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Comunicado del posgrado en feminismo del centro de estudios superiores de México y Centroamérica (CESMECA)

Fuente: Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, 2 de febrero 2018

Las estudiantes del posgrado en estudios e intervención feministas del centro de estudios superiores de México y Centroamérica miramos con preocupación la determinación tomada por mayoría de votos el día de hoy dentro de la sexagesima sesión extraordinaria del consejo universitario de la universidad de ciencias y artes de Chiapas respecto de la aprobación del dictámen de fecha 26 de enero de 2018 emitido por la comisión de otorgamiento de grados para reconocer con grado de doctor honoris causa al general salvador Cienfuegos zepeda. Dado que es evidente que el general en cuestión carece de una trayectoria académica sobresaliente, asumimos, como ya se ha dicho que el premio obedece a la naturaleza de las funciones al frente de la institución castrense del estado mexicano, como ya se ha dicho aquí. Por lo que, en virtud de que el premio es otorgado a la institución del ejército y que se ha abundado ya acerca del papel que ha jugado en el ocultamiento de crímenes de lesa humanidad, las ejecuciones extrajudiciales, el hermetismo y obstrucción de la justica civil, querríamos hablar aquí acerca de lo que las prácticas castrenses significan para las mujeres y que en este caso son estas prácticas las que son premiadas al reconocer con honores al mando de esa institución. Rita Segato ha sostenido en torno a investigaciones que involucran el actuar castrense, que en las últimas décadas los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados han sido objeto de agresiones sexuales que han pasado a ocupar una posición central como arma de guerra productora de crueldad y letalidad, ejemplos de ello hay innumerables pero por mencionar algunos de los más emblemáticos, tenemos el caso de Valentina Rosendo Cantú y Yenys Bernardino Sierra quienes en un contexto de presencia militar en el estado de guerrero fueron objeto de tortura y Agresión sexual por parte de elementos militares en funciones, también está el caso de Inés Fernández Ortega por la violación sexual cometida en su perjuicio por parte de agentes militares también, estos casos resuenan porque fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y condenado el Estado mexicano por vulnerar el Derecho a la honra, a la intimidad, a la integridad personal, a la Dignidad, a la Igualdad ante la ley, a la Protección judicial, entre otros, en ambos fue un elemento común la falta de investigación y sanción de los responsables quienes fueron militares con mandos superiores como lo es ahora el general Cienfuegos. Fue un agente castrense el que agredió sexualmente y asesinó con brutalidad a Sabina Patricia en 2008 y fue también un elemento del ejército el que cometió el primer feminicidio del 2018 en Chiapas. No podemos ignorar que cada vez que existe la presencia militar, la violencia sexual y feminicida se multiplica. También coincidimos en reconocer el enlace lógico que resulta de conectar las reformas estructurales, el plan Mesoamérica que potencia los megaproyectos extractivistas, la ley de seguridad interior y el intento por consolidar la reputación de una institución indefendible que será la que intente materializar esos megaproyectos y consideramos nuestra responsabilidad denunciar y realizar acciones en oposición a esta estrategia por pertenecer a un centro de estudios que se posiciona desde el pensamiento crítico, incluyendo el feminista. Con las compañeras, coincidimos en lo aberrante que sería la entrega de este premio también pensando en el próximo proceso electoral en el que Chiapas es considerado foco rojo. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior impulsada por Cienfuegos se avisora una represión “legalizada” y nos preguntamos cuáles fueron los motivos al interior de la universidad para proponer esta premiación a la ignominia. El Estatuto General de la UNICACH señala en su artículo cinco que los valores que debe cultivar son la equidad social, el humanismo, la igualdad, la honestidad, la solidaridad, la diversidad, justicia y respeto. ¿Acaso reconocer a un hombre artífice de la represión, que no actúa con claridad, honestidad, solidaridad y que obstaculiza la justica y no respeta la vida y la memoria de los jóvenes de Ayotzinapa no atenta contra estos principios?

Proponemos que se realicen acciones en torno a esta decisión vergonzosa, desde la puesta de mantas hasta ir al evento a recordarle al general lo que ha hecho y evidenciar a las autoridades que someten a la universidad al aparato militar y a decisiones centralizadas del ejecutivo.

Posgrado en feminismos del CESMECA

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Pronunciamiento sobre la agresión en Cacahuatepec, Guerrero

Foto: Agencia EFE

Hermanas y hermanos de la comunidad de Cacahuatepec, Guerrero,
Hermanas y hermanos del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota,
Hermanas y hermanos de México y el mundo.

Desde estas tierras de los pueblos originarios del norte de México, les enviamos nuestro apoyo y solidaridad ante la cobarde agresión por parte de la policía del estado de Guerrero, apoyada por el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México; condenamos y repudiamos este ataque de quienes se hacen llamar militares, policías, sicarios o paramilitares, y en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 5 policías comunitarios de Cacahuatepec pertenecientes a la CRAC-PC; y fueron secuestrados y torturados por el mal gobierno 38 policías comunitarios.

Los militares y los policías, que se quieren hacer gobierno por encima de los pueblos de todo México y que son de nuestros pueblos, dicen que fue un enfrentamiento entre civiles armados y policías comunitarios. Nosotros decimos que el compañero Marco Antonio Suástegui y los pueblos del CECOP defienden su tierra para que no se la adueñen las empresas trasnacionales para hacer la presa Hidroeléctrica la Parota, que defienden su seguridad de los narcoparamilitares del gobierno y que defienden su autonomía porque el mal gobierno es asesino, mentiroso y traidor.

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Hace dos años, el 16 de diciembre de 2016, los ejidatarios de Tila, cansados de un siglo de atropellos, decidieron tomar el rumbo de sus vidas en sus manos y expulsaron al Ayuntamiento, impuesto ilegalmente en su territorio desde mediados del siglo XX, recuperando las 130 hectáreas que durante décadas el gobierno municipal les trató de arrebatar.

Desde entonces, el ejido de Tila se ha vuelto ejemplo de lo que es posible hacer cuando el pueblo se organiza. Desde hace dos años, el pueblo organiza su guardia comunitaria y la delincuenca, antes solapada por el ayuntamiento, disminuyó visiblemente; se organiza la recolección de basura con contribuciones de la propia población; se instauró un sistema de justicia propia; se administran todos los servicios; se organizan festividades. Y en todo esto, la máxima autoridad es la Asamblea. Así, Tila ha demostrado que sí es posible crear un gobierno donde “el pueblo manda y el gobierno obedece”.

(Para un recuento de la larga lucha del ejido Tila y la construcción de su autonomía, ve nuestro reportaje: ¿Cómo es un pueblo libre? Primer aniversario de la autonomía de Tila.)

Es por eso que la visita del Concejo Indígena de Gobierno a Tila es tan significativa. “Queremos decirles que los admiramos, que los respetamos”, dijo el concejal Hernán. “Éste es el sueño que desde nuestras comunidades hemos venido soñando. Que un día como éste el pueblo de México se despierte (…) Que los pueblos tengan su libre autodeterminación, que sean los pueblos quienes nos mandemos.”

“Para el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno”, dijo Marichuy, “hoy es un día importante en la memoria de los pueblos originarios de este país, ésa que se hace soñando y luchando por el fin de la guerra de exterminio y el inicio de una nueva conciencia.”

En Tila la memoria está muy viva, es lo que da fundamento al caminar, lo que orienta la dirección de los pasos por venir. Es por eso que hay un tal respeto por los abuelos, quienes lucharon durante décadas contra el despojo. Fue en la década de 1920 que los abuelos iniciaron una lucha épica que no se olvida. Durante 37 años viajaron una y otra vez a Tuxtla Gutiérrez, a cuatro o cinco días a pie, cargando su pozol y tostadas, para solicitar la regularización de sus tierras como ejido. Una odisea difícil de imaginar pero que está grabada en la memoria del pueblo de Tila, y que resultó finalmente en una Resolución Presidencial que reconoció la propiedad ejidal de las 5,405 hectáreas, de las que habían sido despojados por finqueros extranjeros desde los tiempos de Porfirio Díaz.

“Nosotros estamos caminando con la compañera María de Jesús”, dijo la concejala Antonia, “para llevar la voz de los abuelos, porque los grandes, los de arriba, nos querían acabar. Pero no nos acabaron. Quedó nuestras raíces (…) Nos quisieron acabar pero nunca nos van a acabar. Vamos a florecer, van a salir las hojas que cortaron; las ramas que mataron, van a volver a retoñar.”

“Saludamos a los abuelos porque nosotros sí sabemos respetarlos”, dijo el concejal Hernán.

A mediados del siglo XX los mestizos se apoderaron del Ayuntamiento. El gobierno, que antes se regía por usos y costumbres, pasó al régimen de partidos políticos. Empezó a cobrar impuestos por la tierra y a apropiarse de los bienes y servicios, antes administrados por la asamblea ejidal. Pero no sólo eso: durante los años más duros de la política contrainsurgente después del levantamiento zapatista, el Ayuntamiento sirvió como base de coordinación de los grupos paramilitares, en particular “Paz y Justicia”, uno de los más violentos de la década de 1990 en Chiapas.

Es por todo eso que el pueblo se levantó hace dos años y expulsó por su propia cuenta al Ayuntamiento de su territorio, a pesar de las grandes presiones y amenazas en su contra.

En su visita a Tila, Marichuy hizo un análisis de la relación entre violencia paramilitar y narcoparamilitar (la misma violencia que sufren ahora los pueblos de Chalchihuitán y Chenalhó en Los Altos de Chiapas) y la violencia militar, y criticó duramente la recién aprobada Ley de Seguridad Interior (lee sus palabras completas aquí).

Para violentarnos, la ocupación militar se apoya con paramilitares y sicarios. Si pedimos seguridad y ayuda nos mandan más militares y el número de presos por defender sus derechos, muertos y desaparecidos aumenta de inmediato.

A esa agresión política, económica, militar, paramilitar y narcoparamilitar en nuestra contra que cada día genera despojo, miedo, terror y luto, le llamamos guerra, la misma que ahora con su ley de “seguridad interior” pretenden extender a todo el país.

Para los gobiernos capitalistas que mandan en el mundo de arriba, los seres humanos pensando, actuando y organizándonos somos problemas de seguridad interior, ya no sólo los pueblos indígenas, sino todas las sociedades urbanas y campesinas. De ese tamaño es el descontento que los de arriba prevén porque de ese tamaño es la embestida que engendran.

Ante esto, el Concejo Indígena de Gobierno ha repetido una y otra vez que la única respuesta viable es la organización. Y con ella, la seguridad y la justicia autónomas. “Sólo de esa manera, haciendo que el pueblo mande y nuestras fuerzas de seguridad obedezcan, es que hemos podido acabar con el terrorismo de Estado y de las bandas de la delincuencia organizada.”

La montaña y costa de Guerrero, Cherán y Santa María Ostula en Michoacán, el ejido de Tila en Chiapas y desde luego las comunidades zapatistas… ejemplos de que otra justicia, otra seguridad y otro gobierno son posibles.

Muy significativamente, el Concejo Indígena de Gobierno, acompañado por las autoridades de Tila, hablaron desde un templete instalado en el llamado “Casino del Pueblo”, el antiguo edificio que servía de gobierno comunitario, a espaldas del ahora destruído Ayuntamiento, situado al lado opuesto de la plaza. Es el gobierno indígena, colectivo, horizontal, de abajo, que ejerce el “mandar obedeciendo”, renaciendo con la fuerza de la memoria y la organización.

Escucha los audios:

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El presente informe, presenta casos de violaciones graves a los derechos humanos que la Red Solidaria Década Contra la Impunidad ha documentado a los largo de estos doce años

La defensa de los derechos humanos en México, es una tarea cada vez más difícil en un contexto de violencia generalizada y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El aumento de la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura ha provocado miedo e inseguridad en la población y el desplazamiento forzado.

Las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en México, no es un tema nuevo, nos remite a los tiempos de la llamada guerra sucia, donde el ejército de forma masiva detenía, torturaba, desaparecía y ejecutaba extrajudicialmente a personas por el solo hecho de disentir, criticar o luchar por sus derechos y por mejores condiciones de vida.

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Al pueblo chol del ejido Tila.
Al pueblo de México.
A los pueblos del Mundo.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A los medios de comunicación.

Para el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno hoy es un día importante en la memoria de los pueblos originarios de este país, ésa que se hace soñando y luchando por el fin de la guerra de exterminio y el inicio de una nueva conciencia.

El pueblo Chol del ejido Tila, que ha sido históricamente olvidado, resurgió en su autonomía con el esfuerzo de muchas y muchos.

La autonomía, en el ejemplo de dignidad que es el ejido Tila, fue el paso necesario tras mas de 50 años de lucha jurídica, de los amparos ganados que nunca fueron ejecutados, de la violencia institucional desde los malos gobiernos ante los pasos que la organización iba logrando para reconstituirse sin esa enfermedad que son los malos gobiernos.

Es entonces, hermanas y hermanos de Tila, grande el honor para nosotras y nosotros del Concejo Indígena de Gobierno, estar para conmemorar junto con ustedes ese 16 de diciembre. Para celebrar y conmemorar el ejemplo del pueblo Chol del ejido Tila, su palabra y su conciencia.

Sabemos que no ha sido fácil su camino, que su determinación y organización ha crecido en medio de la hostilidad por parte de los malos gobiernos y sus grupos paramilitares, como los que usan los poderosos en todo el estado de Chiapas para tratar de acabar con las luces de esperanza, que es la organización autónoma de los pueblos originarios.

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“Esta ley es un riesgo porque perpetúa un modelo de seguridad que es fallido,  regulariza las tareas de seguridad pública de un ejército que debiera intervenir de manera excepcional, por eso se convierte en un estado de excepción permanente porque las Fuerzas Armadas pueden intervenir con este marco jurídico prácticamente subordinando al poder civil, subordinando a las policías, dándole amplios poderes al Presidente de la República para hacer una declaratoria, eufemísticamente denominada como declaratoria de riesgo a la seguridad interior, que es en realidad un estado de excepción que justifica la participación de las Fuerzas Armadas” (Intervención en Conversatorio)

A finales de noviembre la Cámara de Diputados daba luz verde a  la denominada Ley de Seguridad Interior. Ante su posible aprobación (hoy) en el Senado de la República, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil se han manifestado y advertido de las gravísimas consecuencias en caso de ratificación.

El pasado 9 de diciembre tuvo lugar en la plaza de la resistencia de San Cristóbal de las Casas un conversatorio sobre el tema. Ahí se señaló, entre otros puntos importantes, la ambigüedad en la definición de “seguridad interior” y la amplitud de acciones que pudieran considerarse como amenazas.

Asimismo, se mencionó que este “nuevo” paso en materia de seguridad lo que pretende es “regular lo excepcional”, es decir, crear un marco normativo a modo para proteger al gobierno, instituciones y su proyecto neoliberal en un país marcado por la violencia de Estado y ante una coyuntura electoral. Con ello y a partir de definiciones interesadas se facultaría –legalmente- a las Fuerzas Armadas de México a realizar labores que hasta ahora debieran ser exclusivas de organismos de seguridad pública (tales como detenciones o investigación).  Además sin observancia a estándares de derechos humanos y sin contar con mecanismos independientes de rendición de cuentas.

A continuación el audio completo del conversatorio (vía komanilel.org)

Para mayor información sobre la Ley de Seguridad Interior puede consultarse también:

https://frayba.org.mx/la-ley-de-seguridad-interior-contraviene-la-constitucion-y-da-continuidad-a-una-politica-de-seguridad-fallida-llamamos-al-senado-de-la-republica-a-no-aprobar-la-ley-de-seguridad-interior/

https://frayba.org.mx/ley-de-seguridad-interior-fortaleceria-logica-de-guerra-y-violencia/

http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:2017-10-25-18-21-51&catid=209:front-rokstories&lang=es

https://www.seguridadsinguerra.org/#block-7149

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Diversos grupos parlamentarios han presentado distintas iniciativas de ley, denominadas de “seguridad interior”, a fin de legalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública. Dichas iniciativas parten del hecho de que actualmente no existen las capacidades policiales para hacer frente a la grave situación de inseguridad por la que atraviesa el país. Sin embargo, e independientemente de que varias de esas iniciativas contienen peligrosas ambigüedades y otorgan atribuciones que deben corresponder exclusivamente a instituciones civiles, normalizar la intervención de las Fuerzas Armadas en labores policiales contribuiría a perpetuar la situación que se busca subsanar. Si hoy los gobiernos federal y estatales no han cumplido con su obligación legal de construir corporaciones de policía eficaces, menos aún lo harán si cuentan con el recurso legal para encubrir dicho vacío institucional con requerimientos de intervención militar.

Debemos, en cambio, centrar la atención política y legislativa en el fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad pública. Sólo así podremos resolver de fondo, y a largo plazo, la crisis de violencia, inseguridad y violaciones graves a derechos humanos en el país. Es por ello que, en lugar de legislar para perpetuar y arraigar el despliegue operativo de las Fuerzas Armadas, proponemos:

1. Respeto irrestricto al marco jurídico constitucional e internacional. La aprobación de una “Ley de Seguridad Interior” o de un capítulo de Seguridad Interior en la Ley de Seguridad Nacional, atentaría contra la Constitución y contravendría los tratados internacionales que México ha ratificado.
2. Adopción de medidas excepcionales sólo a partir de los mecanismos ya previstos. La vía adecuada para despliegues extraordinarios del Ejército es el artículo 29 constitucional. Actualmente no contamos con una ley reglamentaria de este artículo, y no se cuenta con una iniciativa que contemple verdaderos contrapesos y mecanismos de vigilancia. Los proyectos en discusión no son acordes con las normas internacionales en la materia.
3. Es fundamental un plan de fortalecimiento de las policías en todos los niveles de gobierno, cuyas normas y entrenamientos expresamente integren los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Además, es indispensable legislar sobre el uso de la fuerza.
4. Reformar a las policías, sin embargo, no será suficiente. Es necesario reformar también las procuradurías, fortalecer al Poder Judicial y atender la crisis penitenciaria.
5. Se deben cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y definir un plan de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad.

Seguir dependiendo de las Fuerzas Armadas no va a fortalecer nuestras instituciones de seguridad pública; coadyuvará al desgaste de dos de las instituciones más importantes del país: el Ejército y la Marina; perpetuará la grave crisis institucional por la que atravesamos, y sólo contribuirá a que la Federación y los estados sigan incumpliendo con lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el SIDEPOL y los acuerdos del Consejo Nacional.

Por lo antes expuesto, nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley o de reformas que permitan a las autoridades federales, estatales y municipales, continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública. Es el momento, en cambio, de emprender la inaplazable construcción de instituciones y capacidades civiles para afrontar la crisis de inseguridad y violencia por la que atraviesa el país.

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Brasil, Colombia y Perú, una triple frontera al sur del continente americano, la plena selva amazónica, este es el teatro de operaciones donde más de 30 empresas de la industria militar han puesto a prueba su más reciente producción de servicios y mercancías en el marco del ejercicio militar multinacional denominada AmazonLog2017, organizado por las Fuerzas Armadas de Brasil. Han participado por los meno 2000 militares del ejercito brasileño y de los países invitados, con armas de alto calibre y municiones, barcos, aviones y helicópteros, tecnologías de la información, equipos náuticos y energía inteligente, radares y sensores. El Comando Sur de los Estados Unidos, uno de los 9 Comandos de los EEUU, con influencia en el Caribe, Centro y Sudamérica, también fue participe de las actividades de AmazonLog2017.

Por Santiago Navarro y Ranata Bessi – Avispa Mídia

Las alarmas de diversos movimientos sociales de la región, así como de activistas e investigadores se han encendido sobre este ejercicio militar. Que consiste, según la investigadora y economista mexicana, especialista en geopolítica, Ana Esther Ceceña, en crear las condiciones para futuras operaciones de las tropas estadounidenses, específicamente sobre dos puntos estratégicos, “en la parte baja de Venezuela” y la otra, “en la costa atlántica donde el gobierno de Brasil permitirá a los Estados Unidos el uso de la base militar Alcántara”.

Alcántara esta ubicado en Maranhão, al nordeste de la nación brasileña, y que por su ubicación cercana al Ecuador se considera una de las mejores del mundo para el lanzamiento rápido de satélites. Esta base se suspendida en el año 2003 en el inicio del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, pero fue retomado por la gestión de Temer, quien asumió el la presidencia de Brasil en el año 2016, después de la destitución de Dilma Rousseff en un proceso que la mandataria tildó de un ‘golpe de Estado parlamentario’. Temer envió, en septiembre de este año 2017, a Donald Trump, una propuesta de acuerdo para permitir la utilización de la Base Militar de Alcantara, para el lanzamiento de satélites y maniobras militares, informó el diario brasileño Estadao.

Por tanto, AmazonLog2017 permite, “colocar pertrechos de guerra que faciliten incursiones territoriales discretas, operaciones de respuesta rápida, ambas contemplando la intervención de fuerzas especiales ya sea estadounidenses, de cuerpos locales o privadas, o también para permitir operativos masivos mucho más visibles o escandalosos, producto de supuestos peligros humanitarios muy probablemente en Venezuela”, dice Ceseña.

Ejercicios y mercado (Continuar leyendo…)

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¡DECIMOS NO Y NUNCA MÁS A LA PRESENCIA MILITAR DE ESTADOS UNIDOS
EN LOS TERRITORIOS DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA!

18 de mayo de 2017

Desde inicios del 2017 se viene concretando un nuevo pacto militar entre Estados Unidos (EUA), México y los países de Centroamérica para incrementar la presencia del Comando Sur de EUA en la frontera de Guatemala y México, lo que significaría que por primera vez en la historia reciente haya operaciones oficiales del ejército de los Estados Unidos. en territorio mexicano.

Hasta el momento hay muy poca información pública y oficial al respecto, sin embargo, la suma de algunos elementos nos permite concluir que se pretende una nueva ola en el histórico intervencionismo militar y económico de Estados Unidos en América Latina. Ante ello, como pueblos transfronterizos resistimos y nos oponemos rotundamente al despojo de nuestros territorios y nuestros cuerpos vía la ocupación militar, así mismo defendemos la vida, la dignidad y nuestra integridad.

Actualmente hay dos acontecimientos de mucha preocupación que nos exige movilizarnos: 1) Por un lado el mensaje con motivo de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica, CENTSEC 2017, realizada el pasado 25 de abril, en la cual se anunció la instalación de una Fuerza de Tarea del Comando Sur de EUA en el Departamento fronterizo de Petén, en colaboración con los ejércitos de México y Guatemala, para operar a lo largo de la frontera. 2) Por otro lado, el anuncio de una próxima Conferencia de alto nivel sobre seguridad y economía para México y Centroamérica a realizarse del 14 al 16 de junio en Miami, Florida, donde una parte de la misma se llevará dentro de la base militar del Comando Sur de EUA, y en la cual se prevé la mutación del Plan Alianza para la Prosperidad para darle un enfoque primordialmente militarista y de reinversión de capitales privados en la región.

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“La Misión Internacional de Observación de Derechos Humanos en la Frontera Guatemala – México (MODH), a realizarse del 10 al 16 de noviembre de 2016, es una estrategia para posicionar a los grupos de base como referentes para el accionar de alternativas que atiendan las problemáticas migratorias desde una perspectiva de derechos humanos y seguridad humana, reconociendo la importancia de la vinculación y el hermanamiento con otros movimientos y luchas en la región”.

A continuación, el comunicado leído en el inicio del recorrido, el 10 de noviembre, en la Ciudad de Guatemala.

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