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La noche del 25 de abril, la Caravana El Sur Resiste arribó a Puente Madera, Oaxaca. Ahí se encuentra la comunidad que resiste la construcción de un monstruoso Parque Industrial, parte del proyecto Tren Interoceánico, también conocido como Corredor Interoceánico.

El recibimiento de la comunidad fue en pie de lucha. Una larga fila de personas cargando antorchas recibió a la caravana en la intersección de la carretera en la cual han mantenido plantones y bloqueos por semanas para exigir ser escuchados.

La Caravana se unió a los miembros de la comunidad, y así comenzó la marcha escoltada por motociclistas y moto taxis, que acompañaban los gritos de ¡Puente Madera No Se Vende! ¡El Istmo No Se Vende!, con el ruido de los claxons y los cuetes retumbando alrededor.

El Pitayal

En el segundo día de la Caravana el Sur Resiste, miércoles 26 de abril, visitó el Pitayal, un área llena de mezquites, coyotes, conejos, venados y otras especies vegetales y animales. Todo este ecosistema está en peligro de ser convertido en el Parque Industrial, uno de los 7 parques impulsadospor el Gobierno Federal.

Ahí, miembros de la comunidad de Puente Madera explicaron lo que está en riesgo de llegar a construirse. Todos coinciden en un punto sumamente importante: el Pitayal representa más que un espacio físico y la biodiversidad que lo habita; su existencia es también base de la existencia de la comunidad de Puente Madera, tal como lo explica una mujer de la comunidad:

“Del Pitayal vivimos, comemos, de ahí comemos porque cortamos leña que usamos para cocinar pero que también vendemos, ahí hay conejo y venado. Si nos quitan el Pitayal es como si nos quitaran nuestro banco para vivir.”

Éste es un aspecto que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido ignorar sobre los Pueblos Originarios que habitan el territorio denominado México, junto con los demás gobiernos neoliberales que le han precedido. El territorio representa más que un ente físico y recursos que pueden obtener de éste; los Pueblos Originarios, como el pueblo zapoteco de Puente Madera, han desarrollado su modo de existir en completa conexión con su ambiente natural.

Si se destruye el territorio en el cual una comunidad habita, no sólo se destruye su entorno físico, se atenta con la forma de vida de todo un Pueblo; su comida, sus formas de producir recursos económicos, su cultura, tradición, y forma de vivir el día a día.

El área que está en riesgo comprende más de 360 hectáreas; de acuerdo con la comunidad, el Gobierno de la 4T ha querido imponer el proyecto por medio del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas por medio de personas acarreadas en las consultas, firmas falsificadas y amenazas en contra de la comunidad.

“Nosotros la Asamblea del Istmo decimos que el Gobierno actual es el peor de todos. Este gobierno no nos ha dado la mínima oportunidad de decirle al gobierno por qué estamos en resistencia, en cambio nos están persiguiendo.”

Durante la visita al Pitayal, miembros de la comunidad de Puente Madera plantaron dos tipos distintos de arboles, símbolos de la esperanza que representa este particular territorio. A la par, tres mujeres realizaron una ofrenda; en su lengua -el zapoteco- agradecen a la madre tierra por sostener la vida, piden fuerza para continuar la lucha.

El Pitayal se siente árido y seco; sin embargo, la comunidad tiene un plan ya en marcha para reforestar este territorio y continuar su existencia en armonía, como lo han hecho generación tras generación.

Resistencias en el Istmo de Oaxaca

Después de volver del Pitayal, nos unimos al primer panel del foro “Rebeldías y Resistencias en el Istmo Oaxaqueño”, en el cual representantes de distintas comunidades de la región Istmeña explican las problemáticas que acechan la estabilidad social, económica y ambiental de sus territorios.

El foro inició con un homenaje a Marcelino Nolasco Martínez, defensor del territorio en la región del Istmo y coordinador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, fallecido en enero de 2021 por Covid-19.

A seguir, los audios del foro Rebeldías y Resistencias en el Istmo Oaxaqueño, dividido en tres paneles.

Panel 1: Rebeldías y Resistencias del Istmo

Panel 2 – Luchas y resistencias oaxaqueñas

Panel 3 – Autonomías y alternativas en el Istmo oaxaqueño

Es importante mencionar que sería difícil para cada comunidad explicar la complejidad de las problemáticas que enfrentan y sus formas de resistencia. Sin embargo, sí es posible dar un panorama general de la región, y, conforme a lo expuesto por cada panelista, no sería equivocado enfatizar que una de las mayores amenazas para los Pueblos y comunidades dentro de esta región es la imposición de proyectos de índole neoliberal, como el Parque Industrial en el Pitayal, que pone en riesgo su existencia; además de crear otro tipo de violencias que se desencadenan tras la ruptura del tejido social por la destrucción ambiental, por ende cultural, resultado de un proyecto impuesto.

Entre estos efectos se podría mencionar el desplazamiento forzado del territorio propio, el incremento de la presencia de grupos criminales del narcotráfico y trata de personas, el incremento de la violencia en contra de mujeres y niñas, entre otros.

A continuación, se expondrá un breve resumen de las problemáticas señaladas por cada comunidad presente.

ASAMBLEA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO (APIIDTT)

La Asamblea mencionó la problemática de la imposición de parques eólicos en toda la región del Istmo, los cuales no han generado bienestar para las familias que fueron convencidas de rentar sus tierras en la forma legal del usufructo, a cambio de contratos sumamente desventajosos. Los parques eólicos, de acuerdo con la APIIDT, también provocan la muerte de especies polinizadoras como los murciélagos, contribuyen a la sequía de la tierra y contaminan los mantos friáticos.

“Vinieron al territorio, engañaron a la gente con contratos de usufructo por 30 años para rentar su tierra. Mucha gente sí rentó, pero muchos luchamos por medios legales, por la acción directa, por medio de incidencia, y pudimos detener dos proyectos. Y a pesar de que hay 15 parques eólicos en Juchitán, ni un watt hemos recibido de estas empresas, nosotros no recibimos nada de ellos. Estos proyectos no son para nosotros.”

Ixtepec

La comunidad de Ixtepec, expuso parte de su experiencia por más de 10 años de resistencia contra un proyecto minero, el cual no pudo ser implementado por la resistencia del pueblo, en su mayoría, organizado por mujeres. Sin embargo, la comunidad de Ixtepec menciona que la misma situación que vivieron hace 10 años cuando el proyecto de la minera llegó a su comunidad, lo viven ahora con el proyecto del Tren Interoceánico/Transístmico.

“Éramos un pequeño grupo de mujeres muy, muy jóvenes y estábamos preocupadas de todo lo que estaba pasando. Fuimos recabando datos hasta que vimos que los líderes locales sí tenían esa información, habían dado luz verde a la explotación minera. Organizamos una campaña para evidenciar esto porque sabíamos que lo que estaba en juego era la vida, y logramos detenerlo.

Nos vemos ahora acechados por el Corredor Interoceánico, en Ixtepec vuelve a suceder lo que pasó hace 10 años, la gente desconoce lo que está pasando en el territorio, desconoce lo que es un parque industrial, desconoce cómo ese tren va a llegar a quitarnos lo mucho o poco que tenemos.”

La Ventosa

La comunidad de La Ventosa también expuso su resistencia desde 2016 frente a las mineras canadienses, y cómo lograron ganar la confianza de los comuneros y de otras comunidades y de esta forma detener el proyecto mediante la organización comunitaria.

“El proyecto tenía 30 años vigentes de concesiones, detener el proyecto nos ha costado difamación, amenazas cansancios, pero seguimos diciendo no a la mina, no a los parques eólicos. Nosotros también decimos no a las consultas, porque son amañadas y nos quitan nuestro derecho a la autodeterminación.”

Ixhuatán

La comunidad de Ixhuatán explicó cómo en el Oriente del Istmo hay 16 mil hectáreas concesionadas desde el sexenio de Peña Nieto, y aunque el gobierno de López Obrador ha negado la concesión, se sabe del proyecto de generar zonas de producción y zonas de inversión en toda la zona del Istmo.

“El Istmo siempre ha estado ahí en la mirada de la explotación, desde los 2000 con el Plan Puebla Panamá con Vicente Fox, las Zonas Económicas Especiales con Peña Nieto, y con AMLO zonas económicas especiales, el canal interoceánico. Diferente nombre, pero misma visión de explotación.

Hay otra concesión minera, igual del sexenio de Peña Nieto en la frontera con los Chimalapas, esta en el río Ostuta, el río más importante de toda la zona del Istmo, ahí hay un mar de plata y cobre y han hecho de todo para explotar estos minerales. Sin embargo, ha sido la defensa y la organización de los bienes comunales y ejidales y la organización del pueblo que ha detenido hasta las obras. 

Tenemos también el proyecto Sembrando Vida, que ha impulsado a que la gente deje de trabajar la tierra, ahora todos siembran mango y maguey, pero ahora solo se siembra eso; puro mango y la tierra ya no se trabaja.”

Criminalización de la comunidad de Puente Madera

Entre los impactos que ha tenido la comunidad de Puente de Manera es la persecución que han sufrido por interponerse al Parque Industrial, actualmente hay 17 órdenes de aprehensión en contra de integrantes de la Asamblea, y el compañero David Hernández Salazar fue encarcelado por 8 horas ya que se logró comprobar la irregularidad del proceso y la fabricación de delitos en su contra; sin embargo, el hostigamiento sigue, así como el proceso judicial.

Por lo tanto, la Asamblea del Istmo hace responsable a los tres niveles de gobierno, incluyendo a Antonino Morales Toledo, Secretario de Administración del estado de Oaxaca; al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; y al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cualquier ataque de cualquier tipo en contra de cualquier miembro de la comunidad, integrantes de la Asamblea o del frente de organizaciones oaxaqueñas.

Nos sumamos a este llamado, exigimos respeto a la vida y resistencia de la comunidad de Puente Madera y toda la región del Istmo de Oaxaca; de la misma forma exigimos la cancelación de los proyectos de muerte en esta región que representan una amenaza para la vida y para la existencia de las comunidades que han habitado estos territorios por siglos protegiendo a la madre tierra.

Texto: ¡El sur resiste!
Audios extraídos del video de: Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio
Fotorreportaje: Karen Castillo – Observatorio Memoria y Libertad
Edición de audios: Radio Zapatista
Revisión de texto: Radio Zapatista

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El 27 de abril del 2010 fueron asesinados Bety Cariño y Jyri Jaakkola, por brindar su solidaridad al Municipio Autónomo de San Juan Copala en la región triqui se Oaxaca, desde entonces la búsqueda de la justicia por el amor a Bety y Jyri no se detuvo, las miles de expresiones de indignación, de exigir castigo no se detienen, sin embargo la impunidad es el sello constante por las instituciones del estado mexicano después de 13 años; recordar a Bety y Jyri como un ejemplo vivo y comprometido con el amor al projim@ sigue siendo necesario. Abrazar la lucha por un mundo humano y fraterno es urgente, ellos son el ejemplo del compromiso y del llamado donde la vida está en peligro, son las semillas que florecen, por eso convocamos a seguir mantenido viva su memoria.

Te invitamos a participar en el rescate de la memoria histórica de Beti Cariño y Jyri Jaakkola, activistas y defensores de derechos humanos asesinados en la Caravana Humanitaria que buscaba llevar apoyo a la comunidad triqui de San Juan Copala en 2010.

Convocamos a artistas diversxs y solidarixs que aporten a la memoria gráfica bajo las siguientes bases:

1. Preferiblemente aporte a la memoria histórica de ambos activistas.
2. Técnicas: gráfica, pintura, acuarela, multimedia, cartel, poesía, otros.
3. Se reciben los trabajos a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 30 de julio de 2023.
4. Se seleccionarán 20 trabajos los cuales recibirán un apoyo económico de 3000 pesos cada uno. El jurado seleccionador está integrado por familiares y artistas de reconocido prestigio.
5. Todos los trabajos serán expuestos en la Ciudad de Oaxaca. La obra seleccionada participará en otras sedes por definir (CDMX y Europa). Al término de la primera exposición serán devueltos los originales no seleccionados.
6. Así mismo las obras seleccionadas serán parte de la campaña internacional por la defensa del caso en la búsqueda de justicia de ambas familias

Mayores informes:
Semillasqueflorecen@proton.me

Convocan: familiares, amig@s y representación jurídica de Bety y Jyri en México y Finlandia

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

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Fuente: Avispa Midia

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Texto: ¡El sur resiste!
Audios extraídos de: Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio
Edición: Radio Zapatista
Fotos: Observatorio Memoria y Libertad, CNI y Medios libres

Ejido de Progreso, Pijijiapan, Chiapas

La Caravana partió del Ejido La Gloria, en donde el Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas realiza diversas actividades relacionadas al aprendizaje y compartición de saberes sobre agroecología y eco-técnicas; de ahí nos trasladamos al Ejido de El Progreso en donde se realizó una marcha y mitin político.

En el domo de la plaza central se escuchó la palabra del Consejo Autónomo, el cual compartió su experiencia de casi 30 años en lucha la cual se ha concentrado, pero no reducido, a denunciar y resistir las altas tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y quienes exigen que se aplique el reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano y por lo cual debe ser garantizado por el Estado mexicano.

“Por qué tenemos que elegir entre comer, entre la ropa, y pagar un recibo de 1500 pesos o 3000 pesos, somos campesinos, obreros, pescadores; no tenemos para pagar estas cuotas. Exigimos que, así como hay empresas de energía en Chiapas, que tengamos derecho a tener luz.”

(Integrante del Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas)

Miembros del Consejo Autónomo también enfatizaron que su organización también se intersecta con otras problemáticas como lo es la imposición de proyectos que promueven un supuesto desarrollo pero que, en cambio, solo traen afectaciones ambientales y económicas para sus habitantes; la violencia en contra de la mujer y la falta de respeto a los derechos de las comunidades fueron también problemáticas mencionadas en el mitin.

Una mujer relató cómo el gobierno ha llegado prometiendo carreteras, hospitales y escuelas a cambio de permitir que se lleven a cabo proyectos mineros; pero las comunidades han resistido y se han organizado para evitar que las minas lleguen a esta región. Dentro de las funciones del Consejo Autónomo se encuentra la concientización en las comunidades para alertar sobre las promesas falsas del gobierno a cambio de aceptar proyectos de toda índole (inmobiliarios, mineros, energéticos y programas asistenciales).

Se habla también de la intención del gobierno y de las empresas de adueñarse de todo, del agua, de los recursos, de la alimentación, de la selva y hasta de los hijos e hijas de la comunidad, ante esto, la comunidad menciona seguir en pie de lucha y resistir este robo, mentira e imposición en su territorio.

“Se trata del despojo de todo… se quieren apoderar de nuestras decisiones, de nuestros recursos, se están apoderando de la familia, del agua, del aire. Todo lo que necesitamos para vivir, quieren tener el control. En partes en donde no hay organización lo han logrado, en otros lados, como aquí, hemos logrado resistir.”

(Integrante del Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas).

Tonalá, Chiapas

Después de visitar la comunidad de El Progreso, la Caravana El Sur Resiste avanzó hacia la ciudad de Tonalá, Chiapas, en donde se llevó a cabo otro mitin político organizado por Comité de resistencia civil de «Frente Cívico Tonalteco» en el jardín principal frente al Ayuntamiento de la ciudad.

Ahí se habló sobre los megaproyectos llamados “Corredor Transístmico” y el proyecto denominado “Tren Maya”; la voz de los integrantes de varias comunidades del Istmo de Oaxaca, de Veracruz, de la comunidad Otomí residente de la Ciudad de México y del Pueblo de Santiago Mexquititlán fue de rechazo a estos dos proyectos por imponer una política de explotación y violaciones a los derechos de los Pueblos Originarios.

Durante el mitin se mencionó cómo estos dos proyectos son en sí un proyecto de exterminio del Sureste mexicano, ya que arrastran consigo muchos otros proyectos que beneficiarán a industrias extranjeras y no a las comunidades locales, como se ha argumentado incluyendo proyectos de la industria turística, inmobiliaria, energéticos, mineros, textiles, maquileros, agroindustriales, piscícolas, entre otros.

Para ejemplificar esta situación, se mencionó la intención del Gobierno Federal de construir una red de gasoductos que conectaran a Guatemala con la Región del Istmo y la costa de Chiapas (incluyendo la ciudad de Tonalá).

El gasoducto mencionado por los integrantes de la Caravana El Sur Resiste no es el único planificado para la región, en diversas reuniones de empresas energéticas y petroleras, desde el sexenio pasado, y hasta la fecha se ha comunicado por los Gobiernos Federales, y el sector privado, la intensión de conectar los gasoductos – a la par de conectarlos con el Proyecto Tren Maya y el Corredor Transístmico- de las siguientes regionales:

· DUCTO TEXAS-TUXPAN-, VERACRUZ, – DOS BOCAS, TABASCO, con una longitud de 700 km y una inversión de 5000 millones de dólares

· DUCTO: CACTUS, OAXACA-DOS BOCAS, TABASCO, con una Longitud de 60km y una inversión de mil millones de dólares

Las mismas declaraciones del sector privado al respecto de esta macro-red de gasoductos, habla del plan de otorgar dichos proyectos a la inversión privada, lo cual refuerza los argumentos de las comunidades dentro de la Caravana El Sur Resiste que hablan de estos proyectos como iniciativas al beneficio de megaempresas extranjeras y del capital privado.

Militarización y migración

Como se ha hablado en diversas investigaciones y tal como las comunidades han mencionado, los efectos negativos de los proyectos de muerte Tren Maya y Corredor Transístmico se extienden más allá de la destrucción ambiental, también incluyen las violaciones a los derechos humanos de los diversos Pueblos Originarios que habitan estos territorios y la destrucción de su cultura a costo del beneficio de millonarios extranjeros; además del incremento de presencia militar, de la Guardia Nacional, de otros cuerpos policiales, paramilitares y del narcotráfico; y por ende el incremento de la violencia en contra de las personas que habitan estas regiones.

En Chiapas, por ejemplo, se ha llegado a un total de 147 campos militares que se han construido hasta el momento, muchos de estos cuarteles han sido posicionados en proximidad a comunidades base zapatistas.

Uno de los objetivos del Tren Maya y del Corredor Transístmico es crear mega zonas industriales en toda la región del Sureste, que además de convertir a los Pobladores Originarios en mano barata para diversas industrias; sea una zona de contención para migrantes de todo el mundo que comienzan su tránsito hacia los Estados Unidos a través de Chiapas, Yucatán y otras rutas.

Los impactos de esta política ya se perciben de manera tangible en la zona de Chiapas y en la zona que sigue la Caravana del Sur Resiste, tan sólo en nuestro trayecto de Tonalá, Chiapas a Puente Madera, Oaxaca, pasamos más de 9 retenes con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Policía Estatal, y del Instituto Nacional de Migración, quienes detuvieron a los distintos transportes de la Caravana en al menos 7 ocasiones, fotografiaron a los automóviles, y en cuatro ocasiones subieron a los camiones fotografiando también a los y las participantes.

En el retén que marca la división entre Chiapas y Oaxaca, además de ser fotografiados por los cuerpos oficiales de represión del Estado mexicano, fuimos fotografiados por personas vestidas de civil, que se transportaban en motos y que siguieron nuestro trayecto los primeros metros después de pasar el retén; desconocemos la naturaleza y propósito de estas personas, pero advertimos con la más alta caución su presencia cercana a los elementos militares.

Durante todo el trayecto, pudimos observar diversos grupos de personas que recorren las largas carreteras a pie, y quienes, al vislumbrar los retenes mencionados, se introducen a la maleza que flanquea los caminos pavimentados, muchas veces, en estos caminos les esperan otros riesgos como la explotación y trata a manos de grupos del crimen organizado en contubernio con autoridades locales, el ejército, y otros cuerpos policiales.

En la pequeña parte que pudimos visitar en el estado de Chiapas, los impactos de los megaproyectos Tren Maya y Corredor Transístmico ya se viven en la política de militarización y retención/persecución de personas en tránsito hacia el norte.

Los impactos negativos en materia ambiental y social caminan lento, pero se vislumbra en el futuro cercano, las comunidades hacen un llamado a resistir estos megaproyectos y los diversos proyectos que arrastran consigo; de no resistirlos, la catástrofe ambiental y social se percibe más cercana que nunca.

Para finalizar el día, la Caravana fue recibida en la comunidad de Puente Madera con los miembros de la comunidad portando antorchas y gritando consignas en su su férrea decisión de defender el territorio contra el Corredor Interoceanico.

Ve también el reportaje de Radio Pozol

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Hoy dio inicio en la ciudad de Pijijiapan, en la costa de Chiapas, la Caravana “El sur resiste 2023“, que en un período de 10 días  recorrerá el Sur/Sureste mexicano por los territorios afectados por el megaproyecto interconectado “Tren Maya / Corredor Interoceánico” articulando los pueblos, comunidades, colonias, barrios y organizaciones indígenas, campesinas, feministas, sindicales, populares y de la sociedad civil que están en lucha y resistencia ante distintas formas de despojo del Estado y el capital mundial y patriarcal. En el transcurso de esos 10 días, pueblos indígenas de los territorios afectados por los megaproyectos recorrerán los puntos de mayor conflicto a lo largo de seis estados del sureste mexicano, con el objetivo de hermanar sus luchas y presentar un frente en común. Al mismo tiempo, una llamada de acción global convoca a realizar acciones globales durante las fechas del recorrido.

La caravana concluirá con un Encuentro Internacional El Sur Resiste en las instalaciones del Caracol Jacinto Canek, en San Cristóbal de Las Casas, los días 6 y 7 de mayo.

Toda la información sobre la caravana y encuentro aquí: www.elsurresiste.org

El compañero Diego Osorno explica el sentido de la iniciativa en este artículo de opinión.

Compartimos abajo un reportaje sobre el inicio de la caravana, publicado por Pie de Página.

(Continuar leyendo…)

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Caravana, encuentro internacional y jornadas de acción global del 25 de abril al 7 de mayo 2023

¡Apoya la resistencia indígena contra los megaproyectos destructivos en México!

Bajo la participación de empresas europeas, actualmente se están construyendo en el sureste de México dos megaproyectos relacionados entre sí. Estos proyectos de infraestructuras a gran escala, que consisten en autopistas, ferrocarriles, zonas económicas especiales para la industria y proyectos de construcción para el turismo de masas, amenazan con destruir la segunda selva tropical más grande de América, contaminar enormes reservas de aguas subterráneas y desplazar y privar de derechos a las comunidades indígenas. Dado que el ejército mexicano está en parte a cargo de la construcción, e incluso se supone que gestiona una sección de la ruta y recibe los ingresos, los dos megaproyectos sirven también para militarizar el sur indígena y para ahuyentar a los migrantes de América Central. Alemania está representada por Deutsche Bahn, que afirma ser “el protector del clima más rápido de Alemania”. No sólo gana dinero con la tala de la selva tropical, sino que también viola el derecho reiteradamente garantizado de las comunidades indígenas a decidir por sí mismas lo que ocurre con sus tierras. El nombre del proyecto resume bien su cinismo: Para el llamado “Tren Maya”, se amenaza a los indígenas mayas con la expulsión y la privación de sus medios de vida. Sin embargo, hace tiempo que está claro que la protección de las comunidades indígenas es sinónimo de protección medioambiental: ¡el 80% de la biodiversidad que queda en el mundo se encuentra en territorio indígena!

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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedia Prado

^{En portada: Santiago Contoricón Antúnez (centro), de la comunidad asháninka Puerto Ocopa, fue asesinado el pasado 8 de abril.}

El asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez a manos del narcotráfico, el sábado 8 de abril, se suma a una lista de decenas de defensores de territorios desprotegidos por los gobiernos en el Perú. En las últimas semanas, el dirigente reportó al Ministerio del Interior y a representantes del Ejecutivo las amenazas que recibía del crimen organizado en la provincia Satipo (región Junín).

En 2022, el país andino fue el séptimo más peligroso de América Latina para los guardianes de la tierra, la región del mundo de mayor letalidad para estos. Entre 2012 y 2021, según un informe de Global Witness, se registraron los asesinatos de 51 protectores del ambiente y líderes indígenas. Al menos seis crímenes se cometieron en Junín, en la zona de selva central peruana. Ocho defensores peruanos fueron victimados el año pasado, la mayoría en localidades amazónicas.

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El crimen contra Contoricón se vincula a su participación junto a integrantes de comunidades asháninkas en incautaciones de cocaína, en ejercicio de la autodefensa de sus territorios ancestrales. Las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo se enfrentan al avance de los cultivos de hoja de coca para la producción de drogas y a la tala ilegal. La política de militarizar un área de emergencia, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dentro de la cual se ejecutó el atentado, no da resultados.

Por el contrario, entre 2018 y 2021 las plantaciones cocaleras en territorios de pueblos indígenas crecieron en 93%, de 8,000 a más de 15,000 hectáreas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd) indica que de 2020 a 2021 los cultivos ilícitos en el Perú aumentaron en 23%, de 61,000 a 80,000 hectáreas.

En la provincia de Satipo, a la que Contoricón representó como consejero regional, se localizan las mayores expansiones de sembríos de coca en los últimos años, con participación de remanentes de Sendero Luminoso como guardia armada de narcotraficantes.

A unos metros de la casa del líder indígena, en la comunidad nativa Puerto Ocopa, opera una base de la Marina de Guerra. El exalcade del distrito Río Tambo, donde aún no hay comisaría, fue victimado en su vivienda por un sicario de un disparo en la cabeza, en presencia de su familia. Contoricón fue un histórico dirigente que en sus 56 años de vida defendió a su etnia de la violencia de Sendero Luminoso y el Estado, más tarde la del extractivismo neoliberal y las mafias expandidas, en los años de una pacificación que no se afianzó en la selva peruana.

El Perú como narcoestado

La Central Asháninka del Río Tambo señala a la Policía y las Fuerzas Armadas de permitir la circulación de embarcaciones con cocaína e insumos para su elaboración, por lo que exigen al Ejecutivo que retire a los militares de la base de Puerto Ocopa. Los comités de autodefensa ordenaron la salida de todas las personas foráneas de la zona y mantienen bloqueado el tránsito fluvial. En otras provincias de la selva hay carreteras interceptadas en apoyo a la protesta asháninka.

“En su momento hemos dado confianza para contar con una base militar o policial para prevenir, pero más nos generan problemas, desautorizando a las comunidades nativas para desarrollar sus propias acciones de seguridad dentro de su territorio. Lo que queremos es que se entienda cuál es la realidad de los ríos Tambo y Ene, donde no hay presencia del Estado”, señaló, por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec).

La condición del Perú como narcoestado se acentúa con la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por los sectores políticos conservadores y de ultraderecha financiados por el narcotráfico. Se consolida con la presencia de una fiscal de la Nación que asumió la persecución judicial al expresidente Pedro Castillo e impide las investigaciones a su hermana jueza por cobros de sobornos a traficantes.

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Una muestra de la narcopolítica peruana es la reciente megaoperación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la organización, Joaquín Ramírez, actual alcalde de la provincia Cajamarca, de alta producción de cocaína y opiáceos. Al excongresista, investigado por la DEA desde 2012, le incautaron más de 200 inmuebles, 90 vehículos y siete avionetas. Su principal negocio legal, una universidad privada de funcionamiento irregular, tiene los favores del régimen. La fiscal de la Nación acredita dos títulos de posgrado de esta casa de estudios, sin registros de las tesis que los avalen. Así funciona un Estado neoliberal capturado por mafias.

Para abordar el crimen organizado en la selva central, este año el Ejecutivo creó una mesa multisectorial en la que días antes del asesinato dirigentes indígenas recordaron su vulnerabilidad a altos representantes del Gobierno de facto, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hasta el momento, ningún funcionario se reunió con las autoridades indígenas y de la región. Es la ausencia de Estado que reclaman los pueblos originarios con una nueva medida de fuerza indefinida. Los defensores de la tierra están en pie de lucha en la selva. En frente, un régimen armado-empresarial dispuesto a extremar la explotación de la Amazonía y sus habitantes.

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En Ecuador, El Frente de Defensa del Agua, la Vida y la Naturaleza del cantón Pangua, el Frente Nacional Antiminero y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi reunidos en la Asamblea Plurinacional Antiminera, el último 15 de abril, denunciaron la presencia ilegal e inconstitucional de la empresa minera británica Anglo American en el territorio de Pangua, en la Provincia de Cotopaxi, en el centro del Ecuador, “pues no ha existido la Consulta Previa, Libre e Informada”.

Los activistas se oponen a la “pretendida socialización ambiental” realizada por el Ministerio del Ambiente del país ya que argumentan que, “no cumplieron el requisito básico para el otorgamiento de las licencias ambientales a la empresa minera; además, se han vulnerado los artículos 56 y 57 en su numeral 7 de la carta magna, donde se establecen los Derechos Colectivos”.

Una de las resoluciones de esta asamblea exige a la minera Anglo American que retire su maquinaria, personal e instalaciones del Cantón Pangua, en un plazo de 14 días, es decir, hasta el 29 de abril, en particular que salga de las comunidades Punta Brava y Guapara.

Otra de las decisiones es que se realizará una consulta popular, vía Corte Constitucional, para “oponernos a la extracción minera en el cantón Pangua”. Esto se impulsará como iniciativa ciudadana aplicando el artículo 104, párrafo cuarto, de la Constitución de la República del Ecuador.

Exigen que las autoridades locales electas acaten las resoluciones asamblearias y de autoconsulta del pueblo Pangua por la defensa del agua, la vida y la naturaleza.

La asamblea, que está constituida por diversos pueblos, sostienen firmemente prohibir la entrada a corporaciones mineras en sus territorios, por ello respaldan la llamada Acción de Lucha Plurinacional Frente a las Empresas Mineras convocada para el 5 de junio en el territorio nacional, para “exigir a las autoridades mediante mandato popular la declaratoria de nuestros territorios libres de minería”.