Radio Zapatista

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POSICIONAMIENTO DEL CIPOG-EZ FRENTE AL OPERATIVO FALLIDO DE LA SEDENA EN QUECHULTENANGO, UNO DE LOS BASTIONES DEL GRUPO NARCO-PARAMILITAR LOS ARDILLOS.

Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Resistencia y Rebeldía

A la Red Nacional contra la Represión

A los medios de comunicación

A las Organizaciones de Derechos Humanos

17 de febrero de 2022

Frente a la estrategia fallida del ejército el día de ayer miércoles 16 de febrero en Quechultenango, pareciera que sólo nos queda esperar a que por suerte no nos maten. No concebimos que el ejército mexicano, con toda la capacidad técnica, logísitica, tecnológica, con todo eso que llaman “inteligencia militar”, no haya sido capaz de llevar a cabo las detenciones de los operadores del grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” en Quechultenango. No entendemos cómo entran a hacer un operativo y un grupo de 200 pobladores, cuya mayoría teme a “Los Ardillos” pero controlada por ellos, los amedrentan y expulsan de la comunidad.

Tampoco entendemos que se haya suscrito una minuta con gente de “Los Ardillos”, en la que se acordó que se permitiría la realización de operativos militares en Quechultenango, pero acompañados de la policía municipal así como de las guardias comunitarias ¿a caso con toda la inteligencia militar no saben que en Quechultenango no hay policía comunitaria sino sicarios al servicio de “Los Ardillos” y dirigidos por Bernardo Ortega, diputado local por el PRD en Chilpancingo? ¿A caso no hemos dicho hasta el cansancio y se ha comprobado que las policías municipales trabajan para el crimen organizado igual que muchos presidentes municipales incluyendo el de Quechultenango? ¡Firmaron una minuta con dirigentes de sicarios!

¿Para qué tanta palabrería y operativo, si al final terminan negociando con quienes tienen que detener, si al final se fortalecen los grupos narco-paramilitares a los que se tenía que desarticular?

En el registro de video que queda del “operativo”, una mujer, les dice en su cara a los militares que “ellos son ardillos”, en alusión a la gente que se manifestó para expulsar a los militares; con todo el cinismo que brinda la protección del estado. Ella no miente, efectivamente Quechultenango, así como Chilapa, Colotlipa, Tixtla, Petaquilla y Tlanipolulco (base donde viven los Ardillos), son bastiones de “Los Ardillos”. Lo que no dijo, es que tanto en Quechultenango, como en sus demás bastiones, la mayoría de la población les teme, pues sufren extorsiones y el miedo de vivir algunas de las atrocidades que “Los Ardillos” han venido haciendo en el estado de Guerrero por más de 30 años, con la protección de los gobiernos del PRI, PRD y ahora Morena.

Que quede claro, que no denunciamos a la gente de Quechultenango que es obligada, bajo amenaza de muerte, a callar los crímenes de “Los Ardillos, sino al grupo narco-paramilitar, que utiliza a la gente como carne de cañón. Hacemos responsable al estado por lo que esta sucediendo y por lo que le pueda suceder a quienes pertenecemos al CIPOG-EZ, así como a las comunidades de la Montaña Baja de Guerrero, pues si las fuerzas del estado no logran desarticular a los criminales Ardillos y Rojos, detener a sus cabezas, como es Bernardo Ortega (diputado), a Celso Ortega (llamado La Vela, brazo jefe del brazo armado de “Los Ardillos”), a Jorge Ivan Ortega y a Antonio Ortega, hermanos todos y jefes del grupo delincuencial, el escenario de guerra y muerte que existe en nuestras comunidades, continuará.

Por eso exigimos:

• Que se mantengan los operativos en Quechultenango y en los territorios que ya hemos señalado nosotras y nosostros como CIPOG-EZ (Chilapa, Colotlipa, Tixtla, Petaquilla y Tlanipolulco), pero no sólo, sino periodistas, otras organizaciones y personas que han sufrido la violencia de “Los Ardillos”.
• Que se depuren y desarticulen a “Los Ardillos” desde las instituciones que están vinculadas a ellos, como lo es la policía municipal, presidentes municipales, fiscalía; no es posible que el ejército vaya a realizar operativos junto a quienes son los asesinos, perpetradores de los crímenes e informantes de éstos.
• Que la estrategia del gobierno y los operativos los realicen de manera contundente, de tal forma que los hermanos Ortega Jiménez, empezando por el diputado Bernardo Ortega, Celso, Jorge y Antonio Ortega, sean detenidos, no puede ser que a mas de 30 años sigan asesinando y atemorizando a la población con toda la impunidad que el estado brinda.
• También les exigimos a los comandantes y Capitanes y jefes de la Sedena, de la 35 Zona Militar, de la Guardia Nacional y demás corporaciones, que si no tienen el valor de proteger a la población y detener a los grupos criminales, que renuncien ¡dejen de simular y jugar con la vida de miles de seres humanos!

Nosotras y nosotros por nuestra parte, como CIPOG-EZ, no nos rendimos, no nos vendemos y no claudicamos, nuestra palabra es verdadera y nuestra lucha es honesta, por la vida y el territorio, por eso sabemos que la razón está de nuestro lado y no escatimaremos en esfuerzos para proteger la vida de nuestras comunidades.

ATENTAMENTE:

CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA

Source: Enlace Zapatista

Ελληνική μετάφραση  (Griego)
Deutsch Übersetzung (Alemán)
Traduzione Italiano (Italiano)
Original en español (Español)

Stop the Repression of the Indigenous Peoples of Mexico!

To the Mexican people:
To the peoples of the world:
To the Sixth in Mexico and abroad:
To the media:

We denounce that on February 15 at approximately 1:20hrs, the repressive agents of the bad government including the National Guard, the state police of Puebla and the municipal police of Juan C. Bonilla, invaded and dismantled the space of resistance and organization of the Altepelmecalli People’s House, an autonomous political and cultural space that until March 22, 2021 was a factory owned by Bonafont. Bonafont is a transnational corporation that has for years stolen and hyper-exploited the aquifers in the Cholulteca region.

We fervently condemn the heightened repression by the capitalist government, which calls itself the “4T,”[i] of the resistance and struggle for life waged by our brothers from the United Peoples of the Cholulteca and Volcanos Region [Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes], who converted that landscape of death into a space of encounter and exchange despite determined efforts to impose the Integral Project for Morelos in the states of Morelos, Puebla and Tlaxcala[ii]. That megaproject would put a natural gas pipeline through the territories of the peoples of the volcano, where old and new forms of organization are sprouting seeds of hope and rebellion.

We are on high alert given the possible persecution of our brothers and sisters from the Altepelmecalli People’s House. We hold the Federal Government responsible for using its armed National Guard thugs to intensify the war of money against life. We hold the government responsible for protecting the Bonafont company, which displaces, steals, privatizes and immorally profits off our people’s waters, creating harm in the form of sinkholes and the running dry of wells, springs, rivers and gullies. This is what has happened to the Metlapanapa river, which the People’s Front of the Cholulteca and Volcano Region [Frente de Pueblos de la Región Cholulteca y los Volcanes] has defended against the river’s exploitation and pollution by industry.

We denounce this repressive offensive on the part of Mexico’s neoliberal bad government against our compañeros and compañeras who are raising the flag of organization from below in their geographies and convoking us to struggle for life. We condemn the following:

1. The assassination of our compañero, Francisco Vázquez, president of the ASURCO Monitoring Counsel[iii], who raised his voice against the theft of water from the ejidos of the Ayala region as part of the operations of the thermoelectric plant in Huexca, Morelos.
2. The criminalization of the Otomí people, and of our compañero Diego García by the head of that shadowy institution of the bad government called INPI [National Institute for Indigenous Peoples], which has served to extend the indigenist and clientelist control of our peoples, and whose offices used to be located in what is today the Samir Flores Soberanes People’s House.[iv]
3. The persecution of the Indigenous Supreme Council of Michoacán for their recent mobilizations against disrespect, racism, and dispossession and for the removal of the appalling monument known as Los Constructores (The Builders) in Morelia, Michoacán[v].
4. The indifference and criminal complicity of the National Guard in the face of violence in Guerrero where drug cartels attack the communities of the Indigenous and Popular Council of Guerrero- Emiliano Zapata who oppose the extractive megaprojects and denounce the governments’ complicity with narco-paramilitary groups that kill and disappear our brothers[vi].
5. The militarization of the Isthmus of Tehuantepec in order to impose the Salina Cruz-Coatzacoalcos Interoceanic Corridor megaproject[vii] as well as the illegal occupation of our communities’ lands for this project like what’s happening in the Binnizá community in Puente Madera[viii] belonging to the commons of San Blas Atempa, Oaxaca.
6. The utilization of the National Guard and armed state and municipal groups to stifle the demands of normalistas[ix] students in Ayotzinapa, Tiripetío and Mactumatzá for justice[x] and for recognition of their terms for the escuelas normales.

We hold the Mexican federal government responsible for the escalation of repression against our peoples, and we demand that the National Guard and police forces cease actions against those who oppose the exploitation and destruction of nature and the plundering of the territories and community heritage of originary peoples in order to impose megaprojects of death promoted by the Mexican State.

We call on the peoples, nations, and indigenous tribes of Mexico, as well as on allied organizations and collectives, to be on alert for this wave of neoliberal repression announced by the capitalist government of this country in an agreement published in the Official Journal of the Federation on November 22, 2021.[xi] This agreement also declares the projects and federal governmental works matters of public interest and national security which they can then use as a pretext to exercise armed force against peoples who oppose this unprecedented dispossession and destruction of Mexican territory.

We call on the people, groups, collectives, organizations, and movements in the territory of SLUMIL K´AJXEMK´OP (also known as “Europe”) to mobilize and come out against the transnational corporation Bonafont-Danone, headquartered in France, and the agencies of the current Mexican federal government in Europe.

For life!
Solidarity and support for the originary peoples of the National Indigenous Congress!

Sincerely,
February 16, 2022
For the Full Reconstitution of our Peoples
Never Again a Mexico Without Us
National Indigenous Congress—Indigenous Governing Council
Zapatista Army for National Liberation
Sixth Commission.

[i] The López Obrador campaign has deemed its governing project the “Fourth Transformation” (4T), supposedly on par with historic events such as Mexican Independence (1810), a period of reform in the mid-19th century, and the Mexican Revolution (1910).
[ii] “The Integral Project for Morelos, for example, consists of two thermoelectric plants and well as gas and water pipelines that will dispossess the Nahua indigenous peoples who inhabit the Popocatépetl Volcano region in the states of Morelos, Puebla, and Tlaxcala of their land, water, security, health, identity, and life on the land. The State, along with Elecnor, Enagas, Abengoa, Bonatti, CFE, Nissan, Burlington, Saint Gobain, Continental, Bridgestone and many other companies have imposed this project via the use of state, federal, and military violence, instilling terror in the inhabitants through torture, threats, imprisonment, judicial persecution, the closing of community radios, and now the murder of our brother Samir Flores Soberanes.” https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/03/12/samir-lives-the-struggle-continues-declaration-from-the-third-national-assembly-of-the-national-indigenous-congress-the-indigenous-governing-council-and-the-ezln/
[iii] Francisco Vázquez was assassinated on February 11, 2022 in Ayala. ASURCO is the Asociación de Usuarios del Río Cuautla [Cuautla River Users’ Association].
[iv] The Otomí community in Mexico City has occupied the INPI offices in Coyoacán since October 12, 2020, renaming it the Samir Flores Soberanes People’s House at the anniversary of the occupation in October 2021. https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2021/10/06/cdmx-invitacion-a-celebrar-con-resistencia-y-rebeldia-un-ano-de-la-toma-del-inpi/
[v] On February 14, 2022 the Indigenous Supreme Council of Michoacán tore down the statue known as “The Builders” [Los Constructores] that depicted the Spanish priest Fray Antonio de San Miguel giving orders to a group of enslaved indigenous people, symbolizing domination and genocide of the indigenous by the Spanish.
[vi] Most recently, on January 30, 2022, the Indigenous and Popular Council of Guerrero-Emiliano Zapata was attacked by the narco-paramilitary organization called Las Ardillas (The Squirrels). The attack lasted for two hours during which the governmental authorities never responded or intervened.
[vii] The Salina Cruz-Coatzacoalcos Interoceanic Corridor is one of the largest proposed megaprojects that would connect the Pacific Ocean to the Atlantic Ocean by a rail line between two ports in the states of Oaxaca and Veracruz.
[viii] On February 4, 2022, two people were caught deforesting and fencing off areas of Pitaya communal lands without the community’s permission.
[ix] Normalista refers to students that participate in the Escuelas Normales which are teaching colleges that principally train rural and indigenous young people to be teachers in their own communities.
[x] In 2014, 43 students from the Escuela Normal in Ayotzinapa in Guerrero were abducted and disappeared.
[xi] The announcement is posted here in Spanish: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5635985&fecha=22/11/2021

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Por Sara Guerrero Alfaro

Las defensoras de derechos humanos María de Jesús Patricio y Nisaguie Abril Flores participan en la Gira de la Vida, orquestada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

María de Jesús Patricio, mejor conocida como Marichuy, es una médica tradicional de origen nahua y defensora de los derechos humanos. En 2017 fue elegida como vocera representante del CNI y precandidata en las elecciones presidenciales de 2018. Nisaguie Abril Flores es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Itsmo en Defensa de la Tierra y el Territorio y recientemente colaboró ​​con la producción del documental Gente de mar y viento.

Pudimos hablar con estos dos defensores de derechos humanos durante su breve visita a Galicia. Los encuentro una tarde soleada de fin de año en el Centro Social de Bouzas. En los días previos, ambas mujeres participaron en varios encuentros celebrados tanto en Santiago de Compostela como en Vigo por parte de universitarios y diversos colectivos. Llevan más de un mes de viaje, su final no está cerca y esa misma tarde su agenda apunta a un viaje a Barcelona.

A lo largo de la entrevista, la voz de Marichuy se quebró un par de veces por las varias semanas de trabajo continuo. A su lado, Nisaguie Abril Flores también se siente un poco cansada. Pero a pesar del largo turno de noche del día anterior y el viaje por delante, ambos me saludan con moderación. Su perspectiva de lucha, que se basa en la creación de alianzas entre diferentes grupos, establece pautas alternativas para la superación del realismo capitalista y los límites de las políticas identitarias.

Marichuy e Nisaguie Flores estiveron en Galicia. Pablo Santiago

Un poco de memoria, luchas a escala global

El 1 de enero de 1994 fue un año histórico para la República Mexicana. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cambió la perspectiva mixta del país y visibilizó las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas. Dos años después se crea el Congreso Nacional Indígena (CNI), un espacio de organización propio de los pueblos originarios, con el objetivo de fortalecer sus luchas de resistencia y rebeldía, con formas propias de organización.
Ahora, a 27 años del primer levantamiento y a 25 años de la creación del CNI, los pueblos indígenas de México intentan nuevamente cambiar la perspectiva de las luchas sociales. Esta vez, a escala global. Coincidiendo también con el 500 aniversario de la conquista de Abya Yala, el pasado mes de abril el EZLN anunció la denominada Gira por la Vida, una jornada en la que más de un centenar de representantes del EZLN y del CNI recorrerían varias ciudades europeas para realizar visible los procesos de lucha de las comunidades indígenas y la creación de redes con movimientos de resistencia a la opresión neoliberal en toda Europa.
El 20 de junio, tras varias semanas navegando, llegaba al Puerto de Vigo el barco bautizado La Montaña con el Escuadrón 421 a bordo. Esta comisión estuvo integrada por siete miembros del EZLN, quienes recorrieron varias ciudades europeas durante varios meses. Fue el 14 de septiembre de este año cuando llegó al aeropuerto de Viena una comisión llamada La Extemporánea, integrada por 177 personas de varias comunidades indígenas de todo México. María de Jesús Patricio y Nisaguie Abril Flores forman parte de esta Unidad de Escucha y Palabra que continuará con el camino iniciado por el Escuadrón 421.

¿Cómo está constituido el CNI?, ¿cuál es su relación con el EZLN?
Maria De Jesús Patricio (MA): En 1995, durante los diálogos de San Andrés, nuestros hermanos zapatistas convocaron a un Foro Nacional Indígena (FNI) en Chiapas, con el objetivo de que todos los pueblos transmitieran su palabra. En ese momento, tanto los medios como el gobierno dijeron que la situación en Chiapas era excepcional, que el resto de los indígenas estaban bien, que no tenían problemas. El Foro fue una respuesta a esto. Fue un movimiento estratégico de nuestros hermanos zapatistas. Absolutamente todas las poblaciones originarias de México llegaron a la FNI. Desde el principio notamos nuestro parecido físico. Mientras nos reuníamos allí, comenzamos a hablar. Todos vestían su traje, hablaban su idioma, compartían las costumbres de sus comunidades. Hablamos de los problemas que tenían nuestros hermanos de Chiapas, que venían resistiendo desde hace mucho tiempo. Eran problemas de salud, conflictos territoriales, violaciones de derechos colectivos.

El gobierno utiliza herramientas “legales” para justificar aún más el desalojo de comunidades

Fue ese encuentro el que nos hizo pensar en tener nuestro propio espacio. No una organización, sino algo que era un lugar donde se llevaba a cabo una gran asamblea y se sentía como el hogar de todos y cada uno. Luego se formó el Congreso Nacional Indígena. Esto ocurrió en un evento en la Ciudad de México, donde llegó la Comandante Ramona para entregar una bandera mexicana. En ese momento, los medios dijeron que los pueblos indígenas querían separarse del país, que querían crear otra nación dentro de la nación. Pero no, exigimos reconocimiento colectivo, como comunidades. Al entregar la bandera, la Comandante dejó en claro que somos mexicanos y queremos seguir siéndolo de México, pero queremos que se nos respete en nuestra integridad como pueblos.

Imagen: Eneas de Troya. Marichuy en Ciudad Universitaria. (CC POR 2.0)

El CNI integra a 68 pueblos. No todos están porque aunque todos llegaron a la primera convocatoria, algunos se han desvinculado con el tiempo o solo asisten a asambleas ocasionalmente. Los zapatistas son parte de este espacio y gracias a ellos el CNI no ha perdido el rumbo hasta el momento. Nació para hacernos más fuertes, para defendernos y buscar desde dentro nuestras propias formas de organización. Fortalecer nuestra autonomía en el tiempo.

Una lucha presente

¿Qué pasó con los Acuerdos de San Andrés, tanto en 1996 como en 2000?¿Cuál es el estado de la legislación en materia de derechos humanos de las comunidades indígenas de México?
(MA): Luego de la aprobación de la contrarreforma indígena de 2001, la llamada Ley Cocopa, que cercenó derechos y no recogió el espíritu de los Acuerdos de San Andrés, quedó claro que todo iba a tomar el mismo rumbo. Era la intención de seguir reglamentando las normas que están vigentes, pero bajo aquella primera que nació para lesionar a las comunidades.

Desde los pueblos vemos que esta ley fue la forma en que el poder y el capital aseguraron el despojo de las comunidades. Fue una preparación para poner en marcha los megaproyectos. Por lo tanto, no todas las leyes protegen realmente a las comunidades. Hay otras leyes, por ejemplo, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), número seis, que establece que todo lo que tenga que ver con las comunidades indígenas debe ser consultado. Pero lo que está pasando ahora es que se están haciendo consultas simuladas para que los proyectos salgan adelante. El gobierno está utilizando estas herramientas “legales” para justificar aún más el desalojo de comunidades.

¿Entonces actualmente no hay un diálogo real entre el gobierno actual y las comunidades indígenas?¿El gobierno de López Obrador no representa un cambio con respecto a los gobiernos anteriores?
Nisaguie Flores (NF): No. No ha cambiado. Por el contrario, el botín se ha agudizado. Porque con este “nuevo gobierno”, que se llama de izquierda o “de los pueblos”, se han adelantado muchos megaproyectos que se pararon en los últimos seis años, lo que no quiere decir que en esos otros periodos estuviéramos bien. Creo que este cambio de gobierno ha sido estratégico. En México había demasiada insatisfacción y descontento y “¿cómo parar eso?” Porque se le puso a alguien que se suponía iba a beneficiar al pueblo. Pero no. En ningún momento este Gobierno tomó en serio a las comunidades indígenas. No respeta nuestras formas de organización. López Obrador no representó un cambio, le dio continuidad a los megaproyectos. Ya desde su campaña electoral dijo que no los detendrían. No importa qué partido político esté en el gobierno. Al final, los mismos políticos se quedan en el poder, solo cambian de partido.

En 2016 se aprobó la creación del Concejo Indígena de Gobierno (CIG). ¿Cuál fue la propuesta para postularse en la campaña electoral presidencial de 2018?
(MA): Este es otro tema que surgió cuando el CNI celebraba su 20 aniversario. Cuando realizamos el quinto congreso se hizo un repaso para analizar nuestra trayectoria y la situación de nuestras comunidades. La conclusión fue que las circunstancias eran más complicadas. A 20 años de caminar juntos hubo más despojos, más encarcelamientos, y ahora se sumaba la amenaza del crimen organizado, que estaba presente justo en los lugares donde se ejecutaban los megaproyectos. Llegaron, asustaron a la población e impidieron que los miembros de las comunidades se organizaran. Por eso dijimos: no podemos hacer otra declaración, como hicimos en las otras reuniones. Recuerdo a nuestros hermanos zapatistas diciendo: tiene que haber algo más fuerte, algo que sacuda al país y visibilice que el pueblo está sufriendo, que está siendo masacrado.

Buscamos organizarnos y tejer redes para actuar contra los despojos que vivimos en todo el mundo

Fue entonces cuando nuestros hermanos zapatistas propusieron presentarse a las elecciones presidenciales 2017-2018. Creemos que fue muy preciso. Teníamos claro que el objetivo era visibilizar los problemas de nuestras comunidades y poder recorrer el país para invitar a la gente a construir otra forma de gobernar. Entonces dijimos, juguemos con las mismas herramientas, solo que vamos a tomar otros objetivos. Por eso participamos con una CIG, que iba a estar formada por concejales que iban a hacer una propuesta de gobierno. Al final, participar en este proceso electoral nos dio la oportunidad de viajar por el país y escuchar los problemas. Por lo tanto, aunque no logramos obtener las firmas necesarias para estar en una boleta electoral, el CIG terminó más fuerte. El hecho de salir a decir que tenemos que buscar otra forma de organización y no acatar lo que nos han impuesto. En ese proceso también nos dimos cuenta hasta qué punto los medios de comunicación están de acuerdo con todo lo que se ordena desde arriba, porque eran ellos los que en vez de apoyar y preguntar por los problemas de las comunidades indígenas preguntaban tonterías que desviaban la atención.

¿Cuál fue el resultado de la campaña electoral?, ¿ha cambiado su perspectiva sobre el país y el estado de las comunidades indígenas?
(MA): Recuerdo que al principio éramos 70 regidores y al final éramos 157 hombres y mujeres que logramos formar el Consejo. Pero lo que “tomamos” de ese recorrido fue ver que los problemas que se discutían en las asambleas del CNI, se estaban dando en los pueblos. Y que no eran sólo problemáticas de los pueblos originarios. También caminamos en barrios, municipios y ciudades. Hablamos con estudiantes, mujeres y otros grupos. Nos dimos cuenta de que dondequiera que teníamos la oportunidad de escuchar a la gente, los problemas eran similares.

Todo esto nos hizo hacer un “mapeo” de cómo es México. Hemos visto y coincidido que la carencia que vivimos en nuestros pueblos y comunidades, también se lleva a cabo en barrios, municipios, escuelas… escuchamos a algunos estudiantes de varias universidades y los problemas que comunicaron tenían que ver con el avance del capitalismo. que prepara una privación individual y colectiva. Nos quedó claro que había una necesidad de tejer las luchas del campo y de la ciudad, de la juventud, de las mujeres, de todas aquellas personas que de alguna manera resisten esta privación del capitalismo. Porque no solo manifestaron sus problemas, sino que relataron su proceso de resistencia. Eso nos pareció muy importante porque no importa si eran movimientos grandes o pequeños, son luchas que se están dando contra las condiciones impuestas, esto nos hizo iguales.

Los problemas de los pueblos ya no son sólo de los pueblos originarios, son más generales. Con esto nos quedó claro que la lucha no es solo nuestra. Si nos están afectando a todos por igual, necesitamos encontrar otras formas de relacionarnos, de tejer y de movernos juntas y juntas para construir algo fuerte de abajo hacia arriba. Estoy hablando de algo que no cabe en la urna. Tienes que hacer un esfuerzo adicional.

Lo importante es verlo directamente y poder articular estas luchas que coinciden y que se reflejan unas en otras. Quizás en América Latina son luchas más complicadas porque enfrentan otros grados de violencia y agresión, pero de una u otra forma estamos en la misma lucha contra un enemigo común, que es este sistema capitalista y patriarcal, cuyo único interés es expropiar. propiedad .natural no importa quien este alli. Le importa más el dinero que la vida misma. El propósito es este: estar aquí, conocernos, articularnos y aprender. Aprendemos de ambos lados. Y, lo que nos sirva, lo ocuparemos en nuestras respectivas luchas.

¿Qué esperan de Europa hoy?, ¿cuál es el propósito de esta gira?
(N): El propósito está en el mismo nombre: Gira por la vida. Porque creemos que la única forma de luchar es defendiendo la vida y la única forma de hacerlo es organizándonos. Buscamos organizarnos y tejer redes para actuar contra el despojo que vivimos, porque no solo lo vivimos en México, sino que lo vivimos en todo el mundo y eso es lo que estamos viendo ahora en los diferentes países que hemos ido. Conocemos su propio despojo: aquí en Galicia, por ejemplo, están luchando contra las empresas mineras; en Austria, contra la construcción de una carretera y contra los parques eólicos. En Europa también hay movimientos de resistencia y es importante que los conozcamos. No es lo mismo escuchar todo esto desde México.

Llámense como se llame un megaproyecto, lo que hay detrás es el capitalismo voraz que nos quiere acabar y a quienes lo evitamos como pueblos indígenas.

Lo importante es verlo directamente y poder articular estas luchas que coinciden y que se reflejan unas en otras. Quizás en América Latina son luchas más complicadas porque enfrentan otros grados de violencia y agresión, pero de una u otra forma estamos en la misma lucha contra un enemigo común, que es este sistema capitalista y patriarcal, cuyo único interés es expropiar los bienes naturales sin importar quien esté alli. Le importa más el dinero que la vida misma. El propósito es este: estar aquí, conocernos, articularnos y aprender. Aprendemos de ambos lados. Y, lo que nos sirva, lo ocuparemos en nuestras respectivas luchas.

¿Qué opinas de la acogida e interés europeo por sus proyectos?
(MA): Vemos mucho entusiasmo. A pesar de no conocernos, son muy amables al darnos algo para comer y un lugar para dormir. Para nosotros esto ya es mucho porque venimos a invadir (risas). Sobre todo, nos están mostrando cómo el capitalismo está dañando a este continente. Antes de viajar, pensábamos que en los “países donde hay más progreso” no sufrimos lo que sufrimos en México. Pero, aquí estamos, dándonos cuenta de que era un concepto erróneo. Hay organizaciones de jóvenes, mujeres, agricultores que están desarrollando proyectos para recuperar la tierra. Y nos parece importante que nos compartan sus formas de organización porque tal vez podamos llevarlos a México para reforzar lo que allí se construye. Ya estamos encantados de compartir estas experiencias.

Ante la violencia, las desapariciones y otras prácticas represivas, ¿cómo continuar la defensa de la vida?
(N): La única forma es organizándonos. Lo que venimos a compartir en este recorrido son nuestras formas de organizarnos. Y vemos que el único camino es este: la organización desde abajo, desde las comunidades, desde la toma de decisiones de todos los pueblos y de los que luchamos por la vida. Creo que esa es la única forma en que podemos hacer frente a toda la violencia que estamos viendo como comunidades indígenas. Durante mucho tiempo nos hemos organizado a través de asambleas en las que todos tienen la oportunidad y el derecho a hablar. No podemos hacerlo solos. Y por eso necesitamos crear redes de apoyo para fortalecernos aunque estemos en geografías separadas.

Megaproyectos contra las comunidades

Nisaguie, estás trabajando para visibilizar las demandas de dos poblaciones del Istmo de Tehuantepec, que amenazas enfrenta actualmente esta zona de Oaxaca?
(N): La región del Istmo es una región que desde hace mucho tiempo ha sido identificada por el Gobierno como un punto estratégico, porque está en la parte más angosta de México, que conecta con dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Por lo tanto, ha sido durante mucho tiempo un área en disputa. Actualmente existe un proyecto llamado Corredor Interocéanico, que en realidad es parte de un paquete de proyectos que conectan con el Proyecto Integral Morelos y el mal llamado Tren Maya. Al mismo tiempo, implicará la construcción de maquinaria, gasoductos, minas y más proyectos energéticos. También quieren hacer un canal seco, como el de Panamá. Este último cambia de nombre cada seis años, pero el proyecto es el mismo. El objetivo de este canal seco es reducir el tiempo que se tarda en mover mercancías. Sería mucho más rápido que Panamá.

México cuenta con 32 parques eólicos distribuidos en varios estados. La mayoría están en Oaxaca, donde hay 29. En total hay 2,100 aerogeneradores distribuidos en aproximadamente 50,000 hectáreas. Estamos luchando contra muchas cosas. Pero todo esto no está pasando sólo en la región del Istmo, está pasando en todo México. Cada pueblo está luchando contra un negocio o un megaproyecto que está despojando a las comunidades. Hay comunidades que incluso fueron desplazadas y tuvieron que migrar a la Ciudad de México, donde luego enfrentaron otras luchas. Por ejemplo, los yaquis del norte del país luchan contra un vertedero clandestino.

Si las normas y procedimientos establecidos por el Estado están perjudicando a los que están debajo de nosotros, necesitamos construir otras que realmente garanticen la vida de todos.

Hay otros pueblos que luchan contra la imposición de los monocultivos de aguacate, un negocio que está totalmente controlado por el narcotráfico. Hay tantas luchas. De hecho, si miras en el mapa minero de México, verás que todo el territorio está concesionado a la minería. Es decir, nos quieren exterminar. Llámese como se llame la empresa o el megaproyecto, lo que hay detrás sigue siendo el capitalismo voraz que nos quiere aniquilar y a quien lo impedimos como pueblos indígenas. Por eso desaparecen y nos matan.

Sabemos que con todos estos megaproyectos viene el narcotráfico, la militarización, que a su vez aumenta el feminicidio, el tráfico de mujeres, de órganos… suena muy feo, pero, a pesar de todo esto, en cada comunidad nos estamos organizando para poder crear nuestros procesos de autonomía. No tenemos los años de lucha ni la capacidad de nuestros hermanos zapatistas, pero tratamos de hacerlo a nuestra manera desde nuestros propios contextos.

A nivel mediático poco se ha dicho sobre las implicaciones del narcotráfico en las comunidades indígenas. ¿Cómo ha afectado y sigue afectando la guerra y cómo gestionan esa lucha?
(MA): Es un paquete de herramientas de represión que está usando el gobierno, al que llamamos “narco-Estado”, porque da impunidad y permite que estos grupos criminales se muevan libremente, especialmente donde se están ejecutando los diferentes megaproyectos. El problema se agudizó en el sur con el Proyecto Integral Morelos. Los grupos del crimen organizado están llegando a todos los pueblos de México donde hay resistencia, donde se están organizando para frenar cualquier proyecto que atente contra la vida de las comunidades. Que con el fin de impedir la organización. Precisamente estos grupos están para fortalecer y asegurar la imposición de los megaproyectos. Ante esto, el pueblo no tiene más remedio que fortalecer su propia seguridad, porque ya no hay confianza en la policía, el ejército o la marina. Donde se supone que deben estar para cuidarnos, son los que están en contacto con los grupos criminales, donde matan y desaparecen a los activistas.

¿Ha aumentado la presencia policial y militar en las comunidades?
(MA): Andrés Manuel López Obrador había dicho que iba a sacar al ejército de las calles y no es así. Ahora las comunidades están tomando su seguridad en sus propias manos al crear su propio consejo de seguridad. Son policías asignados por la misma asamblea para cuidar a las personas y están a la espera de que los guardias caminen correctamente y no sean reclutados por grupos del crimen organizado. Entonces esto demuestra que la única opción es organizarnos. Aunque el Gobierno diga que estas medidas son ilegales, lo único que estamos haciendo es retomar los mecanismos de seguridad que originalmente tenían las comunidades y que finalmente se perdieron porque se introdujeron mecanismos ajenos, que son precisamente los que están perjudicando a la gente.

Se trata de ver cómo tejemos esas redes de quiénes somos y de dónde venimos

Por eso decimos que hay que buscar otros caminos, se trata de inventar. Si las normas y procedimientos establecidos por el Estado están perjudicando a los de abajo, debemos construir otras que realmente garanticen la vida de todos porque de lo contrario seguiremos acatando lo que nos imponen, que ya hemos visto que no favorece la vida.

Mencionaste antes los problemas con los medios en cuanto a la visibilidad de los procesos de resistencia. ¿Cómo lidias con este problema?
Las comunidades y los medios libres están utilizando sus propias herramientas para poder difundir los problemas que existen. En ese contexto, los aliados que nos vamos encontrando en el camino son importantes para difundir la situación de nuestras comunidades, porque los medios tradicionales no hablan de nada de lo que pasa en ellas. Esto también ha llevado a las comunidades a crear sus propias radios o sus propios medios para comunicar lo que está pasando. Actualmente, los medios oficialistas, cuando hablan de Michoacán, Chiapas, Guerrero, solo hablan de narcotráfico, desaparecidos, muertos… han sido etiquetados en las regiones. Entonces lo que buscan las comunidades es comunicar que son mucho más que eso. Mostrar que son comunidades que tienen una historia y una forma de vida.

Sus reivindicaciones tienen muchos frentes. La lucha en defensa de la tierra, la defensa de la autonomía y los derechos de los pueblos indígenas, la lucha decolonial, antipatriarcal y anticapitalista. ¿Cómo se articulan?
(MA): Lo que vemos es que tenemos un gran enemigo en común, que es el capitalismo, que tiene diferentes formas de despojarnos. Yo creo que las luchas que se están dando en distintas geografías de México y el mundo van encaminadas a lo mismo: a derrocar paulatinamente el sistema capitalista. Eso nos da más energía para buscar aliados. No es una sola lucha. No es solo la lucha de los pueblos, hay luchas de mujeres, hay hermanas y hermanos que han emigrado y que están luchando donde están; luchas de los campesinos y obreros de la ciudad. Se trata de ver cómo tejemos esas redes de quiénes somos y de dónde venimos. Y hacerlo desde abajo.

Hay varias luchas y la nuestra no es más importante. Todos son importantes y necesarias. Sean grandes o pequeñas, entre todas estas resistencias, es que algo podemos hacer y luchar contra el sistema capitalista que nos está acabando por separado. De ahí la importancia de tejernos y fortalecernos. De lo contrario, les estamos dejando el camino fácil para que ellos sigan decidiendo sobre nosotros y sigan despojando y asesinando. En las comunidades decimos que el calentamiento global es un llamado de la Madre Tierra que nos dice: haz algo, no me dejes solo. Por eso, como pueblos, decimos que la lucha es por la vida. Y una vida que no sea solo nuestra, sino de todos.

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Por Jeny Pascacio

Comunidades de la Sierra de Santa Marta, del sur de Veracruz, no permitieron la entrada de los trabajadores de la Compañía Mexicana de Exploraciones S.A.de.C.V (Comesa), que buscan realizar estudios sísmicos para la perforación de pozos de Petróleos Mexicanos.

La semana pasada, los habitantes de Amamaloya, San Pedrito y Mirador Saltillo del municipio de Soteapan, sacaron a los trabajadores de Comesa, ante la insistencia de ingresar a las parcelas y de comenzar perforaciones a la orilla de la carretera.

El Movimiento Regional Indígena en Defensa y Respeto por la Vida, que integran los pueblos popolucas, nahuas y equiparables de los municipios de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan, denunciaron la violación de sus derechos, principalmente a la libre determinación.

En un comunicado de prensa denunciaron que la compañía está comenzando los trabajos bajo engaños y sin respetar las asambleas como la máxima autoridad de sus comunidades. Los pobladores analizaron las consecuencias negativas sobre el medio ambiente, salud, agua y seguridad, y prevén que serán devastadoras.

“Denunciamos estas violaciones de derechos por parte de la empresa Comesa. Estemos al pendiente de cualquier situación de hostigamiento o represión que pueda suceder en los próximos días”.

Los pueblos originarios cuentan con actas de asamblea comunitaria y actas de cabildo desde 2016 en las que expresan la decisión de no aceptar la realización “de estudios y actividades de prospección, exploración, explotación o aprovechamiento y servidumbre de paso que tengan por objeto extraer minerales, hidrocarburos, agua y/o otros bienes naturales del subsuelo”.

El pasado domingo 13 de febrero, ejidatarios Popolucas de San Pedro Soteapan, reunidos en asamblea, reiteraron la negativa a la entrada de Pemex a 12 parcelas de las comunidades.

Este proyecto de exploración, mayor autorizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, compromete 353 ejidos de Veracruz y Oaxaca, llegando hasta la Sierra de Santa Marta, donde 26 ejidos de los municipios de Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Pajapan están contemplados para la exploración que implica la perforación a 25 metros de profundidad a cada 100 metros.

Con equipos de perforación portátil, mecanizados, equipos vibradores y el uso de explosivos, pretenden dejar unos “nodos” que de forma satelital enviarán datos interpretados por Comesa y posteriormente entregados a Pemex; si se encuentran petróleo, gas o aceite, procederán con la explotación, explicó la organización Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta.

En la asamblea del domingo, los ejidatarios expusieron que no creen en las promesas de que pagarán los daños que ocasionen, que en temas de medio ambiente pueden ser impagables.

“Comesa y Pemex están violando nuestro derecho a la libre determinación como pueblos indígenas, al no respetar las decisiones de las asambleas, que son la autoridad máxima de los ejidos”, sostuvieron las comunidades en el comunicado.

Hicieron un llamado a las autoridades ejidales y civiles y a los gobiernos municipales, que ratifiquen las actas anteriores y no otorguen los permisos por los riesgos para la salud, por la contaminación, la escasez de agua, por el aumento de la inseguridad y otros daños que provocan este tipo de actividades.

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Hoy, 15 de febrero del 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta y el presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, se coordinaron para defender a la empresa Bonafont del corporativo DANONE, despojar a los pueblos de su agua y violentar la autodeterminación de las comunidades originarias de la Región Cholulteca. Con un megaoperativo con elementos de la Guardia Nacional, del cuerpo de granaderos, de la policía estatal y de la policía municipal orquestaron la entrada por la fuerza a las instalaciones de Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, bastión de la organización en defensa del agua a nivel nacional e internacional.

Este atentado es muestra de que los Estados están al servicio de los intereses privados y sus fuerzas armadas existen para reprimir a la población. En México estamos viviendo una escalada de violencia en contra de los pueblos organizados, tan solo esta semana nuestros compañeros del Itsmo de Tehuantepec, Ayotzinapa, Mactumatzá, Nahuatzen fueron reprimidos, nuestro compañero Francisco Vázquez opositor de la Termoeléctrica en Huexca, Morelos fue asesinado.

Ello es muestra de que estamos viviendo una guerra mundial por el agua, en contra de los pueblos y de toda la humanidad.

Los hechos:

Siendo la 1:20 am del martes 15 de febrero, aprovechando la poca afluencia de tránsito, decenas de elementos de las fuerzas públicas bloquearon la carretera federal México Puebla, frente a Altepelmecalli la Casa de los Pueblos, con amenazas, desalojaron a los integrantes de los pueblos Unidos de la Región Cholulteca que resguardaban el inmueble.

Entraron por la fuerza a las instalaciones, desmontaron el plantón que llevaba instalado a las afueras desde el 22 de marzo del 2021, fecha en que se cerró la planta embotelladora por decisión de asamblea de los pueblos de la región para frenar el saqueo de agua, con ello ignoran y violentan nuestra autodeterminación.

Procedieron a borrar los murales que diversos artistas pintaron para apoyar la construcción de la Casa de los Pueblos y que daban identidad al espacio.

Hasta ahora desconocemos las condiciones en que se encuentran los animales (gallinas, conejos, borregos y cerdos) que son parte de las cooperativas desarrolladas en Altepelmecalli.

Así también desconocemos el destino de las herramientas con que los integrantes de Pueblos Unidos desarrollaban proyectos de Salud, Educación, Comunicación y Agricultura así como los cientos de libros que conforman la biblioteca comunitaria.

Hacemos responsables a los representantes de los tres niveles de gobierno de cualquier daño que sufran los animales y objetos que eran resguardados en estas instalaciones.

Los responsabilizamos de la integridad de todos los miembros de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca así como de todas y todos los compañeros que han acuerpado nuestra resistencia.

Son culpables de perpetrar el desastre ambiental que la empresa Bonafont del corporativo DANONE venia provocando durante 29 años en las comunidades aledañas a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Ellos, el Estado y los empresarios creen que secuestrando las instalaciones de Altepelmecalli nos vencerán. Nosotros, los Pueblos nahuas de la región cholulteca les decimos que no nos rendiremos, seguiremos defendiendo nuestra agua y la vida.

Hacemos un fuerte llamado a todas y todos los compañeros con quienes hemos caminado en esta lucha a movilizarse en sus territorios.

Convocamos a los pueblos, organizaciones y colectivos de México a realizar acciones de protesta para denunciar la represión que vivimos el día de hoy, en recintos de CONAGUA, SEMARNAT, INPI, gobierno municipal, estatal y nacional, en la embajada de Francia (país de origen de la empresa Bonafont), y en instalaciones de la empresa DANONE.

· Llamamos a nuestros compañeros en Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Colombia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, Canadá, Gahna, Kurdistán a solidarizarse y movilizarse en la embajada de México en sus países así como en las instalaciones de DANONE que existan en sus territorios.

· Exhortamos a las organizaciones de Derechos Humanos que nos acompañan a documentar y denunciar las graves violaciones a nuestros derechos como pueblos y defensores ambientales que somos.

· Llamamos a las Universidades públicas y privadas a pronunciarse en contra de este atropello.

Con esto arrancamos una campaña permanente de movilización, boicot y sabotaje en contra de la empresa Bonafont del corporativo DANONE a nivel Global.

Nosotros, los más de 20 pueblos nahuas de la región cholulteca nos declaramos en asamblea permanente y alerta máxima, ante la posible reactivación de la embotelladora que secó nuestros pozos, ríos y ameyales.

Recuperaremos lo que es nuestro como lo hemos venido haciendo históricamente.

Haremos valer, una vez más, la Ley de los Pueblos.

A 15 de febrero del 2022 desde las rebeldes tierras de Juan C. Bonilla.

Agua, Tierra y Libertad

¡FUERA BONAFONT!

¡FUERA DANONE!

ALTO A LA REPRESIÓN A LOS PUEBLOS QUE DEFIENDEN LA VIDA

PUEBLOS UNIDOS DE LA REGIÓN CHOLULTECA Y DE LOS VOLCANES

Advertimos sobre la escalada del gobierno federal contra los movimientos, Michoacán, Oaxaca, Puebla

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Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A los medios de comunicación

A la población en general

Los pueblos Unidos de la Región Cholulteca denunciamos que el dia de hoy, 15 de febrero a la 1:20 am, Guardia Nacional, granaderos y policia estatal invadieron las instalaciones del Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos. Con desmedida presencia de las fuerzas públicas los tres niveles de gobierno, una vez más, despojan y reprimen a los pueblos que desde hace casi un año cerramos la planta embotelladora Bonafont, del corporativo DANONE.

Esta empresa criminal robo millones de litros de agua diariamente en nuestra región, secando nuestros pozos, rios y ameyales.

Tras expulsarla, los pueblos construimos vida sobre sus ruinas, con proyectos de salud, educación, comunicación, agricultura, ganadería, justicia y cooperativas.

Ahora el gobierno responde por los intereses de esta empresa y facilita que el despojo de agua reinicie.

Denunciamos a estos gobiernos que reprimen a los pueblos y protegen a las empresas.

Para ellos, el dinero está por encima de la vida.

Exigimos el retiro de las fuerzas armadas de Altepelmecalli y la devolución de las instalaciones a los pueblos.

Hacemos un llamado a todos los pueblos, a las organizaciones hermanas, a las organizaciones de derechos humanos, a los medios de comunicación y a todas y todos los compañeros que han caminado con nosotros a sumarse a nuestra exigencia y a estar atentos ante la inminente persecución y represión a los pueblos.

Seguimos en alerta máxima.

Pueblos Unidos de la Región Cholulteca

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Comunicado Urgente

Los ejidos de Ayala en defensa del Agua condenamos el vil asesinato del ExComisariado Ejidal de Abelardo L. Rodriguez y Presidente del Consejo de Vigilancia de ASURCO Francisco Vázquez Domínguez el día de ayer 11 de febrero de 2022 en su rancho ubicado en el ejido de Abelardo, presuntamente por sujetos en motocicleta, lo cual muestra una clara ejecución.

Se sabe que un día antes de su asesinato Francisco Vázquez como Consejo de Vigilancia de ASURCO se reunió con más de 20 comisariados ejidales en Chinameca, pertenecientes a ASURCO para tratar la destitución de Rogelio Plascencia Barreto como Presidente de la asociación de usuarios del Río Cuautla.

Se dice que en dicha reunión, Pancho Vázquez, como todos lo conocíamos, dijo que temía por su vida porque Rogelio lo había amenazado y que cualquier cosa que le pasara responsabilizaba a Rogelio Plascencia.

Pancho Vázquez tenía, como Consejo de Vigilancia, la facultad legal, conforme el artículo 35 fracc. VIII de los Estatutos de ASURCO, de convocar a asamblea para destituir a Rogelio Plascencia por manejo indebido de recursos financieros y mal servicio de riego, situación que justamente fue tratada como objetivo de la reunión donde denunció temer por su vida y al siguiente día lo ejecutan.

El mismo jueves 10 de febrero, horas antes de la reunión para tratar la destitución de Rogelio, este se presentó en el plantón de ASURCO con más de 40 personas, varias de ellas con palos en las manos, con el objetivo de abrir por la fuerza las oficinas de la asociación y desalojar el plantón.

Tras el fallido intento de desalojo, se acordó realizar el día de hoy sábado una reunión en el Axocoche, a la cual no asistiremos por temor a nuestras vidas y porque no podemos ver la cara al principal sospechoso del asesinato de Pancho Vázquez.

Destacamos que la inconformidad sobre el mal manejo de recursos deriva en la falta de transparencia de los recursos públicos que la CFE le dio a Rogelio Plascencia por la venta del agua, el desistimiento de los amparos y el retiro del plantón, situación que no ha podido cumplir Rogelio Plascencia.

Pancho Vázquez, además de ser Consejo de Vigilancia, cuando fue comisariado ejidal del ejido de Abelardo L. Rodriguez encabezó varios amparos contra el robo del agua para la termoeléctrica y cuando López Obrador anunció la consulta sobre el PIM en 2019. Hoy un opositor legal más al Proyecto Integral Morelos ha sido ejecutado y el principal sospechoso es quien ha recibido dinero de la CFE para usar, sin autorización de los ejidos, el agua para el funcionamiento de la termoeléctrica.

La tensión en Ayala sobre el plantón de ASURCO y los recursos económicos proporcionados por la CFE se da justamente después que el 21 de enero de este año, el Secretario de Gobernación de Morelos Pablo Ojeda, se reunió con Rogelio Plascencia para darle seguimiento a los apoyos económicos por causa de la termoeléctrica, así como en el 3er informe del gobernador señaló que con los recursos económicos dados a ASURCO se acabó la inconformidad sobre el PIM.

Pero. ¿Porque le darían más dinero a Rogelio Plascencia si los 118. 5 mdp prometidos eran a cambio de retirar el plantón y desistirse de los amparos, situación que a la fecha no logró Plascencia? Es evidente que Rogelio esta urgido de resolver el retiro del plantón y eliminar toda forma de oposición que se le presente, pues ha hecho compromisos con el Estado que no ha podido cumplir.

Es por todo esto que urgimos a las autoridades judiciales realicen las investigaciones necesarias con claras líneas de investigación que involucren la influencia y consecuencias que han causado los recursos económicos en favor del funcionamiento de la termoeléctrica en Huexca y como principal sospechoso de la ejecución extrajudicial de Pancho Vázquez, a Rogelio Plascencia Barreto, por ser el mismo Pancho Vázquez quien lo responsabilizó un día antes de su muerte.

Emitimos una ALERTA URGENTE a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y de protección a personas defensoras que presionen al Estado Mexicano para garantizar la integridad de los ejidos de Ayala que nos oponemos al robo de nuestra agua para la termoeléctrica y la falta de transparencia y mal manejo de recursos de Rogelio Plascencia. Solicitamos al mismo tiempo a la CNDH y organismos internacionales de derechos humanos, emitan medidas cautelares en favor del plantón de ASURCO, pues Rogelio Plascencia declaró en medios de comunicación que, de no acordarse el desalojo del plantón el día sábado, este lo haría por medio de la fuerza/violencia.

Ejidos de Ayala en Defensa del Agua

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Por Avispa

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Por Jeny Pascacio

A pesar de ser considerado uno de los principales países de origen, tránsito y destino de miles de personas en movilidad humana, México carece de mecanismos y estrategias encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones, ejecuciones y masacres de personas migrantes.

De acuerdo al informe de la Fundación para la Justicia, realizado para el Comité de las Naciones Unidos contra la Desaparición Forzada (CED), a pesar de las recomendaciones de organismos internacionales, no existe un conteo de personas en movilidad humana desaparecidas en México.

El CED tiene registro de 95 mil personas desaparecidas o no localizadas y más de 52 mil personas fallecidas pendientes de identificación, pero se desconoce el número real de personas migrantes que se encuentran dentro de estas cifras.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tiene registro de 1,421 casos, mientras organizaciones que documentan desapariciones y apoyan a familias en la búsqueda, como Movimiento Migrante Mesoamericano, considera que se trata de una cifra superior a los 80 mil migrantes desaparecidos a la fecha.

La Fundación para la Justicia señala la falta de mecanismos que incentiven la presentación de denuncias o reportes de desaparición de personas migrantes; pues en muchos casos no reportan la desaparición de sus acompañantes de viaje o familiares, por temor a ser deportadas o porque desconocen los mecanismos para hacerlo.

“Las personas migrantes en situación irregular caen en el anonimato y se vuelven ‘invisibles’ para las autoridades, lo cual fomenta la existencia de un subregistro importante de desapariciones, ejecuciones y otras violaciones graves a sus derechos humanos”, sostiene la Fundación para la Justicia en un informe.

A cuatro años de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no existen mecanismos para la búsqueda de personas migrantes.

“Recientemente se publicó el Protocolo Homologado de Búsqueda, que contempla la conformación de un Grupo de Trabajo interinstitucional Especializado en la Búsqueda de Personas Migrantes Extranjeras, pero no tenemos conocimiento de que éste se haya conformado o puesto en marcha”, dice el estudio de la Fundación.

De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria, en 2021 se registraron 705 delitos cometidos contra personas en movilidad humana, entre ellos 200 menores de edad.

La incidencia presentada está en el tráfico ilícito de migrantes, robo y secuestro con un registro de 39 casos. Las personas que más denunciaron fueron originarios de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador.

Para Rubén Figueroa del Movimiento Migrante Mesoamericano, la desaparición es una situación de emergencia y uno de los temas menos visibles dentro de la migración. Mientras los comités de búsqueda documentan hasta 10 casos por día en las comunidades de los países del triángulo del norte.

“No hay una cifra exacta por lo mismo, porque no hay un mecanismo eficaz” ni institucional. “Tenemos una crisis forense en el país, es una realidad”.

Durante los dos años de la pandemia por el COVID-19, la búsqueda se complicó “porque las autoridades dejaron de hacer lo poco que hacían”, sostiene Figueroa.

El Movimiento Migrante Mesoamericano coordina la caravana de madres en busca de sus hijos migrantes que, por razones del confinamiento, llevó sus actividades de manera virtual ante la incertidumbre de las familias que tienen la necesidad de continuar con la búsqueda de sus hijas e hijos, debido a la omisión de las autoridades mexicanas sobre sus demandas.

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