Radio Zapatista

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A todos los medios de comunicación,
A las organizaciones sociales,
Al Congreso Nacional Indígena,
Al Consejo Indígena de Gobierno,
A la población en general,

Comunicado:

La comunidad indígena de Santa María Ostula exige la inmediata liberación de los siguientes jóvenes,Juan Manuel Zambrano Santos, Aldo de Jesús Nasario, Juan Felipe Serrano Buelvas y Sergio Arceo Guzmán originarios de esta comunidad.

Estos jóvenes, normalistas de reciente ingreso de la Escuela Normal Indígena de Michoacán, fueron detenidos junto con otros 19 estudiantes mientras se trasladaban en un autobús de la empresa Parhíkuni.

Como parte del legítimo derecho a la protesta, los estudiantes se encontraban rumbo a realizar una acción en contra de las irregularidades existentes en el proceso de ingreso de la Normal mencionada, así como en otros casos de Tiripetío y Arteaga, las otras dos escuelas de este tipo en la entidad.

Debido a una denuncia de robo, emitida por la empresa, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y efectivos de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público de la misma institución, realizaron un operativo en conjunto con la División Estatal de Caminos de la Policía Michoacán el día de ayer, 10 de septiembre en el tramo de la caseta de cobro del municipio de Panindícuaro, en la carretera de Occidente.

Fueron detenidas 23 personas que, según reportes mediáticos, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

Sin embargo, queremos subrayar que estos jóvenes no robaron ningún vehículo ni son delincuentes, son estudiantes y estaban trasladándose en un autobús en calidad de préstamo, ya que el presupuesto estatal y federal para apoyo a estudiantes es casi inexistente y no hay presupuesto para traslados.

Exigimos que sea retirada la demanda de robo y que se les ponga en inmediata libertad, ya que el operativo y su detención son injustificadas.

También condenamos la acción violenta por parte de la Policía Michoacán al lanzar un autobús de la institución en contra de estudiantes normalistas de Tiripetío que se manifestaban pacíficamente por la libertad de sus compañeros. El terrible ataque ocurrió la mañana de este 11 de septiembre en la carretera Morelia-Pátzcuaro, dejando a 9 estudiantes lesionados.

El gobierno estatal encabezado pro Silvano Aureoles ha tenido una política represiva contra cualquier acción de protesta, esta ha sido su respuesta a la demanda de mejoras en la educación.

En caso de no dejar en inmediata libertada los estudiantes detenidos la comunidad indígena de Santa María Ostula, tomará las acciones necesarias para conseguir este objetivo, en apoyo a la educación crítica y popular de Michoacán.

¡Nunca más un México sin nosotrxs!

Comunidad indígena de Santa María Ostula

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Chiapas, México. 11 de septiembre 2020.

“Ellos dieron 24 horas para que les solucionen y en caso contrario realizarán más destrozos en nuestro territorio hasta llegar a la casa Ejidal”, denunciaba el Ejido Tila ayer 10 de septiembre. Hoy el grupo de choque liderado por Arturo Sánchez Sánchez, cumplió su palabra. Mientras los indígenas choles del Congreso Nacional Indígena (CNI), pretendían desbloquear un camino ejidal tomado por el grupo de Arturo Sánchez, fueron recibidos a balazos, causando la muerte de un ejidatario y varios heridos.

“En el año de 1996 a 1998 Arturo Sánchez Sánchez, es líder paramilitar de Paz y Justicia que hoy hace lo mismo provocando en nuestro ejido de la misma manera introduciendo maquinarias”, señalaba en su comunicado el ejido Tila. “Hoy en día siguen solicitando el estado de derecho para desalojarnos como que estuviéramos invadiendo tierras que no nos corresponde. hemos estado revisando todas las mentiras que han subido en los medios”, aclaraba el ejido Tila, para desmentir al grupo de choque que pretende despojarlos de sus tierras y regresar al ayuntamiento expulsado en diciembre de 2015.

“Para intimidar a los ejidatarios desde que iniciaron la demolición del portón, ha habido detonación de armas de diferentes calibres por jóvenes encapuchados y contratados por el mismo ayuntamiento municipal para acompañar a este grupo paramilitar”, explicaban los indígenas en resistencia, sobre los hechos violentos que han venido padeciendo desde hace quince días. “Esta provocación es financiada por el actual presidente Limber Gregorio Gutiérrez Gómez y el gobierno del estado, violando los amparos federales. Núm. 890/1977, así como el amparo que protege la carretera es 272/2012, así mismo violando el amparo 259/ 1982 donde menciona que la justicia de la unión ampara y protege al ejido quejoso y violando los art. 2 y 39 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Hoy 10 de septiembre nuestro ejido es provocado por Arturo Sánchez Sánchez y su hijo Francisco Arturo Sánchez Martínez y otros que le siguen como los propietarios de taxis y urban que van Villahermosa y algunos propietarios de taxis piratas así como el Aurelio alias el Cañón, y otros que son agremiados al pirataje, cabe mencionar que acompañan los propietarios de camiones de carga para construcción (volteos) que han provocado dentro de nuestra población acompañados con grupos encapuchados para según recolectar basura”, evidenciaban los ejidatarios del CNI.

“Les pedimos a todas y todos los compañeros al Congreso Nacional Indígena y al Consejo Indígena de Gobierno y todas las organizaciones no gubernamentales que estén al pendiente por lo que puede suceder en nuestro ejido tila con la presencia de la guardia nacional defendiendo la corrupción que se lleva mas de 72 años de mentiras con diferente documentos falsos”, es el clamor de los indígenas choles ante la campaña de desprestigio en su contra por redes sociales y medios de paga.

COMUNICADO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020:

https://laotraejidotila.blogspot.com/2020/09/cercados-y-con-fuertes-amenazas-de.html?fbclid=IwAR08w2iSR0_p6dC28lGfDrYpiVJeRICbIN9bWRsdReKE6v3LMWDto1DxsJM

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Comunicado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua
Morelos-Puebla-Tlaxcala

10-09-20

● DECLARACIÓNES DEL GOBIERNO FEDERAL SON MENTIRAS: NO ESTAN TODOS LOS AMPAROS RESUELTOS, APENAS SE HA RESUELTO EL 8% DE MANERA DEFINITIVA, EXISTEN VIGENTES 6 SUSPENSIONES
● ALERTA DE DERECHOS HUMANOS: LA DECLARACIÓN DEL PRESIDENTE IMPLICA UN AVISO DE REPRESIÓN VIOLENTA EN CONTRA DE QUIENES ESTAMOS LUCHANDO CONTRA EL PIM
● OMISIÓN DE JUSTICIA: NO SE HA RESUELTO EL CASO DE SAMIR Y LAS VIOLACIONES A LOS DDHH COMETIDOS POR EL PROYECTO
● PEDIMOS DIALOGO PUBLICO: PRESIDENTE, QUEREMOS, UNA HORA DE DIALOGO EN SU MAÑANERA

El día de hoy 10 de septiembre, en su rueda de prensa mañanera, Andrés Manuel López Obrador declaró que la termoeléctrica en Huexca estará ya funcionando para el mes de diciembre ya que “TODOS LOS PROCESOS LEGALES SE HAN RESUELTO”.

Andrés Manuel utiliza su posición de poder para mentir, manipular y violar la ley para impulsar un proyecto que hemos demostrado los pueblos afectados tanto desde lo legal como en lo ambiental los graves daños que traerán a las personas y a los territorios que habitamos cerca del volcán Popocatépetl.

El presidente dice que todos lo procesos legales están resueltos, que ya no hay problema legal, le decimos que deje de mentir, no es cierto, el Proyecto Integral Morelos de los 17 amparos activos que matenía en el primer semestre del 2020 se mantienen 15 amparos, solo el 8.5% se ha resuelto de manera definitiva, de las 8 suspensiones con efectos definitivos (en lo que dura el amparo y sus recursos), siguen vigentes 6. Los dos que declara la Ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, hoy Secretaría de Gobernación, representan 2 de 8 suspensiones que se resolvieron de una manera muy cuestionable.

Actualmente existen al menos 3 suspensiones de plano que impide el uso del agua para la termoeléctrica de los ejidos de Moyotepec, Tenextepango y Valle Velazquez, 1 suspensión más que impide la descarga de las aguas de purga de la termoeléctrica interpuesto por la comunidad de Huexca, 1 suspensión de plano mas del ejido de Amilcingo que impide el funcionamiento del Gasoducto Morelos y otras mas que, mas que suspensión, es una sentencia que amparó a las comunidades de Atlixco con el Gasoducto Morelos ordenando se realice la consulta, siendo el caso que la consulta no ha finalizado y por lo tanto no se puede volver a violar su derecho a una consulta libre, previa, de buena fe y adecuada culturalmente. En total seis suspensiones de hecho, 91.5% de los procesos abiertos está lejos de haber llegado al final del debate jurídico nacional.

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ROMPIENDO FRONTERAS

WALLMPU CHILE:Jornada Global de agitación  por los presos de la revuelta. Fuente: Kurruf, OPAL. Presentacion de la campaña por la libertad del Compa Emilio. Un luchador social chileno injustamente preso en México. Campaña por su libertad
EUA PORTLAND: 100 días de revuelta y protesta callejera, antipolicial y anti sistemica en Portland: Es asesinado por la policía el antifascista, Michael Reinoehl, que había matado a uno de los fascistas de los Patriot Prayers en Portland.kolektiva.media democracynow
MEDITERRANEO: Un velero llamado Loise Michel para rescates humanitarios de migrantes apoyado por Bansky y navegantes veganos. Por Submedia TV

BREVES:

MUNDO:Amnistía Internacional: Más de 7.000 trabajadores de la salud han muerto durante la pandemia a nivel mundial, 1.300 de ellos en México
EUA: Muere antropólogo y activista del movimiento Occupy Wall Street, David Graeber, a los 59 años de edad

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

JUAREZ: Reprimen maniestacion feminista en Juarez que se solidariozan con manifestaciones reprimidas en Leon Guanajuato. Detienen a 22 y tras protestas de solidaridad son liberadas.
CHIHUAHUA: Destacada activista transgénero fue encontrada muerta en México.
CDMX: Toma de la CNDH por familiares de victimas y grupos feministas. Crean una casa refugio- okupa. El gobierno acusa de vandalismo la protesta.
CDMX LUCHA POR LA VIDA: Rodada Axolot en defensa de los humedales de Xochimilco y y rumbo a las rodadas del 19s solidaridad sobre ruedas. Jumperez
CDMX: Entrevista al colectivo y a la Exposicion Huellas de la Memoria.

BREVES

ESTADO DE MEXICO: Ataques de grupos violentos y partidistas del PRI en San Salvador Atenco

Música:

Quememos el reino – Camila Moreno
Espérame que vuelvo – Opal
Hunaac-cel – #RaptículoDeOpinion

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282 familias pertenecientes al Pueblo Maya Tsotsil, se encuentran en riesgo para la vida, seguridad e integridad por ataques armados.

Amenazas, agresiones y difamaciones vulneran el derecho a la libre expresión y organización del Comité Chalchihuitle.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba), manifiesta su preocupación por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 1,237 personas en desplazamiento forzado, que conforman 282 familias, en 10 comunidades del Pueblo Maya Tsotsil, en el municipio de Chalchihuitán, Chiapas, México.¹ Debido a que los ataques con armas de fuego, perpetrados por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Chenalhó, persisten durante el confinamiento por Emergencia Sanitaria de Covid 19, ante las omisiones del Estado mexicano.² Además continúan las amenazas, agresiones y difamaciones hacia las y los integrantes del Comité Autónomo de Desplazados Forzados InternosChalchihuitle (Comité Chalchihuitle)³ y hacia diez familias de Cruz K’ak’alnam, quienes en su mayoría son niñas, niños, mujeres y personas mayores.

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Por Eugania López | Avispa Mídia
Foto de portada: Foto especial de paramilitares 2018 (Avispa Mídia)

Un ataque realizado por un grupo civil armado de corte paramilitar procedente de Santa Martha, Chenalhó, Chiapas, provocó al menos dos heridos en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, el pasado 4 de septiembre, denunció el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Los indígenas tsotsiles Juan Pérez Gutiérrez de 27 años y Mario Pérez Gutiérrez de 22 fueron agredidos con armas de fuego alrededor de las 10:45 horas, por disparos provenientes de un punto conocido como T’elemax, cerca de salón Santa Martha, Chenalhó.

También se reportaron disparos en Ch’ayomte’ Aldama, provenientes del punto conocido como Tijera Caridad, Chenalhó.

“Esta situación crea un ambiente de terror a la población de 13 comunidades ubicadas en los límites de Aldama y Chenalhó. Insistimos que con la contingencia nacional por el COVID- 19, aumenta el riesgo en el que se encuentran en su mayoría mujeres, niñas, niños y personas mayores en situación de alta vulnerabilidad”, alertó el Frayba.

El Centro de Derechos Humanos urgió al Estado mexicano a que fueran investigadas y sancionadas las agresiones. Además, que accionara medidas de precaución para evitar hechos difíciles de reparar como el derecho a la vida, seguridad e integridad personal y el escalamiento del desplazamiento forzado.

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El gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

Este NotiFrayba está dedicado a las más de 73 mil personas desaparecidas e México.

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Caravana nacional por una vida digna para los pueblos indígenas.
¡Alto a la guerra narco-paramilitar contra los pueblos indígenas de México!

Como hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos y abuelas de nuestras comunidades indígenas que somos; Na Savi, Me´pháá, Nahua, Ñamnkué, Mestizos y Afro mexicanos del estado de Guerrero, y que estamos organizados en el Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en conjunto con nuestros pueblos hermanos del Frente Nacional Por la Liberación de los Pueblos (FNLP) y la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.), no olvidamos que sufrimos una guerra en contra nuestros pueblos. Una guerra que inicio hace 527 años y que se continúa, gobiernos van, gobiernos vienen, son de un color, de dos colores o de tres colores, no importa; su patrón es el mismo.

Seguimos muriendo de hambre, por falta de hospitales y médicos y por la miseria, pero no solo; literalmente nos están asesinando. Como si fuéramos animal, como si fuéramos algo que no vale, que no es humano. Los narco-paramilitares nos cazan en los caminos, en nuestras casas y nuestras familias, tienen que huir, son los que se llaman desplazados, y ahí van, caminando desterrados de su tierra, comunidades enteras sin casa, con el dolor de sus familiares asesinados, y sin saber si comerán mañana o si podrán dormir bajo un techo, peor que animales.

Este mal es provocado por los malos gobiernos al solapar y permitir a los grupos narco-paramilitares en nuestros pueblos de la Costa Grande, en Chilapa, y en la Sierra de Guerrero, y bien sabemos que por lo menos también pasa en los estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas.  ¿Y cuántos de nuestros hermanos que están desaparecidos? Y no es que se perdieron, es que les hicieron un mal, y lo hicieron con plena impunidad, lo hicieron en el día, en lugares públicos y no pasa nada.

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Fuente: Frayba

• Más de 73,000 personas están desaparecidas en nuestro país

La desaparición forzada de personas en México se profundizó desde el año de 2006, en un contexto de desaforada violencia que inició el expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, continuada por el expresidente Enrique Peña Nieto. El actual gobierno de Andrés Manuel López obrador mantiene una deuda histórica con las víctimas de desapariciones forzadas, sin poder detener esta grave violación a derechos humanos.

En nuestro país las desapariciones forzadas están vinculadas a la violencia estructural del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de Seguridad Pública. La crisis de este crimen de lesa humanidad se ha extendido a agentes no estatales como son los grupos paramilitares y el crimen organizado en todas sus formas de expresión, son perpetradores cuyas acciones se enmarcan bajo el cobijo de las instituciones en sus tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal).

Frente a estas situaciones es necesario que emerja la verdad en medio de la impunidad, como en el caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero y las 37 desapariciones forzadas cometidas por el grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia en la zona Norte de Chiapas, éstas derivadas de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano hacia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional entre los años de 1994 al 2000.

Los gobiernos anteriores no habían reconocido la desaparición forzada como una política de Estado sistemática, generalizada y transexenal, por ello el gobierno de Andrés Manuel López Obrador generó expectativas en las familias de las víctimas, reconociendo públicamente la existencia de esta crisis de derechos humanos en México, sin embargo a dos años de haber ganado las elecciones, las acciones para afrontarla son insuficientes y no han sido efectivas.

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