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Foto: Archivo de Avispa Midia
Pese a que Obrador se comprometió en dos momentos distintos a establecer el diálogo con las comunidades que denuncian afectaciones por la empresa de capital canadiense Minera Cuzcatlán, Semarnat se ha negado a abrir un canal de comunicación.
El Frente No a la Minería Por un Futuro de Todas y Todos, compuesto por autoridades municipales y agrarias de 10 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca, emitió este lunes (7) un comunicado en el cual exige que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart) niegue la autorización la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “San José II”, una ampliación del proyecto minero en explotación desde 2011 por la empresa Cuzcatlán, una subsidiaria de la canadiense Fortuna Silver Mines, que explota oro y plata en San José del Progreso.función de una manifestación de impacto es prevenir posibles impactos ambientales con obras y proyectos que deben ser construidos. Sin embargo, con la MIA de “San José II” la empresa minera Cuzcatlán pretende justificar la construcción de 75 obras construidas previamente sin autorización ambiental. “La protección del medio ambiente no puede reducirse a un simple trámite burocrático”, dice el comunicado.
La función de una manifestación de impacto es prevenir posibles impactos ambientales con obras y proyectos que deben ser construidos. Sin embargo, con la MIA de “San José II” la empresa minera Cuzcatlán pretende justificar la construcción de 75 obras construidas previamente sin autorización ambiental. “La protección del medio ambiente no puede reducirse a un simple trámite burocrático”, dice el comunicado.
Este Frente de comunidades sostiene que la empresa minera no declara en su estudio los impactos acumulativos por 10 años más de explotación. La MIA “presenta información sesgada y minimiza los impactos producidos por el proyecto minero; en el documento los impactos son evaluados como ‘moderados’ y ‘positivos’”, sostiene el Frente.
Las comunidades de los Valles Centrales denuncian que han sido testigos “de la contaminación del agua, la emisión de polvos, ruido, el desplazamiento de fauna silvestre en la región, el impacto en el paisaje, además de graves violaciones a los derechos humanos y conflictos sociales producidos por el proyecto minero”.
Los pueblos que constituyen este Frente de resistencia, todos ellos indígenas zapotecas, tuvieron acceso al MIA porque la Semarnat organizó en su sitio web una consulta pública, que es distinta de la Consulta Libre, Previa e Informada, prevista por el Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT), específica para pueblos indígenas y que debe llevar en consideración sus derechos, no obstante, nunca fue llevada a cabo.
Además, la consulta tuvo carácter exprés, denuncia el Frente, con duración de 10 días. Fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria el 13 de noviembre, dando como fecha máxima para recibir observaciones el 23 de noviembre. “Dichos plazos resultan limitados, máxime cuando nos encontramos en un periodo de contingencia sanitaria, por lo que dicha acción violenta nuestros derechos a la información pública y participación ciudadana”, sostienen las comunidades.
Obrador
En 2019 las comunidades interceptaron el carro del presidente de la República Andrés López Obrador, que pasaba por la región, y lograron exponerle la problemática que viven. El mandatario dijo mandaría un funcionario para escucharlos. Sin embargo no lo cumplió.
El 9 de septiembre de 2020, increpado nuevamente en su conferencia que emite por las mañanas, el presidente se comprometió a platicar con María Luisa Albores, secretaria de la Semarnat, de manera que se pueda establecer un canal de comunicación con estos pueblos. “Desde esta fecha, hemos buscado un canal de diálogo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cual ha sido negado porque ‘no han podido encontrar un espacio en la agenda’”, señala el comunicado del Frente.
Medidas contundentes
Los pueblos en resistencia emplazan al gobierno federal para establecer una mesa de dialogo, solicitada por el H. Ayuntamiento de Magdalena Ocotlán, desde el día 03 de noviembre de 2020, para exponer la problemática y construir soluciones conjuntamente con los pueblos y comunidades afectadas por el proyecto minero San José, de la Minera Cuzcatlán.
Las comunidades advierten que “en caso de que la Semarnat siga favoreciendo intereses privados por encima de los derechos colectivos de los pueblos, nos movilizaremos y tomaremos medidas contundentes para garantizar que nuestros derechos sean respetados”.
Los municipios que componen la Frente son: Autoridades agrarias y municipales de: Magdalena Ocotlán, Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, San Matías Chilazoa, Los Ocotes, El Vergel, Santa Catarina Minas, San Nicolás Yaxe, San Dionisio Ocotepec, Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO).
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Emisión N° 38 | 3° temporada
Masivo paro agrario en #Perú. Se profundiza el modelo del agronegocio en #Argentina. Comunidades de #Panamá denuncian un megaproyecto eléctrico sin consulta. Campaña internacional “Rompe la cadena, no compres explotación”. Autorganización de las nacionalidades amazónicas en #Ecuador.
Recomendado cultural de Perú sobre Coref Storni y su canción Nosotras Paramos
Para conocer la información disponible sobre Monsanto-Bayer que menciona Anabel Pomar de #Argentina, ver: http://monsantopapers.lavaca.org/
Reportes a Perú, Panamá, Ecuador y Argentina
Comunican Anabel Pomar, Karen Díaz, Ayelén Correa Ruau, Olmedo Carrasquilla, Andres Tapia, Guillermo Folguera, Rogelio Urriola y Luis Vargas.
Participan Radio La Voz de la CONFENIAE, Colectiva Chinata, Radio Temblor Internacional, Red TierraActiva, JOC América, Congreso Indígena Ngäbe Buglé
Edición y montaje: Colectiva Chinata
Imagen de portada: Afiche de campaña ROMPE LA CADENA, NO COMPRES EXPLOTACIÓN
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En el marco de las masivas movilizaciones dentro de las cárceles de todo el territorio, por la restitución de visitas dignas para lxs privadxs de libertad, y a horas de cumplirse 10 años de la masacre en cárcel de San Miguel, Mónica Caballero, junto a dos presas del módulo de “Connotacion Pública”, han iniciado una huelga de hambre adhiriéndose a la ya iniciada en la Cárcel de Alta Seguridad.
A continuación compartimos el comunicado de Mónica, quien realiza un recorrido histórico sobre los diferentes acontecimientos de resistencia y lucha, que han marcado a esta cárcel:
“A 10 años de la masacre en la Cárcel de San Miguel: memoria e historia de lucha”
Sin duda hay lugares que almacenan miles de historias, si los altos muros de las prisiones pudiesen relatar las vivencias de quienes estuvieron (y están) encerradxs tras ellos, quizás nos contarían muchísimas historias donde lxs pobres serían los protagonistas o tal vez nos hablarían de los inmensos anhelos de libertad que embargan los corazones de quienes llenan los calabozo y celdas.
Lamentablemente las murallas de los presidios son testigos mudos de las vivencias de lxs que tras ellos encierran. Contar lo que sucede en estos lugares es responsabilidad de quienes estamos secuestradxs por el poder y de quienes quieren acabar con el actual sistema de terror.
La historia de lxs prisionerxs, es nuestra historia y no se puede perder. En las prisiones la tristeza reina, es ama y señora, está presente en la gran mayoría de las vidas de quienes pasan por este gris lugar. La cárcel de San Miguel no sólo guarda historias llenas de pena también tiene muchas vivencias de resistencia y lucha.
En los primeros años de la década de los 90, la cárcel de San Miguel encerró a varios presos políticos, hombres de diferentes organizaciones llenaron las celdas de las torres hasta el traslado al C.A.S en el año 1994, traslado que los combatientes resistieron con armas.
En el allanamiento de las celdas posterior al enfrentamiento, los funcionarios encontraron una pistola browning calibre 7,65 mm. con siete cartuchos en el cargador; un revolver italiano trident calibre 38; una pistola Dachmaur con quince cartuchos; también una Llama calibre 7,65; un monedero de color café con trece balas; otro de cuero con 18 balas más; un celular marca NEC y tres explosivos caseros (1).
En el enfrentamiento quedaron heridos varios carceleros y algunos reos, entre ellos estaba Mauricio Hernandéz Norambuena. El comandante Ramiro lo relata de la siguiente forma “En esa refriega fui herido. Nunca me había llegado un tiro, y fue en la cárcel donde por primera vez me dieron un balazo”(2).
El mismo hecho fue contado por Ricardo Palma Salamanca en una entrevista realizada en Paris el día 27 de enero del año 2019: “En medio del enfrentamiento, le dispararon a dos personas, yo también estaba armado, pero no me llegó ninguna bala”.
Las armas que se utilizaron en la resistencia del traslado al C.A.S en un principio estaban destinadas para una fuga. Mauricio Hernández lo cuenta de esta manera: “A la cárcel de San Miguel pudimos ingresar varias armas, e hicimos un diseño de fuga bien interesante, con apoyo externo, donde se incorporó gente del Mapu-Lautaro y del MIR. La idea era que saliera un grupo grande. Afuera el apoyo era como de quince o veinte combatientes. Había buen armamento. Pero ese plan fallo”
“Se montó todo el operativo, los que estaban afuera debían tomarse una casa que tenía un muro detrás de la cárcel, e iban a hacerlo explotar. Nosotros teníamos que pasar una reja y salir por ahí. Pocos días antes de que se realizará la fuga, nos trasladaron al C.A.S. Entonces , las armas que habíamos reunido para la fuga las usamos para resistir al traslado”(3).
Este no fue el único intento de fuga que tuvo la cárcel de San Miguel, en el año 1997 un grupo de ex miembros del FPMR intentaron salir de la prisión por los techos con un sistema de cuerdas y roldanas, llegando así a una de las calles que colinda con la prisión. El frustrado intento de fuga conllevo en un motín, los presos participes fueron trasladados a la cárcel de colina I y II, entre ellos se encontraba el refractario Jorge Saldivia quien fue asesinado el año 2014 en un atraco bancario.
Los muros no hablan, pero si mantienen marcas que a veces cuesta borrar. Muchas presas cuentan que en la torre 5 de la cárcel de San Miguel en el lugar donde murieron 81 presos calcinados, las manchas de los cuerpos nunca se borraron del todo…las reas dicen que las manchas parecen ser de aceite, y que por más cera y pintura que colocasen en los pisos y murallas siempre fueron distintos a todos los de la prisión.
Se cuentan muchas anécdotas relacionadas con fantasmas y espíritus en la torre 5, creencias, mitos o realidades…sea como sea la muerte de los 81 presos no pasa inadvertida para las presas de la torre 5, y no debería serlo para ningún presx.
A 10 años de la masacre de la cárcel de San Miguel: Memoria activa y combatiente
¡Hasta destruir todas las jaulas!
Mónica Caballero Sepúlveda
Presa anarquista
(1) Entrevistas a Ricardo Palma en el libro “Retorno desde el punto de fuga” de Tomás García
(2) “Un paso al frente” Mauricio Hernández Norambuena
(3) “Un paso al frente” Mauricio Hernández Norambuena
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Ana Llao LLao, zomo mapuche con años de resistencia y lucha territorial, nos habla sobre escaños reservados para Pueblos Originarios y como en $hile los políticos convierten un derecho ganado por la calle, en un nuevo instrumento de vulneración y opresión hacia los Pueblos Originarios.
No es novedad ser testigos en este paí$ de actos racistas y llenos de violencia de parte de todos los sectores de la clase política hacia los pueblos originarios. No basta con años de invisibilización a sus legítimas demandas políticas territoriales, si no que ahora también privan a los pueblos Indígenas asegurar escaños reservados para nuevo proceso constituyente conforme a derecho ganado por la gente en la calle.
¿A que le temen? ¿Por qué esta negativa a la representatividad de los pueblos indígenas en esta nueva constitución? Conversamos con lamngen Anal Llao quien nos trasmite su rakizuam.
Por La Zarzamora
La no participación representativa de los pueblos originarios en la redacción de la nueva constitución, no solo da cuenta de la falta de legitimidad del proceso, sino también de la poca voluntad política de reparación con la deuda histórica que tiene el paí$ con los pueblos originarios. Lleva semanas en congreso el trámite legislativo que aprueba la participación de los pueblos originarios en la nueva constitución, entre acuerdos y desacuerdos solo se revela el temor de los grupos de poder a perder en manos de los defensores de la tierra sus privilegios.
Para la lamngen Ana Llao no podemos quedar al margen de este proceso, debemos escribir nosotros mismos las nuevas reglas ya que fue la misma sociedad la que hizo conciencia de la urgente necesidad de un cambio. Y las demandas son claras, representación participativa para cada Pueblo Originario del país, aprobar los correspondientes al proporcional del 12,8% de personas que en el censo del 2017 se auto identificaron como indígenas en el territorio. Este número debe ser supra numerario, es decir fuera de los ya 155 escaños para la población en general.
Esta demora legislativa es parte de la negación sistemática que han venido haciendo la clase política de este paí$. Es seguir no reconociendo la historia verdadera de este país llamado Chile. Hoy día siguen desconociendo nuestros derechos colectivos, nuestros derechos históricos como pueblos originarios y en particular como pueblo mapuche. Hemos visto el show, que han tenido durante más de un mes ya prácticamente, o más bien dicho desde el 15 de noviembre del año pasado cuando hicieron la cocina de la política.
Al consultarle a lamngen Ana Llao por la demora y bloqueos políticos a los que se ha llevado esta discusión en las distintas cámaras y comisiones, ella nos relata que esta elite añeja y tradicional, no quieren que venga gente nueva a cambiar la política, a recordar que es para la gente y se hace con la gente, ellos ya han perdido ese principio.
Comenta que pese a todas las experiencias negativas que los pueblos originarios tienen con el Estado, están dispuestos y quieren participar, porque son los mismos pueblos los que tiene que redactar esta nueva constitución plurinacional, en donde con la asesorías de todos los jóvenes profesionales indígenas, se construya una nueva política con la gente y para la gente, por eso es necesario unirnos y luchar como sea para llegar a ese proceso y colocar en la mesa nuestras demandas históricas.
Negar y excluir nuevamente a los pueblos originarios es seguir repitiendo el negacionismo, racismo y discriminación histórica.
COMUNICADO PUBLICO ANTE EL NO ACUERDO DE LA COMISIÓN MIXTA SOBRE ESCAÑOS RESERVADOS PARA LOS 10 PUEBLOS ORIGINARIOS
Las organizaciones, dirigentas y dirigentes que suscriben el presente Comunicado, en razón de la última sesión de la Comisión Mixta el día 2 de diciembre de 2020, que discute la reforma constitucional para reservar escaños para Pueblos Originarios en la integración del órgano constituyente, considerando las intervenciones de cada legislador, y las conclusiones que apuntan a reducir nuestro legítimo derecho de estar representados de manera digna en esta Convención Constituyente de Chile, declaramos:
1. Que dirigentes y dirigentas de diferentes pueblos nos hemos reunido, y hemos acordado iniciar un Proceso de Movilizaciones en los diferentes territorios a nivel nacional desde el lunes 7 de diciembre, manifestando nuestra indignación y disconformidad absoluta frente al poder Legislativo, que en complicidad con el Ejecutivo representado por sus Ministros, nos están tratando como ingenuos sobre el derecho que nos asiste.
2. Exigimos que todos los Pueblos Originarios estén representados con al menos 24 constituyentes, donde cada uno de los 10 Pueblos queden representados.
3. Si no existe acuerdo concreto y satisfactorio por parte de la Comisión de aquí al lunes 7 de diciembre, no descartamos convocarnos a una Marcha de los Pueblos Indígenas con destino a La Moneda.
4. Denunciamos el Racismo y Discriminación con que el Estado de Chile ha tratado y trata a nuestros Pueblos, estableciendo de hecho una interdicción a nuestras capacidades, y al legítimo derecho de participación política, legislando, “desde el menosprecio y el autoritarismo institucional y antidemocrático que lo han caracterizado históricamente”, para “nosotros y nosotras”…. Pero sin nosotros y ni nosotras.
¡¡¡Sin los Pueblos Indígenas… No hay Constituyente legítima y democrática!!!
Basta de Racismo, Genocidio y Discriminación
Adhieren al presente comunicado las siguientes organizaciones:
Agrupación Artesanal, Social, Cultural y Turística de Flamenco.
Agrupación Changos Caleta Agua de la Zorra.
Agrupación Changos Camanchacos de Atacama.
Agrupación Changos Camanchacos, sector Salitre.
Agrupación Changos Cazadores, sector El Gaucho.
Agrupación Changos Chasco.
Agrupación Changos Corona del Inka.
Agrupación Changos Costeros Freirina.
Agrupación Changos de Maldonado.
Agrupación Changos de Punta Obispito.
Agrupación Changos de Ramada.
Agrupación Changos Descendientes del Último Constructor de Balsas de Cuero de Lobo – Caleta Chañaral de Aceituno.
Agrupación Changos Pajonales.
Agrupación Changos Punta Frodden.
Agrupación Changos Recolectores, sector Playita.
Agrupación Changos Vivientes de Paposo.
Agrupación Changos Vivientes Finado Loreto
Agrupación Cultural Changos Caleta San Pedro, La Serena.
Agrupación Cultural Changos de Chañaral.
Agrupación Cultural y Social del Pueblo Chango, Punta de Choros.
Agrupación de artesanos de la Caleta Pan de Azúcar.
Asociación de comunidades Indígenas de Walaiwe
Asociación de Emprendedores y Profesionales Indígenas Leftraru, Región de Coquimbo
Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche
Asociación Gremial Caleta Las Conchas, Los Vilos.
Asociación Gremial Caleta Palito, Chañaral.Lo
Asociación Gremial de Pescadores de Caldera
Asociación Inche tañi Mapu de Talca
Asociación Indígena Ad Kimvn, Temuco
Asociación indígena de Cultores Ruraq Maki, Alto Loa Calama. Lickanantai
Asociación Indígena Escuela de Artes y oficios Nagche Folil Kimuntun
Asociación Indígena Kiñe pu Liwen de La Pintana
Asociación Indígena Regional Newen, Región de Coquimbo
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Empezó Ica con el paro agrario y ahora se han sumado Piura y La Libertad, donde lamentablemente ya se ha producido un muerto, de nuevo por la violencia policial. ¿Por qué protestan? Mejores condiciones laborales y la derogación de la Ley 27360 y el Decreto de Urgencia N° 043-2019 que extendió por 10 años la Ley de Promoción del Sector Agrario.
Julio Carbajal Palomino, presidente del Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica, dijo a OjoPúblico que, pese al crecimiento de la agroexportación, los sueldos de los trabajadores no se han incrementado en los últimos años. “Pedimos la remuneración diaria de S/70 porque el trabajo en el campo es arduo”, explicó Carbajal Palomino. Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada por los funcionarios. El congresista Lenin Bazán, quien presentó un pedido para derogar la Ley de Promoción Agraria ante el Pleno del Congreso, reconoció que no se puede incrementar el salario de los trabajadores porque están en el sector privado. Sin embargo, señaló que sí se les puede reconocer mayores beneficios laborales.
Al día de hoy no hay aún visos de solución al diálogo que se está produciendo entre el gobierno y los trabajadores, con ausencia de representantes de las empresas agroexportadoras.
Dado que toda esta coyuntura de protestas está tratando de ser manejada políticamente por conocidos grupos para sacar beneficio y obtener mayor cuota de poder sin importar que de paso se desestabilize al país, y también para pedir justicia para Jorge Muñoz Jiménez, el trabajador asesinado el día de hoy, se ha convocado a una Marcha de Protesta el día de mañana, viernes 4 de diciembre.
Paro Agrario en La Libertad, foto de Juan PabliniParo Agrario en La Libertad, foto de Juan Pablini
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? TERRITORIO: Escuela de formación comunera en #Venezuela. Incumplimiento de la remediación ambiental de petroleras de #Ecuador. Persecución a la prensa en #Guatemala.
? LUCHAS: Actualidad de las protestas en #Perú. Sigue la lucha en contra de la megamineria en #Puelmapu. Campesinxs de #Panamá en contra de las gigantes eólicas. Acampe en ruta provincial exigiendo #LeyDeHumedalesYA en #Argentina.
? GÉNEROS: Acción del 25 de noviembre en #Bolivia.
? Recomendado cultural de Guatemala sobre LaBrisa y su canción La Sombra
? Reportes Unión Comunera, Comuna Luisa Cáceres de Arismendi, La Resistencia Bolivia, Colectiva Chinata, Radio Temblor Internacional, Festivales Solidarios, Red TierraActiva, Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé, Multisectorial por los Humedales, Comunidad Mapuche Tehuelche Laguna Fría – Chacay Oeste,Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses
?Comunican Anabel Carrere, Karen Díaz, Ayelén Correa Ruau, Lucía Ixchíu, Wayra Tamayo, Ivan Paillalaf, Johan Tovar, Tonny Chimbo y Olmedo Carrasquilla
? Edición y masterización: Radio Epidemia
? Imagen de portada: Continúa la protesta social en #Guatemala. Autorx Carlos Ernesto Cano
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30 de noviembre 2020 | Emisión N° 37 | 3° temporada Acción del 25 de noviembre 2020
La mayor movilización social en décadas, encabezada por la generación del bicentenario, obligó a renunciar al Gobierno de facto en seis días. La Policía reprimió las masivas protestas en Lima como no se veía desde la dictadura: dos asesinatos por disparos, cientos de heridos y denuncias de abusos. El país estuvo a un paso de concretar una intervención militar.
A la hora en que asumía el cargo el actual presidente interino del Perú, Francisco Sagasti, el cuarto en cinco años, un joven al que policías de civil secuestraron y torturaron durante tres días fue liberado en una calle cerca al Centro de Lima. Lo intervinieron la noche del sábado 14 de noviembre, en las masivas protestas contra el Gobierno de facto de Manuel Merino que la Policía reprimió con una fiereza no vivida en la capital en las últimas dos décadas, dejando dos asesinados por armas de fuego. Se registraron 250 heridos, varios de gravedad, detenidos y abusos por doquier, al menos dos casos de violencia sexual contra mujeres en comisarías limeñas. Hay más víctimas de secuestro y tortura por investigar.
La presión de la calle, multiplicada tras los crímenes contra Inti Sotelo (24 años) y Bryan Pintado (22 años) por disparos de perdigones y canicas, a pocas cuadras del Congreso de la República, obligó a Merino a renunciar a la mañana siguiente, el domingo 15. A solo seis días de la vacancia por “incapacidad moral permanente” -una forma de golpe de Estado institucional- contra Martín Vizcarra, dirigida desde un altamente desprestigiado Congreso con agenda propia que presidía Merino, del partido de centro derecha Accción Popular. En líneas generales, el mismo espectro de su antecesor; la pugna es entre distintos grupos de un bando hegemónico.
Fue la semana más crítica para el país desde la dictadura de Alberto Fujimori. La mayor movilización social en lo que va del siglo: se estima que tres millones de personas salieron a las calles en todo el Perú y que 12 millones respaldaron las manifestaciones desde sus casas.
Tras abrírsele una investigación fiscal preliminar por sobornos de Odebrecht entre 2013 y 2014, cuando era gobernador regional, la destitución de Martín Vizcarra el lunes 9 se amparó en la ambigua figura jurídica que requiere de la aprobación de dos tercios de legisladores. En el Perú esto basta para que el Parlamento cambie al mandatario de turno. La votación fue respaldada por 105 votos, de 130. En cuatro años, era el segundo removido por un proceso de vacancia. Pedro Pablo Kuzcynski (PPK), el último elegido por las urnas en 2016, se vio obligado a renunciar antes de que la mayoría fujimorista aprobara su salida. Vizcarra, su segundo vicepresidente, tomó su lugar en marzo de 2018.
Las próximas elecciones serán en abril de 2021, por lo que, en un principio, ante las emergencias en salud y economía, la voz de la calle se inclinaba a que avancen las investigaciones durante los meses que le quedaban y que el Poder Judicial resuelva si lo procesa al terminar su período. Era el segundo intento de vacancia del bimestre, lo que sellaba el quiebre entre poderes que fue la constante desde 2016. Esta situación la originó la bancada del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, a quien PPK le ganó la disputa por la presidencia. Bajo la misma bandera, de derecha, opositores de PPK matizados por los discursos de odio más virulentos y populismo.
En julio de 2019, Vizcarra cerró el Congreso y llamó a votar por uno nuevo para legislar solo un año. La medida tuvo respaldo popular debido a los incontables casos de corrupción del fujimorismo y aliados. En el nuevo Poder Legislativo, instalado recién en marzo de este año, carecía de representación y 68 integrantes tenían denuncias penales. Entre ellos, poderosos empresarios de la educación privada a quienes una reforma, iniciada antes de la gestión de Vizcarra, les retiró las licencias de funcionamiento a sus universidades e institutos por no cumplir estándares de calidad. En maniobras de último momento, la mayoría de estos nuevos legisladores dejó al país al borde del colapso social. El pueblo responsabilizó específicamente a los 105 legisladores que dieron su voto. La comunidad internacional no reconoció a Merino, pero tampoco condenó el golpe institucional. Así empezó a agitarse la semana.
El plan inconcluso: sacar al ejército y redadas masivas
“Voy a hablar con las Fuerzas Armadas para tranquilizar la cosa”, declaraba el jueves 12 el nuevo primer ministro Ántero Flores-Aráoz, un ultraconservador con la masacre de 33 personas a cuestas cuando era titular de Defensa, quien afirmaba desconocer el porqué de las protestas.
La multitud se volcó a los espacios públicos para reclamar por su futuro, oportunidades de estudios y trabajo de calidad. Para rechazar la corrupción de la clase política, principalmente congresistas y sus maniobras por intereses. Para reafirmar que lo hacían ellos mismos, para sí mismos, sin órdenes de políticos, ante el vacío y usurpación del poder. Por el cambio de la Constitución del dictador, como propuesta de fondo para un país que estuvo a pocas horas de retroceder a los años del terrorismo de Estado y completar un golpe con las armas, como confirmó Gustavo Gorriti en IDL Reporteros. El plan era sacar a las fuerzas armadas a la calle, decretar un toque de queda de 24 horas o más, y ejecutar redadas masivas a “instigadores”.
Entre el primer plantón, simbólico, en las afueras del Congreso la noche del lunes 9, tras la sorpresa de la amañada vacancia, y la primera movilización grande, la mañana del martes 10 que juramentó Merino, la consigna del sentir común fue dirigiéndose a un “que se vayan todos”, especialmente los congresistas y el nuevo Ejecutivo, antes que a la defensa del expresidente.
La represión empezó en aquellos momentos. Los alrededores del Congreso y Palacio de Gobierno, enrejados y bloqueados hasta por tanquetas, eran señales. En uno de los accesos a la avenida Abancay, donde se encuentra el Poder Legislativo, un joven que llamaba a romper el cordón policial recibió a corta distancia un disparo en una pierna. En el jirón principal que lleva hacia la sede del Gobierno, la indignación creciente llegó a las pedradas contra escudos policiales. Un muchacho pedía un encendedor para prender una molotov y nadie se lo entregó, sea por límites o el temor a que sea un infiltrado del escuadrón Terna. En cualquier caso, reflejó el ánimo de contener la justa rabia. “Somos la generación que no tira bombas, sino que las desactiva”, es una de las frases imborrables de la semana.
Los mismos políticos que tomaron por asalto el Gobierno deslegitimaban las protestas, atribuyéndolas a “manipulaciones” del único partido (también de centro derecha) que votó contra la vacancia, a la izquierda en minoría parlamentaria y hasta a subversivos. La vieja estrategia peruana del “terruqueo”. En un burdo intento de sabotaje, infiltrados se esforzaron en hacer pintas que se parezcan a la temible hoz con el martillo. Lo que inflamaba el ambiente y recordaba a los psicosociales de la dictadura.
Intentar avanzar, replegarse, marchar y seguir marchando fue la estrategia espontánea, día tras día. Así desde la mañana hasta la noche. La incansable rebeldía ganó pulmones el jueves 12. Los gobernantes confiaban que los partidos de la selección peruana de fútbol de esos días harían olvidar, advertían en las calles, donde más marchas y estruendos caseros fueron las respuestas. En el Centro de Lima se normalizaron las lluvias de gas y proyectiles de plomo y de vidrio, las intervenciones ilegales por parte de uniformados, ternas y motorizados que embestían sus vehículos contra quienes ejercían la protesta pacífica. Fui testigo de cómo un líder, minutos después de evitar la violencia colectiva y dirigir la retirada de un punto de tensión, era rodeado y reducido cual criminal, mientras declaraba a la prensa. En las afueras del Poder Judicial un chico se le planta a una moto y recibe un varazo en el tórax, a un paso de los observadores de la Defensoría del Pueblo.
Orden: extremar la represión
La brutalidad del 14N fue la culminación del proyecto del entorno de Merino y sus socios. De acuerdo a IDL Reporteros, este le encargó “extremar la respuesta” al saliente ministro del Interior, quien no aceptó. El entrante, general PNP Gastón Rodríguez, fue aplicado. Hacia el final de la tarde, los servicios de transporte a Lima Centro colapsaron. Durante casi una hora esperé por un bus. Al llegar me quedé algo más de lo planeado entre el tumulto en las afueras del Poder Judicial. A las 8:30 pm, la multitud iba y, la mayoría, volvía del área en convulsión: se hablaba del enfrentamiento en la intersección más próxima al Congreso, donde dispararon a los chicos. Vi caer a un herido por disparo en una pierna y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían.
Vi caer a un herido por disparo y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían. Le dieron en la espalda, no volverá a caminar. Según una reconstrucción de IDL, Inti se encontraba en esta esquina en ese momento, a mayor distancia del escuadrón policial, y sería la misma ráfaga la que le impactó en el pecho. Lo evacuaron por otra dirección.
Una calle antes de allí, cientos trataban de abrir la barrera de seguridad por otra dirección. Empiezan a lanzar piedras contra una estación del Metropolitano de Lima, lo que intensificó la ofensiva de las fuerzas públicas. El sonido de proyectiles contra los postes, bancas, árboles, paredes, cualquier superficie, era constante. El choque duró al menos una hora.Vi caer a un herido por disparo en una pierna y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían. Escuché el grito de dolor y espanto de alguien a quien una bala le rozó por la oreja. El grito de impotencia de un joven: “Nadie está pasando esto en la prensa, gente, nadie está pasando todo esto”, se desesperaba. Aún no se confirmaban las muertes de sus compañeros. “Hay que hacer más bulla, esto tiene que llegar a los medios”.
Algunos de los que luchaban en esta esquina serían de los que se replegaron desde la (otra) zona letal. Y parte de los refuerzos que llegaron serían los que dispararon poco antes contra Bryan. Al rodear y despejar el escenario, donde me quedé a cubierta para captar el avance armado, un uniformado al mando me pegó un varazo en la pierna derecha, altura de la canilla, para retirarme de la ubicación insegura. Un subordinado rompió filas y apuntándome con su arma dio unos pasos hacia mí, identificado como prensa. Estas situaciones no fueron de excepción contra manifestantes que grababan con sus teléfonos, como demostró el semanario Hildebrandt en sus 13.
“Me lo han matado, lo han matado de una bala al corazón”, fue el grito destrozado de la madre de Inti (Sol, en idioma quechua), televisado desde el centro de salud donde yacía su cuerpo, que no dejó dormir en paz al país el 14N. Abrazado a ella, el mayor de sus hijos, quien participaba en manifestaciones sociales con su hermano, sentenciaba: “Mi hermano ha fallecido porque la PNP (Policía Nacional del Perú) lo ha matado, así de simple es. Por salir a defender a su patria. Nosotros no debemos tener miedo, tenemos que continuar saliendo, por favor, continuar saliendo. Que no quede en vano la muerte de mi hermano, por favor”.
Y las calles fueron tomadas. No se respetó la restricción de movilidad que rige a partir de las 11 pm por la emergencia sanitaria. En ningún distrito de Lima, en ninguna de las 25 regiones. No importó que la nación sea una de las más afectadas del mundo por la pandemia. Gentes de todas las edades marcharon y, desde sus casas, los más precavidos retumbaron los cacerolazos hasta la madrugada.
La autonomía y resistencia de las nuevas voces
Bryan, 22 años, había dejado la carrera de derecho por falta de dinero y trabajaba como ayudante de obrero. Inti, 24 años, era repartidor, en moto o bicicleta, y estudiaba turismo. En su mayoría quienes se movilizaron fueron chicas y chicos de edades similares, entre los 20 y 30 años, los de la generación del bicentenario. Organizados desde las redes sociales, como TikTok e Instagram, hasta la primera línea para desactivar lacrimógenas y auxiliar a los lesionados. Como Inti, quien solo tenía un recipiente de agua con vinagre para ayudar a otros a calmar los efectos del gas y un casco de ciclista, que quizás hubiera servido a Bryan, victimado por 10 disparos de plomo, cuatro de ellos en la cabeza.
Sin tendencia política hegemónica, enlazados por la indignación y voluntad de cambios. Estudiantes en formación y trabajadores, muchos en ambos roles a la vez, quienes saben de adversidades y valerse por sí mismos desde temprano. Como tantos barristas de equipos de fútbol, acostumbrados al choque, que se sumaron en la primera línea. Todas las tribus urbanas del siglo XXI se juntaron: seguidores de pop coreano, otakus, gamers, skaters. Los más “chibolos”, los “vagos” que se lo pasan en parques, en sus computadoras y celulares, según sus mayores. La irreverencia, alegría y humor descarnado de sus pancartas fueron su sello.
Ningún político de los que deslegitimaron las marchas puede señalar a estos jóvenes de no ser trabajadores. De no querer lo mejor para su sociedad. Y de no saber lo que quieren. Hay colectivos de escolares activos, informados con criterio. Investigan y cuestionan cuánto cuesta una bomba lacrimógena. Saben que “hay, hermanos, muchísimo que hacer”, parafraseando a nuestro César Vallejo, a quien el presidente Sagasti citó en su discurso. Los escolares le recordaron al Congreso y al Ejecutivo que el poeta universal fue un luchador social, militante de los partidos comunistas del Perú, España y Francia. Dejaron en el aire la pregunta sobre qué suerte correría el escritor en el Perú del siglo XXI.
Alrededor de 50 personas no volvieron a sus casas la noche del 14N, lo que alarmó a la población por el pasado de desapariciones en las décadas de guerra interna y violencia política (1980-2000). En los dos siguientes días fueron reportándose con vida todos menos Luis Fernando Araujo Henríquez, 24 años, quien denunció que cuatro policías vestidos de civil lo retuvieron durante tres días en una casa.
“Tuvo el rostro cubierto todo el tiempo, le hicieron escuchar la voz de su madre pidiendo a los medios que lo encuentren, lo encañonaron en la cabeza, lo amenazon con matarlo porque, le decían, ya no les servía”, relató su defensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el miércoles 18. La organización investiga más casos de tortura, secuestro y desaparición forzada.
Nuevo Gobierno, viejos discursos
El Escuadrón Terna, grupo creado y entrenado para infiltrarse en la delincuencia común, participó en las operaciones desde el principio. Sin embargo, el jefe de la unidad, coronel Freddy Velásquez, sostiene hasta hoy que se desplegaron solo el día 11, el de menor violencia, a pesar de la cantidad de evidencias y el contexto: hay consenso sobre la desactivación de esta unidad y, más allá, la demanda social de una reforma integral de la PNP.
Es importante advertir que continúan hostigamiento a víctimas de abusos y familiares de los deudos. Preocupa la impunidad y las manipulaciones de la policía, que en una pirueta de victimización llama a un paro policial para diciembre contra “una campaña de desprestigio” y por sus derechos. Se ha llegado hasta la infamia de circular falsas denuncias de tráfico de drogas y robo contra Inti y Bryan, símbolos de esta generación honesta y luchadora. La noche del crimen, ternas trataron de ingresar a la casa de Inti, pero los vecinos lo impidieron. La intención era sembrarle evidencias. La familia de Byran denuncia reglaje en su barrio.
El Ministerio Público ya abrió un proceso por homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves contra Manuel Merino -cuyo paradero se desconoce-, su primer ministro Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, como responsable del Ministerio del Interior, y a la cúpula policial que dirigió las operaciones, plenamente identificada. En total, participaron 700 agentes, ya se, cuyas sanciones son de los mínimos reclamos de la ciudadanía, como complemento al castigo de los que dieron las órdenes. Un proceso que será largo. Casualmente, la cámara de la Municipalidad de Lima en la escena del doble crimen tiene “imperfectos técnicos”.
Para el nuevo presidente y gabinete ministerial, a pesar de verse obligados a relevar al director de la PNP y casi una veintena de altos mandos, el problema de la institución es de malos elementos. El malestar social frente a la institución es generalizado.
Queda la advertencia general de que, a otro escándalo del Congreso o el primero de este Ejecutivo, la calle se hará escuchar. De entre los pocos congresistas que no votaron por la vacancia, el Partido Morado (centro-derecha), por ser el único que se opuso en bloque, planteó una lista presidida por el ingeniero y escritor Sagasti, aprobada por 97 y rechazada por 26 congresistas. Menos de los que respaldaron la vacancia y más de los que votaron en contra. Tal es el delirio de ciertos colegas que en estos días declararon terrorista a su agrupación, liderada por un empresario cercano a Israel que ya cerró filas por la Constitución vigente. Una de las demandas más populares es el retiro de la inmunidad parlamentaria. Está abierto el debate en torno a la consulta de un proceso constituyente en las elecciones del próximo 11 de abril.
Aunque no enfilado hacia idénticos objetivos, quienes ejecutaron y apoyaron la vacancia concentran el poder económico y el favor de los medios de comunicación. Para recalcar: la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) asintió a la designación de Merino. En la última campaña electoral, las compañías de sus mandamases apostaron millones de aportes a Keiko Fujimori y candidaturas de centro derecha.
Cualquier a que proponga tocar el modelo corre nuevamente contra olas de desinformación. La primera y única voz por una nueva Constitución es la de la joven lideresa de izquierda Verónika Mendoza, a quien PPK dejó fuera de la segunda vuelta en 2016 por dos puntos. En el último sondeo de la encuestadora Ipsos, el 19 de noviembre, la excongresista aparece cuarta en intención de voto. Los bulos ya están en marcha. Será esta nueva generación, muchos por primera vez votantes, la que definirá el rumbo del bicentenario en una inaudita campaña que cuenta una veintena de candidatos. Si no lo hacen los políticos de siempre, para peor, ellos pueden cambiar la historia y las esperanzas en una semana.
“Latinoamerica es mujer y se defiende” es el nombre de la muestra que estará disponible hasta el 10 de diciembre en www.bombozila.com. Esto como una forma de activismo digital contra la violencia patriarcal capitalista de distintxs creadorxs en todo el mundo.
La muestra consiste en 27 videos realizados de manera independiente que dan cuenta, desde distintos lenguajes audiovisuales, experiencias de lucha y resistencia de las mujeres y disidencias frente a la violencia patriarcal.
La curatoria de estos videos estuvo a cargo de las organizaciones “Maizal”, “La Sandia Digital” y “Bombozila”, que agrupan a realizadorxs feministas de Ecuador, Perú, México, Brasil y Chile.
“Los videos abordan temas como la experiencia de defensoras de la tierra, visibilizacion y reconocimiento de identidades disidentes, autodefensa y búsqueda de justicia contra femicidios, el arte y la cultura como formas de resistencia, registro de movilizaciones, afirmación y empoderamiento de lxs cuerpxs desde el amor propio” nos contó Ellen Francisco, integrante de Bombozila, desde Brasil.
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quisiera recordar un compromiso que hicimos hace más de dos años quienes asistimos al primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en el municipio autónomo zapatista 17 de Noviembre. En marzo de 2018 unas 9 mil mujeres de distintas regiones del mundo hicimos un compromiso con unas 2 mil mujeres zapatistas: acordamos vivir. En el cierre del encuentro, una de las representantes zapatistas señaló: Aquí, delante de todas las que somos, les proponemos que acordemos seguir vivas y seguir luchando, cada quien, según su modo, su tiempo y su mundo.
Esta promesa, aparentemente sencilla, es un reto en el país que acuñó la palabra feminicidio, donde tan sólo en este año la violencia feminicida aumentó en 145 por ciento, según cifras oficiales, con un saldo de 645 mujeres asesinadas a la fecha. Acordar vivir es un compromiso difícil en un país que se ha convertido en un gran cementerio, donde para octubre de este año se habían documentado 3 mil 92 fosas clandestinas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, y seguían sin se hallados unos 70 mil desaparecidos. Hace dos años, frente a las mujeres zapatistas, encendimos una vela y nos comprometimos a prenderla de nuevo cuando sintiéramos que necesitábamos iluminar alguna lucha. Prometimos llevarla a las desaparecidas, a las asesinadas, a las presas, a las violadas, a las golpeadas, a las acosadas, a las migrantes, a las explotadas, a las violentadas de todas las formas y decirles que no estaban solas y que íbamos a luchar por ellas, “por la verdad y la justicia que merece su dolor […] porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en cualquier parte del mundo”.
Hoy quiero encender esta vela por nuestras hermanas que sufren en el estado de Chiapas el acoso de los grupos paramilitares. Por las mujeres desplazadas de Aldama, que han tenido que dejar su tierra, sus cultivos, su comunidad, para protegerse y salvar la vida de sus hijos e hijas ante la violencia paramilitar. Por la hermana María Isabel Hernández, quien el 18 de noviembre pasado fue herida de bala en una pierna, cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a los pobladores de Tabak y Coko, en el municipio de Aldama. Por todas las mujeres que ahora viven con miedo en un contexto de impunidad, donde las técnicas de terror, las armas y los hombres que provocaron la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, han reactivado la guerra de baja intensidad contra las bases de apoyo zapatistas y las comunidades que simpatizan con su lucha.
Hace 23 años, la masacre de 20 mujeres, siete de ellas embarazadas, 16 niños y niñas y nueve adultos, trató de justificarse con el argumento de que se trató de pugnas intracomunitarias. En ese entonces en el libro colectivo La otra palabra: mujeres y violencia en Chiapas; antes y después de Acteal (1998) (http://www.rosalvaaidahernandez.com/ wp-content/uploads/2019/12/1998- LIBROS-La-Otra-Palabra-PDF.pdf) documentamos los procesos históricos de formación de grupos paramilitares en Chiapas. Ante las perspectivas racistas que trataban de justificar las mutilaciones corporales y las violencias extremas como prácticas culturales mayas, argumentamos que se trataba de una cultura militarista de muerte, trasnacional que cruza las fronteras junto con las armas y que tiene centros de adiestramiento como la Escuela de las Américas. Hoy de nuevo se trata de argumentar que el conflicto entre los habitantes de Aldama y San Pedro Chenalhó se reduce a pugnas intracomunitarias por 60 hectáreas de tierra. Es importante reconocer que estos conflictos se profundizaron con la intervención gubernamental mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que permitió que terrenos comunales de Aldama quedaran bajo control de las autoridades de San Pedro Chenalhó. Pero, sobre todo, posibilitó la circulación y uso de armas de alto poder, cambiando por completo los estilos de negociación y conflicto en la región.
La paramilitarización de las pugnas comunitarias ha sido parte de la guerra de baja intensidad que ha acosado los territorios zapatistas desde hace casi tres décadas. Hoy urge encender una vela por nuestras hermanas zapatistas que viven los peligros de la violencia paramilitar. Ellas han hecho eco de nuestras luchas denunciando el feminicidio, la desaparición forzada y el acoso, problemas que no existían en sus territorios autónomos, pero contra los que ellas se han movilizado en nuestro apoyo. Ahora nos corresponde levantar nuestras voces y denunciar la violencia paramilitar que las acecha.
*Doctora en antropología, investigadora del CIESAS
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Por Sandra Suaste
La Comunidad Indígena Otomí que mantiene tomado el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) desalojó el primer piso del inmueble y realizó la quema de algunos expedientes: “es archivo muerto que no atienden”, expresaron.
El motivo, es el descontento por la cita que tuvieron horas antes. El titular del INPI, Adelfo Regino, no se presentó a la cuarta mesa de diálogo convocada por la Comunidad Indígena Otomí. Tampoco acudió Alfonso Suarez del Real, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México.
La comunidad manifestó su molestia y decepción, pues esperaban una respuesta al mensaje emitido el 18 de noviembre en conferencia de prensa, en donde hicieron mención de algunos puntos que componen su contrapropuesta entre las que destacan: Atención prioritaria al freno de los megaproyectos en Santiago Mexquititlán; sesionar dos veces por semana y una comisión especial que atienda a la comunidad.
Los otomíes lamentaron que las autoridades hayan roto el diálogo y no conozcan el mensaje que les hicieron llegar. Es una muestra del racismo que viven por parte de las autoridades: “Hoy no llegaron. Hay discriminación y prepotencia. No te escucho, no te veo. Esa es la 4T. Nos mandaron suplentes que no tenían capacidad”.
“Yo ya estoy encabronado de que siempre nos vean la cara. Ya estuvo suave. Fue la decisión de la comunidad que íbamos a quemar todo”, mencionó un integrante, tras recibir al secretario particular de Adelfo Regino, Guillermo May Correa, quien dijo no conocer la propuesta y solicitó que le otorgaran una copia. Horas después se cerró la avenida México- Coyoacán y se quemaron papeles y muebles. A la par se mantuvo cerrado Eje 8.
El subsecretario de Gobierno, Félix Arturo Medina Padilla, acudió en representación del gobierno de la Ciudad de México. Se acordó una reunión que se llevará a cabo a las 9 de la mañana del miércoles 25 de noviembre en el edificio tomado.
