Las familias de personas desaparecidas en Chiapas que integran el colectivo Madres en Resistencia dieron el plazo de un mes a Jesús Jubilian Sarmiento Santos, fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, para que inicie las investigaciones de los casos de desaparecidos, de lo contrario exigirán su renuncia.
Las madres, hermanas e hijas de personas desaparecidas se reunieronel 23 de enero con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para el diálogo, que lograron tras un mes de hacer manifestaciones, entre ellas, una huelga de hambre de una semana.
Entre otros temas, cuestionaron al gobernador la permanencia de Jubilian Sarmiento y de Néstor Fabián Mejía Sarmiento en la Fiscalía de Personas Desaparecidas, el último es el policía de investigación a cargo de los casos del colectivo Madres en Resistencia.
“Él [el gobernador] puso cara de asombro. Le dijo a sus asistentes, apúntame los dos nombres, el de Jubilian y de su primo [Néstor]”, sostiene Isabel Torres, madre de Cassandra Arias e integrante del colectivo.
“El gobernador dijo que si Jorge Luis Llaven Abarca [fiscal general]dejó ahí a Jubilian, es por algo. El gobernador nos pidió que le diéramos una oportunidad”, pero la respuesta contundente del colectivo fue, “no queremos a Jubilian”.
Este viernes 7 de febrero 2025, la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la sentencia a 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez Orellana, uno de los autores del asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016.
Rodríguez se desempeñó como gerente ambiental y social de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la cual buscó imponer el proyecto Agua Zarca, que consistía en una hidroeléctrica en el río Gualcarque, afluente sagrado de la población lenca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el cual coordinaba Cáceres, mantuvo una férrea oposición al proyecto y detuvo su construcción.
En un comunicado tras la difusión de la sentencia, el Copinh sostuvo que Rodríguez es parte de una estructura criminal que aterrorizó a la comunidad lenca de Río Blanco, desde el año 2013, con la intención de imponer la hidroeléctrica Agua Zarca en beneficio económico de la familia Atala Zablah, la mayor promotora de DESA a través de la empresa “Inversiones Las Jacarandas”.
Tras la confirmación de esta sentencia, en total han sido condenadas ocho personas por su participación en el homicidio de Cáceres. Seis de ellas como autores materiales, así como Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia y, ahora, contra Rodríguez Orellana como autor por inducción, es decir, aquél que no comete el delito, pero quien induce o instiga para que sea cometido.
“Su rol, disfrazado de gerente ambiental y social, era el de infiltrar, enemistar y agredir a la comunidad lenca y de vigilar e identificar los liderazgos como objetivo de ataque de la empresa criminal de los Atala”, enfatiza el Copinh, organización que exige sean investigados diversos miembros de la familia Atala involucrados con la promoción del proyecto Agua Zarca.
En portada: El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del secretario de seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca presentan equipamento táctico destinado a las operaciones del nuevo cuerpo policiaco, conocido popularmente como “pakales”.
Desde entonces las estrategias que coordinan la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) han sido muy difundidas principalmente en medios de comunicación locales.
A la mañana siguiente de la toma de protesta (9 de diciembre) en Tapachula, el gobernador, el comisario, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca, dieron el banderazo al arranque operativo de 500 agentes especiales de la FRIP, con capacidades técnicas y tácticas, fuertemente armados, con 200 vehículos, 10 unidades blindadas y dos drones.
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado del secretario de seguridad, Oscar Aparicio Avendaño, y el fiscal, Jorge Luis Llaven Abarca presentan equipamento táctico destinado a las operaciones del nuevo cuerpo policiaco, conocido popularmente como “pakales”.
Esta estrategia de seguridad fue definida durante los primeros días de gobierno y, de acuerdo al fiscal, está enfocada en dos puntos: cambiar la percepción de inseguridad junto a las cámaras empresariales, empresarios, líderes de opinión y medios de comunicación; y en segundo combatir la incidencia delictiva de tres delitos: homicidio, robo de vehículo y extorsión o derecho de piso.
Se informó, además, que el presupuesto para la seguridad aumenta mil millones de pesos este 2025. Los argumentos son que los salarios de la FRIP son altos para que los elementos no puedan ser corrompidos e invertirán en inteligencia e investigación; y dieron a conocer que ya cuentan con cuatro helicópteros para patrullajes y ambulancia aérea.
El grupo de élite primero se presentó y realizó acciones en el Soconusco, continuó por la zona Costa y Centro, luego llegó a la Meseta Comiteca, los Altos, la Sierra Mariscal y la Frailesca. Entre otras actividades también patrullan las carreteras y se coordinan con la Policía de Investigación para los operativos Carreteras Seguras y Cero Impunidad, respectivamente.
Habitantes de la Sierra, contactados para este reportaje, manifestaron que el miedo y la incertidumbre continúan porque, aseguraron a Avispa Mídia, que los líderes de los grupos delictivos siguen libres y algunos caminan tranquilos por las calles.
“Muchos tenemos miedo de usar las carreteras o salir porque sabemos dónde tienen a la gente que secuestran, pero ahí no han entrado los Pakales (FRIP). Sabemos que algunos líderes huyeron a Guatemala, siguen sueltos”, dijo Luis, habitante de Frontera Comalapa.
Hace unos días, Óscar Aparicio Avendaño anunció que el trabajo en la frontera continúa y han dialogado con los Kaibiles, el grupo de élite del Ejército de Guatemala, para acordar la vigilancia espejo con el vecino país.
Hasta ahora las acciones en Chiapas han resultado, según informa el gobierno, en el rescate de personas secuestradas; desmantelamiento de cámaras de video vigilancia en las calles propiedad del crimen organizado en, al menos, cuatro municipios; hallazgos de fosas, cateos, decomiso de armas; detenciones de narcomenudistas, policías y de los alcaldes de Frontera Comalapa, Juan Antonio “N”, y de Bellavista, Rosember “N”.
El operativo de Comitán fue uno de los más mediáticos por la detención de 92 policías municipales y de otras 30 personas, el 15 de diciembre de 2024. Casi de inmediato, un total de 45 uniformados fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) número 14, así también Santiago “A”, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Comitán, por delitos de motín, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa.
¿Un equívoco?
Karla Nicol Mejía Sosa, tiene 18 años, es de origen hondureño, cuenta con solicitud de refugio ante Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y fue detenida en los operativos encabezados por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) y la Fiscalía General del Estado (FGE) en Comitán, el pasado 15 de diciembre de 2024.
Karla Nicol era la encargada de los locales de la pequeña empresa donde labora y, cuando fue detenida, se dirigía a bordo de una motocicleta a la segunda sucursal para retirar las ganancias del día y cerrar.
“Mi sobrina me llamó y me dijo: Tía, ¿qué hago?, me están tirando bala, me arden los ojos. Por qué me están tirando gas, tía ¿qué hago? Le dije agarra la moto y corre para que avances más rápido. Escuché todo, en ese momento mi sobrina dijo: Esa moto es mía. Pero ella pensó que los policías la iban a ayudar y fue ahí cuando ellos la jalonearon porque se escuchó, y le gritaban: ¡Con quién hablas!, ¡a quién llamas!, ¡contesta! Y mi sobrina respondió: ¡No, no ya no hablo, ya no hablo!”, relataron a Avispa Mídia los familiares de Karla Nicol, quienes prefirieron omitir sus nombres.
“La trataron como si fuera delincuente y la detuvieron. Eran hombres, no policías mujeres como según dicen ellos (la FGE). Y quedó la llamada, luego se escuchó al fondo que personas gritaban desesperadas y los policías decían: ¡Todas las motos que vean ahí súbanlas, todas! Luego corté la llamada porque se escuchaba que los andaban revisando y si miraban la llamada la podían a perjudicar más”.
Los familiares narraron que acudieron a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra en Comitán y la única información que consiguieron es que los detenidos estaban en la Fiscalía General del Estado (FGE), ubicada en Tuxtla Gutiérrez, a 146 kilómetros de distancia.
“Llegamos y nos dijeron que sí estaba en la fiscalía, pero que volviéramos al día siguiente y ahí estuvimos afuera, esperando desde temprano y no nos dieron noticia. Seguimos insistiendo por información y nada”.
Hasta 24 horas después les pidieron que hicieran una fila para recibir información, pues había más personas esperando. Les dijeron que Karla Nicol ya había sido llevada al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5 de San Cristóbal de Las Casas, para la primera audiencia.
Operativo de la FRIP Pakal en carreteras de Chiapas
Se trasladaron al penal de los Altos de Chiapas, pero no les permitieron verla. Después de muchas horas les dieron muy poco tiempo para verla y Karla siempre estuvo custodiada. “Solo me dieron tres minutos, pero no pude hablar bien con ella, solo logró decirme que la tratan mal, le repiten que es delincuente y la desnudaron. Es difícil todo el trauma que está viviendo porque ella es inocente”.
“Tenemos dos grabaciones, se ve cuando ella sale del local, se pone su casco acomoda la tara que lleva atrás la moto, se sube y se va. En la siguiente esquina se ve que está platicando con la vecina de otro local y se ve que igual, se va y no lleva nada ni machete ni palos como ellos [la autoridad] dicen”. La familia informó que todas las pruebas fueron presentadas por la defensa en una segunda audiencia sobre el caso, pero que sigue reuniendo evidencias.
Las pertenencias que traía ese día como celular, las llaves de los locales y dinero en efectivo quedó en manos de los policías que la detuvieron.
“Nosotros como familiares buscamos que la desvinculen, porque mi sobrina iba pasando y no es el único caso, pero nosotros estamos enfocados en ella. Las autoridades no nos dan información clara, nos mandan de fiscalía en fiscalía y se lavan las manos. Ahora consideramos que es un tema político, no de justicia”.
La familia aseguró que en la oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Comitán fueron omisos y se negaron a emitir algún pronunciamiento. “Nosotros no queremos reparación de daño, queremos que dejen en libertad a nuestra sobrina”.
A partir de los operativos que iniciaron el 9 de diciembre de 2024, hasta el 1 de febrero, la FGE de Chiapas dijo aAvispa Mídia que inició 336 carpetas de investigación por narcomenudeo, 181 por robo de vehículo, 144 por homicidio culposo, 74 por homicidio doloso, 26 por extorsión y 85 por ataques a las vías de comunicación, “incluye bloqueos”.
100 días
La inmediatez de las operaciones ha provocado preocupación en organizaciones por las posibles violaciones a los Derechos Humanos.
“No pensamos que en 100 días se puedan dar resultados para poder ordenar un Estado golpeado, olvidado, sumido en la violencia. Es imposible. No hay un plan de gobierno que pueda hacer eso. Para ello es importantísimo el diálogo con las personas víctimas de toda esta violencia. Es una tarea de Estado, de todo gobernante y es transexenal”, precisó Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), a Avispa Mídia.
Recalcó que la presencia militar, policiaca y, ahora, de los grupos especiales debe ser respetuosa de las garantías individuales de la población. En su trayectoria como defensor ha sido testigo del robustecimiento de las fuerzas públicas en otros Estados, que ha traído como consecuencia violaciones a los Derechos Humanos. “No pueden ser que cuerpos de seguridad de pronto se encarguen o se hagan cargo de delitos comunes o resguardando el orden de la seguridad pública”, dijo López Rodríguez.
El abogado defensor de Derechos Humanos, Federico Anaya Gallardo, consideró que el gobierno anterior dejó una situación de vacío institucional y, ahora, pareciera lo contrario. Pero especificó que esta presencia del Estado debe ser controlada, porque la guerra no es con la sociedad.
Otro punto señalado por el secretario ejecutivo la Red TDT es que el gobierno de Chiapas ha echado mano de todos los recursos mediáticos para difundir cada uno de los resultados obtenidos por los operativos de seguridad y colocó anuncios espectaculares, incluso en las carreteras, con imágenes de agentes de la FRIP.
Propaganda del nuevo cuerpo policial chiapaneco inunda las calles de diferentes ciudades en la entidad al sur de México.
Incremento de violencia
En el último trienio, la Red TDT documentó un incremento de la violencia en Chiapas con graves consecuencias para la población. Para la red, la prioridad es reconocer la dimensión de la emergencia humanitaria y la atención a la población que es desplazada y reclutada forzadamente. Además, el avance substancial en las investigaciones por casos de desaparición, tortura, homicidio y desplazamiento, “es importantísimo”.
Así mismo, la desarticulación de los recursos con los que opera el crimen organizado es fundamental, es decir, identificar cuáles son aquellas fuentes financieras que tienen, pues no solo el aseguramiento de automóviles, cargamento y armas es relevante.
El gobierno federal anunció que parte de esta estrategia de seguridad es de investigación, pero, hasta ahora, la Red no ha identificado la incautación de cuentas bancarias o la detención de personas clave en el tráfico ilícito de sustancias en el país o en Chiapas concretamente.
Para López Rodríguez un cuerpo de élite o de policía no va a representar avances en el sistema de justicia. La mayor exigencia de las organizaciones de Derechos Humanos es la investigación por los crímenes cometidos contra la población civil y, concretamente, contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Antecedentes
“Es un hombre que goza de mi confianza plena y sus resultados los sentirá el pueblo de Chiapas en los próximos días”, dijo Eduardo Ramírez cuando presentó al secretario de Seguridad, piloto aviador de profesión, según el perfil que difundió el gobierno de Chiapas.
Óscar Alberto Aparicio Avendaño es de Tuxtla Gutiérrez. Tiene formación como francotirador por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA) en Estados Unidos; policial en la Procuraduría General de la República (PGR); y de cartografía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En 1999 inició su trayectoria en la PGR durante una campaña contra el narcotráfico. En 2007 estuvo en la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua. En 2009 ingresó a la Policía Federal y fue director de Seguridad Pública en Apatzingán, Michoacán. A finales de 2024, Aparicio Avendaño renunció como subsecretario de Operación Policial de la SSP de Zacatecas.
Óscar Alberto Aparicio Avendaño, nuevo director de seguridad pública en Chiapas tiene a su cargo la dirección de la FRIP Pakal.
A principios de diciembre, cuando tomó el cargo como secretario de Seguridad del Pueblo (SSP) anunció la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), una réplica de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) que se formó cuando él fungió como subsecretario Operación Policial.
La FRIZ ha sido relacionada públicamente con hechos delictivos que van desde desaparición de personas hasta homicidios. “Aparicio tenía una encomienda muy similar en Zacatecas … entonces la comparación es obligada”, comenta Anaya Gallardo. Para el abogado, la experiencia con el grupo táctico en Zacatecas abre la probabilidad de riesgo de abuso de la fuerza también en Chiapas.
El 3 de diciembre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada por los riesgos que puede traer a la estrategia de seguridad a nivel federal el nombramiento de Aparicio Avendaño como secretario de seguridad en un Estado avasallado por la violencia. Ella respondió: “todos tienen que pasar el examen de confianza… tendrían que presentarse pruebas para que pudiéramos actuar”.
Mientras que también persiste la preocupación por los antecedentes del fiscal Jorge Luis Llaven Abarca. La Red TDT, integrada por defensores de todo el país, firmó un documento en el que expresa el desacuerdo, junto a 60 organizaciones y más redes, a su nombramiento al representar un mensaje negativo para las víctimas de represión y tortura de Llaven Abarca.
El fiscal ha tenido una carrera pública extensa, pero también ha sido objeto de críticas y controversias. Como Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en el gobierno de Manuel Velasco Coello, se documentó el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas. Además, ha sido señalado como responsable de tortura y otros tratos inhumanos y degradantes en su cargo en la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (FECDO).
En portada: Pobladores Ayuuk de Mogoñe Viejo durante su participación en las acciones de protesta durante el campamento “Tierra y Libertad”, el cual fue desalojado violentamente en abril del 2023.
En días recientes, pueblos Ayuuk y Zapotecos del norte del istmo oaxaqueño se declararon en resistencia frente a los abusos y afectaciones provocadas por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en sus territorios. Pese a que en un inicio el gobierno federal les informó que los trabajos se limitarían a la modernización en las vías férreas, en los años recientes la instalación del megaproyecto ha provocado afectaciones severas debido a las obras de la Estación Mogoñe, que necesita adecuaciones para el tránsito de trenes de carga, que atraviesan su territorio.
Las y los ejidatarios Ayuuk de Mogoñe Viejo, en el municipio de San Juan Guichicovi, se han movilizado constantemente desde 2023. En febrero de ese año, los ejidatarios instalaron el campamento “Tierra y Libertad” como respuesta a lo que consideraron la imposición de las obras del CIIT. Durante 62 días, tiempo que se mantuvo el campamento, recibieron el apoyo de otras comunidades indígenas y activistas.
A pesar de acuerdos iniciales que limitaban el impacto del megaproyecto en los cercados y parcelas colindantes, las comunidades argumentan que ha ocasionado daños significativos y ha promovido desplazamiento forzado de familias zapotecas en Rincón Viejo, en el municipio vecino de Santa María Petapa.
Pobladores Ayuuk de Mogoñe Viejo durante su participación en las acciones de protesta durante el campamento “Tierra y Libertad”, el cual fue desalojado violentamente en abril del 2023.
Mediante asamblea realizada en enero del 2025, ejidatarios de Mogoñe Viejo decidieron reactivar las acciones de resistencia en el campamento dentro de su territorio, en las colindancias de las vías del tren, en el mismo lugar donde estaba el campamento “tierra y libertad”. Esto acontece al mismo tiempo que arrecia la criminalización contra habitantes del mismo ejido, así como de Rincón Viejo y contra defensores de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).
Juana Ramírez, integrante de esta organización, expresa para Avispa Mídia que desde el año 2019, en el momento en que se realizaron las consultas para la construcción del CIIT, que califica como “simulación”, los pobladores han exigido diálogo con funcionarios y dependencias que participan de las obras, quienes se han negado a atender sus exigencias. Al contrario, como lo señala Ramírez, en el caso de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar, quien coordina las obras), han realizado permanentemente acciones de intimidación y amenazas contra la población indígena.
Persecución
Ramírez informa que las acciones de protesta actualmente están enfocadas en mantener actividades pacíficas en el campamento. Ella asevera que la criminalización se intensificó tras el desalojo violento, por elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y marinos, del campamento “Tierra y Libertad”, el 28 de abril de 2023, momento en que arreciaron acusaciones penales contra los indígenas que participaban de la resistencia al CIIT.
El abogado José Cayetano, también integrante de Ucizoni, detalla a Avispa Mídia que actualmente existen procesos penales contra 24 personas, a quienes, entre otros cargos, se les acusa por violación a la ley de vías generales de comunicación y delitos de invasión al derecho de vía relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Entre los demandantes se encuentra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT).
La ampliación del derecho de vía exigida por las autoridades amenaza viviendas y parcelas de familias en la región.
Acorde a Ramírez, fue en mayo del 2023 cuando se enteraron de la existencia de procesos penales contra, en ese momento, 16 personas. “La primera carpeta de investigación se deriva de la detención de los seis compañeros que fueron detenidos en el desalojo del campamento. La segunda carpeta se genera por el acompañamiento que brindamos a la manifestación pacífica que se mantenía en el campamento”, relata.
Ramírez señala que en el análisis de la defensa legal de la población Ayuuk se han percatado que existen irregularidades. “Dos de los procesos penales están compuestos por las mismas declaraciones. Es un copia y pega”, acusa la también litigante, además de enfatizar que en las acusaciones se señala que los manifestantes obstruían las vías del tren, “cuando nunca fue así”.
Está previsto que este miércoles (22) se realice la audiencia inicial contra ocho personas de la comunidad de Rincón Viejo dentro de la causa penal OAX/000574/2024. En ella, se formularán los cargos contra los acusados y se determinará cómo deberá continuar el proceso. Para ambos abogados de Ucizoni, la única salida viable es el desistimiento de las acciones legales y un diálogo abierto con las comunidades afectadas.
Mientras que el cuerpo presenta impactos de bala, aún se desconoce el móvil del asesinato que ocurre en el contexto de incremento de amenazas y la persecución judicial contra pobladores que resisten al CIIT.
Abusos, ignorados por la CNDH
Ucizoni ha promovido tres quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el CIIT. Sin embargo, estas quejas han sido desestimadas. “Nunca nos informaron sobre los avances de las investigaciones”, acusa Ramírez. Además, denuncia que personal de la CNDH intimidó a los habitantes de Mogoñe Viejo para que no presentaran más quejas.
La abogada Juana Ramírez relata que promovieron una primera queja por los abusos contra los pobladores de Mogoñe Viejo, a quienes durante una asamblea el 6 de mayo del 2022, con la representación de los responsables por las obras, se les informó que los trabajos se limitarían a cambios de durmientes, balastros y nivelación de terreno, sin afectar sus predios, situación que con el avance de las obras no se cumplió.
Ucizoni también promovió una queja por las afectaciones contra pobladores de Rincón Viejo y destaca la denuncia por las intimidaciones, durante una asamblea en enero del 2023, por parte de Mariano Avendaño Ulloa, representante del FITyel capitán Jorge Mario Bremont Zamorano. Fue en esa reunión donde, tras intimidaciones, los pobladores de Mogoñe Viejo fueron forzados a firmar un documento en el cual permitían los trabajos en las vías férreas correspondientes al tramo 2.3, de Paso Real Sarabia a Estación Mogoñe.
Trabajos para la ampliación del derecho de vía del tramo 2.3 de la Línea Z del CIIT.
En este documento, anexado en la queja dirigida a la CNDH, se constata que el derecho de vía se amplía hasta 35 metros por cada lado, es decir, 70 metros en total. Aún más grave es que los funcionarios añadieron una advertencia para cualquiera que se manifestara ante este hecho. “Por ningún motivo serán interrumpidos los trabajos por los colindantes. Persona que interrumpa los trabajos será denunciada ante el Ministerio Público Federal”, se lee en el acta de la asamblea.
A su vez, integrantes de Ucizoni levantaron una queja más por amenazas del crimen organizado y la criminalización de parte de las autoridades contra los defensores. Ante el cuestionamiento sobre la respuesta de parte de la CNDH, Ramírez asevera que no existió ninguna. “Les dieron carpetazo a las quejas. Nunca tuvimos información. Es evidente que hay también cierta discriminación hacia nuestra gente. Después que metimos las quejas, en mayo de 2024, personal de la CNDH asistió a Mogoñé Viejo. Asistieron a esta visita diciéndoles de que ya no presentarán más quejas, intimidándoles de que no estaban en su derecho de quejarse”, denuncia la litigante.
Para Juana Ramírez la situación es grave pues tanto defensores como pueblos indígenas son criminalizados por las acciones de protesta ante un megaproyecto que causa afectaciones ambientales y sociales. “Incluso, el gobierno federal nos acusa de invasores, cuando sabemos de por medio, que nuestros abuelos, abuelas que han habitado por mucho tiempo todo ese tramo, pues es una herencia que nos dejaron”, sostiene y, además, subraya que la exigencia actual es el desistimiento de la acción penal contra la población.
Mercancías, por encima de derechos humanos
La Línea Z del CIIT, una de las tres vías férreas que conforman el megaproyecto, conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, en el océano Atlántico y Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico y está operativa desde diciembre del 2023.
Acorde a un reporte del director general del CIIT, vicealmirante Juan Carlos Vera Minjares, en el periodo de un año, la Línea Z habría movilizado más de 231 mil toneladas de carga y más de 65 mil pasajeros. Ya desde junio de 2024, el gobierno federal, destacó que entre la carga transportada se encuentran materiales para la construcción como arcilla, cemento y arena, así como maíz.
Ese mismo mes, el FIT anunció con bombo y platillo el éxito de la primera operación de carga desde Salina Cruz, Oaxaca hasta Chinameca, Veracruz, un centro logístico de la agroindustria el cual recibió 13,500 toneladas de maíz blanco, procedentes de Sinaloa, para la empresa Grupo Maseca. Posteriormente, en agosto de 2024, se formalizó un acuerdo comercial con Grupo Minsa para el traslado de granos de maíz hacia su planta de harina en Jáltipan, Veracruz.
Ya en el último tramo del sexenio de López Obrador, el entonces secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, enfatizó que pese a que ya operan algunos tramos del CIIT aún proyectaban mantener obras complementarias, las cuales preveía concluir en el año 2025. Sobre todo, éstas se encaminan a concretar la estrategia prioritaria descrita en el programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 que busca fortalecer la infraestructura productiva en materia de transporte, logística, energía, hidrocarburos y telecomunicaciones.
Carlos Beas enfatiza que, pese a que la confrontación de los pueblos se da con el gobierno mexicano, éste no es el principal beneficiado, pues emprendimientos proyectados para el Corredor como gasoductos, generación de hidrógeno, desalinizadoras, productoras de energía fotovoltáica y eólica, entre muchos otros responden a intereses del gran capital trasnacional.
Beas detalla que las afectaciones por las obras del CIIT también son palpables en la zona sur del istmo, en lugares como Salina Cruz donde la población pescadora ya está siendo afectada por la instalación de un enorme rompeolas que modificó la actividad de la cual dependen las familias de la región. Por ello, lamenta que la imposición de un megaproyecto que se centra en la modernización de la infraestructura deja de lado las prioridades de la población local, además de incrementar la violencia, inseguridad y daños ambientales. “Es un proyecto transnacional que está siendo autorizado en México por el gobierno mexicano sin haberse realizado una manifestación de impacto ambiental seria”, denuncia.
Elementos de la Semar realizan acciones de intimidación y amenazas contra los pobladores inconformes con el CIIT.
El integrante de Ucizoni remarca que, previo a la fase actual, las poblaciones identifican la militarización del megaproyecto cuando, a finales del año 2023, se asigna a la Semar como coordinadora de las obras. “Entonces tenemos diferentes casos de criminalización en el Istmo: en Mixtequilla, donde hubo oposición hacia un parque industrial por los manejos de los recursos y los impactos que iba a tener, pues fueron encarceladas 9 personas. También el caso de los vecinos zapotecas de Puente Madera del municipio de San Blas Atempa”, destaca algunos de los conflictos sociales derivadas del CIIT.
A mediados del 2024, el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que las tareas de seguridad están respaldadas por una Brigada de Infantería de Marina con 2 mil 512 elementos desplegados en cuatro batallones que cubren 21 unidades destacamentadas. Sólo en la Línea Z del ferrocarril se han desplegado al menos 1,800 militares y elementos de la Guardia Nacional para su resguardo.
Un reciente informe presentado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de los Estados Unidos revela el impactante flujo ilegal de armas de fuego, sobre todo, hacia México. Entre 2017 y 2021, la ATF rastreó más de 129 mil armas en más de 70 países; el 74% de ellas fueron internadas a territorio mexicano.
En el año 2023 la administración del presidente estadounidense Joe Biden llegó a un acuerdo con México para combatir el tráfico de armas de fuego a través de la cooperación bilateral. Tras este compromiso se aprobó la asignación de recursos para la llamada “Operación Southbound”, mediante la cual se implementó el uso del software denominado eTrace, que permite rastrear información relacionada con todo tipo de delitos cometidos en los Estados Unidos con armas de fuego, pero también en diversos países con quienes han implementado este trabajo conjunto.
A través del sistema eTrace, la ATF ha podido rastrear armas recuperadas en delitos y de la misma forma ha localizado a los compradores. Es así como México se destacó como el país con el mayor volumen de armas de fuego recuperadas, representando el 74% de los rastreos internacionales, con un total de 33 mil 088 armas proveniente de los Estados Unidos. De ellas, solo el 2% se comercializaron de forma legal.
El fiscal general de la ATF, Merrick B. Garland, declaró que “el uso ampliado del rastreo de armas de fuego y de la Red Nacional Integrada de Información Balística de la ATF ha proporcionado más pistas de investigación que nunca sobre delitos violentos con armas de fuego, ha mejorado la inteligencia estratégica sobre bandas violentas y ha mejorado la detención y el procesamiento de delincuentes violentos”.
De acuerdo con el informe de esta institución, el 43% de las armas rastreadas provienen del estado de Texas, sumando un total de 14 mil 216 de ellas. De ahí le sigue Arizona, California, Nuevo México y Florida. Estos cinco estados en su conjunto representaron el 79% del total de las armas recuperadas en México. El tráfico de armas desde estos estados hacia México está vinculado principalmente a los cárteles y grupos delictivos que operan en la región.
Lo que llama la atención es que, según el informe, la mayoría de las armas recuperadas fueron robadas o perdidas en incidentes relacionados con el Instituto FFL (Licencias Federales de Armas de Fuego) de Estados Unidos.
Tipos de Armas
De acuerdo con el documento de la ATF, las armas más comunes que fueron rastreadas fueron las cortas, representando el 61% del total. Como segundo lugar están las armas largas, ocupando el 26% de los rifles rastreados. En el resto figuran revolver y escopetas.
La ATF solo logró rastrear el 27% de las armas recuperadas hasta su comprador en EEUU. Esta instancia señala que entre las barreras para rastrear a sus compradores está la fabricación de armas fuera de territorio estadounidense, la falta de registros y las exportaciones a distribuidores extranjeros.
Doble mercado
De acuerdo con los datos abiertos del gobierno de México, Estados Unidos es su principal proveedor de armas y equipamiento militar. Solo en 2023 las compras que hizo el gobierno mexicano con el país vecino llegaron a la cantidad 35.5 millones de dólares. Así la industria armamentista estadounidense se beneficia de las ventas legales e ilegales.
Aunque la venta ilegal de armas beneficia principalmente a los grupos del crimen organizado en México, también las empresas armamentistas de EEUU se benefician, pero no se menciona en los informes. “Esto ha dado lugar a la proliferación de esquemas de tráfico ilegal de armas de fuego con sede en Estados Unidos perpetrados por comerciantes ilícitos de armas de fuego, individuos y otros grupos criminales que capitalizan la demanda siempre presente”, dijo el agente especial adjunto de la ATF, Robert Topper.
La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, acudió a Chiapas para reunirse con las integrantes del Colectivo Madres en Resistencia y la nueva directora de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Guadalupe Elizabeth Santiago Ballinas, para coordinar los próximos trabajos de búsqueda y transparentar el uso de recursos.
Isabel Torres, madre de Cassandra Arias Torres desaparecida forzadamente, e integrante del colectivo, destaca para Avispa Mídia que en el conversatorio realizado el 17 de enero, la Comisión Nacional reconoció que, durante un periodo de cinco años – desde que inició funciones la CEB, en 2019, a 2024 – envió más de 48 millones de pesos para la búsqueda de personas en Chiapas.
Además del citado recurso, de acuerdo la Secretaría de Finanzas, la Comisión Estatal de Búsqueda también recibió 2,647,188.34 de pesos en 2021; 2,610,346.06 en 2022; para 2023 fueron 4,409,737.17 y 7,830,224.82 de pesos en 2024 del Presupuesto de Egresos del Estado.
En el 2024, la CNB también envió cinco escáneres portátiles de huellas dactilares para identificación humana, tres llegaron al área de peritaje de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y dos para la CEB.
Estos dispositivos son parte de una donación de 300 escáneres que hizo Alemania, a través del programa Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); 86 se entregaron a las comisiones estatales y 149 a las fiscalías locales para abonar a la identificación rápida de cuerpos y a la búsqueda en vida. El escáner registra la huella y se envía al Instituto Nacional Electoral (INE) que se encarga de la identificación en un periodo aproximado de tres días.
“Cuestionamos por qué no han usado los escáneres y a dónde se fueron los 48 millones porque en las búsquedas no. En la primera búsqueda que se hizo de mi hija Cassandra la directora de Búsqueda (Rosa Elena Vela Govea) levantó un palo para poder buscar entre el monte y, en la última vez (Emiliano Zapata), no llevaron ni una pala para poder escarbar”, lamenta Isabel Torres.
Reyes Sahagún les aseguró que ya está pidiendo cuentas a la Comisión Estatal sobre los recursos. Dijo a las madres que ahora los gastos deberán justificarse debidamente. Este 2025 se prevé más apoyo para las búsquedas, aunque no dio la cifra. Además, la CNB enviará a más personal para las labores de búsqueda, pues, en la actualidad la comisión local cuenta con dos buscadores y una persona en informática.
La directora de la Comisión Estatal, que entró en funciones el pasado 3 de enero, se comprometió a trabajar de cerca y sin intermediarios con las madres y familias buscadoras. En este primer encuentro, tanto la comisionada como la directora acordaron dar seguimiento a las pautas.
La CNB informará al colectivo sobre los planes de búsqueda y respetará el derecho de las familias de documentar el trabajo de las autoridades con sus teléfonos móviles. Serán las únicas autorizadas para usarlos.
Vicky Garay Cazares del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros AC, en Nayarit, explica que siempre ha existido mucho problema con los recursos destinados a las comisiones locales, “cuando los dan no verifican al 100 por ciento en qué se gastó”.
Con base en su experiencia, la CNB y el Estado no verifican qué falta en las comisiones locales, en qué se gastó el recurso o cómo lo gastaron. En el caso de Nayarit, las colectivas han solicitado, incluso por escrito, que se realicen auditorías a las comisiones locales.
Vicky insiste en que las búsquedas dependen del manejo y el trabajo que tenga la comisión local. “Debemos presionar, hay que trabajar con la Comisión Estatal”, dice. Considera, además, que se debe crear el Consejo Ciudadano de dichas comisiones.
En el conversatorio también estuvieron presentes representantes de la Colectiva Cereza, que son acompañantes de la lucha de Madres en Resistencia, así como de la Protección Civil y del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
Las madres ya habían denunciado
“Lo que ahorita está haciendo la Fiscalía se había solicitado desde mucho porque varios casos del Colectivo la geolocalización apuntaba a la misma dirección, en ese rancho [de San Isidro, en Emiliano Zapata]”, dice Adriana Gómez al referirse a los recientes operativos realizados por el gobierno de Chiapas, a partir de los cuales se anunció el hallazgo de diversas fosas.
Los teléfonos celulares de Edwin Alejandro Delgado Vázquez, Néctar Galdámez Chandomí, Victor Chavarría y Cassandra Arias Torres, desparecidos en diferentes momentos y lugares, estuvieron en San Isidro, municipio de Emiliano Zapata.
La geolocalización que realizó la Fiscalía de Chiapas del dispositivo de Cassandra Arias Torres, desaparecida forzadamente el 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal, arrojó una ubicación en el municipio de Emiliano Zapata y, desde ese momento, el colectivo solicitó la búsqueda, pero la autoridad no hizo nada.
Dos años después, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, los operativos de la estrategia de seguridad del estado chiapaneco han reportado hallazgos de 27 fosas clandestinas con restos humanos pertenecientes a unas 40 personas en los municipios de Suchiate, Palenque, Emiliano Zapata y La Concordia, según la información difundida por la FGE. El material genético fue enviado a la Ciudad de México para su estudio.
Los operativos coincidieron con la huelga de hambre que sostenían las Madres en Resistencia en Palacio de Gobierno para solicitar audiencia con el gobernador Eduardo Ramírez, que por meses se negó a atender y reconocer el tema de la desaparición de personas.
Tras días de protestas, las madres fueron recibidas por el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca a quien le solicitaron una nueva búsqueda en el rancho de San Isidro en Emiliano Zapata.
El 8 de enero fueron citadas a las 6 horas, pero los elementos de la Fiscalía y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) llegaron tres horas tarde. “Nos tuvieron paradas en la carretera esperándolos y cuando llegan se bajan inmediatamente a tapar la vialidad, de forma innecesaria. Luego nos fuimos a la búsqueda donde iniciamos casi las 10 de la mañana”, recuerda Adriana Gómez.
También acudieron profesionales de Protección Civil (PC) con el área Canina, de la CEB y tres madres del Colectivo. “Nos dividimos porque ellos querían sacar el agua de una laguna con una bomba, nosotras dijimos que buscaríamos por otro lado o ahí se nos iría todo el día y son pocas las oportunidades de búsqueda que nos dan”.
Los de PC se metieron al agua a buscar, los demás fueron sus observadores alrededor de la laguna, relata Adriana. Observó un rancho con una casa lujosa de ventanales de cristal, varias habitaciones y en una de las paredes vio dibujos que parecían hechos por niñeces.
“Dicen que había un área de tortura que a mí ya no me tocó ver, pero sí vimos una mesa de billar y una alberca grande. Habían varios pozos de cemento, con agua y en uno había una escalera grande, y ahí se necesitaba una revisión minuciosa. Pero ellos (autoridades) no buscan, llegan un rato medio observan y buscan una sombra para tomarse un refresco y comer sus frituras o su pollito”, lamenta Adriana.
Pero las integrantes del colectivo saben que deben poner mucha atención en el suelo que pisan y los detalles, “vamos revisando con nuestro pie para saber si la tierra está suelta”. Eso hacían el 8 de enero en San Isidro cuando les llamó la atención un corral de cemento para cerdos.
“Aún había deshechos en el suelo y había un tubo de PBC que llevaba su descarga a una fosa séptica de cemento, parecía un tanque. Pertenecía al rancho pero como tenía el alambrado daba la impresión que era otro predio”, describe Adriana.
Las madres cruzaron ese alambrado y los representantes de la fiscalía les insistieron que ahí ya habían revisado, “pero cada vez que decían eso nosotras volvíamos a revisar y nos metimos las tres madres al alambrado, nos agachamos para ver la fosa séptica con nuestra lámpara, porque ellos ni eso llevaban, y ahí vimos la osamenta”, describe.
Dieron parte al personal de la Fiscalía, pero éste no llevaba guantes ni personal capacitado para introducirse al reducido espacio. Fue un policía que sacó los restos, pero antes retiraron a las madres buscadoras del lugar. “El policía dijo que eran de tres cuerpos, pero no sabemos en realidad cuántos sacaron”.
“Ellos no querían aceptar el hallazgo que hicimos porque ya habían buscado ahí y de hecho le echaron la culpa al canino de Protección Civil, pero el perro no identificó los restos porque estaban en el excremento, ya no tenían ni tejido. Incluso, en ese rancho también hay una laguna y no sabemos si ahí también podrían haber cuerpos”.
El colectivo ha expresado en diferentes momentos su preocupación por la incapacidad y falta de profesionalismo con la que las autoridades atienden la búsqueda de personas, pues consideran que tras un hallazgo, mientras la autoridad correspondiente realiza la documentación, los demás elementos deben continuar con los trabajos.
“Cuando encuentran dejan de trabajar. No se les está pidiendo algo que no exista, la búsqueda es un derecho que tenemos. La fiscalía debería actuar rápido, hay una ley y dice que en esos casos la geolocalización debe ser rápida y parece que aquí hacen las cosas al revés”, insiste Adriana.
Redes
El Colectivo de Madres en Resistencia de Chiapas sólo espera que los acuerdos que adquirieron con las comisiones no sean momentáneos. Hasta ahora, todo lo que obra en las carpetas de investigación de los casos que acompañan ha sido trabajo del Colectivo.
Adriana Gómez, fundadora del Colectivo, recuerda que al no tener acceso a la justicia hace tres años se vio en la necesidad de aprender, tejer redes y surgir como Colectivo. Después comenzaron a llegar las denuncias sobre desapariciones a las redes sociales de las Madres en Resistencia.
Se aliaron a otras madres buscadoras de Sonora, Tijuana y Ciudad Juárez quienes les dieron recomendaciones para pedir las búsquedas ante la CEB y la fiscalía, les explicaron sobre la geolocalización de los dispositivos móviles y cómo solicitarla. “Se necesitaba el acompañamiento y nosotras iniciamos solas”.
Al Colectivo se acercaron estudiantes de Derecho y abogadas de profesión, que las acompañan en las actividades. En la huelga que realizaron a finales de diciembre de 2024, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas también brindaron acompañamiento.
Cuando el Colectivo tomó fuerza, Jorge Luis Llaven Abarca, que entonces también era Fiscal General, intentó dividirlas, “pero no lo consiguió porque nos conocemos y conocemos todos los casos, leemos las carpetas y no confiamos en las autoridades”.
También investigaron sobre las herramientas que podían conseguir con sus propios recursos como las varillas de hierro, las mandaron a hacer de cinco centímetros de grosor, aproximadamente, con punta para atravesar la tierra y un gancho para sostener la varilla sin que resbale al empujarla con fuerza.
“Cuando buscamos llevamos palas, picos y las varillas. Identificamos si la tierra está suelta, amontonada o si está fresca, eso se identifica rápido. Metemos la varilla, si entra al sacarla la olemos, no somos expertas pero hemos ido al Servicio Médico Forense (Semefo) a buscar y se identifica el olor. Al igual observamos si hay ropa tirada y también nos guiamos del presentimiento para saber dónde a escarbar”, explica Adriana.
Todxs cuentan
El país entero tiene la problemática de la desaparición, en Chiapas pasaba menos, señala Voces Mesoamericanas que acompaña casos de personas migrantes de Chiapas desparecidas en el norte del país.
Considera que los obstáculos a los que se enfrentan los denunciantes es la falta de información para que una persona sepa qué hacer ante una desaparición. Pero cuando las personas ya saben qué hacer se encuentran con que las instituciones no levantan las carpetas de investigación por desaparición y solo inician registros de atención.
También recurren a la revictimización y en las fiscalías les dicen que esperen porque sus familiares van a regresar porque quizá se fugaron con la pareja y de esa forma minimizan la situación para que no haya un registro real de cuántas personas desaparecidas hay en Chiapas, explica Voces Mesoamericanas.
Una vez que la familia pudo denunciar, el problema es la falta de acceso a la justicia, al debido proceso, a ser escuchada, a la reparación de daño, por lo complicado que es ingresar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Si se trata de una persona migrante desaparecida en Chiapas, para que la familia pueda entrar a México a hacer las denuncias o los seguimientos, necesita visas y no están a disposición, tiene que hacer el mismo proceso que los demás y esperar.
“No hay políticas públicas que atienda la desaparición en contextos de movilidad humana, es decir, personas en situación migratoria y personas en situación de desplazamiento forzado”, insistió la organización que acompaña al Colectivo Junax Ko’tantik, integrado por familias chiapanecas que buscan a migrantes desparecidos en el norte del país y Estados Unidos.
Para Voces Mesoamericanas la Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas tiene muchos vacíos y no hay claridad sobre las personas que la integran y los nombramientos los realizan sin una consulta pública como lo establece la ley local y sin priorizar las características del perfil seleccionado.
Incluso, a cinco años de la CEB iniciar funciones, no ha emitido la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda para ser vigilante de los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas en Chiapas.
Otra ausencia en la CEB es el registro de personas desaparecidas en territorio chiapaneco y personas desaparecidas de origen extranjero, y chiapanecos migrantes desaparecidos en otro lugar. La organización cuestiona y lamenta que tampoco exista un mecanismo de búsqueda de personas, tanto en búsqueda inmediata o de larga data, en situaciones migratorias, y desde una perspectiva diferenciada.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México 110,668 personas están desaparecidas y 1482 son de Chiapas. En el desglose, en 2019 existe un registro de 68 personas desaparecidas y no localizadas, 87 en 2020, 162 en 2021 y 244 en 2022, cifras también plasmadas en el informe Tocar el Vacío, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
En el estudio, Frayba hace referencia al aumento de 358% de las desapariciones en el periodo entre 2019 y 2022.
¿Qué hacer?
Hasta ahora solo organizaciones como Fundación para la Justicia cuenta con información en su plataforma digital sobre qué hacer si una persona desaparece. Aclara que no es necesario esperar 24, 48 o 72 horas para reportar o denunciar su desaparición.
El reporte puede ser ante la CNB o ante la Comisión Estatal de Búsqueda, pero si se desconoce el estado donde desapareció la persona el reporte es al +52 55 1309 9024 o desde el extranjero a la lada gratuita 185 52 62 31 09.
Por su parte la fiscalía de Chiapas aseguró que cuenta con protocolo de atención en el que recomiendan realizar la denuncia ante la autoridad ministerial más cercana y toda autoridad debe iniciar la denuncia correspondiente “ya sea registro de atención por la no localización de la persona o en su caso carpeta de investigación por la desaparición”.
El denunciante debe presentar documento que acredite personalidad, en caso que la víctima sea menor de edad presentar acta de nacimiento que acredite parentesco. Sin importar la edad de la víctima presentar fotografía reciente, sin manipular.
En caso de menores de edad se activa la alerta Amber, en mujeres mayores de edad se activa Protocolo Alba y en hombres se activa ¿Has visto a?
Una vez iniciada la denuncia se giran los oficios correspondientes a las corporaciones policiacas, instituciones públicas y privadas. Y de acuerdo a la fiscalía se deben hacer brigadas de búsqueda en diversos puntos de la zona en la que fue vista por última vez la víctima.
Si la persona desaparecida es migrante y fue víctima de un delito federal, se puede denunciar la desaparición en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes al correo electrónico: unidadmigrantes@fgr.org.mx
La Fiscalía General de la República fue contactada para solicitar el protocolo de atención en caso de víctimas de desaparición forzada pero dijo no tener información al respecto, únicamente a través de las líneas telefónicas.
El próximo 21 de enero Eduardo Ramírez se comprometió a atender a las madres buscadoras y el 24 de enero dialogarán con el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.
LLAMADO A LA JORNADA GLOBAL: ¡JUSTICIA PARA SAMIR FLORES SOBERANES! 6 AÑOS DE IMPUNIDAD
A LOS FIRMANTES DE LA DECLARACIÓN POR LA VIDA
HERMANAS, HERMANOS:
Son 6 años desde que le arrebataron la vida a nuestro hermano Samir Flores Soberanes, seis años que gobierna quien lo mandó a matar, seis años de continuar con el engaño, la imposición y el desprecio hacia nuestros pueblos, seis años más de resistencia, de rebeldía, de lucha por la vida, de ser Samir, inspiración, semilla y ánimo de construcción de autonomía, de otro mundo posible.
Justicia para Samir, grita la resistencia por la vida contra el Proyecto Integral Morelos y contra el narcogobierno, justicia grita en cada uno de los pueblos, lugares y corazones que lo conocieron antes o después de su muerte. Justicia gritamos desde la lucha por la vida en Gazza, en Chiapas, en Ostula, en la lucha contra el basurero de Cholula, en el grito de las familias de nuestras hermanas y hermanos desaparecid@s, en la lucha contra el Tren militar malla, contra el corredor interoceánico, la xenofobia y el desplazamiento forzado, la mina, la presa, el tren, el corredor, el gasoducto, la termoeléctrica, el fracking, el cartel inmobiliario, el negocio de la basura, la defensa de los ríos, mares y cuerpos de agua, de los bosques y espacios autónomos en la tierra o en el aire. Justicia construyó Samir durante su vida.
A 6 años de su cruel asesinato el 20 de febrero de 2019 en Amilcingo, Morelos, tres días antes de la consulta impuesta por López Obrador para “legitimar” su cambio de parecer y terminar de imponer el Proyecto Integral Morelos (PIM), los asesinos de Samir siguen libres y gobernando. Son 6 años de impunidad, 6 años de imposibilidad de que los culpables sean castigados porque los culpables están en el gobierno y pueden fácilmente escapar de la justicia del Estado, porque ellos son el Estado…
Pero la justicia está en la lucha por la vida, y sí, en nuestra exigencia, tal vez absurda, de exigir al verdugo se persiga y se castigue, de desnudar al rey capitalista, al narcogobierno mexicano que mando a matar a Samir.
A 6 años del asesinato de Samir, convocamos a los firmantes de la Declaración por la Vida que dediquemos un momento, un instante, una siembra de memoria, de vida y rebeldía a nuestro compañero Samir Flores Soberanes los próximos 20, 21, 22 o 23 de febrero, construyendo de manera dislocada la “Jornada Global: ¡Justicia para Samir Flores Soberanes! 6 años de impunidad”.
En esos días, en México, Estados Unidos, Euskal Herria, Francia e Italia se sembraran 6 bustos de Samir, sembrando su memoria en los territorios dignos de nuestras hermanas y hermanos, en países cuyas empresas están o estuvieron involucradas en el crimen del PIM: Elecnor (Euskal Herria), Saint Gobain (Francia), Bonatti (Italia), Macquaire (Estados Unidos), NarcoGobierno (México), para que no se olvide la responsabilidad del gobierno global capitalista sobre la muerte de Samir y la lucha por la vida.
Pero no solo con bustos se siembra la memoria de nuestro compañero, también con la lucha por la vivienda digna de la comunidad otomí de la Ciudad de México que fundo y resiste la Casa de los pueblos “Samir Flores Soberanes”, antes, oficinas centrales del INPI. En un árbol en el campamento de resistencia en Lutzerat, Alemania, en una canción, una poesía, un dibujo, una plática, video, conversatorio, foto, pintura, grabado, flor o fruto, en todas ellas esta nuestro hermano Samir Flores Soberanes.
Llamamos a las firmantes de la Declaración por la Vida a sumarse con una acción o una palabra a la “Jornada Global: ¡Justicia para Samir Flores Soberanes! 6 años de impunidad”, los días 20, 21, 22 o 23 de febrero de 2025 o cuando sus realidades se los permitan.
La justicia vendrá de abajo y a la izquierda, en común.
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala
Cientos de jóvenes zapatistas realizaron una obra de teatro presentada en dos partes, el 31 de diciembre se presentaron las primeras seis capítulos, el día 1 de enero presentarían la segunda y última parte donde comparten la idea que tienen del mundo, sus preocupaciones y las ideas que les guían para el futuro. Las y los zapatistas siendo ejemplo y semilla con sus años de caminar en la autonomía y escuchándose y escuchando a otres.
“El Colapso y el Día Después. Las Partes y el Todo”. Obra de Teatro en 12 escenas con jóvenes y jóvenas zapatistas de los 12 caracoles. Festival cultural del 31 aniversario del levantamiento zapatista. Oventic, Chiapas, México, 2025. Cámara y edición: Noticias de abajo y Del Barrio News.
En portada: Migrantes avanzan en caravana rumbo al norte de México. Foto: María de Jesús Peters
Las diez caravanas de migrantes que buscan llegar cuanto antes a línea fronteriza entre México y Estados Unidos se han formado desde la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo en México y tras la elección de Donald Trump en Estados Unidos.
Luis García Villagrán, abogado y defensor de derechos humanos, asegura que el Estado mexicano está incentivando a la gente a salir caminando, es decir, no les permite acceder a sus derechos y los agotan. Luego de que los orilla a irse en caravanas les ofrece documentos y, para aquellos que aceptan, los traslada a otras ciudades fuera de la ruta que comúnmente usan para llegar al norte de México, “no hay claridad en los procedimientos”.
El abogado prevé que en las siguientes semanas más grupos de migrantes salgan de Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. El último (o la décima caravana) partió el 2 de enero de Tapachula y solo dos días después, el Instituto Nacional de Migración (INM) ofreció la Forma Migratoria Múltiple (FMM),un permiso para moverse por territorio nacional durante 20 días, pero sin garantías reales de libre tránsito.
La mitad de las personas que integraba el éxodo aceptaron el documento y fueron trasladadas a ciudades de Guerrero y Michoacán, donde nuevamente quedaron varadas. La otra parte del grupo, que se negó a recibir la FMM, sigue en la ruta rumbo a Arriaga, Chiapas, para continuar por la carretera a Oaxaca.
En portada: Inversores de la empresa Helax durante reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre del 2024. En la junta también participaron miembros de la Secretaría de la Marina quienes coordinan el CIIT.
En este mes de enero debe arrancar la consulta indígena relacionada con el proyecto de producción de hidrógeno “verde”, de la empresa Helax Istmo, subsidiaria de la danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), en el municipio de Ciudad Ixtepec, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, que servirá principalmente de combustible para el sector naval.
Después de la fase informativa, que debe extenderse hasta mayo, siguen la consultiva y deliberativa. Para diciembre está prevista la última fase, de seguimiento de acuerdos.
El proyecto hace parte de uno de los diez Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebis), previstos para construirse en Veracruz y Oaxaca como parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). Para ello serán utilizadas 413 hectáreas expropiadas a los bienes comunales de Ciudad Ixtepec, en febrero de 2023.
La Secretaría de Energía (Sener), responsable por la consulta, identificó al menos 9 municipios y 10 localidades que deberán participar del proceso por estar en la zona de impacto del proyecto, entre ellos, Santiago Ixtaltepec, Asunción Ixtaltepec, Ixtepec, Santa Rosa, El Morrito, Chivela, El Mezquite, Mena.
Las informaciones fueron obtenidas por medio de la Plataforma Nacional de Información (folio 332459924000194), que volvió público el documento oficial de la CIIT en el cual se presenta el proyecto a las autoridades municipales y agrarias de comunidades que serán impactadas, en septiembre de 2024. Estuvieron presentes la Sener, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Marina y representantes del CIIT.
