A los pueblos de México y del mundo,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A los medios libres e independientes,

Con indignación denunciamos que este 21 de diciembre de 2025, comuneras y comuneros de la Comunidad Nahua de Milpa Alta fueron brutalmente agredidos por un grupo de choque que opera al interior de la comunidad y que es encabezado por LUIS LINARES CASTRO, corrupto pseudodirigente agrario en dicha comunidad que se ha enriquecido administrando para su beneficio los recursos y brigadas forestales del programa altepetl bienestar para el bosque manejado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Lo anterior ocurrió cuando un numeroso grupo de comuneros y comuneras de los nueve pueblos que integran la Comunidad Nahua de Milpa Alta se manifestaron para tratar de frenar una consulta simulada que este siniestro sujeto y el Gobierno de la Ciudad de México, organizaron en el pueblo de San Francisco Tecoxpa (uno de los nueve pueblos que integran la Comunidad) para intentar imponer un proyecto del transporte colectivo cablebús en las tierras de Milpa Alta. En estos acontecimientos fueron brutalmente golpeadas cinco comuneras por un violento grupo de hombres que pertenecen a las brigadas forestales de JOSÉ LUIS LINARES; del mismo modo, cinco comuneros resultaron también lesionados, algunos incluso con fracturas.

Ante estos hechos indignantes que están generando confrontación y violencia al interior de la Comunidad de Milpa Alta y que se originan en el intento del Gobierno de la Ciudad de México por tratar de imponer un proyecto de infraestructura en el territorio de la Comunidad para forzar el despojo de sus tierras comunales y su integración forzada a la mancha urbana; ante las consultas simuladas orquestadas desde los gobiernos en complicidad con caciques y grupos de choque serviles a sus intereses, EXIGIMOS EL CASTIGO INMEDIATO DE JOSÉ LUIS LINARES CASTRO Y SU GRUPO DE CHOQUE, Y DE TODOS LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS VIOLENTOS ANTES DENUNCIADOS, ASÍ COMO LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO DE TRANSPORTE COLECTIVO CABLEBÚS EN LAS TIERRAS Y TERRITORIOS DE LA COMUNIDAD DE MILPA ALTA.

Llamamos a los pueblos originarios, a las comunidades en resistencia y a la sociedad consciente, a levantar la voz exigiendo justicia para la Comunidad Indígena Nahua de Milpa Alta porque su lucha en defensa de la Madre Tierra es la lucha por a vida.

ATENTAMENTE

DICIEMBRE DE 2025.

POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA – CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO

A los pueblos de Milpa Alta.

A los pueblos originarios.

A quienes todavía escuchan.

Al medio día del 21 de diciembre del presente año, se intentó imponer una asamblea  extraordinaria en el poblado de San Francisco Tecoxpa. No fue una asamblea de la comunidad, sino una simulación: convocada sin legalidad, sin representación legítima y en abierta violación al artículo 27 constitucional, a la Ley Agraria y la Comunidad Agraria de Hecho Milpa Alta.

Se pretendía aprobar, por la fuerza y el engaño, el proyecto de la Línea 6 del Cablebús dentro de las tierras comunales del núcleo agrario de la Comunidad Agraria de Hecho Milpa Alta. Hoy no existe representación legal que pueda convocar a una Asamblea de Comuneros y Comuneras. Por lo tanto, lo ocurrido no fue asamblea, fue imposición.

Ante este intento, comuneros, comuneras, originarios y originarias de los distintos pueblos que conforman Milpa Alta acudieron a manifestar su inconformidad.

Fue entonces cuando la violencia apareció, dos compañeras fueron agredidas brutalmente  por solicitar salir del recinto tras comenzar a documentar con fotografías lo que ahí ocurría.

Ese acto detonó una serie de agresiones físicas perpetradas por hombres identificados como brigadistas de conservación ambiental, beneficiarios del programa Altépetl de la CORENADR, taxistas informales, y gente que ha participado o participa en funciones publicas y como beneficiarios de programas, quienes se acreditaban como comuneros de San Francisco Tecoxpa.

A golpes, empujones y amenazas, mujeres y hombres fueron atacados al exterior de la supuesta asamblea.

Mientras esto ocurría, representantes de la Casa de Gobierno, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, de Concertación Política y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permanecieron presentes y permitieron, por acción u omisión, que la violencia se consumara. Su silencio fue complicidad.

Señalamos directamente a quienes se ostentan como “representación auxiliar” de bienes comunales de San Francisco Tecoxpa, Juan Morales Nava y José Luis Linares Castro, quienes en contubernio con instancias del gobierno de la ciudad han violentado los derechos agrarios del conjunto de la Comunidad de Milpa Alta, ejerciendo una agresión física, política y sistémica contra nuestros pueblos.

Decimos con claridad:

Lo ocurrido no fue una consulta culturalmente adecuada.

Las fechas, los tiempos y las formas de nuestros pueblos no permiten consultas cerradas,

aceleradas y manchadas de violencia.

No puede existir Asamblea de Comuneros hasta que se elija, conforme a derecho, una

representación legal del núcleo agrario de Milpa Alta.

También lo decimos fuerte y claro: no existe el núcleo agrario de San Francisco Tecoxpa.

Existe una comunidad comunal conformada por nueve pueblos, no por uno solo.

Fragmentar para imponer es una vieja estrategia del poder.

No permitiremos la normalización de la violencia, y menos cuando esta se ejerce contra las

compañeras, quienes fueron atacadas con dolo y brutalidad. Lo que hoy pretende el gobierno es imponer procesos que generan violencia en múltiples niveles y luego llamarlos “autodeterminación”. Pero la autodeterminación, para ellos, solo vale cuando los pueblos obedecen.

Un proyecto que se dice de movilidad no puede construirse sobre cuerpos golpeados, sobre mujeres agredidas, sobre comunidades fracturadas. Ningún proyecto puede llamarse progreso si deja sangre en el camino.

Exigimos justicia.

Exigimos atención integral para las compañeras y para el compañero que hoy se encuentra hospitalizado con fracturas derivadas de estas agresiones.

Exigimos el cese inmediato de la imposición.

Para que exista una verdadera asamblea deliberativa sobre el proyecto del Cablebús en Milpa Alta, esta debe ser legalmente convocada, y eso solo será posible cuando exista una representación agraria legítima, elegida por y para la comunidad.

Aquí seguimos.

No desde la violencia, sino desde la dignidad.

No desde el miedo, sino desde la memoria y la palabra colectiva.

Porque nuestros territorios no se consultan a golpes.

Porque la comunidad no se divide sin consecuencias.

Porque Milpa Alta no se vende, no se fragmenta y no se somete.

Nunca más una decisión sin los pueblos.

Nunca más una asamblea sin legalidad.

Nunca más violencia contra nuestras compañeras.

Atentamente,

Comuneros, comuneras, originarios y originarias

del núcleo agrario de la Comunidad Agraria de Hecho e Indígena de Milpa Alta

A las organizaciones de derechos humanos

A los colectivos solidarios con la lucha de Azqueltán

A los medios de comunicación

La comunidad de San Lorenzo de Azqueltán hace un llamado urgente a mantenerse atentos, ya que el día de hoy, a las 12:00 horas, se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, luego de que Manuel de Jesús Aguilar Herrera, autor material del asesinato de Marcos Aguilar Rojas, solicitara la duplicidad del término constitucional.

Este proceso judicial se da en un contexto de hostigamiento e intimidación, pues en días recientes hasta 14 elementos policiacos acudieron a la comunidad con el objetivo de sembrar miedo y presionar a testigos y al pueblo de Azqueltán en general. Todo ello ocurre mientras los otros cuatro responsables del crimen continúan en libertad, gozando de un alarmante estado de impunidad.

Ante esta situación, reafirmamos categóricamente que no existe justificación legal alguna para la liberación de la persona detenida. Por ello, llamamos a romper el cerco de impunidad y exigimos a la Fiscalía del Estado de Jalisco, así como al Juzgado de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Decimo Primer Distrito Judicial del Estado de Jalisco, con sede en Colotlán, autoridad que resolverá la situación jurídica del asesino, que actúen conforme a derecho y garanticen los principios de verdad, justicia y no repetición.

Así mismo exigimos la inmediata detención de los autores materiales aun libres, así como una investigación que lleve a los autores intelectuales del asesinato de Marcos Aguilar Rojas, para que se deje de proteger los verdaderos intereses que le arrebataron la vida, es decir, la ambición sobre nuestro territorio ancestral.

Atentamente

Diciembre de 2025

Comunidad indígena Autónoma Tepehuana y Wixárika, de San Lorenzo de Azqueltán,

Municipio de Villa Guerrero, Jalisco

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

17 de diciembre del 2025

Boletín No. 12

4 años de impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos hacia familias de la comunidad Nueva Palestina

• Sin la reparación integral del daño causado por el desplazamiento forzado y la continua criminalización de las personas defensoras, no hay justicia ni paz.

Entre los días 15 y 16 de diciembre de 2021, la familia extensa Velasco García sufrió una serie de agresiones tumultuarias en la comunidad Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo, Chiapas. Derivado de estos hechos se encuentran desplazadas 34 personas (22 de ellas niñas, niños y adolescentes), además de haberse cometido graves violaciones a derechos humanos como privaciones arbitrarias de la libertad, tortura sexual y tratos crueles inhumanos o degradantes, y la desaparición forzada de Fredy Gómez Sántiz (Fredy).

A cuatro años de haberse cumplido estas múltiples violaciones a derechos humanos el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señala el abandono y la falta de atención de los gobiernos federal, estatal y local para resarcir los derechos de las familias Mayas Tseltales y Tsotsiles.

El atentado hacia las familias ocurrió debido a que Versaín Velasco García (Versaín) había acudido a la Fiscalía de Justicia Indígena y a la Delegación de Gobierno Estatal, del municipio de Ocosingo, Chiapas para denunciar la detención ilegal comunitaria de cinco jóvenes a quienes se amenazaba de ser linchados por ser acusados del delito de robo.

Su movilización generó el descontento entre las autoridades de la comunidad, policías comunitarios y civiles armados quienes incentivaron abiertamente el linchamiento de Versaín y su familia, bajo el argumento de que “se dedica a defender delincuentes”.

Las agresiones tumultuarias fueron cometidas la noche del 15 de diciembre y durante el día del 16 de diciembre, las cuáles dejaron una secuela de graves violaciones a derechos humanos que se continúan perpetuado a 4 años de los hechos.

A lo anterior se suma la persecución y criminalización que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) al defensor de derechos humanos Versaín, quien fue detenido arbitrariamente el 10 de enero del 2022. La FGE lo acusó de los delitos de homicidio en grado de tentativa y homicidio calificado, y bajo un proceso judicial lleno de irregularidades y de notables violaciones procesales en su juicio, finalmente fue sentenciado el 12 de enero del 2024 por el Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ocosingo quien lo condenó a 58 años y 4 meses de prisión, decisión que fue apelada y en junio del 2024, el Tribunal de Alzada de San Cristóbal de Las Casas, confirmó la sentencia.

A la fecha continúa desaparecido el joven Fredy y sobreviven en desplazamiento forzado interno 34 personas, sin atención humanitaria emergente y sin acceso a la justicia. Paradójicamente la FGE lejos de garantizar verdad y justicia para las familias, las persigue e incentiva la impunidad para las personas responsables de las violaciones sistemáticas.

Lo anterior es así, ya que, en el caso de la desaparición de Fredy, después de 3 años y medio, se pudo judicializar la investigación y consecuentemente la emisión de órdenes de aprehensión, sin embargo, a la fecha no se han ejecutado, lo que evidencia la impunidad institucionalizada.

Desde el Frayba hacemos un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para que en el ámbito de sus responsabilidades de manera efectiva brinden un plan de atención integral que incluya:

• Atención humanitaria a las familias mientras el desplazamiento forzado interno continúe y no exista una solución definitiva;
• Se garantice investigaciones imparciales y exhaustivas por las denuncias señaladas en la Unidad de Investigación del Delito de Tortura dependiente de la Fiscalía de Derechos Humanos, y la en la Fiscalía de Justicia Indígena.
• Garantizar la búsqueda, dando con la suerte y paradero del joven Fredy Gómez Sántiz.
• Castigo a las personas responsables de los delitos y de las graves violaciones a derechos humanos.
• Libertad inmediata del Defensor de Derechos Humanos Versaín Velasco García.

Mientras las familias continúen desplazadas y se criminalice a los defensores de derechos humanos, no exista verdad y justicia para las familias que buscan a sus desaparecidos, en Chiapas no habrá transformación ni paz para los pueblos y comunidades.

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Ocosingo, Chiapas a 15 de diciembre  de 2025

AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA CNI
A las Asambleas de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ)
(EZLN)
A las Redes de Apoyo del CIG, Concejo Indígena de Gobierno y su vocera, María de
Jesús Patricio Martínez.
A la Sexta Nacional e Internacional, Redes de Resistencia y Rebeldía.
A Los Medios De Comunicación independientes y alternativos.
Al pueblo de México.

Hermanas y Hermanos reciban nuestros saludos desde estas tierras del sur de México, Nosotras y nosotros estamos luchando día con día para trabajar y no depender de los programas sociales del mal gobierno, pero en este momento estamos sufriendo el despojo de nuestros lugares de trabajo y de sostenimiento económico para nuestras familias.

Nosotros somos 35 personas mayas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) y algunos Bases de Apoyo del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional(EZLN), quiénes trabajamos y tenemos locales en un mercado, llamado Dr.Belisario Domínguez, ubicado en el barrio La Candelaria de la cabecera municipal de Ocosingo, Chiapas.

En el año 2008 se conformo una coalición de locatarios y locatarias llamada, COALICION DE LOCATARIOS DEL MERCADO TRADICIONAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ DE OCOSINGO, CHIAPAS, ASOCIACIÓN CIVIL, con la finalidad de tramitar un Juicio Ordinario Civil de Prescripción Positiva, en donde logramos que se dictará la sentencia a nuestro favor como locatarios y locatarias. Con esta sentencia realizamos nuestra escritura general en septiembre del 2008, fue así como nos convertirnos en copropietarios de nuestros locales. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzamos a sufrir despojos de nuestros locales, amenazas por parte de la mesa directiva de la coalición ya que hicieron y hacen uso de la corrupción, haciendo negocio con nuestros locales que nos han despojado, vendiéndolos a otras personas.

Por esto queremos DENUNCIAR los siguientes hechos:
El 14 de septiembre del 2025- Nuestra compañera SARA TOLEDO SÁNCHEZ, maya tseltal, mujer viuda, quién cuenta con 6 hijos, una enferma de cáncer, fue despojada de su local, que es su lugar de trabajo, de sustento económico y para la atención de su hija enferma. Ese día le sacaron sus productos que vende, echando todo en los pasillos y posteriormente soldaron, cerraron los pasadores de sus cortinas para que ya no pueda abrir sus locales, lleva más de 82 días sin trabajar y hasta ahora las autoridades del estado no han resuelto nada.

El 13 de Noviembre de 2025.- los CC. Vicente Toledo Albores, Carmela Santiz Méndez, Juana Hernández Clara, Alma Lesvia Hernández Clara, Quirino Gordillo Hernández, Micaela Gordillo Hernández, Ana Deli Gordillo Hernández, Juan Mendoza Hernández y menores de edad fuimos secuestrados al interior de nuestros locales por la coalición cerrando las puertas del mercado y dejándonos encerrados por varias horas. De este hecho tienen conocimiento la fiscalía y la delegación de gobierno.

El 23 de noviembre del 2025.- construyeron 2 bardas perimetrales de 2m de altura por 6m de largo, bloqueando los acceso de las cortinas de 4 locales que corresponden a MACARIA ENTZIN GÓMEZ, ENRIQUE LÓPEZ SANTIZ, TOMAS LÓPEZ ENTZIN, quiénes son compañeros nuestros. Llevan 20 días sin poder laborar ya que no pueden abrir sus cortinas, teniendo pérdidas económicas.

El 24 de noviembre del 2025.- SILVIA REYES SÁNCHEZ con un grupo de pandilleros llegaron al local del compañero Enrique López Santiz para hacer destrozos, rompiendo 3 cámaras de seguridad de su local el primero fue a las 8:57 pm, el segundo y tercero a las 10:04pm esto fue con la finalidad de eliminar evidencias donde se que ella es la responsable de los delitos y de los daños.

Otros antecedentes de hechos realizados por la coalición es que desde el 10 de abril del 2012, de manera violenta despojaron de sus locales a nuestros compañeros Alberto López Sánchez y Juana Méndez López, esto sucedió por que ellos no estaban de acuerdo con los actos de corrupción de la mesa directiva, se negaban a dar cuentas claras de los recursos económicos que administra el consejo de administración de la Coalición, así como de las escrituras que se le debe entregar a cada copropietario.

El día 14 de junio de 2013.- inician de nueva cuenta las por el consejo de administración en contra de nuestros compañeros QUIRINO GORDILLO HERNÁNDEZ, JUAN MENDOZA HERNÁNDEZ, VICENTE TOLEDO ALBORES, despojándolos de su locales. La razón de esto fue por estar pidiendo información de los gastos que se realizan en el mercado así como la entrega de sus escrituras de sus locales. La coalición les pidió la cantidad de $150,000.00 ( ciento cincuenta mil pesos 00.100 M/N) haciendo un total de un monto de $10,950,000.00 (diez millones, novecientos cincuenta mil pesos 00.100 M/N) por 73 locales que lo componen entre miembros del CNI y BAEZ, dinero que en su momento no sería comprobado ante el SAT.

En una protocolización de un acta de asamblea del 2013, en uno de sus incisos menciona que los gastos de juicios iban a ser costeados por los ingresos de los baños y que los directivos actuales y los que vinieran se comprometían a realizar todo tipo de tramites de legalización de documentación en proceso de estructuración y sin costo alguno para la firma, este punto fue desahogado por los directivo en la reunión del 18 de septiembre del 2023, aclarando QUE NINGÚN DIRECTIVO COBRA POR FIRMAR. También mencionaron que NO MAS Intimidaciones NI AMENAZAS A LOS COMPAÑEROS QUE RECLAMAN SUS DERECHOS LEGALES COMO LOCATARIOS DEL MERCADO EN LAS ASAMBLEAS. .

Aclarando que un grupo de personas de la coalición y que tenemos identificado con nombres y apellidos – NO RESPETAN LOS ACUERDOS que ellos mismo realizan y han protocolizado, el motivo de su actuar es por que han tenido jugosas ganancias económicas a través de las extorsiones que realizan con el despojo de locales, esto lo hacen en contubernio con funcionarios públicos. Durante mucho tiempo hemos sido víctimas de discriminación, humillaciones, amenazas, violencia, despojo de locales, nos han prefabricado delitos con tal de deshacerse de nosotros y puedan seguir con fechorias.

También hay amenas que ahora en diciembre a partir del 19 nos despojaran a todos de nuestros locales, que con mucho trabajo hemos podido tener para poder llevar el sustento a nuestras familias, con trabajo digno. Todo esto están haciendo porque jamás quisimos entrar a sus juegos corruptos.

Por esto queremos denunciar públicamente a Silvia Reyes Sánchez, Artemio Cruz Pérez, Lindoro Sánchez Culebro, Carlos Alberto Trujillo Kanter, Pedro Santiz Mena, Marcelo Santiz López, Miguel Angel Cuello Guillen y otros, por los daños y despojo de nuestros locales. Todo esto se generó por solicitar la firma de la mesa directiva para escriturar los locales, sin embargo ellos exigen por firma de cada local la cantidad de 300 mil pesos, siendo esto un robo.

Hacemos un llamado a todas las instituciones y autoridades del gobierno del Estado de Chiapas para que se nos respete nuestro derecho al trabajo digno, a nuestros locales como fuente de sustento económico para nuestras familias y se de un alto a los despojos y daños de nuestros locales.

EXIGIMOS: La atención inmediata por el despojo, las amenazas y la extorsión cometida hacia nosotros como locatarios integrantes del Congreso Nacional Indígena y Bases de Apoyo Zapatista. También exigimos se investigue el actuar del Consejo de Administración y la mesa directiva de la coalición.

Ante la falta de respuesta de las autoridades, RESPONSABILIZAMOS al gobierno de las afectaciones, la vulneración de nuestros derechos laborales y humanos y de todos los hechos que puedan generarse por la omisión.

Hermanos y Hermanas de las diferentes geografías, les pedimos su solidaridad y que puedan estar atentos de lo que nos pueda pasar.

Nuestra Rabia No será Silencio. Nuestra Resistencia No será Apagada.

¡Zapata Vive, la Lucha Sigue!

Viva el #CNI, Viva el #CIG, Viva el #EZLN

Por la Memoria, Por la Vida, Por EL COMÚN.

¡NUNCA MAS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

Atentamente

LOCATARIOS INTEGRANTES DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA Y BASES DE APOYO ZAPATISTA EZLN

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Mexico
December 12, 2025

Press Release No. 11

Antonio González Méndez Case before the IACHR: One Year After the Historic Ruling
Neither the investigations nor the search efforts have been diligent or effective

The enforcement of the ruling has not been properly prioritized by the Mexican State.

On December 12, 2024, the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) notified its ruling condemning the Mexican State for the forced disappearance of Antonio González Méndez, an EZLN Support Base, who was disappeared on January 18, 1999, in the municipality of Sabanilla, Chiapas, by members of the paramilitary group “Organization for Development, Peace, and Justice” in the context of the counterinsurgency violence triggered by the implementation of the Chiapas Campaign Plan 94.

The ruling reaffirmed that forced disappearances committed within the context of the Internal Armed Conflict, which began on January 1, 1994, are not subject to statute of limitations and obliges the Mexican State to be held accountable. This represents a historic precedent for other victims of severe human rights violations.

As the 27th anniversary of his disappearance approaches, the Mexican State continues with mere administrative procedures, superficial efforts aimed at conducting an unfruitful investigation. Both the search and the investigations have not been diligent or effective in locating Antonio González Méndez. What the State Prosecutor’s Office considers the hypothesis of his disappearance at the hands of a paramilitary group reveals a case that remains unresolved. The IACHR ruling, which takes this hypothesis as a fact and holds the Mexican State responsible for supporting paramilitary groups in the region, continues to be disregarded, raising doubts about the seriousness of the State’s commitment. It is essential to fully clarify what happened and to identify, prosecute, and, if applicable, sanction all intellectual and material authors of this crime against humanity.

The obligation of the Mexican government must not be reduced to symbolic actions or mere paperwork; the investigation should include clear lines of action to identify those responsible, both material and intellectual, and prosecute them in accordance with human rights standards.

The persistent impunity and partial non-compliance with the IACHR ruling highlight the enormous challenges in translating an international ruling into real and tangible changes. The central issue remains the location of Antonio González Méndez and the carrying out of a professional, scientific, and independent investigation that guarantees justice and truth. This case not only reflects the pending debt to his family but also starkly exposes the structural crisis of human rights, justice, and impunity that Mexico is facing.

The Mexican State is obligated to implement the structural reforms ordered by the IACHR: a national and up-to-date registry of missing persons, effective prevention programs, specialized training to investigate state crimes, and public policies that recognize the collective rights of indigenous peoples through a comprehensive human rights approach. It is not just about complying with a ruling, but about transforming institutions so that these violations are never repeated.

At Frayba, alongside the family of Antonio González Méndez, we will continue to insist that justice be fully served. We will persist in the search for the truth and the demand for justice, because only in this way can we honor Antonio’s memory and pave the way for a Mexico where impunity is the exception, not the rule. This struggle is also the struggle for all the disappeared persons and for the dignity of the peoples who demand truth, justice, and non-repetition.

Twelve hours passed (11 a.m.) since the containment carried out by the riot police under Mexico City Head of Government Clara Brugada, who prevented the arrival of the “Internationalist Faena for the End of Criminalization,” convened by the Mazatec Women for Freedom. This day of protest and outreach had been called in front of the Supreme Court of Justice of the Nation (SCJN). This is the first Internationalist Faena held in Mexico City to demand justice in response to the 200 fabricated arrest warrants issued earlier this year against more than 56 members of Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. It was not until 9 a.m. that Pino Suárez Street was cleared by the riot police, thanks to the pressure exerted by organized communities in Mexico City, activists, and independent media who mobilized in response to the repression.

The riot police units—now called Special Task Groupings—that participated in this repressive operation were: Centauros, Marcopolos, Faunos, and Ateneas. Throughout the containment, they continued issuing threats and harassment against activists and journalists, while also hiding the identifying name tags they are required to wear on their vests to avoid being reported for their repeated violations of operational protocol.

The program of the Internationalist Faena continues in front of the SCJN entrance. The public is invited to attend today’s activities starting at 4:00 p.m., and tomorrow, December 4, starting at 12:00 p.m.; forums, graphic presentations, documentary screenings, musical performances, and more will take place. The full program can be found on the social media pages of Mazatec Women for Freedom and the Eloxochitlán de Flores Magón political prisoners.

To the Zapatista Army of National Liberation
To the collectives, organizations, and networks of resistance on all continents
To the civil society in solidarity with the life of our people

From the Autonomous Indigenous Wixárika and Tepehuana Community of San Lorenzo de Azqueltán, municipality of Villa Guerrero, Jalisco, we issue an urgent call, born from the pain, the rage, and the living memory of our brother and agrarian authority Marcos Aguilar Rojas, assassinated on November 26, 2025, and of our compañero Gabriel Aguilar Rojas, gravely injured in the same attack.

Considering:

That our words arise in a dark time. The attack that took Marcos’s life was not an isolated incident: it is the direct consequence of decades of armed aggressions, invasions of our communal lands, paramilitary attacks, threats, and a full structure of complicity and impunity, as demonstrated in the document we have made public.

That the community faces extreme danger today. The caciques and their groups of aggressors —the gunmen of the past and the gunmen of the present— continue to gather, patrol our roads with total impunity, protected by judicial operators, police, and officials who block investigations, cover up crimes, and guarantee the continuation of the attacks.

That the violence is neither new nor isolated: it is a strategy of territorial dispossession, aiming to exterminate the community in order to seize thousands of hectares of communal lands that, since time immemorial, belong to our people.

WE CALL FOR
THE DAYS FOR LIFE IN AZQUELTÁN

to take place from December 6 to 10, with activities in different territories and geographies:

December 6

Press Conference
Guadalajara International Book Fair
Gathering: 12:00 p.m.

December 7

Vigil for Azqueltán
Guadalajara International Book Fair
Gathering: 6:00 p.m., bring candles

December 10

Mobilization in Mexico City
Mobilization in support of the Azqueltán community
Gathering: Torre del Caballito, 11:00 a.m.

December 10

Mobilization in the city of Guadalajara
Gathering: El Santuario, 11:00 a.m.

Call for Global Action

We call on conscious Indigenous peoples, human rights collectives and organizations, and national and international civil society to carry out decentralized actions in their territories, plazas, community centers, universities, embassies, or consulates from December 6 to 10, to amplify our fundamental demands.
Please register the actions to be carried out by writing to: cnicomunicacion@gmail.com

Justice for Marcos and Gabriel.

Punishment for the material and intellectual perpetrators, and guarantees of non-repetition.

Safety for the community of San Lorenzo de Azqueltán, through the permanent presence of federal security forces to prevent new armed attacks.

Urgent titling of the Communal Lands, for the federal government of Mexico to assume its historic responsibility and definitively title the communal lands of San Lorenzo de Azqueltán.

Dismantling of the network of impunity that protects the murderers, invaders, and caciques responsible for dispossession, violence, and death.

Respectfully
December 2025

Because our struggle is for life,
For memory and for the communal land.
Because Marcos lives in every step we take.

Autonomous Indigenous Community of San Lorenzo de Azqueltán
National Indigenous Congress

Presented on Saturday, November 29 to the community of Eloxochitlán in Spanish and Enna (the Mazatec language). The report is the result of the Observation Mission carried out in July of this year by an interdisciplinary group.

It concludes that the community is the victim of crimes against humanity which, being systematic and prolonged for a decade, constitute a case of ethnocide aimed at destroying the forms of organization and life of this Mazatec community. The ethnocide of the community of Eloxochitlán seeks to undermine community resistance to extractivist activities that have caused the ecocide of the Xangá Ndá Ge River and the destruction of the community’s right to self-determination:

– In this regard, arbitrary detentions, prolonged pre-trial imprisonment, political criminalization, forced displacement and ethnocide, as well as gender-based violence, were detected.

– Regarding the plundering of the Xangá Ndá Ge River, hydrological alterations, contaminating agents, and desiccation were identified, in addition to damage to flora and fauna.

This compilation of documentation seeks to be taken to international bodies, as it argues that there are no legal conditions in place to guarantee the protection of the community’s rights. Acts of aggression, political persecution and criminalization have resulted in 50 direct victims and at least 500 indirect ones.

The documentation collected identifies governors, agency heads, and magistrates as responsible actors, who—with the backing and complicity of the State—have contributed to the denial of justice, persecution, and fabrication of case files.

Likewise, it states that the Huautla Court bears the greatest responsibility by allowing omissions and practices that favor local strongmen, as it has rejected acts of torture substantiated under the Istanbul Protocol, obstructed legal processes, criminalized community authorities, carried out arbitrary detentions, and manipulated testimonies.

Through a timeline of events, the report describes the process of aggression the Mazatec community has endured, including military intervention, intimidation, torture, dispossession, home raids, threats, and abuses of authority. Many of these forms of violence predate 2014, as multiple formal complaints had been filed since 2011, none of which advanced due to omissions by the Huautla court.

In recent weeks, Oaxaca governor Salomón Jara has labeled Eloxochitlán a “red zone,” attempting to portray it as a violent community—a smear strategy taking advantage of his authority and media reach to support the strongman Manuel Cepeda in the municipal elections of November 23, where he received the second-highest number of votes.

The presentation also served as a space for community reflection, where a message was directed at those who continue to push the narrative of “a conflict between two families,” a simplification of the severe attacks carried out in complicity with the three levels of government. They responded that Eloxochitlán is made up of many families with different surnames, a small town where it is common to share last names.

Many women, as shown in the Radio Zapote broadcast that day, stated their last names. Those who spoke were mothers, wives, and sisters of former political prisoners and persecuted individuals since 2014, who had to leave their homes to dedicate themselves to the struggle for their relatives’ freedom—working the land those relatives once worked to feed their children, sleeping on the streets during sit-ins such as the one maintained for over two years outside the Supreme Court of Justice in Mexico City, while waiting for the justices to take up the case.

The report concludes that, given the incompetence of the Mexican justice system in guaranteeing minimum conditions of safety, justice, and respect for the human rights of the persecuted community of Eloxochitlán, the case must be brought before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), and calls for precautionary measures for all persons at risk, as well as specific protective measures for indirect victims.

The preparation of this report marks an important precedent in the forms of resistance against State injustices and violations toward Indigenous peoples. The Mazatec women comrades are an example of how to confront impunity and criminalization; their struggle for freedom has been arduous and is not yet over.

As they have done in recent years, the Mazatec women for freedom again extend their invitation to the “Internationalist Faena to End Criminalization,” which will take place from December 3 to 4, 2025, in Mexico City in front of the Supreme Court of Justice of the Nation, and on December 3, 4, and 5 outside UN Women at Calzada General Mariano Escobedo 526, Anzures neighborhood, Miguel Hidalgo.

Texto y fotos: Javier Bedía Prado | Avispa Midia

Desde hace más de treinta años, Marly Anzualdo busca a su hermano Kenneth, desaparecido en el Cuartel General del Ejército del Perú. Los responsables hoy tienen a su favor una ley de amnistía que podría anular los procesos y sentencias por violaciones a derechos humanos en el período de violencia política ocurrida entre los años de 1980 al 2000.

Contra la impunidad y el olvido, cada jueves en el centro de Lima, las familias de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno y de víctimas de represión estatal en democracia se reúnen frente a la sede principal del Poder Judicial. Un ejercicio de memoria desde un presente bajo terrorismo de Estado.

“Quien busca, encuentra. Ninguna persona desaparece, son desaparecidas, y cuando lo hace el Estado, sabemos quiénes tienen que darnos una respuesta. No importa cuánto tiempo pase. Queremos justicia, no puede haber paz sin justicia”, expresó para Avispa Mídia, Marly Anzualdo.

El 16 de diciembre de 1993, Kenneth Anzualdo Castro, estudiante de economía de la Universidad Nacional del Callao, fue secuestrado en Lima por agentes del Servicio de Inteligencia de la Marina, cuando se movilizaba en un bus, en represalia por denunciar la desaparición de un compañero. 

La guerra subversiva-contrasubversiva causó 69,000 muertes, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de población civil quechuahablante de los Andes peruanos, víctima de la violencia extrema de Sendero Luminoso y el Estado. En el conflicto también actuó el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

De las más de 22,000 personas cuyo paradero se desconoce, solo se ha finalizado la búsqueda de 2,582, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro (Renade). 

Sin embargo, en mayo de este año la Dirección de Búsqueda de Desaparecidos fijó un plazo de 18 meses de investigación en casos de desaparición forzada, lo que contradice la ley que obliga a las entidades públicas a realizar pesquisas de forma permanente, hasta hallar a la persona o sus restos. 

La Ley de Amnistía para integrantes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, comités de autodefensa y funcionarios del Estado fue decretada por el Congreso en junio, con el apoyo de partidos de ultraderecha y conservadores, vinculados a las instituciones armadas y partícipes de la represión.

El dictamen elimina la responsabilidad penal para los sentenciados y procesados mayores de 80 años. Las fuerzas del orden perpetraron masacres de comunidades campesinas e indígenas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones, torturas y desapariciones de menores de edad, ancianos, sindicalistas, militantes de izquierda, autoridades políticas y estudiantes universitarios.

Hay 156 sentencias y más de 600 procesos en curso que, en el papel, pueden eliminarse, pero en los juzgados peruanos no se está aceptando aplicar la ley que contravienen la jurisprudencia internacional.

“Matan a nuestros hijos y nos llaman terroristas”

Tras el retorno de la democracia, entre los años 2002 y 2019, se registraron alrededor de 300 muertes en conflictos sociales. En su mayoría de manifestantes y defensores de territorios asediados por extractivismos, indican los datos de la Defensoría del Pueblo y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.  

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