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30 DE ABRIL “DÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTES” EN MÉXICO

1924-2019

La conmemoración del niño y la niña tiene su origen en la devastación causada por la primera Guerra Mundial, y en México se conmemora el 30 de abril. Eglantyne Jebb luchó para hacer visibles los efectos de este periodo bélico en esta  vulnerable población, y de sus denuncias se desprendieron la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del niño en 1989.

En febrero de 1924 la Liga de las Naciones acordó la Primera Declaración de los Derechos de los Niños, conocida como declaración de Ginebra, propuesta  redactada por Eglantyne en cinco puntos con una base científica de investigación y observación de los efectos de la guerra en los niños y niñas. Partiendo de estos antecedentes, es necesario reconocer que en la actualidad no hay razones para celebrar, pues las condiciones de participación, protección, supervivencia y bienestar de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país son más bien preocupantes. Convertir esta conmemoración en celebración contribuye a invisibilizar la situación que vive la infancia en México, y fortalece la omisión institucional y de las autoridades que en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

El informe anual 2017 de la UNICEF muestra que en México residen 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, lo que representa el 32.8% de la población total.  La mitad de ellos viven en la pobreza,  y dos de cada diez en pobreza extrema. Por otro lado, a pesar de los avances en materia educativa, más de cuatro millones de niñas, niños y adolescentes están fuera de la escuela y más de 600 mil se encuentran en riesgo de dejarla.

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“Lo que nos queda claro es que todos tenemos un mismo enemigo: el Estado.” Esa fue una de las conclusiones expresadas en la síntesis de una de las mesas en el “Festival de la palabra: Por la vida y memoria de nuestros pueblos”, encuentro de dos días organizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y Voces Mesoamericanas, en el marco de su 30 y 10 aniversarios respectivamente. Festival de agravios, pero también de resistencias, de lucha, de creatividad, de vida frente a la muerte.

Tierra y tierrotorio, desplazamiento forzado, migración, represión, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, militarización en el conflicto armado interno, defensorxs de derechos humanos y periodistas, solidaridad y otra justicia… esos son los temas tratados en estos dos días, que reúnen las palabras de pueblos, individuos y organizaciones de muchas geografías de nuestro agraviado país.

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• A más de 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador persiste riesgo a la vida por ataques armados y agresiones en comunidades de Aldama y Chalchihuitán.

La militarización no es la solución a la crisis humanitaria por desplazamiento forzado en la región Altos de Chiapas. En la entidad, la memoria histórica colectiva refiere responsabilidad del Ejército mexicano en crímenes de lesa humanidad. Un ejemplo es la Masacre de Acteal, donde la estrategia de contrainsurgencia paramilitar estuvo diseñada y ejecutada por mandos castrenses quienes financiaron, entrenaron y protegieron a civiles autores materiales del terror que provocó más de 10 mil personas desplazadas, en el municipio de Chenalhó, sólo entre diciembre de 1997 y marzo de 1998.(2)

En la entidad chiapaneca la presencia del Ejército mexicano en las comunidades ha significado múltiples violaciones a derechos humanos de pueblos originarios: abuso sexual y violaciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otras, especialmente en contra de quienes se organizan pacíficamente desde la autonomía. Lo anterior conforma un patrón de exterminio con fuertes impactos psicosociales colectivos.(3)

Desde el pasado se teje continuidad de actores armados de corte paramilitar con vínculos de protección en los tres niveles de gobierno. El actual presidente de Chenalhó, Abraham Cruz Gómez es hijo de Agustín Cruz, originario de Ejido Puebla quien según testimonios bendijo las armas usadas en la Masacre de Acteal. Abraham Cruz fue tesorero de Rosa Pérez, presidenta de Chenalhó quien reactivo a grupos civiles armados de corte paramilitar responsables de la actual crisis humanitaria en la región Altos. Durante el gobierno de Manuel Velasco Coello y el actual de Rutilio Escandón Cadenas, la impunidad persiste.

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Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Nuevamente las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Acteal, nos encontramos en la Tierra Sagrada, para honrar su memoria y demandar justicia para nuestros 45 hermanas y hermanos y más los 4 bebés no nacidos, quienes cayeron a mano de los paramilitares priistas y cardenistas de Chenalhó, por órdenes de los tres niveles de gobierno priista, el 22 de diciembre de 1997.

En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, denunciamos que la masacre de Acteal sigue impune, llevamos más de 21 año sin conocer la verdad, ya hasta la fecha no ha habido voluntad política de garantizar la no repetición de hechos como el de Acteal, al contrario, se siguen asesinando a defensores de derechos humanos y criminalizando la protesta social.

En este Día Internacional del Derecho a la Verdad, volvemos a insistir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ya emita el informe de fondo, lo más pronto posible. Consideramos que una justicia verdadera y digna a la masacre de Acteal, puede dar pie a que otros crímenes cometidos por los gobiernos priistas y panistas, también consigan verdad y justicia.

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A los Pueblos que luchan

A las mujeres y hombres que con su andar, han inundado de dignidad la vida, y dan sentido del caminar del Frayba, que junto a/a lado de ustedes, pulsa la tierra, con sus resistencias que hacen la luz y las rebeldías que nos convocan a no desistir del mundo nuevo que está surgiendo.

El presente informe, recoge la sistematización de la situación en que enfrentan las comunidades y personas en su lucha por la defensa de sus derechos humanos en Chiapas.

El sexenio terminado mostró una crisis de derechos humanos alimentada por la impunidad.

La violencia desbordada se ha propagado en todo nuestro país manteniendo como blanco a la sociedad civil principalmente organizada que defiende su territorio y la vida.

Este documento Frente a la violencia, la espiral de luchas y resistencias trata de esbozar los símbolos en perspectiva histórica de estos 30 años del caminar del Frayba al lado del pueblo organizado, donde se cuentan las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por parte de todos los niveles de gobierno, en particular durante el crítico sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto y del ex gobernador Manuel Velasco Coello, responsables, junto a los poderes fácticos, de ocasionar la profundización de los conflictos, que sitúa a la población en una crisis civilizatoria.

Frente a la ausencia de verdad y justicia, los Pueblos persisten en los caminos de la resistencia construyendo sueños y esperanzas en alternativas frente al olvido y en respuesta a la compleja realidad que se vive en México.

En este recuento se evidencia que el Estado mexicano, a pesar de haber firmado y ratificado diversos instrumentos de derechos humanos, de carácter vinculante, en el ámbito interamericano e internacional, en la realidad no cumple con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas.

Es por ello que las iniciativas autónomas como La Otra Justicia construida desde los Pueblos tiene el propósito de resistir contra el olvido y abonar a la verdad, justicia y no repetición de graves violaciones a derechos humanos. Por tanto los Pueblos no olvidan y señalan los responsables y combaten de frente a la impunidad en México. La memoria es identidad, como una historia construida por sobrevivientes que el Estado no puede silenciar.

Agradecemos a todas y todos los que han dado su palabra que nos alimenta cada día, con su valentía han enfrentado al sistema y lo desafían, por su fuerza denuncian propiciando, organización, comunidad y restitución y resignificación de los pueblo, que generan alternativas de vida la cual nos ha acuerpado en estos 30 años de caminar del Frayba, el cual no sería tal sin las manos y pasos firmes de mujeres y hombres que se tejen en su horizonte de lucha, por lo que reafirmamos nuestro compromiso radical con los pueblos y comunidades con quienes en cualquier rincón de Chiapas, México y el mundo pugnan por la verdad, la justicia y por el cambio profundo del sistema capitalista a nuevos sistemas de vida basado en el Lekil Kuxlejal.

Leer el informe completo:

Escucha la transmisión en vivo del Informe

SAMIR LIVES! THE STRUGGLE CONTINUES!
Declaration from the Third National Assembly of the National Indigenous Congress, the Indigenous Governing Council, and the EZLN

To the peoples of the world:
To those organizations and collectives acting in resistance and rebellion:
To the national and international Sixth:
To the media:

As Ayuuk, Binizza, Chinanteco, Chol, Chontal, Guarijío, Maya, Mayo, Mazahua, Mazateco, Mixteco, Nahua, Nayeri, Otomí, Popoluca, Purépecha, Raramuri, Tepehuano, Tlapaneco, Tojolabal, Totonaco, Tzeltal, Tsotsil, Wixárika, Yaqui, Zoque, and Quichua (Ecuador) peoples, we have come together for the Third National Assembly of the National Indigenous Congress and the Indigenous Governing Council. Today, almost 100 years after the assassination of General Emiliano Zapata, we now face the pain and rage brought by the war waged against our peoples and the murder of our compañero Samir, killed for defending the land and his people. As a national assembly, we send our embrace of solidarity and struggle to his family and the community of Amilcingo, Morelos. As the CNI-CIG and the EZLN, for whom compañero Samir will always be a glimmer of light, we send our solidarity and collective embrace.

Samir was killed by the neoliberal regime—we don’t know if it was the government, the business class, their criminal cartels, or all three together. The path was laid for this cowardly murder by the new federal executive, Andrés Manuel López Obrador [AMLO], through his offers of support not to those below, but rather to the owners of money and power, while making veiled threats against those of us who defend and fight for life. AMLO has promised to hand over to big business and the military elite what neoliberal capitalism and all of its various bad governments never could: our land. His administration’s new Agrarian Development Law aims to dismantle collective organization and collective property forms, deeming as “development” what is actually shameless theft and destruction. This is accompanied by military threats to our peoples via his “National Guard” in what amounts to the total reconfiguration of our country.

What above they call “transformation” has always mean the same thing for our peoples: we give our lives so that powerful and oligarchic interests, fewer and fewer but bigger and bigger, can live off of oppression, exploitation, and destruction. The so-called “Fourth Transformation”[i] follows the same path as the previous three, although more brutally and cynically, if such a thing is possible.

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Durante la noche del pasado 17 de febrero arribaron a las puertas del Palacio Nacional en la CDMX aproximadamente 400 personas desplazadas del estado de Guerrero, entre estas, se calculan unos 40 niños menores de 8 años.  Las familias desplazadas montaron un campamento con la intención de solicitar audiencia con Andrés Manuel López Obrador; después de 13 días de intentar ser escuchados, el viernes 1 de marzo un representante del Gobierno Federal acudió al campamento para escuchar las demandas, mismas que se reducen a una sola, poder vivir dignamente en su comunidad.

De acuerdo con los testimonios de los desplazados; el 11 de noviembre del 2018 a la 1 de la tarde, aproximadamente 3000 hombres fuertemente armados vestidos de comunitarios arribaron a 9 comunidades. A punta de pistola tomaron el territorio y despojaron a los pobladores de todo, desde una gallina, hasta su propia casa.

Desde el 11 de noviembre del 2018, las familias desplazas se refugiaron en la cabecera municipal de Chichihualco Guerrero, lugar en donde solicitaron apoyo y solución al conflicto. Después de 3 meses de esperar y de no recibir ayuda alguna del gobernador de estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, los desplazados decidieron marchar hacia la CDMX.

Según explica uno de los desplazados, el problema de la violencia y ahora el desplazamiento de las comunidades en Guerrero tiene más de tres años. En un inicio se decía que el aumento de la violencia era por:

“… el control del territorio, trasiego de drogas y el control del campesino para ocuparlos como sembradores, pero desgraciadamente no es así… es un problema fuerte, es un problema nacional…por que vienen de intereses fuertes, por que son zonas mineras extranjeras quienes han estado ocupando a la delincuencia organizada para poder desplazar gente, para poder quedarse con propiedades y seguir extendiéndose”.

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Esta mañana nuestro compañero, comunicador popular, defensor de la tierra y el pueblo, Samir Flores Soberanes fue asesinado a las afueras de su casa en la comunidad de Amilcingo, Morelos. Estos hechos se dan en el contexto previo a la “consulta” ilegítima para aprobar la termoeléctrica que se pretende imponer en la comunidad de Huexca.

Samir, padre de 4 hijos, fue uno de los principales promotores de la resistencia contra el Proyecto Integral Morelos (PIM) durante 9 años de lucha. Fue defensor de la escuela comunitaria, miembro del Comité de Padres de Familia, Delegado del CNI y fundador de la Radio Amiltzinko.

Exigimos que se siga una línea de investigación sobre el asesinato de Samir, por su labor como activista y responsabilizamos al Estado mexicano por las declaraciones recientes de López Obrador anulando a los opositores a los proyectos. Dichas declaraciones en la práctica, confrontan a sectores de la población e impulsan los ataques en contra de los luchadores sociales en tiempos en que la represión por medio de la violencia se ha intensificado. También denunciamos las falsas consultas a los pueblos originarios y la implementación de los proyectos de muerte que detonan esta violencia.

En este contexto debemos resaltar el caso de Jesús Javier Ramos Arreola, de San Rafael, Tlalmanalco, Estado de México, opositor al proyecto del NAICM quien fue asesinado de un tiro en la cabeza al abrir la puerta de su domicilio semanas antes de una consulta efectuada desde el poder ejecutivo. Otros casos recientes como las ejecuciones de: Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez, activistas de Amatán, Chiapas; Rafael Murúa de Radio Kashana en Santa Rosalia Sonora; Gustavo Cruz Mendoza comunicador de Santiago Jocotepec, Oaxaca; Noel Castillo Aguilar defensor originario de Barra de la Cruz, Oaxaca; y la desaparición de Sergio Rivera Hernández defensor del territorio Nahua en la Sierra Negra de Puebla.

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de febrero de 2019

Urgimos atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán 

• Exigimos al Estado mexicano implementar medidas cautelares de la CIDH y cumplir las recomendaciones de la CNDH

Las organizaciones civiles abajo firmantes exigimos la debida implementación de la recomendación 87/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en favor de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno, 5 266 personas, de 9 comunidades tsotsiles del municipio de Chalchihuitán y una comunidad de Chenalhó, Chiapas, México.[1]

Urgimos que el Estado mexicano cumpla también con la medida cautelar No. 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 24 de febrero de 2018: “Para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas”.[2]

Las víctimas de desplazamiento forzado en Chalchihuitán se encuentran en constante vulnerabilidad por privación de derechos básicos, especialmente en alimentación y salud, por omisión del Estado al no propiciar atención integral adecuada acorde con la pertenencia cultural. La recomendación de la CNDH manifiesta que la atención humanitaria otorgada fue “insuficiente, inoportuna e inadecuada”.

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