En portada: Campesinos de la cooperativa El Chile dentro de la recuperación de tierras que mantienen desde enero del 2023. Foto: Santiago Navarro F
Región norte de Honduras, en las entrañas del Valle de Aguán, hombres fuertemente armados y vinculados al crimen organizado emplean una serie de estrategias de hostigamiento hacia campesinos que han recuperado las tierras de sus ancestros y que estaban en manos de empresas de la industria de la palma aceitera.
Mientras las fuerzas del orden fungen como meros espectadores, la violencia arrecia, dejando como saldo el asesinato de tres activistas, más de 160 familias desplazadas y cientos de personas viviendo en refugios temporales. Diversas organizaciones alzan la voz desde Europa y responsabilizan a varias empresas.
El escenario de violencia se desencadenó desde finales de 2024, donde figura la Corporación Dinant, productora de aceite de palma, como la principal demandante de las tierras que, arguye, son de “su propiedad”.
Las acusaciones contra Dinant no son nuevas. La empresa ha estado en el centro de controversias durante más de una década. Ha sido acusada de tener una vinculación con actos de violencia, asesinatos y amenazas hacia líderes campesinos y defensores de los derechos humanos. Organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han denunciado estos abusos, pero las medidas concretas por parte del gobierno de Honduras, bajo la administración de Xiomara Castro, siguen siendo insuficientes.
En portada: Militares de EEUU cargan una bomba Mark 84 en un avión de combate F-15 Eagle durante una competencia de tripulación de carga en 2018
Un cargamento de bombas MK-84 de 2.000 libras procedente de Estados Unidos ha llegado a Israel, según anunció este domingo (16) el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, coincidiendo con la primera visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al país. Con este acontecimiento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levanta la pausa en el suministro de este tipo de armamento a Israel, que la administración Joe Biden había impuesto por nueve meses.
“El cargamento de municiones que llegó a Israel, liberado por la administración Trump, representa un activo significativo para la fuerza aérea y las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y sirve como una prueba más de la fuerte alianza entre Israel y Estados Unidos”, señaló el ministro de Defensa Israel Katz.
El envío se produjo en un momento en que Israel ha estado considerando la posibilidad de reanudar la guerra en Gaza en las próximas dos semanas en caso de que el grupo armado Hamás deje de entregar rehenes según los acuerdos establecidos.
En portada: Para las tareas de vigilancia en comunidades, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampíscuenta con el grupo de control socioambiental Charip.
El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) denuncia el intento, por parte de la empresa estatal Petroperú y el Gobierno Regional de Loreto, de imponer la explotación de un lote petrolero en su territorio.
En las últimas semanas, el gobierno regional y la Petroperú organizaron reuniones en comunidades amazónicas, con el fin de convencerles de participar en una consulta previa para la ejecución del lote 64 del oleoducto, comprendido en el proyecto Situche.
El GTANW, que reúne a 85 comunidades y representa a 16.000 personas, ya posee un historial de lucha contra las operaciones del oleoducto norperuano, una muestra del desastre ambiental, social y cultural causado por la actividad petrolera en la Amazonía.
Esta infraestructura cruza los territorios de siete pueblos indígenas, afectando en su trayecto a 95 comunidades nativas, desde la Amazonía hasta la costa norte peruana.
Entre 1997 y 2023, el oleoducto norperuano registró 139 derrames, de las 1.462 emergencias reportadas por instituciones públicas en este período, según un informe del Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
PUELMAPU ARGENTINA: Cobertura Especial sobre los incendios y la represión al pueblo Mapuche en El Bolsón. Detenciones, allanamientos, y criminalización de los pueblos que luchan por la vida, el territorio y la esperanza. Fuente: FM Quimunche, FM Alas en Bolsón y la Red enfoques.
OAXACA Y GUERRERO: Platicando con el Observatorio Memoria y Libertad sobre las y los presos políticos en la región mexicana. La injusta prisión de dos profesores indígenas de San José Independencia en Oaxaca y el caso de Kenia Hernández, mujer indígena presa de la 4T por protestar junto a su comunidad en el Estado de Guerrero. Fuentes: Observatorio Memoria y Libertad | Presos políticos de San Jose Independencia | Libertad para Kenia
PRONUNCIAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y EL EZLN EN APOYO A QUIENES RESISTEN EN EL ISTMO.
A los pueblos indígenas de México y del mundo A las organizaciones en resistencia A la sociedad civil nacional e internacional
Hermanas y hermanos:
Desde el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN condenamos la emboscada ocurrida en la zona limítrofe entre Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán, Oaxaca, en la que fueron asesinados tres compañeros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI).
Denunciamos que esta violencia no es un hecho aislado, sino parte de la guerra de exterminio que los malos gobiernos, los caciques y los intereses capitalistas imponen contra nuestros pueblos. Buscan despojarnos de nuestras tierras con terror, persecución y muerte, al servicio de intereses oscuros.
Exigimos justicia para nuestros hermanos caídos, el respeto a la autonomía de las comunidades indígenas y la garantía de seguridad para la población de El Platanillo. Responsabilizamos a los gobiernos estatal y federal por su omisión y complicidad en esta escalada de violencia.
Todo aquel que no baja la cabeza y se convierte en siervo de la 4T es perseguido, desplazado, encarcelado y asesinado. Son lo mismo y son los mismos. Frente a sus golpes: ¡resistencia y rebeldía! en defensa de la madre tierra y sus guardianes.
Nos solidarizamos con UCIZONI y con todas las comunidades indígenas que, a pesar de la represión, siguen en pie de lucha, defendiendo la vida y la dignidad.
¡Alto a la guerra contra los pueblos indígenas! ¡No al despojo, no a la represión! ¡Justicia para las víctimas de Santo Domingo Petapa!
Congreso Nacional Indígena – Concejo Indígena de Gobierno Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Las familias de personas desaparecidas en Chiapas que integran el colectivo Madres en Resistencia dieron el plazo de un mes a Jesús Jubilian Sarmiento Santos, fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, para que inicie las investigaciones de los casos de desaparecidos, de lo contrario exigirán su renuncia.
Las madres, hermanas e hijas de personas desaparecidas se reunieronel 23 de enero con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para el diálogo, que lograron tras un mes de hacer manifestaciones, entre ellas, una huelga de hambre de una semana.
Entre otros temas, cuestionaron al gobernador la permanencia de Jubilian Sarmiento y de Néstor Fabián Mejía Sarmiento en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el último es el policía de investigación a cargo de los casos del colectivo Madres en Resistencia.
“Él [el gobernador] puso cara de asombro. Le dijo a sus asistentes, apúntame los dos nombres, el de Jubilian y de su primo [Néstor]”, sostiene Isabel Torres, madre de Cassandra Arias e integrante del colectivo.
“El gobernador dijo que si Jorge Luis Llaven Abarca [fiscal general]dejó ahí a Jubilian, es por algo. El gobernador nos pidió que le diéramos una oportunidad”, pero la respuesta contundente del colectivo fue, “no queremos a Jubilian”.
Este viernes 7 de febrero 2025, la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la sentencia a 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez Orellana, uno de los autores del asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016.
Rodríguez se desempeñó como gerente ambiental y social de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la cual buscó imponer el proyecto Agua Zarca, que consistía en una hidroeléctrica en el río Gualcarque, afluente sagrado de la población lenca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el cual coordinaba Cáceres, mantuvo una férrea oposición al proyecto y detuvo su construcción.
En un comunicado tras la difusión de la sentencia, el Copinh sostuvo que Rodríguez es parte de una estructura criminal que aterrorizó a la comunidad lenca de Río Blanco, desde el año 2013, con la intención de imponer la hidroeléctrica Agua Zarca en beneficio económico de la familia Atala Zablah, la mayor promotora de DESA a través de la empresa “Inversiones Las Jacarandas”.
Tras la confirmación de esta sentencia, en total han sido condenadas ocho personas por su participación en el homicidio de Cáceres. Seis de ellas como autores materiales, así como Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia y, ahora, contra Rodríguez Orellana como autor por inducción, es decir, aquél que no comete el delito, pero quien induce o instiga para que sea cometido.
“Su rol, disfrazado de gerente ambiental y social, era el de infiltrar, enemistar y agredir a la comunidad lenca y de vigilar e identificar los liderazgos como objetivo de ataque de la empresa criminal de los Atala”, enfatiza el Copinh, organización que exige sean investigados diversos miembros de la familia Atala involucrados con la promoción del proyecto Agua Zarca.
Al cumplirse cinco meses de la represión ocurrida el 5 de septiembre del 2024, durante la cual manifestantes fueron agredidos por grupos de choque y policías en las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, este miércoles (5), personas heridas aquel día se presentaron a una audiencia para exigir el desistimiento de la acción penal que, acusan, realizan funcionarios locales para criminalizar la protesta social.
Activistas, estudiantes, periodistas e integrantes de la comunidad Otomí – quienes fueron atacados en dos distintos momentos durante una jornada violenta de casi 12 horas – se presentaron en la Fiscalía de Investigación Territorial de Tlalpan donde se les informó el cierre de las indagatorias en un plazo de, máximo, dos semanas. Esto se debe a que, un día antes, funcionarios de Xochimilco, quienes señalaban a los detenidos por los delitos de resistencia de particulares, motín y lesiones, se presentaron para desistir de las acusaciones penales.
“No hay pruebas suficientes para poder seguir con el proceso”, anunció la joven Otomí Anselma Margarito, quien también fue objeto de agresiones durante el 5 de septiembre pasado, cuando en una jornada en solidaridad con la activista xochimilca Hortensia Flores –también criminalizada-, un grupo de choque atacó violentamente a los manifestantes, mientras los policías se negaron a intervenir y sólo actuaron, posteriomente, para detener a las y los agredidos.
En portada: El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del secretario de seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca presentan equipamento táctico destinado a las operaciones del nuevo cuerpo policiaco, conocido popularmente como “pakales”.
Desde entonces las estrategias que coordinan la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido muy difundidas principalmente en medios de comunicación locales.
A la mañana siguiente de la toma de protesta (9 de diciembre) en Tapachula, el gobernador, el comisario, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca, dieron el banderazo al arranque operativo de 500 agentes especiales de la FRIP, con capacidades técnicas y tácticas, fuertemente armados, con 200 vehículos, 10 unidades blindadas y dos drones.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del secretario de seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca presentan equipamento táctico destinado a las operaciones del nuevo cuerpo policiaco, conocido popularmente como “pakales”.
Esta estrategia de seguridad fue definida durante los primeros días de gobierno y, de acuerdo al fiscal, está enfocada en dos puntos: cambiar la percepción de inseguridad junto a las cámaras empresariales, empresarios, líderes de opinión y medios de comunicación; y en segundo combatir la incidencia delictiva de tres delitos: homicidio, robo de vehículo y extorsión o derecho de piso.
Se informó, además, que el presupuesto para la seguridad aumenta mil millones de pesos este 2025. Los argumentos son que los salarios de la FRIP son altos para que los elementos no puedan ser corrompidos e invertirán en inteligencia e investigación; y dieron a conocer que ya cuentan con cuatro helicópteros para patrullajes y ambulancia aérea.
El grupo de élite primero se presentó y realizó acciones en el Soconusco, continuó por la zona Costa y Centro, luego llegó a la Meseta Comiteca, los Altos, la Sierra Mariscal y la Frailesca. Entre otras actividades también patrullan las carreteras y se coordinan con la Policía de Investigación para los operativos Carreteras Seguras y Cero Impunidad, respectivamente.
Habitantes de la Sierra, contactados para este reportaje, manifestaron que el miedo y la incertidumbre continúan porque, aseguraron a Avispa Mídia, que los líderes de los grupos delictivos siguen libres y algunos caminan tranquilos por las calles.
“Muchos tenemos miedo de usar las carreteras o salir porque sabemos dónde tienen a la gente que secuestran, pero ahí no han entrado los Pakales (FRIP). Sabemos que algunos líderes huyeron a Guatemala, siguen sueltos”, dijo Luis, habitante de Frontera Comalapa.
Hace unos días, Óscar Aparicio Avendaño anunció que el trabajo en la frontera continúa y han dialogado con los Kaibiles, el grupo de élite del Ejército de Guatemala, para acordar la vigilancia espejo con el vecino país.
Hasta ahora las acciones en Chiapas han resultado, según informa el gobierno, en el rescate de personas secuestradas; desmantelamiento de cámaras de video vigilancia en las calles propiedad del crimen organizado en, al menos, cuatro municipios; hallazgos de fosas, cateos, decomiso de armas; detenciones de narcomenudistas, policías y de los alcaldes de Frontera Comalapa, Juan Antonio “N”, y de Bellavista, Rosember “N”.
El operativo de Comitán fue uno de los más mediáticos por la detención de 92 policías municipales y de otras 30 personas, el 15 de diciembre de 2024. Casi de inmediato, un total de 45 uniformados fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, así también Santiago “A”, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Comitán, por delitos de motín, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa.
¿Un equívoco?
Karla Nicol Mejía Sosa, tiene 18 años, es de origen hondureño, cuenta con solicitud de refugio ante Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y fue detenida en los operativos encabezados por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en Comitán, el pasado 15 de diciembre de 2024.
Karla Nicol era la encargada de los locales de la pequeña empresa donde labora y, cuando fue detenida, se dirigía a bordo de una motocicleta a la segunda sucursal para retirar las ganancias del día y cerrar.
“Mi sobrina me llamó y me dijo: Tía, ¿qué hago?, me están tirando bala, me arden los ojos. Por qué me están tirando gas, tía ¿qué hago? Le dije agarra la moto y corre para que avances más rápido. Escuché todo, en ese momento mi sobrina dijo: Esa moto es mía. Pero ella pensó que los policías la iban a ayudar y fue ahí cuando ellos la jalonearon porque se escuchó, y le gritaban: ¡Con quién hablas!, ¡a quién llamas!, ¡contesta! Y mi sobrina respondió: ¡No, no ya no hablo, ya no hablo!”, relataron a Avispa Mídia los familiares de Karla Nicol, quienes prefirieron omitir sus nombres.
“La trataron como si fuera delincuente y la detuvieron. Eran hombres, no policías mujeres como según dicen ellos (la FGE). Y quedó la llamada, luego se escuchó al fondo que personas gritaban desesperadas y los policías decían: ¡Todas las motos que vean ahí súbanlas, todas! Luego corté la llamada porque se escuchaba que los andaban revisando y si miraban la llamada la podían a perjudicar más”.
Los familiares narraron que acudieron a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra en Comitán y la única información que consiguieron es que los detenidos estaban en la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en Tuxtla Gutiérrez, a 146 kilómetros de distancia.
“Llegamos y nos dijeron que sí estaba en la fiscalía, pero que volviéramos al día siguiente y ahí estuvimos afuera, esperando desde temprano y no nos dieron noticia. Seguimos insistiendo por información y nada”.
Hasta 24 horas después les pidieron que hicieran una fila para recibir información, pues había más personas esperando. Les dijeron que Karla Nicol ya había sido llevada al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, para la primera audiencia.
Operativo de la FRIP Pakal en carreteras de Chiapas
Se trasladaron al penal de los Altos de Chiapas, pero no les permitieron verla. Después de muchas horas les dieron muy poco tiempo para verla y Karla siempre estuvo custodiada. “Solo me dieron tres minutos, pero no pude hablar bien con ella, solo logró decirme que la tratan mal, le repiten que es delincuente y la desnudaron. Es difícil todo el trauma que está viviendo porque ella es inocente”.
“Tenemos dos grabaciones, se ve cuando ella sale del local, se pone su casco acomoda la tara que lleva atrás la moto, se sube y se va. En la siguiente esquina se ve que está platicando con la vecina de otro local y se ve que igual, se va y no lleva nada ni machete ni palos como ellos [la autoridad] dicen”. La familia informó que todas las pruebas fueron presentadas por la defensa en una segunda audiencia sobre el caso, pero que sigue reuniendo evidencias.
Las pertenencias que traía ese día como celular, las llaves de los locales y dinero en efectivo quedó en manos de los policías que la detuvieron.
“Nosotros como familiares buscamos que la desvinculen, porque mi sobrina iba pasando y no es el único caso, pero nosotros estamos enfocados en ella. Las autoridades no nos dan información clara, nos mandan de fiscalía en fiscalía y se lavan las manos. Ahora consideramos que es un tema político, no de justicia”.
La familia aseguró que en la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Comitán fueron omisos y se negaron a emitir algún pronunciamiento. “Nosotros no queremos reparación de daño, queremos que dejen en libertad a nuestra sobrina”.
A partir de los operativos que iniciaron el 9 de diciembre de 2024, hasta el 1 de febrero, la FGE de Chiapas dijo aAvispa Mídia que inició 336 carpetas de investigación por narcomenudeo, 181 por robo de vehículo, 144 por homicidio culposo, 74 por homicidio doloso, 26 por extorsión y 85 por ataques a las vías de comunicación, “incluye bloqueos”.
100 días
La inmediatez de las operaciones ha provocado preocupación en organizaciones por las posibles violaciones a los Derechos Humanos.
“No pensamos que en 100 días se puedan dar resultados para poder ordenar un Estado golpeado, olvidado, sumido en la violencia. Es imposible. No hay un plan de gobierno que pueda hacer eso. Para ello es importantísimo el diálogo con las personas víctimas de toda esta violencia. Es una tarea de Estado, de todo gobernante y es transexenal”, precisó Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), a Avispa Mídia.
Recalcó que la presencia militar, policiaca y, ahora, de los grupos especiales debe ser respetuosa de las garantías individuales de la población. En su trayectoria como defensor ha sido testigo del robustecimiento de las fuerzas públicas en otros Estados, que ha traído como consecuencia violaciones a los Derechos Humanos. “No pueden ser que cuerpos de seguridad de pronto se encarguen o se hagan cargo de delitos comunes o resguardando el orden de la seguridad pública”, dijo López Rodríguez.
El abogado defensor de Derechos Humanos, Federico Anaya Gallardo, consideró que el gobierno anterior dejó una situación de vacío institucional y, ahora, pareciera lo contrario. Pero especificó que esta presencia del Estado debe ser controlada, porque la guerra no es con la sociedad.
Otro punto señalado por el secretario ejecutivo la Red TDT es que el gobierno de Chiapas ha echado mano de todos los recursos mediáticos para difundir cada uno de los resultados obtenidos por los operativos de seguridad y colocó anuncios espectaculares, incluso en las carreteras, con imágenes de agentes de la FRIP.
Propaganda del nuevo cuerpo policial chiapaneco inunda las calles de diferentes ciudades en la entidad al sur de México.
Incremento de violencia
En el último trienio, la Red TDT documentó un incremento de la violencia en Chiapas con graves consecuencias para la población. Para la red, la prioridad es reconocer la dimensión de la emergencia humanitaria y la atención a la población que es desplazada y reclutada forzadamente. Además, el avance substancial en las investigaciones por casos de desaparición, tortura, homicidio y desplazamiento, “es importantísimo”.
Así mismo, la desarticulación de los recursos con los que opera el crimen organizado es fundamental, es decir, identificar cuáles son aquellas fuentes financieras que tienen, pues no solo el aseguramiento de automóviles, cargamento y armas es relevante.
El gobierno federal anunció que parte de esta estrategia de seguridad es de investigación, pero, hasta ahora, la Red no ha identificado la incautación de cuentas bancarias o la detención de personas clave en el tráfico ilícito de sustancias en el país o en Chiapas concretamente.
Para López Rodríguez un cuerpo de élite o de policía no va a representar avances en el sistema de justicia. La mayor exigencia de las organizaciones de Derechos Humanos es la investigación por los crímenes cometidos contra la población civil y, concretamente, contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Antecedentes
“Es un hombre que goza de mi confianza plena y sus resultados los sentirá el pueblo de Chiapas en los próximos días”, dijo Eduardo Ramírez cuando presentó al secretario de Seguridad, piloto aviador de profesión, según el perfil que difundió el gobierno de Chiapas.
Óscar Alberto Aparicio Avendaño es de Tuxtla Gutiérrez. Tiene formación como francotirador por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos; policial en la Procuraduría General de la República (PGR); y de cartografía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En 1999 inició su trayectoria en la PGR durante una campaña contra el narcotráfico. En 2007 estuvo en la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua. En 2009 ingresó a la Policía Federal y fue director de Seguridad Pública en Apatzingán, Michoacán. A finales de 2024, Aparicio Avendaño renunció como subsecretario de Operación Policial de la SSP de Zacatecas.
Óscar Alberto Aparicio Avendaño, nuevo director de seguridad pública en Chiapas tiene a su cargo la dirección de la FRIP Pakal.
A principios de diciembre, cuando tomó el cargo como secretario de Seguridad del Pueblo (SSP) anunció la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una réplica de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) que se formó cuando él fungió como subsecretario Operación Policial.
La FRIZ ha sido relacionada públicamente con hechos delictivos que van desde desaparición de personas hasta homicidios. “Aparicio tenía una encomienda muy similar en Zacatecas … entonces la comparación es obligada”, comenta Anaya Gallardo. Para el abogado, la experiencia con el grupo táctico en Zacatecas abre la probabilidad de riesgo de abuso de la fuerza también en Chiapas.
El 3 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por los riesgos que puede traer a la estrategia de seguridad a nivel federal el nombramiento de Aparicio Avendaño como secretario de seguridad en un Estado avasallado por la violencia. Ella respondió: “todos tienen que pasar el examen de confianza… tendrían que presentarse pruebas para que pudiéramos actuar”.
Mientras que también persiste la preocupación por los antecedentes del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca. La Red TDT, integrada por defensores de todo el país, firmó un documento en el que expresa el desacuerdo, junto a 60 organizaciones y más redes, a su nombramiento al representar un mensaje negativo para las víctimas de represión y tortura de Llaven Abarca.
El fiscal ha tenido una carrera pública extensa, pero también ha sido objeto de críticas y controversias. Como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el gobierno de Manuel Velasco Coello, se documentó el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas. Además, ha sido señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes en su cargo en la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (FECDO).
Pronunciamiento Conjunto. Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México,
30 de enero de 2025
Pronunciamiento Conjunto
Criminalización en contra del defensor Mario Gómez López
La situación en Chiapas es compleja y preocupante. El gobierno ha implementado acciones para combatir la criminalidad, que han generado violaciones graves de los derechos humanos como la detención del defensor Mario Gómez López, que se da en medio de un esquema de seguridad enfocado en la creación de un cuerpo policía militarizado, detenciones masivas, cateos y despliegues llamativos de fuerza, junto con un discurso de paz, cero impunidad y una sociedad civil profundamente impactada por la violencia y control que emana de grupos de la delincuencia organizada.
Mario Gómez López (en adelante Mario) es un maya tsotsil, defensor de derechos humanos que fue privado de su libertad el 24 de enero del 2025, por policías municipales de San Cristóbal de Las Casas. Forma parte de la comunidad Santa Cruz, del ejido Cuxtitali El Pinar, también es pareja de Pascuala López López, (en adelante Pascuala) defensora de derechos humanos. Su detención se dio mientras se dirigía a su trabajo como albañil alrededor de las 8.00 am.; fue puesto a disposición en la policía ministerial dos horas después, y trasladado inmediatamente al Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 14 (CERSS No. 14) el Amate, del municipio de Cintalapa, acusado de Atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado, daños y los que resulten; delitos que son eminentemente políticos. En esta detención se han generado violaciones al debido proceso, obstruyendo el derecho a la comunicacion con sus abogados y su pareja, Pascuala.
El trasfondo de esta detención es la lucha por la exigencia de justicia impulsada tanto por Pascuala como por Mario frente a la ejecución su hijo Mateo Gómez López, ocurrida la noche del 3 de febrero de 2021, hecho que cuenta con la carpeta de investigación número 0440-078-1001-2021. Este asesinato se da tras un proceso de intimidación, hostigamiento, y la oposición de parte de Mateo de ser reclutado por un grupo delincuencial que opera en el municipio de San Cristóbal de Las Casas. La lucha, además de la criminalización actual, les ha valido también para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgara la Medida Cautelar No. 892-22 desde el 26 de enero de 2023, que ordena implementar medidas de protección para la defensora Pascuala López y su familia.[1] El caso es un ejemplo de cómo la población civil queda en medio de la violencia generada por la disputa de los territorios de parte de grupos delincuenciales, la que acarrea amenazas constantes, hostigamientos, acoso, intimidación, hasta violencia física y psicológica.
Pascuala también es beneficiaria de las medidas de protección Caso 210-2023 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), debido a diversas violencias que emanan desde grupos criminales locales, hasta estructurales vinculadas a la administración y procuración de justicia, quienes lejos de acatarse a los protocolos de actuación con perspectiva de género y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, han empleado contra Pascuala una violencia misógina heteropatriarcal y racista.
La defensa de los derechos humanos impulsada por la madre y el padre de Mateo, Mario y Pascuala respectivamente, tiene como característica central la exigencia de que las autoridades del estado de Chiapas investiguen, den con el paradero y castigue al autor o autores materiales del hecho, a quienes también se les ha señalado de manera directa.
En distintos momentos Pascuala ha sufrido agresiones físicas, como el intento de feminicidio ocurrido el pasado 8 de abril del 2022, cuando aproximadamente 20 personas rodearon su casa, fue sacada a golpes, pateada, asfixiada y agredida con armas de fuego; todo esto a manos del mismo grupo delincuencial que le arrebató la vida a su hijo, como represalia por su exigencia de justicia y señalar a los responsables. Las propias autoridades chiapanecas le han cerrado las puertas a la justicia, negándole información e intimidándola; También, ha sido difamada y señalada en redes sociales con adjetivos racistas, misóginos y discriminatorios.
Insistimos que la detención de Mario, responde a una represalia directa por los señalamientos a los grupos criminales responsables del asesinato a su hijo; también pone en alto riesgo la vida e integridad personal tanto de Pascuala como del propio Mario a quien se le acusa de ser una de las personas que llevó a cabo la quemas de casas el 17 de abril de 2023 en la comunidad Santa Cruz, sin embargo, se omite, que dentro de las viviendas afectadas está también la de Mario y Pascuala, hechos que no han desembocado en la identificación de quienes cometieron el delito, así como tampoco en investigaciones que profundicen en los hechos.[2]
Todo este marco de violencia ha sido notificado a los gobiernos estatal y federal, por la alta vulnerabilidad hacia Pascuala, Mario y su familia, también se dio parte a la CEDAW y CIDH con la finalidad de reforzar y garantizar sus medidas cautelares.
Por todo lo anterior, manifestamos nuestra preocupación por la criminalización a la defensa de los derechos humanos, y exigimos la liberación inmediata de Mario Gómez López, garantizando el respeto irrestricto a sus garantías judiciales y en general del debido proceso.
Atentamente
Colectivos y Organizaciones
Voces Mesoamericanas. Acción con Pueblos Migrantes.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los Derechos para todas, todos y todes.
Colectivo Oaxaqueños Buscando a los Nuestros A.C.
Vendaval, cooperativa panadera y algo más
Grupo de Trabajo No Estamos Todxs
Jornadas contra la criminalización y por la libertad
Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ)
Grupo de Solidaridad con Chiapas, Innsbruck Austria
Espacio de Mujeres y la Sexta Jovel
Mujeres y Disidencias de la Sexta en la Otra Europa
Abya Yala, RRR.
Groupes CafeZ, Liege Belgica
Casa Nicaragua
Red Nacional de Organismos Civiles de derechos humanos Todos los derechos para todas, todos y todes
Servicios y Asesorías para la Paz – SERAPAZ-
IMDEC
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA
Consorcio Oaxaca
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC)
Colectivo de DDHH Tejiendo Dignidad, Memoria y Justicia
Colectivo Kuu
SweFOR México
Raíces en resistencia
Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq
Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic
Nodo de Derechos Humanos
Concejo Autónomo de Santiago Mexquititlán
Rizoma
Red Morelense de apoyo al CIG/CNI
Movimiento de discapacitados y tercera edad de la 4T. MODISTE4T
Colectivo tierra y libertad
Mexicanos Unidos
Instituto Cultural Autónomo “Rubén Jaramillo Ménez”, México
Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Criticas – COTRIC
Tlapaltik B’e Cooperativa
Red Morelense de Apoyo al CNI-CIG
Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía
(RAIS) Red de Apoyo Iztapala Sexta
Colectivo de Profesorxs en la Sexta
Comunidad de Tlanezi Calli en Resistencia
Comunidad de Xochitlanezi
Colectivo Gavilanas
Colectivo de Trabajo Cafetos
Colectivo Cuaderno Común
Asociación de Exploración Científica y Recreativa Brújula Roja
Colectivo la Otra Justicia
Colectivo Panadero la Grieta
Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los volcanes
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
