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derechos humanos

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H.I.J.O.S México

(Español) La muerte de un torturador: Nazar Haro

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COMITÉ NACIONAL PARA LA DEFENSA Y CONSERVACIÓN DE LOS CHIMALAPAS

(Español) Pronunciamiento público por el respeto al Territorio Indígena Zoque de Los Chimalapas

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Foro Permanente por la Comisión de la Verdad

(Español) Urgente: Amenazas en el retorno a San Juan Copala de desplazados

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En estos momentos está partiendo del zócalo de la ciudad de Oaxaca la
caravana de retorno de los desplazados de San JUan Copala a sus
hogares.

La noche previa el gobernador amenazó a los integrantes del municipio
autónomo de que ellos serían los responsables de las agresiones que
sufrieran por parte de los paramilitares, en una reunión en la que
este gobernador estuvo acompañado permanentemente por los dirigentes
de los grupos paramilitares.

El gobernado ha amenazado, por medio de funcionarios públicos, con
impedir el libre transito de los desplazados a sus hogares mediante la
fuerza publica en algún lugar de la ruta de traslado.

Hace 10 minutos nos entrevistamos con el Lic. Saul Bolaños,
representante del Estado Mexicano ante las mesas de trabajo para la
implementación de las medidas cautelares 197-10 a quien pedimos ante
esta actitud amenazante del gobernador del Estado de Oaxaca la
protección del gobierno federal.

Igualmente se firmó una minuta con la Comisión estatal de derechos
Humanos de Oaxaca en la que esta se compromete a acompañar el proceso
de retorno de los desplazados y se ha hecgho la solicitud a la
Comisión nacional de Derechos Humanos.

Pedimos a la Comisión Interamericana de derechos Humanos establecer
comunicación con el gobernador del Estado y solicitarle birnde las
condiciones de seguridad para el libre transito y el retorno de los
desplazados de San Juan Copala.

En correo siguiente, enviaremos al la CIDH el documento firmado por el
secretario general de gobierno del estado de Oaxaca, el numero 2 en la
jeraquia del gobierno del estado, en la que el gobierno del estado se
comprometió a garantizar el completo retorno de los desplazados a mas
tardar el 20 de enero del 2012, el cual a pesar de haber sido firmado
por la autoridad fue desconocido por estas y en su lugar el gobernado
trató de resolver el problema de los desplazados de San Juan Copala
poniendolo a votación de las “autoridades” impuestas por los dos
grupos paramilitares que asolan la región.

Este es un mensaje urgente.

David Cilia Olmos
Beatriz Cristobal Delgado
Presidente del Foro Permanente por la comisión de la Verdad
Copeticionario Medidas cautelares MC 197-10

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Varios centros de DDHH

Joint communiqué from HR centers regarding the violent removal of Guatemalan migrants

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Pronunciamiento conjunto frente a las declaraciones de las autoridades en el desalojo de guatemaltecos en Tenosique, Tabasco

Tenosique, Tabasco, a 10 de enero de 2012
Frente a lo anunciado y divulgado a través de los medios de comunicación por parte del gobierno federal sobre la situación de desalojo de la comunidad de Nueva Esperanza de Petén, Guatemala, desplazada con violencia y asentada en la línea fronteriza con México desde el pasado 23 de agosto de 2011, y luego de que el Centro de Derechos Humanos Usumacinta, A.C. (CDHU) recabó distintos testimonios, las organizaciones abajo firmantes manifestamos lo siguiente:
Son falsas las declaraciones del Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) Salvador Beltrán del Río, en el sentido de que las 71 personas trasladadas a la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas fueron aseguradas de manera voluntaria y con estricto apego al respeto a los derechos humanos.
El dicho de las y los guatemaltecos desplazados de manera forzada es que personal del INM y de instancias de seguridad federal y estatal intentaron persuadir a la comunidad de subir a los autobuses; sin embargo, cuando la gente se resistió, personal gubernamental utilizó la fuerza contra algunos de ellos.
Debido a que varias personas huyeron hacia su país, las autoridades comenzaron a detener a las niñas y los niños, obligando con esto a los papás a abordar los autobuses, lo cual constituye un trato cruel e inhumano.
Es sumamente grave que en estos hechos no se preservara la unidad familiar, pues entre quienes no pudieron desalojar se encuentran menores de edad cuyos padres y madres fueron trasladadas a la Estación Migratoria.
Por otra parte, cabe señalar que el gobierno federal actuó en contra de su propio dicho, pues días antes había comenzado un proceso de regularización temporal para la mayoría de los hombres de la comunidad desplazada, con el fin de que tuvieran permiso para trabajar en el país.
El día 4 de enero, organizaciones de derechos humanos se habían reunido con autoridades de la Secretaría de Gobernación, el INM, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Procuraduría General de la República (PGR), quienes ofrecieron sin condicionamientos seguir proporcionando apoyo humanitario. Asimismo, es de notar el uso faccioso del sistema penal para criminalizar a los defensores de derechos humanos. El mismo día del desalojo, dos representantes de la comunidad de desplazados que se trasladaban con Fray Tomás González, colaborador del CDHU, fueron detenidos por la Policía Federal y trasladados a las instalaciones locales de la PGR, donde se les hizo saber que estaban detenidos por ser acusados del delito de tráfico de personas y que Fray Tomás también estaba acusado. Esta denuncia penal tiene el número AP/OGCAPZNO/XIV/042012. Cabe señalar que, según testimonio de uno de los detenidos y después liberados, la persona que les tomó su declaración les hizo muchas preguntas acerca de la identidad y la labor de Fray Tomás.
Ante estos hechos, las organizaciones firmantes:
– Deploramos el desalojo forzado en contra de la comunidad Nueva Esperanza y lamentamos el uso de la fuerza como estrategia de contención de las víctimas más vulnerables
– Exigimos detener el proceso de deportación, por medio del cual el que el gobierno mexicano está poniendo en riesgo la integridad de las y los desplazados, quienes no gozan de plenas garantías de seguridad para reingresar a su país
-Condenamos cualquier acto de criminalización contra Fray Tomás González y las y los colaboradores del CDHU. En este sentido, exigimos que el Estado mexicano les garantice en todo momento su derecho a la integridad y a la seguridad personal
Atentamente,
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Equipo Indignación Yucatán R
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
Centro de Derechos Humanos Usumacinta, A.C.
Movimiento Migrante Mesoamericano

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Centro Prodh

Urgent Action: Violent eviction of Guatemalans displaced in Tenosique, Tabasco

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México, D.F., a 09 de enero de 2012

Dr. RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA
Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Dr. ALEJANDRO POIRÉ ROMERO
Secretario de Gobernación
Ing. GENARO GARCÍA LUNA
Secretario de Seguridad Pública
Lic. SALVADOR BELTRÁN DEL RÍO MADRID
Comisionado del Instituto Nacional de Migración
Q.F.B. ANDRÉS GRANIER MELO
Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco
P R E S E N T E S
ACCIÓN URGENTE
El Centro de Derechos Humanos Usumacinta A.C., el Equipo Indignación A.C., el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh), el Movimiento Migrante Mesoamericano y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” con gran preocupación hemos tenido conocimiento del operativo realizado hoy en la madrugada en la franja fronteriza aledaña al Ejido Nuevo Progreso, del municipio de Tenosique, Tabasco, mediante el cual fueron desalojados sorpresivamente y con violencia las familias guatemaltecas que mantenían un campamento desde el 23 de agosto de 2011, cuando fueron desplazadas violentamente por el Ejército guatemalteco de la comunidad Nueva Esperanza, Guatemala.

De acuerdo con los informes recibidos, las organizaciones que suscribimos tenemos conocimiento que el día de hoy, 09 de enero de 2012 alrededor de las seis horas, se realizó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Federal, Ministerios Públicos de la Federación y Policías municipales, algunos elementos policiacos se encontraban vestidos de civil y al mando de estas autoridades se encontraba una persona que se ostentó como el Subdelegado Regional del Instituto Nacional de Migración.

Según testimonios, las autoridades arribaron en camionetas y patrullas al campamento y comenzaron su desmantelamiento con lujo de violencia. Al rechazar estas acciones y pedir explicaciones de tales acciones los habitantes del campamento comenzaron a ser detenidos.
Las autoridades detuvieron a los niños y niñas del campamento y los subieron a camiones con el objeto de que sus padres se entregaran, lo que implica un trato inhumano y la posible comisión de ilícitos para los funcionarios que participaron en el operativo.

Según los datos recabados, 71 personas fueron subidas dentro de cuatro autobuses y al parecer conducidos rumbo a la estación migratoria de Tapachula, Chiapas. Lostestimonios de personas que no fueron detenidas refieren que hubo incursión de los policías a territorio guatemalteco para detener a más personas, mientras que vecinos mexicanos que se solidarizaron y exigían explicación por tal proceder, fueron amenazados con ser detenidos. Además, una persona de nacionalidad española también fue detenida, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

También es de nuestro conocimiento que dos personas de origen guatemalteco fueron detenidas por las Fuerzas Federales, y después de incomunicadas, trasladadas a la Agencia del Ministerio Público Federal con sede en Tenosique, Tabasco.

Como antecedente a este hecho, el 19 de diciembre de 2011 otros funcionarios federales acudieron al campamento para convencer a las personas de que se retiraran a Guatemala y que recibirían el apoyo de las autoridades mexicanas.

Cabe resaltar que Fray Tomás González Castillo, director del Centro de Derechos Humanos Usumacinta, así como las organizaciones aquí firmantes, sostuvimos reuniones con el Doctor René Zenteno, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Salvador Beltrán del Río (Comisionado del Instituto Nacional de Migración) y funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), a fin de que se respeten los derechos humanos de las familias guatemaltecas ahí desplazadas. En la más reciente reunión (4 de enero) se comunicó a las autoridades mexicanas que las familias guatemaltecas no deseaban regresar por el momento a Guatemala y que esperarían al resultado de negociaciones con su gobierno para una posible reubicación, quedando las autoridades mexicanas a la espera de estos acuerdos.

Ante la situación en la cual miembros de la Policía Federal desalojaron a los desplazados, con miras a una posible repatriación, es de nuestra preocupación que puedan sufrir nuevas violaciones a sus derechos humanos; además, recalcamos que estos actos se dan en un contexto en el que había acercamiento y compromiso de las autoridades mexicanas para apoyar a las familias desplazadas, con lo que se engaña y sorprende abusivamente a una población en extremo vulnerable. Asimismo, señalamos que deploramos la inobservancia de estos acuerdos, el operativo violento y sorpresivo que lesiona severamente a las familias, que ya vivían una situación crítica y entre las y los cuales hay 115 niñas y niños.

Este desalojo se da también en un contexto en donde la comunidad efectúa negociaciones con el gobierno guatemalteco para un eventual retorno a tierras dicho Estado. Sin lugar a dudas, el operativo efectuado por autoridades mexicanas afecta gravemente las condiciones de esa comunidad para negociar y representa un obstáculo para un retorno en condiciones mínimamente dignas.
Por todo lo anterior, demandamos de manera urgente:
– Abstenerse de repatriar a las y los guatemaltecos que se encontraban en la franja fronteriza. Ellas y ellos se encuentran en diálogo con su gobierno y México incumple con un deber humanitario al aumentar la presión sobre este grupo ya violentado.
– Detener el operativo en curso. Garantizar un trato digno y respetuoso a todas y todos los desplazados, garantizar que las niñas y niños se encuentren junto con sus padres. Constituye un trato inhumano separar a las familias.
– Garantizar todos los derechos de las y los guatemaltecos que se encontraban en el ejido Nueva Progreso, en la localidad de Tenosique, Tabasco.
– Se respeten y salvaguarden los derechos de las dos personas que fueron detenidas, llevadas inicialmente ante la PGR y que actualmente se encuentran en la estación Migratoria de Tenosique.

Iniciar de inmediato una investigación sobre el motivo y formas en las que se dio el operativo, ya que actualmente existía un proceso de diálogo con las autoridades mexicanas para garantizar la estancia de las familias.
– Deslindar las responsabilidades de los funcionarios públicos que hayan incurrido en violaciones a los derechos humanos de las y los refugiados guatemaltecos.
– Se respete y otorgue protección a los desplazados guatemaltecos, quienes ante situaciones adversar se vieron obligados a salir del país.
Nos mantenemos a la espera de una pronta acción y respuesta
A t e n t a m e n t e,
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Equipo Indignación Yucatán
Movimiento Migrante Mesoamericano
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos
Centro de Derechos Humanos Usumacinta, A.C.

Las acciones urgentes hay que enviarlas a:

Dr. RAUL PLASCENCIA VILLANUEVA

Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice,

Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, México D.F.
Teléfonos (55) 56 81 81 25 y 54 90 74 00 ext. 8163 y 8280

correo@cndh.org.mx

Dr. ALEJANDRO POIRÉ ROMERO

Secretario de Gobernación

Abraham González No.48, Col. Juárez,

Delegación. Cuauhtémoc, C. P. 06600, México, D. F.

Teléfono (55) 50633400 ext. 32400

secretario@segob.gob.mx

Ing. GENARO GARCÍA LUNA

Secretario de Seguridad Pública

Constituyentes no. 947, edif. “b” planta alta, Colonia Belén de las Flores,

Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01110, México, D. F.

Teléfono (55) 1103 6000  Ext. 11700

genaro.garcia@ssp.gob.mx

Lic. SALVADOR BELTRÁN DEL RÍO MADRID

Comisionado del Instituto Nacional de Migración

Homero 1832, Colonia Los Morales Polanco, Delegación Miguel Hidalgo,

C.P. 11510, México, D.F.

Teléfonos (55) 53 87 24 00 ext. 18022

sbeltrandelrio@inami.gob.mx

Q.F.B. ANDRÉS GRANIER MELO

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco

Palacio de Gobierno Calle Independencia No. 2 Col. Centro C. P. 86000,

Villahermosa, Tabasco

Teléfono (01 993) 312 0711 y 314 5656. Fax (01 993) 314 2612

gobernador@tabasco.gob.mx

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CDH Miguel A. Pro

The forgotten frontier in the region of Tenosique, Tabasco

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Informe de la Misión de Observación Civil en octubre de 2011 sobre las condiciones de las personas migrantes, desplazadas y defensoras de derechos humanos en Tenosique, Tabasco, disponible en
http://centroprodh.org.mx/prodh/index.php?option=com_content&view=article&id=409%3Ainforme-mision-civil-de-observacion-a-tenosique&catid=171%3Aeventos-por-mientras&Itemid=92&lang=es

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Huellas Mexicanas

From Sit-in to Occupation: Trade unions, immigrants and the Occupy movement

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Frayba

(Español) Boletín Frayba: Desaparición, secuestro, tortura, violación sexual y desplazamiento interno a ejidatarios y vecinos de Busiljá

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 26 de diciembre de 2011
Boletín de prensa No. 25

Tortura, práctica recurrente contra pueblos indígenas en Chiapas

Desaparición, secuestro, tortura, violación sexual y desplazamiento interno a ejidatarios y vecinos de Busiljá, adherentes a La Otra Campaña.

Funcionarios del gobierno del estado de Chiapas, junto a integrantes príistas responsables de  violaciones a los derechos humanos.

Este Centro de Derechos Humanos ha documentado las violaciones graves a los derechos humanos  como la desaparición, secuestro, tortura, detención ilegal, violación sexual y desplazamiento interno cometidas por funcionarios estatales e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en contra de varias familias tseltales originarias del ejido Busiljá, municipio de Ocosingo, e integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Genaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.

De acuerdo a la información recibida por el Centro, Elías Sánchez Gómez (en adelante Elías) fue detenido el pasado 7 de diciembre de 2011, aproximadamente a las 9:00 hrs., cuando se encontraba con su esposa María Esther Hernández Gómez y su hijo trabajando en su terreno. En la detención participaron dos policías estatales y 15 integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del ejido Busiljá, quienes lo golpearon de manera reiterativa en la parte abdominal del cuerpo; al mismo tiempo tres personas se llevaron a su esposa, entre ellas Herlindo López Pérez del ejido Cintalapa, Ocosingo. En su testimonio, Elías refiere que en el momento de la detención escuchó su esposa que gritaba por las agresiones de los perpetradores quienes la amenazaban con violarla sexualmente.

Posteriormente Elías manifiesta que lo llevaron a una montaña en donde lo seguían golpeando, luego lo llevaron a la carretera que va a Palenque, en donde se encontraba más gente de Busiljá, lo siguieron golpeando, lo subieron a una camioneta de la policía del estado de Chiapas y refiere que: ?Cuando llegué a la carretera había más gente, ahí me dijeron todos van a ir a la cárcel, les decía porque me hacen esto, si sólo estoy trabajando; ésta no es tu tierra, no te quiere la comunidad y me taparon la boca. Luego me subieron a la camioneta y tres personas de nombre: Herlindo del ejido Cintalapa, Juan Morales, agente auxiliar de Busiljá y Domingo comisariado ejidal de Busiljá se sentaron en mi espalda?.

Acto seguido a Elías lo llevaron a dos lugares distintos en Palenque; un de los lugares que pudo identificar fue el Ministerio Público, donde le quisieron tomar su declaración, al negarse, fue golpeado con puños y patadas: ?En el ministerio publico de Palenque hay un cuartito, ahí me llevaron y me golpearon en las costillas y querían que dijera dónde estaba mi papá, esto mientras el Ministerio Público hacía los documentos, los que me golpearon estaban vestidos de civil y estaban los tres de Busiljá que se vinieron en la camioneta encima de mí, fueron los policías los que me golpearon, empezaron a dar patadas, preguntando ?¿dónde está tu papá??, me sacaron y no di declaración?.

Ante la negativa de Elías de dar su declaración desde el 7 de diciembre de 2011 fue trasladado al Centro de Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No. 17 Playas de Catazajá, (CERSS No. 17) donde se encuentra actualmente recluido en condiciones de hostigamiento y sometimiento a tratos crueles e inhumanos por parte de ?los precisos? que mantienen un estado de ?control? al interior de los penales en complicidad con las autoridades penitenciarias.

Este Centro ha documentado que la esposa de Elías durante el evento del 7 de diciembre de 2011,  fue llevada por Herlindo López Pérez, Domingo López Hernández y otra persona en un lugar apartado y ahí la violaron sexualmente.  Ella refiere que seis meses antes fue víctima de hostigamiento por parte de los integrantes del PRI de Busiljá, quienes le decían de ?cosas? y le cerraban el camino.

En este mismo evento, el 7 de diciembre de 2011, una familiar de Elías, fue violada sexualmente y agredida cuando pretendía auxiliar a la esposa de Elias, por tres sujetos a quienes identificó plenamente como Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Sánchez y Juan Sánchez Morales quienes  durante la agresión Manuel le decía, ?no llores porque te lo mereces, eres mujer?, y Benjamín ?háganlo tan fuerte que así lo merece, porque no deja la parcela?.

El mismo 7 de diciembre de 2011, integrantes del PRI acompañados por cinco elementos de la policía estatal allanaron las casas de Elías Sánchez Gómez (padre), Elías Sánchez Gómez (hijo), José Sánchez Gómez, Fausto Sánchez Gómez y Felipe Sánchez Gómez.

Anteriormente, en otro evento relacionado, el pasado el 17 de julio de 2011, a las 1:00 hrs., en el ejido Busiljá, Ocosingo los Sres. Domingo Gutiérrez Hernández, Herlindo López Pérez, Benjamín Gómez Sánchez, Manuel Pérez Vázquez, Lorenzo Pérez Gutiérrez y Juan Sánchez Morales, quienes iban acompañados por 15 elementos de la Policía Estatal Preventiva irrumpieron en el domicilio de la señora Elena Morales Gutiérrez llevándose a su hija Gabriela Sánchez Morales, de ocho años de edad, por lo cual presentaron una denuncia ante el Ministerio Público de Ocosingo, éste hasta el momento, no ha hecho nada para ubicar el paradero y devolver a la niña a su familia.

El 7 de diciembre Elena Morales Gutiérrez vio a su hija en el domicilio de Benjamín Gómez Sánchez, donde la tienen con vigilancia y con el apoyo de la policía a las orillas del ejido de Busiljá, a veinte minutos de su casa. Avisado al Ministerio Público de Ocosingo, éste hizo caso omiso ?invitando? a los familiares para que ellos como familiares fueran a rescatar de manera personal su hija ?mejor vayan con mi jefe porque nosotros no sabemos nada, y si ustedes saben en donde está la niña vayan a quitárselos porque nosotros no tenemos autorización?.

En otro evento Pablo Sánchez Gutiérrez, joven de 15 años de edad, desapareció el 4 de octubre de 2011, en el barrio Las Lomitas, Ocosingo, cuando iba a comprar tortillas. Pablo es también familiar de Elías y su desaparición, según testimonios, se da en el marco de hostigamiento y amenazas a sus familiares.

En los eventos citados, las víctimas han identificado plenamente la participación de por lo menos nueve personas originarias del ejido Busiljá y a tres del ejido Cintalapa: Herlindo López Pérez, Manuel Pérez Vázquez, Domingo Gutiérrez Hernández, Benjamín Gómez Sánchez, Floriberto Gómez Moreno, Manuel Sánchez Morales, Mario Sánchez Gómez, Miguel Gómez Pérez, Alonso Gómez Pérez, además de por lo menos cinco elementos de la policía estatal y un Ministerio Público.
Por tal razón exigimos al Estado mexicano, en específico al gobierno estatal y a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas:

Investigar de forma urgente los hechos denunciados por los integrantes de La Otra Campaña del ejido Busiljá del municipio de Ocosingo y de manera inmediata garantice la integridad personal de la niña Gabriela Sánchez Morales hija de Elena Morales Gutiérrez.

Investigar y sancionar la participación de los integrantes del PRI, en complicidad con la Policía Estatal de Chiapas, del Ejido de Busiljá en los eventos denunciados.

Castigo a los responsables de las amenazas, hostigamiento, detención ilegal, tortura, violación sexual y desplazamiento forzado  efectuados en contra de las familias integrantes del Frente de Ejidos en Resistencia Génaro Vázquez Rojas, adherentes a La Otra Campaña.

Implementar de manera urgente las medidas que garanticen y protejan la vida e integridad personal de las siete familias que se encuentran desplazadas del ejido Busiljá.

Propiciar las condiciones necesarias y adecuadas para el retorno de las familias que se encuentran actualmente desplazadas, en plantón permanente, en el zócalo de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

La liberación de Elías Sánchez Gómez (hijo) que se encuentra injustamente detenido en el CERRS No. 17 de Playas de Catazajá, en tanto que se garantice y proteja la integridad y seguridad personal, se brinde trato digno y humano a Elías Sánchez Gómez, recluidoen dicho penal.

De acuerdo a lo aquí denunciado, este Centro de Derechos Humanos considera que la situación urgente en el Ejido Busiljá implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales de carácter inderogables y protegidos por los instrumentos internacionales como son el derecho: a la vida, a la integridad y seguridad personal, a la libertad personal, protección judicial y debido proceso;  así como, a la observancia de Los Principios Rectores del Desplazamiento Interno, que definen los derechos y garantías ante el desplazamiento forzado, por lo que se está violentando el respeto y asistencia para la vigencia de los derechos a la libertad de  transito y de residencia; conocimiento de destino y paradero de familiares; intimidad, privacidad y vida familiar; goce y ejercicio de personalidad jurídica; propiedad e integridad de los bienes entre otros.

Antecedentes
Este Centro de Derechos Humanos ha documentado la situación en la región donde se encontraba la familia de Elías Sánchez Gómez, hoy privado arbitrariamente de la libertad en el CERRS No. 17. Los familiares de Elías han sido objeto de desplazamientos forzados desde 1997, 2001 y 2006 por un grupo de integrantes del PRI vinculados a la organización Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), que han actuado bajo el cobijo de la policía estatal de Chiapas y demás funcionarios estatales que tienen interés en el territorio de los pueblos indígenas, situaciones que este Centro de Derechos Humanos ha denunciado sin que se hayan resarcido sus derechos.

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Frayba

(Español) Palabra del Frayba en el XIV aniversario de Acteal

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
22 de diciembre de 2011

La Memoria como construcción de dignidad e identidad

Han pasado 14 años del 22 de diciembre de 1997, cuando en el campamento de desplazados denominado Los Naranjos, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, se perpetró el asesinato de 45 indígenas tsotsiles (14 niñas, 19 mujeres, cuatro niños y ocho hombres), además cuatro que aún no nacían, pertenecientes a la Organización Sociedad Civil Las Abejas, por un grupo de personas quienes iban con armas de fuego, incluyendo las de uso exclusivo del Ejército mexicano. Mientras ocurría la masacre, elementos de la entonces Policía de Seguridad Pública se encontraban a escasos 200 metros del lugar de este crimen de lesa humanidad.

En el curso de los años el Estado, en lugar de esclarecer los hechos, castigar los autores materiales e intelectuales de la masacre, deslindar la responsabilidad directa en el planear y ejecutar los actos de los perpetradores, continúa ocultando y distorsionando la verdad, alimenta la impunidad y permite una situación de violencia generalizada, de violación sistemática a los derechos humanos – contra hombres, mujeres, niñas y niños – como lo muestra el estado en que actualmente se encuentra el país, en un descontrol social, donde se utilizan las fuerzas armadas en tareas de orden público y se permite el operar impune de grupos criminales y paramilitares, en contra de quienes defienden y reivindican sus derechos. Un ejemplo son las agresiones y asesinatos contra defensores, entre ellos integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Ante el vacío y la denegación de justicia, ya que es evidente que el Estado no es capaz de garantizarla; la sociedad, los pueblos, van construyendo otras formas de ejercerla; una de ellas, es a través de la memoria, que recorre una y otra vez en el tiempo la verdadera práctica de identidad, el ejercicio de los derechos y también diversas acciones para que los crímenes ocurridos en el pasado no se olviden ni queden impunes, y en ese sentido, que abonen para que no vuelvan a repetirse.

Los pueblos miran la realidad con el ojo de la memoria; promueven y participan en intercambios de experiencias que los conducen hacia una manera de vivir con dignidad, conciencia y autonomía. Han  aprendido a ver la explotación institucionalizada, de la destrucción de la naturaleza y del medio ambiente, del despojo. Se vive así la necesidad de un cambio para el ejercicio de los derechos humanos, a través del trabajo que personas, comunidades, organizaciones y movimientos realizan.

La memoria es el recuerdo de las personas muertas y desaparecidas quienes, construyendo, han entregado sus vidas. Por ello, un día como hoy, queremos condenar junto con las víctimas de la Masacre de Acteal, todos los crímenes de guerra y de lesa humanidad que han ocurrido en el mundo, las guerras impuestas e inventadas, los ataques paramilitares, la ocupación militar para el control territorial y poblacional.

En Chiapas queremos recordar los desplazamientos forzados que en la segunda mitad de los años noventa han alcanzado la cifra de 12 mil 80 personas en la sola zona Altos y Norte; el asesinato de 86 personas, la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres en la zona Norte. En este día no olvidamos y nombramos también la masacre de El Bosque ocurrida el 10 de junio de 1998, la de la comunidad Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006 y la más reciente en el ejido Miguel Hidalgo, Chincultik, La Trinitaria, ésta cometida durante el ejercicio del actual gobernador Juan José Sabines Guerrero, quien es el mismo que atenta contra el pleno ejercicio de los derechos por parte de los pueblos a través de una supuesta política de derechos humanos.

La memoria nos permite reflejar, ver atrás, no repetir los errores del pasado, romper ese círculo impuesto, continuar en el camino hacia nuestra identidad que es dignidad. El apropiarse de las herramientas que la memoria nos enseña, permite organizarse para las reivindicaciones de nuestros derechos, poder gozar de ellos sin ser sumisos a imposiciones, sino ser sujetos en el ejercicio de la libre determinación y autonomía, en la administración de nuestra tierra y territorio según la relación que con ella hemos venido aprendiendo.

El poder decidir en plena autonomía, obstaculiza planes establecidos entre poderes – como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla-Panamá), la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida (Plan México) entre muchos – que despojan nuestra identidad y vida.

Es por esto que, un día como hoy, a catorce años recordamos a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, su valentía hacia la construcción de otro mundo posible; felicitamos el caminar de casi veinte años de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, que a pesar del miedo y de las dificultades cotidianas, continúa en su compromiso, en el ejercicio pleno de sus derechos y en la búsqueda de justicia con dignidad. Recordamos también a jTatic Samuel Ruiz y le pedimos que interceda ante Dios Padre – Madre, para que sigamos firmes en la lucha por la justicia, la paz y la verdad.

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Las Abejas

(Español) Comunicado de las Abejas, 22 de Diciembre de 2011

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Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Ch’enalvo’, Chiapas, México.

22 de diciembre del 2011

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas

A todos los Defensores de los Derechos Humanos

A la prensa Nacional e Internacional.

A la Sociedad Civil

A la Otra Campaña y

A la Opinión Pública

Hermanos y hermanas:

Queremos darles la bienvenida a esta su casa, que desde varios pedazos del planeta tierra platicaron con su pensamiento y corazón para que sus pasos se juntaran con otros muchos pasos y encontrarse aquí sobre la madre tierra en Acteal. Nuestro corazón se alegran por ver otras y otros corazones presentes. Hoy, aquí se abrazan y se saludan luchas y resistencias. Juntos venimos a hacer memoria y pedir fuerzas para seguir caminando sin detenernos.

Aquí en Acteal justo por donde descansan los 45 cuerpos de nuestras hermanas y hermanos, hace un poquito más de 14 años, nuestro hermano Alonso Vázquez uno de los catequistas masacrados, soñó que aquí en Acteal habían milpas hermosas, muchas calabazas, era todo bonito. Su sueño para nosotras significa este encuentro, esta conmemoración que se han repetido durante 14 años y durante 14 veces 12.

Hoy no hacemos fiesta como cuando se inauguran obras o migajas que entrega Juan Sabines Guerrero a comunidades y personas no organizadas. No estamos haciendo una fiesta para lanzar un candidato en busca de un hueso en el 2012. No. Sino, que hoy hacemos una conmemoración de un hecho vergonzoso cometido por el estado mexicano aquí en Acteal. Aunque también nuestro corazón hoy siente dolor, pero al mismo tiempo nace alegría y esa alegría se transforma en fiesta, pero en una fiesta por nuestros logros y trabajo por la paz y la justicia durante casi dos décadas de nacimiento de Las Abejas. Esta conmemoración que hacemos no es un teatro o un acto político con intereses electorales y económicos, sino, por los caídos de Acteal y las víctimas de guerra de un gobierno represor y antidemocrático de México.

En estos largos 14 años el mal gobierno gracias a su impunidad y su estrategia de desgaste y política de olvido ha permitido que los amigos de los paramilitares, el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), Hector Aguilar Camín, Manuel Ansaldo Menéses (dirigente del Frente Cardenista un partido político de paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal) y algunos pastores evangélicos como Hugo Erick Flores también dirigente de la asociación política Encuentro Social y amigo de Zedillo; hayan aprovechado la negligencia del estado para promover mediante una campaña mentirosa la liberación de los paramilitares autores materiales de Acteal. La negligencia y omisión del Estado Mexicano, ha hecho que la masacre de Acteal se pisotee y se manipule con intereses políticos y económicos. Recordamos que la Suprema Corte de Injusticia de la Nación también alimentó la impunidad al liberar hasta hoy a 44 personas responsables materiales de la masacre.

A 14 años de Acteal, vemos que el gobierno de Felipe Calderón y de Juan Sabines Guerrero no han hecho justicia más que burlarse de nuestra organización y lucha. El gobierno federal y estatal para nada quieren la justicia, la paz, la libertad. No sólo no quieren hacer justicia, sino que están continuando con las políticas de los gobiernos anteriores y todavía peor. Calderón es ahora responsable de la muerte de más de 60 mil compatriotas a causa de su “guerra contra el narco”. Y Juan Sabines sigue entregando a las trasnacionales minas y recursos naturales de Chiapas además de ser un represor de pueblos organizados, de defensoras y defensores de derechos humanos.

Hoy volvemos a desmentir la demanda contra Zedillo hecha a nombre de 10 “sobrevivientes de Acteal”, que no quisieron dar a conocer su identidad; porque para nosotros solo busca el olvido y burla a la memoria y dignidad de nuestros hermanos y hermanas masacradas. Estas personas quieren vender la sangre de nuestros muertos, porque la demanda sólo es de carácter civil y no penal. Aclaramos que si queremos castigo a Zedillo por su responsabilidad en este crimen de estado, pero no queremos que se profane el respeto y memoria que se merecen los mártires, con intereses oscuros, electoreros y económicos.

Queremos subrayar que se confirma lo que siempre hemos dicho: la masacre de Acteal es un crimen de estado como lo señala el documento de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en la Procuración y Administración de Justicia en el Estado y aquellos cometidos en el Poblado de Acteal, que en su “balance” dado a conocer en la corte de Estados Unidos, concluye que la matanza de Acteal es responsabilidad del gobierno estatal y federal.

Y tienen nombres y responsabilidades concretas: Ernesto Zedillo, Emilio Chuayffet, Julio César Ruiz Ferro, Homero Tovilla Cristiani, Uriel Jarquín Galvez, Jorge Enríque Hernández Aguilar, David Gómez Hernández, Antonio Pérez Hernández y los altos mandos militares: Gral. Enríque Cervantes y Gral. Mario Renán Castillo, son los principales autores intelectuales de la masacre de Acteal.

En este recuento largo de la impunidad en el caso Acteal, queremos denunciar abiertamente que a 14 años siguen las amenazas en contra nuestra, porque ya están aquí los paramilitares paseando libres, gozando de sus regalos que les otorgó Sabines. A 14 años no ha habido tranquilidad en nuestras familias, al contrario los paramilitares que nos quemaron nuestras casas, robaron pertenencias y masacraron a nuestros papás, hermanos, hermanas y hermanitos, quieren volver a desplazarnos y masacrarnos, al respecto les vamos a contar sólo 2 casos más recientes:

1) Hace menos de 2 semanas en la colonia Miguel Utrilla Los Chorros conocido como cuna de los paramilitares, un compañero nuestro fue amenazado verbalmente por un paramilitar con estas palabras “si siguen denunciando a nuestros familiares presos por Acteal, vamos a ver si no huyen otra vez como pasó en el año de 1997”. Este paramilitar está muy molesto porque sus familiares no han logrado su liberación a pesar del plantón que mantienen en la Ciudad de México.

  1. Otro caso muy delicado y preocupante es sobre los cortes de luz que sufren miembros de nuestra Organización. Nuestro acuerdo como Organización Las Abejas es resistencia al pago de la luz, pues el gobierno federal nos debe mucha justicia. Pero vemos riesgos en la comunidad de Javalton. porque por esta resistencia, los priístas amenazan a las Abejas y realizan cortes de luz y robo de cable. Nuestra Mesa Directiva y Juez de Las Abejas han intervenido como es nuestra costumbre y también por escrito para buscar arreglo de esta situación. Sin embargo, las autoridades tradicionales como agente rural, juez municipal y presidente municipal, no han hecho caso de nuestras solicitudes de llegar a arreglos. La actitud de autoridades oficiales es hacer caso omiso como sucedió en Acteal. Al contrario, el mismo agente rural amenaza a la familia de Las Abejas y les reclama que hayan señalado a los autores materiales de la masacre. Con esa actitud de las autoridades, el riesgo es que las agresiones verbales y físicas puedan darse en cualquier momento. También el riesgo de que la gente se desplace, porque no hay respeto ni seguridad para las familias Abejas.

Estos dos hechos, tienen relación, porque en ambos casos tanto el agente rural de Javalton como el paramilitar de la Col. Los Chorros hablan del tema de los presos por Acteal y ambas personas presionan en dejar de exigir justicia por el caso Acteal. Está muy claro que a 14 años no solamente no se ha hecho justicia por la masacre y los hechos previos a ella, sino que están planeando qué van a hacer para acallarnos. Porque saben que ahí tienen sus armas, porque nunca el mal gobierno desarmó a los paramilitares. Y además dicen que ya no temen ir a la cárcel, porque el gobierno los libera y al contrario salen con regalos y con mucho dinero.

A 14 años de Acteal los paramilitares de Chenalhó se están reactivando, mientras en el Norte del país siguen habiendo más muertes por la guerra de Felipe Calderón. Desde Acteal levantamos nuestra voz y gritamos indignados por la muerte del compañero Nepomuceno Moreno Muñoz, convertido durante el último año en activista social, que por luchar y exigir justicia, lo matan también a él. Otro caso es el de Trinidad de la Cruz a quien Policías federales abandonaron a a su suerte en lugar de protegerlo Y el hecho reciente del gobierno de Guerrero que permitió el asesinato de dos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero; ¿Qué se puede esperar de un mal gobierno? !Nada justo! Del mal gobierno de Felipe Calderón sólo se espera represión, burla, engaño, robo de nuestros recursos naturales y muerte.

Hermanos y hermanas, esto es un poco de lo que les compartimos de la enfermedad que padecen nuestras comunidades y país por los malos gobiernos. Al respecto exigimos:

  • Castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal.
  • Exigimos investigación y justicia por la muerte de nuestro compañero Nepomuceno Moreno Muñoz y de Trinidad de la Cruz y demás luchadores y luchadoras sociales asesinados.
  • Castigo a los policías que mataron a los 2 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero.
  • Reconexión inmediata de la luz de nuestro compañero de la comunidad de Javalton, si el presidente municipal no interviene y por su omisión propicia desplazamiento y masacre como hizo su antecesor Jacinto Arias Cruz, también será el responsable y tendrá que responder ante la justicia.

A 14 años de Acteal, la lucha por la paz y la justicia, continúa. Hermanos y hermanas juntemos nuestros pensamientos y luchas. Estamos convencidos que la justicia no va a venir de allá arriba, sino, que el pueblo organizado es el que va a decir cómo debe de ser la justicia y la vida. Aunque muchas personas equivocadas nos difamen y calumnien, practicaremos siempre el respeto entre todas y todos, para vivir en equilibrio y armonía entre el hombre y la mujer y la naturaleza.

ATENTAMENTE

La voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas

Por la Mesa Directiva:

Mariano Pérez Vázquez Juan Vázquez Luna
José Ramón Vázquez Entzín Victorio Pérez Paciencia

Mariano Pérez Sántiz