Radio Zapatista

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Pueblos, organizaciones y comunidades integrantes del CNI del estado de Chiapas: Ejido Tila, San Sebastián Bachajón adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, Las Abejas de Acteal, Semilla Digna, San Felipe Ecatepec C.N.P.I., 5 de Marzo, PUDEE, Frente Cívico Tonalteco y Concejo Autónomo regional de la Costa, Xinich y San Pedro Ocosingo, convocamos a integrantes del CNI Chiapas, registrados como “Delegados participantes” (con acta de acuerdo presentada en la segunda etapa del 5° Congreso Nacional Indígena llevada a cabo en diciembre pasado), a una reunión en las instalaciones del CIDECI-UniTierra en San Cristóbal de las Casas, el sábado 13 de mayo del año en curso, para analizar la convocatoria de la conformación del Concejo Indígena de Gobierno del CNI con la presencia de la Coordinación Provisional, con los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:

9.00 am    Registro.

10:00am   Bienvenida y presentación.

Análisis de la convocatoria a la conformación del consejo indígena de gobierno del CNI

2:00 pm   Comida.

4:00 pm   Mesas de trabajo por regiones.

5:00 pm  Presentaciones de acuerdos.

7:30 pm  Clausura.

8:00 pm  Cena.

¡¡¡Por la reconstitución integral de nuestros pueblos!!!

¡¡¡Nunca más un México sin nosotros!!!

¡¡¡Viva el Congreso Nacional Indígena!!!

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Ejército mexicano causante de la Ejecución Extrajudicial de Gilberto Jiménez Hernández

Impacto de la contrainsurgencia con la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante su informe anual 2016,1 publicó el 27 de abril de 2017, el Informe de Admisibilidad y Fondo No. 51/162 del Caso 11.564 Gilberto Jiménez Hernández y Otros (LA Grandeza) México; en la que determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la violación al derecho a la vida y al principio de igualdad y no discriminación, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial, en el marco de la implementación de la estrategia contrainsurgente diseñada dentro del Plan de Campaña Chiapas 94.

El 20 de febrero de 1995, en el ejido La Grandeza, municipio de Altamirano, Chiapas, la población recibió la alerta del operativo militar realizado por la patrulla de reconocimiento del 17º Batallón de Infantería, comisionados en la Fuerza de Tarea “Arcoiris” en el Agrupamiento “Yabur”, compuesta por 65 agentes militares quienes portaban armamento 3 MP5 Cal. 9mm y 62 G-3 Cal. 7.62mm. Al mismo tiempo aviones del Ejército sobrevolaban en la región.

La población del ejido La Grandeza, conformada, en su mayoría, por mujeres, niñas, niños y ancianas/os se desplazó forzadamente hacía la montaña para salvar su vida, mientras en el poblado, los militares quemaban las pertenencias de las personas desplazadas. El señor Gilberto Jiménez Hernández, indígena tseltal de 43 años de edad, fue ejecutado extrajudicialmente por un militar mientras huía con su familia a la montaña. El soldado le ordenó que se detuviera, se tendiera al suelo y sin importar que llevara su hija de cinco años atada con un chal en la espalda, le disparó.

Hasta el día de hoy el fuero militar ha servido para asegurar la impunidad. Las investigaciones del presente caso se han enmarcado en la falta de debida diligencia para encubrir al Ejército mexicano, el expediente se encuentra extraviado por las autoridades de procuración de justicia desde 1997. El derecho de acceso a la justicia para conocer la verdad de lo sucedido y para que se sancione a los responsables no existe en México.

Respecto a la responsabilidad del Estado mexicano, la CIDH dio amplio valor a la prueba aportada por los peticionarios consistente en la existencia del “Plan de Campaña Chiapas 94” señalando que “en febrero de 1995 el Ejército mexicano se propuso retomar el territorio en el que había operado el EZLN desde el principio del conflicto y dio inicio a la respuesta militar a través de la implementación de una estrategia desarrollada por la SEDENA. Dicha estrategia quedó plasmada en el documento denominado “Plan de Campaña Chiapas 94”, […] el cual fue diseñado por dicha Secretaría en 1994 y se inició su ejecución a partir de 1995”.

El Plan de Campaña se concretó en crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente contra la población civil tanto por elementos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como por grupos paramilitares en diferentes regiones del estado de Chiapas, en el marco del conflicto armado interno no resuelto. El Plan tenía como finalidad […] “romper la relación de apoyo […] entre la población y los transgresores de la ley”; “organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil; entre otros a ganaderos pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico quienes ser[ía]n empleados en apoyo de nuestras operaciones”; así como “adiestra[r] y apoya[r] las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares” [y] “en caso de no existir fuerzas de autodefensa, […] crearlas.

En la implementación de dicho Plan las Fuerzas Armadas realizaron incursiones en varias comunidades de Chiapas y en este contexto se presentaron diversas denuncias sobre desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, entre otras violaciones a los derechos humanos. La CIDH ya se ha pronunciado en otros casos en este contexto, como el del Ejido Morelia: tortura, ejecuciones extrajudiciales y sumarias (11.411)3 y Hermanas González: detención ilegal, violación y tortura (11.565)4; y se encuentran en etapa de fondo los casos de Antonio González Méndez: desaparición forzada (12.322)5, Masacre de Acteal: ejecuciones extrajudiciales y sumarias (12.790)6 y Zona Norte: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado (12.901)7 cometidos en el escenario de este conflicto armado interno no resuelto.

La CIDH ha recomendado al Estado mexicano reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos cometidas, considerando el daño a la familia del señor Gilberto Jiménez Hernández así como los efectos comunitarios de la aplicación del Plan de Campaña Chiapas 94. Además de realizar una investigación imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar a los autores intelectuales y materiales e imponer las sanciones correspondientes, dichas investigaciones deberán esclarecer el contexto en el que tuvieron lugar los hechos.

Queda en evidencia lo dicho por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional “[d]e arriba, nunca, jamás llegarán la verdad y la justicia.”8 A pesar de ello, con esta resolución de fondo se crea un precedente histórico que desenmascara al Estado Mexicano en su acción de contrainsurgencia. La CIDH reconoce y responsabiliza al gobierno en sus crímenes de lesa humanidad en el contexto del Conflicto Armado Interno en Chiapas.

El perpetrador de estos crímenes de lesa humanidad es el Estado mexicano, representado en su momento por Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto; así como el General Mario Renán Castillo Fernández responsable del Plan de Campaña Chiapas 94 y la creación de los grupos paramilitares.

En este contexto oscuro del actual México la situación se ha recrudecido: las masacres van, las ejecuciones extrajudiciales vienen, las desapariciones forzadas pasan frente a nosotros. Es clara la ruptura del gobierno con los pueblos. El gobierno no cumple sus responsabilidades con quienes deberían de servir y respetar, cada vez el abismo se profundiza.

Ahora los señores de la guerra están pugnando por una Ley de Seguridad Interior, su bandera para envolverse y perpetuar la impunidad a las Fuerzas Armadas en México, y como ha sucedido en esta parte de Chiapas la continuidad de desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, tortura, masacres, muerte y más muerte.

Por lo anterior hacemos un llamado a la sociedad civil organizada a no olvidar a mantenerse informada sobre el contexto del Conflicto Armado Interno no resuelto en Chiapas, lo cual ha sido corroborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, planificado mediante manuales y planes de contrainsurgencia dirigidos a la población, lo que concluye un estado genocida.

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CDMX, 3 de Mayo 2017. Padres y madres de los 43 estudiantes Normalistas desaparecidos exigen audiencia ante el Senado para pedir que se dé pronta respuesta a las cuatro recomendaciones hechas por el grupo de expertos (GIEI),  indispensables para la verdad y la justicia en el caso Ayoitzinapa.

1.-Investigación al ejército Mexicano.

2.-Detención de los policías Federal, Municipal y del Estado, quienes participaron en el secuestro de los 43 estudiantes.

3.-Entrega de los resultados del análisis de geolocalización y contenido de las conversaciones de los  teléfonos celulares bajo investigación.

4.-Avance en la línea de investigación del trasiego de droga de Iguala  a Chicago, como principal móvil de  la agresión a  los estudiantes Normalistas .

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Por Célia Reis

(Leia en português embaixo)

Poema “Mães de Maio” em português: (Descarga aquí)  

Poema “Madres de Mayo” en español: (Descarga aquí)  

En enero de 2006 me mudé con mi familia a la capital del estado de São Paulo, Brasil. En mayo de ese año, más de 500 jóvenes de las periferias fueron asesinados en matanzas realizadas por grupos de exterminio, con sospechas de participación de agentes de seguridad pública del Estado de la Policía Militar.Una verdadera masacre contra la sociedad civil, un crimen de Estado, según las Madres de Mayo (formado por familias de jóvenes asesinados) y de muchos otros.

Hablo de los Crímenes de Mayo, como son conocidos, vinculados a los atentados del Primer Comando de la Capital (PCC), una facción criminal que nació en los presidios de São Paulo, como reacción, entre otras cosas, a la llamada Masacre de Carandiru, en la que fueron asesinados 111 presos por la Policía Militar del Estado de São Paulo en 1992. El PCC atacó bases policiales, delegaciones y otros agentes identificados como responsables por la seguridad pública, resultando en la muerte de 59 personas, entre policías, bomberos, carceleros y otros. Eso causó pánico en la ciudad de São Paulo, lo cual en su ápice, entre rumores y noticias de ataques, hizo que todo el comercio, la industria, las instituciones públicas y las escuelas cerraran sus puertas, decretando un toque de queda informal el 15 de mayo. Hasta mi escuela despidió a todos los alumnos, profesores y funcionarios. Eso provocó un caos en la ciudad, con personas tratando de regresar a casa aterrorizadas, con miedo de ser víctimas de un posible ataque.

Pero fueron las familias de las periferias las que más sufrieron en ese episodio, pues la acción de grupos de exterminio con fuertes sospechas de participación de policías militares, cuando no la acción directa de la propia PM, durante diez días de retaliación, acabó con la vida de jóvenes de forma indiscriminada, produciendo una estadística macabra de 564 muertes.
De ahí surgió el movimiento Madres de Mayo, cuyas familias tuvieron a sus hijos muertos en esa acción impensable. Indignadas, acudieron a la justicia, acusando al Estado de responsabilidad por esa masacre. Desde entonces, bajo el lema “del luto a la lucha”, han estado denunciando los Crímenes de Mayo, exigiendo que sean investigados, que los culpados sean juzgados y condenados y que las familias sean indemnizadas. El movimiento se volvió así una referencia en la lucha contra los crímenes de Estado.

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26 de Abril CDMX .  Padres y madres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 31 meses, marcharon sobre Reforma y realizaron un  mitin  frente al hemiciclo a Juárez.

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El gobierno se aferra en defender la ampliación de la autopista La Pera-Cuautla, que no servirá para que los automóviles vayan más rápido, sino para acelerar la integración de Tepoztlán y el oriente de Morelos al proyecto capitalista de desarrollo metropolitano y ampliación de la Ciudad de México. Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentan que los comuneros que interpusimos el amparo no tenemos interés legítimo en defender nuestro territorio. Nos están negando nuestro legítimo derecho de libre autodeterminación, seamos doce o seamos mil. Avalando la ampliación La Pera-Cuautla están legitimando la desaparición forzada de Tepoztlán.

Tepoztlán somos pueblos indígenas. Tenemos memoria, tenemos dignidad. Tenemos todo el derecho y el legítimo interés de rechazar cualquier proyecto o programa que nos destruye como pueblo, aunque los magistrados de la ciudad determinen infundado nuestro amparo, argumentando que no tenemos interés legítimo en defender nuestro territorio y defendernos de la desaparición forzada de Tepoztlán como pueblo indígena. El dinero, el medio de destrucción más voraz de este sistema capitalista, está desapareciendo forzadamente a Tepoztlán cada día, cada vez más y de manera más burda, más cínica, más grosera.

El programa de Pueblos Mágicos impone un “aura” de atracción mercantil para el turismo nacional e internacional que facilita el despojo y la venta de la memoria y de la identidad cultural de los pueblos indígenas. El programa de Pueblos Mágicos es una estrategia de despojo y destrucción de los derechos y cultura de los pueblos indígenas a través del turismo y la industria de servicios, que destruye la integralidad del territorio. El programa de Pueblos Mágicos destruye brutalmente nuestro mundo, nuestro pueblo y nuestra cultura indígenas, y va deshabilitando nuestra capacidad de preocuparnos por las consecuencias de nuestras propias acciones.

Hace unos días, uno de los españoles que para las autoridades sí tiene interés legítimo sobre nuestro territorio, amparado por la cobertura de que Tepoztlán sea Pueblo Mágico, fue encontrado realizando actividades sin permisos de “ecoturismo” como le dicen, en este caso volando con parapente, aunque también hacen escalada, cañonismo, senderismo y otras actividades. Cuando se le fue a buscar, se le encontró haciendo sus necesidades en el bosque, en área natural protegida. Al ser cuestionado, respondió arrogantemente a un tepozteco: “Yo me puedo cagar en tu pueblo cuando yo quiera porque tengo el dinero para hacerlo, el dinero que tú no tienes ni siquiera para ir a España”.

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El día 26 de abril se realizó la XXXI Acción Global por Ayotzinapa y por México con una marcha que partió de la PGR al Hemiciclo a Juárez en Ciudad Monstruo. La manifestación partió con un contingente pequeño al que se fueron sumando varias organizaciones, entre ellas el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, compas de la Sexta, normalistas de Ayotzinapa, vecinos de los Pedregales y organizaciones estudiantiles. Durante el trayecto por avenida Reforma algunas situaciones retrataban la situación del país: a lo lejos un grupo de granaderos intimidaba absurdamente a la manifestación pacífica, más adelante un grupo de colonos que mantenía un plantón en protesta por altos cobros de la energía eléctrica saludaba a la marcha y, casi llegando al Antimonumento por los 43, cientos de campesinos se manifestaban en la avenida Reforma y ponían un plantón a las afueras de una oficina gubernamental.

En el mitin en el Hemiciclo a Juárez las madres y los padres denunciaron la represión policial que sufrieron a las afueras de la Secretaría de Gobernación un día antes, el 25 de abril. Mencionaron que una madre de familia, la señora Metodia Camilo Carrillo, se encuentra hospitalizada como resultado de la inhalación de los gases que disparó la policía federal ese día contra las madres y los padres de familia.

Las madres y los padres se encuentran en plantón indefinido en la PGR desde el pasado 20 abril en exigencia de que el gobierno investigue cuatro líneas fundamentales que dejaron los investigadores del GIEI antes de que abandonaron el país: 1) Una investigación seria, pronta y legitima; 2) Detención de 25 elementos de la policía federal y municipal de Huitzuco que participaron en la desaparición de los normalistas; 3) Investigación contra autoridades locales del estado de Guerrero; 4) Análisis de la telefonía celular de alrededor de 500 teléfonos que no han sido analizados.

A 31 meses de la desaparición de los compañeros normalistas seguimos exigiendo su presentación con vida. Escucha y descarga los audios en el siguiente link: http://kehuelga.net/archivos/lucha/2017/2017-04-Ayotzinapa/2017-04-26-MitinAyotzi/

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Texto: Nancy Zamora
Fotografías: Kino Luiggi

El repique solemne de las campanas de la Capilla El Calvario aún toca los corazones de los comuneros de Cherán, Michoacán. La madrugada del viernes 15 de abril de 2011 fue una fecha inolvidable para sus habitantes, ya que ese día, ante un hartazgo por la pérdida del patrimonio natural de sus bosques —fueron devastadas 20 mil hectáreas a lo largo de tres años—, decidieron frenar a los madereros que talaban impunemente sus áreas boscosas.

«¡Basta, basta! ¡No más! ¡Hasta aquí!», gritaban las mujeres, quienes tuvieron un importante papel durante todo el movimiento. Con estas voces, que surgían desde el interior del municipio enclavado en la Meseta P’urhépecha, y que dilapidaban coraje, justicia y fuerza por la pérdida de la madre naturaleza, despertó el pueblo entero de Cherán.

Hace seis años que surgió este gesto de rebeldía para recuperar las raíces y la memoria histórica de este sitio originario, ubicado al suroeste de México, y en su mayoría, habitado por indígenas p’urhépechas. Actualmente, es referencia de un pueblo unido que lucha por su autonomía, por preservar sus usos y costumbres y por globalizar el movimiento de resistencia. Así lo comentó Miriam Jazmín Tapia Romero, estudiante de secundaria, durante el acto cívico del sexto aniversario de la lucha «por la defensa de nuestros bosques en Cherán»:

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Por María González

Hoy, 26 de abril de 2017, el ministro José Fernando Franco González Salas y los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrían que resolver el Recurso de Reclamación 1880/2016 contra el acuerdo dictado por el presidente de la SCJN en el cual desechó un primer Recurso de Revisión en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, que considera que comuneros habitantes de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no tienen interés legítimo para interponer amparos en contra de la construcción ilegal de infraestructura en su territorio. Por esta razón comuneros, población tepozteca, avecindada y solidaria acudirá a la SCJN a realizar un mitin a las 11:00 am para conminar a los magistrados para que se haga justicia y se respete la legalidad en el marco de la problemática por la ampliación de la autopista La Pera–Cuautla en Tepoztlán, es decir que, para empezar, se reconozca la legitimidad de los quejosos para interponer un amparo.

«Si la 2ª Sala de la SCJN rechaza nuestro Recurso de Reclamación en contra de la ampliación La Pera-Cuautla en el ANP de Tepoztlán, el Poder Judicial estaría avalando un evidente despojo en contra de la población indígena de Tepoztlán» declararon pobladores, quienes subrayaron que ello abriría la puerta para que el  gobierno y las empresas continúen adueñándose de Áreas Naturales Protegidas para hacer negocios y contribuir a la destrucción ambiental.

Asimismo, los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán (FUDT) dieron a conocer su alarma e indignación ya que desde hace más de un mes se reiniciaron los trabajos de ampliación de la autopista La Pera – Cuautla a cargo de la empresa Tradeco. «Es absurdo pensar que doce comuneros reconocidos en el Registro Nacional Agrario no tienen interés legítimo en interponer un amparo para proteger su territorio» comentó Roberto Robles, vocero de los Frentes, durante una rueda de prensa realizada el 18 de abril de 2017, en la Plaza de Armas de Cuernavaca, donde anunciaron sus acciones siguientes.

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Ciudad de México, a 25 de abril de 2017.- A un día de cumplirse 31 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal rural Raúl “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, padres y madres de los estudiantes desaparecidos fueron desalojados violentamente con bombas de gases lacrimógenos de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en la ciudad de México, cuando solicitaban una reunión con el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.

A las once del día estaba programado un mitin frente a la Secretaría de Gobernación como parte de la jornada de lucha que emprendieron los padres de familia por la presentación con vida de sus hijos, iniciada el día 20 de los corrientes con un plantón indefinido frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) ubicada en el paseo de la Reforma de la ciudad de México.

Al iniciar el Mitin un grupo de padres de familia se acercó a la valla y solicitó a los mandos de la Policía Federal que una comisión fuera recibida por el Secretario de Gobernación, estos respondieron que procesarían la solicitud. Luego de más de una hora sin respuesta los padres de los 43 empezaron a presionar tocando y golpeando simbólicamente la valla metálica, ante esto la Policía Federal respondió de inmediato lanzando bombas de gas lacrimógeno, que obligó a un repliegue.

De esta represión hay un saldo de 5 padres de familia que resultaron lesionados por los efectos del gas lacrimógeno. Estos padres fueron agredidos con los gases a escasos centímetros de su rostro lo que provocó lesiones que ponen en riesgo la vista y otros órganos del cuerpo de acuerdo a los primeros reportes médicos. Cabe destacar que esta forma de proceder con el lanzamiento de esta substancia violó los protocolos de uso de la fuerza.

La agresión que sufrieron los Padres de los 43 evidencia la intención de este gobierno de crear las condiciones para cerrar el caso. Muestra su falta de voluntad política para esclarecer el caso, a un gobierno insensible que no le interesa la verdad y la justicia y que pretende acallar la exigencia de los padres con la represión.

Los padres de familia expresan su compromiso inclaudicable de seguir luchando y exigiendo la presentación con vida de sus hijos. Los actos de represión no inhibirán los deseos de encontrar a los 43, por tal razón el plantón indefinido continuará hasta tener resultados concretos en la investigación.

Por todo lo anterior las madres y padres de familia exigimos:

– La presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,
– Avanzar en las líneas de investigación que recomendó el GIEI, particularmente las que tienen que ver con abrir una investigación contra elementos del Ejército Mexicano del 27 Batallón de Infantería,
– Cese a la represión y criminalización contra los padres y madres de familia de los 43 y estudiantes de Ayotzinapa.

ATENTAMENTE

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
Comité de Padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa
POR LA LIBERACIÓN DE LA JUVENTUD Y LA CLASE EXPLOTADA VENCEREMOS

Comité de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa