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Chiapas, México. 24 de diciembre. “Este mes la pasamos tristes sin estar al lado de nuestras familias y amigxs. Me han privado de mi libertad, llevo 15 años sin festejar la Navidad con mis familiares. Hago hincapié que el gobierno estatal y junto con sus funcionarios públicos me tiene privado de mi libertad, aunque ya alcanzo mi libertad por mis días laborados”, comparte Adrián Gómez Jiménez, integrante de la organización La Voz de Indígenas en Resistencia, en el penal cinco de San Cristóbal de las Casas.

“Los compas de la organización La Voz Verdadera del Amate: Germán López Montejo y Abraham López Montejo, de igual manera pasan triste Navidad sin la presencia de sus hij@s y de sus esposas. La Navidad la pasamos tristes”, abundan los indígenas injustamente presos en una carta publicada el pasado día 22. “El gobierno de Chiapas nos mantiene secuestrado mientras él y sus funcionarios públicos festejan la Navidad a lado de sus familiares y salen de vacaciones mientras que hay presos inocentes que luchan por su libertad, se ve claramente que no les interesa nuestro bienestar. Son insensibles y crueles”, denuncian los originarios de los altos de Chiapas.

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Nos duelen 56: En vísperas de que empiece el juicio, organizaciones de América Latina y del Mundo piden justicia y la rendición de cuentas de altos cargos en caso Hogar Seguro

22 de octubre de 2019

Hoy, 22 de octubre de 2019, inician audiencias preparatorias del juicio para determinar la responsabilidad penal de tres altos funcionarios en el caso “Hogar Seguro”. Organizaciones de todo el continente y mundo entero, incluyendo las que integran el Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina*, piden unánimemente justicia para uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos cometidas contra niñas, niños y adolescentes en América Latina.

El 8 de marzo de 2017, 41 niñas y adolescentes perdieron la vida calcinadas y 15 sobrevivieron con graves lesiones, incluyendo amputaciones y cicatrices permanentes, en el Hogar Virgen de la Asunción, ubicado en municipio de San José Pinula, a las afueras de Ciudad de Guatemala, como consecuencia de un incendio en el aula donde habían sido encerradas bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC) y las autoridades del hogar. El fuego se propagó rápidamente, sin embargo, la subinspectora de la PNC, que cargaba la llave y estaba al mando del grupo de policías, se negó a abrir la puerta durante un lapso de nueve minutos, es decir, liberándolas demasiado tarde para evitar daños irreparables.

Las niñas y adolescentes habían pasado toda la madrugada en dicha aula, con menos de un metro de espacio por persona, sin poder cambiarse ni bañarse, sin agua potable ni sábanas, como forma de castigo tras haber intentado escapar del hogar a causa de los malos tratos, abusos sexuales y otras violaciones a los derechos humanos documentadas, a los cuales eran sometidas de forma rutinaria. En el marco del intento de fuga, que culminó en la captura y detención de las niñas, los niños y adolescentes en las afueras del Hogar Seguro por parte de agentes de la PNC, varias de ellas, junto con los niños y adolescentes varones que residían en el hogar, recibieron golpes con batón, escudo policial y aparatos de descargas eléctricas, fueron rociadas con gas pimienta y fueron puestas en el suelo boca abajo, con grilletes.

Según las informaciones recibidas a través de las organizaciones guatemaltecas que forman parte del Grupo de Litigantes contra la Tortura de América Latina, el proceso penal para enjuiciar a los responsables ha estado plagado de retrasos y obstáculos. Entre los principales, destaca que se haya fragmentado la investigación y el enjuiciamiento en tres procesos, en el marco de los cuales se investigan delitos y personas distintas, todas ellas relacionadas con los mismos hechos. Asimismo, se han pospuesto diligencias y etapas del proceso en múltiples ocasiones, retrasando el proceso de forma indebida con el impacto consiguiente en las víctimas sobrevivientes y sus familias.

Un punto que genera especial preocupación es que las figuras delictivas de las que se está acusando a las personas que se someterán a juicio en los próximos meses (Carlos Antonio Rodas Mejia, el entonces Secretario de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia de la República de Guatemala, Anahy Keller Zabala, la entonces Subsecretaria de Protección, Acogimiento a la Niñez y Adolescencia de la SBS de la Presidencia de la República y Santos Torres Ramirez, el entonces Director del Hogar Virgen de la Asunción) son delitos menores, que no reflejan la gravedad e intencionalidad de las acciones y omisiones que resultaron en los hechos mencionados. En este sentido, el Comité contra la Tortura (CAT) en diciembre de 2018 expresó preocupación “acerca de la calificación de los hechos como delitos menores, sin tener en cuenta la intimidación como posible finalidad, la falta de investigación acerca de las alegaciones de malos tratos, abuso sexual y trata en dicho centro” (CAT/C/GTM/7, párr. 24).

El CAT urgió a Guatemala a “investigar con prontitud, exhaustividad e imparcialidad todas las alegaciones de homicidios, torturas, malos tratos, abusos sexuales y trata de niños, niñas y adolescentes institucionalizados en el Hogar Virgen de la Asunción”, que incluyeran tanto antes como después de los hechos ocurridos el 8 de marzo de 2017 (CAT/C/GTM/7, párr. 25 (a)).

En este contexto, es altamente preocupante que las víctimas sobrevivientes y sus familias no han sido atendidas ni reparadas debidamente. Por el contrario, ha habido múltiples hechos que indican la estigmatización y criminalización de las víctimas por parte de las autoridades. Tal es el caso de una de las sobrevivientes, quien recientemente ha sido denunciada y se ha iniciado una investigación en el Ministerio Público de Guatemala por ser la supuesta responsable de los hechos del 7 y 8 de marzo de 2017, así como los argumentos constantes de los abogados defensores acusando a las niñas, adolescentes y sus familias de culpables. De la misma forma, el hecho que las víctimas sobrevivientes sean sometidas a las mismas preguntas una y otra vez por parte de jueces, fiscales y abogados que actúan en los tres procesos distintos relacionados con los mismos hechos es sumamente revictimizante y las expone, junto con sus familiares, testigos, abogados y peritos involucrados en el caso, a un mayor riesgo de sufrir amenazas, coacciones e incluso atentados contra su vida e integridad.

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En el marco del 51 aniversario de la masacre del 2 de octubre de 1968, miles de personas marcharon de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo de la Ciudad de México.

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EN EJIDO SAN SEBASTIÁN BACHAJON ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA. CHIAPAS, MÉXICO. A 13 DE SEPTIEMBRE 2019.

A la Comandancia General Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las Juntas de Buen Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A l@s adherentes a la Sexta Declaración de México y el Mundo
A los medios de comunicación
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York
A los defensores de derechos humanos honestos e independientes
Al pueblo de México y el mundo

Jmololabex ants winiketik icha spatil a wotanik ta pisilik machatik nokol skoltabel te lum kinalik te yuun ta skuenta te nokol spojbel te chopol ajwalil.

Compañeros y compañeras reciban un saludo combativo para sus organizaciones y pueblos en resistencia de parte de los adherentes a la Sexta Declaración del ejido San Sebastián Bachajón.

En este medio, damos a conocer y aclarar los hechos que denunciamos anteriormente en relación a la detención de un compañero, MANUEL MORENO JIMÉNEZ, del ejido bachajon, derivado de esta detención le fue fabricado el delito de robo con violencia, lo cual nunca cometió, actualmente le fabrican otro delito, delito de abigeato, todo esto es fabricado con tal de que quedara preso.

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Cada 30 de agosto, Día Internacional contra las Desapariciones Forzadas, en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MovNDmx) realizamos una acción nacional que este año se replicará en 18 ciudades de México y 3 países de Centroamérica para exigir búsqueda, verdad, justicia y paz.

A lo largo del camino de la búsqueda de nuestros seres queridos encontramos que las desapariciones no son aisladas, que cada vez somos más colectivos, más familias, cada vez hay más fosas, más cuerpos sin identificar. Hoy, se cuentan más de 40 mil personas desaparecidas, más de 37 mil personas sin identificar. Estas cifras no son sólo números, son vidas, son historias, son miles de familias que viven en incertidumbre y son cifras que todos los días aumentan.

Si bien reconocemos la buena voluntad del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, es necesario que esa buena voluntad se convierta en acciones concretas, que no exista un límite presupuestario para la búsqueda, que todas las autoridades federales, estatales e instituciones de Gobierno se coordinen y se comprometan. Es indispensable que el fiscal general de la república –quien hasta el momento no ha recibido a las familias– actúe porque su trabajo es fundamental para buscar y poder acceder a la justicia. Las familias hemos generado propuestas para dar solución a la problemática de la desaparición y pedimos a las autoridades que las lleven a cabo:

1. Creamos la Ley sobre desaparición de personas: pedimos que se implemente correctamente en los estados y que se le asigne presupuesto para que funcione eficazmente.
2. Que la búsqueda sea inmediata: se debe de crear los protocolos de búsqueda para que las Fiscalías y Comisiones Locales de Búsqueda se puedan coordinar para la búsqueda efectiva y bajo la presunción de vida.
3. Ante la crisis de identificación forense, pedimos que se cree un “Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense” con recursos propios, apoyo internacional, técnico y financiero, que incluya una perspectiva transnacional para la identificación de personas extranjeras desaparecidas en México.
4. Las familias requerimos acciones y que la impunidad termine, para que las desapariciones dejen de suceder.  #BastaDeImpunidad
5. Que todo lo anterior se haga con la participación de las familias porque #SinLasFamiliasNo.

Estas propuestas están respaldadas por más de 100 mil firmas ciudadanas que exigen que se regresen a casa a las miles de personas desaparecidas en el país. México quiere verdad y justicia, no pararemos hasta encontrarles.

Atentamente

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México está integrado por más de 60 colectivos de familiares de personas desaparecidas, provenientes de 22 entidades federativas de México y de tres países de Centroamérica.

Colectivos de familiares:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES; Buscando Desaparecidos México, BÚSCAME; Colectivo BCS Sin ellos No AC (Baja California Sur); Colectivo Con Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz (Guanajuato); Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz; Colectivo 21 de Mayo (Tamaulipas); Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo Uniendo Esperanzas (Estado de México); Uniendo Cristales, A.C; Colectivo el Solecito de Veracruz; Colectivo Solecito Córdoba; Colectivo Solecito Cardel; Colectivo Solecito Tierra Blanca; Búsqueda Colectiva Coatzacoalcos Zona Sur (Veracruz); Colectivo Juntos por Hidalgo; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADDEM “Alzando Voces” (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A. C.; Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte y Zona Norte “Las Rastreadoras” (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Desaparecidos Querétaro; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos (Estado de México); Familias Enlaces Xalapa (Veracruz); Familiares de Desaparecidos de Orizaba y Córdoba (Veracruz); Familiares en Búsqueda María Herrera, A.C (Ciudad de México); Familiares acompañados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) (Chihuahua); Familiares de mujeres desaparecidas acompañados por el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC) (Chihuahua); Colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia (Chihuahua); Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Jalisco); Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica (Veracruz); Búsqueda María Herrera Xalapa; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos –Región Sureste (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México – Región Centro (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos – Región Laguna (FUUNDEC-FUNDEM); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL); Grupo V.I.D.A. Víctimas por sus Derechos en Acción (Coahuila); Madres en Búsqueda Coatzacoalcos (Veracruz); Madres en Búsqueda Belén González (Veracruz); AFAMIDEG- Asociación de Familiares de Personas Migrantes Desaparecidas de Guatemala, A.C; COFAMIPRO- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso, Honduras; COFAMICENH- Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras; Por Amor a Ellxs (Jalisco); Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz; Red de Desaparecidos en Tamaulipas, A.C.; Justicia Tamaulipas A. C.; De frente hasta encontrarte A.C Tamaulipas; Colectivo de Familiares y Amigos Desaparecidos en Tamaulipas; Madres Unidas por Nuestros Hijos San Fernando Tamaulipas; Red Eslabones por los Derechos Humanos: Eslabones Nuevo León, Eslabones Estado de México, Eslabones Morelos y Eslabones Michoacán; Red Nacional de Enlaces; Regresando a Casa Morelos; Rastreadoras por la Paz (Sinaloa): Colectivo Alondras Unidas en Búsqueda y Justicia de Nuestros Desaparecidos; Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos (Sinaloa); Sabuesos Guerreras, A.C. (Sinaloa); Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de los 70´s de Sinaloa; Una Luz de Esperanza (Sinaloa); Voces Unidas por la Vida (Sinaloa); Familias Unidas en Busca de una Esperanza (Zacatecas); Familias Unidas por Nayarit, AC.; Guerreras Buscadoras de Sonora; Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros (Nayarit); Zacatecanos por la Paz (Zacatecas); Unidas por el Dolor (Sinaloa).

Acompañado por 35 organizaciones de la sociedad civil de distintas entidades federativas, incluyendo la Ciudad de México.

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