El catequista, Ignacio López, su esposa Isidra y al menos 5 integrantes de su familia, quienes pobladores me dijeron q se negaron a trabajar para criminales en la zona, están entre los 11asesinados por sicarios en NuevaMorelia, Municipio de Chicomuselo, en la Sierra de Chiapas. pic.twitter.com/c2lg9WQrKX
“Ignacio, candidato a Diaconado de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y Teresita de Jesús, una joven catequista de niños y niñas; además de 9 personas de su familia fueron masacrados en la comunidad Nueva Morelia, en Chicomuselo por uno de los cárteles de la droga.”
La masacre contra 11 personas de la familia de Ignacio, catequista de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas de Chiapas y candidato a Diaconado -el cargo más alto que se le da a un seglar-, fue una acción directa. Fue un ataque dirigido. ¿Por qué? “Por siempre resistir, por no ser parte de las filas de ninguno de los dos grupos”.
Los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa (CDS) mantienen una disputa por el control de varias regiones de Chiapas, entre ellas la sierra, donde se ubica la comunidad Nueva Morelia, del municipio Chicomuselo. Ahí a la población la obligan a tomar partido, a participar en bloqueos, a darles alimento y parte de la ganancia de sus cosechas. A quien se niega, lo consideran su enemigo.
Así lo cuenta una persona cercana a la familia, quien narra a este medio de comunicación cómo sucedieron los hechos.
Explica que no tienen certeza de cuál de los dos cárteles fue el que los asesinó, porque desde el día 8 de mayo ambos sostenían enfrentamientos en las zonas cercanas a Nueva Morelia. En ese lugar, desde enero pasado, unas 700 personas decidieron desplazarse, abandonar la comunidad. Ese mes se dio el primer enfrentamiento.
El 12 de mayo a la población de Nueva Morelia ya le habían cortado los servicios de agua, luz, internet. Ese domingo, un grupo a bordo de varias camionetas entró al pueblo y se dirigió directo a la casa del papa de Ignacio; eran alrededor de las 17:30 horas.
En esa casa se habían refugiado 11 personas: “el papá de Nacho (Ignacio), Nacho y su esposa, su hermana que está en silla de ruedas, Teresita de Jesús, cuñada de Nacho, Yojari, una joven sobrina de Nacho”. A todas las mataron.
A un grupo lo colocaron afuera de la casa y ahí les dispararon. Otros alcanzaron a correr al interior de la vivienda, pero también les dispararon.
Luego le prendieron fuego a la casa, por lo que algunos de los cuerpos tienen quemaduras. El grupo de hombres armados permanecieron muchas más horas ahí. Todavía grabaron las imágenes de los cuerpos tirados y la casa incendiándose. Las imágenes las compartieron en sus redes sociales.
El lunes por la mañana aún se encontraban en la zona, impidiendo que personal de la Fiscalía de Justicia levantara los cuerpos.
Hasta el martes, personas allegadas a la familia lograron acercarse. En un papel blanco escribieron el nombre de las personas asesinadas: Alfonzo, 73 años; Tere (Teresita de Jesús), 28 años; Dolores nació el 28 de marzo de 1968; Rosalinda, 56 años; Yojari (la más joven) nació el 18 de septiembre de 2006; Ignacio nació el 22 de julio de 1972, Isidra el 15 de mayo de 1970; Urbano el 6 de enero de 1982; y Brandi, otra joven de la que no se tiene certeza de cuántos años tenía.
Teresita de Jesús no solo era la cuñada de Ignacio, también era catequista de niños y niñas, la persona encargada de la formación religiosa de quienes iban integrándose a la Parroquia de Chicomuselo.
Ella misma era un joven de ojos negros y brillantes. En la fotografía con la que la población de Nueva Morelia la quiso recordar -para borrar quizá la imagen de su cuerpo ensangrentado, tirado boca abajo sobre la tierra-, se le observa con una sonrisa suave y una cabellera negra y ondulada.
Por qué los mataron- le pregunto a persona cercana a la familia
El grupo armado llegó directo a la casa del papá de Nacho y ahí los ejecutaron. (Los mataron) por siempre resistir, por no ser parte de las filas de ninguno de los dos grupos (el CDS y el CJNG). Pidieron ser libres (…) se oponían a la extracción minera.
La familia de Ignacio y cientos de personas más de la comunidad Nueva Morelia también formó parte de los grupos ambientalistas que durante años se opusieron a la extracción de la mina La Revancha, concesionada a la Compañía Minera Caracol SA de CV. Sin embargo, en el marco de la disputa entre cárteles, uno de los grupos inició la extracción de manera ilegal, porque la población nunca autorizó el uso de sus tierras.
Feligreses de la Parroquia de la Diócesis de San Cristóbal también denunciaron esta situación a través de diversos comunicados públicos. Desde 2022 sostuvieron reuniones con la Subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno federal para pedir su intervención y detener el avance de los cárteles y la extracción minera ilegal.
¿Cómo están ahora, con esta masacre? – les pregunto con torpeza.
Queremos ser visibles, queremos que nos escuchen (…) duele mucho el corazón.
Este miércoles Ignacio, Teresita de Jesús y los otros 9 miembros de su familia fueron sepultados, juntos; en ataúdes de colores que colocaron sobre la tierra rojiza.
Este mismo día entró un convoy del ejército mexicano a la zona, “entraron junto con gente del MAIZ-CJNG, tiraron bombas a la gente que está cuidando la comunidad Piedra Labrada. Tienen sitiadas varias comunidades”, explicaron los pobladores, desesperados porque las autoridades no los protegen, al contrario, para la población de la sierra hay un vínculo entre autoridades y grupos criminales.
Así enterraron este miércoles 15 de mayo a las 11 personas civiles masacradas el pasado lunes 13 de mayo, por un grupo del crimen organizado en la comunidad de #NuevaMorelia#Chicomuselo#Chiapas, esto, en medio enfrentamientos que se siguen registrando en comunidades y montañas… pic.twitter.com/X6pb2IYfc6
En portada: Marcha del pueblo Nasa con la Guardia Indígena al frente.
El departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia, vive un contexto de emergencia humanitaria debido a diversos acontecimientos violentos contra poblaciones indígenas que, desde enero hasta abril de 2024, han escalado en la región.
Así lo denuncian organizaciones internacionales de derechos humanos, quienes hacen un llamado al Estado colombiano para accionar y garantizar la integridad ante los ataques que, consideran, violan la autonomía y derechos colectivos del pueblo Nasa.
Acorde al llamado de alerta, las comunidades permanecen en estado de vigilancia. Destacan el asesinato de la lideresa Carmelina Yule Paví, acontecido durante marzo y denunciado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). Las poblaciones indígenas acusan a grupos armados, como el denominado “Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central”, agrupación de disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como los responsables por el homicidio.
La organización Derechos de los Pueblos Indígenas Internacional (IPRI) detalla que esta situación de emergencia se inscribe en el contexto de la violencia armada que continúa afectando a pueblos indígenas tras la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre del 2016.
Según un informe elaborado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Colombia (ONIC), durante el año 2023 más de 58 mil hombres y mujeres pertenecientes a diversos pueblos indígenas fueron víctimas de hostigamientos, confinamientos y desplazamientos forzados. El reporte resalta que los mayores perpetradores de violencia hacia los pueblos indígenas de Colombia fueron el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con 42,700 víctimas; Fuerza Pública (Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional) con 6,551 y las disidencias de las FARC con 3,448.
Las actuaciones de diferentes grupos armados en el departamento del Cauca han generado una crisis humanitaria, advertida por organizaciones internacionales.
Por su parte, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) estima que al menos 37 líderes indígenas fueron víctimas de la violencia en Colombia durante 2023.
IPRI enfatiza en su informe de 2022Violencia, impunidad y criminalización contra pueblos indígenas de Colombia, sobre la actuación de grupos armados dentro de los territorios de pueblos indígenas, “asesinando a guardias indígenas y autoridades, reclutando de manera forzada a niños, niñas y adolescentes indígenas, imponiendo confinamientos forzados y desplazando a personas indígenas de sus territorios”.
La organización de derechos humanos sostiene que el 90% de los casos permanecen en impunidad, lo que fomenta que los atentados contra las poblaciones indígenas se sigan perpetrando. “Las y los hermanos de los pueblos indígenas caucanos -mayoras y mayores, infancias y el propio territorio- no son actores del conflicto, sino víctimas del mismo y, como tales, merecedores de especial protección”, puntualiza IPRI.
Escalada
La escalada de violencia durante el pasado abril alcanzó niveles alarmantes con sucesos como el secuestro de comuneros nasa del Reguardo Indígena de San Andrés de Pisimbalá, según denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Ante la privación de la libertad de los comuneros Luis Ángel Liz y el menor de edad Estiven Quinto, la comunidad de Pisimbalá se movilizó y mediante la guardia indígena y miembros de la comunidad rescataron a los indígenas. En su denuncia, el CRIC enfatizó que ante estos hechos, “no permitirán más desarmonías en nuestros territorios”.
El Cauca se ha convertido en un territorio de disputa de los grupos armados. Foto: Fernando Vergara
El CRIC señaló como responsable por los daños físicos y psicológicos de sus comuneros al grupo armado Dagoberto Ramos y exhortaron a la comunidad internacional para pronunciarse para frenar la violencia sistemática contra los pueblos del Cauca.
En una carta de solidaridad desde México, organizaciones sociales sostienen que, solo entre el 1 de enero al 31 de marzo de este 2024, se ha registrado el asesinato de 26 personas en la región. En la misiva destacan que entre los homicidios se enuentran los casos de ocho sabedores ancestrales perpetrados durante los últimos dos años.
Además, externaron su preocupación en cuanto al reclutamiento forzado por actores armados de niños, niñas y/o adolescentes, menores de 18 años, la mayoría en el norte del Cauca. “En el año 2022 se llevó un registro de al menos de 250 casos, en el año 2023 al menos de 153 casos y en lo ocurrido del año 2024 se lleva un registro de 27 menores de edad reclutados”, detallan.
Las organizaciones internacionales comunicaron su apoyo a las decisiones tomadas por el Plan de Vida Proyecto Nasa (Toribio, Cauca), a las que se sumó la Cxhab Wala Kiwe-Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) para realizar control de su territorio, como administrar justicia para los responsables de estas graves vulneraciones, y “descontaminar el territorio de toda publicidad alusiva a las organizaciones armadas con el objetivo último de defender la vida”.
Suspensión de cese al fuego
Estos actos violentos acontecen en un contexto de incremento de enfrentamientos entre grupos armados y cuerpos de seguridad en diversas zonas del Cauca luego de que, el pasado marzo, un decreto firmado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, suspendió el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT) el cual había establecido una tregua entre el gobierno colombiano y las disidencias de las FARC en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.
Ya en septiembre del 2023, disidencias de las FARC asaltaron el municipio de Jambaló, al norte del departamento, donde incluso robaron un banco y se enfrentaron a elementos de seguridad pública. Recientemente, el 17 de abril, otro grupo de disidencias de las FARC, conocido como “Carlos Patiño”, atacó la estación de policía de Jambaló donde asesinó a un soldado. Apenas el pasado domingo (12), el Frente Dagoberto Ramos liberó a dos fiscales, una civil y un soldado a quienes habían privado de su libertad desde el pasado 20 de abril.
Liberación de fiscales y civiles por parte del grupo de disidencias de las FARC, Frente Dagoberto Ramos.
Además, durante los primeros días de abril se reportó una emboscada en plena vía Panamericana que saldó con un policía muerto y siete heridos. Días después, el 12 de abril, un carro bomba fue detonado en las cercanías de la estación de policía del municipio de Miranda. La explosión dejó cuatro personas heridas, así como varias viviendas cercanas al lugar de la detonación, además de que provocó desplazamientos debido al miedo por nuevos enfrentamientos.
En portada: Casas incendiadas durante el ataque contra población civil en el ejido Nueva Morelia.
La crisis humanitaria, producto de la violencia que desborda en la región fronteriza de Guatemala con Chiapas desde hace tres años, ha escalado en días recientes con el incremento de enfrentamientos entre grupos armados y la ejecución de once civiles en la comunidad de Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo, en la Sierra Madre de Chiapas.
Pobladores de la región fronteriza señalan que, desde el pasado jueves (9), grupos armados presuntamente miembros de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS) han incrementado sus actividades en la región, particularmente en las comunidades de Piedra Labrada y Lázaro Cárdenas, donde se registró un aumento de los enfrentamientos violentos.
El lunes (13) las agresiones por el control de los territorios en la Sierra Madre de Chiapas derivaron en la masacre en Chicomuselo. Mediante denuncias anónimas e imágenes compartidas en redes sociales se confirmó la ejecución de los civiles.
Por su parte, medios nacionales refieren que fuentes de la diócesis de San Cristóbal de las Casas informaron que entre las víctimas se registra el asesinato de dos servidoras de la iglesia católica. Una denuncia anónima a la agencia EFE asevera que entre las víctimas se encuentra un joven de 15 años, cinco hombre y cinco mujeres.
Medios locales resaltan que, pese a las advertencias de la población hacia las autoridades por la incursión de los grupos armados desde la semana pasada, no se efectuaron operativos para contener la violencia, aún cuando el Cuartel del 101 Batallón de Infantería de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) se encuentra a 28 kilómetros de Nueva Morelia.
Un día después de la divulgación de las ejecuciones, en un breve comunicado, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) confirmó los asesinatos y aseguró que un grupo conformado por elementos del Ejército y la Guardia Nacional se apersonaron en el lugar de los hechos para el levantamiento e identificación de los cadáveres.
“Para garantizar la paz en la zona se realiza las investigaciones por lo que el Grupo Interinstitucional lleva a cabo patrullajes en la región con el propósito de fincar responsabilidades”, aseguró la FGE.
Minería, en el centro de la disputa
Como este medio ha documentado, desde finales del año 2022, grupos armados han incursionado en el ejido Nueva Morelia para, por medio de intimidaciones, extraer barita de una mina que fue clausurada por no contar con permisos ambientales.
Reportes anónimos aseguraron que, meses después de la evacuación de dicho material, los grupos armados reactivaron las operaciones mineras sin que ninguna autoridad se presentara en el lugar.
Cabe destacar que, cansados de la violencia que azota la región, el 12 de octubre del 2023 miles de pobladores de Chicomuselo salieron a las calles a protestar para exigir un cese a la crisis que se vive en la región fronteriza. No obstante, días después de la manifestación, un grupo armado asesinó al profesor Artemio López Aguilar, quien participó como coordinador de la marcha contra la narcoviolencia.
En Chicomuselo existen 10 concesiones mineras vigentes y dos vencidas, pero desde el año 2009, tras el asesinato del activista ambientalista Mariano Abarca, se detuvo la extracción de barita.
Testimonios recopilados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en un informe presentado en febrero de este año, refieren que continúa la extracción del mineral con la anuencia de autoridades ambientales y cuerpos de seguridad como la Guardia Nacional.
Pese a que la región está sumida en la violencia, la cual ha provocado el desplazamiento de miles de personas, hasta el cierre de esta edición resalta el silencio de parte de los gobiernos estatales y federales sobre la masacre.
Alerta y preocupación ante los hechos de violencia y la lamentable masacre de 11 personas de la población civil en el ejido Nueva Morelia, Chicomuselo
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, junto a organizaciones de la sociedad civil hemos venido denunciando de manera reiterada la situación de violencia que se vive en el estado de Chiapas, e insistido en las graves afectaciones e impactos contra la población civil que se encuentra rehén de las disputas por el control del territorio por parte de la delincuencia organizada en la región frontera y sierra.[1]
Este Centro de Derechos Humanos recibió información referente a los hechos acontecidos el 13 de mayo del 2024 en el ejido Nueva Morelia, del municipio de Chicomuselo; en donde un enfrentamiento entre grupos antagónicos de las estructuras criminales dejó el lamentable saldo de al menos 11 personas de la población civil asesinadas (5 mujeres y 6 hombres), de las cuáles dos eran catequistas de la Iglesia católica.
Los testimonios refieren que los recientes enfrentamientos comenzaron desde el viernes 10 de mayo en las localidades de Lázaro Cárdenas y Nueva Morelia, ambas del municipio de Chicomuselo, lo que habría originado también el corte de la energía eléctrica, e incomunicación, así como el desplazamiento forzado de familias; al día de hoy alertamos que esta violencia se extiende a otras comunidades vecinas.
Recordamos que el pasado 4 de enero grupos antagónicos de la delincuencia organizada se enfrentaron en Nueva Morelia, lo que dejó como saldo el desplazamiento forzado de mas de 700 personas. Este ejido se encuentra dentro de una región estratégica para el control y extraccion de los recursos minerales, en este territorio se localiza la Mina Ampliación La Revancha, operada de acuerdo a testimonios por grupos criminales.
El deber del Estado mexicano no debe reducirse a abrir una carpeta de investigación, si no que tiene que garantizar la debida diligencia de la misma, asi como asistirles todos los derechos a las víctimas. Ante los hechos, tanto el Gobierno Federal como el Estatal tienen la obligación urgente de proteger a la población civil en medio de la agudización de la violencia en la región frontera y sierra, que está dejando como saldo graves afectaciones y riesgos a la vida, seguridad e integridad física, mental y emocional.
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[1] Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio, y graves violaciones a los derechos humanos. Informe de organizaciones de la Sociedad Civil sobre la violencia en la región Frontera. 2024. Disponible en: https://grupotrabajofronterachiapas.org.mx/
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN A la Comisión Sexta del EZLN Al Congreso Nacional Indígena, CNI Al Concejo Indígena de Gobierno, CIG A Ma. de Jesús Patricio Martínez, Vocera del CNI-CIG A los Pueblos, Tribus, Naciones, Comunidades y Barrios Originarios que nunca fueron conquistados A la Sexta Nacional e Internacional A las Redes de Resistencia y Rebeldía A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde A quienes firmaron la Declaración por la Vida A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen…
Herman@s Tod@s
Con la llegada de la “Cuarta Trnaformación”, su política de gobierno incrementó la militarización hacia los pueblos y comunidades indígenas, especialemente en territorio zapatista; así mismo, los grupos paramilitares y el crimen organizado operan con toda impunidad como garantes de la imposisión no solo de megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos; están al servicio del Estado y el gran capital, para llevar a cabo el despojo del territorio, la Madre Tierra y la vida.
Por otro lado, en medio de su “FARSA ELECTORAL”, miramos que en las últimas semanas, nada importa que no sean sus votos, sus encuestas, sus debates, su cifras y sus preferencias electorale; pero sobre todo, su estrategia para atacar y descalificar a sus enemigos, como estaregia de campaña. Este 2 de junio, no está en disputa una “democracia”, mucho menos de izquierda (como de por sí venden la idea), lo que realmente esta en disputa, es un poder económico y politico, que busca sostenerse con la militarización, con la impunidad, con los privilegios y con la acumulación de riqueza en las manos un@s cuant@s al servicio de las grandes transnacioanles; es decir, su plan es sostener esta “Tranformación de Cuarta”, con una GUERRA CAPITALISTA contra los pueblos y comunidades indígenas.
La guerra de exterminio que vivimos en México se manifiesta de muchas formas, cada vez más sanguinarias, basta señalar la impunidad y encubrimiento que hace López Obrador para no tocar al ejército y mucho menos para cumplir su promesa de campaña respecto a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa; el impune asesinato de nuestro compañero Samir Flores Soberanes que a escasos 80 días de haber tomado posesión, le arrancaron la vida por oponerse al Proyecto Integral Morelos; la detención, desaparición, encarcelamiento y sentencia condenatoria de cinco defensores tseltales originarios del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas, por un delito que no cometieron; la urgente necesidad de medidas cautelares para evitar daños irreparables en la salud y vida de José Díaz, Base de Apoyo del EZLN; el despojo y saqueo del agua en muy diversos territorios de pueblos y comunidades indígenas.
Reiteramos, que en esta farsa electoral, se ha incrementado flagrantemente la violación a los Derechos Humanos, el hostigamiento, la represión, la persecución política, amenazas y criminalización de la lucha social, ejemplos sobra: los Pueblos de la región Cholulteca que luchan contra un basurero de muerte; la Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX que exigen el derecho a la salud, educación, trabajo, alimentación y a una vivienda digna y decorosa y, recientemente, la acción represiva que se ha orientado en contra del compañero Diego García de UPREZ Benito Juárez, quien junto con la comunidad otomí, sostienen la Toma del INPI, por más de tres años y medio sin encontrar respuesta a sus demandas. De igual manera, el desprecio y la criminalización que desde las mañaneras se impone contra las madres buscadoras, que mientras ellas toman las calles para exigir la presentación con vida de sus hij@s, a otras madres las celebran como si en este país no pasara nada con l@s desaparecid@s; la prisión sin sentencia que a manera de tortura, se impone en contra de los presos políticos de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca; las amenazas y asesinatos contra periodistas, que en la mayoría de los casos sigue impune; la criminalización, difamación, represión y desprecio contra las madres y padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa, en especial en contra de su abogado Vidulfo Rosales, quien ahora lo miran, como “enemigo del sistema”; el desprecio institucional en contra l@s migrantes a quienes les impusieron, por órdenes de Estados Unidos, otro muro fronterizo que empieza en el río Suchiate; la persecución y hostigamiento en contra de defensores de Derechos Humanos; la violencia que vivimos día a día, de los cárteles del narcotráfico y l@s más de 100 mil desaparecid@s en México; todo ello, como ejemplo de una guerra capitalista que nos imponen.
Por lo anteriormente expuesto, convocamos a las organizaciones sociales, redes, colectiv@s, pueblos originarios y comunidades indígenas, a los hombres y mujeres de buen corazón, a participar en el…
Foro: EN MEDIO DE LA FARSA ELECTORAL, LA GUERRA CAPITALISTA CONTRA LOS PUEBLOS 18 de mayo, 11:00 Hrs. Casa delos Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” Av. Méxio-Coyoacán 343, Col. Xoco. Benito Juarez. Metro Coyoacán.
Participan: – Carlos González García, de la Coordinación General del CNI-CIG – Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el relleno sanitario y en defensa del Agua – Diego García Bautista, UPREZ Benito Juárez – Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX – Madres y Padres de Ayotzinapa – Ana Enamorado – Movimiento Migrante Mesoamericano – Concejo Indígena de Gobierno de Santiago Mexquititlán – Mariela Vázquez – Jornadas contra la criminalización y por la libertad
ATENTAMENTE
Por la Reconstitución Integral de nuestros Pueblos Agua, Tierra y Libertad Zapata Vive, la Lucha Sigue Samir Vive la Lucha Sigue Alto a la Guerra en contra de los Pueblos Zapatistas Hasta que la Dignidad y la Justicia se hagan costumbre Porque Vivos los Llevaron, Vivos los Queremos Viva el Elército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN Viva el Congresos Nacional Indígena, CNI-CIG Libertad para Saúl Rosales Meléndez, de San Pedro Tlalcuapan, Tlaxcala Libertad para José Díaz, Base de Apoyo Zapatista Libertad para Alfredo Bolaños, Fernando Gavito, Francisco Durán, Marcelino Miramón del Pueblo de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca Libertad para David Hernández de Puente Madera, Oaxaca Un Nosotrxs sin Estado No al Tren Maya No al Proyecto Integral Morelos No al Corredor Interoceánico
La laguna San Juan Acul hace parte de los cuerpos de agua del Refugio de Vida Silvestre El Pucté, al suroeste del departamento de Petén, norte de Guatemala, donde floreció la civilización Maya en el periodo clásico. La región, formada por bosques tropicales con gran cantidad de vida silvestre acuática y terrestre, es atravesada por ríos que desembocan en el mar caribe y en el Golfo de México, además de sus numerosos lagos y lagunas, como es la de San Juan Acul.
Una de las amenazas al refugio de la vida silvestre, así como a las otras siete áreas protegidas que existen en el suroeste de Petén, incluyendo sitios arqueológicos, es el monocultivo de palma aceitera. Quien admite este riesgo es el propio órgano ambiental de Guatemala, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). “Este cultivo constituye una fuerte amenaza a la biodiversidad y un riesgo ambiental inminente para las áreas protegidas”, advierte el consejo.
Sin embargo, por lo menos la laguna San Juan Acul, de tres kilómetros cuadrados, está protegida contra la palma. En sus orillas viven alrededor de 180 familias en la comunidad llamada Cooperativa Manos Unidas. “Aquí la palma no entra”, dice uno de los miembros de la comunidad, Conrado Matul.
En las orillas de la laguna, donde la comunidad recibió al equipo de Avispa Mídia, Matul enseña la localización privilegiada de la comunidad. Al norte de Manos Unidas, “en la otra orilla de la laguna”, está el refugio de Pucté. “Allí donde pueden ver los árboles de tinto [especie que está en peligro de extinción]. Aquí nosotros estamos en su zona de amortiguamiento”.
Comunitarios de Manos Unidas en las orillas de la laguna San Juan Acul. Foto: Santiago Navarro F
También al norte, “atrás de estos árboles, está el río La Pasión, hay un brazo del río que se conecta a la laguna; más allá”, apunta y pregunta, “¿pueden ver?”, al tiempo que recuerda que en el año 2015 la laguna estaba de luto, pues aparecieron peces muertos. Fue considerado uno de los crímenes ambientales más grandes del país, provocado por la productora de palma Reforestadora de Palma de Petén S. A. (Repsa), que contaminó el río y provocó la muerte masiva de peces y otras especies de la fauna acuática, no solo en sus aguas, pero también en los cuerpos que alimenta.
Al sur de la comunidad Manos Unidas se ubica el Parque Arqueológico Dos Pilas, también señalado por la Conap como amenazado por la palma africana. La comunidad está en su zona de influencia. “Estamos entre áreas protegidas y vemos que hay una completa ausencia del Estado para vigilarlas y protegerlas”, alerta Matul.
La palma llegó a esta región entre los años 2002 y 2003. Las 99 caballerías (4 mil 450 hectáreas) de Manos Unidas están siendo acorraladas por la palma africana, especialmente al sur de la comunidad. “Están en nuestro entorno, pero nuestro territorio está limpio”, agrega Matul.
Además de la invasión de áreas protegidas, comunidades como Nueva Guatemala, Lo Veremos, Sepens, Pico de Oro, Las Arenas han aceptado proyectos de la palma y han vendido sus tierras. “Es lamentable, pero las personas fueron convencidas. Nueva Guatemala, por ejemplo, es tan chiquita y está aislada por la palma. Aquí la Tikindustria es la principal empresa que viene abarcando las tierras y sabemos que quieren más”, dice Fernando Ramírez, también miembro de Manos Unidas.
En el plan maestro de las áreas protegidas del suroeste de Petén resalta la señal de alerta sobre la empresa Tikindustria, una empresa que nació en el año 2001, fundada por las familias Weissenberg Campollo y Weissemberg Ossaye. “Lastimosamente, el uso del suelo está cambiando rápidamente. La empresa Tikindustria ha adquirido enormes extensiones de tierra, para la siembra de palma africana y producción de aceite vegetal”.
Palma alrededor de la comunidad Manos Unidas. Fotos: Renata Bessi, Aldo Santiago.
Los habitantes de Manos Unidas listan una serie de impactos en su territorio por estar rodeados por la palma. Han notado, por ejemplo, que hay cambios en su sistema de producción. “Los frijoles, por ejemplo, aquí se planta en noviembre y se cosecha en febrero. El año pasado brotó una plaga que acabó con la producción de muchos campesinos. Nunca habíamos visto esta plaga aquí”, sostiene Ramírez. “Ellos utilizan veneno, este veneno no se queda solo en sus tierras, está en el ambiente, y eso cambia nuestra producción”, complementa.
En relación a afectaciones más directas a su territorio, los comunitarios de Manos Unidas están atentos y responden cuando hay una amenaza. Hace algunos años, Tikindustria quiso introducir un quinel en el río Charrilo, en territorio de Manos Unidas, para tirar los desperdicios de la fruta procesada, cuenta Ramírez. Este río desemboca en el río Coche y va a dar al río Petexbatún. “Así se va arrastrando la contaminación por los territorios. No lo permitimos. No se construyó”, sostiene Ramírez.
No fue por falta de intentos de la empresa que el monocultivo no entró en la comunidad. “La empresa palmera ha intentado convencernos. Ha buscado estrategias”, comenta Ramírez y agrega que les han ofrecido “proyectos, escuelas, perforación de un pozo, mejoramientos en general”.
Sin embargo, “Manos Unidos no ha cedido, no hemos aceptado ninguna clase de proyectos, porque es un tipo de compromiso que se asumiría con la palma africana”, señala.
Ya que de forma colectiva no hubo acuerdos, la empresa intentó entrar en Manos Unidos a través del convencimiento individual de sus miembros. Las tierras tienen título de propiedad colectiva y hace aproximadamente ocho años se organizó un grupo de 20 personas queriendo sacar el título de propiedad individual.
“Pero colectivamente tomamos la decisión de no aceptar. Sabemos que, si hubiéramos aceptado, estas tierras estarían inundadas de palma ahora. Fue todo un proceso, llegaron hasta donde pudieron llegar, pagando abogado. Pero no pudieron porque la organización de la comunidad fue muy clara en decir que no se aceptaba. Y, desde entonces, si ha respetado”, sostiene Ramírez.
Fernando Ramírez (en medio), comunitario de Manos Unidas. Foto: Santiago Navarro F.
Centro productor
La región norte de Guatemala, que abarca los departamentos de Petén, parte de Alta Verapaz y Quiché, es responsable por 57.78% del cultivo de palma africana en el país, de acuerdo con la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), en sus últimas estadísticas socioeconómicas, del año 2021. En la región norte existen 87 mil 400 hectáreas de plantación de palma africana, de las 180 mil 614 que existen en todo el país, siendo que solamente en Sayaxché, municipio donde está Manos Unidas, son 60 mil 869.22 hectáreas. De acuerdo al Central American Business Intelligence (Cabi), en 2021, Guatemala fue el tercer mayor exportador de aceite crudo de palma a nivel mundial.
Manos Unidas en las orillas de la laguna de San Juan Acul. Foto: Santiago Navarro F.
Lo que sostiene
Justo en las orillas de la laguna San Juan Acul, Avispa Mídia lanzó a los comunitarios la pregunta: ¿dónde está la fortaleza para no ceder a la presión de la industria de la palma? La primera respuesta vino, sin pensar, de Ramírez. “En la mayoría de las comunidades ya se maneja la propiedad privada. Aquí mantenemos el título de la tierra colectiva. Así se mantiene más segura”, comparte con mucha seguridad.
Los comunitarios atribuyeron toda la capacidad de resistencia, además, a la historia de Manos Unidas que fue, durante casi siete décadas, un proceso duro para tejer su colectividad.
La comunidad se constituyó a finales de la década de 1960 como una cooperativa campesina, por personas del pueblo maya Mam y K’iche’ provenientes principalmente del altiplano de Guatemala, que buscaban tierras cultivables para instalarse.
“La gestión para que se lograra estas tierras fue hecha por sacerdotes de los Estados Unidos que trabajaban en el occidente de Guatemala. Ahí nuestros padres y abuelos estaban siendo expulsados de sus tierras, entonces estaban buscando un lugar para poder tener sus propios cultivos”, explica don Julio Velásquez Hernández, representante de Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode) de Manos Unidas.
Don Julio Velásquez Hernández, representante del Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode) de Manos Unidas. Foto: Santiago Navarro F.
Don Hernández, cuya familia vino del altiplano de Guatemala, de Quetzaltenango, llegó a la comunidad cuando tenía seis años de edad. “Mi padre estaba trabajando en las algodoneras de la Costa, parte de Escuintla. No tenían suficientes tierras en Quetzaltenango para plantar para la subsistencia. Así que mis papás decidieron venir”, recuerda.
De inicio se trabajaba la tierra en conjunto. Se sembraba maíz, frijoles, arroz. Se cosechaba junto y se repartía la cosecha entre las familias. Eso en los primeros 20 años de la cooperativa. Pero las familias fueron creciendo y “la familia que tenía dos miembros recibía lo mismo que una familia que tenía diez. Ya no alcanzaba para mantener a todos. Entonces se decidió que cada quien se haría cargo de su producción, se repartió en parcelas”, cuenta Don Hernández.
Aunque cada socio tiene su parcela para trabajar, la cooperativa mantiene el título colectivo de las tierras. En la parcela que “nos toca, cultivamos para la alimentación básica, también tenemos algo de animales”, dice.
Como las tierras no pueden ser vendidas para personas de afuera, “logramos mantenerun equilibrio; cuando no tengo trabajo en mis tierras me voy a trabajar con otro compañero que, sí, tiene; lo mismo, cuando yo tenga trabajo puedo dar a otro compañero; siempre vamos a tener trabajo”, explica Don Hernández.
Lo que “vemos es que al vender sus tierras a las empresas de palma, la gente de las otras comunidades ya no tiene donde sembrar, entonces tienen que buscar alternativas para sostener sus familias, porque la palma no les da trabajo, o les da trabajo por cortos periodos, en la cosecha, por ejemplo”, señala el representante del Cocode.
La cooperativa también mantiene tres tiendas en la comunidad. “Se saca todos los gastos para el funcionamiento de la tienda, como sueldos de sus trabajadores y transporte de los alimentos. Lo que sobra de ganancia se reparte entre los socios y sus familias. Y lo que me toque a mí, también reparto a mis hijos, para seguir comprando en las tiendas de la cooperativa”, explica don Hernández.
Tienda de la cooperativa Manos Unidas. Fotos: Renata Bessi.
La cooperativa posee además dos molinos de nixtamal. “Todos acudimos allí a hacer nuestra masa”, dice él.
Manos Unidas mantiene 65% de su territorio cubierto por bosque. Están en tierras comunes de la comunidad, pero cada socio también es responsable por proteger el bosque en su parcela. “En casi la mitad de mi parcela mantengo el bosque”, dice don Hernández. En los bosques, la cooperativa desarrolla proyectos de apicultura y sistemas agroforestales.
La cooperativa es formada por una junta directiva – el presidente, vice-presidente, secretario, vocal y tesorero. Son elegidos por sus 80 socios. La junta posee la comisión de vigilancia, la comisión agrícola, la comisión de educación. Además, están el alcalde auxiliar y el representante del Cocode, elegidos por la comunidad. “No dependemos del Estado. Somos una comunidad autónoma. Es la comunidad que vela por su misma gente”, dice Ramírez.
Los abuelos y padres de Ramírez fueron unos de los primeros en llegar a Manos Unidas, también de Quetzaltenango. “Aprendemos y mantenemos toda esta fortaleza que trajeron estos señores, nuestros padres, nuestros abuelos, a estas tierras. La tomamos para continuar fortaleciendo nuestra organización. Tenemos la responsabilidad de velar por lo que nos fue dado”, dice Ramírez.
Niños juegan en Manos Unidas. Foto: Santiago Navarro F.
Conflicto para fortalecer
Manos Unidas sufrió con el Conflicto Armado Interno (1960-1996). “Aquí nos visitaba la guerrilla y también nos visitaba el Ejército”, sostiene el representante del Cocode.
“Hacíamos reuniones a escondidas, privadas. Decidimos que ninguna persona podría aceptar ir con la guerrilla, ninguna persona podía aceptar ir con el Ejército. Mantuvimos la posición de no ir con ningún solo grupo”, dice Ramírez.
“Por uno [una persona que adhería a la guerrilla] a veces venía el Ejército a terminar con toda la comunidad. Varias comunidades vecinas desaparecieron. Fueron destruidas completamente. Eso fue muy duro”, recuerda don Hernández.
Manos Unidas nunca se rindió a ningún lado, afirman los señores. “Se fortaleció y tomó su posición de no salir de su territorio. Ahora es la palma la que busca despojarnos, pero ya vivimos otros momentos muy difíciles de los cuáles aprendimos a estar unidos”, concluye Ramírez.
Tras el aumento inédito de la temperatura en el clima en las últimas semanas, el sistema eléctrico de México colapsó el pasado 7 de mayo. La paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) se colocó en un momento de emergencia y activó un protocolo para atender la pérdida de suministro de energía del país.
El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) explicó que el apagón ocurrió porque la demanda de energía fue superada al momento de que varias centrales eléctricas de ciclo combinado y de energía eólica del país dejaron de generar energía, provocando un déficit de 1,668 MW, equivalente al 3.34% de la demanda máxima del día en el Sistema Interconectado Nacional.
“Ante este escenario, a las 17h04 se declaró el Estado Operativo de Emergencia, desencadenando interrupciones rotativas en el suministro eléctrico para preservar la estabilidad del sistema”, detallaron los funcionarios.
Infraestructura de CFE en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Tony Guerra
Aún con las medidas implementadas por las autoridades competentes, la crisis estaba lejos de resolverse, ya que se fueron sumando más centrales que dejaron de producir energía en el país. Esto llevó “a una segunda declaración de Estado Operativo de Emergencia a las 19h10, esta vez con interrupciones que afectaron hasta 2,610 MW, representando el 5.23% de la demanda máxima del día”, declaró en un comunicado la Cenace.
Al día siguiente, el día 8 de mayo, en su habitual conferencia de prensa, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador refirió que la crisis de energía fue provocada por “el intenso calor”. Además, argumentó que “la mitad de la generación de la energía eléctrica [de México] se produce con empresas particulares y tenemos que ponernos de acuerdo para que se tengan las plantas en buen estado”.
Dependencia del gas de EEUU
En el año 1999 la paraestatal CFE era el único proveedor de energía para México, con capacidad de generación total. En el año 2015, su participación se había reducido drásticamente al 59%. Esto fue, según la propia CFE en su informe 2023, “resultado de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica; esta ley abrió las puertas a la participación de privados en esquemas como el autoabastecimiento, cogeneración y pequeña producción, así como la introducción del esquema de Productor Independiente de Energía (PIE)”.
De acuerdo con el Prontuario Estadístico de la Secretaría de Energía (Sener) de 2023, más del 50% de la energía en México se genera a través del gas natural, considerado un “energético limpio”.
El investigador Luis Pérez, del colectivo Geocomunes, contradice la afirmación de que este hidrocarburo es limpio. “Es un gas extraído por el método de fractura hidráulica (fracking), que genera fugas y emisiones a la atmósfera que tienen efectos en el calentamiento de la atmosfera mucho mayores, en el corto plazo, que el dióxido de carbono. Más o menos, el gas etano, es responsable de una cuarta parte del calentamiento global”, explica.
Además, se acrecentó la dependencia del gas proveniente de Estados Unidos. De acuerdo con la propia Sener, de 8 mil 207 millones de pies cúbicos de gas que utiliza México diariamente, casi el 70% es importado de EEUU, según el prontuario.
Esta información se corrobora con los datos presentados por la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA), según los cuales, entre enero y octubre de 2023, se exportó a México un volumen récord de 5 mil,660 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) de gas natural, equivalente a casi el 70% de lo que consume México para que sus centrales puedan generar energía eléctrica.
“México consume más o menos el 30% de todo lo que exporta EEUU de gas. Nos hemos convertido en un consumidor muy importante de gas proveniente de EEUU. Es el energético que sostienen la matriz energética de México y es algo de lo que se habla poco”, señala el integrante de Geocomunes.
Para que México se haya convertido en el principal receptor de gas de EEUU, “se ha construido toda una red de gasoductos, desde antes de la reforma energética del 2013”, sostiene Pérez.
Infraestructura de CFE en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Fotos: Tony Guerra
La red nacional de gasoducto en México consta de 19 mil 060 kilómetros, divididos en 10 mil 675 kilómetros del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural (Sistrangas) público, y 8 mil 385 kilómetros de propiedad privada.
En relación a los ductos privados, solo la estadounidense Sempra Energy, a través de su filial mexicana Sempra Infraestructura, ha desplegado sus activos en 17 estados de la república mexicana, con aproximadamente 3 mil 177 kilómetros de ductos de transporte de gas natural, etano y gas LP. Además, cuenta con 16 estaciones de compresión de gas natural más una en construcción, entre otros complejos de energía renovable.
Le sigue la canadiense TC Energy (antes Transcanada), quien tiene en su poder más 3 mil 700 kilómetros de gasoductos en territorio mexicano, considerando que en el año 2023 adjudicó un proyecto estratégico que le permitirá tener presencia en el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, con el proyecto denominado “llave a Puerta al Sureste”. Es un ducto submarino de 715 kilómetros que transportará diariamente más de mil 300 millones de pies cúbicos (MMPCD) de gas natural. De acuerdo con el informe a sus inversionistas de TC Energy, este proyecto ya ha “completado más del 70% de la instalación de tuberías en aguas profundas”.
A su vez este gran proyecto conecta otro gasoducto marino de 800 km, llamado Sur de Texas-Tuxpan, también de propiedad de la canadiense en asociación con Sempra.
La compra del gas estadounidense y el pago de su traslado a través de los gasoductos privados están asegurados, tal como lo indica Sempra en su informe 2023, a través de “acuerdos a largo plazo basados en dólares estadounidenses con los principales participantes de la industria, como la CFE, el Centro Nacional de Control de Gas, Petróleos Mexicanos (PEMEX)”.
De la misma forma, TC Energy sostiene en su informe a sus inversionistas que, además de haber celebrado acuerdos con CFE que “consolidan una serie de gasoductos operativos y en desarrollo en el centro y sureste de México”, también tiene asegurado el mercado del gas y su cobro por el uso de sus ductos, dado que los acuerdos contienen “un contrato de arrendamiento, hemos reconocido montos en inversión neta en arrendamientos en nuestro balance general”.
Firma de memorandum CFE, Carso y Sempra.
Es así como estas dos empresas, incluyendo a Fermaca y Carso, desde el año 2020 ya concentraban casi el 50% de los gasoductos del país, según la Dirección de Inteligencia Energética de la CFE. De alguna forma tienen en sus manos el poder de suministrar este insumo para la generación de electricidad en México. “La red de gasoductos está en manos de estas empresas y se reparten la red que tiene una serie de usos, principalmente abastecer a las centrales eléctricas”, puntualiza el integrante de Geocomunes.
De acuerdo con Luis Pérez, los primeros ductos privados se comenzaron a construir en noreste de México, una de las zonas donde se comenzó a usar el gas en las centrales de ciclo combinado. “Principalmente la industria minera. De hecho, es esta industria que comenzó con la importación de gas natural y que continúan haciéndolo, principalmente en Sonora, hay ductos específicos para las mineras”, agrega el investigador de este colectivo.
México, puente del mercado del gas
Junto al entramado de gasoductos de Sempra Infraestructura figura una planta de almacenamiento y regasificación de Gas Natural Licuado (LNG), ubicada en Ensenada, Baja California, llamada Costa Azul. De acuerdo con la empresa, “se está reconfigurando para que sea capaz de licuar y exportar gas natural procedente de Estados Unidos y enviarlo por barco a mercados en Asia”.
“Nosotros tenemos identificados ocho proyectos de exportación, sin contar las ampliaciones. Suman más o menos una capacidad de exportaciones de 11 mil 500 millones de pies cúbicos diarios. Eso es gigantesco, considerando que México consume entre 8 y 9 mil pies cúbicos diarios”, dice el integrante de Geocomunes.
Puntos de exportación de Sempra Energy hasta 2023.
Los puertos de México serán usados como puntos estratégicos, por su posición geográfica, para la exportación de este energético que viene de EEUU. “En término de lo que se conoce, estos proyectos pretenden exportar más de lo que se consume en México. Lo primero que hay que decir es que es una re-exportación”, complementa Luis Pérez.
De acuerdo con el investigador de Geocumunes, la región noreste de México cobra vital importancia para la exportación. “Esta región es el núcleo de estos proyectos, más o menos el 80% de la capacidad planeada está en el noreste, con cuatro terminales, en los cuales CFE está involucrada. Entonces no solo son actores privados los involucrados, sino que también está la paraestatal”.
Es importante resaltar, dice el investigador, que la CFE y la SENER están facilitando el mercado de exportación. “Aunque no se tiene mucha información, los datos dicen que CFE tiene compromisos de compras de 22 mil millones de pies cúbicos diarios. Es casi dos o tres veces más del consumo nacional. Si se llegará a inyectar esa cantidad de gas, se tendrían que construir más gasoductos y más infraestructura. Entonces CFE tiene alianzas con estas empresas que han tenido intereses de construir estas terminales. Como la de Salina Cruz, (en el corredor interoceánico) en particular, donde figura Sempra”.
Entonces los acuerdos con el gobierno mexicano es que, “CFE compra este gas estadounidense, que lo inyectan a ductos privados en México, a los que se comprometió el gobierno mexicano pagarle por 35 años por dejar fluir el gas. Y a su vez se pretende vender al mercado asiático”, concluye Luis Pérez.
Mientras tanto las olas de calor siguen impactando a México, el día 10 de mayo, el día de las madres, por cuarto día seguido la Cenace declaró nuevamente estado de alerta. Así que los apagones continúan en diversas regiones de México, donde algunos lugares como, Coatzacoalcos, Veracruz, la sensación térmica ha llegado hasta los 50 grados centígrados.
Después de que el 6 de mayo de 2024 Israel ordenara la evacuación de los palestinos que vivían en la ciudad de Rafah, anteriormente llamada “zona segura”, se presentaron diversas manifestaciones alrededor del mundo.
En la Ciudad de México se dio cita a una manifestación pacífica frente a la embajada de Israel, donde alrededor de 200 personas se concentraron para pedir justicia por la libertad de las y los palestinos, llamando a las autoridades a cortar toda relación con Israel con la intención de visibilizar el desacuerdo ante el genocidio palestino y la exigencia mundial para que se consiga un cese al fuego inmediato y permanente.
A la embajada acudieron diversos manifestantes con veladoras blancas, mantas con consignas y banderas de Palestina. Después de clamar justicia y libertad para las niñas y niños palestinos, se guardaron 21.5 minutos de silencio como símbolo de luto por los 215 días que han transcurrido desde el inicio del genocidio en Gaza.
Pasadas dos horas de protesta, la movilización continuó su camino por Paseo de la Reforma con el fin de crear un convoy seguro para el regreso de todas y todos los manifestantes, y para hacer más visible el rechazo a la guerra de Israel contra el pueblo palestino.
Esto ocurre tras el asesinato de más de 35,000 víctimas y el actual acorralamiento en la zona de Rafah tras la evacuación de la última área que resguardaba al menos a 80,000 personas, las cuales ya habían sido desplazadas anteriormente.
Durante la caminata, algunas vallas que se encontraban cercando la embajada de Israel en México fueron desplegadas y arrastradas durante el trayecto como símbolo de la lucha por derribar los muros fronterizos y el peso que los miles de palestinos han cargado durante estos meses para sobrevivir.
En portada: Sobrevivientes del conflicto armado interno se reúnen frente a la Corte Suprema, antes de una audiencia en el juicio por genocidio Ixil, en Ciudad de Guatemala, marzo de 2024. Foto: Cristina Chiquin
En Guatemala se realizan las audiencias en el juicio por genocidio contra Manuel Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor y quien se desempeñara como general del Ejército del país centroamericano entre los años de 1978 y 1982.
Es durante ese periodo que organizaciones sociales e indígenas señalan fueron cometidos crímenes de lesa humanidad contra la población campesina e indígena, en el marco del conflicto armado interno que se desarrolló entre 1960 a 1996.
Acorde al informe Guatemala Nunca más, coordinado por la iglesia católica en 1998, sólo en los municipios de Santa María Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal, ubicados en el departamento de El Quiché y donde radican comunidades mayas ixiles, el número de víctimas por la contrainsurgencia militar es de 12,400 personas.
De acuerdo a la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA, por sus siglas en inglés) solo en la época del gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 y 1982, la política de genocidio saldó con más de 1,700 víctimas de genocidio, desaparición forzada y crímenes de lesa humanidad por las operaciones militares desplegadas en la región maya ixil.
Indígena Ixil Lorenza Santiago, sobreviviente del conflicto armado interno, habla durante una audiencia contra el general retirado Benedicto Lucas García en una corte en la Ciudad de Guatemala el 8 de abril de 2024.
Por estas acusaciones, además de Lucas García, de 91 años, también se juzgará a Manuel Antonio Callejas y Callejas, quien se desempeñara como jefe de inteligencia militar y a quien se le juzgará en otro proceso debido a que argumentó demencia. Los dos acusados ya fueron condenados en el año 2018, acusados por violación, tortura y desaparición forzada de la activista política Emma Molina Theissen, así como por la desaparición forzada de su hermano, acontecida en 1981.
A pesar de que se anunció el inicio de las audiencias desde enero de este año, fue hasta el mes de abril que comenzaron las presentaciones de las pruebas y testimonios. Tras el anuncio de la separación de los juicios, la Asociación por la Justicia y la Reconciliación (AJR), organización que representa a las víctimas, declaró que, hasta el momento, han muerto 40 ancianos y mujeres “sin ver la justicia y frente a un Estado que sigue negando nuestra memoria del genocidio”.
El juicio
El juicio por genocidio contra la población Ixil es realizado por el Tribunal de Mayor Riesgo y prevé la participación de 125 testigos, entre ellos 30 mujeres víctimas de violencia sexual. Además, se contempla la presentación de 160 peritajes presentados por 80 peritos de los cuales 14 son expertos internacionales.
Lucas García se encuentra preso desde 2018 por otro caso vinculado al conflicto armado interno y sigue el juicio de manera virtual desde el hospital militar donde está internado. Foto: Juan Diego González.
Mediante conferencia de prensa, al anunciar el inicio de las audiencias programadas para marzo, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala señaló que entre las pruebas se presentarán, además de los testimonios de víctimas, documentos militares, algunos de ellos desclasificados por parte del Departamento de Estado de los EEUU con los cuales respaldan las acusaciones contra Lucas García.
El general del ejército guatemalteco Benedicto Lucas García señala un mapa en una guarnición militar. Santa Cruz de Quiché, Guatemala, 19 de enero de 1982. Foto: Robert Nickelsberg.
Cabe destacar que, si bien desde el año 2000 la AJR presentó la denuncia penal, fue hasta los años 2018 y 2019 que el caso fue judicializado con el proceso penal contra tres miembros de la cúpula militar, durante el gobierno militar de Romeo Lucas García, entre 1978 a 1982. Así, fue hasta el año 2020 cuando el poder judicial guatemalteco aceptó las acusaciones contra Manuel Benedicto Lucas García, Manuel Antonio Callejas y Callejas y César Octavio Noguera Argueta, este último fallecido el 21 de noviembre de ese año.
Genocidio, nunca más
Acorde a la AJR, cuando Lucas García dirigía el Ejército en los años 1981 y 1982 – durante el gobierno de su hermano, el presidente Romeo Lucas García – fue el responsable de ordenar más de 30 masacres, así como de la destrucción de 23 aldeas en la región maya ixil.
El actual juicio se suma a los previos procesos penales que han investigado los crímenes de lesa humanidad acontecidos durante el conflicto armado interno en Guatemala. Acorde a Jo-Marie Burt, investigadora de la Oficina em Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), los tribunales guatemaltecos han determinado en dos ocasiones que el Ejército de ese país cometió una política estatal de genocidio durante el gobierno sucesor de Lucas García, encabezado por el general fallecido Efraín Ríos Montt.
Montt fue delcarado culpable por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra la población maya ixil, en el norte de Guatemala, en el año 2013, aunque posteriormente la Corte de Constitucionalidad anuló la condena de 80 años de prisión.
Mujeres ixiles celebran la sentencia condenatoria de genocidio en 2018 Foto: Sandra Sebastián/Plaza Pública
A su vez, en el año 2018 un tribunal determinó por unanimidad que el Ejército guatemalteco cometió genocidio contra comunidades maya ixil. Sin embargo, José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de inteligencia militar y miembro del Estado Mayor del Ejército de Guatemala, quien fuera juzgado en ese proceso fue absuelto de todos los cargos.
Las audiencias en el juicio deben ser finalizadas en el mes de junio, por lo que desde su inicio, en marzo, organizaciones como la AJR han realizado un llamado de solidaridad, nacional e internacional para respaldar a las víctimas y sobrevivientes y así garantizar un proceso justo que evite la impunidad.
