En 2022 se cometieron al menos 768 agresiones contra 131 defensoras y 41 organizaciones que defienden el derecho de las mujeres en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Tres de estas defensoras fueron asesinadas: Grisell Pérez Rivera y Jasibhe Natalie Díaz Morales en México, y Nesly Consuegra Monterroso en Guatemala. Los datos son del registro mesoamericano de agresiones contra defensoras de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), organización que articula a casi 3 mil defensoras y 300 organizaciones en Mesoamérica.

La mayoría de estas agresiones, 500, tuvieron carácter colectivo, frente a las 154 que estuvieron dirigidas contra defensoras a nivel personal y 112 contra organizaciones o grupos. Alrededor de 56% de las agresiones se dieron en el espacio público, principalmente en la calle. Una de cada diez se perpetró a través de medios virtuales o electrónicos como redes sociales, teléfonos, correos electrónicos o aplicaciones de mensajería de texto.

Los Estados aparecen como los principales agresores de las defensoras, siendo identificados como responsables en más de la mitad de las agresiones (56,1%) a través de fuerzas de seguridad y autoridades públicas de diferentes niveles. Por otro lado, uno de cada cinco perpetradores (20%) es desconocido, ya sea porque no se identifica a la persona que realiza la agresión directa presencial o porque se trata de un usuario virtual desconocido.

Las defensoras y sus organizaciones son quienes acompañan a las víctimas de la violencia machista, quienes denuncian ante las autoridades y la opinión pública, quienes llevan a cabo campañas de prevención y proporcionan albergue y protección para las mujeres y sus hijos, hijas e hijes, entre muchas otras acciones.

Para la IM-Defensoras, reconocer la importancia de su trabajo, así como garantizar que puedan manifestarse en las calles y ejercer su labor sin limitaciones y de manera segura, es urgente y vital en un contexto como el mesoamericano, donde la violencia contra las mujeres está generalizada y normalizada y donde existe una de las tasas de feminicidios y de impunidad más altas del planeta.

En los países

En México, la IM-Defensoras documentó un total de 519 agresiones contra 91 defensoras y 5 organizaciones. La mayor parte de las agresiones se dieron en acciones colectivas como las manifestaciones feministas. Adicionalmente se registraron 23 casos de abuso sexual durante acciones colectivas. La Policía aparece como la principal responsable de las agresiones en este país, 38%.

En Nicaragua, se documentaron 155 agresiones contra 17 defensoras y 35 organizaciones.  Más de la mitad de estas agresiones fueron perpetradas por autoridades públicas, 58%. Sólo en 2022, las autoridades de este país cancelaron la identidad jurídica de 30 organizaciones sociales que trabajan por los derechos de las mujeres y niñas.

En Honduras, sedocumentó 70 agresiones contra 15 defensoras. Casi la mitad de las agresiones, 47%, fueron perpetradas por una persona denunciada previamente por la defensora, o el/la abogada o personas que respalda a dicha persona.

En El Salvador, las agresiones documentadas, 14, fueron en su mayoría de carácter colectivo y dirigida a organizaciones. Los usuarios virtuales desconocidos fueron los principales agresores, seguidos de instituciones del Estado.

^{Marcha del movimiento negro contra la violencia policial, celebrada en la ciudad de São Paulo el 24 de agosto, en protesta contra el asesinato de Bernardete Pacífico, lideresa acribillada con 12 tiros en Bahía.}

En Brasil, la difusión de una investigación señala que, entre 2018 y 2022, los asesinatos contra quilombolas se duplicaron con respecto a un estudio previo, el cual había registrado agresiones contra las comunidades afrodescendientes entre 2008 al 2017. En 15 años, 70 quilombolas -descendientes de africanos que se rebelaron y huyeron de la condición de esclavos durante la colonización portuguesa- fueron asesinados en todo el país.

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El estudio titulado Racismo y violencia contra los quilombos en Brasil, difundido el pasado viernes (17), enfatiza que el 70% de los asesinatos sucedieron en territorios no titulados, siendo el estado de Maranhão, al norte del país, el que registró el mayor número de asesinatos.

Elaborada por la Coordinación Nacional para la Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (Conaq) y la organización Terra de Direitos, la investigación señala eventos de violencia contra los quilombos que muestran el recrudecimiento de las desigualdades practicadas históricamente contra las comunidades quilombolas en Brasil.

El estudio analizó 32 asesinatos registrados en 11 estados del país sudamericano y enfatiza que los conflictos por la tierra y la violencia de género están entre las principales causas de los asesinatos de quilombolas en Brasil. “Al menos 13 quilombolas fueron asesinados en el contexto de la lucha por su territorio y la defensa del mismo”, sostienen las organizaciones.

La investigación señala que, a comparación con el estudio previo que registró las agresiones violentas durante un periodo de 10 años, el promedio anual de los últimos cinco años se duplicó, al pasar de 3.8 a 6.4 asesinatos por año. “Se registraron cuatro asesinatos de quilombolas en los años con menor número de violencia en el período analizado. En los años de 2019 a 2021 se registraron picos de 8 asesinatos”, resaltan.

El estudio revela que, al menos, 15 de estos crímenes tuvieron como objetivo a líderes reconocidos por las comunidades.

“El Estado brasileño debe tomar medidas inmediatas para proteger a los líderes de todo Brasil. Es deber del Estado garantizar que haya una investigación rápida y efectiva y que los responsables de los crímenes que han victimado a los líderes de estos Quilombos y a tantos otros rindan cuentas debidamente. Es crucial que se haga justicia, que se conozca la verdad y que se castigue a los responsables. Queremos justicia para honrar la memoria de nuestros líderes que perdemos, pero también para poder decir que, en Brasil, no se tolerarán los actos de violencia contra los quilombolas”, reclamó el coordinador ejecutivo de Conaq, Biko Rodrigues.

Feminicidios, al alza

En el reporte, destaca también el elevado número de feminicidios, pues nueve de los asesinatos fueron contra mujeres. “Los autores de la violencia [fueron] sus parejas actuales o ex parejas. Aunque se refiera al ámbito privado de las relaciones, las organizaciones entienden que la violencia contra las mujeres es un reflejo de la lucha política que llevan a cabo en el quilombo en defensa del territorio y de la supervivencia de las comunidades”, detallan las organizaciones.

La proporción de mujeres quilombolas asesinadas también se ha duplicado en el periodo registrado durante los últimos cinco años, en contraste con el registro de 10 años, entre 2008 a 2017, cuando fueron asesinadas ocho mujeres.

Las organizaciones señalaron que la investigación se inició tres meses después del asesinato de Maria Bernadete Pacífico, acontecido el pasado 17 de agosto. Bernadete, coordinadora de la Conaq, pertenecía a la comunidad de Pitanga dos Palmares Quilombo y era madre de Flávio Gabriel Pacífico dos Santos, otro reconocido líder quilombola, asesinado en 2017 en el contexto de una lucha por el territorio. Acorde a la oficina jurídica de Conaq, las investigaciones sobre el asesinato siguen en curso por parte de la Policía Civil.

Cabe destacar que, pese a que el asesinato de Bernadete no está incluido en el período analizado en la investigación, en lo que va del año 2023 se registra el asesinato de siete quilombolas.

La disputa por tierras

Otro de los hallazgos señala que el 70% de los asesinatos fueron motivados por conflictos de tierras pues sucedieron en territorios que no cuentan con la regularización de sus títulos. Al mismo tiempo, entre 11 quilombos, total o parcialmente titulados, la disputa por el territorio representó el 27% de los asesinatos.

En 10 de las 26 comunidades donde se registraron asesinatos, no hay casos abiertos en el Instituto Nacional de Reforma Agraria y Colonización (INCRA), autoridad encargada de la regularización de tierras quilombolas en Brasil.

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Datos de la Fundación Palmares demuestran que existen 1,805 procesos abiertos en el INCRA para la regularización de tierras de territorios quilombolas.

BOX Hallazgos

Algunos de los datos que revela el estudio sobre las agresiones durante el periodo 2018-2022 son los siguientes:

*Se registraron asesinatos en 26 comunidades quilombolas. En las comunidades de Rio dos Macacos (Bahía) y Cedro (Maranhão) hubo 3 asesinatos; en el Quilombo Conceição de Crioulas (Pernambuco) hubo 4.
*En 6 de los 32 asesinatos fue posible identificar la ocurrencia de amenazas anteriores a los asesinatos.
*Maranhão es el Estado con mayor número de asesinatos (09), seguido de Bahia, Pará y Pernambuco, con cuatro casos cada uno.
*El Noreste es la región con el mayor número, con 21 asesinatos registrados, lo que representa el 65,6% de todos los casos. El Norte es la región con el segundo mayor número, con 4 asesinatos mapeados.

^{Bosque a las orillas del Río Acará. Río y bosque son usados por comunidades tradicionales. Foto: Anderson Barbosa}

Indígenas Turiwara, en la Amazonía brasileña, fueron atacados por la seguridad privada de la empresa productora de palma africana, Agropalma, entre los municipios de Acará y Tailândia, en el estado de Pará, el viernes, 10 de noviembre. El indígena identificado como Agnaldo fue asesinado y, al menos dos más, Jonas y José Luis, fueron heridos.

Los indígenas seguían, de acuerdo con informaciones de medios locales, un antiguo camino de tierra en sus motos a través del bosque que la empresa sostiene que es suyo. Los indígenas iban a pescar y cazar para alimentarse.

En un reportaje publicado en mayo de este año por Avispa Mídia, relatamos el conflicto de tierra que involucra comunidades tradicionales y la empresa que, además de las plantaciones de palma, lleva a cabo el Programa REDD+Agropalma en bosques que están bajo su posesión. Estos bosques, que sirven desde siglos atrás para la subsistencia de estas comunidades y que son demandados como sus territorios en órganos administrativos y en los tribunales brasileños, están hoy cercados y bajo vigilancia de esta empresa.

En un segundo reportaje, publicado por Avispa Mídia, se informa que la Asociación Brasileña de Antropología solicitó al Ministerio Público Federal la apertura de un proceso para investigar el contrato de venta de créditos de carbono firmado entre Agropalma y Biofilia Ambipar Ambiental.

De acuerdo con la asociación, parte de las 50 mil 519 hectáreas de bosque amazónico, que Agropalma pretende comercializar en el mercado especulativo de carbono, es un territorio reivindicado en las instancias de justicia por indígenas Turiwara y Tembé del Alto río Acará.

Tras la publicación del reportaje, la asesoría de prensa de Agropalma envió, por correo electrónico, una nota a la redacción sosteniendo que “no hay comunidades indígenas dentro de su área de actuación” y que “todos sus terrenos fueron adquiridos de buena fe de sus legítimos dueños y poseedores”.

Para profundizar la cuestión, Avispa Mídia entrevistó a Ione Nakamura, promotora de justicia del Ministerio Público del Estado de Pará, órgano del Estado brasileño que logró en los tribunales de justicia la cancelación del registro de propiedad de dos haciendas de la empresa, debido a que las áreas adquiridas por Agropalma “poseen vicios”, sostiene la promotora de justicia.

De acuerdo con la promotora, existe un modus operandi de empresas en la Amazonía, que “compran tierra barata, barata porque tiene problemas, tiene vicios, que en Brasil se nombra grilagem”, es decir, en el histórico de compra y venta de la propiedad existe fraude de documentos en la adquisición de la tierra.

La empresa “no puede alegar que compró de buena fe, que no tenía el conocimiento de que las tierras tienen vicio porque, como una empresa con recursos y que conoce la legislación brasileña, tenía que haber investigado mejor las propiedades que adquirió”, sostiene la promotora de justicia.

Desde la decisión judicial, las dos haciendas de Agropalma volvieron a ser tierras públicas. Y son estas tierras que las comunidades, tanto quilombolas como indígenas, sostienen que son suyas.

En la entrevista para Avispa Mídia, realizada antes del asesinato del indígena, la promotora de justicia declaró que, mientras no se resuelva la cuestión de la tierra, “se mantendrá la instabilidad en la región y se continuará generando conflictos”.

A continuación reproducimos parte de una larga entrevista realizada con la promotora de justicia Ione Nakamura, quien nos aclara el contexto del conflicto de tierra donde está involucrada Agropalma, ofreciéndonos una perspectiva más amplia de los conflictos en curso en esta parte de la Amazonía.

¿Cómo están los procesos en los tribunales contra la empresa Agropalma?

Existen varios procesos contra Agropalma por haciendas que la empresa adquirió, entre los cuales están incluidas por lo menos tres acciones civiles públicas del Ministerio Público, que se refieren a las haciendas Roda de Fogo, Castanheira y Porto Alto. En los dos primeros casos el Tribunal de Justicia, que corresponde a una segunda instancia de justicia en Brasil, confirmó la cancelación de la matrícula de propiedad de la empresa debido a vicios.

La cancelación de la matrícula de propiedad implica que estas tierras vuelven a ser consideradas públicas. En su sentencia, el juez no impidió a la empresa de buscar los órganos del Estado para comprar estas tierras nuevamente.

[Sin embargo, como estas tierras, que ahora son públicas, son demandadas administrativamente y judicialmente por comunidades quilombolas, estos procesos de tierras colectivas poseen prioridad en relación a la venta para una empresa, como es el caso de Agropalma].

En relación a la hacienda Porto Alto, recientemente Agropalma obtuvo una decisión favorable en un tribunal de segunda instancia y contra nuestro pedido. Nuestra petición había sido acogida por un juez de primera instancia, que había cancelado la matrícula de propiedad. La empresa apeló y logró una decisión favorable.

El Ministerio Público todavía no cuestionó la decisión. Utilizó, primero, un recurso en el cual pide a la desembargadora [lo que corresponde a una jueza] que esclarezca imprecisiones en su decisión, es decir, que esclarezca mejor la decisión que tomó para que nosotros podamos decidir si apelamos o no.

Ahora estamos esperando la aclaración del tribunal en relación a su última decisión favorable a Agropalma.

Si la decisión se mantiene, el caso podrá ser llevado a última instancia en Brasil, en el Tribunal Superior de Justicia.

La empresa se quedó entonces con la posesión de las tierras, mientras se resuelve la cuestión de la propiedad. Pero ¿cómo queda la licencia ambiental de la plantación, ya que ahora son tierras públicas?

Esta ha sido una cuestión para nosotros. Preguntamos a la Secretaría Estatal de Medio Ambiente cómo había quedado la licencia ambiental. Nos dijeron que dieron la Licencia Ambiental Rural (LAR) a la empresa porque tenían la información de que eran tierras privadas. Entonces les informamos que existe una decisión judicial en relación a las dos haciendas que confirman que son áreas públicas. Y les cuestionamos si iban a rivalidar esta licencia. Todavía no tenemos una respuesta.

Otro argumento utilizado con frecuencia por Agropalma es que no existen comunidades tradicionales en sus tierras. ¿Cómo el Ministerio Público analiza esta argumentación? En las áreas donde ellos plantaron palma africana, inicialmente, cuando adquirieron las tierras, hubo un proceso de expulsión de estas familias de estas áreas. Hubo un proceso de limpieza de la zona.

Eso es relatado por las comunidades. Ellas salieron del área, pero no fue de forma voluntaria. Fue un proceso de violencia o de compra de estas tierras, pero una compra muy desigual, casi una expulsión. Entonces ellos fueron retirados de sus tierras, sin realmente tener alguna asistencia jurídica y de forma violenta. Y hoy ellos requieren las tierras que tradicionalmente ellos ocupaban.

Hoy el derecho está mucho más claro en el sentido de que indica que estas áreas tradicionalmente ocupadas son áreas que pertenecen aún a su territorio y las comunidades utilizan como argumento muy fuerte la existencia de cementerios, de antiguos cementerios, como evidencia material de que ellos ocupaban allí ancestralmente, antes de que la empresa hubiera adquirido estas tierras.

¿Y los proyectos de conservación de la empresa?

Agropalma posee un discurso importante en las redes, en los medios de comunicación sobre sustentabilidad, protección ambiental. Me preocupa mucho ese discurso de conservación que no incluye el ser humano. Como si tuviera que proteger solamente el bosque, como si en el bosque amazónico no hubiera comunidades. Como si las comunidades no hubiesen convivido con el bosque desde hace siglos, sosteniendo este bosque a lo largo de generaciones.

El discurso de conservación de la empresa que excluye la presencia de las comunidades, ahora está pautado en la captación de recursos, en los proyectos de crédito de carbono. Entonces hay, hoy en el mercado, la posibilidad de capitalización, de monetización por la no emisión de carbono de estas áreas.

Lo que vemos en muchos casos es que estas empresas están aprovechando las áreas de reserva legal (bosques que pertenecen a empresas), para captar recursos con proyectos de carbono. Sin embargo, son extensas áreas que poseen vicios en su adquisición. Muchos procesos judiciales nos están mostrando ese vicio.

Entonces, primero ellos ganan con la compra barata de tierras, porque compran tierras con problemas, tierras griladas (con fraudes en el documento de la tierra). Y ahora, además de hacer eso, ellos están ganando también con la aprobación de proyectos de monetización a partir de la manutención de estos bosques, a un costo de excluir y prohibir el uso de estos bosques por parte de las comunidades, quienes tradicionalmente ocupan estos territorios y que necesitan de estas áreas para la subsistencia.

Entonces, cuando las personas son impedidas de pescar o cazar, estas personas están siendo impedidas de obtener su sustento de la naturaleza, una práctica que hace parte de su ancestralidad, de su cultura.

Lo que está pasando es muy grave en términos de violación de derechos humanos, porque ni siquiera consideran que estas personas o comunidades existen. Es una invisibilización deliberada, por parte de las empresas, de la existencia de pueblos y comunidades tradicionales en esta región.

Es necesario, primero, hacer un reconocimiento de la existencia de estos pueblos y de sus derechos, y establecer parámetros de delimitación de sus espacios que permitan la convivencia y la sobrevivencia de estos pueblos y comunidades en esta región.

La falta de definición de estos espacios genera mucho conflicto. Mientras no se resuelve eso, se mantendrá la instabilidad en la región y se continuará generando más conflictos.

Un paréntesis sobre el concepto de “delimitación de territorio” utilizado en Brasil para proteger los territorios de las comunidades tradicionales …

Me gustaría abrir un paréntesis sobre esta herramienta jurídica y administrativa que tenemos en Brasil, la delimitación de los territorios de pueblos indígenas y quilombolas. En mi visión, el propio concepto de delimitar territorio ya es una violación. Porque la delimitación del territorio es algo impuesta por las instituciones blancas. Esta noción de cerca, de límite, no pertenece a las culturas indígenas y quilombolas. Ellos siempre tuvieron la naturaleza como algo que puede ser compartida entre todos, como espacio de convivencia y para satisfacer sus necesidades de sobrevivencia. El límite era la necesidad, la subsistencia.

La delimitación sirve mucho más para el Estado delimitar el derecho, y no para proteger realmente lo que es el territorio, la cultura y el valor de las tierras para estos pueblos.
El valor de la tierra para una comunidad tradicional es un valor cultural, simbólico, de identidad, de vida. Y el valor de la tierra para el Estado y para las empresas es un valor económico.

Tengo esta percepción crítica sobre la demarcación de tierras. Sin embargo, en nuestra legislación es lo que tenemos para proteger los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales. Entonces, es el parámetro que utilizamos.

En el caso específico del Programa REDD +Agropalma, ¿el Ministerio Público está llevando a cabo algún tipo de procedimiento investigativo?

Está en nuestro radar, estamos investigando. En caso de que sí existan pruebas suficientes, es posible que el caso sea judicializado.

¿Ha habido procesos de consulta a las comunidades tradicionales en esta región de la Amazonía para la implementación de proyectos de crédito de carbono?

Algunas empresas han buscado hacer procesos internos de consulta, coordinados por ellas mismas. Sin embargo, de acuerdo con nuestro entendimiento sobre consulta, considerando los parámetros del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sería el Estado quien debería coordinar estos procesos de consulta, respetando los protocolos internos de cada comunidad, en caso de que tenga un protocolo de cómo hacer una consulta.

Lo que me parece más problemático no es el proceso de consulta en sí, sino el proceso que antecede una consulta.

¿Qué proceso?

Lo que está pasando en la práctica, con la implementación de este mercado de carbono [que todavía no está reglamentado], es una gran disputa entre las empresas por territorios en la Amazonía. Territorios estos generalmente habitados por comunidades.

Hay una disputa similar a la disputa que ocurrió hace 500 años en el proceso de colonización. Quien llega primero en el territorio pone su bandera y, a partir de entonces, este territorio empieza a hacer parte de un proyecto específico.

Entonces hay una disputa de quién llega primero en los territorios, quién lo mapea, y quién ofrece primero su proyecto a las comunidades. Solamente después hay un proceso de consulta interno, pero que, para mí, no es libre. Es viciado.

¿Será que las comunidades tienen asesoría técnica y jurídica para entender lo que significan estos proyectos y los contratos que están firmando?, ¿quién está defendiendo sus intereses en los procesos de negociación con las empresas?

Lo que vemos es que las comunidades no tienen de hecho de libertad para elegir, no tienen tiempo y tampoco elementos suficientes para decidir si quieren mercantilizar o no su bosque.

En esta lógica, lo que preocupa no es solamente la consulta en sí, sino todo el procedimiento. En mi opinión, está viciado desde su origen.

^{Las manifestaciones ininterrumpidas contra la aprobación de la explotación minera más grande de Centroamérica no cesan. Foto: Radio Temblor}

A punto de cumplir un mes, y a pesar de la represión estatal, la sociedad panameña mantiene movilizaciones ininterrumpidas en todo el país, en rechazo a la aprobación de la Ley 406, la cual aprueba el contrato de concesión a la mina Cobre Panamá, la explotación a cielo abierto de cobre y oro más grande de Centroamérica.

Desde el pasado 23 de octubre, organizaciones sociales, sindicatos, profesores y habitantes en general se manifiestan en contra del contrato, ratificado por el presidente Laurentino Cortizo y Minera Panamá, subsidiaria de la empresa canadiense First Quantum Minerals (FQM), el cual le otorga la concesión, por 20 años prorrogables, para explotar casi 13 mil hectáreas en Coclé del Norte, provincia de Colón, donde devastaría bosques tropicales que hacen parte del Corredor Biológico Mesoaméricano.

Medios locales reportan que, hasta el pasado fin de semana, se ha registrado la detención de más de 1,000 personas participantes de las protestas. Entre ellos, destacan, se encuentran 134 menores de edad. Según reportes oficiales, los detenidos son acusados de vandalismo, daños a la propiedad y otras faltas administrativas.

Contrato minero

La concesión minera tiene una historia que data de la década de los 90s del siglo pasado. Para 1991, se registró la concesión para exploración de posibles yacimientos de oro y cobre, y para 1997 se aprobó, por parte de la Asamblea Nacional, el contrato ley para la explotación minera, el cual posee rango constitucional. En el año 2005 el gobierno panameño respaldó la construcción de infraestructura y para 2009 dio luz verde al inicio de la explotación comercial de la mina por parte de la entonces denominada Minera Petaquilla (también de origen canadiense).

El contrato para la explotación establecía la posibilidad de solicitar prórrogas por 20 años, siempre y cuando la solicitud fuese presentada ante el Ministerio de Comercio e Industrias 120 días antes o 120 días después del término de cada periodo. Para el 30 de diciembre de 2016 la minera tramitó dicha prórroga, tras el paso de la fase de exploración y después de cinco años de la construcción de la mina Cobre Panamá.

No obstante, en 2017, la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) declaró inconstitucional el primer contrato de 1997, atendiendo a un reclamo presentado, desde 2009, por el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM), organización que argumentaba la anulación de la actividad minera para prevenir el daño en los ecosistemas del norte del país centroamericano.

Minera Petaquilla cambió su nombre a Minera Panamá y, en febrero de 2017, obtuvo la prórroga hasta el año 2037. CIAM reclamó que el fallo de la CSJ anulaba dicho contrato; por su parte, la minera señaló que la resolución judicial no afectaría su proyecto de una inversión de más de 10 millones de dólares. Sin embargo, para operar la mina aceptó negociar un nuevo pacto, esta vez con el actual presidente, Laurentino Cortizo, quien con el respaldo del legislativo ratificó en octubre pasado el contrato mediante la Ley 406.

Rechazo
La reacción de distintas organizaciones, como la Central General de Trabajadores de Panamá, la Asociación de Profesores de la República, ambientalistas, pueblos indígenas, campesinos y estudiantes ha sido masiva y la represión estatal, acusan, ha sido desmedida.

Las protestas se mantienen a la expectativa de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la demanda de inconstitucionalidad de dicha ley. Para noviembre, las movilizaciones han ido en aumento para exigir que el presidente llame a sesiones extraordinarias de la Asamblea de Diputados y presente la derogatoria de la Ley 406.

De acuerdo con medios locales, además de los cierres de vías en la capital panameña, se registran manifestaciones en las provincias de Veraguas, Chiriquí y Colón. En algunos puntos se registran bloqueos que impiden la circulación de mercancías y combustibles, sobre todo en la frontera con Costa Rica.

El medio alternativo Radio Temblor señala la participación de los pueblos originarios, quienes mantienen barricadas en la comarca Ngäbe Buglé, “ya que no hay respuesta por el gobierno para derogar dicha ley”. También destaca que, pese a los bloqueos, se permite el tránsito de vehículos con medicamentos, alimentos y ambulancias.

“En la provincia de Coclé las acciones se concentran en la cercanía a la entrada de la minera, así como las acciones de pescadores en el muelle del proyecto minero en Punta Rincón. Así también las protestas no cesan en la provincia de Colón, Darién, Los Santos y Herrera como en áreas indígenas de Guna Yala, Nasos y Emberá”, remarca el medio libre.

Asesinatos

Durante las movilizaciones masivas se registra un saldo de cuatro muertos.

El 26 de octubre, Agustín Rodríguez Morales, de 49 años, falleció tras ser atropellado cuando protestaba en la comunidad de Los Viveros, provincia de Colón. Para el 1 de noviembre, Tomas Milton Cedeño, educador de la comarca Ngäbe Bugle y originario de la provincia de Chiriquí, fue atropellado en las manifestaciones realizadas en Horconcitos.

En la jornada de bloqueos realizada el martes 7 de noviembre, en la provincia de Panamá, Kenneth Darlington, panameño de origen estadounidense, asesinó con arma de fuego a Abdiel Díaz Chávez e Iván Rodriguez Mendoza. El homicida, de 77 años, se mantiene recluido en espera de su proceso judicial.

El 9 de noviembre, las manifestaciones reclamaron justicia por los asesinatos. “Panamá, ahora más que nunca, debes estar más unido porque no podemos permitir más que se esté derramando sangre en este país para defender a una transnacional (…) la culpa no es de los cierres”, declaró Luis Arturo Sánchez, de la Asociación de Educadores Veragüenses.

Derogación

Tras las masivas movilizaciones, el presidente Cortizo presentó la Ley 407 para decretar la prohibición de nuevas concesiones mineras. Sin embargo, las manifestaciones exigen la derogatoria del contrato a Minera Panamá.

Por su parte, desde el pasado 8 de noviembre, el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) anunció que se encuentra en proceso de revisión de todas las solicitudes nuevas, de renovación y de prórroga para exploración y/o extracción de metales para cumplir con la Ley 407.

Sin embargo, expertos señalan que este decreto mantiene vigentes 15 concesiones y deja a la expectativa más de 100 solicitudes existentes. De acuerdo al MICI, todas estas solicitudes deben ser archivadas en un periodo de tres meses desde la promulgación de la ley, acontecida el 3 de noviembre.

El Centro de Incidencia Ambiental detalló que existen 103 solicitudes de exploración que deben ser archivadas, a mas tardar febrero del 2024, para cumplir con la nueva ley.

No obstante, según el CIAM, aún existen 15 concesiones entregadas; de ellas, cuatro están vencidas y siete de ellas están esperando una prórroga, por lo que también quedarían excluidas.

De las cuatro concesiones restantes, dos son propiedad de Veragold, ubicadas en la provincia de Veraguas. En esta región, de acuerdo a la Ley que protege la Cuenca del Río Santa María, se prohíbe la minería, por lo que no se podría iniciar la extracción. También se encuentra la concesión de Minera Petaquilla, respaldad por la Ley 9 de 1997, declarada inconstitucional.

La única concesión que quedaría vigente es la de Minera Panamá, recién legalizada con la ley 406 y que acumula más de 8 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Suprema.

^{Foto de portada: Red de Comunicación Regional}

En riesgo de acceso a alimentos se encuentra la mitad de la población peruana, situación profundizada por la crisis hídrica a causa del fenómeno El Niño. La sequía ha ocasionado pérdidas de miles de hectáreas de cultivos este año y afectado las reservas del líquido, por lo que en septiembre el gobierno declaró en estado de emergencia 544 distritos, pertenecientes a 14 regiones.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), el 50% de habitantes del Perú vive en condiciones de inseguridad alimentaria, uno de los índices más altos de América Latina. En 2022, el país registró la mayor cifra de Suramérica, con 16,6 millones de personas que carecían de alimentos nutritivos.

En este contexto, en los últimos meses el precio de algunos productos de primera necesidad se incrementó en niveles no registrados en las últimas dos décadas, debido a fuertes precipitaciones e inundaciones en zonas costeras. El valor del limón llegó a subir hasta en 500%. La variabilidad del clima se percibe en escenarios laborales: hay 8,5 millones de personas en peligro elevado de no poder cumplir sus actividades económicas por el déficit hídrico, advierte la Sociedad de Comercio Exterior del Perú.

El retraso de las lluvias en los Andes y el Altiplano, que se esperaban en septiembre, causó estragos. En Puno, la región más golpeada por la sequía, se perdieron cerca de 17 mil hectáreas de cultivos. Según la Encuesta Nacional de Siembras, no se cosecharon 9 mil hectáreas de quinua, lo que representa la cuarta parte de la producción esperada. De papa, un alimento básico en gran parte del país, se estropearon 5 mil de las 60 mil hectáreas trabajadas. La crianza de alpaca para textiles y la ganadería son otros de los sectores perjudicados por la sequía en el sur andino.

“El período 2022-2023 fue crítico, no hubo lluvias a tiempo, la producción agrícola fue afectada, se había anunciado esta situación, son cíclicas. Ahora ya llegaron las lluvias, serán de corto tiempo, de acuerdo a nuestras observaciones, y la tercera siembra, a finales de noviembre, será mejor. En las comunidades hay técnicas de acumulación de agua que al Estado no le importan como políticas públicas, creen que la tecnología occidental lo resuelve todo. El Ministerio Agricultura debería considerar nuestras observaciones y técnicas. Hay cuencas para almacenamiento para tiempos de sequías”, declaró para Avispa Mídia el vocero del Consejo de Autoridades Originarias, Mallkus, Jilacatas y Mama Tallas de Puno, Rubén Apaza Añamuro.

Un efecto notorio del cambio climático en el Altiplano es la disminución del nivel de agua del emblemático lago Titicaca, que este año descenderá hasta 80 centímetros como consecuencia de temperaturas altas durante el día, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Entre las implicancias sociales, especialistas observan un posible éxodo migratorio de la población puneña.

Agua para extractivismos y contaminación de cabeceras

El uso del agua en el Perú lo acapara la agroindustria. La Autoridad Nacional del Agua precisa que este sector emplea el 87,7% del líquido, mientras que a la población se destina el 9,9%. La minería utiliza el 1,5%, sin embargo su impacto se amplifica al dañar las cabeceras de las cuencas. El 38% de proyectos extractivistas en el Perú se localiza en territorios indígenas y campesinos, y el 56% en áreas sobre los 3 mil metros de altura, donde nacen los ríos.

“La agroindustria se centra en la costa norte, en los Andes principalmente son las mineras las que concentran el agua. Atentan contra las cuencas. Al Estado no le interesa si contaminan el pasto para producción ganadera. Los ríos se ven amarillentos, por los residuos de óxidos, y esto se transmite a los pastos, luego a los lácteos, por lo tanto afecta a todo el país. Hay que evitar especialmente la contaminación en las cabeceras de cuencas, nosotros como comunidades ponemos énfasis en esto”, añadió Apaza, autoridad originaria de la provincia puneña Huancané.

Al respecto, en septiembre, el relator especial de la ONU para los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo, subrayó que la destrucción de acuíferos, humedales y bosques húmedos se debe principalmente a la minería. El informe alerta que las consecuencias son devastadoras: el 31% de la población del Perú (más de 10 millones de personas, de las cuales el 84% son menores de edad), enfrentan riesgos cotidianos de contaminación por metales pesados y otros tóxicos.

Como alternativa de conservación, la Sociedad Peruana de Alpacas Registradas propone la creación de un organismo autónomo de protección de los bofedales andinos y altiplánicos. “Queremos resaltar de que de estos bofedales nacen los pequeños ríos que al final originan los grandes ríos que desembocan en el lago Titicaca”, señala un representante de la organización. Puno, Cusco y Arequipa albergan más del 50% de bofedales del Perú, de acuerdo al Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña.

Entre la ausencia de lluvias y las perforaciones de pozos para minería, se vienen secando estos tipos de humedales altoandinos, lo que se suma a la sequía en períodos cada vez más frecuentes y al descenso de las reservas.

“Hay experiencias para evitar que se produzcan ecocidios, hay países que han sido arrasados, al sistema de producción no les interesa las personas, los seres vivos, nosotros actuamos desde la madre naturaleza para asegurar nuestras actividades. Confrontamos abiertamente el modelo extractivista neoliberal que considera los recursos naturales como instrumentos de uso para enriquecerse, nosotros consideramos que la naturaleza, la madre Tierra tiene vida. Las élites promueven semillas transgénicas, no piensan en la convivencia, como autoridades originarias, nosotros, los pueblos indígenas y campesinos, estamos haciendo que las formas de vida y producción estén en armonía”, acotó Apaza.

En semanas recientes la situación ha obligado a racionar la distribución del agua a la población, en más de la mitad de las 25 regiones, entre ellas Lima. El 10% de peruanos carece de agua potable y se ve obligado a pagar un mayor precio. La cuarta parte de los 25 departamentos recibe el servicio menos de doce horas al día.

En este panorama de escasez hídrica y crisis climática, hay voces desde el Ejecutivo y el Congreso que sugieren la privatización del agua en Lima. Para la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, hay que “analizar si lo mejor es la reestructuración o la privatización”.

Cuando la gestión privada del recurso fracasó en la única región donde se aplicó, Tumbes, que presenta el indicador más bajo de acceso, con apenas siete horas diarias, el abastecimiento de agua en la capital, Lima, la segunda ciudad más grande del mundo asentada en un desierto, así como en el resto del Perú, entra a un debate abierto por representantes de grupos de poder aliados al régimen de Dina Boluarte.

^{En portada: Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene}

El proceso contra el indígena asháninka Ángel Pedro Valerio por un caso de desaparición de personas en Perú, en base a testimonios anónimos, es un peligroso precedente para los defensores de territorios que se enfrentan al narcotráfico.

El investigado es presidente de la Central Asháninka del Río Ene (Care), organización que representa a 19 comunidades nativas, 25 anexos, dos pueblos en aislamiento y dos en contacto inicial, en la Amazonía peruana.

A inicios de septiembre, el Poder Judicial notificó al dirigente que se le imputa haber participado en los hechos ocurridos entre el 14 y 15 de abril en el distrito Río Tambo (región Junín), durante un paro en protesta por el asesinato del líder indígena Santiago Contoricón a manos del crimen organizado.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la policía pidió al Ministerio Público declarar en reserva la investigación, sostenida por declaraciones de tres supuestos testigos oculares que señalan a Ángel Pedro Valerio en la retención de los hasta hoy cuatro desaparecidos.

De esta forma, el órgano policial y la fiscalía evitaron que se le informara sobre la investigación al imputado hasta la proximidad de la orden de captura. El montaje se descubrió al demostrarse que los días en que los testigos lo ubican en el escenario del delito el dirigente participó en el Congreso Ordinario Asháninka, celebrado a 12 horas del lugar. Hay videos y testigos que lo confirman.

“La Dirincri creó la figura del testigo protegido, (pero) la fiscalía tiene la obligación de informar de la investigación, no emitir directamente una orden de detención. Es grave, estamos en situación de que a cualquier persona la declaren testigo protegido y solo basta su testimonio para limitar derechos, como la detención preliminar. Se pueden crear testigos. Vemos que pasan de defensores a investigados, este es el caso más fuerte, pero no el único, hay otras autoridades o jefes que denunciaban tala, deforestación y ahora los acusan de ello”, señaló a Avispa Mídia Irupé Cañari, abogada del dirigente indígena.

Además, para la defensa de Ángel Pedro Valerio, llama la atención que entre los ocho acusados se incluya a dos dirigentes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), cuando la protesta fue convocada por líderes de comunidades fuera de esta zona.

De momento se le retiró la orden de detención preliminar, pero no se le excluyó del proceso.

Avance de la coca

El avance de los cultivos de coca en territorios ancestrales de la etnia asháninka crece en los últimos años. Como resultado, al menos 20 dirigentes de la Care se encuentran bajo amenazas de las mafias de tráfico de drogas y tala ilegal. Las comunidades que conforman la organización se localizan dentro del Vraem, zona declarada en emergencia, desde 2008, por la actividad del narcotráfico en alianza con remanentes de Sendero Luminoso.

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“Desde hace muchos años luchamos contra el narcotráfico, el cultivo ilegal. Denunciamos cuando hay invasiones en territorios comunales, pero no vemos respuestas inmediatas. La semana pasada el Ejército y la Marina ingresaron a las comunidades, por primera vez, pidieron firmar documentos en blanco. Como pueblo, es una criminalización. Queremos que lo excluyan definitivamente de la investigación”, declaró para Avispa Mídia Janet Velasco, integrante del consejo directivo de la Care.

“El narcotráfico se ha agudizado, tiene como fachada a cocaleros pobres, es la fachada. Se ha visto un crecimiento del cultivo de la coca que vulnera territorios indígenas. El narcotráfico y los cocaleros con influencia en el Estado aprovechan estas desapariciones para evitar la erradicación (del cultivo ilegal)”, considera la defensa del líder asháninka.

Herramientas legales

Un inminente nuevo instrumento legal para intimidar, estigmatizar y judicializar a la población será la Policía del Orden y Seguridad. El Congreso aprobaría antes de fin de año la propuesta del Ministerio del Interior (Mininter) de implementar una nueva categoría de la Policía Nacional del Perú (PNP), integrada por agentes con solo un año de preparación y licenciados de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo al Mininter, el cuerpo policial brindará “servicio de prevención de la delincuencia y de proximidad para la convivencia pacífica”.

Desde diciembre de 2022, policías y soldados asesinaron a 50 personas durante protestas en regiones de mayorías quechuas y aymaras. En las últimas marchas masivas contra el gobierno, en julio, se siguió utilizando policías de civil para detener a manifestantes y se sumaron las denuncias de torturas.

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Ante estas formas habituales, los colectivos reunidos en el Comité Nacional Unificado de Lucha advierten que se busca la formación de un escuadrón militarizado, con fines políticos.

Los modelos citados por la cúpula de las fuerzas de seguridad del Perú son la Esmad de Colombia y los casos recientes de Chile y Francia, donde se registran cientos de asesinatos, mutilaciones y violaciones a los derechos humanos. La brutalidad policial en los estallidos sociales de los últimos años en estos países es el ejemplo “exitoso”.

El ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, sostiene que la Policía del Orden reforzará la seguridad en zonas rurales. Eso se traduce, para pueblos y colectivos, en más violencia racial aplicada con letalidad en territorios de poblaciones originarias y campesinas. Como ejemplo, la represión estatal contra las manifestaciones massivas en los últimos meses cuenta con 49 víctimas en localidades andinas y una en la capital, Lima.

La violencia racista también se reproduce en los discursos públicos, en la cabida a mensajes de odio en medios de comunicación locales, lo que fue denunciado este mes ante el Ministerio de Cultura por parte de la organización asháninka, sin respuestas relevantes.

Desde el Estado, además, se pretende criminalizar y censurar a la prensa, con un proyecto de ley que considera como instigadores de disturbios a periodistas que informen sobre convocatorias de protestas. El Ejecutivo propone modificar el Código Penal para incluir en este delito a “comunicadores que utilizando medios de comunicación han convocado a marchas, incluso incitando la violencia”. La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen, que pasará a votación definitiva.