represión
(Español) Hace 42 años| Operación Retiro de Televisores y la doble desaparición forzada
Por Constanza Lobo Sánchez
En diciembre de 1978, tras la orden explícita del dictador Augusto Pinochet, militares de los distintos regimientos del país desenterraron las fosas clandestinas ubicadas en el territorio nacional y desaparecieron los cuerpos de ejecutados políticos.
13 de septiembre de 1973. Es medio día y un camión Pegaso cruza desde el Regimiento Tacna en Santiago hasta el Fuerte Arteaga en Peldehue. Al interior del camión van más de 20 personas tendidas en el suelo, amarradas de pies y manos, y sus cabezas cubiertas con lonas. Eliseo Cornejo Escobedo, Suboficial del Ejército (r), sigue la caravana que se desplaza en dirección norte. Cuando llegan al recinto militar observa cómo uno a uno descienden a los detenidos para, a rostro descubierto, asesinarlos con subametralladoras. Los cuerpos caen en una fosa de quince metros y cinco años después, en diciembre de 1978, Cornejo vuelve al mismo sitio para participar de la exhumación ilegal de esos cuerpos, procedimiento nacional que fue llamado “Operación Retiro de Televisores”.
A través de un criptograma categoría A1, que fue enviado a las unidades de inteligencia y regimientos del país, se ordenó “desenterrar todos los cuerpos de prisioneros políticos ejecutados en la jurisdicción del regimiento y hacerlos desaparecer”, según declaró un suboficial de Inteligencia en 2004.
Hasta ese entonces, año 1978, la dictadura militar negaba la existencia de detenidos desaparecidos. “Informaba que eran personas que habían abandonado el país, dejado a sus familias, muerto o que, derechamente, no existían legalmente y que eran personas inventadas”, indica Marisol Intriago, Encargada de la Unidad de Derechos Humanos del Servicio Médico Legal.
No obstante, este discurso se fractura cuando el 30 de noviembre de 1978, Inocente Palominos – en la inflaqueable búsqueda de su hijo detenido desaparecido – encuentra cuerpos humanos en los hornos de cal abandonados en Lonquén. Palominos contacta a la Vicaría de la Solidaridad y son ellos quienes realizan una denuncia a la Corte Suprema por un caso que ha sido denominado como “Hornos de Lonquén”. En respuesta al impacto mediático de los hallazgos en Talagante, Pinochet y la Junta Militar deciden enviar el criptógrama a los regimientos.
Los 26 de La Moneda
El día 23 de diciembre de 1978, durante la “Pascua del Soldado”, nueve militares del Departamento II de Inteligencia y del cuadro permanente del Regimiento Tacna se reúnen al interior del Fuerte Arteaga en Peldehue. Esos nueve militares son Eliseo Cornejo Escobedo, Fernando Burgos Díaz, Hernán Canales Varas, José Canario Santibáñez, José Darrigrandi Marques, Isidro Durán Muñoz, Luis Fuenzalida Rojas, Darío Gutiérrez de La Torre y Sergio Medina Salazar.
Con una máquina retroexcavadora realizan una zanja de seis u ocho metros en el suelo para luego, con palas y chuzos, continuar cavando. Según la declaración de Durán Muñoz, “la faena de desenterrar los cuerpos duró de dos a tres horas” y en ese intertanto beben pisco para capear el calor y el hedor que comienza a rodearlos cuando, bajo unas latas de zinc, encuentran los cuerpos de los detenidos desaparecidos de La Moneda.
El 11 de septiembre de 1973, luego del bombardeo al palacio de gobierno, asesores del Presidente Allende, miembros de la Guardia Presidencial (GAP) y funcionarios del Servicio de Investigaciones son detenidos en La Moneda y trasladados en dos vehículos militares hasta el Regimiento Tacna. Allí fueron apresados y torturados hasta el 12 de septiembre y ese día, después de interrogatorios y vejámenes, liberaron a 17 del Servicio de Investigaciones. Los demás, asesores del Presidente de la República y miembros de la Guardia Presidencial, fueron llevados a Peldehue al día siguiente.
Hasta la fecha, se ha identificado a 26 de ellos: Oscar Avilés Jofré (28), Jaime Barrios Meza (47), Manuel Castro Zamorano (23), Sergio Contreras (40), Daniel Escobar Cruz (37), José Freire Medina (20), Daniel Gutierrez Ayala (25), Enrique Huerta Corvalán (48), Claudio Jimeno Grendi (33), Georges Klein Pipper (27), Oscar Lagos Ríos (21), Oscar Marambio Araya (25), Juan Montiglio Murúa (21), Julio Moreno Pulgar (24), Jorge Orrego González (29), Eduardo Paredes Barrientos (35), Enrique París Roa (40), Héctor Pincheira Núñez (28), Arsenio Poupin Oissel (38), Oscar Ramírez Barria (23), Luis Rodríguez Riquelme (26), Jaime Sotelo Ojeda (33) Julio Tapia Martínez (24), Héctor Urrutia Molina (22), Oscar Valladares Caroca (23) y Juan Vargas Contreras (23).
Sus cuerpos, rodeados de cal y granadas de tipo “Poi” sin explotar, vestidos y calzados como si los cinco años no hubiesen podido ingresar entre la arcilla, son maniatados y metidos en sacos paperos. Hasta allí, todas las declaraciones coinciden. Todos concuerdan que los cuerpos son llevados a dos camiones. No obstante, la aparición del helicóptero Puma enmarañar los relatos.
Algunos, como Fuenzalida Rojas, aseguran que subieron los cuerpos al helicóptero ese mismo 23 de diciembre. Otros, como Gutiérrez de La Torre, dicen que fue dos días después. Según su testimonio presentado al Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, “unos dos días después fue (Gutiérrez) llevado a Peldehue en un helicóptero a un sitio ubicado frente al recinto y cerca de un polígono de tiro, lugar donde se encontraban los dos camiones antes referidos, y ayudados por los pilotos cargaron los cuerpos y se dirigeron a la costa y en una zona cerca de la Fundición Ventanas procedieron a lanzarlos al mar, para retornar después a la base ubicada en Tobalaba”.
Independiente del día y la hora, esa acción se realizó. Además del secuestro, la tortura, la ejecución y posterior inhumación ilegal de los detenidos de La Moneda, también se realizó la exhumación ilegal de sus cuerpos, culminando todo con la desaparición forzosa. Se estima que los cuerpos fueron lanzados en las costas de la región de Valparaíso, entre Quintero por el norte y San Antonio por el sur.
Todos los militares mencionados han sido imputados, sus declaraciones y sentencias son de acceso público, no obstante, los autores intelectuales han fallecido. Enrique Morel Donoso, comandante de la guarnición de Santiago en 1978, falleció en febrero del 2002, y Joaquín Molina Fuenzalida, comandante del grupo de artillería del Regimiento Tacna, fue asesinado por Manuel Contreras Valdebenito, hijo de Manuel Contreras, en 1989. Odlanier Mena, director de la CNI, mucho más arriba en la columna de militares y organismos de inteligencia, se suicidó en 2013 antes de ser retirado del Penal Cordillera y trasladado a Punta Peuco.
Hasta esta publicación, quince de los detenidos han sido reconocidos a través de análisis genéticos. Fragmentos óseos, algunos de no más de diez centímetros, han permitido reconstruir sus historias y proyectarlas en presente. Así, se ha identificado a Oscar Avilés Jofré, Jaime Barrios Meza, Manuel Castro Zamorano, Claudio Jimeno Grendi, Georges Klein Pipper, Oscar Lagos Ríos, Julio Moreno Pulgar, Enrique París Roa, Héctor Pincheira Nuñez, Luis Rodríguez Riquelme, Jaime Sotelo Ojeda, Julio Martínez Tapia, Héctor Urrutia Molina, Juan Vargas Contreras y Juan Montiglio Murua.
La operación en el resto del país
En 1978, cuando el ocultamiento de los asesinatos se volvió una orden explícita desde la comandancia en jefe del Ejército, en Chihuío las FFAA desenterraron los restos de los 17 trabajadores pertenecientes al Sindicato Campesino Esperanza del Obrero del Complejo Maderero Panguipulli y los lanzaron al mar. Sus cuerpos, antes de la inhumación ilegal, estuvieron 15 días al aire libre. A pesar de ambas acciones, la fosa del desentierro que fue hallada en 1990 aún contaba con restos óseos que permitieron la identificación de cinco ejecutados: Carlos Acuña Inostroza (46), Luis Ferrada Sandoval (42), Daniel Méndez Méndez (42), Ricardo Ruiz Rodríguez (24) y Manuel Sepúlveda Rebolledo (28).
De esa forma, el encubrimiento y la doble desaparición cruzó el territorio desde la región de Arica en Putre, hasta la región de Los Ríos en Chihuío, y continuó durante 1979. “Las investigaciones judiciales indican que los restos recuperados fueron arrojados al mar, quemados en hornos, arrojados a volcanes, etc.”, señala Marisol.
En Putre, Juan Peña Fuenzalida (21) y Sergio Pantoja Rivera (19) fueron asesinados por agentes del Servicio de Inteligencia Militar entre octubre y noviembre de 1974. Ambos fueron sacados del Regimiento Rancagua, donde realizaban el servicio militar, y llevados a un punto desconocido. No fue hasta 25 años después, en 1999, que sus restos fueron encontrados entre tierra removida en las cercanías a Putre.
En Calama, donde el paso de la Caravana de la Muerte costó la vida de 42 personas, 26 de ellas fueron desaparecidas. Por el relato de un minero, los familiares de los ejecutados políticos supieron de la existencia de cuerpos encontrados en el desierto. Los militares, percatados de la búsqueda, desenterraron los cuerpos y los desaparecieron en el mar. Algunos restos, pequeñas piezas óseas, aparecieron en el sitio y a sus alrededores en pericias posteriores.
En Santiago, la CNI desapareció los cuerpos encontrados en Cuesta Barriga por un cazador de conejos. Se estima que fueron más de veinte los cuerpos ensacados y, presumiblemente, lanzados al mar. Debido a la ubicación de la mina, la diferencia del estado de los cuerpos, se estima que fue utilizada por distintas ramas de la represión (operación cóndor y cuartel Simon Bolivar) y en distintos años. Hasta la fecha, once de las víctimas han sido identificadas.
Asimismo la Corporación Memorial Cerro Chena, en respuesta al anuncio de construcción de un nuevo complejo deportivo en el “Cuartel Nº2” de San Bernardo, denuncia que ese recinto podría considerarse también dentro de la Operación ya que en 2002 encontraron dos fosas con osamentas de detenidos desaparecidos que acusaban remoción de cuerpos.
En Rapel, las víctimas secuestradas y ejecutadas el 16 de octubre de 1973 en Paine, fueron inhumadas ilegalmente en la quebrada Los Quillayes en las cercanías del Lago Rapel. Luego, entre 1978 y 1979, sus restos fueron exhumados ilegalmente y desaparecidos, según declararon las FFAA en la Mesa de Diálogo, frente a Pichilemu. Esta fosa fue identificada en 2007 y permitió la recopilación de 295 fragmentos óseos y 311 evidencias culturales (botones, vidrios, textiles, anillos, etc).
En Linares, las FFAA se encargaron de las exhumaciones ilegales al interior de la Escuela de Artillería de Linares y en la localidad de Constitución. En el regimiento encontraron “dos cuerpos que estaban sin ropas” y en Constitución, en un entierro clandestino, encontraron “tres cráneos”. Todos los restos fueron calcinados. Si bien algunos militares han sido condenados por la desaparición y exhumación ilegal de cinco personas, son en realidad nueve los detenidos desaparecidos contemplados en una misma operación.
En Los Ángeles, en el fundo Huaqui 3 del sector norte de La Mona, trabajadores de la empresa forestal Mininco encontraron osamentas y casquillos de balas. Se estima que al menos seis personas fueron sepultadas y se establece, además, “que la mayor parte de los cuerpos fueron removidos y sustraídos del lugar”. Trece años después, en 2004, se confirmó la identidad de César Flores Baeza (30), Mario Belmar Soto (30), Juan Ulloa Pino (26), Víctor Ulloa Pino (16) y Juan Yáñez Franco (25).
Finalmente, en Mulchén, al sur de Los Ángeles, 18 campesinos de los fundos El Morro, Carmen y Maitenes, y Pemehue, fueron asesinados en octubre de 1973. Sus cuerpos fueron inhumados ilegalmente en una fosa al costado norte del río. A diferencia de las situaciones del norte, la fosa al ser de conocimiento público sirvió de tumba para los familiares hasta marzo de 1979 donde los restos de once de ellos fueron removidos, insertos en sacos y llevados hasta Concepción, donde los calcinaron en un horno de ladrillo del Departamento II. El fallo está disponible aquí.
Situación actual
Hasta la fecha, la Operación Retiro de Televisores cuenta con diez momentos identificables y diez u once fosas clandestinas halladas entre 1990 hasta 2007. Es decir, tan sólo trece años atrás. Ha sido el actuar de familiares de detenidos desaparecidos, quienes han iniciado distintos procedimientos judiciales que involucran al PJ y al SML, lo que ha permitido trazar pequeñas cuotas de verdad sobre esta operación. No obstante, esta reconstrucción no ha estado exenta de inexactitudes.
Los cuerpos de Oscar Avilés Jofré, Eduardo Paredes Barrientos, Hector Urrutia Molina, todos parte del grupo de La Moneda, fueron identificados erróneamente en el Patio 29, la parcela que fue utilizada para sepultar clandestinamente a ejecutados políticos. Por esto, es posible encontrar información errada acompañando sus nombres.
Según Marisol, cuando se aplicó el análisis de ADN mitocondrial en 2006, se estimó que cerca de 90 casos del Patio 29 presentaban exclusiones, “es decir, que los perfiles genéticos de las víctimas no coincidían con sus supuestas familias maternas”. Esta nueva técnica de extracción de ADN en hueso comenzó a utilizarse recién en 1999 y a diferencia del nuclear, es mucho más estable y “es la parte de ADN que todas las personas heredamos por vía materna, entonces compartimos esa misma secuencia con nuestra madre, hermanos de madre, y todo pariente de línea materna”.
Por eso, desde el año 2009, el Servicio Médico Legal ha creado una base de datos genéticos de familiares que ha permitido la comparación de perfiles genéticos con los restos óseos encontrados en las fosas clandestinas. Hasta la fecha, se ha identificado alrededor de 200 personas a través de la acción conjunta de variados elementos técnicos (ya sea a través de ADN nuclear o mitocondrial) con la ratificación de un juez.
Marisol cree que aún hay fosas clandestinas que no han sido identificadas, “sabemos que esas fosas existen, y que hay personas ligadas a los aparatos de represión que las conocen, se requiere que den información y que las causas sigan abiertas, que los jueces y ministros no dejen de investigar”.
El tiempo continúa expandiendo la brecha de la impunidad, volviendo más difícil la búsqueda e identificación, pero ella concluye, en un tono más amable y esperanzador, “estamos seguros de que existe la posibilidad de seguir encontrando a las víctimas de desaparición forzada”.
Se estima que son más de 1.200 personas las víctimas de desaparición forzosa de nuestro país. La Operación Retiro de Televisores fue la decisión, consciente y premeditada, de volver a desaparecerlos, de perderles la pista, ojalá y para siempre. Pero los huesos resisten, escondidos en la tierra, al igual que la memoria. Y sus nombres aparecen de nuevo, y continuarán haciéndolo, año tras año. Día tras día.
Foto de portada Museo de la Memoria. Disponible en el siguiente link: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fww3.museodelamemoria.cl%2Fwp-content%2Ffiles_mf%2F1563902305GAP_1973_web.pdf%3Ffbclid%3DIwAR1Bnl6rapR9fhrc9YdKMznbb0Sqd7hEBt4xqj1SQR6UeKQSDZgqnlyDB6c&h=AT0m2g6K8rD57dWsLpyAQT86dwSReMU7r8P7ShYSdLbnDjJ58p2PTpgEwYQKSa8exbhOaRPH3_0CaPso399WGTqyLDkSGqEwLRsvBxRpEW2IZu8qzKWT80zBIbBWl0bN9HY
(Español) Emergencia por pandemia es utilizada en Guatemala para realizar desalojos ilegales
Foto de portada por David Toro / Prensa Comunitaria
Los desalojos ilegales en Guatemala, así como los ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos aumentaron en el contexto de la pandemia por la Covid-19, según testimonios y registros elaborados por la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua).
En el país centroamericano, y bajo el pretexto de frenar los contagios del virus, fueron implementadas medidas de contención como los toques de queda. Desde el 16 de marzo, este contexto fue aprovechado tanto por el gobierno, como el sector privado, para realizar desalojos ilegales, principalmente en la región norte de Guatemala, en los departamentos de Alta Verapaz y Petén.
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Aunado a ello, de enero a septiembre del presente año, se han registrado 844 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos. “Es la cifra más alta que hemos registrado, entre ellas hay 14 asesinatos”, detalló Jorge Santos director de Udefegua durante el evento “Desalojos Extrajudiciales y Violaciones a Derechos Humanos en Guatemala”.
Santos detalló algunos casos violentos sucedidos en plena pandemia.
Por ejemplo, lo sucedido con las comunidades Washington y Dos Fuentes, de Purulhá, Baja Verapaz, las cuales fueron desalojadas violentamente por un grupo de personas armadas. “Tenemos registrado que durante estos desalojos se intentó asesinar a dos jóvenes de 15 y 17 años”, subrayó el integrante de Udefegua.
En diversas ocasiones, la comunidad indígena poqomchi’ de Dos Fuentes ha denunciado ataques armados. A su vez, otras organizaciones como el Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano (CCDA) han señalado el incremento de la violencia a partir de la crisis sanitaria declarada en marzo en Guatemala.
“Este contexto es aprovechado por grupos que quieren generar violencia y asesinatos, el Estado de Guatemala no está brindando seguridad ni apoyo, está solapando y contribuyendo a la impunidad de grupos criminales”, destacó Leocadio Juracán, dirigente del CCDA.
En el caso de la comunidad de Washington, ésta fue desalojada el 31 de marzo por un grupo armado a quienes se ha identificado como miembros de un equipo de seguridad de la familia Thomae. De origen alemán y dedicada a la siembra de café, los Thomae también son propietarios de la hidroeléctrica Juminá S.A., la cual opera en otro sector de la finca donde se ubica Dos Fuentes.
Palma de aceite, un factor más para los desalojos
Otro caso sucedido en el contexto de la pandemia es el del intento de desalojo de 200 familias en Tierra Blanca, municipio de Sayaxché, Petén.
El 13 de abril, a las 7:30am, 45 miembros de un comando de seguridad privada vinculada con Industria Chiquibul, S.A., empresa dedicada a la cosecha y extracción de aceite de palma, se presentaron en la comunidad sin previo aviso y sin una orden judicial que autorizara el desalojo.
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Tras ingresar a la comunidad, el comando disparó armas de fuego para intimidar a las familias y echarles de sus hogares. Aunque en esta ocasión la comunidad logró defenderse y resistir ante las fuerzas de seguridad privada, Izáis Tiul Pop, un miembro de la comunidad de 30 años, resultó gravemente herido durante el intento de desalojo fallido.
Ocho miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron testigos de lo ocurrido y no hicieron nada para evitarlo. “La falta de acción protectora por parte la Policía Nacional Civil es aún más preocupante a la luz de la pandemia de Covid-19 (…) Desde hace varios años, las empresas de aceite de palma que operan en la región se han apropiado de tierras de comunidades indígenas en situación de vulnerabilidad utilizando medidas turbias, coactivas y, a veces, hasta ilegales” señala Lara Domínguez, integrante de Minority Rights Group.
Desalojos “en apego a la ley”
Entre los días 9 y 10 de diciembre, miembros de la PNC quemaron las viviendas de 200 familias q’eqchi de la comunidad Tres Lagunas, cuenta el abogado Juan Carlos Peláez para Prensa Comunitaria.
De acuerdo a los testimonios de los campesinos, durante el desalojo la policía quemó las viviendas, robó animales, ropa, instrumentos de labranza, arrancaron las siembras y detuvieron a tres personas, miembros de las comunidades indígenas de Oxlajuj Qej y de Tres Lagunas, acusados de usurpación a la propiedad privada.
Cabe destacar que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) de la Libertad, Petén, a través del funcionario Diego Gonzáles, aseguró que el desalojo se realizó apegado a los protocolos, pese a que varias de las personas afectadas con el desalojo aseguraran todo lo contrario.
De acuerdo a la nota del abogado Peláez, en la notificación del Organismo Judicial (OJ) para la PDH, la finca el Zapotal, donde se realizó el desalojo, es propiedad de la empresa inversiones SOLUNIN sociedad anónima. Según el portal de Guatecompras, la empresa tiene como actividad económica el asesoramiento empresarial en materia de gestión y su represente legal es Luís Arturo Ramírez Melgar.
Ramírez Melgar también es el representante legal de la Hidroeléctrica El Brote, S.A. que tiene operaciones activas en el municipio de Chicacao, Suchitepéquez.
Para el abogado Peláez, “no se respetó el debido proceso, la comunidad nunca se enteró del desalojo ni quien emitió la orden, el papel presentado no tiene sello ni firma. Las órdenes tienen que ir suscritas para tener un medio de defensa posterior, la inmediación de una juez que ha sido delegada para un acto judicial no es suficiente”.
El abogado también enfatizó que el desalojo violento se realizó a pesar de la situación de crisis tanto sanitaria por la Covid-19 y las inundaciones de las tormentas tropicales Eta y Iota, las cuales afectaron a más de un centenar de familias en la misma región de Tierra Blanca.
