The campaign to defend the forest in Atlanta, Georgia has become one of the most vibrant movements of the post-Trump era, interweaving environmentalism, abolitionism, and the fight against gentrification. Yet as police shift to employing lethal violence and indiscriminate terrorism charges, it has reached a critical juncture. Participants explore how this struggle has developed over the past year, reflecting on the practices that have given it strength and analyzing the challenges before it.

The Stakes of the Fight

Our society is at a crisis point. Decades of escalating economic pressure have created rampant inequality and desperation. Rather than addressing the root causes of these, politicians across the political spectrum continue channeling more and more money to police, relying on them to suppress unrest by force alone. This dependance has enabled police departments and their allies to consume a vast amount of public resources. Meanwhile, driven by the same economic pressures, catastrophic climate change is generating hurricanes, forest fires, droughts, and widespread ecological collapse.

In this context, starting in April 2021, a bold movement set out to defend a forest in Atlanta, Georgia, where local politicians and corporate profiteers want to build a police training compound and a soundstage for the film industry. The training compound, known as Cop City, would be the largest police training facility in the United States. It would devastate the South River Forest, also known as Weelaunee Forest in honor of the Muscogee Creek people who lived there until they were deported in the Trail of Tears.

The movement to defend the Weelaunee Forest has drawn together a wide range of groups and strategies. Legal defense organizations like the South River Forest Coalition, which is bringing a lawsuit against the Dekalb County government, work parallel to groups like the SRY Campaign, an anonymous collective of researchers who publicize the home and office addresses of those who seek to destroy the forest. While abolitionists and radical environmentalists have established encampments and tree houses in the forest, a network of pre-schools and parents has built community gardens and hosted public outreach events. Still others have organized raves and cultural events in the forest, connecting the most ambitious artists with the irrepressible spirit of the movement.

Among those who wish to see Cop City built are the Atlanta Police Foundation (APF), mayor Andre Dickens, and the various corporations that stand to profit on the development. At the same time, thanks to a back-room deal with the city government, real estate mogul and film industry executive Ryan Millsap is preparing to destroy a public park on an adjacent land parcel within the same forest.

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Desde el año de 2013, el Corredor Industrial Ciudad Textil de Huejotzingo en coordinación con los municipios de Juan C. Bonilla, Huejotzingo y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento en Puebla (#CEAS) pretenden construir dos drenajes que desemboquen todos sus desechos tóxicos directamente al río #Metlapanapa, afluente del río Atoyac.

Este corredor industrial desecha metales pesados como plomo, cadmio, cobre, mercurio, plomo, arsénico, cianuro, zinc, entre otros químicos altamente mortales al estar en contacto con la flora, fauna y personas. Los estudios realizados en poblaciones cercanas al río #Atoyac señala que estos metales pesados han provocado enfermedades mortales como cáncer, insuficiencia renal, malformaciones congénitas, abortos, infertilidad y diversidad de tumores y enfermedades gastrointestinales.

Durante varios años las guardianas y guardianes del río Metlapanapa conformados por los pueblos de Calpan, Zacatepec, Nextetelco, Cuanalá, Ometoxtla, Almoloya, Texintla, San Diego los Sauces, Momoxpan, Cuautlancingo, Colonia Zavaleta, San Matías Cocoyotla, Coronango, Colonia Santa Cruz Guadalupe y la colonia Romero Vargas, colindantes al río Metlapanapa se han organizado para frenar este proyecto de muerte que dañaría la salud y la vida de todo el territorio.

En el año de 2019, los empresarios de Ciudad Texti, la #Ceas-Puebla, el gobierno Estatal de Miguel Barbosa Huerta en coordinación con la presidenta de Huejotzingo y Juan C. Bonilla, Angélica Alvarado Juárez y Joel Lozano Alameda respectivamente, pretendieron impulsar este proyecto de muerte. La organización de los pueblos detuvo las obras, sin embargo, la represión del capital y el estado no se hizo esperar. El 30 de octubre 2019 la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el ejército reprimieron a los pueblos que protestaban contra este proyecto de muerte.

Estos actos llevaron a los pueblos a tomar la determinación de la destitución del presidente auxiliar de Santa María Zacatepec, Maurilio Teutle Huelitl y la toma de la presidencia municipal en San Mateo Cuanalá, además de iniciar el proceso de revocación de mandato del presidente municipal. Se nombró un alcalde mayor con base en los usos y costumbres de la comunidad y se frenó el proyecto.

El 24 de enero de 2020 el Estado y el Capital detuvieron y encarcelaron al defensor del territorio Miguel López Vega convirtiéndolo en el primer #PresoPolitico de la #4T. Inculpándolo de tres delitos: 1. obstrucción de obra pública, 2. Daño a las vías de comunicación y 3. Uso de explosivos. Delitos que nunca cometió y de los cuales fue absuelto y liberado 5 días después.

Tres años después, en el marco del día mundial del agua, por presión de la Comisión Estatal del Agua, el corredor industrial #CiudadTextilHuejotzingo, la CEAS PUE , el presidente municipal de Juan C. Bonilla; José Cinto Bernal, la presidenta de Huejotzingo; Angélica Alvarado y el gobierno Morenista de Puebla representado por Sergio Salomón Céspedes, el Tribunal Superior de Justicia en Puebla dictaminó volver a juzgarlo por los mismos delitos por los que ya fue absuelto. El próximo miércoles 29 de marzo a la 1.30 de la tarde se celebrará en la Casa de Justicia de Cholula, Puebla, la audiencia que puede volver a llevar injustamente a la cárcel a un defensor del territorio cuya única responsabilidad es la de persistir en la lucha en defensa del agua y del territorio.

EL CRIMEN ORGANIZADO ESTA EN LAS EMPRESAS Y EL MAL GOBIERNO

Mientras los verdaderos criminales contaminan al río Atoyac y sus afluentes convirtiéndolo en el segundo río más contaminado de México y el mundo y generando miles de enfermedades incurables y muertes a su paso; el estado y el capital reprimen a defensores del territorio.

Mientras Alfredo Ávila Salazar, representante de la CEAS – Puebla en el tiempo del Morenovallismo y director del proyecto de desechos tóxicos Ciudad Textil Huejotzingo denunciado por el desvío de más de mil millones de pesos destinados al Saneamiento del río Atoyac y sus afluentes que terminó en la campaña electoral de Martha Erika Alonso, sigue prófugo; el estado y el capital encarcelan a los defensores de la vida.

Mientras Elsa Bracamonte González, abogada ambientalista que permitió y gestionó la entrada del Corredor Industrial Ciudad Textil y con ello la enfermedad y muerte de miles de personas, flora y fauna y ex titular de la Secretaría de Movilidad en Puebla destituida por la corrupción, denuncias y deficiencias en el transporte público es cobijada para seguir con su proyecto político morenista; el capital y el estado; desprecian y explotan a los pueblos y su territorio.

¡Miguel López es un defensor del territorio y la vida; los verdaderos criminales están en el Gobierno y el capital!

¡Justicia para Miguel López y el río Metlapanapa!

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La guerra contra la vida y quienes la defienden se incrementa en todos nuestros territorios, más si son los proyectores regionales prioritarios del actual capataz, en el sur el Tren mal llamado maya y el Corredor Interoceánico que se impone con la Marina y el asedio a la comunidad de Puente Madera con 12 compañeros criminalizados por defender sus tierras o en la zona de Mogoñe Viejo municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca donde tienen detenido el Tren Interoceánico por más de 20 días y por ello criminalizan y amenazan al compañero Carlos Beas Torres, mientras el bloqueo es asediado por igual la Marina que el crimen organizado, las dos fuerzas del actual narcoestado. Mientras que Fidencio Aldama de la Tribu Yaqui sigue se encuentra preso por más de 7 años por participar junto a su pueblo contra la instalación de un gasoducto.

Hoy, en el centro del país, donde comienza el sur, en el Estado de Puebla, en la comunidad de Santa María Zacatepec al compañero Miguel López Vega el aparato judicial del Estado de Puebla amenaza con volver a encarcelarlo por los delitos en donde se había demostrado en 2020 que no existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso.

La Comisión Estatal del Agua en un absurdo de la realidad, se quejo en octubre de 2022 que no se había enterado de la liberación de Miguel por los delitos de la cual la CEAS es la supuesta víctima, apelo la resolución dos años después, cuando solo tiene 3 días hábiles para apelar, y en un absurdo mayor la Sala aceptó la apelación y la declaró fundada señalando que a la CEAS Puebla no se le cito a la audiencia inicial, cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales establece claramente que la audiencia es válida sin la presencia de la víctima. Y en la burla de nuestro sistema de justicia, el Juez Primero de Distrito en Materia Penal del Estado de Puebla, acaba de desechar el amparo contra esta apelación por señalar que no le causa agravio a Miguel que le vuelvan a imputar delitos que ya le habían sido quitados por una decisión ilegal de la Sala Superior del Tribunal de Justicia en el Estado de Puebla.

Pero lo absurdo deja de ser absurdo y se convierte en rabia e indignación cuando por el otro lado se han ganado amparos que señalan que la defensa de la obra pública de la cual acusan de obstrucción a Miguel, se realizó sin consulta previa y libre consentimiento, que la obra fue clausurada por representar un riesgo al medio ambiente y que incluso es investigada por actos de corrupción en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Puebla. Sin embargo del lado del ladrón, del industrial, del amigo y patrocinador del capataz, no hay persecución judicial, a ellos no los persiguen, al contrario, siguen dejando que el Parque Industrial Ciudad Textil descargue sus aguas tóxicas a cielo abierto y en el drenaje que lograron enterrar, contaminando los pozos de la comunidad de Santa María Zacatepec y de la región.

Por Santa María Zacatepec, Mpo. Juan C. Bonilla pasa el Proyecto Integral Morelos y es cuando lo absurdo se esclarece en crimen de Estado, en que quieren acabar con la defensa del territorio en el municipio de Juan C. Bonilla para instalar más parques industriales, ampliar el aeropuerto y convertirlo de carga, instalar drenajes industriales y contaminar nuestros ríos, suelos, aire y ocupar la tierra para su destrucción. Pero frente a este malvado plan del mal gobierno, existe una defensa de la tierra y de la vida.

Y piensan que amenazando con cárcel acabaran con la defensa, pero la resistencia no es de uno, ni de unos cuantos, es de cientos de años y seguiremos resistiendo y existiendo como pueblos originarios y seres humanos que aman la naturaleza y la seguirán protegiendo.

Es por eso que frente a la guerra continuada del gran capital contra la vida y sus pueblos, hacemos un llamado a todas nuestras hermanas y hermanos del CNI-CIG, redes de apoyo al CNI-CIG, compañeras y compañeros de México y el mundo a que denunciemos la criminalización y encarcelamiento de los que son objeto quienes defienden el agua y la vida.

Es especial hacemos extensivo el llamado para este miércoles 29 de marzo a una concentración en la Casa de Justicia de San Andrés Cholula para exigir cese el hostigamiento judicial y la libertad incondicional de nuestro compañero Miguel López Vega. Así como también acciones de solidaridad con los criminalizados por defender la vida de acuerdo a los modos, formas y geografías de cada quien.

Comisión de Coordinación del CNI-CIG

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A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
A la opinión pública nacional internacional:
A las organizaciones sociales, solidarias:
A lo pueblos y comunidades indígenas:

Condenamos agresión armada contra plantón de indígenas que se oponen al Corredor Interoceánico y compañeros de la org UCIZONI.

Las personas, colectivos y organizaciones, DENUNCIAMOS Y CONDENAMOS la brutal agresión ocurrida anoche, donde civiles armados acompañados y protegidos por la policía estatal del Estado de Oaxaca y elementos de la Secretaria de Marina, quienes atacaron en dos ocasiones de manera violenta al plantón de los compañeros y compañeras de Mogoñe Viejo, Guichicovi Oaxaca, dejando un saldo de un compañero herido, por oponerse a las obras de modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que les han venido generando afectaciones y despojos.

En Oaxaca, este es el tercer ataque en un mes de grupos de civiles armados en contra de movilizaciones pacificas, bajo el gobierno del morenista Salomón Jara. Estos hechos son sin duda la práctica más clara de gobiernos que buscan el camino de la represión y no del diálogo, por lo cual hacemos un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos al Alto Comisionado de Naciones Unidas, Amnistia Internacional y a los mecanismos de protección a defensoras y defensores de los derechos humanos, para garantizar la Integridad física de quienes permanecen en el plantón de resistencia de Mogoñe Viejo, que a pesar de la agresión hoy cumple 26 días.

Como Organizaciones sociales manifestamos nuestro mas enérgico repudio, a las prácticas represivas adoptadas por funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca, y exigimos sean respeten los derechos de lo Pueblos indígenas del Istmo que se oponen a proyectos extractivistas, que como el Corredor Interoceanico del Istmo de Tehuantepec, que significan despojos y violación a sus derechos.

No olvidamos las represalias ocurridas contra los compañer@s que se oponían al Proyecto Integral Morelos, culminando con el asesinato de nuestros hemano Samir Flores, señalamos una línea de acciones dirigida desde el estado para callar nuestra voz, así como violentar a las y los defensores de la tierra y el territorio, por lo que les hacemos responsable de cualquier agravio a nuestr@s compañer@s.
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Mogoñe, San Juan Guichicovi, Oaxaca; 24 de marzo 2023; Civiles armados y policías estatales atacaron al plantón de los campesinos de MogoñeViejo e hirieron a dos de ellos. Se llevaron tres máquinas. A pesar de ello, se mantiene el plantón y bloqueo a los trabajos de modernización del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en el tramo Mogoñe Viejo-Vixidu.

El plantón lleva más de 25 días instalado y ha sido acosado por grupos de choque, militares de la marina y han sido amenazados activistas como Carlos Beas, miembro de la UCIZONI y del CNI, esto tras la visita de Obrador y sus patrones-cómplices gringos que se pasearon sobre la imposición del megaproyecto.

El Secretario de estado, el Embajador y congresistas de Estados fueron a “supervisar” los avances del megaproyecto del corredor interoceánico. Este megaproyeto ha sido denunciado por despojar a comunidades de sus tierras y derechos para beneficio del capital trasnacional, principalmente estadounidense. En el istmo se pretende agudizar la instalación de corredores industriales de capital extranjero, se creará una frontera militarizada a lo largo del un nuevo tren pensado principalmente para la circulación de las mercancías y que pone el riesgo que corre la soberanía con este megaproyecto.

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Centro de Lengua y Cultura Zoque-Medios
Chapultenango, Chiapas, México
22 de marzo de 2023: día mundial del agua

En el marco de la conmemoración de los 41 años de las erupciones del volcán Chichonal y de la constatación del incremento de las ambiciones del gran capital por destruir a la madre tierra, el Centro de Lengua y Cultura Zoque en conjunto con las Defensoras de Nasakobajk convocan a seguir en la lucha por levantar la vida.

Del 21 al 26 de marzo se impartirán talleres de pintura, literatura y medios libres entre jóvenes zoques de Chapultenango, Chiapas, México. Los talleres tienen por finalidad la compartición de saberes y conocimientos que van más allá de los campos disciplinares de formación occidental. Al respecto, conviene señalar que las artes y las disciplinas son un pretexto para la consolidación de la memoria, la historia y la oralidad propia, las cuales nos ayuden a situarnos como pueblo zoque en tiempos de crisis neoliberal.

Otra de las actividades que se desarrollarán sera la presentación del libro Cada vez más Mokayas. Pensares y sentires de zoques contemporaneos, Ce-Acatl, 2022, el día jueves 23 de marzo. El libro es el resultado de un trabajo colectivo entre zoques de Chiapas y Oaxaca que tienen como característica el acceso a la educación superior, el trabajo comunitario en el campo y la ciudad así como por buscar nuevas interpretaciones de nuestra historia.

De igual forma, el viernes 24 de marzo se contará con la puesta en escena de una obra de teatro títulada: La vida o la mina. La obra será escenificada por jóvenes estudiantes de nivel básico de la telesecundaria 051 “Juan Escutia”. La obra aborda las amenazas que enfrentan los territorios zoques del norte de Chiapas, y sobre todo las iniciativas por su defensa, que construya horizontes de vida para superar el capitalismo.

Asimismo, el viernes 24 de marzo en Francisco León y el sábado 25 de marzo en Chapultenango se realizarán charlas informativas a cargo de la directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climatico Sandra Urania Moreno Andrade y el vulcanólogo Miguel Ángel Alatorre Ibargüengoitia. La iniciativa pretende construir un puente de información directo entre las instituciones y la población zoque sobre el monitoreo, gestión y cambios que registre el volcán.

Por último el domingo 26 de marzo se llevará a cabo la exposicón de las obras pictóricas elaboradas por los niños de la comunidad que participaron en el taller de pintura impartido por el artista zoque Saúl Kak. Con todas estas actividades se busca incrementar la participación de jóvenes y niños en la construcción de espacios de lucha, del fortalecimiento de la cultura y de la memoria colectiva.

* Durante los días de las actividades se publicarán crónicas visuales producto de los talleres de medios libres y literatura.

https://www.facebook.com/watch/?v=607058544259891

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
24 de marzo de 2023
Boletín No. 08

La verdad pendiente por los crímenes cometidos en el marco de la contrainsurgencia en Chiapas

• Exigimos al Gobierno Federal que reconozca abierta y formalmente la estrategia de terror utilizada.
• La negación de la verdad perpetúa una herida psicosocial en los pueblos y comunidades.

En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recordamos a las miles de víctimas de la contrainsurgencia en Chiapas y recalcamos el pendiente histórico del gobierno mexicano de reconocer abiertamente sus impactos y responsables de su implementación.

Tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, el Gobierno Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), impulsaron una estrategia de terror contra los pueblos que buscó combatir a la insurgencia y sociedad civil simpatizante. Esta política de Estado llevó a la comisión de diversos crímenes de guerra y lesa humanidad entre los que destacan los desplazamientos forzados, desapariciones, quemas de casas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, entre otras atrocidades.

Existen bastas pruebas que demuestran que diferentes instancias Federales, Estatales y Municipales se coordinaron para conformar, armar, adiestrar y proteger a grupos paramilitares encargados de los crímenes que el Ejército no podía realizar directamente, entre los que se encuentra la lacerante herida de la Masacre de Acteal cometida en 1997, en la que 45 personas, y 4 aún no nacidos, fueron asesinadas por un grupo paramilitar vinculado a la presidencia municipal de Chenalhó. No se trató de un hecho aislado, sino el culmen de las agresiones paramilitares contra la población maya tsotsil de los Altos de Chiapas.

Nuestro caminar está marcado por las víctimas que dejó el grupo paramilitar Paz y Justicia que operaba al norte de Chiapas, en especial por las 37 personas desaparecidas y 85 asesinadas de este periodo. Entre ellos no olvidamos a Antonio González Méndez miembro de las bases civiles del EZLN, luchador social que se esforzó por construir una economía digna como responsable de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, y cuya visibilidad en la construcción de ese proyecto civil autonómico lo llevó a ser un blanco de la guerra de terror.

Hasta ahora, pese a la alternancia política dentro de la actual administración Federal y Estatal, la verdad y la justicia siguen siendo un pendiente. Ningún gobierno ha reconocido formalmente la existencia de esta política de Estado, incluso se mantienen narrativas racistas que intentan exonerar a gobiernos pasados y estigmatizan a los pueblos como responsables de la violencia gestada desde altas cúpulas.

A paso lento, organizaciones de víctimas como el Colembij y familiares de Antonio González Méndez en la zona Norte de Chiapas; o Las Abejas de Acteal en la zona Altos, se aferran a la memoria, reclaman verdad, justicia y búsqueda de sus desaparecidos. En este camino, un logro importante es el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien tuvo por demostrado que en Chiapas se desarrolló una política contrainsurgente, que llevó a la formación de grupos paramilitares que llevaron a cabo desapariciones y asesinatos.

Con motivo de las disculpas públicas por la desaparición de Antonio González Méndez, en enero del 2021, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, reconoció que ésta se suscitó en el marco de una política contrainsurgente. Meses más tarde la Secretaría de Relaciones Exteriores, dentro del mismo caso, negó nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la existencia de este contexto.

Desde el Frayba exigimos al Estado mexicano el reconocimiento oficial de la política contrainsurgente probada ante la CIDH. De lo contrario el gobierno en turno será un continuador de sus antecesores en la negación de la verdad y justicia, condición que prolonga los impactos psicosociales para las miles de víctimas.

Las exigencias para un reconocimiento formal no sujeto a posterior revisión ni negación implican: a) El reconocimiento por parte del Estado mexicano, mediante decreto, de la existencia de esta política; b) reconocer formalmente su responsabilidad dentro de los procesos en trámite ante la CIDH y Corte IDH; y c) la conformación de una comisión independiente para la verdad, constituida bajo los parámetros establecidos en conjunto con las víctimas y sociedad civil.

Negar la verdad no la desaparece. Mientras gobiernos en turno gastaron recursos, tiempo y trabajo para ocultar el paramilitarismo, estos actores, sus aprendizajes y armas permanecieron en los territorios. Al día de hoy en regiones como los Altos y Norte de Chiapas aparecen grupos armados que catalogamos como sucesores del paramilitarismo, es decir descendientes sanguíneos o políticos que heredaron las tácticas de terror; así mismo la impunidad histórica se convirtió en un mensaje de permisividad que ha llevado a que nuevos grupos identifiquen a las armas como un recurso ideal tolerado para dominar política, económica y territorialmente.

La verdad es necesaria para redignificar a las víctimas y sentar las bases para reconocer la responsabilidad estatal en medio de una espiral de violencia armada en Chiapas que se mantiene hasta la actualidad y que es necesario desmantelar.

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En CdMx con una marcha denuncian el saqueo del agua en todo el país para entregárselo a las empresas capitalistas.

Ciudad de México, 22 de marzo 2023. Con la consigna «No es sequía, es saqueo» una colorida y creativa marcha camino por la avenida Reforma, esta marcha convocada como parte de los acuerdos de la última asamblea nacional del agua, una iniciativa política que agrupa a comunidades y colectividades que sufren el saqueo del agua y levantan una crítica anticapitalista ante los malos gobiernos que han sido parte fundamental para que las empresas y políticos corruptos roben y contaminen el agua de las comunidades. Participaron los colectivos de la región cholulteca, quienes han hecho frente a la Bonafont y denunciaron el intento de criminalizar a uno de sus compañeros buscando encarcelarlo.

También colectivos de los pueblos de Xochimilco se hicieron presentes, quienes denunciaron las políticas del gobierno de la ciudad que dan prioridad a inmobiliarias de ricos para otorgarles agua, mientras a las comunidades y colonias humildes escasea y es de mala calidad, buscando siempre, quitarles el agua que comunidades rurales y originarias han preservado. La comunidad otomí de Santiago Mexquititlán residente en la ciudad, de manera creativa, dejaron claro que al igual que el derecho a la vivienda, el derecho al agua de calidad y para todos son parte de sus demandas y objetivos de su lucha, ratificaron su apoyo total a lucha en Santiago por la defensa del pozo y la promoción de su autonomía.

Con una representación teatral, esta marcha fue acompañada de niñas y niños que cargaban una gota de agua en disfraces de peces, mientras camiones hechos de cartón simulaban a las empresas e instituciones que roban el agua a los pueblos y un tanque de guerra conducido por Obrador parodiando la política militarista del actual regimen. Al final, con un mitin frente a Palacio nacional, dejaron una enorme consigna que nos recuerda que no es sequía, es saqueo.

Para más información:

https://www.asambleaporelaguaylavida.org/

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A los Gobiernos Federal y del Estado de Oaxaca.
A los medios de comunicación nacionales e internacionales.
A la opinión publica:
A los pueblos indígenas y a los organismos de la Sociedad Civil:

Denunciamos criminalización y amenazas contra el defensor Carlos Beas Torres en el Istmo

Las organizaciones, comunidades y colectivos que suscribimos el presente, condenamos enérgicamente las acciones que se vienen ejecutando por parte de los malos gobiernos en contra de los y las indígenas del Istmo de Tehuantepec que luchan por sus derechos, y que se han venido movilizando en la zona de Mogoñe Viejo municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, quienes de manera reiterada han venido siendo hostigados por elementos de la Secretaria de Marina y por los grupos del crimen organizado al servicio de las empresas.

También nos preocupa la situación del compañero Carlos Beas Torres, integrante del equipo de coordinación de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, UCIZONI quien ha sido amenazado constantemente y que presuntos periodistas, lo han tratado de criminalizar señalandolo como responsable de las movilizaciones y vinculando a su organización con el crimen organizado. Le exigimos a los gobiernos federal y del estado de Oaxaca sean respetados los derechos de los pueblos originarios afectados por el megaproyecto Corredor Interoceanico del Istmo de Tehuantepec y cese el hostigamiento en contra de Carlos Beas Torres y demás integrantes de la organización UCIZONI.

¡Basta de represión!
¡Alto a la violación de los derechos de los pueblos indígenas!
¡Basta de criminalización!

(Ve también: Organizaciones denuncian intento de criminalizar oposición al Corredor Transístmico)

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UCIZONI INFORMA.

21 de marzo 2023.

El dia de hoy se cumplen 23 días de bloqueo permanente a las vias del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en el tramo Mogoñe Viejo-Vixidu. A esta movilización impulsada inicialmente por ejidatarios y pusesionarios de Mogoñe Viejo, se estan sumando el día de hoy campesinos mixes y colonos afectados de las comunidades de Rio Pachiñe, El Zarzal, Plan de San Luis, Palomares, San Juan Guichicovi, Vixidu, Hierba Santa, El Maluco, Rincón Viejo Petapa, entre otras, quienes también han sufrido daños, y quiénes le manifiestan a los gobiernos federal y del estado su demanda de establecer un espacio de dialogo, con el fin de evitar más daños y remediar los ya provocados.

En la Conferencia presidencial La Mañanera del dia de hoy y en otros medios de comunicación, se hicieron menciónes a nuestro movimiento. Menciones que buscan la criminalización o que minimizan de manera burda nuestros reclamos, buscando con ello deslegitimizar nuestra lucha.

Ratificamos que nuestra lucha es y ha sido pacifica, y que desde hace ya muchos años hemos venido luchando en contra de abusos de empresas y funcionarios y defendiendo nuestros derechos.

Ratificamos por tercera vez nuestra petición al presidente de la República Lic Andrés Manuel Lopez Obrador para que se establezca una mesa de nivel para atender nuestros reclamos y para que se nos informe entre otras cosas, el por qué las empresas contratadas para la ejecución de las obras no respetan el marco legal en materia laboral ni las recomendaciones en materia ambiental emitidas por la Semarnat, además de violentar nuestros derechos Agrarios e indígenas.

Al gobernador Salomón Jara le pedimos su directa intervención para que este diálogo sea efectivo.

ATENTAMENTE PCI-UCIZONI