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Tapachula, Chiapas, a 5 de noviembre de 2018

Organizaciones parte del Grupo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en Chiapas; hemos registrado el desalojo de la extensión del centro de detención Siglo XXI que se instaló en la “Feria Mesoamericana”. Durante la semana observamos la ejecución de medidas de alternativas a la detención a través de las cuales de canalizaron diariamente entre 80 a 100 personas a albergues de puertas abiertas y espacios acondicionados como tales.

Si bien desde el principio manifestamos que la habilitación de esta feria como extensión del centro de detención migratorio no garantizaba la seguridad e integridad física y emocional de las personas refugiadas detenidas, condicionando la asistencia humanitaria a permanecer en esta condición de detención e impedía que las personas accedieran a información sobre su situación, lo cierto es que su cierre no fue planificado.

De esta manera el sábado 3 y domingo 4 de noviembre nos percatamos de que, bajo términos distintos a las alternativas a la detención, fueron desalojados cerca de 2,000 personas (aproximadamente) que se encontraban dentro de la feria, mismas que han quedado mayormente expuestas. Con esta acción, el Estado mexicano, como Estado receptor, incumple las obligaciones que tiene a garantizar servicios básicos como parte de los procesos de atención, recepción e identificación.

Es importe reiterar que a la fecha nos fue negada por parte de las autoridades responsables, toda información que nos permitiera conocer la situación de las personas que estaban detenidas en la Feria, desde el momento de su ingreso, estancia, y salida, hecho que se agrava como consecuencia de este cierre que ha sido de forma abrupta y arbitraria al no contar con una planificación previa de salida, que posibilitara a las personas tener claridad sobre la información necesaria para realizar y/o continuar el proceso de solicitud de refugio. (Continuar leyendo…)

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5 de noviembre de 2018. 23:00 horas. Xalapa, Veracruz.

Este lunes 5 de noviembre salieron de Veracruz hacia Puebla y CDMX los más de 2 mil migrantes rezagados que se quedaron hasta la noche del domingo albergados en la ciudad de Córdoba, en el centro del estado, luego de 3 días en la entidad y 25 de travesía desde Honduras, Guatemala y El Salvador, de donde partieron la gran mayoría el 12 de octubre pasado.

Acompañar su tránsito en el territorio veracruzano implicó un enorme esfuerzo solidario de entre 50 y 100 personas de colectivos de defensa de Derechos Humanos de todo el estado, comunidades religiosas y sociales que integramos la Misión, así como de algunas autoridades locales y miles de personas que, por el más básico sentido de humanidad, se organizaron o salieron espontáneamente a su encuentro para ofrecer a los niños centroamericanos, mujeres, hombres, enfermos o familias enteras, todo lo que tuvieron a su alcance.

Como denunciamos desde el primer día (sábado 3 de noviembre), la dispersión de la caravana-éxodo migrante en los 300 kilómetros de la ruta Veracruz fue producto de la frustración, el desconcierto y la desesperación provocada por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al ofrecer un apoyo que retiró tres horas después excusándose en la falta de agua en CDMX. Un doblez cruel, inicuo y contradictorio que no sólo dejó en la indefensión a más de 5 mil personas en la entidad que encabeza las estadísticas nacionales de violencia contra migrantes, sino que, insistimos, los vulneró aún más. Anímicamente, los devastó.

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MISIÓN DE OBSERVACIÓN DERECHOS HUMANOS EN VERACRUZ

4 de Noviembre 2018

Desde las 4 y media de la mañana, todas las personas migrantes del éxodo que se encontraban dispersas en Cd. Isla, Tierra Blanca, Cordoba, Congregación Guadalupe “La Patrona”, Puebla y unas cuantas ya en la Ciudad de México reiniciaron su periple, sin ya esperar nada del gobierno, pero muy agradecidas por la solidaridad del pueblo mexicano, pidiendo “rite” a choferes de tráiler y cualquier tipo de vehículo dispuesto a prestar servicio de manera solidaria.

La meta de todos y todas es avanzar lo más que se pueda, avanzar, avanzar… hacia la Ciudad de México y de ahí a Tijuana para pasar del otro lado, con la preocupación en ciertos casos de no saber de sus familiares dispersos por la negación del gobierno del Estado de Veracruz de poner autobuses directos a la ciudad de México como lo había anunciado antier.

Sigue el cansancio, siguen enfermedades, mucha tos, pero el animo por avanzar sobresale.

Desmentimos el rumor del supuesto secuestro de camiones transportando migrantes el día de ayer, solo que llegaron un poco tarde a Puebla, pero exigimos de las autoridades de todos los niveles la protección de la caravana en cada paso en el territorio Mexicano.

Agotados caminan, algunos con ampollas en los pies, con la esperanza de que en tierras mexicanas se les vea como personas pobres, no como delincuentes; a cada muestra de solidaridad, sonríen, agradecen, gritan vivas a las familias que han salido a colmarles de víveres y de ropa, más de la que pueden cargar en sus maletas y en las plataformas de los trailers que les dan el aventón a la siguiente parada. (Continuar leyendo…)

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Éxodo. 30 de Octubre de 2018

ÉXODO DE MIGRACIÓN LATINOAMERICANA

El éxodo migrante, inició a las cinco de la mañana, según el acuerdo que se tomó en
asamblea general del día anterior; (29 de octubre en Niltepec, Oaxaca) el grueso de las
personas migrantes hicieron el recorrido del tramo Niltepec a Juchitán, arribando alrededor
de las doce del día a Juchitán a las instalaciones de la nueva terminal.
El Istmo oaxaqueño es la cuna de varios movimientos de resistencia y de lucha histórica,
Juchitán fue uno de los primeros municipios de oposición en el país y es el más importante
en la región, económicamente hablando, su identidad de raíz binni zá está viva, fuerte y es
motivo de resistencia. A pesar de que este territorio istmeño ha sido afectado por el despojo
de empresas transnacionales de energía eólica y amenazado por las mineras, así como por
la violencia asociada a la guerra contra las drogas, y en el último año varios pueblos fueron
devastados por el terremoto y los sismos posteriores, hoy Juchitán y otros municipios del
Istmo, dieron constancia de una recia solidaridad, una de las cualidades de los territorios de
autonomía y lucha. En este contexto en defensa de la vida, las comunidades indígenas de
la región del Istmo se manifiestan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el
despojo y la injusticia de los megaproyectos eólicos.
Esta solidaridad ha sido correspondida por otros pueblos hermanos, como se ha
demostrado en la contingencia de septiembre del año pasado, cuando varias personas
centroamericanas y en situación de migración, apoyaron a la sociedad istmeña en general
a las tareas de rescate, y recolección de escombro.

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“Esta ley es un riesgo porque perpetúa un modelo de seguridad que es fallido,  regulariza las tareas de seguridad pública de un ejército que debiera intervenir de manera excepcional, por eso se convierte en un estado de excepción permanente porque las Fuerzas Armadas pueden intervenir con este marco jurídico prácticamente subordinando al poder civil, subordinando a las policías, dándole amplios poderes al Presidente de la República para hacer una declaratoria, eufemísticamente denominada como declaratoria de riesgo a la seguridad interior, que es en realidad un estado de excepción que justifica la participación de las Fuerzas Armadas” (Intervención en Conversatorio)

A finales de noviembre la Cámara de Diputados daba luz verde a  la denominada Ley de Seguridad Interior. Ante su posible aprobación (hoy) en el Senado de la República, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil se han manifestado y advertido de las gravísimas consecuencias en caso de ratificación.

El pasado 9 de diciembre tuvo lugar en la plaza de la resistencia de San Cristóbal de las Casas un conversatorio sobre el tema. Ahí se señaló, entre otros puntos importantes, la ambigüedad en la definición de “seguridad interior” y la amplitud de acciones que pudieran considerarse como amenazas.

Asimismo, se mencionó que este “nuevo” paso en materia de seguridad lo que pretende es “regular lo excepcional”, es decir, crear un marco normativo a modo para proteger al gobierno, instituciones y su proyecto neoliberal en un país marcado por la violencia de Estado y ante una coyuntura electoral. Con ello y a partir de definiciones interesadas se facultaría –legalmente- a las Fuerzas Armadas de México a realizar labores que hasta ahora debieran ser exclusivas de organismos de seguridad pública (tales como detenciones o investigación).  Además sin observancia a estándares de derechos humanos y sin contar con mecanismos independientes de rendición de cuentas.

A continuación el audio completo del conversatorio (vía komanilel.org)

Para mayor información sobre la Ley de Seguridad Interior puede consultarse también:

https://frayba.org.mx/la-ley-de-seguridad-interior-contraviene-la-constitucion-y-da-continuidad-a-una-politica-de-seguridad-fallida-llamamos-al-senado-de-la-republica-a-no-aprobar-la-ley-de-seguridad-interior/

https://frayba.org.mx/ley-de-seguridad-interior-fortaleceria-logica-de-guerra-y-violencia/

http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:2017-10-25-18-21-51&catid=209:front-rokstories&lang=es

https://www.seguridadsinguerra.org/#block-7149

Report on the SSP (Security and Prosperity Partnership of North America, or ASPAN in Spanish) and its relationship with militarization and displacement in Chiapas, with interviews (by Group Basta, Germany, recorded in Mexico City) with Laura Carlsen, director of the Americas Program of the Center for International Policy in Washington, and with Marco Antonio Velázquez Navarrete of the Mexican Network for Action Against Free Trade (Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio).