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Por Sare Frabes

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Durante la jornada de éste lunes se llevó a cabo una concentración en memoria de Yordan Llempi, y rechazo al decreto de estado de excepción para comunas de la región del Biobío y de la Araucanía, medida que ha significado permanente presencia militar en caminos y accesos a comunidades mapuche, procedimientos considerados como irregulares por parte de las familias mapuche como controles excesivos y dirigidos a personas mapuche en vías y rutas públicas, e incluso la muerte del joven Yordan en el sector de Huentelolen.

Cerca de las 15 horas comenzó la manifestación en la plaza Camilo Catrillanca (ex plaza Dagoberto Godoy). En el lugar se reunieron decenas de personas con el fin de visibilizar la realidad que se vive en las comunidades mapuche del Wallmapu

Sin embargo, ésta acción no ha sido la única; a pesar de encontrarse muchas zonas del territorio mapuche bajo la militarización del estado chileno, las manifestaciones por la muerte de Yordan a manos de un miembro de infantería de marina se han multiplicado y diversificado en distintos territorios. Desde cortes de ruta, recuperaciones territoriales, concentraciones y marchas, hasta acciones de sabotaje, han sido algunas de las formas en que se ha expresado el descontento ante éste nuevo episodio donde un mapuche muere en manos de las fuerzas de orden durante el gobierno de Sebastán Piñera.

Compartimos registros de algunas de las acciones llevadas a cabo estos días, y declaraciones de familiares de Yordan donde desmienten la versión oficial entregada por fiscalía e incluso gran parte de representantes del gobierno en Tv abierta, donde afirman la hipótesis de enfrentamiento

Cárcel de Temuco 07 de noviembre: Comunicado del machi Celestino Córdova

Panguipulli 07 de novimbre: Inicio de reuperación territorial » la comunidad José Miguel Velásquez Aillapan y las comunidades en resistencia del territorio de Panguipulli Mapu, honramos a través de la recuperación territorial a nuestro peñi Jordán llempi caído en la defensa de nuestro territorio por las balas asesinas del Estado chileno.Creemos que la recuperación territorial es una de las mejores formas de honrar a todos los weichafe que han entregado su vida por la defensa y recuperación de nuestro territorio que fue usurpado y robado a través del genocidio de nuestro pueblo por parte del Estado chileno…», señalan en una declaración pública.

Osorno 05 de noviembre:

Temuco 05 de noviembre: Jóven del hogar mapuche Pelontuwe resulta lesionado por fuerza policial en manifestación por Yordan Llempi:

05 de noviembre 07:42 AM: En estos momentos las comunidades Kilape López y Liempi Colipi están realizando una acción en conjunto en un camino local que conecta con la ruta internacional, en las afueras de Curacautín. El corte de camino que se está concretando, es en respuesta al asesinato de Jordan Lliempi Machacan y en contra de la militarización del Wall Mapu . Información en curso.07-42 AM.»

Concepción, 04 noviembre 2021- Conversamos con Danitza Herrera, pareja de Yordan Llempi Machacán, desde el Servicio Médico Legal donde estuvimos a la espera que entregasen el cuerpo del joven mapuche asesinado por la armada. Relata que Yordan fue baleado al interior de su hogar, que los militares impidieron que lo trasladaran aún consciente hacia el hospital más cercano en Cañete, teniendo que ir hacia Tirúa perdiendo tiempo valioso en lo que pudo quizás ser reanimado. Describe como disparaban a mansalva hacia las personas que transitaban por la ruta.

Ercilla, 04 novimebre 2021: Fuerte represión de fuerzas policiales y ejército a comunidades mapuche que se manifestaron por el asesinato de Jordan Llempi Machacán. Registro de Werken Noticias

Villarrica, 4 de noviembre del 2021 20:30 hrs: Se realiza una concentración en el frontis de la municipalidad de Villarica, en memoria de Yordan Llempi.

Éstas son solo algunas de las manifestaciones y expresiones que se han dado desde que cae Yordan Llempi, en un estado de excepción que desde el primer día fue motivo de cuestionamiento por parte de autoridades tradicionales del pueblo mapuche y las comunidades en general.

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Por Vanessa Garcia Navarro

Para muchos trabajadores mexicanos Canadá parece un destino tentador para buscar mejores oportunidades laborales y de vida, en los campos de cultivo de moras, frutas, vegetales, flores y plantas ornamentales, incluso son estimulados por iniciativas como el Programa de Trabajadores Agrícola Temporales (PTAT), del gobierno mexicano.

No obstante, los testimonios de mexicanos que confiaron en estos programas no deberían ser ignorados, pues muestran al mundo una realidad diferente, totalmente contrastante a las promesas maquilladas de las páginas web de los gobiernos y las agencias de trabajo que les prometen ayudarlos a realizar sus trámites y conseguirles ofertas laborales con condiciones de calidad.

El jueves (4) se llevó a cabo el conversatorio testimonial Trabajadores Agrícolas Mexicanos en el Extranjero, ¿Se respetan sus derechos en Canadá?, en el cual se exhibieron las inhumanas vejaciones que viven los trabajadores agrícolas mexicanos cuando laboran en Canadá.

La lista de denuncias es larga. Jornadas de hasta 15 horas diarias (cuando sus contratos estipulan claramente que deberían ser de 8), omisión del día de descanso por semana (sin reposición del mismo posteriormente), que no se les paguen las horas extras ni días festivos con la tarifa correspondiente, negación de servicio médico, hacinamiento en las viviendas, agresiones físicas y psicológicas por parte de los jefes de las granjas, dificultades a la hora de comunicarse por no dominar los idiomas del país (inglés y francés), así como la escasez de material traducido al español o traductores que los apoyen al momento de anteponer denuncias, entre otras.

Byron Cruz, proveniente de Guatemala y miembro del Colectivo Santuario (una red de derechos migrantes de Canadá), en un ejercicio de solidaridad con los mexicanos, puntualizó como la pandemia por COVID-19 fue la ocasión perfecta para dejar en descubierto las injurias vividas por los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá.

Por experiencia puede dar fe de que en muchas ocasiones los trabajadores son puestos por sus jefes en habitaciones pequeñas que tienen que compartir con un elevado número de compañeros, lo cual, por si mismo es incómodo, pero tomando en cuenta que seguimos atravesando una pandemia, estas condiciones pasan al ámbito de lo peligroso e insalubre: los dos metros de distancia entre camas son imposibles, de hecho, los habitantes duermen codo a codo.

Por si fuera poco, en caso de que los trabajadores experimenten un accidente o enfermedad la estrategia de varios dueños y administradores de granjas es no reportar el incidente, lo cual deja desamparado al trabajador, cuya siguiente opción de acudir a un servicio medico privado (incosteable por ellos).

Finalmente, en un punto de vulnerabilidad absoluta del trabajador, los contratantes aprovechan y les proponen regresarlos a México, prometiéndoles que ahí tendrán la mejor atención médica patrocinada por ellos. “Esta por supuesto es una mentira, una manera de desechar a los trabajadores cuando consideran que ya no son una fuerza de trabajo útil”, dijo Byron.

Elizabeth Muñoz, socióloga con especialización en desarrollo comunitario, coordinadora del Centro de Trabajadores Inmigrantes (CTI), con una trayectoria de 8 años trabajando directamente con los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá, observa que los empleadores tienen una visión de los trabajadores “como si fueran de su propiedad”, no respetan los contratos y los amenazan con regresarlos a México si se niegan a las jornadas exhaustivas. Los jefes no se presentan a acompañar a los trabajadores (como es el derecho de estos últimos) en caso de que estos acudan al hospital de emergencia.

Otro fenómeno alarmante, según indica la socióloga, es que cuando un trabajador agrícola se lesiona es regresado a su país. “México está teniendo una acumulación de trabajadores enfermos y lesionados que no pueden trabajar ni en Canadá, ni en México”.

De la vista gorda

Muñoz comparte la voz de los trabajadores agrícolas con los que ha trabajado. Estos le dicen que se sienten desamparados, pues cuando llaman al consulado mexicano la respuesta que obtienen de los que se supone deberían protegerlos es “trabajen”, y posteriormente obtienen una segunda estocada de parte de los empleadores que se enfurecen con ellos por haber contactado al consulado.

Karla Meza, periodista independiente mexicana que se encuentra en Canadá, enfoca su investigación en los problemas que viven los trabajadores agrícolas. Indica que la secretaría del trabajo tiene quejas, sin embargo, estas no son atendidas. Una amenaza común de los empleadores a los trabajadores mexicanos es que si no desean perpetuar el ritmo de trabajo se les remplazará con “algún trabajador guatemalteco”. Al parecer este racismo sistémico se fundamenta en que Guatemala no tiene acuerdo bilateral con Canadá, como es el caso de México, lo cual vulnera aun mas a los trabajadores proveniente de Guatemala.

Además, Muñoz reporta que el tráfico de humanos se está volviendo una realidad en Canadá. Ante la desesperación, muchos trabajadores prefieren pagarle a un traficante (de los denominados coyotes o polleros) para que los lleven a Estados Unidos, donde prefieren vivir indocumentados que tolerar los maltratos en las granjas e invernaderos donde laboran en Canadá.

Covid-19

Otros trabajadores narraron las dificultades para ser inoculados contra el COVID-19 (por no contar con seguro), lo cual desencadena un circulo vicioso, dado que sin certificación de haber sido vacunados no son aceptados para laborar y ni siquiera pueden desarrollar actividades tan esenciales como entrar a comer establecimientos, ya que les solicita pruebas de haber recibido las dosis de vacunas.

Otro empleado agrícola, quien si obtuvo acceso a la vacuna contra COVID-19 narra que se lesionó el pie durante su jornada laboral, y su jefe tradujo incorrectamente la situación en el hospital, atribuyéndolo a una reacción de la vacuna, a fin de entorpecer el uso del seguro médico.

¿Las autoridades?

La diputada Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados del Congreso Mexicano, refirió que desde el congreso se está trabajando en un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que garantice los derechos humanos y laborales de los trabajadores agrícolas mexicanos que se encuentran en Canadá, por la falta de oportunidades laborales en México. El punto de acuerdo  ha sido presentado el 28 de octubre.

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Por Ñanì Pinto

^{En portada: Indígenas Pataxó forman barricadas en carretera de la región Monte Pascoal, Bahía, lugar donde ONGs conservacionistas promueven proyectos de compensanción de carbono mediante la plataforma REDD+. Brasil, 2014. Foto Santiago Navarro F.}

En vísperas de la realización de la 26a Conferencia de las Partes (COP26), evento convocado por las Naciones Unidas para discutir estrategias contra el cambio climático, más de 80 organizaciones brasileñas alertaron sobre la falsa solución a la crisis ambiental mundial que representa el llamado mercado de créditos de carbono.

La consolidación de este mercado a escala mundial forma parte medular de las negociaciones que se realizan a partir de este domingo (31) en Glasgow, Escocia. Este mecanismo permite comercializar licencias de contaminación, es decir, con ello una empresa europea puede adquirir créditos de carbono en otro país, como Brasil, para que de esta manera dicha industria pueda registrar la transacción como sinónimo de reducción de sus emisiones contaminantes.

En contraste, organizaciones como El Grupo de la Carta de Belem y la Comisión Pastoral de la Tierra denuncian las consecuencias negativas de este mercado. “Entre los efectos de su aplicación se encuentra la expansión de las actividades destructivas en los ámbitos de la minería, el extractivismo a escala industrial y la quema de combustibles fósiles (que pueden compensarse/neutralizarse en otro lugar)”.

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Esta denuncia enfatiza que el mercado de carbono no toma en cuenta soluciones efectivas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), tales como la demarcación y defensa de las tierras indígenas, quilombolas y colectivas, así como el fortalecimiento de las prácticas agroecológicas que contribuyen a la conservación de la sociobiodiversidad y a la soberanía alimentaria.

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^{En portada: En las tierras indígenas de Comexatibá, en Bahía, el pueblo Pataxó -al igual que muchos otros pueblos en todo el país- ha levantado sus propias barreras sanitarias para restringir la circulación de personas y del coronavirus en su territorio. Foto: Ingrid Ãgohó Pataxó}

En 2020, primer año de la pandemia de coronavirus, 182 indígenas fueron asesinados en Brasil, un aumento de 37% en comparación a 2019. Los conflictos registrados relacionados a derechos territoriales más que duplicaron, pasando de 35 casos en 2019 a 96 en 2020, un aumento de 174%. Los datos fueron revelados en el Informe Violencia Contra los Pueblos Indígenas de Brasil, publicado por el Conselho Indigenista Missionario (Cimi).

“La grave crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus, al contrario de lo que se podría esperar, no impidió que grileiros [invasores de tierras], garimpeiros [minería ilegal], madereros y otros invasores intensificasen aun más sus ataques sobre las tierras indígenas”, aclara el relatorio.

En 2020, los casos de invasión de tierras, explotación ilegal de recursos y daños al patrimonio de los pueblos también se incrementaron, aún relación con el ya alarmante número que se había registrado en 2019, primer año de gobierno de Jair Bolsonaro. Fueron registrados 263 casos, un aumento de 141% en relación a 2018, afectando a por lo menos 201 tierras indígenas, de 145 pueblos, en 19 estados brasileños.

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Los agresores invaden las tierras indígenas para apropiarse ilegalmente de la madera, devastar ríos enteros en búsqueda de oro y otros minerales, además de deforestar y quemar anchas áreas para la apertura de pasto para ganado. En muchos casos, los invasores dividen la tierra para ser comercializada, inclusivo en territorios indígenas habitados por pueblos aislados.

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Luego de que El MOP y la empresa italiana Astaldi, concluyeran su contrato por la construcción del Embalse Punilla, dejaron en estado de abandono a lxs animalitxs que habían secuestrado durante los violentos desalojos realizados en 2018.

Vecinxs cercanxs de las dependecias de la mencionada empresa italiana Astaldi en la zona de La Punilla, comuna de San Fabián de Alico, denunciaron durante la semana anterior el evidente estado de abandono que presentaban lxs animales secuestradxs por el Ministerio de Obras Públicas y Astaldi, durante los violentos desalojos realizados en octubre de 2018 por la construcción del Embalse Punilla. Desde ese momento lxs animales requisados quedaron en responsabilidad de dicha empresa, siendo sometides desde un principio a constantes maltratos y abandonos, falta de agua, comida y de espacio, hasta hace pocos días, cuando luego de casi 3 años, las 40 vacas que aún se encontraban encerradas en sus dependencias, volvieron con las antiguas familias con las que vivían.
Indómita Fotografías, invierno 2018

Según los regístros del Equipo veterinario de la Clínica Integral de Chillán, que se han mantenido haciendo un seguimiento de estes animalites, murieron más de 200 gallinas y 6 ganzos a pocas semanas del desalojo por la falta de atención y cuidados, y durante todo este proceso han encontrado a les distintes animales en estado de desnutrición, con resfriós, diarrea, algunos con cataratas y demás afecciones, de lo que ni la empresa ni el MOP se hicieron responsables. Incluso en reiteradas ocasiones impidieron que las familias desalojadas, que criaban a dichos animalitxs, y los equipos veterinarios puedan visitarlos.
Indómita Fotografías, invierno 2018

Recordamos que el Embalse Punilla es un megaproyecto extractivista que prentende inundar y destuir más de 1.700 hectáreas, de las cuales más de 1.200 son de bosque nativo, territorio ancestral alimentado por el rio ñuble, el río los Sauces, y miles de vertientes y esteros en los que habitan y se nutren distintas especies nativas, incluso algunas en peligro de extinción, como el huemúl.
La Zarzamora. Octubre 2021

Es un territorio declarado como Reserva Mundial de la Biósfera por la UNESCO, por la diversidad de especies que existen en el denominado corredor Nevados de Chillán – Lagunas de Laja en la Provincia del Ñuble. Pese a esto, en el 2010, fue aprobada por el servicio de evaluación ambiental la construcción de dicho embalse, un proyecto multipropósito que según sus titulares “brindaría riego para más de 70.000 hectáreas de la región, generaría energía eléctrica y favorecería el turismo”.

Desde su aprobación hasta el día de hoy, el proceso de construcción de este proyecto han sido puras negligencias y daños hacia el territorio y las comunidades que lo habitan, según lo que denuncian vecinxs afectadxs y organizaciones afines, bajo el discurso de favorecer la agricultura de la región afectada por la sequía.

Desde el 2013 se iniciaron los procesos de expropiación de los territorios que comprenden el espacio donde se realizaría el embalse, y de las mas de 80 familias que residían en ellos, para les cuales el MOP debía implementar un Plan de Desarrollo Social que les garantizara a estas familias poder relocalizarze y continuar con su estilo de vida, de las cuales la mayoría se dedicaban a la crianza de animales. Dicho plan, según la Resolución de calificación ambiental, debía ser actualizado antes del comienzo de la obra, lo cual se incumplió, segun lo que alegaba Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Ambiental, representante de las familias afectadas.
La Zarzamora. Octubre 2021

Mas de 10 familias no aceptaron el PDS ofrecido por faltas de garantías, y el MOP y Astaldi, que desde el 2016, se hizo cargo de la conseción del proyecto, autorizaron una violenta represión y desalojo con las fuerzas especiales de dichxs vecinxs en Octubre de 2018, dejandolxs en la calle y secuestrando lxs animalites que criaban, impidiendoles el paso a sus terrenos y demoliéndoles sus casas.

Lxs vecinxs que se movilizaron con distintas organizaciones afines y autoconvocadxs, presentaron una demanda ante el 3er Tribunal de Valdivia, en contra de la Sociedad concesionaria Aguas de Punilla (SCAP, Astaldi) y el MOP por los incumplimientos a la resolución de calificación ambiental y por el daño ambiental y psicosocial generado hacia el territorio y su comunidad por dichas partes. Sin embargo, en abril de 2020, el mencionado Tribunal rechaza esta petición, alegando que no habría pruebas para demostrar el daño generado, como así también fue ignorado, por parte de las autoridades, el recurso de reclamación que interpusieron lxs vecinxs de la zona en julio del año anterior, bucando la anulación del proyecto ” Líneas de alta tensión Punilla-San Fabián”, un tendido de alta tensión que recorrería de manera paralela el Rió Ñuble y la ruta N-31, que sería construido junto con el embalse, lo que significa un daño absoluto para el bosque nativo y las distintas especies que coexisten en el, lo cual tampoco fue contemplado por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región del Bío-bío, que a pesar de las denuncias, en agosto del 2020 aprobó la evaluación ambiental de dicho proyecto.

Luego de que la empresa Astaldi sufriera un quiebre financiero, la advertencia de un error abismal del MOP en el cálculo de la capacidad de almacenamiento del embalse, que sería mucho menor a la acordada, sumado a la demanda por incumplimiento de contrato por parte de la empresa, en 2019 el MOP decide poner fin al contrato con dicha empresa ante la comisión arbitral, quedando a la espera este proceso por la situación sanitaria.
La Zarzamora. Octubre 2021

Finalmente, el 9 de octubre de este año, el gobiero confirma el fin de contrato con Astaldi, quien recibiría aproximadamente 18 millones de dólares por el término anticipado de la concesión, y se retirarían del territorio, dejando abandonadxs lxs animales que tenian bajo su responsabilidad, por casi una semana.

Pese a todas las controversias, irregularidades, ilegalidades y daños que ha causado la construcción del embalse, el Minesterio de Obras Públicas confirmó para el próximo mes de Diciembre la relicitación del proyecto.

NO AL EMBALSE PUNILLA.
BASTA DE EXTRACTIVISMO.
AGUAS LIBRES.

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Fotografías: Diego Alvarado y Festivales Solidarios.

Este es un breve relato, de los miles de sucesos que existen y de cómo se conecta la historia de despojo y terror que la empresa minera en los alrededores del lago de Izabal, hoy la CGN-PRONICO y su origen en la EXMIBAL, han provocado durante los últimos 60 años en Guatemala y que ahora, siguen siendo los responsables intelectuales y materiales de criminalizar y perseguir a las y los defensores de la naturaleza que se oponen rotundamente a la destrucción del lago de Izabal y su entorno y también de cómo, las empresas extranjeras que han sido dueñas a lo largo del tiempo de la mina de níquel, han utilizado a las fuerzas represivas del Estado como guardias privadas para garantizar que sigan con el saqueo del recurso mineral que existe en la región.

Los orígenes

Esta mina empezó a funcionar en 1970, cuando el gobierno de Carlos Arana Osorio, conocido como el “Chacal del oriente” (mote otorgado por la ciudadanía por ser un dictador militar sanguinario) otorgó una concesión para explotación de níquel, cobalto, hierro y cromo durante 40 años a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras de Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la compañía canadiense International Nickel Company (INCO).

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Por Vanessa

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“Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno” 

Por Luis Ovalle

Organizaciones defensoras de los pueblos indígenas y de derechos humanos, presentarán este viernes una solicitud de medidas cautelares, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), por la situación que se vive en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, con la imposición de un estado de sitio, en el que participan miles de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), del ejército, de la marina y de la fuerza aérea, en contra de población civil, que únicamente exige sus derechos, informó la abogada Wendy López, del Bufete para Pueblos Indígenas.

López dio a conocer que las entidades solicitantes son: el Bufete para Pueblos Indígenas, la Defensoría Q’eqchi’, la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a, la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor, Prensa Comunitaria y la Fundación Guillermo Toriello. “Estamos retrocediendo en el tiempo; nos preocupa que podamos regresar a la época del conflicto armado interno, cuando desaparecían a la gente, en la que las fuerzas de seguridad estaban al servicio de los gobiernos autoritarios”.

Ya no hay a dónde acudir en Guatemala, no hay jueces imparciales, no hay órganos nacionales a dónde acudir, es por eso que buscamos la vía internacional y solicitamos a la CIDH que pueda escuchar esta petición y brindar las medidas cautelares a favor de la vida, de la seguridad y de la paz en el municipio de El Estor, Izabal”, anotó López.

¿Qué son las medidas cautelares?

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la cual se solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Cualquier persona u organización puede presentar una solicitud de medida cautelar a favor de una persona o de un grupo de personas, identificados o identificables, que se encuentren en una situación de riesgo. Es importante contar con el consentimiento de la persona a cuyo favor se interpone la solicitud, o en su defecto que se justifique razonablemente la imposibilidad de obtenerlo.

El mecanismo de medidas cautelares se encuentra previsto en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

Por su parte, Eddy Aspuac, asesor jurídico del Bufete para Pueblos Indígenas, señaló que son tres los aspectos fundamentales que consideraron para presentar esta solicitud ante la CIDH; primero: hay un proceso de preconsulta y consulta, porque se está inobservando el principio de buena fe que éste debe llevar, ya que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) lo ha llevado de manera acelerada y ha vulnerado el derecho de participación a las comunidades.

Segundo, hay una exclusión sistemática de las comunidades legítimas que se sienten afectadas en sus derechos en este proceso, que ven vulnerados sus derechos. El argumento del MEM ha sido que no están dentro del área de influencia, sin embargo la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC), indica que debe considerarse todo el contexto social y cultural “¿en qué momento lo hizo el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, y la empresa? no lo sabemos, pero, que obedezca solo a los 6.29 kilómetros cuadrados que establece el polígono de la licencia ambiental constituye una violación a los derechos de los pueblos indígenas, indicó.

Tercero, y lo más grave, es que ahora se establece un estado de sitio en el territorio, lo que además es totalmente incoherente, ilógico y antijurídico, porque ¿cómo es posible que el Estado pretenda desarrollar un proceso de diálogo pero a la vez imponga un estadio de sitio?; en un estado democrático como el que tenemos, esto es insostenible, destacó Aspuac.

Es por eso que pedimos a la CIDH que ordene las medidas cautelares en favor de las comunidades, que en este momento corren grave riesgo; hay persecución política, muchas autoridades indígenas se han escondido para resguardar sus vidas, agregó.

El papel de los medios periodísticos alternativos

En tanto, el diputado Aldo Dávila se refirió a la importancia del trabajo hecho por los medios alternativos en El Estor, que han dado a conocer lo que acontece, de forma permanente “no de ahora, sino desde que se dio la sentencia de la CC en contra de la minera, que ahora opera de forma ilegal”.

Es importante que quede claro eso, la licencia minera y extractiva fue cancelada por medio de una sentencia de la CC, sin embargo a pesar de ello vemos los camiones custodiados por cientos de agentes de la PNC cargados con ferroniquel. Esto evidencia un irrespeto total a las leyes guatemaltecas; las medidas cautelares son urgentes, mencionó el legislador.

Dávila destacó que la crisis está bien armada, ya que el ministro de Gobernación fue quien solicitó al ejército el apoyo, cuando en El Estor lo que hay son personas civiles, mujeres y adultos mayores. Debió ser la PNC la que continuara acompañando esta situación tan crítica.

Para López, llama la atención que se haya pretendido censurar a la prensa, en relación a lo que estaba sucediendo en El Estor ¿por qué?, porque obviamente la prensa da a conocer al mundo qué es lo que está pasando. Entonces, si se vulnera o se censura a la prensa no existiría esa posibilidad, no habría conocimiento nacional e internacional, si no fuera por la prensa. “No sabríamos qué es lo que está sucediendo”, dijo.

Momentos difíciles se viven en El Estor

Wendy López destacó que en El Estor, además de coartar la libertad de expresión, se está violando el derecho a la salud y a la educación ¿Qué niño va a estar en paz si están persiguiendo a su familia? ¿Cómo un padre o una madre va a dar de comer a su familia si están siendo perseguidos? y lo que vemos es a un Estado que protege más a una minera que otorga el 1 por ciento de regalías ¿Qué beneficio es eso para el Estado?, se preguntó.

Acabamos de recibir información de niños que están enfermos de COVID-19 y no están siendo atendidos; los centros de atención están prácticamente cerrados, a disposición de las fuerzas de seguridad. Hay desproporcionalidad, abuso de autoridad y de fuerza; además, tenemos conocimiento que otro contingente de 540 elementos de la PNC y del ejército se dirigen a El Estor.

Lin Valenzuela, de la Fundación Guillermo Toriello, lamentó que en el marco del 25 aniversario de los Acuerdos de Paz se esté violentando de esta manera al pueblo Q’eqchi’ ubicado en el área de influencia donde se instaló de facto la minera.

Valenzuela hizo un llamado a que el embajador de Suiza y las autoridades centrales de la empresa minera en ese país y que aglutina a otras naciones  -ya que en Guatemala solo son visibles los rusos-, para que asuman su responsabilidad en el cumplimiento de los derechos humanos, personales, individuales y colectivos. “Criticamos fuertemente la colusión, el dejar pasar, pero también de actuar, por parte del Estado de Guatemala”, indicó.

Dávila también hizo referencia al hecho de que el presidente Alejandro Giammattei desapareciera la Secretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de la Paz y la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el año en el que se cumple el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz; “no hay instancias que deberían atender de manera más clara y objetiva, sin violencia, porque la Comisión Presidencial de Derechos Humanos no tiene las capacidades para atender la problemática”.

“No podemos callarnos; tenemos que alzar la voz ante los Estados, ante la visión de los ojos internacionales, porque no podemos permitir nuevamente un conflicto armado interno… esperaríamos que la CIDH atienda esta solicitud y ordene que la misma sea atendida por el Estado guatemalteco, demande verificación y protección a sus ciudadanos y no a los intereses mineros”, concluyó Wendy López.

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Créditos: Represión en El Estor. Foto Nelton Rivera

Prensa Comunitaria ha estado en el municipio lacustre de Izabal desde el 4 de octubre, cuando la resistencia Q’eqchi inició una protesta pacífica contra la operación ilegal del proyecto minero Fénix de la compañía suiza de capital ruso Solway. Los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ Kawa Siyab’, San Baals, Oxlaju Aj, y Qana Tomasa reclaman no haber sido tomadas en cuenta en la preconsulta que dirige el Ministerio de Energía y Minas acerca de la operación de la mina y porque en el proyecto Fénix se sigue extrayendo níquel y tierras raras. Esto pese a que en 2019 la Corte de Constitucionalidad declaró que esa operación es ilegal, precisamente por falta de consulta, y por falta de los estudios ambientales pertinentes.

Los Cuatro Consejos nunca cerraron el paso de la carretera, ni afectaron el comercio, como ha insistido el gobierno de Alejandro Giammattei y la gran empresa privada guatemalteca; solo impedían la entrada de suministro de carbón a la mina y la salida de ferroníquel hacia Puerto Barrios. Este es el relato de lo ocurrido entre el viernes 22 y el lunes 24 de octubre en El Estor.

Prensa Comunitaria*

Viernes 22 de octubre. Primeras horas de la tarde.

Los primeros disparos de bombas lacrimógenas se escucharon poco antes de las dos de la tarde. Al menos dos centenares de policías antimotines se habían formado sobre la calle principal del municipio, a unos 100 metros del terreno en que los líderes de la resistencia pacífica Q’eqchi’ se habían instalado desde el 4 de octubre a un costado de la carretera. Sonó un impacto seco. Luego otro. Y otro. El humo acre, que oprime la garganta, seca la boca y se ensaña como miles de punzadas sobre el rostro y los ojos, llenó el aire de El Estor.

Muy pronto, tras la línea de policías, surgió la mole metálica azul, un cabezal que jalaba la primera plataforma cargada del carbón a la que los policías querían abrir paso para llevarla hasta la mina extractora de níquel del proyecto Fénix a unos siete kilómetros al oeste, sobre el camino a Panzós. Más camiones esperaban a prudente distancia, uno detrás del otro.

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