Pueblos Indígenas
(Español) Organizaciones urgen atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán, Chiapas
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
14 de febrero de 2019
Urgimos atención y protección a víctimas de desplazamiento forzado de Chalchihuitán
- Exigimos al Estado mexicano implementar medidas cautelares de la CIDH y cumplir las recomendaciones de la CNDH
Las organizaciones civiles abajo firmantes exigimos la debida implementación de la recomendación 87/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en favor de la totalidad de las víctimas de desplazamiento forzado interno, 5 266 personas, de 9 comunidades tsotsiles del municipio de Chalchihuitán y una comunidad de Chenalhó, Chiapas, México.[1]
Urgimos que el Estado mexicano cumpla también con la medida cautelar No. 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con fecha del 24 de febrero de 2018: “Para garantizar los derechos de integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas”.[2]
Las víctimas de desplazamiento forzado en Chalchihuitán se encuentran en constante vulnerabilidad por privación de derechos básicos, especialmente en alimentación y salud, por omisión del Estado al no propiciar atención integral adecuada acorde con la pertenencia cultural. La recomendación de la CNDH manifiesta que la atención humanitaria otorgada fue “insuficiente, inoportuna e inadecuada”.
Words by mapuche activist Moira Millán, judicialized for defending her people’s rights
On February 21, 2019, weichafe Moira Ivana Millán will be tried in Argentina. She is charged with “aggravated coercion” for organizing a peaceful demonstration in 2017 in protest of the violations to the rights of Mapuche communities committed by the Argentinian gendarmerie during the raids in September of that year. The raids were authorized by the federal judge Guido Otranto, and were part of the investigations for the disappearance of the activist Santiago Maldonado in August 2017, and who was found ded in October that year. During the raids, the gendarmerie beat and humilliated the Mapuche people.
Moira Millán was acquitted of all charges in September 2018 by judge Gustavo Lleral, but the prosecution appealed the decision. If she is declared guilty this February 21, she could face from two to four years in prison.