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? TERRITORIO: Escuela de formación comunera en #Venezuela. Incumplimiento de la remediación ambiental de petroleras de #Ecuador. Persecución a la prensa en #Guatemala.
? LUCHAS: Actualidad de las protestas en #Perú. Sigue la lucha en contra de la megamineria en #Puelmapu. Campesinxs de #Panamá en contra de las gigantes eólicas. Acampe en ruta provincial exigiendo #LeyDeHumedalesYA en #Argentina.
? GÉNEROS: Acción del 25 de noviembre en #Bolivia.
? Recomendado cultural de Guatemala sobre LaBrisa y su canción La Sombra
? Reportes Unión Comunera, Comuna Luisa Cáceres de Arismendi, La Resistencia Bolivia, Colectiva Chinata, Radio Temblor Internacional, Festivales Solidarios, Red TierraActiva, Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé, Multisectorial por los Humedales, Comunidad Mapuche Tehuelche Laguna Fría – Chacay Oeste,Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses
?Comunican Anabel Carrere, Karen Díaz, Ayelén Correa Ruau, Lucía Ixchíu, Wayra Tamayo, Ivan Paillalaf, Johan Tovar, Tonny Chimbo y Olmedo Carrasquilla
? Edición y masterización: Radio Epidemia
? Imagen de portada: Continúa la protesta social en #Guatemala. Autorx Carlos Ernesto Cano
Semanario #37: desde el caribe hasta el sur : Latinoamérica Rompe el Cerco : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
30 de noviembre 2020 | Emisión N° 37 | 3° temporada Acción del 25 de noviembre 2020
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Imagen tomada de Serapaz México.
Diversas organizaciones civiles y activistas exigen al gobierno mexicano solucionar el desplazamiento y los ataques en contra de los indígenas chiapanecos que han sido despojados de sus bienes por un conflicto de tierras entre los municipios de Chenalhó y Aldama.
Este conflicto ha derivado también en un ataque, registrado el 18 de noviembre, a una caravana de ayuda humanitaria en el estado de Chiapas, en el cual, una de sus integrantes fue herida de bala, quien ya recibió atención médica.
Los firmantes reclaman la falta de respuesta del Gobierno en el conflicto y urgen una solución ante las agresiones armadas en las comunidades de Aldama, Chenalhó y Chalchihuitán.
Las personas piden: Recuperar el Estado de derecho en la región, aplicar la ley y hacer justicia a la población, lo que significa el retorno de todas las personas desplazadas, la recuperación de su capacidad de sostenibilidad económica, alimentaria y de vida digna.
Insisten en que la atención integral a los desplazados y afectados por este conflicto, sea responsabilidad de instancias federales en vista del incumplimiento de las instancias en el estado y que ésta sea en apego a los protocolos nacionales e internacionales.
Destacan que el cese de las agresiones; la detención de las bandas armadas criminales y de quienes las patrocinan por intereses económicos y políticos; la persecución de ilícitos y la revisión de todos los casos de personas detenidas injustamente.
Recuerdan que México es signatario de la Declaración Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y debe tener como prioridad, satisfacer las necesidadesde los pueblos originarios.
Por lo tanto, exigen que se respeten las acciones que realizan las organizaciones de la sociedad en favor de las comunidades, sobre todo de ayuda humanitaria en la región, el libre tránsito y el respeto a la integridad de todos los habitantes de dichos municipios.
La misiva fue enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez; a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra; y al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
La mayor movilización social en décadas, encabezada por la generación del bicentenario, obligó a renunciar al Gobierno de facto en seis días. La Policía reprimió las masivas protestas en Lima como no se veía desde la dictadura: dos asesinatos por disparos, cientos de heridos y denuncias de abusos. El país estuvo a un paso de concretar una intervención militar.
A la hora en que asumía el cargo el actual presidente interino del Perú, Francisco Sagasti, el cuarto en cinco años, un joven al que policías de civil secuestraron y torturaron durante tres días fue liberado en una calle cerca al Centro de Lima. Lo intervinieron la noche del sábado 14 de noviembre, en las masivas protestas contra el Gobierno de facto de Manuel Merino que la Policía reprimió con una fiereza no vivida en la capital en las últimas dos décadas, dejando dos asesinados por armas de fuego. Se registraron 250 heridos, varios de gravedad, detenidos y abusos por doquier, al menos dos casos de violencia sexual contra mujeres en comisarías limeñas. Hay más víctimas de secuestro y tortura por investigar.
La presión de la calle, multiplicada tras los crímenes contra Inti Sotelo (24 años) y Bryan Pintado (22 años) por disparos de perdigones y canicas, a pocas cuadras del Congreso de la República, obligó a Merino a renunciar a la mañana siguiente, el domingo 15. A solo seis días de la vacancia por “incapacidad moral permanente” -una forma de golpe de Estado institucional- contra Martín Vizcarra, dirigida desde un altamente desprestigiado Congreso con agenda propia que presidía Merino, del partido de centro derecha Accción Popular. En líneas generales, el mismo espectro de su antecesor; la pugna es entre distintos grupos de un bando hegemónico.
Fue la semana más crítica para el país desde la dictadura de Alberto Fujimori. La mayor movilización social en lo que va del siglo: se estima que tres millones de personas salieron a las calles en todo el Perú y que 12 millones respaldaron las manifestaciones desde sus casas.
Tras abrírsele una investigación fiscal preliminar por sobornos de Odebrecht entre 2013 y 2014, cuando era gobernador regional, la destitución de Martín Vizcarra el lunes 9 se amparó en la ambigua figura jurídica que requiere de la aprobación de dos tercios de legisladores. En el Perú esto basta para que el Parlamento cambie al mandatario de turno. La votación fue respaldada por 105 votos, de 130. En cuatro años, era el segundo removido por un proceso de vacancia. Pedro Pablo Kuzcynski (PPK), el último elegido por las urnas en 2016, se vio obligado a renunciar antes de que la mayoría fujimorista aprobara su salida. Vizcarra, su segundo vicepresidente, tomó su lugar en marzo de 2018.
Las próximas elecciones serán en abril de 2021, por lo que, en un principio, ante las emergencias en salud y economía, la voz de la calle se inclinaba a que avancen las investigaciones durante los meses que le quedaban y que el Poder Judicial resuelva si lo procesa al terminar su período. Era el segundo intento de vacancia del bimestre, lo que sellaba el quiebre entre poderes que fue la constante desde 2016. Esta situación la originó la bancada del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, a quien PPK le ganó la disputa por la presidencia. Bajo la misma bandera, de derecha, opositores de PPK matizados por los discursos de odio más virulentos y populismo.
En julio de 2019, Vizcarra cerró el Congreso y llamó a votar por uno nuevo para legislar solo un año. La medida tuvo respaldo popular debido a los incontables casos de corrupción del fujimorismo y aliados. En el nuevo Poder Legislativo, instalado recién en marzo de este año, carecía de representación y 68 integrantes tenían denuncias penales. Entre ellos, poderosos empresarios de la educación privada a quienes una reforma, iniciada antes de la gestión de Vizcarra, les retiró las licencias de funcionamiento a sus universidades e institutos por no cumplir estándares de calidad. En maniobras de último momento, la mayoría de estos nuevos legisladores dejó al país al borde del colapso social. El pueblo responsabilizó específicamente a los 105 legisladores que dieron su voto. La comunidad internacional no reconoció a Merino, pero tampoco condenó el golpe institucional. Así empezó a agitarse la semana.
El plan inconcluso: sacar al ejército y redadas masivas
“Voy a hablar con las Fuerzas Armadas para tranquilizar la cosa”, declaraba el jueves 12 el nuevo primer ministro Ántero Flores-Aráoz, un ultraconservador con la masacre de 33 personas a cuestas cuando era titular de Defensa, quien afirmaba desconocer el porqué de las protestas.
La multitud se volcó a los espacios públicos para reclamar por su futuro, oportunidades de estudios y trabajo de calidad. Para rechazar la corrupción de la clase política, principalmente congresistas y sus maniobras por intereses. Para reafirmar que lo hacían ellos mismos, para sí mismos, sin órdenes de políticos, ante el vacío y usurpación del poder. Por el cambio de la Constitución del dictador, como propuesta de fondo para un país que estuvo a pocas horas de retroceder a los años del terrorismo de Estado y completar un golpe con las armas, como confirmó Gustavo Gorriti en IDL Reporteros. El plan era sacar a las fuerzas armadas a la calle, decretar un toque de queda de 24 horas o más, y ejecutar redadas masivas a “instigadores”.
Entre el primer plantón, simbólico, en las afueras del Congreso la noche del lunes 9, tras la sorpresa de la amañada vacancia, y la primera movilización grande, la mañana del martes 10 que juramentó Merino, la consigna del sentir común fue dirigiéndose a un “que se vayan todos”, especialmente los congresistas y el nuevo Ejecutivo, antes que a la defensa del expresidente.
La represión empezó en aquellos momentos. Los alrededores del Congreso y Palacio de Gobierno, enrejados y bloqueados hasta por tanquetas, eran señales. En uno de los accesos a la avenida Abancay, donde se encuentra el Poder Legislativo, un joven que llamaba a romper el cordón policial recibió a corta distancia un disparo en una pierna. En el jirón principal que lleva hacia la sede del Gobierno, la indignación creciente llegó a las pedradas contra escudos policiales. Un muchacho pedía un encendedor para prender una molotov y nadie se lo entregó, sea por límites o el temor a que sea un infiltrado del escuadrón Terna. En cualquier caso, reflejó el ánimo de contener la justa rabia. “Somos la generación que no tira bombas, sino que las desactiva”, es una de las frases imborrables de la semana.
Los mismos políticos que tomaron por asalto el Gobierno deslegitimaban las protestas, atribuyéndolas a “manipulaciones” del único partido (también de centro derecha) que votó contra la vacancia, a la izquierda en minoría parlamentaria y hasta a subversivos. La vieja estrategia peruana del “terruqueo”. En un burdo intento de sabotaje, infiltrados se esforzaron en hacer pintas que se parezcan a la temible hoz con el martillo. Lo que inflamaba el ambiente y recordaba a los psicosociales de la dictadura.
Intentar avanzar, replegarse, marchar y seguir marchando fue la estrategia espontánea, día tras día. Así desde la mañana hasta la noche. La incansable rebeldía ganó pulmones el jueves 12. Los gobernantes confiaban que los partidos de la selección peruana de fútbol de esos días harían olvidar, advertían en las calles, donde más marchas y estruendos caseros fueron las respuestas. En el Centro de Lima se normalizaron las lluvias de gas y proyectiles de plomo y de vidrio, las intervenciones ilegales por parte de uniformados, ternas y motorizados que embestían sus vehículos contra quienes ejercían la protesta pacífica. Fui testigo de cómo un líder, minutos después de evitar la violencia colectiva y dirigir la retirada de un punto de tensión, era rodeado y reducido cual criminal, mientras declaraba a la prensa. En las afueras del Poder Judicial un chico se le planta a una moto y recibe un varazo en el tórax, a un paso de los observadores de la Defensoría del Pueblo.
Orden: extremar la represión
La brutalidad del 14N fue la culminación del proyecto del entorno de Merino y sus socios. De acuerdo a IDL Reporteros, este le encargó “extremar la respuesta” al saliente ministro del Interior, quien no aceptó. El entrante, general PNP Gastón Rodríguez, fue aplicado. Hacia el final de la tarde, los servicios de transporte a Lima Centro colapsaron. Durante casi una hora esperé por un bus. Al llegar me quedé algo más de lo planeado entre el tumulto en las afueras del Poder Judicial. A las 8:30 pm, la multitud iba y, la mayoría, volvía del área en convulsión: se hablaba del enfrentamiento en la intersección más próxima al Congreso, donde dispararon a los chicos. Vi caer a un herido por disparo en una pierna y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían.
Vi caer a un herido por disparo y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían. Le dieron en la espalda, no volverá a caminar. Según una reconstrucción de IDL, Inti se encontraba en esta esquina en ese momento, a mayor distancia del escuadrón policial, y sería la misma ráfaga la que le impactó en el pecho. Lo evacuaron por otra dirección.
Una calle antes de allí, cientos trataban de abrir la barrera de seguridad por otra dirección. Empiezan a lanzar piedras contra una estación del Metropolitano de Lima, lo que intensificó la ofensiva de las fuerzas públicas. El sonido de proyectiles contra los postes, bancas, árboles, paredes, cualquier superficie, era constante. El choque duró al menos una hora.Vi caer a un herido por disparo en una pierna y, acto seguido, gas exactamente donde lo atendían. Escuché el grito de dolor y espanto de alguien a quien una bala le rozó por la oreja. El grito de impotencia de un joven: “Nadie está pasando esto en la prensa, gente, nadie está pasando todo esto”, se desesperaba. Aún no se confirmaban las muertes de sus compañeros. “Hay que hacer más bulla, esto tiene que llegar a los medios”.
Algunos de los que luchaban en esta esquina serían de los que se replegaron desde la (otra) zona letal. Y parte de los refuerzos que llegaron serían los que dispararon poco antes contra Bryan. Al rodear y despejar el escenario, donde me quedé a cubierta para captar el avance armado, un uniformado al mando me pegó un varazo en la pierna derecha, altura de la canilla, para retirarme de la ubicación insegura. Un subordinado rompió filas y apuntándome con su arma dio unos pasos hacia mí, identificado como prensa. Estas situaciones no fueron de excepción contra manifestantes que grababan con sus teléfonos, como demostró el semanario Hildebrandt en sus 13.
“Me lo han matado, lo han matado de una bala al corazón”, fue el grito destrozado de la madre de Inti (Sol, en idioma quechua), televisado desde el centro de salud donde yacía su cuerpo, que no dejó dormir en paz al país el 14N. Abrazado a ella, el mayor de sus hijos, quien participaba en manifestaciones sociales con su hermano, sentenciaba: “Mi hermano ha fallecido porque la PNP (Policía Nacional del Perú) lo ha matado, así de simple es. Por salir a defender a su patria. Nosotros no debemos tener miedo, tenemos que continuar saliendo, por favor, continuar saliendo. Que no quede en vano la muerte de mi hermano, por favor”.
Y las calles fueron tomadas. No se respetó la restricción de movilidad que rige a partir de las 11 pm por la emergencia sanitaria. En ningún distrito de Lima, en ninguna de las 25 regiones. No importó que la nación sea una de las más afectadas del mundo por la pandemia. Gentes de todas las edades marcharon y, desde sus casas, los más precavidos retumbaron los cacerolazos hasta la madrugada.
La autonomía y resistencia de las nuevas voces
Bryan, 22 años, había dejado la carrera de derecho por falta de dinero y trabajaba como ayudante de obrero. Inti, 24 años, era repartidor, en moto o bicicleta, y estudiaba turismo. En su mayoría quienes se movilizaron fueron chicas y chicos de edades similares, entre los 20 y 30 años, los de la generación del bicentenario. Organizados desde las redes sociales, como TikTok e Instagram, hasta la primera línea para desactivar lacrimógenas y auxiliar a los lesionados. Como Inti, quien solo tenía un recipiente de agua con vinagre para ayudar a otros a calmar los efectos del gas y un casco de ciclista, que quizás hubiera servido a Bryan, victimado por 10 disparos de plomo, cuatro de ellos en la cabeza.
Sin tendencia política hegemónica, enlazados por la indignación y voluntad de cambios. Estudiantes en formación y trabajadores, muchos en ambos roles a la vez, quienes saben de adversidades y valerse por sí mismos desde temprano. Como tantos barristas de equipos de fútbol, acostumbrados al choque, que se sumaron en la primera línea. Todas las tribus urbanas del siglo XXI se juntaron: seguidores de pop coreano, otakus, gamers, skaters. Los más “chibolos”, los “vagos” que se lo pasan en parques, en sus computadoras y celulares, según sus mayores. La irreverencia, alegría y humor descarnado de sus pancartas fueron su sello.
Ningún político de los que deslegitimaron las marchas puede señalar a estos jóvenes de no ser trabajadores. De no querer lo mejor para su sociedad. Y de no saber lo que quieren. Hay colectivos de escolares activos, informados con criterio. Investigan y cuestionan cuánto cuesta una bomba lacrimógena. Saben que “hay, hermanos, muchísimo que hacer”, parafraseando a nuestro César Vallejo, a quien el presidente Sagasti citó en su discurso. Los escolares le recordaron al Congreso y al Ejecutivo que el poeta universal fue un luchador social, militante de los partidos comunistas del Perú, España y Francia. Dejaron en el aire la pregunta sobre qué suerte correría el escritor en el Perú del siglo XXI.
Alrededor de 50 personas no volvieron a sus casas la noche del 14N, lo que alarmó a la población por el pasado de desapariciones en las décadas de guerra interna y violencia política (1980-2000). En los dos siguientes días fueron reportándose con vida todos menos Luis Fernando Araujo Henríquez, 24 años, quien denunció que cuatro policías vestidos de civil lo retuvieron durante tres días en una casa.
“Tuvo el rostro cubierto todo el tiempo, le hicieron escuchar la voz de su madre pidiendo a los medios que lo encuentren, lo encañonaron en la cabeza, lo amenazon con matarlo porque, le decían, ya no les servía”, relató su defensa en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el miércoles 18. La organización investiga más casos de tortura, secuestro y desaparición forzada.
Nuevo Gobierno, viejos discursos
El Escuadrón Terna, grupo creado y entrenado para infiltrarse en la delincuencia común, participó en las operaciones desde el principio. Sin embargo, el jefe de la unidad, coronel Freddy Velásquez, sostiene hasta hoy que se desplegaron solo el día 11, el de menor violencia, a pesar de la cantidad de evidencias y el contexto: hay consenso sobre la desactivación de esta unidad y, más allá, la demanda social de una reforma integral de la PNP.
Es importante advertir que continúan hostigamiento a víctimas de abusos y familiares de los deudos. Preocupa la impunidad y las manipulaciones de la policía, que en una pirueta de victimización llama a un paro policial para diciembre contra “una campaña de desprestigio” y por sus derechos. Se ha llegado hasta la infamia de circular falsas denuncias de tráfico de drogas y robo contra Inti y Bryan, símbolos de esta generación honesta y luchadora. La noche del crimen, ternas trataron de ingresar a la casa de Inti, pero los vecinos lo impidieron. La intención era sembrarle evidencias. La familia de Byran denuncia reglaje en su barrio.
El Ministerio Público ya abrió un proceso por homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves contra Manuel Merino -cuyo paradero se desconoce-, su primer ministro Flores-Aráoz, Gastón Rodríguez, como responsable del Ministerio del Interior, y a la cúpula policial que dirigió las operaciones, plenamente identificada. En total, participaron 700 agentes, ya se, cuyas sanciones son de los mínimos reclamos de la ciudadanía, como complemento al castigo de los que dieron las órdenes. Un proceso que será largo. Casualmente, la cámara de la Municipalidad de Lima en la escena del doble crimen tiene “imperfectos técnicos”.
Para el nuevo presidente y gabinete ministerial, a pesar de verse obligados a relevar al director de la PNP y casi una veintena de altos mandos, el problema de la institución es de malos elementos. El malestar social frente a la institución es generalizado.
Queda la advertencia general de que, a otro escándalo del Congreso o el primero de este Ejecutivo, la calle se hará escuchar. De entre los pocos congresistas que no votaron por la vacancia, el Partido Morado (centro-derecha), por ser el único que se opuso en bloque, planteó una lista presidida por el ingeniero y escritor Sagasti, aprobada por 97 y rechazada por 26 congresistas. Menos de los que respaldaron la vacancia y más de los que votaron en contra. Tal es el delirio de ciertos colegas que en estos días declararon terrorista a su agrupación, liderada por un empresario cercano a Israel que ya cerró filas por la Constitución vigente. Una de las demandas más populares es el retiro de la inmunidad parlamentaria. Está abierto el debate en torno a la consulta de un proceso constituyente en las elecciones del próximo 11 de abril.
Aunque no enfilado hacia idénticos objetivos, quienes ejecutaron y apoyaron la vacancia concentran el poder económico y el favor de los medios de comunicación. Para recalcar: la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) asintió a la designación de Merino. En la última campaña electoral, las compañías de sus mandamases apostaron millones de aportes a Keiko Fujimori y candidaturas de centro derecha.
Cualquier a que proponga tocar el modelo corre nuevamente contra olas de desinformación. La primera y única voz por una nueva Constitución es la de la joven lideresa de izquierda Verónika Mendoza, a quien PPK dejó fuera de la segunda vuelta en 2016 por dos puntos. En el último sondeo de la encuestadora Ipsos, el 19 de noviembre, la excongresista aparece cuarta en intención de voto. Los bulos ya están en marcha. Será esta nueva generación, muchos por primera vez votantes, la que definirá el rumbo del bicentenario en una inaudita campaña que cuenta una veintena de candidatos. Si no lo hacen los políticos de siempre, para peor, ellos pueden cambiar la historia y las esperanzas en una semana.
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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los pueblos de Guerrero
A los pueblos de México
A las mujeres que luchan
A la sexta nacional e internacional
A las redes de apoyo al CNI-CIG
Las campesinas y campesinos pobres de la Costa Grande de Guerrero que conformamos la Organización Campesina de la Sierra del Sur (O.C.S.S.), coordinadamente con el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). Nos sumamos al llamado del EZLN y el CNI-CIG para abrazar la lucha de nuestros pueblos hermanos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala.
Hoy 30 de Noviembre del 2020 con los bloqueos carreteros, que realizaremos en tres regiones del estado de Guerrero. Porque como pueblos campesinos tenemos memoria y no olvidamos como AMLO no sólo traicionó su propia palabra, sino que traicionó a todos los pueblos con tal de concretar el llamado Proyecto Integral Morelos.
Y vemos como no le importa pasar por encima de nada, ni nadie para lograr los objetivos de su gobierno, que no son los objetivos de los pueblos. Favoreciendo a las elites empresariales nacionales y extranjeras. A costa de la vida de las y los campesinos.
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Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional Al Congreso Nacional Indígena Al Concejo Indígena de Gobierno A los pueblos de Guerrero A los pueblos de México A las mujeres que luchan A la sexta nacional e internacional A las redes de apoyo al CNI-CIG
Desde la llegada de los españoles a nuestras tierras y el inicio de la guerra de exterminio contra los pueblos indígenas, nos despojaron y fue con violencia que tuvimos que dejar los valles y refugiarnos en las montañas que hoy nos resguardan y se volvieron nuestro hogar. Las montañas nos cobijaron, nos han alimentado, nosotros aprendimos a cultivarlas, cuidarlas, a hablar con ellas, y a aprender de ellas. Ahora como hace cien años, como hace doscientos años llegan nuevos gobiernos junto con sus jefes los empresarios, los más ricos de este país y del mundo, para decirnos que también tenemos que dejar nuestras montañas, que van a construir autopistas, minería, industria, corredores transístmicos, termoeléctricas.
Dicen que ahora si viene el progreso y que por eso deben sacrificarnos a nosotros, a nosotras, como indígenas que no valemos, que no importa, que no hay derecho para nosotros, como decían los españoles; no tenemos alma. Así ahora la autonombrada 4T dice que estorbamos, que es necesario nuestro sacrificio para su progreso, pero esta historia ya la conocemos, así paso hace 528 años, así se repite ahora.
Como antes y como ahora resistimos y vamos a seguir resistiendo, vamos a luchar contra el despojo, contra la violencia y contra los malos gobiernos vengan de donde vengan. Pretenden pasar por encima de nosotros, de nosotras, de nuestros antepasados, de nuestra cultura, nuestra historia, nuestra dignidad y nuestra vida. López Obrador habla mucho de que todo debe ser legal, pero su gobierno violenta las leyes constitucionales, violenta los derechos humanos y esta violentando a los pueblos indígenas.
A nuestros hermanos y hermanas Otomís en el Estado de México les impusieron la autopista Toluca-Naucalpan el pasado mes de Octubre, violando los amparos que estaban vigentes, en los cuales el juez ordeno la suspensión definitiva de la obra. Pero con golpeadores, compra de conciencias, trabajos forzados durante la pandemia, y por la negociación política entre del PRI y MORENA no les importo el bienestar de los pueblos y se impuso la voluntad empresarial.
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En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quisiera recordar un compromiso que hicimos hace más de dos años quienes asistimos al primer Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, en el municipio autónomo zapatista 17 de Noviembre. En marzo de 2018 unas 9 mil mujeres de distintas regiones del mundo hicimos un compromiso con unas 2 mil mujeres zapatistas: acordamos vivir. En el cierre del encuentro, una de las representantes zapatistas señaló: Aquí, delante de todas las que somos, les proponemos que acordemos seguir vivas y seguir luchando, cada quien, según su modo, su tiempo y su mundo.
Esta promesa, aparentemente sencilla, es un reto en el país que acuñó la palabra feminicidio, donde tan sólo en este año la violencia feminicida aumentó en 145 por ciento, según cifras oficiales, con un saldo de 645 mujeres asesinadas a la fecha. Acordar vivir es un compromiso difícil en un país que se ha convertido en un gran cementerio, donde para octubre de este año se habían documentado 3 mil 92 fosas clandestinas, según la Comisión Nacional de Búsqueda, y seguían sin se hallados unos 70 mil desaparecidos. Hace dos años, frente a las mujeres zapatistas, encendimos una vela y nos comprometimos a prenderla de nuevo cuando sintiéramos que necesitábamos iluminar alguna lucha. Prometimos llevarla a las desaparecidas, a las asesinadas, a las presas, a las violadas, a las golpeadas, a las acosadas, a las migrantes, a las explotadas, a las violentadas de todas las formas y decirles que no estaban solas y que íbamos a luchar por ellas, “por la verdad y la justicia que merece su dolor […] porque el dolor que carga no se vuelva a repetir en cualquier parte del mundo”.
Hoy quiero encender esta vela por nuestras hermanas que sufren en el estado de Chiapas el acoso de los grupos paramilitares. Por las mujeres desplazadas de Aldama, que han tenido que dejar su tierra, sus cultivos, su comunidad, para protegerse y salvar la vida de sus hijos e hijas ante la violencia paramilitar. Por la hermana María Isabel Hernández, quien el 18 de noviembre pasado fue herida de bala en una pierna, cuando intentaba llevar ayuda humanitaria a los pobladores de Tabak y Coko, en el municipio de Aldama. Por todas las mujeres que ahora viven con miedo en un contexto de impunidad, donde las técnicas de terror, las armas y los hombres que provocaron la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, han reactivado la guerra de baja intensidad contra las bases de apoyo zapatistas y las comunidades que simpatizan con su lucha.
Hace 23 años, la masacre de 20 mujeres, siete de ellas embarazadas, 16 niños y niñas y nueve adultos, trató de justificarse con el argumento de que se trató de pugnas intracomunitarias. En ese entonces en el libro colectivo La otra palabra: mujeres y violencia en Chiapas; antes y después de Acteal (1998) (http://www.rosalvaaidahernandez.com/ wp-content/uploads/2019/12/1998- LIBROS-La-Otra-Palabra-PDF.pdf) documentamos los procesos históricos de formación de grupos paramilitares en Chiapas. Ante las perspectivas racistas que trataban de justificar las mutilaciones corporales y las violencias extremas como prácticas culturales mayas, argumentamos que se trataba de una cultura militarista de muerte, trasnacional que cruza las fronteras junto con las armas y que tiene centros de adiestramiento como la Escuela de las Américas. Hoy de nuevo se trata de argumentar que el conflicto entre los habitantes de Aldama y San Pedro Chenalhó se reduce a pugnas intracomunitarias por 60 hectáreas de tierra. Es importante reconocer que estos conflictos se profundizaron con la intervención gubernamental mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), que permitió que terrenos comunales de Aldama quedaran bajo control de las autoridades de San Pedro Chenalhó. Pero, sobre todo, posibilitó la circulación y uso de armas de alto poder, cambiando por completo los estilos de negociación y conflicto en la región.
La paramilitarización de las pugnas comunitarias ha sido parte de la guerra de baja intensidad que ha acosado los territorios zapatistas desde hace casi tres décadas. Hoy urge encender una vela por nuestras hermanas zapatistas que viven los peligros de la violencia paramilitar. Ellas han hecho eco de nuestras luchas denunciando el feminicidio, la desaparición forzada y el acoso, problemas que no existían en sus territorios autónomos, pero contra los que ellas se han movilizado en nuestro apoyo. Ahora nos corresponde levantar nuestras voces y denunciar la violencia paramilitar que las acecha.
*Doctora en antropología, investigadora del CIESAS
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Las Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa denunciamos la injusticia que el gobierno de López Obrador y la 4T ejerce contra los campesinos del plantón Zapatista de Apatlaco y contra los pueblos originarios de Morelos, Puebla y Tlaxcala
En el año 2001, el Proyecto Integral Morelos se hacía llamar Transportadora de Gas Zapata, desde ese entonces a la fecha han pasado 19 años y 5 sexenios con gobiernos de diferentes colores y nombres (#PRI, #PAN, #MORENA), todos ellos, subordinados bajo el mismo patrón: el gran capital neoliberal. Con el nombre de las empresas españolas #Elecnor, #Anagas, #Abengoa y las distintas industrias que se le han sumado en el camino; #GasNaturaldelNoreste, #Continental, #SaintGobain, #Burlington, #Nissan y la minera canadiense #ÁlamosGold, el presente gobierno de la #4T sigue obedeciendo fielmente a sus patrones capitalistas.
A lo largo de estos 19 años, a los pueblos nahuas que nos hemos opuesto a este proyecto neoliberal de muerte y que nos hemos organizado para defender la vida y la tierra nos han reprimido, encarcelado, perseguido y asesinado. El 10 de febrero de 2019, en Cuautla, Morelos, el actual tirano, sentenció: “Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores”. 10 días después, el 20 de febrero, el compañero Samir Flores fue asesinado y el 23 y 24 de febrero se impuso, en los pueblos donde está trazado el gasoducto, una encuesta amañada.
La madrugada del día de hoy, 23 de noviembre de 2020, al punto de las 2:30 de la mañana, la Guardia Nacional, con al rededor de 300 elementos, más de 50 patrullas y maquinaría pesada, desalojó el plantón #Zapatista de #Apatlaco, #Morelos. A pesar de existir diversas asambleas de ejidatarios en la región donde se rechazó rotundamente la construcción del acueducto y el apoyo firme al plantón Zapatista y a pesar de existir más de 19 amparos vigentes, 9 con suspenciones del agua, 1 con suspención del gasoducto y 1 con suspención para que no contaminen el Río Cuautla con los desechos de la termoeléctrica, el presidente de la república, fiel a sus ídolos juaristas y maderistas, traicionó, una vez más, a los pueblos originarios. Y es que queda claro que para el mal gobierno, los pueblos solo somos objetos, excedentes, “inconvenientes” en el mundo capitalista de recursos naturales limitados. Un ejemplo de ello, son los hermanos de los pueblos originarios de Tabasco de Nacajuca, Jalpa y Centla, donde el tirano tomó la decisión de inundar “a los más pobres”.
Las Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa denunciamos los actos represivos y de despojo que el mal Gobierno ejerce contra los compañeros del plantón zapatista de Apatlaco y a los pueblos originarios de los Estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, nos sumamos a las acciones coordinadas por la defensa de la tierra y el agua y exigimos:
¡Justicia para Samir Flores!
¡Alto a la represión al Plantón de Apatlaco!
¡Alto a la represión de los pueblos nahuas de Morelos, Puebla y Tlaxcala!
¡Detención de las obras del acueducto Cuautla!
¡Cancelación del Proyecto Integral Morelos!
Autonomía, paz y justicia
A T E N T A M E N T E
GUARDIANAS Y GUARDIANES DEL RÍO METLAPANAPA
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Por Ñani Pinto
Cerca de 300 elementos de la Guardia Nacional (GN) desalojaron el plantón que desde hace cuatro años mantenían los ejidos de Ayala, Morelos, para evitar el despojo del agua por las obras de infraestructura del Plan Integral Morelos (PIM).
El plantón fue removido alrededor de las 2:15am para dar paso a las máquinas y trabajadores para reiniciar los trabajos del acueducto del PIM. Aunado al desalojo, también colocaron paredes de lámina para bloquear el libre tránsito y el derecho a la manifestación de los integrantes de la oposición al megaproyecto.
Imágenes del operativo policíaco para desalojar el plantón del FPDTA-MPT
Al cierre de esta edición, ejidatarixs del oriente de Morelos bloquean la carretera de Cuautla a Anenecuilco, en un contexto de fuerte despliegue policíaco con sobrevuelo de helicópteros incluido.
Traición
Un comunicado firmado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, enfatiza que “Hoy se culmina la traición de López Obrador al pueblo campesino de Morelos y pueblos originarios que son afectados por el Proyecto Integral Morelos”.
En la denuncia del Frente también se subraya que el presidente ha mentido al señalar que todos los recursos de amparo han sido resueltos, con lo cual pretende legitimar las acciones de represión contra los ejidatarios de Morelos.
“Hay vigentes al día de hoy 19 amparos, 9 con suspensiones del agua, 1 con suspensión del gasoducto y 1 con suspensión para que no contaminen el Río Cuautla con las aguas de purga de la termoeléctrica. Y hoy el presidente de la República ordena realizar el robo del agua de los ejidos de Ayala, cuna del zapatismo y agrarismo mexicano”, denuncia el comunicado del Frente.
La representación de 17 de los ejidos y comunidades de Morelos que llevan procesos legales en defensa de sus derechos a la tierra, agua, medio ambiente y seguridad también han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que requiera al Estado mexicano la aplicación de medidas cautelares bajo el expediente MC-1056-20.
Bajo dicho proceso, lxs campesinxs exigen al gobierno Mexicano el respeto a la integridad física de quienes se oponen al PIM, el derecho de libre manifestación, así como la suspensión del PIM como resultado de los amparos “que evitan la afectación de los derechos patrimoniales de pueblos originarios y ejidos, y por la oposición y violación histórica a los derechos humanos generada por este proyecto, así como revise la imparcialidad y profesionalismo de los jueces y autoridades vinculadas al proyecto”, explica el comunicado ante el desalojo.
Lxs ejidatarixs detallaron que el desalojo para dar paso a la termoeléctrica no es en beneficio para el pueblo de México, pues el país ya tiene una capacidad de generación eléctrica 40% mayor a la que necesita, en cambio la medida de reactivar el proyecto del PIM es en beneficio de empresas trasnacionales.
“Hoy como Madero hace 109 años, López Obrador, traiciona al campesino y la promesa de cambio de su gobierno, para favorecer a las empresas transnacionales Saint Gobain, Nissan, Burlington, Continental, Elecnor, Enagas, Gas Natural del Noreste, las empresas mineras canadienses como Alamos Gold, entre otras”, enfatiza el comunicado del Frente.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala denunció que el gobierno federal aprovecha la contingencia generada por el virus COVID-19 para imponer el megaproyecto del PIM “de manera multitudinaria con el ingreso de cientos de elementos de la GN que forzan a confluir a igual número de campesinos que defienden sus derechos agrarios”.
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Estimadas compañeras y compañeros de la comunidad Wixárika y Tepehuana/Tepecana de San Lorenzo de Azqueltán(CNI-CIG) en Jalisco, México.
Los colectivos, organizaciones e individ@s que firmamos esta carta, celebramos y nos solidarizamos con la digna lucha de su pueblo en el Séptimo Aniversario de la consolidación de la comunidad Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán los próximos 21 y 22 de noviembre. Mantenemos nuestra mirada en cada uno de sus proyectos autónomos y con fuerza les animamos para que, en la defensa de su territorio y su forma de vida, prosigan organizándose.
Debido a la situación actual de la pandemia, entendemos que el riesgo es demasiado alto para que podamos asistir a su próxima celebración. Esperamos poder acudir a la inauguración de su Clínica Autónoma cuando la situación mejore. Acompañaremos sus rezos en solidaridad desde nuestra geografías mientras celebran su aniversario con su ceremonia tradicional.
Aprovechamos esta ocasión para denunciar toda la represión que ha sufrido la comunidad recientemente. Sabemos que durante su resistencia en defensa de la madre tierra y en la construcción de su autonomía, han sufrido secuestros, ataques armados y amenazas de muerte, todo ello con el objetivo de intimidar a lxs miembros de su comunidad para que cedan las tierras que han cultivado durante siglos. Estas tierras sagradas le pertenecen a su comunidad, cuentan con un título de propiedad desde 1733. Repudiamos las acciones de los ricos y del mal gobierno que impide el reconocimiento de este título y que se dedica a despojar la tierra de la comunidad.
Los siguientes ataques son muestra de las represalias y discriminaciones que atentan contra los esfuerzos de la comunidad para proteger su territorio y hacer valer sus derechos como comunidad indígena autónoma, incluida la elección de autoridades comunales y la recuperación de tierras invadidas. Por el contrario, las diferentes instancias de gobiernos buscan la represión y el desplazamiento. La maquinaria del gobierno municipal, con el supuesto fin de abrir una carretera cerca del sitio sagrado de Los Pilares, ha ido invadiendo y destruyendo cercas en las parcelas agrícolas de varios comuneros.
Hace un año, el 3 de noviembre de 2019, antes de la prevista celebración del sexto aniversario de la comunidad autónoma, el presidente del consejo de seguridad Noé Aguilar Rojas, y otros dos comuneros fueron brutalmente golpeados, lo que obligó a postergar la celebración. Cuando los heridos llegaron al hospital, fueron discriminados y se les negó la atención médica.
El 10 de enero de 2020, Jesús Manuel Aguilar Hernández, defensor de la tierra y miembro del Congreso Nacional Indígena, recibió un disparo con un arma calibre 38 por parte de Flavio Flores alias “La Polla” un ganadero local conocido como cabecilla de los acaparadores de tierras.
El 22 de marzo, Camerino Márquez Aguilar y Genaro González Bañuelos, dos hombres ancianos de la comunidad, fueron atacados una vez más por personas al servicio de Flavio Flores (“La Polla”) y por empleados del gobierno municipal de Villa Guerrero, Jalisco: Teódulo Pérez Martínez junto con Abram Pérez Bañuelos, Jairo Pérez Bañuelos y Aldo Herrera González.
A pesar de que estas personas han sido denunciadas en diversas ocasiones, en lugar de ser detenidos, han contado con el apoyo del gobierno municipal de Villa Guerrero, que no ha tomado acciones para sancionarlas, sino que ha fomentado la violencia y el enfrentamiento. Esta postura del gobierno a todos los niveles es consistente dentro de un estado capitalista racista y neoliberal que ha intentado a través de diversos medios despojar a los pueblos originarios. Entre otras estrategias de despojo, el gobierno intenta romper la propiedad comunal y crear la propiedad privada individual para que las tierras de los pueblos originarios puedan venderse y ponerse a disposición para proyectos extractivos capitalistas que saquean los recursos naturales y dejan la tierra destruida y empobrecida.
Las comunidades indígenas autónomas como la Comunidad Autónoma Indígena de San Lorenzo Azqueltán están en la primera línea de la resistencia, son un ejemplo para tod@s nosotr@s.
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La Comunidad Autónoma Huañaco Millao de Ercilla, mediante un comunicado público denuncia que durante la tarde del día miércoles 18 de Noviembre, dos niños de 14 y 15 años de edad fueron víctimas de un ataque armado perpetrado por desconocidos, dejándolos en estado grave, ambos conectados a ventilador mecánico.
Los hechos indicados como violencia racista se enmarcan dentro de un contexto de recuperación territorial del cual dicha comunidad y los jóvenes formaban parte.
A continuación compartimos el comunicado de la Comunidad Huañaco Millao, donde dan a conocer públicamente la compleja situación que enfrentan en estos duros momentos.
Pu peñi, pu lamngen
Queremos dar a conocer un hecho muy grave que sucedió el día de ayer Miércoles 18 de noviembre aňo en curso en la ciudad de Collipulli.
Alrededor de las 19:00 horas 2 integrantes de nuestra comunidad fueron emboscados y baleados por un grupo de desconocidos en Collipulli sin provocación alguna. Ambos menores de edad (14 -15) Producto de lo sucedido hoy se encuentran hospitalizado en hospital de Angol muy grave conectados a ventilador mecánico ambos peñi. La situación esta complicada.
Nuestra comunidad repudia tajantemente estos hechos de violencia racista y acción cobarde de parte de estos sujetos. Ambos peñi se encuentran gravemente heridos y antes cualquier hecho que pueda suceder con ellos debido a su gravedad estaremos informando.
Mencionar también que la comunidad lleva un proceso de recuperación territorial donde también ellos participan activamente.
La comunidad se encuentra muy afectada por lo sucedido y desde ya haremos lo posible en aclarar este lamentable hecho y dar con los responsables de estos dos peñi jóvenes que lamentablemente están entre la vida y la muerte.
Esperando que chawgenechen les de el newen que necesitan para salir de esto.
No queremos más peňi asesinado.
COMUNIDAD AUTONOMA HUAŇACO MILLAO, ERCILLA.
En horas de la tarde la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche extendió tambien un comunicado ante los hechos, evidenciando además que ambos menores son los mismos que el año 2017 habian sido hostigados por fuerzas policiales, siendo desnudados y amenazados mientras caminaban por su territorio siendo aún pequeños.
Los nuevos ataques suceden mientras tanto ellos, comos sus familiares y comunidad se encuentran en espera de la preparación del juicio oral.
A continuación compartimos integro el comunicado de la red por la defensa de la infancia mapuche.
