Desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”…

DENUNCIAMOS ACOSO POLICÍACO Y EXIGIMOS UN ALTO TOTAL A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA EN CONTRA DE NUESTRO COMPAÑERO DIEGO GARCÍA.

No basta con la criminalización de la lucha social de nuestra comunidad, pues el pasado 2 de mayo, policías de investigación visitaron el domicilio de nuestro Compañero, para hacer un reconocimiento del lugar, ante una posible orden de aprehensión.

Nuestro compañero Diego García es representante de la UPREZ Benito Juárez y acompaña, en la exigencia por sus derechos a la salud, educación, trabajo, alimentación, vivienda, autodeterminación y autonomía de Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX, desde hace más de 25 años.

Denunciamos que desde el pasado martes, dos sujetos con porte de la Policía de Investigación, se han apostado en las inmediaciones de la Casa de los Pueblos, observando y vigilando los movimientos de la Comunidad. Viste uno de ellos con traje y lleva consigo un gafete.

El día de hoy 9 de mayo a las 12:00 Hrs., llamó mucho la atención, pues al pasar frente a la Casa de los Pueblos, sus comentarios que por demás, esta decirlo, lo dijeron muy fuerte, justo para que la guardia del inmueble lo escuchara…

“SOLO ESTAMOS ESPERANDO UNA ORDEN JUDICIAL, PARA ENTRAR Y QUE ESTO VALGA MADRES”

Solo esto alcanzaron a escuchar los compañeros de la comunidad y se alejaron, para quedarse en la jardinera de la acera de la Casa de los Pueblos que hace esquina con la calle de Puente de Xoco. Posteriormente, a las 13:00 Hrs. Se retiraron y se metieron a la torre de City Tower, que se encuentra a 10 metros de la Casa de los Pueblos.

Ante esta grave situación de persecución política, llamamos a los pueblos, comunidades y organiza sociales y de DH a estar alertas ante un acto de represión en contra de nuestro Compañero Diego García. Primero su casa, ahora la Casa de los Pueblos, mañana donde será???

Exigimos al Gobierno de la CDMX y al Gobierno Federal, así como al traidor de los Pueblos, Adelfo Regino Montes, para que pongan un alto a esta campaña de persecución política, que justo la hacen en medio de su farsa electoral.

SI TOCAN A UNO, TOCAN A TOD@S!!

Zapata Vive, la Lucha Sigue!!

Tener Techo es un Derecho!!

No a la Criminalización de la Lucha Social!!

Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos!!

Alto al la GUERRA contra los los Pueblos ZAPATISTAS!!

Hoy la Alianza Yoreme integrada por los Pueblos de Bachoco, El Alto, Buaysiacobe, Cohuirimpo y Masiacahui, se manifiesta en algunas dependencias públicas de la capital de Sonora y marcha por sus calles en protesta al «cochinero electoral» han brotado indígenas desde los círculos empresariales y las cúpulas partidistas para usurpar derechos que se niegan a los nativos Yoreme.

A un mes de haber cerrado el Instituto Estatal Electoral y ante la farsa de sus procesos y la omisión de sus obligaciones como la consulta previa, libre e informada; así como el curso de su registro sin respetar las celebraciones sagradas de la Cuaresma, la obligación es hacer notar la discriminación hacia el Pueblo Yoreme Mayo por parte del IEE Cuyo representante el Mtro Nery Ruiz sigue sin dar respuesta a las demandas que desde hace meses se le han hecho llegar.

Fuente: CTXT.es

Por Gideon Levy

Todo israelí decente debe hacerse las siguientes preguntas: ¿está su país cometiendo crímenes de guerra en Gaza? Si es así, ¿cómo deberían detenerse?, ¿cómo debe castigarse a los culpables?, ¿quién puede castigarlos?, ¿es razonable que no se persigan los delitos y se exculpe a los criminales?

Por supuesto, se puede responder negativamente a la primera pregunta –Israel no está cometiendo ningún crimen de guerra en Gaza–, con lo que el resto de las preguntas resultan superfluas.

Sin embargo, cabe preguntarse cómo se puede responder negativamente a dicha pregunta ante los hechos y la situación en Gaza: unas 35.000 personas muertas y otras 10.000 desaparecidas, alrededor de dos tercios de ellas civiles inocentes, según las Fuerzas de Defensa de Israel; entre los muertos hay aproximadamente 13.000 niños, casi 400 personas que pertenecían al personal sanitario y más de 200 periodistas; el 70 % de las viviendas han sido destruidas o dañadas; el 30 % de los niños sufre desnutrición severa; dos personas de cada 10.000 mueren cada día de hambre y enfermedades. (Todas las cifras proceden de Naciones Unidas y organizaciones internacionales).

¿Es posible que estas espantosas cifras se hayan originado sin que se hayan cometido crímenes de guerra? Hay guerras cuya causa es justa y cuyos medios son criminales; la justicia de la guerra no justifica sus crímenes. No es posible que la matanza y la destrucción, el hambre y los desplazamientos a esta escala hayan ocurrido sin cometer crímenes de guerra. Hay individuos responsables de estos y deben ser llevados ante la justicia.

La hasbará israelí, o diplomacia pública, no intenta negar la realidad de Gaza. Se limita a alegar antisemitismo: ¿por qué se meten con nosotros?, ¿qué pasa con Sudán y Yemen? La lógica no se sostiene: un conductor al que paran por exceso de velocidad no se libra argumentando que no es el único. Los crímenes y los criminales permanecen. Israel nunca procesará a nadie por estos delitos. Nunca lo ha hecho, ni por sus guerras ni por su ocupación. Un buen día enjuiciará a un soldado por robar la tarjeta de crédito de un palestino.

Sin embargo, el sentido humano de la justicia desea ver a los criminales ante los tribunales y evitar que cometan crímenes en el futuro. Según esta lógica, solo podemos esperar que el Tribunal Penal Internacional de La Haya haga su trabajo.

Todos los patriotas israelíes y todos los que se preocupan por el bien del Estado deberían desearlo. Solo así cambiará la norma moral de Israel, según la cual se le permite todo. No es fácil desear la detención de los jefes de tu Estado y de tu ejército, y aún más difícil es admitirlo públicamente, ¿pero hay alguna otra forma de detenerlos?

La matanza y la destrucción en Gaza han sobrepasado a Israel. Es la peor catástrofe a la que se ha enfrentado el Estado. Alguien ha llevado al país hasta allí –y no, no ha sido el antisemitismo, sino sus líderes y oficiales del ejército–. Si no hubiera sido por ellos, después del 7 de octubre no habría pasado tan rápidamente de ser un país querido que inspiraba compasión a convertirse en un Estado paria.

Alguien debe ser juzgado por todo esto. Del mismo modo que muchos israelíes desean que Benjamin Netanyahu sea castigado por la corrupción de la que se le acusa, también deberían desear que él y los artífices subordinados a él sean castigados por crímenes mucho más graves, los crímenes de Gaza.

No se puede permitir que queden impunes. Tampoco es posible culpar únicamente a Hamás, aunque haya participado en los crímenes. Somos nosotros los que matamos, llevamos la hambruna, desplazamos y destruimos a una escala tan masiva. Alguien debe responder ante la justicia por ello. Netanyahu es el máximo responsable, por supuesto. La imagen de su encarcelamiento en La Haya junto con el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de las FDI es el material de las pesadillas de todo israelí. Y, no obstante, probablemente esté justificado.

Sin embargo, es muy poco probable que ocurra. La presión que Israel y Estados Unidos están ejerciendo sobre el tribunal es enorme (y equivocada). Pero la táctica del miedo puede ser importante. Si los funcionarios realmente se abstienen de viajar al extranjero en los próximos años, si realmente viven con miedo por lo que pueda venir, podemos estar seguros de que en la próxima guerra se lo pensarán dos veces antes de enviar a los militares a campañas de muerte y destrucción de proporciones tan demenciales. Al menos podemos hallar un poco de consuelo en eso.

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Este artículo se publicó el 5 de mayo en Haaretz.

Traducción de Paloma Farré.

Fuente: Avispa Midia
Por Aldo Santiago

^{En portada: Niños y jóvenes, hijos de campesinos, descansan después de jugar futbol en las tierras recuperadas de la cooperativa El Chile. Foto: Santiago Navarro F}

A la par de un camino de terracería yacen pequeñas estructuras de madera. Cubiertas con nylon, cuentan con techos de lámina y hojas de palma. Champitas, les llaman a estos albergues que ocupan cientos de familias campesinas para defender la recuperación de estas tierras de manos de la industria de palma aceitera, en el valle del Bajo Aguán, municipio de Tocoa, que fueron designadas en los años 70s a la reforma agraria y acaparadas durante los 90s por Corporación Dinant.

Hace ya 16 meses que aquí la resistencia es cotidiana. Pero la lucha por estas tierras es mucho mas añeja. Wendy Castro, joven de 26 años y madre soltera, quien nos muestra la recuperación, por parte de la cooperativa El Chile, aborda las razones de su presencia: “somos hijos, sobrinos, nietos de socios anteriores que fueron afectados por el despojo de las tierras de reforma agraria”, cuenta sobre la legitimidad de sus acciones.

Fuente: Avispa Midia Por Karen Castillo

^{Portada: Marcelino Miramón de regreso a Eloxochitlán, después de un año en prisión. Foto: Radio Zapote}

Marcelino Miramón, mazateco indígena de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue liberado la madrugada del pasado 20 de abril del 2024 después de pasar 11 meses en prisión.

Marcelino fue detenido el 22 de mayo del 2023, acusado del delito de incendio en la causa penal 16/2016. Su defensa argumentó desde un inicio que no había fundamentos legales para dictar la prisión de Marcelino ya que había precedentes dentro de la misma causa penal que demostraban que el delito de incendio no existía.

Desde ese momento, su esposa, Alejandra, y sus diez hijos e hijas emprendieron la lucha para arrancar la libertad de Marcelino Miramón junto con las Mujeres Mazatecas por la Libertad de los Presos Políticos de Eloxochitlán.

Pronunciamiento en solidaridad y exigencia de un cese a los actos de persecución política

07 de mayo de 2024

El 3 de mayo de 2024 el activista Diego García Bautista dio a conocer que durante estas semanas ha sido amedrentado en su domicilio por elementos de la policía de investigación y que además han recibido visitas similares en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” ubicada en Benito Juárez, Ciudad de México. Estos actos nos colocan en un estado de alerta ante posibles repercusiones del gobierno en turno como consecuencia del activismo y la defensa que durante años ha llevado a cabo nuestro compañero, en pro de los pueblos originarios y su derecho a la vivienda digna.

Esta muestra de persecución política nos alerta ante presuntas carpetas de investigación u órdenes de aprehensión giradas en contra de nuestro compañero Diego García Bautista, colocándolo en riesgo a él y a sus círculos cercanos más inmediatos. Denunciamos que esta criminalización de la lucha social está estrechamente vinculada con la toma del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) desde octubre de 2020.

Responsabilizamos directamente de estas acciones represivas a Adelfo Regino Montes, titular del INPI, pues en abril de 2021 señaló que existían denuncias penales contra quienes ocuparon dichas instalaciones. Manifestamos nuestra preocupación ante estos actos, que más allá de mostrar una voluntad política del gobierno solo complejizan y vulneran la situación en la que se encuentra la Comunidad Indígena Otomí. 

Nos preocupa un elemento más. En recientes días han acudido personas autodenominadas como “Servidores de la Nación” con carpetas de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y escoltados por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX. En la puerta de la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes” afirmaron que ahí se vio por última vez a al menos 8 personas menores de edad desaparecidas entre 2019 y 2023

Le preguntamos al gobierno ¿Qué buscan con estos actos? ¿Justificar una entrada para ahora sí desalojar a quienes mantienen tomada la Casa de los Pueblos? Eso que intentaron el 16 de octubre de 2023, cuando más de 500 elementos policiacos intentaron desalojar la toma, golpearon a niñ@s, mujeres, hombres y periodistas; no obstante, en días posteriores un grupo de choque accionó sus armas de fuego contra ell@s, ¡No olvidamos!

La actuación del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal evidencian un nulo interés por otorgar una resolución ante la demanda de vivienda que durante más de tres años ha mantenido la Comunidad a través de la toma del edificio antes denominado como oficina central del INPI. Reprobamos estos actos de intimidación, hostigamiento y represalias por motivos políticos. 

Reconocemos su trabajo en defensa del agua y la vida. Las acciones en su contra afectan directamente los derechos de los pueblos indígenas, por la labor que ha realizado nuestro compañero Diego García Bautista.

Lo reconocemos como defensor del derecho a la vivienda y su constante demanda por el derecho a la Ciudad que históricamente ha sido negada para los pueblos originarios. Quienes hemos trabajado de cerca con él sabemos de su compromiso y labor histórica en defensa de los derechos humanos y su convicción por la presentación de los desaparecid@s, especialmente por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 

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Fuente: Avispa Midia

Por Crimethinc

El 24 de abril, estudiantes, profesores y miembros de la comunidad se reunieron en el campus de la Universidad de Texas en Austin para manifestarse contra la complicidad de la administración universitaria en el genocidio en curso en Gaza. Temiendo que se repitieran los disturbios ocurridos en la Universidad de Columbia y en otros lugares del país, las autoridades del campus movilizaron a un gran número de policías. Sin embargo, a pesar de las detenciones y la violencia, los y las manifestantes se impusieron a la policía. En el siguiente informe, las personas que participaron describen lo que aprendieron.

Hace ya seis meses que se llevan a cabo acciones de solidaridad dirigidas por estudiantes en las universidades. En la última semana, sin embargo, se han intensificado, con acampadas y paros en más de 40 campus de todo el país. Estudiantes de lugares tan lejanos como Australia, Italia y Francia han organizado sus propias acampadas y otras protestas en solidaridad. En las últimas 48 horas, han aparecido nuevos campamentos en al menos catorce campus estadounidenses, incluidos al menos tres campamentos -en Atlanta, Filadelfia y Washington DC- que son colaboraciones interinstitucionales. La policía ha desalojado algunos de ellos, pero otros siguen resistiendo. Durante el mismo periodo de tiempo, al menos seis escuelas han acogido manifestaciones. Dos acampadas escolares tomaron edificios del campus.

Fuente: Avispa MIdia

^{_{En portada: El Comando Sur de los EEUU y la Fuerza de Defensa de Guyana organizaron conjuntamente el primer Simposio de Suboficiales de Selva en Guyana con participantes de Belice, Brasil, Colombia, los Estados Unidos, Guatemala, Guyana y Honduras. Junio, 2022.}}

Por Jorge Sánchez, periodista especializado en la política internacional

Los medios estadounidenses informan que después de pasar más de 20 años luchando en las guerras de Medio Oriente, la comunidad especial estadounidense está cambiando a otros entornos. Con el potencial de un conflicto con China en el Indo-Pacífico cada vez más grande en el fondo, el mando de operaciones especiales de Estados Unidos se está centrando cada vez más en las operaciones en la jungla.

La guerra en la jungla presenta un nivel de dificultad completamente diferente y requiere entrenamiento especializado para operar de manera efectiva.

El año pasado, un pequeño equipo de Marine Raiders completó un curso de guerra en la jungla que aborda los desafíos que las fuerzas estadounidenses podrían encontrar en un conflicto del Indo-Pacífico. El curso de dos semanas se llevó a cabo en la isla de Oahu, Hawaii, y estaba diseñado para realizar pequeñas operaciones especiales y dar las habilidades necesarias para sobrevivir y prosperar en las operaciones en la jungla. 

Los Marine Raiders se entrenaron en habilidades de movilidad en la jungla, como navegar entre matorrales espesos, escalar y hacer rappel en acantilados y atravesar ríos, técnicas para contrarrestar dispositivos explosivos improvisados, reacción al contacto y emboscadas. 

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

^{En portada: Pobladores de la región Choluteca, Puebla, se manifestaron el lunes 22 de abril para exigir la presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental del relleno sanitario. Las autoridades se negaron a dialogar con los habitantes de la zona afectada por el basurero irregular. Foto: Radio Comunitaria Cholollan.}

Habitantes de la región de Cholula, Puebla, se mantuvieron en constante alerta y tensión tras la presencia de un fuerte operativo conjunto entre la policía estatal y la Guardia Nacional, que pretendían desalojar un bloqueo que mantienen las personas en el relleno sanitario ubicado en San Pedro Cholula, ya que su objetivo era que, camiones cargados de desechos de diversos municipios, pudieran ingresar a esta zona.

La tensión policiaca escaló con agresiones hacia la población en resistencia. “Comenzaron los disparos contra los manifestantes con armas de fuego, no se sabía si venían de los policías o de los civiles”, dijo uno de los testigos que por seguridad prefirió omitir su nombre. 

Este basurero, donde esta instalado el plantón de esta resistencia desde el 21 de marzo, fue clausurado formalmente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado 9 de abril, tras las presentaciones de pruebas que realizó la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, a través de las cuales se demostró que los lixiviados de estos desechos han contaminado el agua de pozos que es usada para consumo humano.

Ver también: Pueblos de Cholula denuncian contaminación de pozos por operación irregular de basurero

Sin embargo, poco antes el operativo policiaco, el mismo martes, 30 de abril, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) del Gobierno del Estado de Puebla emitió un comunicado alegando que ya no existía ningún “impedimento legal” para operar el relleno sanitario de Cholula. Afirmó que el motivo de la clausura había sido “atendida y subsanada”, por tanto, esto implicó, el retiro “de los sellos de la dependencia, permitiendo así la continuidad de las operaciones de manera regular”.

Es así que los habitantes de estas comunidades amanecieron a la espera de una ofensiva más violenta por parte de las fuerzas del orden. Aunque los policías no volvieron hasta el cierre de este reportaje, la situación sigue en tensa calma ya que se habla de varios detenidos y cateo de casas sin orden judicial, así como personas agredidas físicamente en diversas comunidades. 

Mientras tanto, los ambientalistas no quitan el dedo del renglón, de no levantar el plantón, hasta el cierre definitivo del relleno sanitario. Por otro lado, la solidaridad hacia los activistas no se ha hecho esperar, así como la condena hacia la represión.

Manifestamos nuestro apoyo a la digna y justa lucha de los pueblos cholultecas contra el Basurero en el estado de Puebla

La guerra y racismo contra los pueblos indígenas cholultecas en el centro del estado de Puebla está cobrando un nuevo episodio de ataques y represión contra la organización que hoy han conformado nuestras hermanas y hermanos en la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua. 

Denunciamos que el día de ayer 30 de abril cientos de policías estatales y municipales de San Pedro y San Andrés Cholula intentaron ingresar por la fuerza camiones de basura de más de una docena de municipios, con la intención de seguir contaminando el territorio y el agua de nuestros hermanos cholultecas.

En su intento, el mal gobierno de Puebla y las Cholulas detonó armas de fuego contra los manifestantes, realizó detenciones ilegales, quemó y destrozó vehículos de los pobladores e irrumpió en los domicilios de compañeros de la organización con la intención de detenerlos. Sin embargo la organización y resistencia de los pueblos logró frenar la reapertura del relleno sanitario donde se depositaba la basura de más de 20 municipios de la zona y de otros estados de la República.

La mentira, el odio y exterminio hacia los pueblos indígenas es la constante del mal gobierno que niega la razón y justicia de los pueblos cholultecas que han decidido, bajo su derecho a la libre determinación el no ingreso de un kilo más de basura en su territorio, y exigen el cierre definitivo del basurero y un plan de abandono que se comprometa a cumplir la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza S.A. de C.V. concesionaria del basurero y a quien se le vincula con el candidato a Senador por Morena en Hidalgo Cuauhtémoc Ochoa. 

Hacemos responsables de cualquier agresión que ponga en riesgo la integridad de nuestros hermanos defensores del territorio al Gobernador y Secretario de Gobernación de Puebla, demandamos un alto total a los hostigamientos y agresión por parte de los cuerpos policíacos del estado. 

Señalamos que la administración federal en espacial, la SEMARNAT a cargo de María Luisa Albores, es directamente responsable  de esta política  contaminación y de zonas de sacrificio, por ser omisa en el tema. 

Como Congreso Nacional Indígena estaremos pendientes de las acciones que tomen nuestras hermanas y hermanos cholultecas el 5 en el Planton contra el Basurero y en Defensa de la Vida, el 14 de mayo en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula, Puebla y subsecuentes. Llamamos a la solidaridad de todas nuestras hermanas y hermanos en México y el mundo para apoyarles.

Comisión de Coordinación del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno