Guerrero, México, 14 Dic 2014.- Inebriated Federeal Police officers attacked students from Escuela Normal de Ayotzinapa, who prepared the concert “A light in the darkness,” which was planned in the city of Chilpancingo this afternoon in solidarity with the 43 students disappeared by police forces in Iguala.

There are about 17 people wounded, among them two relatives of the disappeared students, students from Ayotzinapa, teachers from CETEG and UNAM students. Medical attention was denied by the Chilpancingo Red Cross, reason for which they were transferred to other hospitals. Phones, shoes and wallets were taken from them.

Hear an interview with Omar García, student from the Normal de Ayotzinapa, from the location of the events:
(Descarga aquí)  

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La Jornada

El coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27 batallón de Iguala, es un militar formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre no tuvo noticias de que, a escasos metros de sus cuarteles, policías dispararon contra estudiantes normalistas. Tampoco tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. “Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último”, dijo.

Esa noche, el militar estuvo presente en el informe de labores y la fiesta de la directora del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca. Y, según declaró el general Salvador Cienfuegos Zepeda a la comisión legislativa que investiga la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa, “él no vio nada en el evento; incluso se fue a su cuartel al terminar el festejo y aseguró que no pasó nada”.

El coronel Aranda Torres asumió el mando del 27 batallón de infantería el 5 de octubre de 2011. Llegó allí después de servir en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona en la que el narcotráfico campea, y de estar al frente del octavo batallón de fuerzas especiales en Guadalajara. En Iguala entabló una magnífica relación con José Luis Abarca. Aparecieron juntos encabezando diversos actos cívicos. Sin embargo, a pesar de su experiencia, el militar pareció no darse cuenta de la enorme cantidad de fosas clandestinas que se cavaron en su zona de influencia, ni del intenso trasiego de goma de opio que tiene en esa ciudad un punto central de distribución.

No es exageración. Gustavo Castillo publicó en este diario que “en Guerrero se produce más de 60 por ciento de la amapola y goma de opio de México. Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas refieren que en el país, desde 2008, se duplicó el número de hectáreas de este cultivo ilícito, al pasar de 6 mil 900 hectáreas a 15 mil, y aumentar la producción de 150 toneladas a más de 325”. Iguala y Chilpancingo se han convertido en los principales centros de acopio de goma del narcótico.

Los vínculos estrechos de José Luis Abarca con el Ejército son anteriores al arribo del coronel José Antonio Aranda al frente del batallón. El 22 de enero de 2008, el entonces senador Lázaro Mazón colocó la primera piedra de Plaza Tamarindos, una ambiciosa inversión de 300 millones de pesos, propiedad de su amigo, el antiguo vendedor de sombreros y joyero José Luis Abarca.

La Plaza se ubica frente a las instalaciones del 27 batallón de infantería, en un terreno regalado por las fuerzas armadas. Según la crónica de la ceremonia de inicio de las obras del centro comercial, publicada en Diario 21: “En su participación, el senador Mazón Alonso agradeció al ex diputado Rubén Figueroa su intervención para poder entrevistarse con el entonces secretario de la Defensa Nacional, quien donó ese terreno”. La información nunca fue desmentida.

El diputado, ex senador suplente y empresario transportista Rubén Figueroa Smutny es hijo y nieto de ex gobernadores y caciques del estado. Su padre, Rubén Figueroa Alcocer, fue responsable de la matanza de Aguas Blancas en 1995, y controla la distribución de fertilizante en amplias regiones de Guerrero y Michoacán. Figueroa Smutny es también sobrino del cantante Joan Sebastian y de Federico Figueroa, señalado como uno de los altos mandos de Guerreros Unidos.

Especializado en tareas de contrainsurgencia y combate a las drogas, el 27 batallón de infantería tiene tras de sí un negro historial de violación de derechos humanos. Como documentó el blog especializado en cuestiones de defensa Estado Mayor, el batallón participó activamente en la guerra sucia de la década de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo pasado, dejando a su paso un largo historial de atrocidades, incluidas centenares de desapariciones forzadas.

Las tropelías perpetradas por el batallón no cesaron con el paso de los años. Apenas en marzo de 2010, desapareció a seis jóvenes en Iguala. El caso fue documentado por Human Rights Watch. En su informe Ni seguridad, ni derechos, publicado en noviembre de 2011, el organismo advierte: “Existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito”.

La noche del 26 de septiembre, el 27 batallón de infantería no hizo nada para evitar la matanza y desaparición de los estudiantes. No resguardó la zona. Dos horas después, del primer ataque, se produjo uno nuevo, sin que los militares hicieran nada para evitarlo. Fue hasta entonces que aparecieron militares, agrediendo a los estudiantes cuando intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles culatazos, cortando cartucho y acusándolos de allanamiento de morada.

Los soldados –contó el normalista Omar García a TeleSur– “nos dijeron: ‘ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con hombrecitos, amárrensen los pantalones. Eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y denos sus nombres reales. Sus nombres verdaderos, cabrones, porque, si dan un nombre falso, nunca los van a encontrar’”. Luego los fotografiaron.

La mañana del 31 de octubre una narcomanta apareció colgada en la reja de la entrada a una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, cerca del cuartel de la 35 zona militar. Estaba dirigida al presidente Enrique Peña Nieto. La firmaba Gil, es decir el cabo Gil, señalado como uno de los operadores de la desaparición de los estudiantes y lugarteniente de Sidronio Casarrubias, uno de los líderes de Guerreros Unidos, hoy preso.

El mensaje señalaba que, entre los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, había dos oficiales del 27 batallón de infantería: el teniente Barbosa y el capitán Crespo, involucrados con la organización.

A pesar de que las evidencias en su contra se van acumulando, hasta el momento las pesquisas oficiales han dejado de lado a las fuerzas armadas. Los normalistas que sobrevivieron al ataque tienen sus sospechas de que algo tienen que ver los militares en el asunto. “Acuérdense –dice Omar García– que en la guerra sucia, si alguien era experto en desaparecer personas, era precisamente el Ejército”.

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Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre de Iguala. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal. Para Julio César no hubo compasión. Pero habrá justicia.

Animal Político

Por: Sayuri Herrera Román

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,
clamando: “¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!”
MASA
César Vallejo

Veo correr noches, morir los días, agonizar las tardes
Morirse todo de terror y de angustia.
Porque ha vuelto a correr la sangre de los buenos
y las cárceles y las prisiones militares son para ellos.
Porque la sombra de los malignos es espesa y amarga
y hay miedo en los ojos y nadie habla
y nadie escribe y nadie quiere saber nada de nada,
porque el plomo de la mentira cae, hirviendo,
sobre el cuerpo del pueblo persignado.
Porque hay engaño y miseria
y el territorio es un áspero edén de muerte cuartelaria.
¡MI PAÍS, OH MI PAÍS!
Efraín Huerta

El mensaje

Julio César Mondragón Fontes, estudiante de la normal rural de Ayotzinapa, perdió la vida en la masacre de Iguala. Nunca fue entregado a grupo delictivo alguno, como supuestamente ocurrió con sus 43 compañeros desaparecidos hasta hoy. Fue detenido, torturado y ejecutado allí mismo por la policía municipal.

El cuerpo no fue ocultado, sino expuesto, abandonado en una calle de Iguala. Arrancado el rostro, extraídos los ojos. Pronto esta imagen comenzó a circular en las redes sociales, alguien, no sabemos quién, le tomó una fotografía que pronto se hizo pública. El mensaje fue enviado.

Es importante recuperar las significaciones inscritas en el cuerpo de Julio César, un mensaje que se ocuparon de allegarnos desde que le arrancaron la vida. Esa forma de matar, la técnica ocupada, no se practicó y planificó para no ser vista. Es la razón por la que abandonaron el cuerpo y no lo ocultaron, así fue desde que se tomó la foto y se reprodujo.

Los torturadores

La tortura ha tomado tales proporciones que se ha convertido ya en un instrumento de gobierno. Uno que no debemos ignorar.

Las técnicas de tortura son enseñadas, mecanizadas y se exportan de un país a otro. Hay un aprendizaje de la tortura, un entrenamiento en ello y los “expertos” van ofreciendo sus servicios de “capacitación” de un gobierno opresor a otro. La tortura generalizada es evidentemente un asunto político y económico, no solamente psicológico.

El psicoanalista Raúl Páramo Ortega, en el artículo “Tortura, antípoda de la compasión”, nos ofrece valiosas claves para comprender la magnitud de la tragedia a la que nos enfrentamos, así como fundamentos para señalar la responsabilidad del Estado mexicano por practicar la tortura y además generar, en distintos niveles y dimensiones, condiciones favorables para la masificación de esta práctica. Páramo comenta:

“Las explicaciones a nivel de psicopatología individual siguen fracasando al querer caracterizar la personalidad del torturador. Ninguna explicación individual basta porque en realidad la personalidad del torturador corresponde a un tipo determinado de sociedad con la que se confunde. (…) si algo tiene ese tipo de personalidad es precisamente no ser a-social sino producto neto de un tipo de sociedad”.

La sociedad que crea condiciones propicias para la tortura es aquella educada para la competencia, el egoísmo, la obediencia ciega, el autoritarismo y la violencia. Sin duda, todas esas características las encontramos en el México de hoy.

Por otro lado, señala que: “El presupuesto fundamental, el núcleo central para que la tortura sea tortura, es el que el otro esté a mi merced. La disponibilidad –ciertamente forzada- del otro es condición previa para la tortura. En la medida en que se dé la situación de impotencia total, estará dada la invitación/seducción a cierto grado de tortura”.

Los mexicanos se encuentran vulnerables e indefensos ante poderes arbitrarios y opresores como la delincuencia organizada, la policía, el ejército y la burocracia, es decir, frente al propio Estado. Esto es desde ya, nos dice Páramo, una tortura incipiente instituida: la arbitrariedad de las autoridades, el abuso de poder, el desprecio por los derechos y la dignidad de las personas por parte de los gobernantes es la antesala de la tortura, ésta es el abuso de poder llevado al extremo.

Con estas condiciones de vulnerabilidad, desde luego dadas en Iguala, los torturadores enviaron su mensaje. De acuerdo con el artículo, el torturador “pretende ante todo mostrar y mostrarse que es él incuestionablemente el más fuerte. Ese es su propósito fundamental, así sea enmascarado con pretextos racionalizadores del tipo de “lo hago para obtener información útil para el Estado”, “estoy obedeciendo”, “cumplo con mi deber”, “defiendo los valores de la civilización occidental”. La tortura requiere ideología. La práctica de la tortura no viene a ser otra cosa sino la concreción más extrema del uso del poder. La tortura es la práctica por excelencia del poder total. Los torturadores son poderosos o no son torturadores”.

Para Julio César no hubo compasión. Pero habrá justicia.

Los responsables

La tortura y ejecución extrajudicial de Julio César Mondragón Fontes es un crimen de lesa humanidad, uno que por su naturaleza agravia a toda ella en su conjunto, es un crimen de Estado. Lo es en muchos sentidos. Por la generación de condiciones sociales prevalentes para el ejercicio de la práctica y su impunidad así como por la autoría intelectual, la realización y comisión del hecho. Es así que el deslinde de responsabilidades abarca desde la policía municipal, el alcalde de Iguala y su esposa, el Gobernador del estado de Guerrero, el ejército, hasta el Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión y el presidente de la República y comandante general de las fuerzas armadas, Enrique Peña Nieto.

El gobierno, más que enfrentar a los cárteles, se ha coludido con ellos y, en cambio, silencia a víctimas, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. En México hay guerra, una que el PRI en su arribo al poder, pretendió ocultar. Una guerra bajo el lema que alguna vez prevaleció como estrategia de Estado en El Salvador: “unidos unos contra otros para que acabemos con ellos”. Terrorismo represivo de contrainsurgencia. Los cárteles y el gobierno, también los partidos (PRI, PAN, PRD) están “unidos unos contra otros” para acabar con el pueblo.

El amor

La imagen impactante que circulaba en redes sociales pronto llegó a los ojos de Marisa, esposa de Julio y madre de su hija, Melisa Sayuri, de apenas 3 meses de edad. Marisa y el tío Guillermo Fontes viajaron a Iguala a reconocer y recoger el cuerpo destrozado, herido, mancillado, del joven estudiante de 22 años que murió en su deseo de ser maestro. El médico forense y otros burócratas explicaron: “fue desollado vivo”. La aseveración se corrobora, entre otras cosas, por la forma en que sus restos mantienen los dientes y mandíbula apretados. El dolor debió ser inimaginable.

Fue pronto y discreto el regreso de Iguala. Ya en casa, la familia organizó el entierro y novenario para Julio; el levantamiento de la cruz se realizó el 9 de octubre. Los amigos y familiares que le conocen bien aseguran que Julio era valiente, entregado, decidido, no dudan que cuerpo a cuerpo hubiese salido avante en una lucha, “¡pero así, armados y en bola, lo despedazaron!”

“¿Quién torturó hasta la muerte a Julio César? ¿Quién lo mató?”, preguntaba Marisa, con lágrimas en los ojos a Enrique Peña Nieto en la reunión sostenida el martes 28 de octubre pasado. El presidente, ante el reclamo, no dio respuesta.

Memoria, Verdad, Justicia

Los días siguientes al novenario de Julio, Marisa recibió en su casa la visita imprevista de personal del gobierno de Guerrero; para “reparar el daño” se ocuparon de entregarle un cheque por diez mil pesos. Ofende y lastima profundamente el gesto, la ignorancia, la incompetencia.

El daño perpetrado contra el normalista, su familia, el pueblo mexicano, es profundo, la deuda es histórica: verdad, justicia, memoria. Esa es la deuda. ¿Cómo van a pagarla?

El Estado está obligado a suprimir las condiciones que alientan la práctica de la tortura, es decir, a prevenirla. Acabar con la impunidad y transformarse. La reparación debe ser ética y jurídica por medio de la reivindicación de la verdad de lo acontecido y el castigo a los responsables; en cuanto a lo material, los daños provocados, el proyecto de vida alterado, no sólo de Julio, sino de su esposa y su hija, debe ser cubierto a través de indemnizaciones o restituciones adecuado todo ello a estándares internacionales.

También nosotras, nosotros podemos reparar. Podemos reparar a cada paso que damos exigiendo justicia, podemos reparar cuando afrontamos el mensaje de terror que fue inscrito en el cuerpo de Julio y seguimos caminando, con cada poema escrito, con cada acopio ofrendado con cariño, con la memoria que guardamos de lo acontecido, con la transmisión y recuento de la verdad. Por Julio César Mondragón Fontes y los 43 normalistas desparecidos, ni perdón, ni olvido.

* Sayuri Herrera Román es colaboradora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A. C. @CDHVitoria

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A los estudiantes de Ayotzinapa,
A las madres y padres de los asesinados y desaparecidos,

Hermanos: queremos que sepan que su dolor lo sentimos como nuestro dolor. Reunidos en Asamblea Regional el 18 de octubre las comunidades que integramos la CRAC-PC de los pueblos fundadores del Sistema Comunitario les decimos que no están solos, que cuentan con la solidaridad de nuestras comunidades. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para denunciar este crimen del “narcoestado” y exigir la presentación con vida de los desaparecidos y la justicia verdadera para Ayotzinapa.

El ejército mexicano y el gobernador perredista y asesino de Ángel Aguirre Rivero, sus manos quedarán manchadas de sangre al igual que la de los gobiernos de los Figueroa. La guerra sucia en los setentas y ochentas, las masacres de Aguas Blancas y El Charco en los noventas, hacen de nuestro estado no sólo uno de los que tiene mayores índices de miseria de toda América Latina, sino uno de los más sangrientos y represivos de la historia contemporánea de México.

Los asesinatos de los normalistas Jorge Alexis Herrera Tino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 11 de diciembre de 2011, cuando Ángel Aguirre Rivero volvía a asumir el poder en Guerrero; los más de 19 luchadores sociales asesinados en lo que fue su administración y; bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, la barbarie de disparar ráfagas y asesinar de manera cobarde y ruin a 3 estudiantes y desaparecer a otros 43, muestran lo que es el Estado mexicano ante el pueblo de México y los pueblos del mundo.

El silencio cómplice y luego el falso deslinde de una izquierda institucional asesina, que es en lo que se convirtió el partido PRD, después de tanta sangre derramada en nuestro estado por construir esa izquierda electoral, nuevamente  nos demuestra que los partidos políticos no sirven mas que para robar y matar a nuestros pueblos.

Frente a la destrucción y la muerte de los de arriba, la construcción de los de abajo

¡Presentación con vida de los desaparecidos!
¡Justicia verdadera para Ayotzinapa!

Territorio Comunitario, 18 de octubre de 2014

Atentamente
“El Respeto a Nuestros Derechos es Justicia”

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria – Policía Comunitaria de los pueblos fundadores del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia de la Costa-Montaña de Guerrero.

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Testimonios de habitantes de San Miguel Amoltepec el Viejo, Mpio. de Cochoapa el Grande, una de las comunidades más afectadas por las tormentas de septiembre 2013.