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Disidente Radio

Interview to Roberto Gamboa from the Montaña Tlachinolan Human Rights Center

Hear the interview to Roberto Gamboa from the Montaña Tlachinolan Human Rights Center, who speaks about the situation in Guerrero.(Descarga aquí)  
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ASESINAN EN LA SIERRA DE PETATLAN AL CAMPESINO ECOLOGISTA JAVIER TORRES CRUZ Y HIEREN A SU HERMANO FELIPE

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COMUNICADO URGENTE

19 de abril 2011

ASESINAN EN LA SIERRA DE PETATLAN AL CAMPESINO ECOLOGISTA

JAVIER TORRES CRUZ Y HIEREN A SU HERMANO FELIPE

Después de dos años y medio de feroz hostigamiento y persecución, finalmente el día de ayer lunes 18 de abril del 2011 a las 5:30 de la tarde, fue asesinado por sicarios al servicio de Rogaciano Alba Álvarez, el campesino ecologista Javier Torres Cruz, de 30 años de edad.

La noticia nos fue inicialmente dada a conocer por la Sra. Marcelina Torres Cruz, hermana del ahora occiso, mediante una llamada telefónica, donde nos informó que su hermano Javier había sido emboscado cerca de La Morena. Esta información nos fue confirmada el día de hoy, vía telefónica también, por su hermano Alejandro Torres Cruz, quien reafirmó que Javier, de manera extraña, se trasladaba por el lugar conocido como “Puerto de la Mosca”, entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la Sierra del municipio de Petatlán, cuando fue recibido a balazos por un grupo de hombres de apellido  Arreola, entre otros, que fueron identificados como sicarios al servicio de Rogaciano Alba Alvarez (actualmente preso en el Penal de la Palma acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército). Agregó que al ser informados vía radio de lo que estaba sucediendo, los hermanos Torres acudieron en auxilio de Javier, siendo recibidos también a tiros, resultando herido Felipe de los mismos apellidos. De inmediato, en Petatlán, parte de la familia Torres pidió auxilio a la Policía Estatal y al Cuartel Militar del 19 Batallón, pero les fue negada la petición con el argumento de que “no querían meterse en problemas”, sin explicar con quien.

Cómo fue de conocimiento público en su oportunidad, Javier Torres Cruz, agobiado por las constantes amenazas, agresiones y el asesinato de algunos de sus familiares por despojarlos de su tierra, decidió interponer una demanda penal contra Rogaciano Alba Alvarez, por el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. Desde entonces,  la seguridad de el mismo y su familia había venido siendo amenazada y cada vez era más frágil, especialmente después de su secuestro e intento de desaparición en diciembre del 2008.

A raíz de lo anterior, el 21 de diciembre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó el otorgamiento de medidas cautelares para Javier Torres Cruz, las cuales fueron reclamadas por él mismo el 7 de agosto del 2009 ante el Titular del Ministerio Público de Azueta de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero quien se presentó en la comunidad de La Morena para tomarle su declaración ministerial  sobre la Averiguación Previa AZUE/PETA/111/2008, las cuales nunca le fueron otorgadas de manera dolosa.

Recientemente, la familia Torres había descubierto que atrás de un alarmante deterioro del estado de salud de Javier, había un intento de envenenamiento por parte de su esposa Adela Mojica Villa, quien a su vez, antes de huir de la comunidad, les manifestó que recibía órdenes de “los Arreola”, quienes al parecer tienen amenazada a su familia. Alejandro Torres manifestó que el día de ayer es probable que Javier haya sido citado por su esposa en el lugar a donde se dirigía para ver a sus hijos y aclarar su situación conyugal.

El asesinato de Javier Torres Cruz es resultado de la estrategia de despojo y explotación de los grupos de poder económico y político, que en contubernio con los malos gobiernos, es decir, la verdadera delincuencia organizada, mantienen una guerra de exterminio de pueblos y comunidades en distintos lugares del país y en particular en la Sierra de Guerrero.

Mientras el Ejército Mexicano ha mantenido una presencia intimidante y violatoria de los derechos de las comunidades mediante incursiones y persecuciones constantes, los gobiernos municipales, estatal y federal se mantienen al margen y deliberadamente desatienden su obligación de garantizar la seguridad pública y el ejercicio de los derechos humanos, así como las demandas y necesidades de los pueblos, dejando a la población a merced de la violencia que los despoja de sus tierras y recursos naturales, les impone el cultivo y consumo de enervantes y no les deja otra opción de vida más que la de ponerse al servicio de las mafias de la delincuencia para sobrevivir y no ser asesinados.

Javier Torres se resistió hasta donde pudo, pero finalmente sucumbió a la represión de sus enemigos dirigidos por Rogaciano Alba Alvarez, encubiertos por el Estado; a la traición de su propia esposa víctima del chantaje y el terror de las amenazas contra su familia; al desprecio e indiferencia cómplice del Estado que nunca le otorgó las medidas cautelares solicitadas ni los servicios que su comunidad reclama para romper el cerco de la marginación.

Javier Torres es una víctima más de la criminalización de la lucha social y de la llamada guerra del narco, de esa guerra de capitales oscuros donde el Estado ha tomado partido y el Gobierno de Calderón es parte de los contendientes, coludido con los grupos de poder político y económico integrados en las cúpulas de los partidos y en los grupos empresariales.

Javier Torres Cruz ha sido liquidado, asesinado, pero la lucha contra el despojo, la explotación, la represión y el desprecio se mantiene viva en La Sierra de Guerrero.

Por lo anterior, demandamos:

– Alto al hostigamiento a la familia Torres de La Morena, protección y otorgamiento inmediato de medidas cautelares a los sobrevivientes.

– Que se castigue a los asesinos de Javier Torres Cruz.

– Que se investigue debidamente y se aclaren los hechos del 16 de febrero del 2010, se deslinden responsabilidades, se aclare la situación jurídica de los presos Anselmo Torres Quiróz y Huber Vega Correa y se castigue a los agresores y asesinos de Adolfo Torres Rosas.

– Que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero, se transparente la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados.

– La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de la Sierra de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.

Llamamos a las organizaciones sociales y organismos civiles y de defensa de derechos humanos a solidarizarse e integrarse a las acciones de denuncia y solidaridad.

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

Chilpancingo, Gro. a 19 de abril del 2011


SINOPSIS DE LOS ANTECEDENTES DEL ASESINATO DE JAVIER TORRES CRUZ

El 19 de septiembre del 2007 Javier Torres Cruz y su tío Isaías Torres denunciaron ante la PGJDF, a Rogaciano Alba Álvarez como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido el día 19 de octubre del 2001.

El día 13 de noviembre de 2008 en la madrugada las familias de la comunidad de La Morena fueron sujetas a un operativo militar al mando del mayor Rojas Arizmendi o Rojas Méndez, con unos 100 elementos del batallón 19 de infantería en el que entraron y catearon casas en busca de Javier, Felipe y Alejandro Torres Cruz y amenazaron a las mujeres. Les sustraen documentos personales y roban algunas pertenencias Según los testimonios los militares llegaron en 8 vehículos y colocaron 3 vehículos armados apuntando a las casas. Iban acompañados por civiles armados del grupo de Rogaciano Alba Álvarez.

El día 13 de noviembre a las 22:00 horas llegaron unos 30 civiles armados encapuchados quienes se metieron a las casas deshabitadas y se retiraron durante el amanecer del día 14.

El 18 de noviembre a las 17:00 horas llegaron 9 vehículos con aproximadamente 70 policías ministeriales al mando del coordinador operativo de la Costa Grande, capitán Darío de la Rosa Segura, quienes pidieron ver las casas donde habían entrado los militares. Se retiraron después de una hora.

El día 3 de diciembre del 2008 fue detenido en un retén del Ejercito, ubicado en San Luis La Loma. Según el testimonio de Javier, los soldados lo detienen, le vendan los ojos y se lo llevan a un lugar desconocido. En la noche lo entregan a particulares, quienes lo torturan (golpes en todo el cuerpo, amenazas) y lo interrogan, entre otras cosas acerca de la denuncia interpuesta en contra de Rogaciano Alba Álvarez. Lo llevan a un lugar desconocido en el campo, donde lo tienen hasta el día 7 de diciembre. Durante todo el tiempo permanece vendado de los ojos, golpeado, no recibe alimentos ni agua y siente que lo iban a matar. El día 7 le quitan la venda (quizá pensando que ya no iba a poder moverse) y en la madrugada en un momento de descuido Javier empieza a correr y logra escapar.

Reconoce que se encontraba en la región de Coyuquilla. Es perseguido durante varios días, hasta que el día 13 de diciembre llega a la región donde vive y donde según él, no era fácil que entraran sus persecutores. Relata que lo perseguían muchas personas, que se utilizó un avión, que lo balacearon con la intención de matarlo.

El día 13 de diciembre llega a su comunidad, se mantiene escondido por razones de seguridad. Hasta el día 15 la familia da a conocer que Javier se había escapado de sus captores.

El día 20 de diciembre una Misión de Observación acude a La Morena para entrevistarse con Javier, recabar el testimonio y constatar posibles huellas de tortura. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero acompaña la misión y realiza la documentación de la situación de Javier Torres Cruz.

El día 22 de enero, a petición expresa de Javier, se realiza otra visita a la comunidad. La familia informa de que hay amenazas de muerte contra Javier y toda la familia y se teme que gente de Rogaciano  Alba Álvarez y el ejército puedan actuar en contra de la familia.

El día 27 de enero informa Javier Torres Cruz, que desde el sábado 24, se encuentra en la comunidad de La Morena, Municipio de Petatlán un  grupo de 25 soldados que llegaron a pie y desde entonces se mantienen acampados a 200 metros de su casa sin hablar con su familia y rondando la comunidad. Las mujeres, el maestro y los niños que están en el pueblo, se mantienen en sus casas, sin salir por el temor de que les hagan algo. Los soldados se retiran unos días después sin dar explicaciones.

El viernes 8 de Mayo de 2009, se publica en periódicos del Estado, información de la PGJE que vincula a Javier Torres Cruz  con la desaparición de Álvaro Rosas Martínez, presidente del PRD en Petatlán quien fue privado de su libertad y posteriormente encontrado asesinado. Posteriormente el entonces Procurador Murueta se desdice.

El 16 de febrero del 2010, un comando de más de 100 soldados del Ejército Mexicano a bordo de vehículos Hummer y de los llamados “mercedes” incursionaron en el área conocida como “El infierno”, cerca de las comunidades deshabitadas de Rancho Nuevo y Las Humedades, donde parte de los campesinos de la comunidad de La Morena tienen sus tierras de labor, lo que dio como resultado la detención de dos personas, un muerto y un herido. Javier Torres Cruz y Narciso Torres Rosas, manifestaron que los efectivos del Ejército llegaron disparando contra las personas que se encontraban trabajando en sus parcelas, por lo que algunos de ellos corrieron para ponerse a salvo, no pudiendo hacerlo Anselmo Torres Quiróz de 78 años y Huber Vega Correa por no conocer bien el lugar. En esa persecución hirieron a Isaías Torres Rosas y murió Adolfo de los mismos apellidos. Lo anterior fue constatado por una Misión de Observación Civil que el día miércoles 17 de febrero del 2010, acudió a la Comunidad de La Morena.

El martes 7 de diciembre del 2010, alrededor de 35 efectivos militares a bordo de 3 carros Hummer incursionaron en la comunidad de La Morena, ubicada en el municipio de Petatlán, Guerrero, haciendo uso de sus armas de fuego y provocando el pánico y la  zozobra entre los habitantes y como ya es costumbre, mientras los hombres y adolescentes corrieron hacia los cerros cercanos, las mujeres, niños y ancianos se concentraron en sus casas, siendo allanadas por los militares. Al parecer la partida militar llegó por el lado de la comunidad de El Camalote, por un camino recién rehabilitado y proviene del 19 Batallón con sede en Petatlán.

El 21 de enero del 2011 la Comisión Nacional de Derechos Humanos  informa a Javier Torres Cruz que la SEDENA niega la detención realizada por militares en el 2008.

En el mes de marzo el Dr. Pablo Sandoval Cruz, verifica la salud de Javier Torres Cruz  y diagnostica: Síndrome sugestivo de envenenamiento. Depresión aguda en fase regresiva. Delirio de Persecución, Anemia y Avitaminosis.

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

Chilpancingo, Gro. a 19 de abril del 2011

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Policía Comunitaria de Guerrero

Solidaridad con los 5 presos de Bachajón: Policía Comunitaria de Guerrero

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Radio Ñomndaa / La Otra Europa

Radio Ñomndaa (Guerrero, México)

After years of a process full of irregularities and impunity, despite extensive evidence, the voice of the community radio comunitaria Ñomndaa continues being stepped on; a radio station that for years has been giving voice to the voiceless, the Nnanncue indigenous peoples.

Program by Radio Ñomndaa on the case of Don Silverio Matías Domínguez, who for 10 years has demanded justice for the agression that made him lose an eye, and the impunity that declared innocent the aggressor, the current municipal secretary of Xochislahuaca and brother of the cacique Aceadeth Rocha Ramírez, José Luis Rocha Ramírez. Part 1:(Descarga aquí)  

Part 2:(Descarga aquí)  

Radio segment in solidarity with the compañer@s from Guerrero from the Other Europe (Nodo Solidale / Colectivo Zapatista de Lugano / Nomads de Xm24).(Descarga aquí)  

More information on the case.

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Noticias de la Otra

Repression in Guerrero

Attempted murder against Margarita de las Nieves and Santiago Ponce, widow and brother of Manuel Ponce Rosas, kidnapped, tortured and murdered in Guerrero, in the context of a growin militarization and repression in that state. Interview with Vidulfo Rosales from the Human Rights Center of the Mountain Tlachinollan and words by Javier Monroy of the Taller de Desarrollo Comunitario in Guerrero, in the Encounter against impunity and for autonomous justice

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Radio Zapatista

Program in Spanish

Full program:(Descarga aquí)  

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La Policía Comunitaria de Guerrero: el México olvidado se hace presente

by Alejandro Reyes


On a large patio of a community in the sierra of Guerrero, surrounded by mountains and forests, stand hundreds of peasants with their weapons held high. Among them there are many youth and quite a few elders. Their weapons are very simple, their equipment, precarious. It is the Community Police, one of the most important projects of indigenous autonomy in Mexico, which, on October 14 and 15, 2008, celebrated their 13th anniversary in this town of Tilapa, municipality of Malinaltepec accompanied by commissioners and representatives of the Regional Coordination of Community Authorities (CRAC) and several dozen visitors: activists, researchers, members of alternative media, and organizations in solidarity.

Thirteen years after its foundation, the Community Police, which together with the justice system represented by the CRAC is one of the most important experiences in indigenous autonomy in Mexico, has every reason to celebrate. The insecurity and violence that in the 80s and 90s devastated the region is today under control. But more importantly, there is now a widespread awareness that the communities can solve their own problems without waiting for answers to come from the outside.

The sierra of Guerrero has a long history of rebellion. It is the land of the guerrilla movements of Genaro Vázquez and Lucio Cabañas and of a long tradition of indigenous and peasant organization. It is also the land of one of the most brutal repression campaigns in modern Mexico. The counterinsurgent violence of the 70s created a deep social instability which led to an uncontrollable situation of insecurity: assaults, robbery, rape, murder. In the face of this violence, the despair of the inhabitants met only with indifference on the part of the authorities, or outright complicity with the delinquents.

As a response to this situation, on October 15, 1995, the communities decided to create the Community Police, composed of voluntary members who serve their people without any remuneration. Today, there are over 800 policemen from 73 communities, and insecurity has diminished over 90 percent. Father Mario Hernández Campos, who participated in this experience since its beginnings, described the process:

“Given the violence and insecurity we lived, our communities responded assuming a role we had never assumed: that of being subjects. Becoming aware that the solution doesn’t come from the outside. But in order to get there we had to do a lot of work, we had to hold many assemblies y many communities. How many of you participated in brigades, going from town to town. How many participated in those meetings that went on till 3, 4 in the morning… How many women making tortillas, cooking beans, how many men carrying firewood, how many neighbors supporting us. Thus we started to learn that we are subjects and that we are responsible for the solutions we look for.”

This awareness also explains the fact that the Community Police was not conceived in isolation, but as part of a much broader project which aims at resolving the communities’ most pressing problems: communication, education, justice. These efforts resulted in some important victories. The demands of the communities led to the construction, albeit defective, of the Tlapa-Marquelia road four years ago (the signs that boast the kindness of the government that “does provide” are intact; the road is destroyed). Very significantly, on October 12 last year was inaugurated the Intercultural University of the Peoples of the South (Unisur), an autonomous university which aims at preparing intellectuals with deep ties to the communities, and which today has four campuses: Santa Cruz del Rincón, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca, and Xalitla. And during the event this October 15, the community radio that has been transmitting for two months from the community of Espino Blanco, was formally baptized “The voice of the people.”

During the first years of its existence, the Community Police detained the delinquents and handed them over to the authorities. But Cirino Plácido, one of the founders, explains that the corruption of government institutions meant that a few days later the delinquents would be free. “Insecurity is a great business for the State,” he says. “The policeman wants money, the lawyer wants money, the judge wants money.” This reality led to the decision to create, in 1998, the Regional Coordination of Community Authorities, which is in charge of administering justice. It is this body which receives complaints, analyzes denunciations, emits arrest orders, and presents the detainees to the community assemblies, where, according to traditional custom, it is the people who decide on the punishment.

This punishment is neither fines nor jail, but what they call reeducation. This consists of community service such as paving roads, building infrastructure or anything else that the community might need. An important aspect of this reeducation process are the talks given by the elder council, which gathers regularly upon the commissioner’s request. These talks help the detainee to become aware of his or her errors. As in the case of the sentencing, the liberation takes place in an assembly, where the community commits itself not to treat him or her as a criminal, but as a member of the community in the process of reeducation. In other words, justice is understood as something that directly involves every member of the community.

The government’s response to this experience in community autonomy has been confrontation and criminalization. Over 40 authorities and community policemen have warrants for their arrest for the presumed crimes of illegal detention, usurping functions, and abusing authority. Curiously, what most bothers the government is not the existence of an armed organization outside of official institutions, but the administration of justice according to traditional customs. This opposition reveals the conflict between the “legality” of a system that the communities do not perceive as legitimate, not only because of its corruption, but because it does not reflect their reality, and the legitimacy of an autonomous experience that does not fit in the laws imposed by that system.

According to anthropologist Gillermo Bonfil Batalla, there is not only one Mexico but two: what he calls the “imaginary Mexico” (based on Western civilization) and the “deep Mexico” (based on indigenous civilization). Cirino Plácido says something similar: “They say there’s only one Mexico but that’s not true. There’s the Mexico that’s out there, but you only need to come here to realize there’s another Mexico, the forgotten Mexico.”

Among the murals by Diego Rivera that cover the walls of the National Palace in Mexico City there’s one that all visitors stop to look at. In it we find the image of an indigenous woman (with Frida Kahlo’s face) carrying a dark-skinned, blue-eyed baby on her back. “The first Mexican,” explains the tourist guide. In other words, the product of the encounter between Western civilization and indigenous cultures. An undoubtedly terrible encounter, but which supposedly engendered the great Bronze Race, the mestizo nation for centuries denied, which the Revolution managed to liberate from the shackles of history by recognizing our glorious pre-Hispanic past as a constitutive element of who we are today: a united, homogeneous, mestizo Mexico. But, in to this vision, where do indigenous peoples fit?

In a small, roadside restaurant on the way back from the Guerrero sierra towards Mexico City, in the heart of the Mixteca sierra of Puebla, the radio plays a dramatized version of a short story: an anthropology student from the US travels to Chiapas to study the Tzotzil Indians. Their customs and their life conditions horrify her, and the listener cannot help sympathize with her views: superstition, poverty, poor hygiene, primitivism. But when she decides to name her thesis “The savage condition of Mexican Indians,” Mexican nationalism rears its head in indignation: who does this racist gringa think she is? A rather difficult indignation to reconcile, given the previous conclusion that yes, Indians are primitive. Fortunately, a humble mestizo doctor, who travels from town to town, comes to the rescue. When he politely questions the appropriateness of the title, the student says, “But Indians live outside of civilization!” And the doctor responds, “Yes, that’s true. But that’s not their fault. It’s our fault, all of us.” Moral of the story: indigenous peoples of today are the unfortunate remnants of a destroyed past, and it is the duty of mestizo Mexico to civilize them in order to integrate them to the nation.

Bonfil Batalla proposes that things are not quite that way. He claims that what we have is the clash between two different (Western and indigenous) civilizations, and that Mexico’s history is the history of this conflict: the attempts on the part of the winning civilization to negate and destroy the vanquished one, and the latter’s mechanisms of resistance which have allowed it to survive for over five centuries. The ideology behind the mestizo nation represented by that “first Mexican” in Diego Rivera’s mural is just one more genocidal attempt against indigenous peoples, from which they defend themselves with the centuries-old arsenal of their civilization.

This clash of civilizations and the imposition of one over the other is evident in the experience of the Community Police of Guerrero. In its 13 years of existence, it has managed to accomplish what the state has failed to do anywhere in the country: to control insecurity in a region that was particularly violent. One of the work sessions in Tilapa focused on the national situation of security and justice. In it the participants evaluated where Mexico is today: an unprecedented explosion of insecurity and violence, militarization of the country, a law enforcement and justice system with a severe credibility crisis, a politics of fear manipulated by the media, and the criminalization of social movements. The state has not only failed miserably in the war against insecurity, but its relations with the drug trade and organized crime have become increasingly evident. That being so, it is at least paradoxical that the state, instead of coordinating efforts with this successful organization and promoting its growth in other parts of the country, insists in criminalizing it.

Like the Zapatista communities in rebellion, the experience of the Community Police is clear proof that this other Mexico, the deep, forgotten and ignored Mexico, is a live source of alternatives capable of facing the problems that most affect society. And if the Mexico in power, following its centuries-old tradition of denying that other reality, continues refusing to recognize its vitality and relevance, the Community Police will continue to serve as an inspiration for all of those from below, in Mexico and the world, and proof that it is indeed possible to create alternatives outside the system, learning from these peoples who have been resisting for over five hundred years.

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Radio Zapatista

Aniversario de la Policía Comunitaria de Guerrero

13th Anniversary of the Community Police, Tilapa, Guerrero. (More info)

Article by Radio Zapatista.