justicia
La organización campesina de la sierra del sur Tepetixtla, Coyuca de Benítez (O.C.S.S) exige justicia a 7 años del asesinato de Samir Flores Soberanes
AL PUEBLO DE MEXICO
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL
A LAS REDES DE RESISTENCIA EN REBELDÍA
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN LIBRES Y DIGNOS
A LAS ORGANIZACIONES DE LUCHAS DIGNAS EN GUERRERO
A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS INDÍGENAS Y CAMPESINOS DEL MUNDO, EN GUERRERO Y TODO MÉXICO
Cantó cuando temblaba el silencio.
Tendió el abrazo del río
para besar su corriente sin poseerlo.
Sembró su voz y sembró la chispa,
tuvo raíz como la verdad,
no se cosió los ojos,
abrió la puerta del horizonte,
calavera de agua,
cenzontle roto….
Fragmento de “A Samir Flores”, Lu Schaffer
La organización campesina de la sierra del sur Tepetixtla, Coyuca de Benítez (O.C.S.S) e integrante del congreso nacional indígena-consejo indígena de gobierno.
Exigimos justicia a Siete años sin Samir Flores Soberanes y la verdad y la justicia no llegan. Pesada ausencia en nuestros corazones. Siete años llenos de indiferencia, de mentiras, de tretas, de dilaciones, de encubrimientos, desde el poder.
El 16 de febrero pasado, se inició el juicio contra Javier “N”, “el Temalaco”, cinco años después de su detención. Es el único detenido como probable autor material del asesinato de Samir Flores y su juicio fue aplazado más de cuatro veces.
No se ve que investiguen quien ordenó su muerte. Quienes son él o los autores intelectuales. Quieren reducir todo a la búsqueda de un autor material. Todo apunta a que nos tratan de engañar con otro teatro.
Creemos firmemente que deben ser investigados Hugo Erick Flores, Humberto Sandoval, Cuauhtémoc Blanco, Uriel Carmona y hasta el que en su campaña electoral prometió (y no cumplió) que no permitiría que en la tierra de Zapata se implantara el Megaproyecto Integral Morelos, Andrés Manuel López Obrador.
Donde está la congruencia de los que muy seguido usan la palabra “justicia” o slogans publicitarios como “Por el bien de todos, primero los pobres”
Con el Plan México nos muestran un panorama de más contaminación, más despojo en nuestros pueblos, más extracción de nuestros recursos, más riquezas para unos cuantos, más dependencia norteamericana, mas violencia para ver quien o quienes se quedan con las ganancias generadas a costa del sufrimiento de nuestros pueblos.
Pero no vamos a claudicar, seguiremos exigiendo justicia con el ejemplo de vida y lucha que Samir dejó entre nosotros.
También exigimos que cesen las agresiones, calumnias, asesinatos y todo tipo de violencia contra los compañeros y las poblaciones integradas en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata en Guerrero (CIPOG-EZ), por parte del grupo paramilitar “los ardillos” y sus patrocinadores políticos y economicos.
Adelante con la digna lucha de el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua en el estado de Morelos.
POR LA UNIDAD DE OBREROS, INDÍGENAS Y CAMPESINOS
ORGANIZACIÓN CAMPESINA DE LA SIERRA DEL SUR
(TEPETIXTLA, COYUCA DE BENITEZ, GUERRERO)
(O.C.S.S)
Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
27 de febrero de 2026
Boletín No. 02
Desplazamiento forzado y criminalización contra integrantes del CNI en Jotolá
- Libertad inmediata a Francisco Moreno y María de Jesús integrantes del CNI y cancelación de las ocho ordenes de aprehensión.
- Condiciones precarias en el lugar de refugio de 8 familias, 30 personas, tseltales, entre los que se encuentran 17 menores de edad.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó el desplazamiento forzado de 30 personas tseltales, integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI), ocurrido el 12 de febrero de 2026 en el ejido Jotolá, municipio de Chilón, Chiapas. Ocho familias campesinas fueron obligadas a abandonar sus hogares con violencia extrema. Entre ellas se cuentan 17 niñas y niños, una mujer embarazada, dos personas adultas mayores y dos menores de edad con discapacidad.
A las ocho de la mañana fue la detención de Francisco Moreno Hernández (Francisco) por la Policía Municipal. En un segundo momento a las 11.00 hrs., aproximadamente cien personas irrumpieron en la tierra donde tenían sus casas y hacían la vida las ocho familias que están desplazadas. Entre los agresores se identificó la participación de la Guardia Estatal, la Policía Municipal de Chilón, funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y del Tribunal Unitario Agrario.
El desplazamiento forzado interno dejó cinco casas destruidas, pertenencias robadas y quemadas, animales domésticos asesinados y al menos tres personas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en ese momento fue detenida María de Jesús Sánchez (Maria de Jesús), durante el traslado fue torturada por un elemento de la Fiscalía Indígena y amenazada con ser desaparecida.
La violencia no terminó con el desplazamiento. Se profundizó en actos de criminalización y judicialización contra integrantes del CNI. Ese día Francisco y María de Jesús fueron puestos a disposición ante el Juzgado de Control de Yajalón, en el que se les señalo que estaban acusados del delito de despojo agravado.
El martes 17 de febrero continuó la audiencia, en la cual el Juez vinculó a proceso a las personas imputadas. A Francisco se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pese a que la Fiscalía no argumentó la necesidad de dicha medida, siendo esta la más lesiva. Actualmente se encuentra privado de su libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de Yajalón No. 12. Por su parte, a María de Jesús se le impuso la medida cautelar de firma periódica semanal.
Estas acciones forman parte de una estrategia de represión contra quienes defienden la tierra y se niegan a privatizarla. La participación de estas autoridades y actores locales en este evento constituye una grave violación a los derechos humanos.
A lo anterior se suman ocho órdenes de aprehensión que buscan legitimar la violencia y el desplazamiento, aumentando la vulnerabilidad de las familias que tuvieron que huir de sus hogares y que actualmente se encuentran en riesgo su libertad y seguridad.
Las consecuencias de este ataque afectan derechos fundamentales: la integridad y seguridad personal, el derecho a la vivienda y a la tierra, el acceso a la salud —incluyendo la salud sexual y reproductiva de las mujeres— y los derechos de niñas, niños y adolescentes a vivir en condiciones de bienestar y protección. En particular, se subraya el derecho a la no discriminación en el caso de María de Jesús, mujer desplazada y madre de dos hijos y dos hijas en situación de vulnerabilidad que se agrava por la violencia y el desplazamiento.
Los impactos psicosociales son múltiples: ansiedad, miedo, insomnio, estrés, dolores físicos y agravamiento de enfermedades crónicas en adultos y personas mayores. Las infancias presentan pesadillas, decaimiento y afectaciones emocionales; un bebé de dos meses sufre vómito y diarrea, mientras que una mujer embarazada de cuatro meses padece dolores en el vientre.
El Gobierno federal y estatal son responsables de este grave desplazamiento que vulnera los derechos humanos de las familias afectadas. Deben garantizar protección, investigar los actos de violencia y asegurar justicia para quienes habitaron el ejido por más de 30 años.
Exigimos al Estado mexicano la aplicación inmediata de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la ONU y, en consecuencia, el cumplimiento de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas. En este marco, es urgente garantizar atención integral a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, quienes enfrentan condiciones de extrema vulnerabilidad tras el desplazamiento forzado. Asimismo, demandamos el cese de la criminalización y el retiro de las órdenes de aprehensión emitidas contra integrantes del CNI, así como la liberación inmediata de Francisco Moreno Hernández, actualmente privado de su libertad. Resulta indispensable que se realice una investigación exhaustiva y se sancione a los perpetradores identificados cuya participación directa e indirecta en los hechos constituye graves violaciones a los derechos humanos.
Convocamos a la solidaridad nacional e internacional a manifestarse y expresar su apoyo frente a estos actos represivos que buscan desarticular la resistencia de las comunidades indígenas en defensa de la tierra y la vida. La violencia ejercida contra las familias tseltales del ejido Jotolá es parte de una estrategia sistemática de despojo y represión que vulnera derechos fundamentales y amenaza la dignidad de los pueblos originarios.
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