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Txaitxaiko Mapu, Cancura Laja, comuna de Nueva Imperial, 31 de diciembre 2020.
En razón de la memoria colectiva del lof, historia de despojo e injusticias. En razón del kume mongen, del ad mapu, el derecho al territorio y libre determinación. En razón a los que nos antecedieron y a las futuras generaciones. El lof Levillan Bayotoro, el 30 de diciembre de 2020 se levanta en dignidad y justicia iniciando el proceso legítimo de recuperación territorial, sobre 200 hectáreas aproximadamente, espacio que hoy se encuentra en manos de latifundistas.
El compromiso que asumimos es grande, sin embargo, como Wünelfe en el cielo, los procesos de recuperación territorial ya iniciados por múltiples lof, nos inspiran y fortalecen. Por ello solicitamos newen para que se manifieste y materialice nuestro anhelo de disfrutar y disponer del territorio ancestral. El compromiso de reivindicar el territorio, implica mirar el kuifimongen y replantear nuestro actual modelo de vida, en especial nuestra economía y desarrollo. Tenemos la convicción que el dinero es un instrumento de empobrecimiento, desde temprana edad producimos todo tipo de bienes, productos y servicios, esa riqueza productiva la transformamos en dinero, este dinero se gasta en mercados fuera del lof, en locales comerciales y megasupermercados cuyos propietarios jamás gastan su dinero en nuestras comunidades, fugándose del territorio esa riqueza local. Por ello creemos que debemos replantear la utilización del “dinero” como medio de cambio, el consumo, la articulación de la producción y distribución de bienes, productos, servicios y saberes, de forma de hacer circular la riqueza creada por nuestro trabajo dentro del territorio.
POR LA PERMANENCIA, CONTINUIDAD DE LA VIDA Y LA NACION MAPUCHE, MARICHIWEU!!!
Sector Cancura Laja ubicado entre Traitraico y Forrowe mapu.
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Noticias de abajo es un noticiero de medios libres y en esta ocasión hacemos un recuento de las notas más relevantes del año 2020, un año convulso lleno de Revueltas y Luchas populares, una Pandemia que no termina y que marca la historia en la forma en que el capitalismo odia la vida. Te invitamos a acompañarnos en este recorrido. Por mas de 40 programas, este año, noticias de abajo estuvo atento a la revuelta de Chile que el 1 de enero de 2020 llegaba a 50 días de revuelta, a la Revolución Feminista global que sacudió los primeros días de marzo a todo el mundo y que ha querido ser invisibilizada por la Pandemia también declarada en Marzo. Cubrimos la crisis sanitaria y la forma contrastante en que respondieron los Estados y políticos que muestra la cara genocida del dinero y el poder a diferencia de los pueblos y comunidades que se cuidan y se solidarizan ; Seguimos atentes a la revuelta en Estados Unidos tras las protestas por el asesinato de George Floyd y el levantamiento de más de 100 ciudades que sueñan con la abolición de la policía y su violencia. Pero también a Palestines, Kurdes, Chalecos amarillos franceses, les Obreres de la india, la revuelta en Honk Kong, las luchas antifascistas, en Italia y Grecia, la revuelta constante de la Américas de abajo, del Abya Yala en las luchas contra cualquier tiranía, autoritarismo y brutalidad de los estados capitalistas. Con el apoyo de comunicadores libres que han compartido su tiempo, su trabajo, sus sueños para romper el cerco que la injusticia y el abuso siempre busca imponer. Con medios y radios libres se escribe esta epopeya que libra la humanidad.
Un año convulso pero la revuelta sigue y sembrará sus libertades. Que el 2021 sirva para construir nuestros sueños en este batalla que es la historia de los de abajo.
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Por Hernán González Gómez
El inicio de un año es el momento propicio donde las familias hacen sus listas de propósitos y metas, el entusiasmo se siente en el ambiente por empezar desde cero nuevamente, en el caso de la sociedad guatemalteca es distinto, es el inicio de nuevo año pero con los mismos problemas de siempre, desempleo, violencia, analfabetismo, desnutrición, corrupción y la lista de los males de de este país parecen no tener fin, el problema no es nada nuevo, la corrupción es la peor Pandemia que ha tenido durante toda su historia y parece que no hay ninguna medicina para esta enfermedad endémica que tiene de rodillas a toda la población.
El país y su crisis política, social e histórica, parece que ha llegado al punto máximo de inflexión donde la sociedad empieza a abrir sus ojos, las protestas se han incrementado durante los últimos meses del año 2020, por indignación, cansancio de las mismas autoridades que solo buscan jugar con la población, por la búsqueda de una sociedad más igualitaria y un Estado incluyente con la participación de todos los sectores de la sociedad.
Inicia un 2021 sin expectativas, en medio de la incertidumbre, donde aún el Gobierno de Alejandro Giamattei Falla no responde a las demandas de la población, como la destitución del Ministro de Gobernación Grendi Reyes que ha sido uno de los personajes más oscuros de todo el gabinete de Gobierno, uno de los más polémicos que dio órdenes de reprimir las protestas con toda la brutalidad posible. Por si fuera poco, todavía nos enfrentamos a una crisis económica mundial sin precedentes.
No será un año nuevo, tampoco próspero 2021 si vamos a tener a la misma clase política que se sigue burlando de la población, aunque es un momento propicio para que la población tome conciencia y empiece a fiscalizar y exigir transparencia a los funcionarios públicos.
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Foto de portada por David Toro / Prensa Comunitaria
Por Ñaní Pinto
Los desalojos ilegales en Guatemala, así como los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos aumentaron en el contexto de la pandemia por la Covid-19, según testimonios y registros elaborados por la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
En el país centroamericano, y bajo el pretexto de frenar los contagios del virus, fueron implementadas medidas de contención como los toques de queda. Desde el 16 de marzo, este contexto fue aprovechado tanto por el gobierno, como el sector privado, para realizar desalojos ilegales, principalmente en la región norte de Guatemala, en los departamentos de Alta Verapaz y Petén.
Aunado a ello, de enero a septiembre del presente año, se han registrado 844 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. “Es la cifra más alta que hemos registrado, entre ellas hay 14 asesinatos”, detalló Jorge Santos director de Udefegua durante el evento “Desalojos Extrajudiciales y Violaciones a Derechos Humanos en Guatemala”.
Santos detalló algunos casos violentos sucedidos en plena pandemia.
Por ejemplo, lo sucedido con las comunidades Washington y Dos Fuentes, de Purulhá, Baja Verapaz, las cuales fueron desalojadas violentamente por un grupo de personas armadas. “Tenemos registrado que durante estos desalojos se intentó asesinar a dos jóvenes de 15 y 17 años”, subrayó el integrante de Udefegua.
La comunidad de Dos Fuentes, en la Sierra de las Minas, Guatemala.
En diversas ocasiones, la comunidad indígena poqomchi’ de Dos Fuentes ha denunciado ataques armados. A su vez, otras organizaciones como el Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) han señalado el incremento de la violencia a partir de la crisis sanitaria declarada en marzo en Guatemala.
“Este contexto es aprovechado por grupos que quieren generar violencia y asesinatos, el Estado de Guatemala no está brindando seguridad ni apoyo, está solapando y contribuyendo a la impunidad de grupos criminales”, destacó Leocadio Juracán, dirigente del CCDA.
En el caso de la comunidad de Washington, ésta fue desalojada el 31 de marzo por un grupo armado a quienes se ha identificado como miembros de un equipo de seguridad de la familia Thomae. De origen alemán y dedicada a la siembra de café, los Thomae también son propietarios de la hidroeléctrica Juminá S.A., la cual opera en otro sector de la finca donde se ubica Dos Fuentes.
Palma de aceite, un factor más para los desalojos
Otro caso sucedido en el contexto de la pandemia es el del intento de desalojo de 200 familias en Tierra Blanca, municipio de Sayaxché, Petén.
El 13 de abril, a las 7:30am, 45 miembros de un comando de seguridad privada vinculada con Industria Chiquibul, S.A., empresa dedicada a la cosecha y extracción de aceite de palma, se presentaron en la comunidad sin previo aviso y sin una orden judicial que autorizara el desalojo.
Tras ingresar a la comunidad, el comando disparó armas de fuego para intimidar a las familias y echarles de sus hogares. Aunque en esta ocasión la comunidad logró defenderse y resistir ante las fuerzas de seguridad privada, Izáis Tiul Pop, un miembro de la comunidad de 30 años, resultó gravemente herido durante el intento de desalojo fallido.
Ocho miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron testigos de lo ocurrido y no hicieron nada para evitarlo. “La falta de acción protectora por parte la Policía Nacional Civil es aún más preocupante a la luz de la pandemia de Covid-19 (…) Desde hace varios años, las empresas de aceite de palma que operan en la región se han apropiado de tierras de comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad utilizando medidas turbias, coactivas y, a veces, hasta ilegales” señala Lara Domínguez, integrante de Minority Rights Group.
Desalojos “en apego a la ley”
Entre los días 9 y 10 de diciembre, miembros de la PNC quemaron las viviendas de 200 familias q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, cuenta el abogado Juan Carlos Peláez para Prensa Comunitaria.
De acuerdo a los testimonios de los campesinos, durante el desalojo la policía quemó las viviendas, robó animales, ropa, instrumentos de labranza, arrancaron las siembras y detuvieron a tres personas, miembros de las comunidades indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas, acusados de usurpación a la propiedad privada.
Cabe destacar que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de la Libertad, Petén, a través del funcionario Diego Gonzáles, aseguró que el desalojo se realizó apegado a los protocolos, pese a que varias de las personas afectadas con el desalojo aseguraran todo lo contrario.
De acuerdo a la nota del abogado Peláez, en la notificación del Organismo Judicial (OJ) para la PDH, la finca el Zapotal, donde se realizó el desalojo, es propiedad de la empresa inversiones SOLUNIN sociedad anónima. Según el portal de Guatecompras, la empresa tiene como actividad económica el asesoramiento empresarial en materia de gestión y su represente legal es Luís Arturo Ramírez Melgar.
Ramírez Melgar también es el representante legal de la Hidroeléctrica El Brote, S.A. que tiene operaciones activas en el municipio de Chicacao, Suchitepéquez.
Para el abogado Peláez, “no se respetó el debido proceso, la comunidad nunca se enteró del desalojo ni quien emitió la orden, el papel presentado no tiene sello ni firma. Las órdenes tienen que ir suscritas para tener un medio de defensa posterior, la inmediación de una juez que ha sido delegada para un acto judicial no es suficiente”.
La “notificación” para realizar el desalojo de las comunidades en Sayaxché, Petén.
El abogado también enfatizó que el desalojo violento se realizó a pesar de la situación de crisis tanto sanitaria por la Covid-19 y las inundaciones de las tormentas tropicales Eta y Iota, las cuales afectaron a más de un centenar de familias en la misma región de Tierra Blanca.
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Por medio del presente comunicado público, como ELCI, educadores de la lengua y cultura indígena, de la región de la Araucanía, necesitamos dar a conocer la siguiente situación que esta ocurriendo en la institución JUNJI Araucanía, en donde nos desempeñamos:
Kiñe: por motivos del desalojo de pu lagmen de la municipalidad de Curacautín, el señor Cristian Roberto Jiménez Gajardo, que se desempeña como nutricionista en JUNJI Araucanía emite el siguiente comentario en red social, de manera pública: “se acabó el webeo, orgulloso de mi pueblo, saquenle las rechuchas a esas escorias…” dirigiéndose de esta forma a nuestro pueblo mapuche.
Epu: como educadores de la lengua y cultura indígena, rechazamos toda forma de discriminación y racismo en toda forma de comunicación y por todos los medios utilizables, siendo un funcionario de una institución pública, que además trabaja en jardines infantiles interculturales, donde asisten niños, niñas y sus familias de origen mapuche.
Kula: se ha solicitado en reiteradas ocasiones el pronunciamiento del director regional de la JUNJI Araucanía, don Juan Pablo Orlandini, buscando la reparación de este hecho sucedido en el mes de agosto y al no tener satisfacción respecto de nuestra solicitud de disculpas públicas, hemos solicitado la desvinculación del señor Cristian Roberto Jiménez Gajardo de JUNJI Araucanía. Por haber dado a conocer ésta situación, se nos a presionando desde la institución indicando que habrán descuentos o no pagos de sueldo, consideramos esto un menosprecio a nuestra función de educadores.
Meli: Nos reuniremos pu ELCI de la Araucanía el día 21 del presente mes a las 9:00 horas en las afueras de JUNJI Araucanía, manifestando nuestra molestias por no haber sido escuchado a tiempo nuestras peticiones.
Se despide de usted los 38 funcionarios ELCI de la Araucanía, correspondiente a las comunas de Lonquimay, Ercilla, Puren, Lautaro, Victoria, Melipeuco, Puerto Saavedra, Nueva Imperial, Carahue, Padre las Casas, Freire, Loncoche, Pitrufquén, Vilcun, Chol Chol, Angol, Lumaco y Collipulli.
Registro de este pasado lunes 21 de diciembre manifestación en Temuco, vía Cristian Huaiquifil / Foto portada Ingrid Conejeros.
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COMUNICADO PÚBLICO
A la opinión pública nacional e internacional
A nuestras autoridades tradicionales y espirituales
A todo nuestro pueblo nación mapuche
Al pueblo no mapuche que resiste y lucha. Comunicamos lo siguiente:
El reciente eclipse que vivenciamos en territorio mapuche hizo difundir la visión que nuestro pueblo nación tiene acerca de estos fenómenos naturales y como lo abordamos desde nuestra creencia espiritual mapuche. Con respeto y un profundo recogimiento espiritual, más aún este sentir si se trata de una autoridad espiritual.
Nuestro Machi Celestino Córdova solicitó autorización para realizar una ceremonia de carácter espiritual en su rewe, dada la importancia y trascendencia de este acontecimiento natural para el futuro de la humanidad y así poder realizar rogativa por todos nosotros en su espacio de consagración como Machi. Sin embargo, pese a la importancia para nuestro pueblo en relación al eclipse, Gendarmería de Chile negó el permiso a nuestra autoridad ancestral espiritual de salida esporádica a su rewe, pese a cumplir con lo requisitos para ello.
El miércoles 16 de diciembre se realizó una ceremonia de carácter espiritual en el Centro de Esclavitud y Tortura CET de Vilcún, donde se procedió a la instalación de un ngillatuwe. Donde se espera que permanezca a resguardo y que no le ocurra ningún tipo de atentado al sitio ceremonial mapuche.
A pesar de la tremenda importancia de esta ceremonia, no fue autorizado el ingreso de 44 personas miembros de la comunidad del Machi Celestino Córdova para acompañar, asistir y participar de esta ceremonia. Dejando el ingreso de solo 4 personas en un lugar amplio, abierto donde se puede perfectamente cumplir con la norma sanitaria. Luego de aquella ceremonia donde participaron una cantidad reducida de “colonos”. La autoridad a cargo del lugar, la Mayor Jessica Rivas Hernández. Actualmente teniendo en su contra una querella criminal por tortura, una investigación sumaria administrativa y una denuncia en fiscalía. Inexplicablemente continúa trabajando y encabezando dicha unidad especial. Claramente debido a lo anterior no está facultada, ni capacitada ni a la altura de estar al frente de una unidad especial como un CET, teniendo presente de que se trata de un lugar de reinserción social donde los que están a cargo deben dar ejemplo de conducta intachable y honorabilidad. Cuestión que no es el caso, ya que debemos recordar que se trata de una funcionaria que ha utilizado practicas maliciosas que se vienen arrastrando desde hace años, incentivando a algunos internos para atentar contra la vida y generar un montaje en contra de nuestro machi Celestino Córdova y de todo aquel privado de libertad que luche por sus derechos. Dicha autoridad ha procedido en un acto irracional, a revocar distintos beneficios, persiguiendo y amedrentando a todos los que participaron de la instalación del Ngillatuwe.
Para nosotros todo lo anterior se enmarca en la persecución política religiosa en contra de nuestra autoridad ancestral y con ello a todo nuestro pueblo nación mapuche, que busca finalmente su aislamiento tanto de su comunidad y familia como además de los otros privados de libertad que se encuentran en el CET. Al amedrentar justamente a todos aquellos que socializan con nuestro Machi Celestino Córdova.
Con todo ello debemos denunciar del mismo modo, todas las represalias y el constante hostigamiento que han estado viviendo todos los privados de libertad que apoyaron las distintas denuncias que se han realizado y que a consecuencia de ello, fueron trasladados sin justificación a otras cárceles. Y a través de ellos, usarlos con el fin de acallar cualquier injusticia e irregularidad y que no deben luchar por sus derechos.
Por lo tanto, hacemos un amplio llamado a todo nuestro pueblo nación mapuche, principalmente a nuestras autoridades tradicionales y espirituales. A estar atentos ante esta situación, a pronunciarse, prepararse y organizarse en la defensa de este ngillatuwe en el CET de Vilcun ya que así ha sido mandatado. A hacerle frente y combatir todo acto de injusticia social. Igualmente, esperamos que sigan reaccionando los organismos externos que han estado observantes de estas situaciones, así como también, hacemos responsables al gobierno de turno y sus instituciones como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los llamamos a pronunciarse frente a estos hechos de abuso de poder, discriminación, negación del libre ejercicio espiritual y vulneración del Convenio 169.
La recuperación del territorio espiritual es fundamental para la recuperación del territorio ancestral!!
Justicia y dignidad para todos los Privados de libertad!!
Libertad a todos los presos políticos Mapuche!!
Machi Celestino Córdova
Ermiser Garrido Benítez
Alexis Solar Solar
Robinson Ramírez Garcés
Rodrigo Ruiz Godoy
Miguel Trangol Vivanco
Jonathan Carcamo Díaz
Familiares y amigos Comunidades en respaldo al Machi Celestino
Red de Apoyo.
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Por Joel Pérez
Unas 45 familias de la aldea San Jorge Ixcán permanecieron albergadas en la escuela primaria durante más de un mes porque el río Chixoy incrementó su caudal e inundo totalmente la aldea durante las dos tormentas tropicales.
Antonio Chub, vecino de la aldea, indicó que desde la llegada de la tormenta Eta se vieron obligados a ocupar las instalaciones de la escuela primaria y la Iglesia u utilizarlas las instalaciones como albergue porque es el único lugar ubicado en una parte alta en la aldea.
Chub recuerda que tuvo que abandonar su vivienda y resguardarse en uno de los albergues, el pasado 3 de noviembre. Cuando el agua empezó a disminuir e intentaban regresar a sus hogares llegó la tormenta Iota y se vieron obligados a quedarse resguardados en el albergue hasta el 8 de diciembre.
El acelerado incremento en el caudal del río no permitió que los pobladores recuperaran su producción de maíz y la mayoría de las familias perdió un aproximado de 200 costales de mazorca cada quien, según narran.
Fotos Joel Pérez / Prensa Comunitaria
Según contaron las autoridades comunitarias, durante los días que permanecieron en los albergues las autoridades municipales enviaron tres raciones de víveres a cada familia, sin embargo para las necesidades de las familias las raciones resultaron insuficientes.
El acceso hacia la aldea es complicado porque río destruyó el ingreso principal, la única forma que tienen para ingresar es por la aldea “la Chapina”, la cual pertenece a Chisec, Alta Verapaz, el acceso hasta la aldea es en lancha.
Doña María Domingo, vecina de la aldea, narra en q’eqchi’ que durante la tormenta vivieron momentos difíciles y que temían que el río incrementara más su caudal y los arrastrara, el confinamiento en el que se encontraban también los afectó ya que en el espacio donde se encontraban era muy reducido.
Los pobladores tienen mayor accesibilidad a través del territorio de Alta Verapaz y no por su cabecera municipal por la falta de una vía de acceso vía terrestre.
Fotos Joel Pérez / Prensa Comunitaria
Sin el vital líquido y salud
Durante el tiempo que permanecieron albergados en la escuela primaria recibieron atención en salud y según las autoridades comunitarias no contaban con agua para el consumo.
Doña María Domingo, relata que actualmente el único lugar donde obtienen agua para limpieza personal y familiar es en el cauce del río Chixoy, pero por las fuertes lluvias se encuentra sucio. Para consumo tienen dos opciones: comprarla o adquirirla con vecinos de la aldea que cuentan con pozo propio, pero la gran demanda de la población complica la situación.
San Jorge como aldea, se encuentra en Ixcán uno de los municipios de Quiché, a unos 370 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala y colinda con México.
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Pueblo Shuar Arutam Ni un paso atrás!, es el video de incidencia en defensa de la Amazonia producido por el equipo de comunicación del #PSHA junto a Lluviacomunicación en coordinación con la Confeniae en el marco de la campaña de productores y productoras audiovisuales para generar conciencia en defensa de la Amazonia
#PshaYaDecidió #NoAlaMineria #FueraSolaris
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Por Sare Fabres
Comunidades y asociaciones del pueblo Munduruku denunciaron la imposición del proyecto ferrocarril EF-170, mejor conocido como Ferrogrão, el cual afectaría las cuencas de los ríos Xingu y Tapajós, así como a 19 tierras indígenas, poblaciones ribereñas y quilombolas.
El repudio de las comunidades Munduruku responde a la realización, sin su aprobación ni participación, de una reunión para tramitar los permisos ambientales requeridos en la construcción del ferrocarril.
El suroeste de Pará se ha consolidado en los últimos años como una ruta estratégica para la agroindustria. Desde ahí transporta granos como el maíz y la soya producidos en el estado de Mato Grosso con destino a China y otros países consumidores de Europa.
El Ferrogrão planea cubrir 932 kilómetros de extensión, desde la ciudad de Sinop en Mato Grosso hasta la ciudad portuaria de Miritituba en el estado de Pará.
La reunión denunciada por los pueblos Munduruku fue agendada por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI, órgano del gobierno federal responsable por la implementación de la política indigenista) y la Secretaría del Programa de Asociación de Inversiones (SPPI).
El evento fue calendarizado para la primera semana de diciembre, sin informar ni a los dirigentes ni a representantes de todas las asociaciones del pueblo Munduruku, según lo determinado por su protocolo de consulta y en medio del aislamiento social provocado por la pandemia del Covid-19.
Las organizaciones Munduruku de las regiones alta, baja y media del Tapajós, reafirmaron que “No aceptamos ninguna reunión decidida sólo por los organismos de Brasilia, sin diálogo con los líderes, jefes, guerreros, chamanes, maestros y representantes de todas las Asociaciones Munduruku”.
Antecedentes
Ya en 2017, cerca de 90 indígenas Munduruku bloquearon la entrada al Colegio de Itaituba en Pará para impedir una audiencia pública propuesta por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) en la que se discutiría la implementación del Ferrogrão.
“La audiencia pública no es previa, libre e informada, no intente engañarnos que esto es cumplimiento del Convenio 169, ¡Sabemos nuestros derechos!”, denunciaron lxs Munduruku en aquella reunión que se realizó pese a que el Ministerio Público Federal (MPF) recomendó lo contrario.
En aquella ocasión, el MPF también demandó que se consultara previamente y de manera libre, a todas las comunidades indígenas de los pueblos Munduruku, Kayapó y Kayabi, además de las comunidades ribereñas que serán impactadas.
Para octubre del 2020, el Ministerio Público Federal y cinco organizaciones de la Red Xingu+ enviaron una representación al Tribunal de Cuentas de la Unión sobre el incumplimiento del derecho de consulta a los pueblos indígenas durante la etapa de planificación.
Según el organismo, el ferrocarril tiene un impacto potencial en 48 territorios de pueblos indígenas y afirma que el gobierno brasileño se negó a consultar a los pueblos afectados, a pesar de haber recibido ocho solicitudes de asociaciones indígenas y dos adicionales emitidas por el mismo MPF.
En su comunicado más reciente, los pueblos Munduruku también exigen el cumplimiento del derecho a la consulta libre, previa e informada de las comunidades de Montanha e Mangabal, Pimental y São Francisco, además de los demás pueblos indígenas amenazados por el proyecto.
“Los bancos que van a financiar ese proyecto de la Ferrogrão están pasando por encima de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales”, señalan las comunidades Munduruku en carta difundida el pasado 2 de diciembre.
Agronegocio, el promotor
Los megaproyectos de infraestructura que afectan a los pueblos de la cuenca del Tapajós, se presentan como una alternativa a la ruta que va de Mato Grosso a los puertos de Paranaguá y Santos, más alejados y con mayores tiempos de espera para las exportaciones del agro negocio.
Planeado en los últimos años por las principales corporaciones de esta industria, la ANTT espera que el Ferrogrão sea capaz de transportar entre 25 y 42 millones de toneladas anuales para el año 2050.
En 2016, el entonces presidente Michel Temer emitió la Medida Provisional 758 que redujo los límites del parque y la Zona de Protección Ambiental de Tapajós. Sin embargo, en 2018, una decisión del Tribunal Supremo Federal declaró inconstitucional la reducción de zonas de conservación del medio ambiente.
En una región en la que los conflictos agrarios se han intensificado por la construcción de la carretera BR-163, la unidad de conservación de Jamanxim, creada en 2006 para mitigar los impactos de la carretera, ha perdido una parte considerable para dar paso a los ferrocarriles.
En septiembre del 2019, el Ferrogrão se reanudó con dos audiencias públicas en las dos ciudades donde debe llegar el tramo final del ferrocarril: Itaituba y Novo Progresso ambas situadas en el oeste de Pará.
Dichas actividades, también promovidas por la ANTT, buscaron publicar el borrador de los estudios técnicos, así como el anuncio público de la concesión para la explotación del ferrocarril. En Itaituba, unas 80 personas participaron en el evento, al que asistieron representantes del Ministerio de Infraestructura y de la Superintendencia de Infraestructura y Servicios de Transporte de Carga por Ferrocarril de la ANTT. Para asegurar las actividades en 2019 e inhibir las protestas, dos vehículos de la policía resguardaron en el lugar.
“Este proyecto afecta a miles de personas y aquí no tiene el 1% de ellas. Y no lo hace porque su presencia tiene un costo”, criticó Ivaneide Rodrigues, de la comunidad de Mirituba, quien denunció lo excluyente del modelo propuesto por la ANTT y la falsa promesa de mejoras que la obra aportará al estado de Pará y a su población.
Trenes para la Amazonía
Iniciado en 2012 con el Programa de Inversiones Logísticas (PIL), el proyecto de Ferrogrão completa el conjunto de obras de infraestructura para el flujo de granos que forman parte del llamado Plan Arco Norte.
Además del ferrocarril, está prevista la construcción de vías navegables, puertos y el final de la pavimentación de la autopista BR 163, cuyo trazado guiará la dirección del Ferrogrão.
Para ello, los trabajos se llevarán a cabo utilizando el modelo de inversión Greenfield – una inversión en un proyecto que todavía está en el papel y que necesita recursos de inversión para iniciar los trabajos- con un costo estimado de 12,700 millones de reales, con una concesión para la exploración durante 65 años.
Por ahora corporaciones como Shanghai Pengxin Group, quien controla la brasileña Fiagril dedicada a exportar granos, ha mostrado su interés en invertir en el proyecto de infraestructura. Actualmente, China representa casi el 75% de las exportaciones de soja del Brasil.
Para el abogado de la organización Terra de Direitos, Pedro Martins, Ferrogrão es el proyecto ferroviario con “más tensión en este momento en el bioama amazónico. Esto se debe a que los grupos políticos a favor de las medidas ‘antiambientales’ pretenden utilizarlas para forzar la reducción de las Unidades de Conservación y legitimar el despojo de tierras alrededor del ferrocarril antes de su construcción”, explica.
Según Martins, las empresas tienen prisa por llevar a cabo este proyecto y las audiencias públicas están mostrando señales de ello. “La celebración de audiencias públicas significa dar un paso más en las etapas de concesión de Ferrogrão y, por consiguiente, de su licencia ambiental, sin considerar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas y tradicionales de la región”.
La construcción del Ferrogrão también parece ser una de las prioridades del gobierno de Jair Bolsonaro, como declaró el actual Ministro de Infraestructura, el ingeniero militar Tarcísio Freitas, durante su toma de posesión.
“Tenemos nuestro gran desafío y lo afrontaremos con todo nuestro valor, con toda nuestra determinación, que es la apuesta de Ferrogrão. Tal vez el proyecto ferroviario más desafiante de todos y el más importante”.
Los impactos socioambientales, no serán pocos. Se estima que, si se implementan al menos 48 áreas protegidas, entre Unidades de Conservación y Tierras Indígenas, se verán afectadas. El Parque Nacional de Jamanxim, por ejemplo, ya siente los efectos de esto.
Por lo mientras, los pueblos Munduruku reafirman su rechazo al Ferrogrão y refuerzan sus exigencias para la defensa de su territorio.
“Aún tenemos dos tierras que aguardan la conclusión de los procesos de demarcación en la parte media del río Tapajós y nuestro territorio cada día está más afectado por invasiones, puertos, hidroeléctricas, minería y el gobierno además insiste en seguir con un proyecto de muerte más en la cuenca del río Tapajós”, señala la carta firmada por asociaciones de las tres regiones con comunidades Munduruku.
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15, dic. CI.- Dos nuevas capturas a líderes sociales sucedieron esta tarde. Teófilo Acuña y Adelso Gallo, ambos integrantes del Congreso de los Pueblos y del Coordinador Nacional Agrario, sufrieron detenciones arbitrarias que son reflejo de la estigmatización, juducializacion y persecusión al movimiento social por parte del Gobierno de Iván Duque.
Adelso Gallo, reconocido dirigente del centroriente colombiano fue detenido en Villavicencio, con una orden de captura emitida por un juez de Santa Marta y fechada para el día de hoy.
Mientras tanto, Teófilo Acuña se desempeña como vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, Centro y sur del Cesar. Acuña fue detenido en la tarde de hoy en el municipio de Barranco de Loba.
En ambos casos las organizaciones denuncian que se trata de montajes judiciales que ya han sido utilizadospor el Gobierno para perseguir y criminalizar al movimiento social en Colombia.
