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Por Felipe de Jesús Ríos Neusa

El Informe de Riesgos Globales 2021 publicado por el Foro Económico Mundial sitúa a la sociedad contemporánea en el marco de un «futuro fracturado». Este escenario, en lo más inmediato, conjuga cinco grandes rupturas que se agudizan con la llegada del Covid-19: las barreras a la inclusión digital, el descontento de la juventud en medio de una era de pérdida de oportunidades, las tensiones internacionales de las potencias medias, las problemáticas económicas que generan los mercados y la deficiente acción contra el cambio climático. En síntesis, el Informe ve a la sociedad contemporánea como una hiperfractura, como un hueso roto en varios pedazos que requiere una intervención sinérgica.

Colombia no se escapa de esa contexto y prueba de ello han sido las movilizaciones iniciadas el pasado 28 de abril por los diferentes sectores sociales, con especial participación de los jóvenes, que respondieron a una reforma fiscal que buscaba sanear las finanzas del Estado golpeadas por la pandemia y presentar viabilidad económica para solicitar crédito externo a costas de la clase media y los más pobres. Aún no sabemos que tipo de reforma se elaborará en las próximas semanas después de haber sido retirada del congreso por la presión social. Lo que si es cierto es que los jóvenes han sido los protagonistas y no precisamente por una rebeldía injustificada, sino por una desilusión que refleja la erosión de la cohesión social.

Esta «generación cicatrizada» enfrentó la crisis del 2008 recibiendo estímulos insuficientes para recuperar lo perdido y ha visto los límites de la educación como canal de movilidad social debido a las medidas de austeridad desplazándolos a trabajos precarios. El Covid ha golpeado a más del 30% de la población estudiantil que carece de tecnologías para participar en el aprendizaje digital y ha sacado al 80% de los jóvenes en el mundo de sus centros de estudio, lo cual ha traído un incremento del estrés, la violencia de género y los embarazos en adolescentes.

El camino turbulento que le espera a los «pandemials» se agudiza para aquellos que se encuentran en la etapa de estudios secundarios o técnicos y corren el riesgo de convertirse en la primera generación doblemente perdida del siglo XXI. Estos jóvenes deben decidir entre terminar sus estudios o buscar el sustento exponiéndose a perder por completo la educación, y también enfrentan el rápido cambio de los mercados de trabajo que obligan a adquirir nuevas habilidades a través del endeudamiento educativo, lo cual complica consolidar un capital económico y ascender socialmente.

Por otro lado, el aumento del desempleo ha crecido globalmente desde 2008 y en Colombia hoy la cifra se ubica en el 23.9% para los jóvenes, lo que se explica en las débiles transformaciones estructurales que han fallado ampliamente en reducir el desempleo y los ejemplos pasan por los contratos de prestación de servicios, las malas condiciones de las pasantías, el déficit de oportunidades y el elevado número de jóvenes en el mercado informal que saltan entre trabajos a corto plazo y mal pagados. A lo anterior se agrega, la pérdida de empleos por la automatización y la cuarta revolución industrial.

Propio para el caso colombiano, es que la desilusión juvenil hunde sus raíces en una esperanza de paz que le ha sido arrebatada por la extrema derecha haciendo trizas los acuerdos, exponiéndolos a ser reclutados por grupos armados irregulares y fomentando un nuevo ciclo de violencia.

Inspirada en todos estos elementos, la juventud ha incrementado su participación política y expresado su rabia, decepción y pesimismo en las calles y en el ciberespacio. En este sentido las protestas multitudinarias de los jóvenes, como la del 21 de noviembre de 2019 o la del pasado 28 de abril, encarnan un sentimiento de creciente traición por la generación en el poder, que no ha hecho lo suficiente frente a la justicia social y climática, el cambio político y la corrupción. En Colombia se desaparecen por esto último, 50 BILLONES DE PESOS AL AÑO, un monto que significa dos veces los recursos que pretendía recaudar la mencionada reforma.

La recuperación de los «pandemials» debe tener en su centro la adaptación del sistema político y económico global para satisfacer las necesidades de la juventud y minimizar el riesgo de perder una generación, lo que en el corto plazo corresponde a invertir en educación, asegurar esquemas de protección social, cerrar la brecha de género y sanear los problemas de salud mental. En el largo plazo corresponde establecer una sociedad igualitaria, equitativa y sostenible, y hacer que existan canales donde las voces de la juventud puedan ser escuchadas en todos los niveles de gobierno, en la dirección de las empresas y en las organizaciones multilaterales.

Una renta básica para los menos favorecidos no es querer convertir a Colombia en Venezuela, manifestarse y oponerse a las reformas perjudiciales para la mayoría de los trabajadores no es terrorismo y no justifica barrer a la juventud inconforme a tiros y muchos menos cuando las fuerzas alternativas ejercen oposición no son culpables del mal gobierno ni fomentan la lucha de clases. Lo que pasa es que la sociedad esta fracturada y la juventud ni ve futuro, ni aguanta más.

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(Vía https://fb.watch/5hdhig6AQL/)

Cali Resistencia, 4 mayo 21.

Este medio día en la Glorieta de Siloé, Cali, colectivxs y organizaciones en Defensa de Derechos Humanos denunciaron y le pidieron al mundo entero que difunda lo que está pasando: que al pueblo de Cali le están tirando a matar. El Estado Colombiano ha reaccionado con un trato militar al estallido y la movilización popular pacífica, y ahora mismo mantiene cercado al pueblo Caleño, pues estas organizaciones resaltan que no se permite a las ambulancias apoyar a lxs heridxs, además de que periodistas y observadores y defensorxs de derechos humanos también han comenzado a ser atacadxs. Por todo ello, estas organizaciones llaman al desmantelamiento del ESMAD; y al mundo entero le piden estar atento, difundir las masacres perpretadas en estos días por el Estado Colombiano y exigir su cese inmediato.

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Comunicado Público ante la Comunidad Nacional e Internacional

Bogotá-Colombia, 2 de mayo de 2021

NO A LA “ASISTENCIA MILITAR” DECRETADA POR EL PRESIDENTE, IVÁN DUQUE, EN LAS CIUDADES QUE ESTÁN EJERCIENDO SU LEGÍTIMO DERECHO

A LA PROTESTA

En el marco de las movilizaciones que se adelantan en diferentes ciudades del país desde el

28 de abril en contra de la reforma tributaria presentada por el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, nombrada por el gobierno como “Ley de Solidaridad Sostenible” el pueblo colombiano decidió manifestarse en plena pandemia porque no tiene más, porque sus bolsillos están desocupados, porque el Gobierno colombiano no ha sido “solidario” con los y las colombianas, porque nos han quitado todo, hasta la vida.

Respaldamos y acompañamos el ejercicio de los derechos de la ciudadanía que ante un nuevo intento de represión se manifiesta en las calles con gritos de indignación, cacerolazos, arte, música y resistencia esperando ser escuchada. Sin embargo, lo que se ha recibido en respuesta del gobierno indolente y mezquino ha sido la arremetida de sus Fuerzas Armadas, Policía Nacional y ESMAD; que no basta con la histórica inhumanidad de sus prácticas, sino que en medio de una crisis sanitaria, el Presidente Ivan Duque realizó una inversión desmesurada de 14 billones de pesos en armamento militar; y mantiene en ALERTA ROJA a manifestantes de todo el país, con la reciente orden presidencial de activar el mecanismo de “Asistencia Militar” para contener a quienes salen a las calles, y que se traduce en la militarización de las ciudades y territorios donde la gente está ejerciendo su legítimo derecho fundamental a la libre asociación, a la libertad de expresión, a la protesta pacífica. Desde el pasado 28 de abril y con la dignidad como bandera:

No ha cesado la horrible noche, ¡El Estado colombiano le ha declarado la guerra a un pueblo desarmado!

Responsabilizamos al Estado Colombiano en cabeza del presidente Iván Duque como máxima autoridad de las fuerzas militares, de todos los asesinatos, violaciones, desapariciones, detenciones irregulares, y demás vulneraciones a los derechos de los y las manifestantes en los distintos territorios donde entre en rigor la figura de asistencia militar.

¡Nos declaramos en Estado de Alerta! por abuso de autoridad y represión policial. Entre el 28 de abril y el 1 de mayo, según la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas, se han reportado 21 asesinatos, 10 casos de violencia sexual y violencias basadas en Género, 208 personas heridas,

18 de ellas con lesiones oculares, 503 detenciones, y 42 abusos y agresiones a defensoras y defensores de DDHH. Por su parte, la Organización Temblores, registró, a través de la plataforma GRITA, al menos 940 casos de violencia policial, que incluyen 92 víctimas de violencia física, 672 detenciones arbitrarias, 136 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública, 30 casos de disparos con armas de fuego contra las y los manifestantes, así como el asesinato de al menos 8 personas, casos que se encuentran en proceso de verificación y esclarecimiento.

Sumando a lo anterior, la Fundación Lazos de Dignidad mediante el registro nacional de agresión al derecho a la protesta social: Cuidemonos mientras luchamos, denunció las lesiones ocasionadas a una defensora de derechos humanos de la Red Popular de Derechos Humanos Redhus el 28 de abril, así como las agresiones directas de las que fueron objeto defensores y defensoras de derechos humanos por el Escuadrón Móvil Antidisturbios quienes le dispararon directamente al cuerpo impidiéndoles de esta manera desarrollar su labor.

Finalmente, rechazamos las amenazas directas de las que han sido objeto defensores y defensoras de derechos humanos en todo el país, entre ellas una de las integrantes de las organizaciones firmantes.

Ante la preocupante situación que vive el país hacemos un llamado urgente a la Comunidad Internacional, no sólo para visibilizar las numerosas vulneraciones a los Derechos Humanos en Colombia; sino para que se presione al gobierno colombiano a actuar en derecho y prevenir una dictadura como la que se avecina; exigir las garantías para la vida de los y las manifestantes, los y las defensoras de derechos humanos, la prensa y la ciudadanía en pleno; y demandar el desmonte de la figura de asistencia militar en todo el territorio nacional.

¡Si nos violan, asesinan o desaparecen, fue el Estado!

Sigue los siguientes links para firmar este comunicado en Inglés, Francés y Portugués:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedeUHDuR5FC-cq4tKl9xoBhXR18C2Fe5lISzjxQZcey12oig/viewform (inglés)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesSGSSCrYzLI1OFNg-Wimxu_nnnGDsTlVWf_9KCNbX63rDww/viewform (portugués)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuxEQxwQN9mDrms4EflSCaBn4w0zERiR1HP53VflJgeCoAog/viewform8 (francés)

Suscriben,

Organizaciones y colectivas:

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Por: Medios Libres Cali

El presidente de Colombia, Iván Duque, en un mensaje en vivo el domingo, 2 de mayo, pidió que el Congreso retire el proyecto de reforma tributaria, que pretendía aumentar los impuestos a quienes menos ingresos tienen, y que desató protestas en todo el país, desde el 28 de abril.

Sin embargo, las protestas continúan, especialmente en Cali, el epicentro de las movilizaciones, porque el hundido proyecto de ley no es sino la medida más visible dentro de un ‘paquetazo’, que incluye la privatización de la salud.

Desde el principio de la pandemia en Colombia a los más pobres se les presentó la cruel dicotomía entre quedarse en casa para cuidarse del virus o salir a trabajar. A las pocas semanas de iniciada la pandemia las casas de los barrios se llenaron de trapos rojos en sus ventanas, significaba que había hambre en esos hogares y eran por miles. Un año después de las primeras cuarentenas, el gobierno propuso una reforma tributaria, que golpearía a las clases bajas y medias. Ante este panorama no se dudó ni un instante en salir a las calles, en un momento terrible de crisis sanitaria por el covid-19. Ya no hay dicotomía, hay rabia y frustración.

No hubo líderes que convocaran, sólo existía una fecha propuesta por las centrales obreras y fue suficiente para que las familias, los amigos, vecinos, el barrio y el pedazo, se autoconvocaran por redes sociales, hasta ser ríos de comunidades caminando hacia los puntos de resistencia, hacia las entradas de la ciudad, forma eficiente de hacer real un paro, nadie entra ni sale.

Así fue el primer día, 28 de abril, jornadas de gritos, arengas, cantos y baile en la calle. Las personas regresaban caminando ya de noche a sus casas, cansadas pero con una sonrisa cómplice de haber logrado el objetivo. Los días siguientes se multiplicaron los puntos de bloqueo y aumentó el número las asistencias de la comunidad, el ejemplo de la lucha educa y vence el miedo a la represión.

El gobierno también tiene experiencia, una experiencia criminal y paramilitar, comienza a detener, asesinar, desaparecer y violar a jóvenes, que en los días de paro hacen curso acelerado de resistencia y lucha callejera. El 30 de abril, luego de tres días de paro, el terror estatal es la respuesta al pueblo en las calles, ya el terror lo usó el gobierno como forma de paralizar a las comunidades en otros momentos. El 1 de mayo se desborda la asistencia y muchas ciudades se suman al paro, el pueblo se ha empoderado.

En este contexto de protesta social generalizada en más de 500 ciudades del país, focalizada en los principales centros urbanos del Suroccidente colombiano, y más de 50 ciudades del mundo, la respuesta represora del Estado no se hizo esperar. Teniendo en cuenta las medidas restrictivas que aún se mantienen en algunas ciudades del país, se estableció un toque de queda que iniciaría el 28 de abril a las 8:00pm. como medida para frenar la continuidad de las jornadas de movilización que se planteaban desde la ciudadanía. Sin embargo, desde las 10:00am esta medida ya había sido modificada por el nivel de descontento que se vivía en las calles. Aludiendo al cuidado y al llamado a no generar aglomeraciones se comenzó a presionar insistentemente a las personas con el toque de queda.

Estas medidas de restricción fueron la excusa perfecta por parte de las autoridades policiales para generar redadas masivas de detenciones ilegales amparados en los decretos de las autoridades municipales, incurriendo además en graves acciones de abuso de autoridad y cometiendo graves violaciones a los derechos humanos (asesinato, exceso de la fuerza, amenazas, procedimientos irregulares en las detenciones, destrucción de los bienes de las manifestantes, ataques directos a la integridad de las personas, abuso sexual, entre otros).

Según información de la organización Temblores, a su plataforma de denuncia de abuso policial “GRITA”, se han reportado hasta las 11:00 pm del 1 de mayo: 940 denuncias de violencia policial, 92 víctimas de violencia física por parte de la policía, 21 víctimas de asesinato de la policía, 4 víctimas de violencia sexual y 12 víctimas de disparos a los ojos.

Cali: La Capital de la Resistencia

La ciudad de Cali se ha volcado a la protesta organizada en el ejercicio espontáneo que permite el encuentro, los puntos han sido tomados con bella creatividad, el alimento siempre al centro con ollas comunitarias diversas y deliciosas, primeras y varias líneas de cuidado y contención de jóvenes en resistencia. Se rebautizaron muchas zonas de la ciudad: La Loma de la Cruz ahora es la Loma de la Dignidad, el Paso del Comercio ahora es el Paso del Aguante, el Puente de los Mil Días es ahora el Puente de las Mil Luchas y la Portada al Mar es la Portada a la Libertad.

Sin embargo, la represión ha sido el pan de cada día, haciendo eco a la frase de “siempre recordaré cuando con rabia tiré una piedra y el gobierno represor respondió con metralla”, se han vivido días intensos de resistencia en, por lo menos, 7 puntos de bloqueo permanente a lo largo y ancho de la ciudad. El pueblo caleño atendió con contundencia y de manera masiva desde el primer día de movilizaciones. En la mayoría de los puntos, ante la provocación de la fuerza pública se dieron confrontaciones entre las manifestantes y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Sin embargo, la alcaldía de Jorge Iván Ospina le encomendó la tarea de asistir a las movilizaciones también al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional.

Presentamos aquí un reporte consolidado de Derechos Humanos por día que algunas organizaciones defensoras han visibilizado:

#28A 28 de abril, 2021

• 8 heridos de gravedad y otros 50 leves por impactos de gases lacrimógenos y aturdidoras lanzadas por el ESMAD
• Un miembro de la policía dispara por la espalda al menor de 17 años Marcelo Agredo Inchimad, en el barrio Mariano Ramos de Cali. Llega al Clínica Valle del Lili con muerte cerebral y posteriormente fallece.
• Es asesinado el menor de 13 años Jaison García, ingresa sin signos vitales al Hospital Carlos Holmes Trujillo del barrio República Israel.
• 6 personas fueron conducidas a estaciones de policía y dejados en libertad con aplicación de Comparendo por toque de queda, decretado por el alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina.
• En numerosos videos de denuncia ciudadana se evidencia el uso indebido de armas no letales y el uso directo de armas de fuego en contra de las manifestantes.

#29A 29 de abril, 2021

•  Es asesinado por agentes de la policía el joven de 23 años Miguel Ángel Pinto, en el punto de concentración denominado “Puerto Resistencia”.
• 106 manifestantes son detenidos y trasladados a estaciones de policía, se reportan por lo menos 31 denuncias de desaparición. En las estaciones fueron golpeados, torturados y despojados de sus pertenencias y materiales audiovisuales.
• Es agredido un manifestante en un ojo por un impacto de un gas lacrimógeno en la calle 5ta.
• Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.
• Se denuncia la desaparición del menor de edad de 16 años Michel David Lora, de nacionalidad venezolana, quien luego de ser detenido con su madre fue llevado a un hogar de paso. Cuando la mamá se dirige al lugar su le indican que su hijo no se encuentra allí.

#30A 30 de abril, 2021

• En medio de las protestas son asesinados Edwin Villa Escobar (comerciante), Einer Alexander Lasso Chará (hombre pensionado) en el barrio el Diamante. Jovita Osorio en el Paso del Comercio (docente de primera infancia) y otras tres personas sin identificar del sector del barrio El Poblado, al oriente de la ciudad de Cali. Los hechos se encuentras registrados en video.
• En el barrio Julio Rincón, cerca al punto de concentración de Calipso, es impactada con arma de fuego en su pierna izquierda Angely Vivas Restrepo. Mientras que en el barrio Las Américas resultan heridas dos mujeres y un hombre. Esto sin contar otras 105 personas afectadas por distintos métodos de agresión usados por miembros de la fuerza pública.
• Son detenidos dos integrantes de la red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuente identificados como Daniela Caicedo y José Cuello. Los hechos se dieron en el punto de concentración de Sameco. Allí les hurtan los objetos que los identifican como parte de la organización.
• 94 personas conducidas a estaciones de policía en diferentes puntos de concentración de la ciudad. Muchos de ellos y ellas fueron golpeadas y torturadas al interior de dichas estaciones por miembros de la fuerza pública.
• Se denuncia la desaparición de: José Miguel Oband, Diego Alejandro Bolaños y Jhon Haner Muñoz Bolaños.

#1M 1 de mayo, 2021

Sobre la jornada del día de ayer no hay un reporte de derechos humanos consolidado aún. Pese a la masiva asistencia de manifestantes que cubrían gran parte de los puntos de concentración del centro de la ciudad. Se reportaron ataques indiscriminados a los puntos de concentración de Paso del Aguante, Calipso, y Puerto Resistencia. La fuerza pública aprovechó la llegada de la noche para atacar los puntos más vulnerables de la jornada del 1 de mayo, se reportaron por toda la ciudad denuncias de civiles armados disparando en los barrios colidantes a los puntos de concentración. En la noche del 1 de mayo es declarado el estado de “Asistencia Militar”. Esta vez para legalizar la militarización de las ciudades donde se mantiene la movilización y la resistencia civil en contra de su Reforma Tributaria.

Política de guerra para la protesta social

Encontrar en fuentes oficiales, como las de la presidencia de la república y el Ministerio de Defensa, información sobre los gastos militares ha sido todo un reto, ya que parece que quisiera ocultarse la verdad sobre los gastos gubernamentales en material de guerra. Es porque Colombia gasta actualmente un valor cercano a 40 billones de pesos colombianos en el Ministerio de Defensa (10.300 millones de dólares).

Históricamente el presupuesto de la nación para este rubro siempre ha sido alto, ya que desde hace varias décadas continúa y se acentúa el conflicto interno, que pese a algunos esfuerzos para lograr diálogos de paz, al día de hoy se ha diversificado, territorializado y agudizado en muchas partes del país. El porcentaje equivalente del presupuesto de defensa frente al total en el gasto público en Colombia ronda el 11%, un porcentaje bastante alto para un país con una economía debilitada. Con este valor se ubica el país en el puesto 25 en el ranking mundial del porcentaje del gasto público en defensa, lejos de otros países como Francia que gasta el 3.3% España 2.9% o Brasil con 3.86%.

Al interior de la institución de la policía nacional, esta inscrito el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) fuerza creada en 1999 para contener las movilizaciones que se realizaran en el país. Era una fuerza especial transitoria que sin embargo lleva más de 20 años y durante los diferentes gobiernos de turno se ha ido fortaleciendo y que al día de hoy cuenta con 3.876 integrantes y un presupuesto anual de 490.000 millones de pesos (131 millones de dólares). A lo largo de su accionar ha asesinado por lo menos una veintena de personas civiles, en ejercicios de abuso de autoridad y policial, que ellos han llamado “excesos de la fuerza”.

Actualmente debido a un gobierno completamente ajeno al pueblo, y previendo el fuerte descontento popular por las medidas que se han tomado históricamente, el gobierno Uribe-Duque ha fortalecido las fuerzas de represión, destinando millonarias sumas para esta causa. Desde tiempo atrás el gobierno se ha preparado para una respuesta represiva a un inminente estallido social, ya que en marzo del año 2020 se compraron 5 tanquetas (vehículos blindados) por un valor de 8.000 millones de pesos (2,1 millones de dólares), para fortalecer esta fuerza de represión, así como la compra por valor de 9.515 millones de pesos (2.5 millones de dólares), en municiones y diferentes armamentos para el ESMAD, en medio de una fuerte crisis social y económica ocasionada por la pandemia del covid-19. Para el 2021 se ha incrementado el presupuesto en casi 1000 millones de pesos. El gobierno evidentemente perpetúa la represión y le da a la protesta social un tratamiento de guerra.

Sin embargo, ni el ESMAD ni la policía han logrado reprimir y contener el estallido social que se ha declarado en Paro Nacional, por eso el presidente de la república Iván Duque, en diversos medios el día 1 de mayo de 2021, tomó  la decisión de instalar en las ciudades que lo requieran “Asistencia Militar”, una medida que está reglamentada en el código nacional de policía, en la cual se establece el uso de las fuerzas militares en el control del orden y la asistencia de situaciones de desastre. La presencia de dichas fuerzas en las calles incurre en una reducción de derechos como se establece en un estado de sitio. Hay que tener en cuenta que en la practica la presencia militar en las calles genera mayores posibilidades de accionar bélico en las manifestaciones, ya que el estado trata la situación desde una perspectiva militar que históricamente tienen un fuerte accionar violento e impune contra la población civil.

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@CristinaRevolt – vía twitter

Ni el llamado confinamiento declarado para gran parte del país, ni las campañas de pánico por posible infección y muerte por covid-19, como tampoco la efectiva militarización de ciudades como Cali, han sido suficientes para contener el copamiento de calles y avenidas por parte de miles de manifestantes. Una nueva ola de inconformismo toma cuerpo en Colombia, aunque aún no es claro si será desinflada por la decisión presidencial de desmontar parte del articulado impositivo de la pretendida reforma tributaria y llamar a la negociación –renuncia real pero sin reconocerlo de la totalidad del paquete impositivo– de un nuevo texto tributario. Los numerosos asesinados y lesionados, con pérdida de ojos, y golpizas a granel, demandan justicia y evidencian, un vez más, el necesario desmonte del Esmad.

 ¡Represión extrema!, esto es lo que han padecido cientos de manifestantes a lo largo de los días 28-29-30 de abril en las distintas ciudades de Colombia, con la ejecución, incluso, de una masacre en la ciudad de Cali con la afectación directa de sus sectores populares y de clase media.

En la capital del Valle del Cauca, un alzamiento liderado por cientos de jóvenes sorprendió al poder nacional y local, quien lo único que logró hacer fue atacarlos con total violencia. Entre los días 28-29 perdieron la vida 3 personas, entre ellas Marcelo Agredo[1], joven de 17 años, en el punto conocido como Puerto Resistencia (Cali), Juan Diego Perdomo 20 años (Neiva) al parecer por paro cardiaco.

El día 30 otras siete perdieron la vida y 7 denuncias más por asesinato están en verificación. Entre los verificados figuran: Einer Alexander Lazo –pensionado de la policía–, Jovita Osorio, docente infantil (muerta por asfixia, al caer al interior de su casa gases lacrimógenos), Daniel Felipe Azcárate, Julia Navarrete, Rosemberg Duglas, habitantes de los barrios Calipso, El Diamante, Sindical y el Paso del Comercio.

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(Fuente y cobertura de las movilizaciones en Colombia: https://www.colombiainforma.info/)

30 abr, CI.- Las calles están a tope. Cali, la mítica ciudad salsera, cambió la música por arengas y gritos que retumban en sus calles y avenidas. Desde el miércoles 28 de abril no han cesado las manifestaciones en distintos puntos de esta urbe para exigir al Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Duque, que retire el proyecto de Reforma Tributaria que intenta imponer.

Se vive el genocidio contra los líderes y lideresas sociales; el ecocidio en los territorios; la emergencia nacional por los femincidios y abusos de la fuerza pública. Al mismo tiempo que aumentan las desigualdades, la pobreza y el hambre en el pueblo colombiano. Contra esa reforma que agudiza la crisis económica y social potenciada por la pandemia, el país se ha volcado a las calles. Y Cali ha tomado la batuta.

Aunque la movilización social en Colombia ha sido una constante en la historia reciente del país, los acontecimientos del último año han aumentado significativamente la manifestación política y social del pueblo.

La jornada de Paro Nacional se venía anunciado semanas atrás. Movimiento sindical y obrero, indígena, campesino, estudiantil, mujeres, disidencias de género y población civil en general tenían cita en distintas ciudades y municipios del país para gritar “NO A LA REFORMA TRIBUTARIA”, como principal bandera de lucha.

En el Suroccidente el Paro inició a las 4:00 AM del 28 de abril. En el sector de Sameco comenzaron los bloqueos. Siguieron Univalle, Menga, Paso del Comercio, Juanchito, Siloé, Plaza de las Banderas y Puerto Llanera. La gente daba inicio a los plantones, tomas y marchas que iban a ser protagonistas del día. Cubrieron las calles de carteles, arengas, música y arte que clamaba no más abuso; no más política de muerte, guerra y hambre; no más gente sin casa; no más alzas, impuestos y asesinatos.

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Por Vanessa García Navarro

Aunque en Colombia se vive la tercera ola de pandemia por COVID 19, existen crisis más agudas que la sanitaria, pues la violencia, la pobreza, la corrupción y el hambre son males mayores. El 28 de abril, un maremoto, creado por los pasos firmes de la población colombiana, se alzó exigiendo justicia en un nuevo paro nacional.

Las calles, las plazas y los recovecos de Colombia se inundaron con un flujo imparable de marchantes. Obreros, campesinos, emprendedores, trabajadores de clase media, artistas, estudiantes y familias enteras se manifestaron para exigir al presidente Iván Duque Márquez y su gobierno prescindir de imponer el proyecto de reforma fiscal anunciado el pasado 5 de abril, bajo el eufémico nombre de “Ley de Solidaridad Sostenible”.

A través de las redes sociales, el Comité de Paro Nacional [la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia, La Federación de Trabajadores de la Educación (Fecode), Dignidad Agropecuaria, Cruzada Camionera, la Confederación Democrática de Pensionados (CDP) y la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC)] comenzó a difundir cronogramas de actividades y a convocar a la ciudadanía colombiana para protestar en contra de las decisiones del gobierno.
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A pesar de la crisis sanitaria, el mes de octubre fue un mes de intensas movilizaciones en Colombia, en particular con la Minga social y comunitaria, por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz que se llevó a cabo a partir del 10 de octubre.

Miles de indígenas de diferentes pueblos, así como sectores campesinos, comunidades afros y otros sectores sociales de los departamentos de Nariño, Cauca, Huila, Valle y Caldas y Putumayo principalmente, recorrieron el país: empezaron en Monterilla, Zona Sat Tama Kiwe Cauca, para luego alcanzar la ciudad de Cali antes de dirigirse a la capital Bogotá, pasando por las ciudades de Armenia, Ibagué, Fusagasugá y Soacha.

Según lo cuenta la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), esta minga salió en medio de la pandemia para buscar “un debate político claro y hablar de diversas situaciones que desarmonizan la vida en los territorios, como la militarización, presencia de multinacionales, incremento de violencia en los territorios y despojo, esto ligado a un modelo de muerte que pretende dejar en el olvido a los pueblos”.

“Estamos pasando por cosas muy graves, se está matando a la gente. Ya estamos cansados. Ahora dicen que la epidemia nos mata, que el Covid 19, pero el Covid 19 es el Estado y su gente armada que está matando la gente, la Covid-19 donde estamos nosotros no ha matado”, lamenta la mayora del pueblo Nasa Blanca Andrade, en un audio difundido por la ACIN.

A este escenario le anteceden los registros de la ONG británica Global Witness quien registró que tan solo en 2019, Colombia y México encabezan la lista de los países con más altos índices de asesinatos contra defensores ambientales, en su mayoría, integrantes de pueblos originarios. Según el informe de 2019 de esta organización, de los 212 defensores de la tierra y el medioambiente que fueron asesinados, 64 eran colombianos. Una de cada 10 víctimas era mujer.

En lo que va del año 2020, por lo menos media centena de indígenas han sido asesinados en medio de la pandemia. Junto a ellos se suman los decesos provocados la Covid-19. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma de la paz al menos 300 líderes indígenas, así como 600 líderes campesinos, afro y sindicales, han sido asesinados.

“Antes nos mataban, pero ahora estamos ante un genocidio”, denuncia Serna al respeto.

La minga, poderosa institución pre-colonial 

La palabra “minga” o “minka” viene del Quichua y hace referencia a la reunión de diversos actores, saberes y herramientas en busca de un objetivo común. Es una forma de organización usada en todos los aspectos de la vida social, incluso en lo político. En este caso, “cada grupo apoya con lo que puede, comida, guardia, autoridades, música, pero el fin es la construcción de un país mejor”, explicó Marilen Serna, integrante de la comisión política de la Minga.

“La palabra minga tiene un significado profundo y busca aprender y construir trabajando en conjunto, hacer las cosas unidos en comunidad. Por eso, esta minga se desarrolla desde la base de escucharnos desde abajo, desde el pueblo, que es la base del entender que vivimos en lugares diferentes, pero, que las realidades no son tan distintas”, detalla por otro lado la ACIN.

En las últimas décadas, la Minga se ha organizado varias veces para enfrentarse a distintos gobiernos. En 2008, llegó a un punto de tensión importante durante el gobierno de Álvaro Uribe. Con la Minga Nacional de Resistencia Indígena y Popular, cerca de 45.000 indígenas de diferentes pueblos marcharon, por al menos 60 días, cerca de 120 kilómetros de territorio, entre Santander de Quilichao, departamento del Cauca y Santiago de Cali en el departamento del Valle del Cauca.

La minga siguió hasta Bogotá, donde fue recibida, en noviembre, por representantes de varios sectores sociales y por las organizaciones estudiantiles, que apoyaron el movimiento.

Hoy, la Minga social y comunitaria, por la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz, coincide con el Paro Nacional de Colombia, un inédito movimiento de protesta que nació en 2019 y en el que millones de colombianos se manifestaron por razones económicas, educativas y de orden público.

En defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz

La minga que salió en octubre con rumbo a la capital de este país, Bogotá, buscaba plantear un debate nacional, en sintonía con otros sectores sociales, para sacar a la luz los problemas estructurales que el gobierno está ignorando.

Uno de ellos es la violencia que sigue golpeando al país, a pesar del mal llamado Acuerdo de Paz firmado en 2016.

“En el 2008 nos movilizamos por cuatro elementos: vida y derechos humanos, territorio, paz y modelo económico. Y hoy, incluso con la firma de la paz, la situación es la misma. O peor, porque tiene el sinsabor del fracaso del proceso”, explica Marilen Serna.

Otro problema, vinculado de cerca con el primero es el del saqueo de los territorios que están siendo entregados masivamente a la industria extractivista, para la explotación minera, hidroeléctrica, forestal o la agroindustria.

“La violencia ha sido compañera del reordenamiento extractivista de los territorios. Estos proyectos le abren otro frente de rentas a los grupos armados y narco paramilitares, que extorsionan y someten poblaciones. Esto también le abre el camino al acaparamiento de tierras y al despojo”, denuncia el Presidente de Indepaz, Camilo González Posso.

Por eso, lo que pretenden los pueblos originarios es provocar un cambio profundo del sistema: “la minga reclama otra forma de política, que defienda la vida y la paz: que el Estado responda con eficacia a la ola de asesinatos, masacres, desplazamientos y otras graves violaciones a los derechos humanos que se han disparado en los últimos años. Pero estos cambios no se logran con unos pequeños ajustes o concesiones. Para cambiar esta realidad, es necesaria una nueva forma de hacer política y de gobernar, con profundas modificaciones en el Estado. Por eso, la minga exigió una amplia conversación con el presidente para dar estos debates”, detalla González Posso.

“Estamos buscando que den la cara, porque queremos respuestas sobre lo que está sucediendo en el país, y  no dinero o migajas de los que saquean al país, a la madre tierra”, agrega la ACIN.

Entre apoyo y criminalización, la lucha sigue

En su recorrido, la Minga de este año 2020 recibió mucho apoyo por parte de la sociedad colombiana.

“Vimos con la llegada a Bogotá que el pueblo colombiano tiene mucha esperanza en el movimiento indígena, en esta movilización que se ha hecho. Entonces el mensaje que estamos dando al país es que nos sumemos a este proceso que hoy como minga da una alternativa al país y ojalá en las próximas mingas no sólo seamos el suroccidente sino todo el país colombiano”, declaró por ejemplo un indígena Nasa del departamento del Valle del Cauca para la ACIN.

Sin embargo, la minga también recibió criticas y también sufrió una ola de criminalización y desprestigio por parte de la elite y de los medios masivos de comunicación. De forma repetida, las y los participantes de la Miga han sido calificados de “aliados de la guerrilla”. También han sido acusados de propagar la Covid-19 y de ser entonces un peligro para la salud pública.

El Consejo Gremial Nacional, una asociación de empresarios, publicó por ejemplo un comunicado en el que aseguró que, el “incumplimiento (de protocolos de seguridad) atenta contra la salud, no solo de quienes hacen parte de la marcha, sino de todos los colombianos”.

Acerca de la campaña de desinformación que sufrió la Minga, la ACIN señaló que “los opresores siempre buscan privilegios, ellos no quieren que caminemos la palabra y nos escuchemos. No quieren que aprendamos de lo caminado, nos quiere dividir con sus tentáculos utilizando la desinformación de los medios de comunicación que están a su servicio y mediante la estigmatización, creando paradojas y dudas ante la prensa nacional e internacional. El pueblo en general que desde lejos sin estar atento y participando no logra entender la grandeza de las acciones en la minga y lo que busca, que no es beneficio para unos pocos si no para el pueblo colombiano en general”.

La asociación del Norte del Cauca también recalcó que la minga es un movimiento histórico, heredero de las luchas que se han dado a lo largo de los últimos 500 años, y cuya fuerza no se dejará debilitar por las críticas.

“En la minga no somos pocos, somos un pueblo que creció como un río, con el dolor y la sangre de los más desfavorecidos, somos un pueblo que tiene el respaldo de la naturaleza, de la misma historia que narra en sus recuerdos todo lo que lo caracteriza por luchar por la vida y sus territorios es hora de volver a la lucha que da desde la invasión y saqueo cultural y de riquezas, hasta ahora. Hoy sabemos que es hora de cambiar estos malos sistemas de gobierno y de sostenimiento del mundo entero, es por eso que la conversa es desde el pueblo y para el pueblo”, concluye.

“Los pueblos hemos sobrevivido peleando. Ahora tenemos que pelear, esto va para largo”, afirmó por su lado la mayora Blanca Andrade.

Fotos de la Minga 2020 por Medios Libres de Cali.

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La Minga Indígena del Cauca ha capturado la atención de los grandes medios en las últimas semanas en Colombia y con su llegada a Bogotá en las últimas horas se han convertido en el tema central en muchas salas de redacción. A pesar del amplio despliegue y cubrimiento muchos aún no sabes qué es la Minga Indígena, cuáles son sus peticiones y por qué llegaron a la capital del país-.

De acuerdo con Martha Peralta Epieyú, presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, la palabra Minga “se deriva del conocimiento que tenían los aborígenes sobre el trabajo compartido para el bien común. Es el encuentro donde circula la palabra, se piensa y se construye el Buen Vivir”.

En Colombia la figura de la Minga Indígena tomó relevancia en el 2008 cuando se dieron una serie de marchas y protestas, realizadas por aproximadamente 10.000 y 15.000 indígenas de diferentes etnias en el 2008, principalmente Nasa, que cubrió cerca de 120 kilómetros entre Santander de Quilichao, departamento del Cauca y Cali en el departamento del Valle.

La Minga Indígena de este año inició en Santander de Quilichao, posteriormente se desplazó a Cali,un punto de encuentro con otros indígenas, y donde se tenía como propósito, encontrarse con el presidente Iván Duque. Reunión que nunca se dio porque el mandatario envío un grupo de emisarios encabezado por la ministra del Interior, Alicia Arango.

A pesar del esfuerzo de los funcionarios del alto gobierno, no fue posible llegar a un acuerdo con la Minga Indígena que ante el intento frustrado de reunirse con Duque, anunciaron su travesía a Bogotá.

La llegada estaba prevista para este lunes, aunque ante la advertencia del alcalde de Soacha, la parada anterior planeada antes de la entrada a Bogotá, de que no contaba con los recursos para acoger a los integrantes de la marcha, la ‘minga’ ha seguido su recorrido hasta llegar a la capital.

El recorrido de la Minga Indígena desde el suroccidente de Colombia hasta la capital tardó cerca de una semana y en la tarde del domingo llegaron a Bogotá, donde ha sido recibida por la alcaldesa, Claudia López, que ha criticado la falta de un acuerdo ante la negativa del presidente, Iván Duque, de reunirse con los representantes de la marcha.

Duque ni lo ignora

Con la intención de reunirse con el presidente, Iván Duque, las participantes de esta marcha han llegado un día antes de lo previsto al Palacio de Deportes de la ciudad, que los albergará durante su estancia en la capital “con respeto y bioseguridad”, ha destacado López a través de Twitter.

La llegada estaba prevista para este lunes, aunque ante la advertencia del alcalde de Soacha, la parada anterior planeada antes de la entrada a Bogotá, de que no contaba con los recursos para acoger a los integrantes de la marcha, la ‘minga’ ha seguido su recorrido hasta llegar a la capital.

Durante las manifestaciones en la ciudad, la ‘minga’ estará acompañada “por su propia Guardia y los Gestores de Diálogo y Convivencia de la Alcaldía de Bogotá”, ha explicado la alcaldesa, que ha pedido “no estigmatizar la movilización social”.

López ha subrayado que “la ‘minga’ llega a Bogotá por la imposibilidad del Gobierno nacional de reunirse directamente con ellos en Cali y llegar a acuerdos en sus demandas y peticiones”, por lo que “con todo el respeto”, ha solicitado a Duque “resolverlos los conflictos con la ciudadanía y la ‘minga’ pacíficamente”.

La llegada de la marcha de casi 10.000 indígenas a la capital colombiana ha provocado tensión entre el Gobierno y las autoridades locales, ya que el primero ha emplazado a las segundas a asumir la logística y garantizar las medidas sanitarias de sus participantes.

Las reivindicaciones de la ‘minga’ incluyen la critica a la impunidad por parte de la Administración en relación al asesinato de líderes sociales, así como la implementación del acuerdo de paz y la violencia en general que ha sacudido al país

T/ Colombia Confidencial/ LRDS

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OTRA VEZ BOJAYÁ SE ENCUENTRA ENTRE FUEGOS

Con gran alarma y preocupación hemos recibido este primero de enero la noticia de que una avanzada paramilitar con cerca de 300 efectivos se ha instalado en inmediaciones de Pogue, un poblado sobre el río Bojayá, distante a una hora en bote del viejo Bellavista, el pueblo donde ocurrió la tristemente célebre masacre de Bojayá hace 17 años.

Además, pobladores en la zona confirman que los paramilitates, quienes presuntamente pertenecen a las Autodefensas Gaitanistas, han copado otros tres caseríos del río Bojayá amenazando con asesinar a los que ellos señalen de ser colaboradores de la guerrilla. Esto ha generado el confinamiento de todas las comunidades afrocolombianas e indígenas asentadas en el río Bojayá, así como una zozobra latente para los habitantes de Bellavista, la cabecera municipal.

Desde la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico:

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