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(Español) La Masacre de Acteal continuidad en la impunidad

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La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal labran la paz en la exigencia de justicia y verdad.

Un pueblo sin memoria es un pueblo ciego.

Un enjambre de balas apagó las velas que titilaban con su llama que evocaba la paz. Eso ocurrió la mañana del 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, México. Las manos asesinas hicieron correr ríos de sangre que sirvieron para saciar una sed de odio y el exterminio preparado desde las esferas oscuras del poder del Estado mexicano. Ese día el sol eclipsó. Las fuerzas del mal apagaron la luz de la vida de 45 personas y 4 no nacidas, estas se convirtieron en luciérnagas que se esparcen y resplandecen a quien se asoma, son luciérnagas de la conciencia que siembran lucha y resistencia.

A quienes les arrebataron la vida, hoy las recordamos, las hacemos presente. Enarbolamos su voz que clama memoria, justicia y verdad. Ese clamor se suma a la voz de jTatik Samuel Ruiz García quien fue convertido por los pueblos, quien abrazó y abraza el dolor y la esperanza de las excluidas y de los excluidos por este sistema capitalista de muerte. A 10 años de su pascua, jTatik camina junto a nosotras y nosotros, con su andar pasional entre las veredas comunales sembrando la esperanza para cosechar la vida, en un nuevo amanecer que anhelamos como humanidad. jTatik sigue enseñando con sus huellas en este territorio, la lucha por la justicia, la defensa radical de los derechos humanos. Nos guía con su antorcha, fuego que nos cobija de vida, de amor y lucha.

Recordamos que la Masacre de Acteal, es un efecto directo de la política genocida elaborada por el Estado e implementada por el Ejército mexicano y grupos paramilitares en Chiapas, tal y como se señala en el Plan de Campaña Chiapas 94’. Los sucesos en Acteal el 22 de diciembre de 1997, son una herida que se mantiene abierta para las víctimas, sobrevivientes, sus familias y para todas las personas que nos indignamos y persistimos en su lucha que es nuestra.

Ha llegado el momento de que el Estado mexicano actual, reconozca públicamente la existencia del Plan de Campaña Chiapas 94’ y el impacto de los crímenes de lesa humanidad en la vida comunitaria de la población de las zonas Altos, Norte y Selva de Chiapas, en el marco de guerra de contrainsurgencia iniciada para aniquilar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y a quienes se organizan desde la autonomía. El actual gobierno, tiene la oportunidad histórica y no quedarse en el reconocimiento de disculpa pública, mediática y frívola. Hoy tiene la oportunidad de estar a la altura de la exigencia de derechos que los pueblos han impulsado por décadas, de llevar a cabo acciones contundentes que conlleven a la investigación y sanción tanto de los propios funcionarios del Estado mexicano (autores intelectuales) así como de los paramilitares (autores materiales) que masacraron a las 18 mujeres adultas cuatro de ellas con embarazos hasta de 7 meses de gestación; 7 hombres adultos; 16 mujeres menores de edad, entre los 8 meses y los 17 años de edad; 4 niños entre los 2 y 15 años de edad, 26 lesionados y 326 personas desplazadas que presenciaron la Masacre.

A pesar de la persistente guerra integral de desgaste; del año de la pandemia que sigue causando estragos en la humanidad; de la muerte de algunas personas sobrevivientes de la Masacre; la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes siguen labrando la paz y dando a conocer la verdad de lo que pasó ese día, como lo hacen el 22 de cada mes, impulsan La Otra Justicia donde no habita el olvido.

Desde el Frayba reconocemos este arduo caminar de Las Abejas de Acteal quienes nacieron en 1992 y continúan exigiendo justicia verdadera. Ellas y ellos han elegido impulsar desde su acción ética y política el seguimiento del Informe de Fondo del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictamine la responsabilidad del Estado mexicano en la Masacre de Acteal, para que señale de manera directa su política de contrainsurgencia, la formación de los paramilitares, entre otros hechos de terror, que dieron como consecuencia las ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, entre otras graves violaciones a los derechos humanos. Hechos que hoy en día han reactivado los sucesores del paramilitarismo en los Altos de Chiapas, especialmente en Chenalhó, creando un escenario similar al que se vivió en 1997.

Para que las Masacres como la de Acteal no permanezcan en el contínuum de injusticias que existen en nuestro país, es necesario que se derrumbe el monumento Estatal de la impunidad y se deje de trivializar las violaciones graves a los derechos humanos. Es por lo que, abrazamos las dignas luchas y resistencias como el de Las Abejas de Acteal que nos dan camino y vida, ya que su acción radical va erigiendo La Otra Justicia, desde el no Olvido que alimenta la Memoria de lucha de larga duración de los pueblos, la Verdad como hálito de grande dignidad para arraigar el Lekil Chapanel (La raíz de la justicia).

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

22 de diciembre de 2020

Boletín No. 20

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Descarga: La Masacre de Acteal continuidad en la impunidad. 

 Escucha NotiFrayba: Masacres Nunca Más

Romper la violencia con amor y con lucha por la justicia: Carta de Serapaz a Las Abejas de Acteal.

Aquí te compartimos una galería de la conmemoración del XXIII aniversario de la Masacre de Acteal.

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Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.)

(Español) Enterrar a nuestros muertos, honrar a nuestros caidos y tomar la justicia en nuestras manos. Segunda declaración de resistencia de los pueblos del CIPOG-EZ, CNI-CIG

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Chilapa de Álvarez, Guerrero, México, 21 de Diciembre del 2020.

 

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno CIG

A los pueblos de Guerrero, México y el mundo

A la sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Apoyo al CNI-CIG

A los Medios de Comunicación Libres, Honesto y Autónomo.

En junio del 2019 dimos a conocer que nuestro territorio quedaba cerrado para evitar una serie de masacres, ante el terror que siembra el grupo narco-paramilitar «Los Ardillos» y ante la ausencia del Estado mexicano, nos declaramos como comunidades en resistencia del CNI-CIG. Después de un año del cerco narco-paramilitar que no has ha sofocado hasta el límite, decidimos romperlo el pasado 18 de Noviembre del 2020. Un mes después reinician los asesinatos, y la impunidad de la que gozan «Los Ardillos» como una señal clara, aquí ya no existen los derechos humanos, no existen ni leyes, ni legalidad alguna, el Estado no está ausente, es cómplice y busca nuestra muerte porque que le estorbamos.

Un año y siete meses de estar enterrando a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, sin justicia, y los asesinos impunemente se ríen de nosotros bajo la tutela de los tres niveles de gobierno. Hoy anunciamos que nuestra resistencia continua, pero no podemos volver a encerrarnos, y nuestra Policía Comunitaria no se da abasto. Pues no solo se trata de combatir algunos grupos delincuenciales, ahora que vemos claramente como desde el gobierno Federal y Estatal se tiende una línea de complicidades.

No estamos enfrentando a la vieja delincuencia organizada, sino a una nueva forma de gobierno que realmente está transformando el país, pero no para beneficio de los pueblos, sino que ahora entrega aeropuertos a los militares y les da responsabilidades civiles. Mientras en Chiapas los ataques contra nuestras hermanas y hermanos zapatistas continúan en la impunidad. Y aquí en Guerrero, para poder pasar encima de nosotros, dan libertad absoluta a los narco-paramilitares, para que el asesinato vil, sea el ejemplo contra quienes criticamos las políticas del supremo gobierno.

Desde hoy y en estos próximos meses iniciaremos una reflexión colectiva en las comunidades del CIPOG-EZ, CNI-CIG de la región Montaña Baja, para definir los siguientes pasos que daremos en nuestro territorio, porque definidamente no queremos volver a ser esclavos de los grupos narco-paramilitares, el Estado mexicano ya mostró claramente de qué lado está su compromiso y no es con nosotros y nuestra Policía Comunitaria está rebasada bajo estas circunstancias.

Por lo pronto de inicio nuestra Policía Comunitaria será apoyada por la población en general, estableceremos filtros y puntos de vigilancia donde nos sea posible. Y nuestras autoridades y promotores locales y regionales se encargarán de convocar y realizar reuniones para ir acordando nuestros siguientes pasos. Continuaremos realizando movilizaciones, cierres carreteros, tomas de casetas y las acciones que consideremos necesarias para exigir justicia.

Hoy sembramos y devolvemos a la tierra a nuestras hermanas María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, y a nuestros hermanos José Benito Migueleño y Miguel Migueleño.

Honramos la memoria de nuestros caídos y seguimos exigiendo justicia para: José Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Xanteco Ahuejote, David Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas, Juana Hernández Ambrosio, Alberta Matías Tendón, José Julio Fiscaleño Hilario, Cándido Fiscaleño Hilario, Crescenciano Migueleño Coapango, Marcos Fiscaleño Bastizar, Antonio Mendoza Tolentino, Israel Tolentino Ahuelicán, Israel Mendoza Pasado, Florentino Linares Jiménez, Juan Joaquín Ahuejote, y Regino Fiscaleño Chautla.

ATENTAMENTE:

Desde el corazón de la resistencia del territorio comunitario de la Montaña Baja de Guerrero, por el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ): Comisarios municipales, Comisariados Comunales y Ejidales, Coordinadores Municipales, Concejos de Vigilancia, Coordinadores Municipales, Delegados Municipales y asambleas de: Xicotlán, Tula Guerrero, Terrero 1, Ahuehuitic, Papaxtla, Acahueuetlan, Rincón de Chautla, Zacapexco, Buena Vista, Xolotepec, Xulchuchuio, San Jerónimo Palantla, Ahuixtla, El Jagüey, El Paraíso, Tepozonalco, Santa Rosa, Mexcaltepec 1.

Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja en Resistencia.

Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).

¡Alto a la Guerra paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG!

¡Nunca más un México sin nosotr@s!

 

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(Español) En caso de que no puedan asistir en días 21- 22 de diciembre pueden apoyarnos con ver nuestro programa en vivo

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Organización de la Sociedad Civil Las Abejas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Chenalhó, Chiapas, México.

                                                                                                     19 de diciembre del 2020

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos.

Queremos invitarles a la conmemoración del XXIII aniversario de nuestros hermanos mártires de Acteal y los XXVIII años de nuestro caminar en la construcción de nuestra autonomía, que se llevará a cabo los días 21- 22 de diciembre del presente año, en la sede de nuestra organización, Tierra sagrada de los mártires de Acteal.

 Esperamos a que nos puedan acompañar en estos días y así poder también exigir juntos el informe de fondo de la CIDH en el caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal).

 En caso de que no puedan asistir en esos días, pueden apoyarnos con ver nuestro programa en vivohttp://espora.org:8000/acteal.mp3

  https://www.facebook.com/Las-Abejas-de-Acteal-170569689632465


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Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ)

(Español) Asesinan a cuatro indigenas Nahua del CIPOG-EZ en Chilapa, mientras los asesinos gozan de la impunidad de los tres niveles de gobierno

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Chilapa de Álvarez, Guerrero, México, 20 de Diciembre del 2020.

 

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Al Congreso Nacional Indígena CNI

Al Concejo Indígena de Gobierno CIG

A los pueblos de Guerrero, México y el mundo

A la sexta Nacional e Internacional

A las Redes de Apoyo al CNI-CIG

A los Medios de Comunicación Libres, Honesto y Autónomo.

Nosotros, nosotras mujeres, hombres, abuelos, abuelas, niños y niñas del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), que somos los pueblos Na savi, Me pháá, Ñamnkue, Nahua, Afromexicano y Mestizo, del estado de Guerrero, estamos nuevamente levantando nuestra voz, con rabia y dolor. El día de ayer 19 de Diciembre del 2020, al medio día fueron encontradas asesinadas nuestras hermanas María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, y nuestros hermanos José Benito Migueleño y Miguel Migueleño.

Todas y todos indígenas Nahua de la comunidad de Alcozacan, municipio de Chilapa de Álvarez, nuestros hermanos y hermanas desaparecieron desde el día viernes 18 de Diciembre. Ayer al medio día sus cuerpos fueron encontrados en su propia camioneta en la carretera Chilapa – Tlapa. Fueron torturados y torturadas, atados de las manos y les dieron el llamado «Tiro de gracia».

Justamente se cumple un mes que rompimos el cerco narco-paramilitar, el 18 de Noviembre, miles de indígenas Nahua volvimos a recuperar la movilidad en nuestro territorio. 22 comunidades cercadas por el grupo narco-paramilitar «Los Ardillos» decidimos decir ¡Ya Basta! porque no es vida lo que estamos viviendo. Pero ya comienzan a cobrarse la cuota de sangre, porque nos quieren esclavos y nos quieren sometidas y sometidos.

Nos atrevimos a denunciar al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la 4T, Alejandro Encinas. Quien solo vino a sembrar división y compra de conciencias, justamente en Alcozacan donde el 17 de enero del 2020, fueron asesinados 10 compañeros en esa masacre. Y ahora lejos de llegar la justicia solo nos envían más muerte, y nos mandan sus señales de Guerra. Encinas y López Obrador, ustedes no son diferentes al PRI, ustedes se han convertido en aquello que simularon combatir.

Hoy y en los tiempos que vienen, nos seguirán asesinando, sobre nuestros cadáveres se va a construir ese México en el que nuevamente estorbamos. Pero ya no podemos continuar en la esclavitud, aquí en la Montaña baja de Guerrero el COVID-19 es lo de menos, nos están asesinando, así, como animal. Sin que nadie escucha, sin que nadie hace nada. Nuestro ¡Ya Basta! continuará y costará más sangre, porque ninguna lucha por la verdadera libertad y la justicia ha sido tersa, nunca en la historia a los pueblos nos han regalado nuestra libertad.

Hacemos responsables de los asesinatos de María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño al gobierno Municipal de Chilapa de Álvarez a cargo de Jesús Parra García del PRI, al gobierno Estatal de Héctor Astudillo Flores del PRI, a la presidencia de la república a cargo de Andrés Manuel López Obrador de MORENA. Los tres niveles de gobierno saben perfectamente lo que sucede en Chilapa, pero hacen sus negociaciones en vez de terminar con el crimen organizado.

Celso Ortega Jiménez es el mando operativo de «Los Ardillos» y Bernardo Ortega Jiménez es el mando político, la policía ministerial de Chilapa de Álvarez, como ya lo habíamos denunciado, son parte del problema y la Guardia Nacional lo sabe todo esto, después de tanto tiempo en el lugar solo están espiando nuestra organización en vez  de desmantelar la delincuencia organizada.

Nuestros promotores estatales continúan recibiendo amenazas de muerte y la intimidación en las comunidades de base del CIPOG-EZ, CNI-CIG, está cada vez más recio. Ahora el asesinato nuevamente y nuevamente la impunidad por parte de las autoridades, solo nos deja ver sus complicidades. Por eso Encinas se niega a brindar medidas cautelares, por eso la CNDH no mandó ninguna visita a registrar las violaciones a los Derechos Humanos en Chilapa y las 22 comunidades que han sufrido el cerco narco-paramilitar.

Hermanas y hermanos que no nos han dejado solos, ayúdenos a crecer esta palabra y que se sepa lo que hace la 4T y su aliado el PRI en Guerrero. Que nuestras muertes no queden en la sombra del «progreso», que nuestra sangre siembre el camino de la libertad para nuestros pueblos. Nosotros, nosotras nos estaremos movilizando y reiteraremos nuestro decidido ¡Ya basta! Nuestra lucha es por la vida y por la libertad, no queremos ser esclavos del crimen organizado, ni moneda de cambio de malos gobiernos disfrazados.

 

ATENTAMENTE:

Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata(CIPOG-EZ)

Regiones: Costa Chica, Costa Montaña, Montaña Alta y Montaña Baja de Guerrero, 

Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.).

¡Alto a la Guerra paramilitar contra las comunidades Zapatistas del EZLN!

¡Alto a la Guerra narco-paramilitar contra las comunidades indígenas del CNI-CIG!

¡Justicia para todos nuestros presos, asesinados y desaparecidos del CNI-CIG! 

¡Nunca más un México sin nosotr@s!

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La Zarzamora

(Español) Chile: Comunicado de familiares y amistades de PP subversivxs y anarquistas ante vuelta de visitas

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Por: Familiares y amigxs de Presxs Subversivxs y anarquistas; CAS, Máxima y Cárcel de san Miguel.

Santiago, 13-12 del 2020.

Ante el anuncio de retomar las visitas en la cárcel de alta seguridad, máxima  y cárcel de sn Miguel:

1.- Tras casi nueve meses sin tener visitas efectivas, las cárceles se han visto por completo clausuradas, y dentro de ellas los cuerpos de nuestrxs compañerxs, los de muchxs presos y presas políticas del estado, y miles de otrxs presxs del pueblo pobre. Entendemos estas medidas como la parte más aguda de las políticas represivas del estado atemorizado ante la revuelta y la reactivación del tejido social y antisocial que la sostiene.

2.- Es en este contexto que recibimos de parte de las escuetas comunicaciones con nuestrxs compañerxs la novedad de que se reactivarán las visitas, que luego de nueve meses tienen un “protocolo” para hacerlo. No resiste análisis la ineptitud e  inoperancia de las medidas de cuidados que han pretendido tomar. Este escenario se les dio comodísimo a las fuerzas de la represión, y en las cárceles… aún más.

3.- Tomaremos este modelo provisorio de visitas con toda desconfianza, iremos a abrazarnos con ellos y participaremos de él evaluando cada condición, ni nuestros compañerxs ni nosotrxs como sus familias somos sujetos de experimentación, por lo demás no creemos que signifique “salir del aislamiento”, se rompe una barrera impuesta, eso es una verdad, pero se mantienen muchísimas otras que impiden el ejercicio de visitas en un marco de irrenunciable dignidad, esperamos que avanzando las etapas del desconfinamiento, diseñado en este formato delirante, se restablezcan las visitas sin retrocesos en las formas previas a  marzo de 2020.

4.- Hacemos presente la convicción de que las movilizaciones intramuros y la movilización social en contra del aislamiento en la calle  ha permitido este avance, en ese mismo sentido estaremos alertas a las nuevas necesidades y llamamos a los entorno a mantenerse en esta alerta también. En lo que respecta a  las visitas queda un largo trecho que recorrer. No soltamos nuestras luchas.

Aislamiento es tortura!!
Derogación del decreto 321!!
Por una visita en un irrenunciable marco de dignidad!!

Familiares y amigxs de Presxs Subversivxs y anarquistas; CAS, Máxima y Cárcel de san Miguel.

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(Español) Bolivia: [Audioreporte] No al fracking: pueblo guaraní se pronuncia frente al hiperextractivismo

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Desde sus primeros pasos en 2012, el proyecto de gas esquisto en Bolivia, ha avanzado más hasta este 2020, con la concreción de la exploración mediante el contrato con la empresa canadiense Cancambria en 2018, y el impulso de autoridades de estado y YPFB en 2019 y 2020 ya bajo el régimen de Añez.

En una conversación con Pablo Claure, responsable de Recursos Naturales de la Capitanía Guaraní de Macharetí, la autoridad nos explica cómo el pueblo guaraní ha analizado el proyecto de fracking, el peligro que significaría para el agua y todo su espacio de vida, así como para las áreas protegidas que existen en la zona. Las comunidades han planteado en su Estatuto Autonómico la prohibición de realizar fractura hidráulica en su territorio y están en lucha para que no se concrete este proyecto que implica el uso y contaminación enormes de recursos hídricos y la destrucción del corazón de la tierra.

Cómo ha avanzado el proyecto de fracking: las comunidades se pronuncian

Las comunidades y las áreas protegidas en Macharetí ya han sido azotadas por plagas, pandemia, sequía e incendios

El Estatuto Autonómico plantea prohibir el fracking en territorio guaraní: memoria de lucha y defensa del territorio

YPFB no está cumpliendo con la consulta e información, las comunidades se quedan sin nada luego de los proyectos

(Foto de portada: CRIC Colombia)

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Prensa Comunitaria

(Español) Guatemala: Desalojo arbitrario y violento a dos comunidades Q’eqchi’ en Sayaxché, Petén

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Por Juan Peláez, abogado

El 9 y 10 de diciembre la fuerza antimotines de la Policía Nacional Civil – PNC sin respetar los protocolos institucionales para realizar desalojos y los de la pandemia del Covid-19, quemaron las casas de las familias Q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, los agentes se robaron animales, ropa, aperos de labranza y, desalojaron violentamente a las familias de la comunidad Tres Lagunas, quienes tuvieron que quedarse a la orilla de la carretera, denunciaron los campesinos desalojados.

Fueron afectadas aproximadamente 200 familias, más o menos 500 personas entre mujeres, hombres, niñas y niños. La policía además de quemar sus viviendas, arrancó las siembras y detuvieron a 3 personas, miembros de las Comunidades Indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas.

No se respeto el debido proceso, la comunidad nunca se enteró de algún proceso penal en su contra, ni quien emitió la orden de desalojo, ya que les presentaron un papel sin sello, sin firma, ni nombre de autoridad competente.

En plena crisis sanitaria y recién pasadas las tormentas tropicales Eta y Iota procedieron a arrasar sus casas. En pleno día de celebración de los derechos humanos se violentaron nuevamente los derechos humanos de las y los guatemaltecos más humildes.

Este es el testimonio de uno de los vecinos afectados por el desalojo en su comunidad

Pese a todo lo ocurrido durante el desalojo, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) informó en su cuenta de twitter lo siguiente:

“La delegada de la Auxiliatura de La Libertad, Petén, de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), observó el respeto de los derechos humanos y las actuaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), Ministerio Público (MP), Procuraduría General de la Nación (PGN) y Juzgado de Paz Penal, en la diligencia de desalojo en la finca El Zapotal, municipio de Sayaxché, departamento de Petén.

En la diligencia se realizó el desalojo de uno de tres grupos que ocupa la finca de forma irregular, sin que se reportaran incidentes; sin embargo, las diligencias de desalojo continuarán por parte de la PNC y el MP.”

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Avispa Midia

(Español) Tras bloqueo, zapotecas logran apertura de diálogo con Semanart sobre mina de Cuzcatlán

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Por Sare Frabes

Tras el bloqueo de la carretera federal 175, que liga los Valles Centrales de Oaxaca con las zonas turísticas de la costa, en la mañana de este lunes (14), 16 comunidades que hacen parte de un frente contra la minería en el estado lograron una audiencia con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart).

La reunión será el próximo miércoles (16), a las 10h, en el Palacio Municipal de Magdalena Ocotlán.

Las comunidades exigen que la autoridad ambiental no emita la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, una ampliación del proyecto minero en explotación desde 2011 por la empresa Cuzcatlán, una subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota oro y plata en San José del Progreso.

Según las comunidades, la MIA no tiene fundamentos para proceder. Entre sus argumentos está el hecho de que se realizó una consulta ‘exprés’, con duración de 10 días.

Lea aquí más detalles sobre los motivos presentados por los pueblos.

Mientras la carretera estaba cerrada, el titular de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de Semanart, Daniel Quezada Daniel, se comunicó con miembros del frente, donde fue posible acordar la apertura de diálogo. Una exigencia de las comunidades es que la reunión sea con la titular de Semanart, María Luisa Albores.

Además de las comunidades de San José del Progreso y Magdalena Ocotlán, más directamente afectadas por el proyecto San José, hombres y mujeres de pueblos vecinos participaron del bloqueo y mostraron su preocupación con la falta de informaciones sobre concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal en sus territorios. Por ello, han decidido mantenerse en alerta sobre todo en un escenario de pandemia en el cual los proyectos siguen avanzando. Algunas de las comunidades son: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec y la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).

Obrador

En 2019, las comunidades interceptaron el carro en que viajaba el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien pasaba por la región, y lograron exponerle la problemática que viven. El mandatario dijo que mandaría un funcionario para escucharlos. Sin embargo, nunca cumplió.

Ver también ⇒ ¿Qué dijo Amlo a campesinos de Oaxaca sobre contaminación minera?

El 9 de septiembre de 2020, increpado nuevamente en su conferencia que emite por las mañanas, el presidente se comprometió a platicar con María Luisa Albores, de manera que se pudiera establecer un canal de comunicación con estos pueblos.

Hasta la fecha, y solo después del bloqueo, Semanart accedió al pedido de apertura de diálogo.

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Avispa Midia

(Español) Chiapas: Organizaciones denuncian violencia sistemática y estructural

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Foto de portada: Familias desplazadas de Aldama por Índice político.

Por Sare Frabes

“Es indignante la situación de violencia estructural que se permite e, incluso, se fomenta desde los diferentes niveles de gobierno y su poca o nula disposición para atender el conflicto, trivializando, discriminando y criminalizando a las comunidades”, denuncia un comunicado difundido por una misión civil de observación en Chiapas.

Realizada durante cuatro días, dicha misión estuvo integrada por 14 organizaciones de derechos humanos pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT).

La misión visitó comunidades en las regiones norte, altos y costa de Chiapas en donde recabaron testimonios de personas que han vivido desplazamiento forzado, el despojo de sus tierras y un contexto generalizado de violencia que va de las amenazas hasta la tortura.

Las comunidades visitadas por la misión de observación fueron Chalchihuitán, Acteal, Aldama, Nuevo San Gregorio, Moisés Gandhi, Chilón y Tonalá. En todas documentaron situaciones de conflicto y violencia contra defensores y poblaciones.

En contexto ⇒ Continúa ataques paramilitares en comunidades de Chiapas

Por ello, destacaron “las amenazas de muerte, agresiones directas y actos de criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos y de ayuda humanitaria, quienes realizan su labor en un ambiente de violencia generalizada”.

Sin acceso a la justicia

Mediante conferencia de prensa, lxs integrantes de la misión también resaltaron los impactos psicosociales en las comunidades en Zona Altos, Norte y Costa de Chiapas,, así como el efecto diferenciado en las mujeres y las infancias de poblaciones en desplazamiento forzado, quienes viven en situaciones con terror, miedo y preocupación, lo cual les coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

Integrantes de la misión de observación al término de su informe. Foto Elio Henríquez

“Alarmantes de la situación de insuficiencia alimentaria, inexistentes servicios de salud y medicamentos que se suman a la situación de desplazamiento forzado que amenazan y ponen en riesgo la vida de cientos de personas”, los cuales “agravan la falta de condiciones de seguridad y de acceso a la justicia, ante la existencia de grupos paramilitares y de choque que agreden a las comunidades, implica un riesgo latente para ellas y para quienes ejercen su derecho a defender derechos humanos”, expusieron como resultado de la documentación en las distintas regiones de Chiapas.

En su denuncia, las organizaciones enfatizaron también “la falta de acceso a la justicia que también se relaciona con la inoperancia de las fuerzas de seguridad pública para frenar la violencia y la falta de actuación de la Fiscalía del Estado aun cuando tienen claro conocimiento de los responsables de los ataques armados”.

A la exigencia de justicia, la misión de observación también se sumó al llamado “para que Cristóbal Santis Jiménez, preso político por su labor de denuncia a las agresiones sistemáticas de las comunidades de Aldama sea puesto en libertad de manera inmediata”.

Hostigamiento a defensores

Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, destacó que en las tres zonas visitadas por la misión se confirmó la existencia de grupos armados quienes están actuando con facilidades en los territorios para obtener control, poder despojar, invadir y continuar realizando hechos criminales.

Grupo de personas que realizaron la invasión de las áreas verdes. Foto de CDH Digna Ochoa.

“Vemos una fuerte resistencia de defensa del territorio por las comunidades que han procurado tener un espacio de cultivo para proveer alimentos, tranquilidad y armonía, generando una tensión mayor de las comunidades. Por otro lado, todo este contexto propicio agresiones, amenazas, desplazamiento, asesinatos, hasta la fecha el estado se mantiene omiso”, enfatizó el director de la CDH.

Hernández compartió también que en la costa de Chiapas donde realiza su labor, el CDH Digna Ochoa acompaña un proceso de colonia urbana “donde existe una deficiencia de garantía de derechos por parte de las autoridades, donde no hay garantía de los servicios básicos como agua, drenaje, alumbrado, seguridad y vivienda”.

A dicha situación se suma la violencia ejercida por “un grupo que actúa bajo la primicia del gobierno en la región, por lo que, evidenciaron que existe una falta de voluntad para poder atender las situaciones de violaciones a derechos humanos que pone en riesgo a las comunidades y también a quienes acompañan los procesos de defensa de los derechos humanos”, compartió Hernández quien durante las últimas semanas denunció el haber recibido amenazas de muerte debido a su labor.

Agresiones contra tierras recuperadas

Por su parte, Diana Itzu Gutiérrez del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas informó que, en la zona norte del estado del Caracol de Resistencia Hacia un Nuevo Amanecer, desde 2019 ocurren agresiones violentas contra 155 hectáreas de tierras recuperadas por comunidades base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) quienes están sufriendo una invasión de 40 personas que se articulan con la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes han cercado el territorio.

“Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos”, video de difusión caravana solidaria por Red Ajmaq.

“Estamos viendo que estos grupos fuertemente armados no solo en el Municipio Oficial de Huitiupán en San Gregorio y en el Municipio Oficial de Ocosingo y Chilón donde el despojo y desplazamiento es parte de esta guerra integral de desgaste”, mencionó Gutiérrez sobre las agresiones contra familias base de apoyo del EZLN quienes por la violencia actual se ven impedidos de cultivar sus alimentos.

Paramilitares

En la región de los Altos, la misión de observación constató una crisis de desplazamiento forzado, situación que viven las y los 1,236 desplazados de Chalchihuitán, así como las comunidades del municipio de Aldama en específico San Pedro Cotsilnam, donde representantes de los 115 comuneros, víctimas, heridos y viudas dieron sus testimonios, constataron de nuevo el abandono del estado ante estas graves violaciones a derechos humanos.

El director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Pedro Faro, mencionó que tienen el conocimiento de 3,499 personas en situación de desplazamiento debido a las agresiones armadas por parte de grupos de corte paramilitar que mantienen en asedio a la población de las 13 comunidades de Aldama.

El director del Frayba sostuvo que el grupo de corte paramilitar tiene vínculos con funcionarios del municipio de Chenalhó, así como complicidad con los tres niveles del gobierno pues los ataques no cesan a pesar de todos los acuerdos del gobierno y pactos hechos desde las cúpulas del poder.

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“Ayer recibimos un reporte más de estos ataques en Aldama y eso nos preocupa mucho, lo que tenemos registrado es que hay 21 heridos y seis muertos, evidenciamos que no hay una atención integral a la situación de los desplazamientos, hombres, mujeres, niños y niñas están viviendo en una alta vulnerabilidad”, denunció Faro durante la conferencia de prensa el pasado 10 de diciembre. El director del Frayba añadió que “lo mismo encontraron con Las Abejas de Acteal, en específico los desplazados de la comunidad de Los Chorros, los hechos fueron perpetrados por autoridades de la colonia Miguel Utrilla de Barrio Río Jordán ubicado en el municipio de Chenalhó”, donde aún hoy dichos grupos armados actúan de manera deliberante y agresiva hacia la sociedad civil Las Abejas de Acteal no permitiéndoles su proceso de construcción de autonomía.

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Avispa Midia

(Español) Perú: Más de 70 personas son detenidas y acusadas de “terrorismo”

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Luego de varias semanas intensas de protestas sociales tras el golpe parlamentario contra el expresidente de derecha Martín Vizcarra, la ciudadanía en las calles logró derribar al gobierno de Manuel Merino dejando un saldo 112 heridos, al menos 62 de ellos hospitalizados y tres muertos. El pasado miércoles 2 de diciembre más de 90 ciudadanos peruanos fueron procesados, 74 de ellos por el delito de terrorismo.

De acuerdo con un boletín de prensa emitido por Ministerio del Interior, de las personas detenidas, por lo menos 72 de ellas son acusadas de terrorismo. Además, se afirma que los detenidos pertenecen al grupo armado Sendero Luminoso (SL), del Partido Comunista del Perú, motivo por el cuál justifican estas detenciones.

Las viviendas de estas personas fueron allanadas en un megaoperativo policial, denominado Olimpo. Participó la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la La Policía Nacional del Perú (PNP), junto con la Dirección de Inteligencia del Ejército del Perú y la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial. En la intervención participaron 752 efectivos, con el apoyo de 98 fiscales.

Según la nota oficial del Ministerio los detenidos habrían creado organismos de fachada para realizar actividades terroristas en Lima y Callao, justo en las principales ciudades donde se desencadenaron las protestas.

La ciudadanía ha expresado que esto es más bien una cacería de brujas de los participantes en las movilizaciones y protestas. A esto se suma la falta de credibilidad en las instituciones del Estado, como el Parlamento y  la Policía Nacional, quienes han sido cuestionadas por la brutal represión que terminó con la vida de tres jóvenes. Inti Sotelo y Bryan Pintado asesinados durante las manifestaciones en el centro histórico de Lima y, Jorge Muñoz, obrero agrícola, que protestaba contra la explotación de las agroindustrias en Trujillo, una ciudad al norte del Perú.

La Policía Nacional no solo enfrenta duras críticas por la represión en las manifestaciones, también por los casos de corrupción.

Según el registro de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, “19 de los 25 gobernadores regionales a nivel nacional vienen siendo investigados por las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF). Solo entre marzo y agosto de 2020 la Policía peruana tiene 127 casos abiertos en las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.”

Sumado a esta problemática, el 23 de Noviembre, a través de un mensaje por televisión, el presidente Sagasti anunció la destitución de 18 mandos policiales que ha generado una crisis en este aparato del Estado Entre esta destituciones están 3 tenientes generales y 15 generales de la Policía Nacional, lo que implica la renovación del Alto Mando Policial. Este Ministerio del Interior en menos de un mes tuvo ya dos ministros que renunciaron, y ahora va por el tercero. Aún así, la Policía intenta lavarse la cara por las denuncias de violaciones a derechos humanos.

El día de hoy (10), en conferencia de prensa, familiares de los detenidos en la represión del megaoperativo Olimpo anunciaron un plantón en exigencia por la liberación de los detenidos. Así mismo, han expresado que hay una grave crisis política y de derechos humanos en el Perú.

“Utilizan este operativo para legitimar a la policía que viene siendo cuestionada por asesinar al pueblo, nosotros venimos a desenmascarar que en este contexto a puertas del bicentenario, el pueblo peruano tiene abandonadas sus demandas, sus necesidades y se levanta el foco del terrorismo para desviar la atención de los verdaderos y principales del pueblo peruano”, puntualizaron los familiares de los detenidos.

 También agregaron que a sus familiares se le ha detenido por “ pedir nueva constitución, por expresar su opinión crítica, por la situación de nuestro país”.

Personas de la 3a edad detenidas

De acuerdo a la Policía Nacional, en el megaoperativo se detuvo a  72 integrantes de Sendero Luminoso. Entre los detenidos hay dos excarcelados que pertenecieron a esta organización.

Sin embargo en la conferencia de prensa las y los familiares denunciaron que la policía se ha negado a entregar la lista de los detenidos, además señalaron que entre las personas detenidas hay personas de la tercera edad, con enfermedades crónicas, pacientes oncológicos y asmáticos, no saben en qué condiciones se encuentran, puntualizan.

“Llegaron en la madrugada rompiendo puertas, traumatizando a menores de edad que estaban junto a sus padres, separando y despojando a un bebe de ocho meses de sus padres, injustamente, llevándose a personas de 70 y 80 años, con problemas de salud”, señalaron las y los familiares.

‘Terruqueo’ peruano

En Perú, el llamado ‘terruqueo’ es una forma de denigrar a una persona calificada de terrorista por reclamar derechos o protestar en contra del régimen y el sistema. Es una herencia derivada de la guerra contrasubversiva que el Estado usa a su favor.  Con las protestas sociales tras el golpe, la población ha rechazado estas prácticas macartistas o de cacería de brujas del gobierno para acallar las demandas en contra de las políticas del Estado que no resuelven las desigualdades.

Los familiares de los detenidos en el megaoperativo reiteran en un comunicado publicado el día 10 de diciembre que sus familiares “no son terroristas” y que “no han cometido delito alguno, han ejercido sus derechos fundamentales, como libertad de expresión, opinión, reunión y organización  que la propia constitución asiste a todos los peruanos”

Frente a la inestabilidad política en el país andino, se tienen también las grandes desigualdades sociales que la pandemia ha agravado. Durante las manifestaciones en contra de la crisis política y el golpe parlamentario, también hay una demanda que ha crecido: una nueva Constitución a través de Asamblea Constituyente.

Diversos sectores populares han expresado que la nueva Constitución Política del Perú debe ser consensuada y redactada por una Asamblea Constituyente que represente a todos los pueblos y sectores del país.

Deberán participar decisivamente el mayor porcentaje posible de la población, tanto en el debate de los contenidos de la nueva Constitución Política, como en la aprobación del texto constitucional por voto popular.

La diversidad de este pueblo exige cambiar las leyes tan injustas, más aún, cuando en abril de 2021 se darán nuevas elecciones generales en Perú. Y la celebración a conmemorarse el bicentenario de la fundación de la República peruana.