que estaban bajo ataque, el mismo día, el gobierno federal anuncia que ya están atendiendo la situación, el mismo día que atacaban Alcozacán (de más de 1200 habitantes), comunidad a la que se fueron los desplazados y de donde tuvieron que huir a la montaña, a las cuevas y barrancas.

Es lamentable que el gobierno mexicano insista en criminalizar a las comunidades agredidas, creando la versión del “enfrentamiento entre grupos criminales” para explicar el desplazamiento de más de 2000 personas, los ataques con drones y armas de alto poder, del grupo criminal los ardillos contra niñas, niños, abuelas y abuelos pertenecientes a las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán. Resulta aún más absurda la versión de Omar García Harfuch, cuando estas comunidades, (que además de pertenecer al CIPOG-EZ, también constituyeron su propio sistema de justicia que es la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias -Policía Comunitaria – Pueblos Fundadores, CRAC-PC-PF), llevan más de 10 años pidiendo seguridad, instalación de retenes, Bases de Operaciones Mixtas, ahora Interinstitucionales (BOI), para evitar los ataques de los ardillos. Lo único que podemos observar, es a un grupo criminal, disparando, asesinando, secuestrando, traficando, desplazando, perfeccionando sus ataques, expandiendo su territorio, extorsionando a la población y lo más lamentable, observamos que este grupo, es protegido por los gobiernos municipales, estatal y ahora por el gobierno federal.

¿Pueden explicarnos porqué el ejército, Guardia Nacional y policía estatal desapareció del retén que tenían en Tula cuando comenzaron los ataques de los ardillos, permitiendo que éstos instalaran una trinchera a 200 metros del retén de la Base de Operaciones Interinstitucional para desde ahí disparar a la comunidad de Tula?

¿Pueden explicarnos por qué no hay ninguna investigación federal contra el proceder de las presidenta municipal de Chilapa Mercedes Carballo Chino, por su relación familiar con Celso Ortega Jiménez, máximo líder del grupo paramilitar los ardillos y el desvío de recursos del Ramo 33 destinado a las comunidades que les ha sido negado a las comunidades pertenecientes al CIPOG-EZ, así como por las nulas investigaciones, desarticulación y detención del grupo criminal Los ardillos? ¿No es evidente que existe una estructura criminal que va desde los ardillos, su rostro más sanguinario y visible, hasta las corporaciones de in-seguridad, policías municipales, estatales, fiscalía, jueces, se sigue hacia los municipios y todo el espectro político estatal y remata en los monopolios comerciales controlados también por el grupo criminal? No omitimos la colusión de la alta jerarquía de la iglesia católica de Guerrero, encabezada por el canciller de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa Jorge Amando, que se atrevió a decir que los desplazados quemaron sus carros y sus casas, que se desplazan solos, que las víctimas no son víctimas, que se victimizan porque ya no son católicos.

Es aún más increíble que conociendo lo anterior, el gobierno federal sostenga a la estructura criminal. El Estado Mexicano pretende sostener su imagen de pulcritud y corrección política a base de mentiras y encubrimiento, Guerrero es el ejemplo claro, donde el gobierno del estado y los gobiernos municipales, están infiltrados por la delincuencia organizada y Claudia Sheinbaum responde a los cuestionamientos que se le hacen en las mañaneras sobre las agresiones a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero “nos estamos coordinando con el gobierno del estado”; Evelyn Salgado responde, “ya le encargamos a los gobiernos municipales” y éstos responden que lo están checando pero que no habrá diálogo con organizaciones no reconocidas por el Estado (en clara alusión al CIPOG-EZ y a la CRAC-PC-Pueblos Fundadores, las únicas organizaciones que han salvaguardado la vida de los pueblos), mucho menos detenciones y desarticulación del grupo criminal los ardillos ¿a caso ellas son parte de los ardillos?

Las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, se han resistido a entregar el territorio para las actividades criminales de los ardillos (tránsito, consumo, venta, siembra de estupefacientes, extorsión, cobro de piso, secuestro), han creado su sistema de justicia propio y su toma de decisiones es de forma asamblearia, fortalecen su proceso político para no depender de las decisiones políticas de personas ajenas a las comunidades, sean partidos políticos o grupos criminales. Por eso sabemos que los ataques al CIPOG-EZ y a la CRAC-PC-PF, están dirigidos a la destrucción de sus aspiraciones de vivir con dignidad y construir un mundo donde la paz, la justicia y libertad, no sean un botín administrado por el poder, sino una realidad lograda por los propios pueblos; están dirigidos a la apropiación del territorio, pues mientras los grupos criminales lo ven como mercancía, los pueblos despliegan su existencia, tejen sus dinámicas y relaciones, construyen sus identidades y cosmovisiones, cuidan y valoran la relación indisoluble entre la tierra, el Territorio y todo lo que en ella existe.

Por tanto, alejados de la política de arriba, donde se acusan de ser de derecha, izquierda, centro y todas sus combinaciones, de ser prianistas o comunistas; arriba donde le hacen homenajes a Hernán Cortés o donde se le exigen disculpas a los españoles por la conquista; arriba donde se acusan de ser salinistas (sea por Gortari o por Pliego) o Lopezobradoristas; de estar con la dictadura o con los genocidas Trump-Netanyahu. Arriba donde todos y todas, se olvidan del pueblo. Nosotras y nosotros, desde los territorios y desde nuestra humanidad vemos con claridad la nueva guerra de conquista que se viven en el país y que se agudizarán. Las zonas de sacrificio hoy en día no sólo incluyen a la tierra, al medio ambiente, sino a los seres humanos que las habitan. Estamos frente a una guerra de exterminio, destrucción y despoblamiento, que aspira a la reconstrucción y repoblamiento bajo las reglas de los grupos criminales, políticos y empresariales. nos queda claro que como explicaron los hermanos y hermanas del EZLN:

“Cada bomba que cae en Gaza, cae también en las capitales y las principales ciudades del mundo, sólo que todavía no se han dado cuenta. De los escombros nacerá el horror de la guerra de mañana”.

Frente a este escenario, medios de comunicación, periodistas, organizaciones y colectivos, centros de derechos humanos, observadores nacionales e internacionales, estaremos acudiendo a realizar una Misión Civil de Observación, sobre la situación actual de los pueblos, de los desplazados, de las víctimas que han sido tratadas con desprecio por el gobierno mexicano, que no fue capaz ni siquiera de entender la importancia del idioma como puente entre los pueblos y entonces la secretaria de gobernación Rosa Isela Rodríguez, fue a hablar y a hablar y a hablar, como si estuviera en un acto de campaña. Fue a afirmar que ya había acuerdos, sin entender el modo asambleario y sin entender que las problemáticas son profundas; sin distinguir entre víctimas y victimarios, al final las víctimas fueron tratadas como victimarios, ellos bloquearon, ellos dispararon, ellos se desplazaron porque se dispararon y se autobloquearon ¿y los ardillos? ¿y la complicidad de las autoridades políticas y de seguridad?

Por tanto, desde el Congreso Nacional indígena, junto a las organizaciones y colectivos que conforman la MCO-S, llamamos a las personas de buen corazón a quienes el dolor ajeno no les es indiferente a acompañar esta Misión Civil de Observación desde sus geografías y de los modos y formas que decidan. Esta MCO-S se realizará entre los días 22 y 24 de mayo, en las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, donde documentaremos la situación que vivieron y que siguen viviendo, pues prácticamente fueron obligadas por el gobierno del estado y del municipio a volver a las comunidades de las que fueron desplazadas, a pesar de que sigue existiendo temor y sobre todo el riesgo de ser atacados.

Responsabilizamos desde ahora al gobierno federal, estatal y municipal, de cualquier situación que ocurra a quienes acompañaremos esta Misión Civil de Observación.

Atentamente: 

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

MISIÓN CIVIL DE OBSERVACIÓN-SEXTA

Confirmamos que en punto de las 9 de la mañana de este 19 de mayo de 2026, el Cártel Jalisco Nueva Generación está atacando nuestra encargatura de la Cofradía y ya las escuelas están siendo evacuadas y la población civil se refugia en sus casas mientras que nuestra Guardia Comunal estará a cargo de la situación.

Exigimos a los tres niveles de gobierno que se pongan a trabajar y cumplan con la obligación de brindar paz y seguridad a toda la población. En particular le hacemos un llamado al gobierno federal para que deje de reunirse con artistas y mejor atienda la grave situación de violencia se que vive en nuestras comunidades indígenas. Exigimos el total desmantelamiento de las organizaciones criminales que intentan a toda costa despojarnos de nuestro territorio.

Seguiremos informando

Desde el Congreso Nacional Indígena seguimos denunciando, tantas veces como sea necesario, la guerra contra nuestras compañeras y compañeros del Concejo Indígena y Popular de Guerrero- Emiliano Zapata en la Montaña Baja de Guerrero.

Desde el pasado 6 de mayo no han cesado los ataques directos perpetrados por el grupo criminal Los Ardillos. Frente a ello, ha comenzado a circular la versión de que se trata de un conflicto entre grupos criminales. Rechazamos tajantemente estas versiones, pues forman parte de la criminalización que históricamente los gobiernos y los grupos de poder han construido contra los pueblos que resisten y defienden la vida, el territorio y la autonomía.

Llamamos a denunciar esta guerra y a no dejar de exigir garantías de protección para las comunidades afectadas. Para que las compañeras y compañeros del CIPOG-EZ puedan continuar resistiendo y permaneciendo en su territorio, es indispensable fortalecer la solidaridad económica.

Convocamos a colectar y aportar lo mucho o lo poco que esté en nuestras posibilidades, para sostener la resistencia de las comunidades del CIPOG-EZ.

Quienes deseen sumarse a esta campaña pueden realizar depósitos o transferencias a la cuenta de finanzas del Congreso Nacional Indígena con los siguientes datos:

Banco: BBVA México

Número de cuenta: 0113643034

CLABE: 012540001136430347

Código SWIFT: BCMRMXMMPYM

Sucursal: 1769

Nombre: CIENCIA SOCIAL AL SERVICIO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Debido a que actualmente también se encuentra en marcha la campaña de solidaridad económica rumbo a los 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena, les pedimos enviar un correo a cnicomunicacion@gmail.com notificando sus depósitos o transferencias y especificando que el motivo del apoyo es: CIPOG.

Atentamente

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LAS REDES DE RESISTENCIA EN REBELDÍA

AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS

A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS EN GUERRERO

AL CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA

A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEL MUNDO, EN GUERRERO Y TODO MÉXICO

Una vez más el 6 de mayo, el grupo delincuencial denominado “los Ardillos”, atacó a comunidades de la montaña baja, organizadas en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF, policía comunitaria indígena) y en el Concejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

Pobladores de Alcozacán, Acahuehuetlán y Xicotlán fueron agredidos y obligados a dejar sus hogares.

El 9 de mayo la agresión se extendió hacia Alcozacán.

Mas de 1,200 personas huyeron de sus comunidades.

Desde 2015, las agresiones no han parado. Los compañeros de CIPOG-EZ han documentado 81 asesinatos y 25 desapariciones.

Ahora traen drones con explosivos y armas de mayor calibre. Muy superior a la cantidad y calidad de las armas de cacería que tienen la mayoría de policías comunitarias.

Otro intento mas de apropiarse de los recursos naturales, del territorio, del oro, la plata, otros minerales, de los llamados minerales críticos que tanto necesita el imperialismo norteamericano para sus armamentos, sus guerras y otros negocios. Mañana los usarán en México.

Las mineras para obtener sus superganancias han buscado el control, la penetración, la expulsión, la desorganización o el aniquilamiento de las comunidades indígenas. Despojan para acumular más ganancias. Esa ha sido una de las funciones de los grupos de la delincuencia.

¿Son necesarios para atraer inversión extranjera directa? ¿los van a negociar en el T-MEC? Entre la región de La Montaña y la de la Costa Chica, existen 24 concesiones mineras.

Grupos como los ardillos no solo trabajan para los capitalistas, también para los políticos. En todos los partidos, hay políticos que tienen relaciones con este tipo de grupos delincuenciales. Los heredaron, abrieron nuevas relaciones, “jinetean” sus votos y sus recursos económicos, obtenidos en diversos “negocios”.

“COMO LO ASE LA SEÑORA GOBERNADORA Y LA SOMBRA QUE LA MUEVE QUE ES SU PADRE FÉLIX SALGADO, QUE SE HACE LLAMAR EL TORO SIN CERCA ,Y QUE HAN PACTADO TODO GUERRERO POR ESO SIGUE SUMIDO EN LA VIOLENCIA Y NO QUEREMOS SER AVE DE MAL AGÜERO PERO SE PONDRÁ PEOR POR ESO HACEMOS EL LLAMADO A LA UNIDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DE GUERRERO Y TODO MÉXICO, AYA AFUERA HAY MAS LUCHAS DIGNAS QUE NO CAMINAN CON NINGÚN PARTIDO POLÍTICO ENGUSANADOS. ESTA LLEGANDO LA HORA DE BUSCARNOS Y ENCONTRARNOS PARA RESISTIR Y NO MORIR ARRODILLADOS”

La delincuencia ha sido parte del capitalismo y también de la contrainsurgencia. No es nada nuevo. Lo seguimos viendo en distintos lugares, en distintas formas. Sus relaciones no son secretas, las presumen, es parte de su “poder”.

¿Por qué desde el gobierno se pone al CIPOG-EZ como parte de la delincuencia?

Acusar a los que luchan por un mundo mejor, de ser parte de la delincuencia y de otros “grupos” no es nuevo, también ha existido a través de la historia, desde el poder se han usado calificativos como “robavacas”, “asaltantes”, “secuestradores”, “narcotraficantes”, “terroristas”, “ayotzinapos”, “los Atilas del sur” y otros. Tiene el objetivo de descalificar las causas y razones de las organizaciones autogestivas y de justificar las agresiones que se les hacen.

Saben bien que es el CIPOG-EZ y que son “los ardillos”. Y no es cierto que no puedan llegar a los lugares en que hay agresiones, hacerse “pato”, es estrategia. Después se “lamentarán” de los muertos y heridos, y darán alguna “ayuda” solidaria a los familiares dolientes. Con la infaltable foto.

¿Les estorba el que no piensa como ustedes?

Estamos seguros que los compañeros del CIPOG-EZ, seguirán resistiendo, manteniendo su organización comunitaria, sus gobiernos propios, defendiendo su cultura, sus recursos, su territorio. Negándose a vivir nuevas formas de esclavismo y de tiendas de raya.

EXIGIMOS INMEDIATAMENTE QUE SE LE REGRESEN LAS MEDIDAS CAUTELARES QUE TENIA EL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS Y LA MADRE TIERRA EL COMPAÑERO JESÚS PLACIDO GALINDO Y HACEMOS RESPONSABLE A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO POR SU INTEGRIDAD FÍSICA O CUALQUIER COSA QUE LES LLEGUE A PASAR A ,A LOS COMPAS DEL CIPOG-EZ

Nos solidarizamos con las comunidades de la Montaña de Guerrero y todas las comunidades de guerrero agredidas por la delincuencia organizada y narcogobiernnos.

POR LA UNIDAD DE OBREROS, INDÍGENAS Y CAMPESINOS

ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR

(TEPETIXTLA, COYUCA DE  BENITEZ, GUERRERO)

O.C.S.S

A los pueblos de México y del mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los medios libres e independientes,

A quienes caminan la palabra de la vida.

14 de mayo de 2026.

La guerra de conquista en contra de los pueblos originarios no deja de crecer en cada una de las geografías de este adolorido país que es México y se expresa en la violencia militar y paramilitar que vivimos cotidianamente. Nuestros pueblos, como nunca, viven privados de sus más elementales derechos, bajo constante asedio del crimen organizado y abandonados del Estado mexicano.

El miércoles 6 de mayo del 2026, de manera paralela a que las comunidades pertenecientes al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata en el municipio de Chilapa, estado de Guerrero, empezaban a ser bombardeadas por el grupo criminal conocido como “Los Ardillos”, un comando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacó a comuneros de la comunidad purépecha de Acachuén, municipio de Chilchota, Michoacán, con un saldo de dos personas de la comunidad muertas y una más herida. Los habitantes de Acachuén, unidos y organizados se defendieron de los criminales para repelerlos, pero de manera sorpresiva la policía municipal se presentó en el lugar en el que la comunidad resistía a los delincuentes y atacó a los comuneros para proteger a los criminales.

Este hecho provocó que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se movilizara en apoyo a la comunidad de Acachuén, tomando diversas carreteras el día 11 de mayo del 2026. Sin embargo, una vez más el gobierno actuó en contra de los pueblos organizados y no en contra de los criminales, reprimiendo violentamente, mediante el uso de la policía estatal, a los integrantes del CSIM para desalojarlos de la autopista siglo XXI.

Hasta el momento ningún ámbito de gobierno ha dado la cara, ni con relación a los hechos ocurridos en Acachuén, ni con relación a la cruenta represión en contra del CSIM; y el gobernador del estado ha sido omiso para establecer la mesa de diálogo que la comunidad le exige para atender tan grave problemática, lo que demuestra el contubernio entre las instituciones del Estado mexicano, particularmente del gobierno de Michoacán, y el CJNG.

Hacemos responsables al gobernador del estado de Michoacán, ALFREDO RAMIREZ BEDOLLA, a la presidenta municipal de Chilchota, ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ, así como a las instancias federales encargadas de la seguridad en el estado, del grave riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de Acachuén, a la vez que decimos que no están solos.

Exigimos la remoción inmediata de la presidenta municipal de Chilchota, ALEJANDRA ORTIZ SUÁREZ; el castigo a los policías municipales y funcionarios de gobierno implicados con el CJNG; el castigo a los efectivos y mandos de la policía estatal que reprimieron al CSIM el día 11 de mayo pasado; y la inmediata instalación de la mesa de diálogo demandada por la comunidad de Acachuén con el gobierno del estado y las dependencias federales encargadas de la seguridad a fin de atender la problemática.

Llamamos a nuestros hermanos y hermanas de México y del Mundo a exigir al gobierno mexicano garantías de seguridad para la comunidad de Acachuén y a brindar acompañamiento y solidaridad a su digna resistencia.

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

Las Abejas de Acteal lanzan campaña internacional por justicia y paz a 29 años de la masacre

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; 14 de mayo de 2026.

En las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal presentó este miércoles la campaña “Me oy Chapanel, oy jun O’ntonal” (“Si hay justicia, hay paz”), una iniciativa que busca exigir justicia para la Masacre de Acteal y presionar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la emisión del Informe de Fondo del caso 12,790 Manuel Santiz Culebra y otros.

A la conferencia asistieron más de 60 hermanas y hermanos sobrevivientes de la masacre, así como hijos, hijas, nietas y nietos de las víctimas. La jornada comenzó con una oración colectiva “para fortalecer los corazones”, en memoria de las 45 personas asesinadas y los cuatro bebés no nacidos que murieron en el ataque paramilitar ocurrido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, municipio de Chenalhó.

Durante la lectura del comunicado oficial, Las Abejas denunciaron que, a casi 29 años de los hechos, continúa la impunidad y persiste la falta de justicia tanto para las víctimas como para las comunidades indígenas afectadas por la violencia en Chiapas.

“En Chiapas y en México estamos atravesando una oscuridad, dolor, discriminación, desprecio, burlas y simulaciones de justicia de los gobiernos priístas, panistas y el actual gobierno morenista. Estos gobiernos de cualquier partido han aprovechado la sangre y los dolores de los pueblos organizados para que allá arriba tengan poder para hacer lo que quieran con nuestras vidas”, señalaron en su comunicado.

La organización sostuvo que el retraso de la CIDH en emitir el Informe de Fondo fortalece la continuidad de la violencia en la región y permite que permanezcan impunes diversos crímenes ocurridos en Chiapas.

Las Abejas advirtieron que mientras no exista una resolución internacional sobre el caso Acteal, seguirán creciendo la inseguridad, los desplazamientos forzados y la violencia ejercida por grupos criminales y actores armados en distintas comunidades del estado. Puesto que permitimos a los malos gobiernos seguir ejerciendo la impunidad.

Asimismo, relacionaron esta situación con asesinatos recientes, como el del defensor comunitario Simón Pedro Pérez López y el padre Marcelo, además del incremento de ataques contra pueblos organizados.

Los jóvenes integrantes de las distintas comisiones de la organización también tomaron la palabra de manera colectiva. Hijas, hijos y nietos de las víctimas exigieron justicia para sus familiares y recordaron que ellos representan la memoria viva de quienes fueron asesinados.

“Nosotros somos el retoño de los cuatro bebés que fueron asesinados dentro del vientre de su madre y de las 45 víctimas”, expresaron durante la conferencia.

La campaña “Me oy Chapanel, oy jun O’ntonal” tendrá una duración de tres meses, del 14 de mayo al 12 de agosto. Durante este periodo se realizarán actividades de difusión mediante textos, imágenes, audios y testimonios de sobrevivientes de Acteal, así como la participación activa de jóvenes descendientes de las víctimas.

Finalmente, Las Abejas de Acteal hicieron un llamado a organizaciones sociales, medios de comunicación, colectivos y personas solidarias a difundir la campaña y acompañar la exigencia de justicia.

“Les invitamos a unir su voz a la nuestra, caminar juntos y exigir justicia para Acteal, porque anhelamos una paz con justicia verdadera”, concluyeron.

Sierra Mazateca, Oaxaca, a 12 de mayo de 2026

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)

Al Congreso Nacional Indígena (CNI)

Al Gobierno Federal de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Al Gobierno del Estado de Guerrero, encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Sexta Nacional e Internacional

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida, en los cinco continentes

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos

A los pueblos originarios de México y del mundo

A los medios libres e independientes, academia crítica, organizaciones sociales y sociedad civil

Desde el Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC),

organizados desde la Sierra Mazateca, Oaxaca, expresamos nuestra profunda indignación, dolor y preocupación ante la violencia que hoy enfrentan las comunidades del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en la Montaña Baja de Guerrero.

Nos pronunciamos porque no podemos permanecer en silencio mientras comunidades indígenas enteras viven bajo el miedo, el asedio y el desplazamiento. Como pueblos originarios sabemos lo que significa defender la vida comunitaria en medio de amenazas constantes, el miedo y el riesgo permanente de despojo.

De acuerdo con la información compartida por las propias comunidades y organizaciones acompañantes, desde el 6 de mayo se han intensificado los ataques armados contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, atribuidos al grupo criminal conocido como Los Ardillos. Los ataques, realizados con armas de alto calibre y drones, provocaron el desplazamiento forzado de más de 800 familias indígenas el pasado 9 de mayo, quienes hoy sobreviven refugiadas en otras comunidades, muchas de ellas también bajo riesgo.

Estos hechos no son aislados. Las comunidades del CIPOG-EZ llevan años denunciando asesinatos, amenazas, hostigamiento y violencia sistemática, sin que las autoridades hayan garantizado condiciones reales de seguridad. Sus denuncias han sido ignoradas o reducidas a supuestos “conflictos entre comunidades”, mientras la violencia se recrudece.

Como pueblos mazatecos, nos preocupa profundamente la integridad física, emocional y espiritual de nuestras hermanas y hermanos indígenas. Nos duelen las niñas y niños desplazados, las mujeres sosteniendo a sus familias en medio del miedo, las personas mayores obligadas a abandonar su hogar y las autoridades comunitarias que continúan resistiendo bajo amenaza.

No podemos normalizar el desplazamiento forzado ni el terror contra los pueblos indígenas. Cuando un pueblo es obligado a huir, no solo se abandonan casas: se hiere la memoria, la lengua, las formas de vida y el vínculo profundo con el territorio.

Desde la Sierra Mazateca rechazamos toda forma de limpieza social, desplazamiento forzado y etnocidio. Nos preocupa que esta violencia prolongada, tolerada y normalizada termine favoreciendo nuevas formas de despojo territorial y el avance de megaproyectos extractivos, entre ellos los mineros, históricamente impuestos sobre territorios indígenas mediante miedo, fragmentación y violencia.

Los pueblos no son territorios vacíos ni zonas de sacrificio. Los pueblos se cuidan, se respetan y se defienden. La vida de las mujeres, niñeces, abuelos, autoridades comunitarias y hombres indígenas importa. Ningún interés económico o político puede estar por encima de la vida y dignidad de los pueblos.

Denunciamos la responsabilidad del Estado mexicano frente a esta crisis. A pesar de que desde 2021 existen medidas cautelares emitidas por la CNDH, las agresiones continúan sin garantías reales de protección.

Responsabilizamos al gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, al gobierno de Guerrero encabezado por Evelyn Salgado Pineda, así como a autoridades municipales y corporaciones de seguridad, por la omisión y falta de acciones efectivas para proteger a estas comunidades.

Lo que hemos visto hasta ahora son operativos que simulan el cuidado de los pueblos, despliegues institucionales insuficientes que no han detenido los ataques, el miedo ni el desplazamiento de cientos de familias indígenas. No basta con presencia mediática de fuerzas de seguridad mientras las comunidades continúan siendo atacadas.

Por ello exigimos:

1. El cese inmediato de los ataques armados contra las comunidades del CIPOG-EZ.

2. Atención urgente, integral y digna para las más de 800 familias desplazadas. 3. Medidas reales y permanentes de protección para las comunidades indígenas en riesgo, respetando sus formas organizativas.

4. El cumplimiento efectivo de las medidas cautelares emitidas por la CNDH.

5. Investigación y sanción a responsables materiales e intelectuales, así como a funcionarios omisos o cómplices.

6. El reconocimiento de la grave crisis humanitaria y de derechos humanos que viven las comunidades indígenas de Guerrero.

Hacemos un llamado urgente a los pueblos originarios, organizaciones sociales, redes de apoyo, organismos de derechos humanos y sociedad civil a no guardar silencio frente a esta violencia.

Desde la Sierra Mazateca abrazamos a nuestras hermanas y hermanos del CIPOG-EZ. Nos duele su dolor y nos preocupa profundamente su integridad física, emocional y espiritual.

No aceptamos el desplazamiento forzado como destino de los pueblos indígenas. No aceptamos el etnocidio ni la violencia que busca arrancar a los pueblos de sus territorios. No aceptamos que el miedo sirva para abrir paso al despojo y a los megaproyectos extractivos.

Los pueblos deben ser cuidados y respetados. Defender la vida y el territorio no debe costar la vida.

¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE GUERRERO!

¡VERDAD Y JUSTICIA PARA EL CIPOG-EZ!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTR@S!

A T E N T A M E N T E

MOVIMIENTO DE ARTICULACIÓN DE LOS PUEBLOS OLVIDADOS DE LA

CAÑADA (MAPOC) SIERRA MAZATECA, OAXACA.

Ciudad de México, 12 de mayo de 2026

Acción Urgente 004

Las comunidades indígenas de la región Montaña Baja del estado de Guerrero pertenecientes a la organización CIPOG-EZ se encuentran bajo ataque armado. De acuerdo con denuncias urgentes de personas pobladoras desplazadas, se han registrado varios ataques armados en las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán, todas comunidades indígenas del estado de Guerrero. Además, el 9 de mayo de 2026, integrantes de un grupo criminal ingresaron a la comunidad de Alcozacán. Comenzaron a atacar a la población civil —incluyendo a mujeres y niños— con drones y armas de alto calibre. Hasta la emisión de esta Acción Urgente, los ataques continúan en las comunidades y en el lugar donde se encuentran refugiadas las personas desplazadas.

Las familias denuncian que alrededor de 800 personas fueron desplazadas de las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán y que durante los últimos días el grupo armado asesinó a por lo menos 5 personas de las comunidades, quemó viviendas, asesinó animales y sembró terror en la región.

Las comunidades denuncian la ausencia total de una intervención efectiva por parte de autoridades estatales y federales. Aunque había algunos elementos del Ejércitos destacados en las comunidades, estos no actuaron para proteger a la población civil, sino que se limitaron a tomar fotos. Pese a la gravedad de los hechos y a más de cinco días continuos de ataques, no han llegado elementos suficientes del Ejército Mexicano ni de la Guardia Nacional para garantizar la protección de las comunidades.

Desde el 2015, estas comunidades han estado bajo el asedio del crimen organizado, el cual busca generar terror en la población para desarticular la organización comunitaria y su sistema de seguridad y justicia indígena. En 11 años, hemos documentado por lo menos 76 asesinatos y 25 desapariciones. Por su parte, el Estado mexicano ha mostrado una actitud de completa indiferencia frente a la desesperación de los pueblos indígenas.

Desde la Red TDT, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Mision Civil de Observación – Sexta, hacemos un llamado urgente al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Guerrero, a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, medios de comunicación y organizaciones sociales para:

Implementar de manera inmediata un operativo de protección y seguridad en las comunidades atacadas.

Detener los ataques armados y el uso de drones explosivos.

Garantizar la vida e integridad de las personas desplazadas.

Realizar acciones urgentes de búsqueda y protección de personas desaparecidas o retenidas.

Investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los ataques.

Garantizar condiciones de retorno seguro para las familias desplazadas.

Se solicita a medios de comunicación, organizaciones civiles, colectivos, redes de solidaridad y organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales difundir urgentemente la situación que viven las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero y exigir al Estado mexicano acciones inmediatas para detener la violencia y proteger a la población.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Misión Civil de Observación-Sexta

Envíe sus llamamientos a:

Presidencia de la República: Lic. Claudia Sheinbaum Pardo

correo: atencionciudadana@presidencia.gob.mx

Secretaría de Gobernación: Rosa Icela Rodríguez Velázquez

correo: segob@segob.gob.mx

Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración: Felipe Arturo Medina Padilla

correo: subsedhpm@segob.gob.mx controlgestionsdhpm@segob.gob.mx

Titular de la Unidad de Derechos Humanos: Dr. Froylan Vladimir Enciso Higuera

correo: fenciso@segob.gob.mx

Comisión Nacional de Derechos Humanos: Lic. Rosario Ibarra Piedra

correo: presidencia.cndh@cndh.org.mx

Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos

correo: atencionfgr@fgr.org.mx

Gobernadora del Estado de Guerrero, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda

correo: demandaciudadanasp@guerrero.gob.mx

Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Daniel Antonio Ledesma Ozuna.

correo: sspypc@guerrero.gob.mx

Fiscalía General del Estado de Guerrero, Zipacná Jesús Torres Ojeda.

correo: buzon@fiscaliaguerrero.gob.mx

Comisión Estatal de Derechos Humanos, Cecilia Narciso Gaytán

correo: presidencia@cdheg.org

Relatora Especial de Desplazamiento Forzado Interno, Paula Gaviria Betancur

correo: hrc-sr-idp@un.org

Acciones urgentes Tras ataques armados con drones, desplazamiento forzado y asesinatos en comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero exigimos medidas urgenteshttps://t.co/S3RaMYAKjQ pic.twitter.com/tWNRxCGEaQ

— CNI México (@CNI_Mexico) May 12, 2026

Los y las integrantes del Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos en apoyo al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, manifestamos nuestra indignación frente a los graves ataques contra los pueblos indígenas que se organizan en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG – EZ). Los ataques, realizados por el grupo criminal “Los Ardillos”, han incluido disparos con armas de alto calibre y ataques con drones. Como resultado de las agresiones, cientos de familias se encuentran desplazadas de sus hogares y viviendo en condiciones precarias. Nos han informado también que José Guadalupe Ahuejote Xantenco, Víctor Ahuejote Arribeño y Abraham Jiménez Chautla, integrantes del CIPOG – EZ, han sido asesinados durante estos embates. Enviamos un abrazo solidario a sus familias y compañeros.

Los ataques recientes contra los pueblos del CIPOG – EZ se enmarcan en una serie de embestidas por más de diez años, que ha dejado 76 personas asesinadas y 25 personas desaparecidas. A pesar de las constantes agresiones y de las denuncias que organizaciones sociales y de derechos humanos han realizado, las autoridades municipales, estatales y federales del pasado y de hoy han sido omisas ante estos graves hechos.

Hacemos un enérgico llamado a las autoridades de todos los niveles a garantizar la vida y seguridad de los pueblos de la región. A los pueblos de México y del mundo les convocamos a hacer pública su solidaridad y a realizar acciones de protesta en todos los lugares posibles.

Atentamente

Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos en apoyo al Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Firmas: Aida Hernández Castillo, Alicia Castellanos, Argelia Guerrero Rentería, Bárbara Zamora, Carolina Coppel, Carolina Díaz Iñigo, Gilberto López y Rivas, Inés Duran Matute, Jorge Alonso Sánchez, Juan Carlos Rulfo, Juan Villoro, Francisco De Parres Gómez, Luis De Tavira, Luis Hernández Navarro, Magdalena Gómez, Margara Millán, María Eugenia Sánchez, Mariana Mora, Raúl Delgado Wise, Raúl Romero, Servando Gajá y Sylvia Marcos.

Llamado a la solidaridad con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapatahttps://t.co/0xi3L06Q4C pic.twitter.com/A0RnbsaHbm

— CNI México (@CNI_Mexico) May 12, 2026

El pasado 9, 10 y 11 de mayo los grupos del narcotráfico, que por más de 10 años se han articulado con los tres niveles de gobierno, han desplazado a más de 1000 familias de los pueblos de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán de la montaña Baja del centro del estado Guerrero integrantes del Concejo Indígena Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, comunidades nahuas que han defendido su territorio y su derecho a existir como pueblos frente a los embates del crimen organizado. Durante estos más de 10 años de resistencia,las compañeras y compañeros del CIPOG-EZ han sufrido el asesinato de por lo menos 76 compañeros y 25 desaparecidos. Esta guerra de exterminio articulada por las empresas criminales, el estado y ejecutada por los grupos del narcotráfico son parte de la lógica colonial y capitalista que se extiende por el mundo y que se traduce en la despoblación, destrucción, redistribución y reordenamiento del territorio.

Desde los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes exigimos el cese inmediato y definitivo de los ataques del grupo criminal «Los Ardillos» encontra de nuestras hermanas y hermanos del CIPOG-EZ.

-Responsabilizamos a Evelyn Salgado, gobernadora de Guerrero, a Claudia Sheimbaum y a todos los niveles de gobierno por el desplazamiento de miles de personas de las comunidades nahuas organizadas.

-Las responsabilizamos por la pérdida de sus hogares en manos del grupo criminal Los Ardillos que han quemado casas de comunidades completas.

-Las responsabilizamos por las y los compañeros heridos de bala y por los explosivos lanzados por drones.

-Las responsabilizamos por la muerte del compañero Abraham Jimenez Chautla originario de Alcozacán.

Llamamos a los y las firmantes de la Declaración por la vida, a todos los pueblos, organizaciones, colectivos y personas conscientes a exigir de manera enérgica el alto a la guerra en contra de las comunidades del CIPOG-EZ y a sumarse a las acciones en defensa de la vida y el territorio de nuestras hermanas y hermanos de la Montaña Baja de Guerrero.

Desde nuestras comunidades nos mantenemos en alerta permanente, difundiendo y denunciando lo que suceda.

ATENTAMENTE 

A martes 12 de mayo de 2026

Agua, tierra y libertad 

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes

COMUNICADO DE PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES
 ALTO A LA GUERRA DE EXTERMINIO CONTRA LOS PUEBLOS
ALTO A LA GUERRA CONTRA EL CIPOG-EZhttps://t.co/oc2qJUsDQf pic.twitter.com/0omH024e3M

— CNI México (@CNI_Mexico) May 12, 2026